Distr.
GENERAL
E/C.12/2001/SR.7
12 de julio de 2001
ESPAÑOL
Original: INGLÉS
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
25º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA SÉPTIMA SESIÓN
celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el jueves 26 de abril de 2001, a las 10.00 horas
Presidenta: Sra. BONOAN-DANDAN
SUMARIO
Examen de los informes:
a)Informes presentados por los Estados de conformidad con los artículos 16 y 17 de Pacto (continuación)
Informe inicial de Honduras (continuación)
____________________
La presente acta podrá ser objeto de correcciones.
Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.
Las correcciones que se introduzcan en las actas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.
GE.01-41506 (S)120701120701
Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES:
a)INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO
(tema 6 del programa) (continuación)
Informe inicial de Honduras (E/1990/5/Add.40; E/C.12/Q/HON/1; respuestas por escrito a la lista de cuestiones, presentadas por el Gobierno de Honduras (documento sin signatura); HRI/CORE/1/Add.96) (continuación)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Honduras vuelven a ocupar sus asientos a la mesa del Comité.
La PRESIDENTA invita a la delegación de Honduras a que responda a las preguntas que quedaron pendientes en la sesión anterior.
El Sr. CARIAS (Honduras), respondiendo a una pregunta del Sr. Hunt, dice que el documento provisional del Gobierno relativo a la estrategia para reducir la pobreza no hace referencia al Pacto, pero su contenido es compatible con el espíritu del Pacto. La estrategia se basa en un análisis de la pobreza y de sus causas y efectos en el contexto concreto de Honduras. Establece objetivos claros, en particular en materia de salud, educación y vivienda y se preparó con ayuda de la sociedad civil, los organismos del gobierno y la cooperación internacional.
El Sr. PONCE TURCIOS (Honduras), respondiendo a una pregunta del Sr. Kuznetsov, dice que Honduras ha ratificado 22 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Algunos de ellos, como el Convenio No. 102 sobre normas mínimas de seguridad social, tratan sobre medidas de protección social. El Congreso tiene a la vista en estos momentos el Convenio No. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil para su ratificación.
La Sra. ORTEGA (Honduras), respondiendo a varias preguntas del Sr. Tapalia, dice que Honduras ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y hace todo lo posible para enmendar su legislación sobre derechos de la mujer. Por ejemplo se promulgó una ley sobre la violencia doméstica.
El Ministerio de Salud Pública prepara un proyecto de carácter nacional sobre la salud de la mujer y la salud reproductiva.
Se ha determinado que la educación y el empleo son esferas prioritarias a fin de promover la no discriminación contra la mujer y se han promulgado leyes sobre la igualdad de oportunidades para la mujer.
En relación con los derechos de los discapacitados, el actual Código del Trabajo obliga a las empresas a emplear determinado porcentaje de trabajadores discapacitados. El Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia ha establecido programas para los niños discapacitados, además la Oficina Especial para la Niñez y los Discapacitados prestan ayuda a los discapacitados para que ejerzan sus derechos.
La Sra. OLMEDA (Honduras), respondiendo a una pregunta del Sr. Malinverni, dice que la jurisprudencia ha tenido gran repercusión en la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales, gracias a que el Pacto mismo tiene un amplio alcance. Cualquier persona puede pedir reparación ante los tribunales y muchas lo han hecho. Toda persona puede invocar ante los tribunales los derechos establecidos en el Pacto.
Los abogados de oficio proporcionan asistencia letrada gratuita a todo el que la necesite, además hay centros de asesoramiento jurídico gratuitos, por regla general vinculados a las universidades. Algunas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro prestan también asistencia jurídica. Sin embargo, el público no siempre tiene conocimiento de la existencia de esas instituciones.
El Ombudsman recibe y examina denuncias de violaciones de los derechos, mientras que la nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos ayuda en la defensa de los derechos de las personas.
La Sra. PINEDA (Honduras), respondiendo a una pregunta del Sr. Grissa, dice que el marco jurídico para la protección de los derechos humanos comprende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina del Ombudsman y la Oficina Especial para los Derechos Humanos. También hay dos importantes organizaciones no gubernamentales que se encargan de los derechos humanos: el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y el Comité de Familiares de los Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En 1996 se introdujo un nuevo sistema de justicia de menores, que prevé la celebración en privado de audiencias en forma inmediata, lo que garantiza un juicio imparcial a los jóvenes acusados de delitos. De igual modo, en 2002 deberá entrar en vigor un nuevo Código de Procedimiento Penal, que prevé también garantías procesales durante las audiencias y actuaciones rápidas y transparentes.
El Sr. PONCE TURCIOS (Honduras), respondiendo a preguntas del Sr. Pillay, dice que nunca oyó hablar de ningún grupo que trabajara por el 50% del salario mínimo. La ley es la ley y no está sujeta al arbitrio de un empleador. Se pregunta qué tipo de afirmación es ésa.
La mujer tiene acceso a determinados órganos públicos y privados, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y las fiscalías especiales, para obtener ayuda a fin de ejercer sus derechos.
Respondiendo a una pregunta del Sr. Texier sobre la aparente contradicción en el párrafo 32 del informe, dice que es difícil remediar esa situación, ya que el Ministerio de Trabajo, encargado de supervisar las condiciones de trabajo, simplemente no cuenta con suficientes inspectores. Por otra parte, la industria de la maquila (montaje y acabado) es vital para la economía de Honduras, ya que emplea a cerca de 1,2 millones de personas, lo que, en un contexto de desempleo y subempleo total de un 28 %, constituye una cifra importante. Las maquiladoras son objeto de inspección cuando se plantean denuncias y en casos en que se han detectado violaciones, se han adoptado las medidas pertinentes. Algunas empresas, sobre todo las coreanas, no han podido cambiar la situación y se han visto obligadas a abandonar el país. Sin embargo, hay otras maquiladoras que, por supuesto, respetan debidamente los derechos de los trabajadores.
Las organizaciones no gubernamentales ayudan notificando violaciones. Sin embargo, "informantes" profesionales, que no trabajan en la industria de la maquila, también han propalado infundios a cambio de una remuneración por hacer la denuncia.
Para terminar, reconoce que hace falta revisar la política social en vista de que los sindicatos tienden a tolerar el acoso sexual y el maltrato.
La Sra. PINEDA (Honduras), respondiendo a una pregunta de la Sra. Barahona-Riera, dice que, con arreglo a la Ley contra la violencia doméstica de 1997, las víctimas de cualquiera de los sexos pueden interponer una denuncia ante los tribunales especiales. Si se trata de una unión consensual, el culpable puede ser expulsado del hogar por un período de hasta 60 días. El Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia cuenta con albergues para mujeres víctimas en donde se les proporciona formación y se atiende a sus hijos.
Si una pareja compra un inmueble, éste puede ser vendido solamente por acuerdo mutuo. Si sólo uno de los cónyuges es el propietario, esa persona tiene derecho a venderlo, a menos que la familia tenga hijos que vivan en el inmueble. En caso de divorcio, los bienes se dividen a partes iguales entre los interesados.
La Sra. OLMEDA (Honduras), respondiendo a una pregunta del Sr. Ceausu, dice que en la Constitución se establece que los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los hondureños, con dos excepciones: no pueden votar en las elecciones; y los nacionales de los países vecinos no pueden adquirir propiedades desde este lado de la frontera en esos países.
El Sr. EUCEDA (Honduras), respondiendo también a una pregunta del Sr. Ceausu, dice que se están realizando esfuerzos sistemáticos para apoyar a los grupos étnicos indígenas. Por ejemplo, por primera vez se están publicando libros de texto en los idiomas de los grupos indígenas, además en los programas de formación figuran como cuestiones prioritarias los valores propios de los grupos étnicos. El programa “Raíces” se destina concretamente a atender las necesidades de los grupos étnicos, y se orienta en particular a la lucha contra la pobreza.
Respondiendo a una pregunta del Sr. Ahmed, dice que el actual Gobierno reconoce que existen problemas en el país, pero ha logrado adelantos sustanciales en la educación y la salud a pesar del brusco incremento de la población. Se están realizando esfuerzos en particular en la enseñanza primaria, por ejemplo despolitizando los requisitos de selección para los puestos de maestros en ese sector. Hará falta, como es natural, una segunda y una tercera etapas para poner fin a las malas prácticas que han creado dificultades a los gobiernos en el pasado. Aun así, el Gobierno de Honduras aceptó este reto y ha logrado mejoras en la calidad de los servicios a la población y, en particular, a los más necesitados.
El Sr. HUNT, complementando su pregunta anterior sobre las estrategias de lucha contra la pobreza, dice que el documento provisional sobre estrategia de reducción de la pobreza de Honduras es sumamente exhaustivo, profesional y amplio. No obstante, en sentido general no habla de los derechos humanos. En la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME) se exige que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueben las estrategias de reducción de la pobreza antes de considerar que cumple los requisitos para el alivio de la carga de la deuda. En tales circunstancias, es natural que se desee proponer una estrategia de reducción de la pobreza que atraiga a los acreedores del país. A decir verdad, en un informe reciente presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el experto independiente Sr. Fantu Cheru calificó la estrategia de “nueva forma de ajuste estructural” (E/CN.4/2001/56, párr. 21).
Por su parte, siente preocupación porque los intereses de los pobres deben anteponerse a los intereses de los acreedores de un país. Esta preocupación sale a relucir en una parte del documento provisional de la estrategia de reducción de la pobreza en Honduras en que se afirma que, a la larga, las medidas de ajuste estructural surtirán efectos positivos en el crecimiento y la reducción de la pobreza, pero a corto plazo podrían tener efectos negativos para los sectores vulnerables. En el documento provisional no se evalúan los efectos de la pobreza, pero se señala que en el informe final se hará esa evaluación.
La delegación respondió anteriormente diciendo que la estrategia es compatible con el Pacto. Pero lo cierto es que su pregunta es si cabe la posibilidad de que la mención explícita del Pacto refuerce la estrategia definitiva y haga de su contenido una estrategia de lucha contra la pobreza más eficaz.
El Sr. CARÍAS (Honduras) dice que la estrategia a la que se refiere el Sr. Hunt supone algunos riesgos, pero los objetivos son muy claros. Para alcanzar esos objetivos, la estrategia tiene que traducirse en un plan operativo en el que participen todos los asociados en el desarrollo y tener en cuenta la Iniciativa en favor de los PPME, de la que Honduras espera beneficiarse. Con miras a aumentar la viabilidad de la estrategia, se han realizado esfuerzos para hacer participar a los partidos políticos que estarían aspirando en las próximas elecciones.
La PRESIDENTA invita a los miembros del Comité a formular observaciones sobre las preguntas 12 a 23 de la lista de cuestiones.
El Sr. AHMED pregunta cuántas empresas bananeras extranjeras realizan actividades en Honduras, qué porcentaje de la tierra explotan esas empresas, cómo adquieren sus títulos de propiedad de la tierra y si esos títulos son legales. Tras señalar que una de esas empresas tiene intenciones de introducir nueva tecnología que ahorra mano de obra, pregunta si en el Código del Trabajo se permite a las empresas despedir a los obreros a voluntad.
El Sr. MARTYNOV pregunta si el Gobierno tiene algún plan para ampliar la cobertura del sistema de seguridad social, que actualmente favorece a los trabajadores mejor remunerados y beneficia a menos de la tercera parte de la población, y lograr que el seguro social sea obligatorio para los trabajadores domésticos, los trabajadores eventuales y otros que no cuentan con esa protección. También pide que se haga un cálculo del número de menores de 14 a 18 años que trabajan.
El Sr. TEXIER pide que se aclaren las cifras sobre el desempleo. Según los documentos de la secretaría, la Oficina Internacional del Trabajo sitúa las cifras en 3,2 % de desempleo evidente y 23,4 % de subempleo en 1997, mientras que fuentes no oficiales dan cifras de hasta un 40% en 1999. Al igual que el Sr. Ahmed, expresa preocupación por los despidos y las pérdidas de empleo causadas por decisiones adoptadas en el exterior y la introducción de la nueva tecnología, y pregunta qué puede hacer el Gobierno cuando las multinacionales adoptan decisiones que afectan al empleo en Honduras. En lo que respecta al artículo 7 del Pacto, pide detalles sobre cómo se fija el salario mínimo.
El uso de plaguicidas en las plantaciones de banano y de cianuro cerca de las minas plantea riesgos inadmisibles para la salud de la población local. ¿Cómo se propone el Gobierno asegurar que las empresas extranjeras que explotan los recursos del país cumplan la legislación hondureña y no contaminen el medio ambiente? En caso de que causen contaminación, ¿pagan acaso una indemnización suficiente?
Hay algunos problemas en materia de derechos sindicales, por ejemplo, la empresa Chiquita, según un informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, despidió a 5.000 obreros a raíz del huracán Mitch y ha amenazado con marcharse del país si su sindicato no renuncia a algunos derechos laborales. La OIT ha señalado que el Código del Trabajo admite un solo sindicato por empresa, lo que contraviene el espíritu del artículo 8 del Pacto. ¿Se rectificará esa situación en el nuevo Código del Trabajo que está examinándose desde hace algún tiempo? ¿Incluirá el nuevo Código sanciones por discriminación contra los sindicatos y tipificará como delito el despido de un trabajador por el simple hecho de pertenecer a un sindicato?
El Sr. SADI pregunta qué se propone hacer el Gobierno ahora que ha establecido el vínculo entre el uso de plaguicidas y problemas de salud como lesiones cerebrales en los niños y esterilidad. Pide garantías de que adoptará asimismo medidas para poner coto al problema del vertido de cianuro en las operaciones mineras. Los derechos a la vida y a la salud deben tener prioridad sobre las ganancias, por ello los países en desarrollo no deben cometer el error de valorar los mercados antes que la vida humana.
El Sr. CEAUSU pide que se aclare lo que quiere decir exactamente "que tiene algún problema de empleo”, en el párrafo 38 del informe (E/1990/5/Add.40).
El orador ha tomado nota de las iniciativas del Gobierno en materia de formación profesional y los cursos descritos en los párrafos 47 y 48 del informe, y pregunta si las cifras de 21.000 hombres y 14.000 mujeres que aparecen en el párrafo 53 se refieren a personas que han asistido a los cursos organizados por el Instituto Nacional de Formación Profesional. También se pregunta si existen escuelas técnicas medias donde los jóvenes aprenden oficios.
Pide más detalles acerca del efecto retroactivo de los ajustes salariales mencionados en el párrafo 67. Pregunta cuál es el salario mínimo y si está sujeto al pago de impuestos en parte o en su totalidad. En lo que respeta a la seguridad e higiene del trabajo, desea saber cuántos inspectores hay y a qué organismo estatal responden. ¿Está obligado el Ministerio de Seguridad Social a paralizar la producción cuando un inspector hace una propuesta en este sentido?
La PRESIDENTA invita a la delegación de Honduras a que responda a las preguntas de los miembros del Comité.
El Sr. PONCE TURCIOS (Honduras) dice que hay tres transnacionales bananeras, una británica y dos estadounidenses, en Honduras. Sin embargo, la producción bananera, tan vital para la economía del país durante tanto tiempo, se encuentra en crisis: el fruto se ha visto sustituido por el café y la madera como principal producto de exportación del país y podría muy pronto quedar también a la zaga del melón y los mariscos. Huelga decir que a la drástica caída de la producción sigue la pérdida de empleos. El principal exportador de banano de la región es actualmente el Ecuador, cuyos precios son mucho más bajos, básicamente porque los sindicatos son menos fuertes que los de Honduras, donde son más poderosos que en cualquiera de sus vecinos cercanos. No obstante, con la decadencia de la industria bananera, donde los sindicatos han sido siempre tradicionalmente fuertes, y el crecimiento de otros sectores, como las maquiladoras, disminuye el número de obreros sindicalizados.
Gracias a los sindicatos de la industria bananera se aprobó hace 44 años el Código del Trabajo que protege a los trabajadores, pero siempre ha habido problemas para aplicar el Código; las empresas han hallado formas legales de evadirlo, por ejemplo creando unidades más pequeñas, lo que debilita a los sindicatos. Los sindicatos fuertes han obligado a que aumente el costo de la mano de obra, pero no han podido impedir los despidos en masa, que han sido totalmente legales. Las primeras gestiones que se hicieron para reformar el Código datan de 1993, y desde entonces se han buscado indicios entre los obreros y los patronos de que están de acuerdo con que se reforme. En un país como Honduras, el nuevo Código, que debe estar terminado a fines de 2001, se aceptará siempre y cuando sea el producto de consultas con todas las partes interesadas. Una de las reformas más importantes se ha hecho en el párrafo 2 del artículo 2 del Código, que limita de hecho su aplicación a los trabajadores urbanos y excluye, en particular, a los empleados en empresas agrícolas o ganaderas en las que trabajen menos de 10 personas y que constituyen la mayoría de esas empresas. No cabe duda de que esta disposición viola varios convenios de la OIT y será eliminada.
Mediante otra reforma, se han ampliado los derechos laborales a los trabajadores domésticos. Los trabajadores domésticos ganan más que el salario mínimo, pero exceptuando las zonas rurales, es difícil encontrarlos, ya que los trabajadores procuran ganar los salarios más altos que se pagan en las fábricas. Otro aspecto importante de la reforma de la legislación laboral es la protección que brinda a los derechos sindicales, entre otras cosas, mediante la adición de un capítulo especial para proteger el derecho a la sindicalización. Hay tribunales especiales encargados de cuestiones laborales a los que los trabajadores y, en particular, los dirigentes sindicales, pueden acudir para interponer denuncias relacionadas con el derecho de asociación. En teoría, no se puede despedir a un trabajador mientras el tribunal no ha fallado. Sin embargo, la realidad es otra, por lo que hay que ajustar esos mecanismos.
Las empresas que proyectan reducir la producción ofrecen indemnización, pero muchos trabajadores prefieren la estabilidad del empleo y prestaciones obtenidas mediante negociación colectiva en la forma de una indemnización global. El desempleo evidente representa 5,5% y el subempleo 22 a 23% en una población económicamente activa de 2,2 millones. Los habitantes de Honduras son jóvenes, y los mayores de 60 representan sólo 5% de la población económicamente activa. En el sector estructurado trabaja el 40% de la población económicamente activa. Las estadísticas del trabajo en Honduras no suelen ser muy fiables, por lo que el Gobierno recibe asistencia de un programa regional de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) que posibilitará, entre otras cosas, obtener estadísticas fiables sobre el trabajo y el empleo. En cuanto a las opciones para reducir el desempleo, el Gobierno ha emprendido algunos programas encaminados a mantener las fuentes de empleo e impartir formación técnica a los trabajadores. Muchas empresas evitan a Honduras debido a su escasez de mano de obra calificada.
El ajuste del salario mínimo se calcula al finalizar el año en una reunión tripartita de representantes de ambas partes de la industria y el Gobierno, que hace las veces de mediador. La tarifa se ajusta en caso de que la inflación anual rebase el 12%.
Como señaló el Sr. Texier, en el Código del Trabajo se permite sólo un sindicato por empresa. El hecho es que los trabajadores se oponen a la existencia de varios sindicatos, ya que los patronos podrían explotar esa circunstancia. El número de trabajadores sindicalizados, 200,000, es una cifra considerable, pero no ha crecido en siete años, a pesar del crecimiento de la población.
A los efectos de prevenir los despidos, el Gobierno aplica una política de diálogo social para alentar a las dos partes a que lleguen a un acuerdo y, de ser posible, a evitarlo. El Gobierno alienta también la reforma de la legislación laboral. A diferencia de muchos otros países, la legislación laboral de Honduras no especifica las sanciones que se han de aplicar en casos de violación, de manera que las sanciones adoptan la forma de multas que en la mayoría de los casos no se imponen. Los mejores garantes de los derechos sindicales son los propios sindicatos, apoyados por las autoridades competentes.
Respecto de la disposición relativa al pago retroactivo de los ajustes salariales, las negociaciones salariales suelen durar dos años o más y su finalidad es proteger a los trabajadores contra posibles tácticas dilatorias por parte de los patronos.
El Instituto Nacional de Formación Profesional y los institutos técnicos ofrecen cursos básicos de enseñanza de oficios. Dada la grave escasez de mano de obra calificada del país, hay que admitir que la situación no es satisfactoria. También se imparten cursos de formación profesional a los militares.
Volviendo al tema de la seguridad e higiene del trabajo, el orador dice que el país cuenta sólo con 14 inspectores con una formación deficiente. El Gobierno está creando un nuevo sistema colectivo para la solución de conflictos laborales que espera sea capaz de facilitar la labor tanto de los inspectores como de los tribunales. Los inspectores tienen amplias facultades y están autorizados a entrar en los locales de las fábricas, acompañados de la policía, en cualquier momento. Las zonas de desarrollo industrial presentan un problema de acceso de los inspectores, por lo que el Gobierno ha emprendido un programa para destacar inspectores en esas grandes industrias. Hacen falta otros nueve inspectores para esta labor, pero actualmente no se cuenta con los recursos necesarios. Los inspectores pueden ordenar la suspensión de las actividades industriales si consideran que hay riesgo para la vida o posibilidad de fractura de una extremidad.
El Sr. MEDINA (Honduras) dice que el sistema de seguridad social se estableció en 1995. Desde entonces se han creado fondos especiales para algunos grupos de profesionales, como el personal militar, los maestros y los empleados públicos, algo que ha fragmentado el sistema y lo ha llevado al borde de la quiebra. El Gobierno está examinando diversas medidas remediales como la de abolir el límite monetario y asignar una función más decisiva al Estado. Se están celebrando consultas con todas las partes interesadas.
El Sr. CARÍAS (Honduras) subraya que la salud es una preocupación primordial en Honduras, sobre todo el aumento de los casos de enfermedades transmisibles. En lo que se refiere a los contaminantes, se han logrado importantes adelantos en el aspecto jurídico. El Congreso examina un proyecto de ley encaminado a mejorar la higiene y el saneamiento en el país. Se estableció un comité interinstitucional, así como un centro de investigaciones sobre la contaminación. El Gobierno tiene planes de promover la higiene del trabajo con arreglo a las normas de la OIT. Se alienta a los trabajadores a que presenten sus reclamaciones a fin de facilitar que se hagan cumplir las leyes, además se hará más hincapié en la vigilancia y la supervisión. El Ministerio de Salud, atendiendo a una demanda pública, ha centrado sus esfuerzos en la atención primaria de la salud. En cuanto a los plaguicidas, todavía no están claras las consecuencias a largo plazo. Esta responsabilidad no es de la exclusiva competencia del Ministerio de Salud.
El Sr. MEDINA (Honduras) espera que los miembros del Comité no se hayan llevado la impresión errónea de que se anteponen los intereses económicos a la salud. El Gobierno ha adoptado diversas medidas encaminadas a proteger el medio ambiente, que abarcan estudios de los efectos y estrategias de rehabilitación del medio ambiente. Han quedado atrás los días en que las empresas podían contaminar los recursos naturales libremente, poniendo en peligro la salud y la vida. No se puede negar que todavía se contamina, pero la nueva legislación y el nuevo poder garantizarán que esté bajo vigilancia y que se le ponga freno.
La Sra. CASTELLÓN VILLELA (Honduras), respondiendo a una pregunta formulada el día anterior, explica que el Gobierno ha alentado el desarrollo de zonas industriales especiales como forma de crear empleos y promover la transferencia de tecnología.
En relación con los impuestos al salario mínimo, dice que los programas de ajuste estructural de la economía prevén la indemnización social. No se cobran impuestos directos sobre la cuantía del salario mínimo, aunque, por supuesto, todos están sujetos a impuestos indirectos, en particular al impuesto sobre las ventas. No se cobra TVA. En un proyecto de ley que se está examinando se prevé aumentar el límite impositivo.
El Sr. PONCE TURCIOS (Honduras) añade que hay seis categorías salariales en el sector industrial y dos tramos en cada categoría, uno para las empresas con 1 a 15 empleados y otro para las empresas con 16 empleados o más. Mensualmente se publican dos conjuntos de datos tabulados para los salarios mínimos nominales y reales, tomando como parámetro de referencia la canasta básica de alimentos.
El Sr. TEXIER sugiere la posibilidad de verificar si existen en el derecho motivos económicos legítimos para los despidos colectivos. En su país de origen, los jueces pueden imponer graves sanciones y otorgar cuantiosas indemnizaciones a los trabajadores cuando no hay tales motivos. Respecto de la escasez de mano de obra calificada, expresa sorpresa por la evidente falta de planes para aplicar una política enérgica de formación profesional con el apoyo de los organismos bilaterales o multilaterales. Se asombra de saber que en el país hay sólo 14 inspectores del trabajo. Se debe hacer todo lo posible por aumentar su número e impartirles la formación que les permita desempeñar su doble función de inspectores y asesores en materia de seguridad e higiene del trabajo.
Un Comité de Expertos de la OIT ha pedido en varias ocasiones que se levanten las restricción del 10% impuesta a la sindicalización de los no nacionales, por cuanto esto es incompatible con el Convenio de la OIT sobre el derecho de asociación. ¿Se levantará esa restricción?
El Sr. MARTYNOV observa que en las zonas rurales, sobre todo en el occidente del país, el 96% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Se pregunta si el Gobierno prevé el establecimiento de algún programa de medidas de seguridad social para tratar de resolver ese problema. Pide aclaraciones en relación con la importancia que conceden las autoridades al trabajo infantil.
El Sr. CARÍAS (Honduras) dice que hay dos procedimientos diferentes para la solución de los conflictos colectivos, que son de carácter económico, y los individuales, que son jurídicos. Mientras los conflictos individuales se resuelven en el sistema judicial, la administración del trabajo trata de resolver los colectivos. La primera medida que se adopta para tratar de resolver los conflictos colectivos es la mediación y la conciliación, el siguiente paso es el arbitraje (voluntario u obligatorio) o la huelga. La administración no tiene competencia para intervenir en los conflictos individuales.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorizó los despidos colectivos. Las huelgas colectivas sólo adquieren carácter legal cuando se han agotado todos los demás recursos y el sindicato convoca a una huelga. Es ilegal que un trabajador simplemente abandone su puesto; los patronos que notifican tal acción están autorizados a despedir a los infractores. En Honduras son más comunes los paros ilícitos que las huelgas propiamente dichas, pero en la mayoría de los casos los trabajadores son eximidos de responsabilidad sin que se recurra a despidos colectivos.
Honduras tiene interés en aumentar su reserva de mano de obra calificada. Un aspecto importante es la educación en el amplio sentido de la palabra, para lo cual el país recaba asistencia de la comunidad internacional. La disposición innegablemente discriminatoria de que el 90% de los afiliados a los sindicatos sean hondureños quedó eliminada en el proyecto de enmiendas que se está examinando. También se está suprimiendo en la legislación la disposición de que los trabajadores extranjeros no puedan ganar más del 15% del monto total de los salarios.
El Sr. PONCE TURCIOS (Honduras) dice que, con la ayuda de la sociedad civil, el compromiso del Gobierno y la participación de las comunidades, se están formulando políticas que se incluirán en la estrategia de reducción de la pobreza para disminuir las elevadas cifras de 57 y 75% de hogares que viven por debajo del umbral de pobreza en las zonas urbanas y rurales respectivamente.
El Sr. MEDINA (Honduras) explica que el Instituto Hondureño de Seguridad Social está encargado del sistema de seguridad social, destinado exclusivamente a los trabajadores que perciben un salario por los servicios prestados. Las personas que viven por debajo del umbral de pobreza que no pertenecen a esta categoría se benefician de un régimen especial y pueden recibir asistencia social fundamentalmente en la forma de atención médica en los hospitales. Sin embargo, las autoridades están elaborando planes para mejorar esa situación.
El Sr. PILLAY dice que es evidente que la pobreza ha aumentado y que la estrategia de reducción de la pobreza del país no está logrando resultados. Pese a que la cifra oficial de los que viven por debajo del umbral de pobreza es de 57%, según informes la verdadera cifra se aproxima al 80%, con un alarmante 96 % en las zonas rurales, donde vive la mayoría de los indígenas. En el informe de 1999 de FIAN International se afirma que, pese a una ligera mejora de la economía, el índice real de pobreza aumenta aceleradamente. Las autoridades también practican los desalojos forzosos, algo que han dejado de mencionar en el informe, en violación de la Observación general No. 7 del Comité y de las disposiciones del Pacto.
Es obvio que se discrimina a la población indígena. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informa de que se les prohíbe participar en la adopción de decisiones que les afectan y que los tribunales les niegan la justicia, desplegando parcialidad a favor de los habitantes no indígenas. También se les despoja de sus tierras. Además, en el informe de 1998 de la Organización Mundial de la Salud “Salud en las Américas” se afirma que la población indígena sufre enormes problemas ambientales, en momentos en que se les niegan los servicios básicos y las economías de subsistencia. Aquí, Honduras no sólo está violando el Pacto, sino también su propia Constitución.
Con ese enorme déficit de viviendas, que las autoridades han admitido con franqueza, más de 6.000 personas viven en macroalbergues sólo en Tegucigalpa, mientras que los macroalbergues de Colonia con su excesivo hacinamiento y sus malas condiciones higiénicas hacen que sus residentes piensen que el Gobierno se ha olvidado de ellos. Aquí también, Honduras viola el artículo 128 de su Constitución relativo al derecho a una vivienda decorosa. El orador desea que la delegación diga exactamente de qué manera el Gobierno se propone tratar de resolver esos problemas.
El Sr. ATANGANA pregunta qué medidas se han adoptado en relación con las 3.000 denuncias de violencia doméstica recibidas de mujeres en 1998, que quedaron archivadas debido a la falta de tribunales especiales que se ocuparan de ellas.
El Sr. RIEDEL dice que son alarmantes las cifras relativas a los niños de la calle. Si bien en las respuestas por escrito se hace mención de un plan nacional y de otras medidas para luchar contra este problema, desea saber qué medidas prácticas se han adoptado. ¿Puede la delegación señalar qué parámetros ofrecen las autoridades al Comité para que pueda examinar su próximo informe?
El Sr. WIMER-ZAMBRANO dice que lo que más le preocupa es el hecho de que no se menciona ningún programa concreto para tratar de resolver el déficit de viviendas en Honduras. Desearía que se le suministrara más información sobre lo que se está haciendo al respecto.
El Sr. SADI observa que Honduras lleva a cabo una amplia campaña de deforestación, que a todas luces está repercutiendo seriamente no sólo en el medio ambiente y en los ecosistemas, sino también en todos los aspectos del modo de vida de los pueblos indígenas. Desea saber si el Gobierno tiene plena conciencia de esas repercusiones y pide que se le asegure que se adoptarán medidas oportunas para cambiar esa situación.
La Sra. BARAHONA-RIERA dice estar sumamente preocupada por la difícil situación de los niños de la calle, sobre todo con la prostitución infantil, que se ha convertido en una industria organizada en Honduras, ya que prácticamente se ofrece la exportación de menores con esos fines. Si bien aplaude el plan nacional en favor de los niños de la calle, siente más interés en el porcentaje del presupuesto nacional que se dedica a este plan. La entrada en la zona de libre comercio que se plantea el país podría aumentar también la pobreza y la marginación, aunque cree nuevas fuentes de empleo. Las estructuras legales están muy bien y son buenas, pero el contenido económico tiene suma importancia.
El Sr. MEDINA (Honduras) dice que el Gobierno del Presidente Reina se ha propuesto un programa moral y ha hecho más que cualquier otro gobierno anterior para reconocer los derechos de la población indígena a la tierra, sobre todo las poblaciones maya y chorti. Además se ha comprometido a adquirir tierras que están en manos privadas porque ya no quedan tierras estatales. Los indígenas reclaman su derecho a la tierra en regiones donde tradicionalmente han vivido. Sin embargo, surgen problemas cuando en determinada región ya no quedan tierras pertenecientes al Estado ni haciendas comunales (ejidos) ni particulares. Se han asignado tierras a los grupos indígenas sobre la base de los derechos que dimanan de la tradición. Con todo, la ley permite a los particulares la compra o el arriendo de esas tierras.
El actual Gobierno, al igual que el anterior, se ha propuesto la tarea de proporcionar tierras a las comunidades indígenas y negras para sus labores agrícolas. Ahora bien, a veces surgen conflictos entre ambas al reclamar igualdad de derechos. La ley es la misma para todos los hondureños y todos los extranjeros que viven en el país, además los tribunales han desarrollado la jurisprudencia en relación con las controversias. El Gobierno está haciendo ya su máximo esfuerzo para proporcionar las tierras necesarias y no tiene intención de despojar a los negros ni a los indios. Los movimientos populares han asumido su responsabilidad en relación con ese sector de la población, algo que salta a la vista por el hecho de que la mayoría de los hondureños tiene algo de indígena en su sangre.
Se han construido macro-albergues que son residencias temporales para las víctimas del huracán Mitch, y el Gobierno cuenta con un amplio plan de construcción de viviendas que permitirá trasladar a las personas que viven ahora en albergues a viviendas propias de bajo costo. Algunos, no obstante, no desean ese cambio, porque, pese a las condiciones presuntamente insoportables de los albergues, tienen acceso a la educación, a los servicios públicos y al transporte. Las condiciones no serán las mejores, pero todos los ministerios competentes están tratando de remediar la situación. A propósito, no todos los que viven en albergues han sido víctimas del huracán; algunos han estado viviendo en condiciones espantosas en las orillas de los ríos.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.