* Estas cifras reflejan los objetivos de representación establecidos por la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan para todos los empleadores, basándose en la representación en la población provincial.
** Los miembros de minorías visibles se añadieron como grupo designado a los efectos de la equidad en el empleo en 1993 y fueron encuestados en 1994.
*** Puestos de gestión y profesionales y ejecutivos superiores.
Población aborigen
260.En febrero de 2000 se creó el Consejo para una mano de obra aborigen representativa mediante el Programa de desarrollo del empleo aborigen. El Consejo reúne a organizaciones de las Primeras Naciones y las poblaciones mestizas, las instituciones de formación públicas y privadas, los Gobiernos y la industria privada para elaborar estrategias de formación destinadas a proporcionar empleo a la población aborigen.
Personas con discapacidad
261.Saskatchewan ha asignado fondos para financiar proyectos de apoyo al empleo en el lugar de trabajo para las personas con discapacidad. Esta iniciativa se introdujo en el ejercicio 2002‑2003 y se mejoró considerablemente en 2003-2004. Las organizaciones comunitarias que trabajan con personas discapacitadas se esfuerzan por mejorar la prestación de servicios mediante formación en el trabajo y material adaptado.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
262.La Estrategia de fomento de la autonomía incluye ocho programas de apoyo a los ingresos destinados a ayudar a las familias de bajos ingresos a dejar de recibir ayuda social para integrarse en el mercado laboral. Gracias a esta estrategia el número de personas que necesitan prestaciones de asistencia social sigue disminuyendo cada año. Tras la cifra récord registrada en 1994, el número de beneficiarios de la asistencia social disminuyó un 29% reduciéndose en 30.000 beneficiarios. Desde el inicio de la estrategia en 1997, más de 7.300 familias y casi 16.000 niños no necesitan ya asistencia social. En 2004 Saskatchewan mejoró esta estrategia aumentando las prestaciones y el alcance del Suplemento de Saskatchewan en materia de Empleo, la prestación por hijos de Saskatchewan y las prestaciones de salud familiar.
263.Saskatchewan ha mantenido la tasa de las prestaciones de base desde 2000 y la ha aumentado respecto de algunas necesidades particulares, en particular las que prestan apoyo al empleo y a las personas con discapacidad. Algunas prestaciones como las relativas a servicios públicos y necesidades especiales (por ejemplo, material adaptado y alimentación especial) se abonan al precio real.
264.En 2003 se introdujo una prestación para el empleo de transición. Se trata de un programa de apoyo a los ingresos de base de tasa fija destinado a las personas que participan en programas de preparación para el empleo o que avanzan hacia la autosuficiencia, mediante el que se mantienen algunas prestaciones hasta que las personas encuentran un empleo.
265.En los programas y servicios de la provincia se han incluido ayudas para que las personas con discapacidad puedan, en la medida de lo posible, formar parte de la población activa. Por ejemplo, en 2003-2004 la cobertura sanitaria adicional se amplió a las personas con discapacidad que dejaban de percibir la ayuda social para ocupar un empleo. La provincia colabora también con las organizaciones comunitarias para mejorar la gama de programas y servicios destinados a las personas con discapacidad.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
266.En 2003-2004, gracias a un acuerdo quinquenal entre el Gobierno federal y la provincia, Saskatchewan creó Child Care Saskatchewan. Al término del segundo año se habían logrado crear 700 nuevas plazas en guarderías acreditadas; había aumentado la financiación adicional para el funcionamiento con el fin de reducir las listas de espera en las guarderías; se habían incrementado en 1 millón de dólares las tasas de subvención para los servicios de guardería y se habían creado nuevas plazas en el programa Kids First, que ofrece guarderías y parvularios para niños en situación vulnerable.
267.El informe más reciente sobre los progresos realizados por el Gobierno de Saskatchewan en relación con las iniciativas de desarrollo en la primera infancia puede consultarse en www.sasked.gov.sk.ca/braches/ecd/ECDPub.shtml. Para más información acerca del Acuerdo sobre el desarrollo en la primera infancia véase la introducción del presente informe.
268.El 14 de junio de 2001 entraron en vigor las modificaciones de la Ley sobre las condiciones de empleo, que mejoran las disposiciones sobre licencias para el cuidado de los hijos y protegen los empleos de los trabajadores de Saskatchewan permitiéndoles beneficiarse plenamente de las prestaciones del programa de seguro del empleo del Canadá. Las modificaciones protegen los empleos de la pareja durante 52 semanas en el caso de la madre biológica o el principal cuidador, y 37 semanas en el caso del padre biológico o el cónyuge del principal cuidador.
269.La Ley sobre las condiciones de empleo volvió a modificarse en 2003 para garantizar que los residentes de la provincia puedan beneficiarse plenamente de las prestaciones federales de seguro de empleo cuando se ocupan de un ser querido gravemente enfermo o en fase terminal, independientemente de que esa persona esté o no a su cargo. Un empleado sigue teniendo derecho a una licencia con empleo protegido por un período de hasta 12 semanas en caso de lesión o enfermedad graves, y de hasta 16 semanas, beneficiándose al mismo tiempo de las prestaciones por motivos humanitarios del seguro de empleo, para ocuparse de un familiar gravemente enfermo o en fase terminal, pero no por más de 16 semanas en total entre los dos tipos de licencia con empleo protegido durante un período de 52 semanas.
Violencia familiar
270.La violencia contra las mujeres y los niños constituye un grave y complejo problema social que exige un enfoque global e integrado por parte del Gobierno, las comunidades y los particulares. Aunque se ha avanzado en la adopción de un enfoque integrado y multidisciplinar para la lucha contra la violencia interpersonal, queda mucho por hacer. El nivel de violencia interpersonal sigue aumentando, en especial en el caso de las mujeres, los niños y los jóvenes, y en las comunidades aborígenes. Esto genera costos para las personas, la comunidad y los servicios a los particulares. Desde 2000 se ha ampliado el campo de acción para ocuparse no sólo de la violencia familiar sino también de la violencia entre personas que se conocen, en una gama más amplia de relaciones interpersonales.
271.El 80% de la población de Saskatchewan tiene acceso a los servicios a las víctimas a través de 17 programas financiados que trabajan en colaboración con los servicios de policía. Estos programas ofrecen apoyo y servicios directos a más de 16.000 víctimas de actos delictivos cada año. En 2003, una encuesta realizada entre los usuarios indicó que la tasa de satisfacción era del 85%. También se financian tres programas especializados, dos destinados a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y uno a las víctimas de violencia doméstica. Además, gracias a un plan de lucha contra la violencia en el hogar en las comunidades aborígenes se financian ocho programas comunitarios para ayudar a las familias aborígenes urbanas. Se desarrollan programas globales y exhaustivos administrados por la población aborigen para atender las necesidades específicas de la comunidad. Actualmente se está evaluando esta estrategia. También se están realizando proyectos de investigación. Un proyecto supervisa la respuesta de la justicia penal en los casos de violencia conyugal. Otro se refiere a la colaboración con la agrupación Research and Education for Solutions to Violence and Abuse (RESOLVE) en un proyecto que se lleva a cabo en distintos lugares y que analiza las respuestas de los sistemas de justicia penal y civil en casos de violencia familiar.
272.La Ley de emergencia para la protección de las víctimas de abuso sexual infantil y de explotación infantilentró en vigor el 1º de octubre de 2002. La ley permite a la policía, al personal de protección de la infancia y a otras personas designadas solicitar a un juez de paz que dicte una orden de intervención en materia de protección en caso de emergencia. Las órdenes se dirigen a las personas que exponen a un menor de 18 años a un peligro de explotación sexual y pueden incluir disposiciones que prohíban a esas personas ponerse en contacto con el niño y entrar en zonas de prostitución. La ley también amplía las facultades de registro y confiscación en los casos de niños víctimas de abusos sexuales.
273.Uno de los cuatro objetivos del Plan de acción para la mujer de Saskatchewan, publicado en octubre de 2003 a través de la Oficina de la Mujer del Departamento de Trabajo de Saskatchewan, es lograr la seguridad de todas las niñas y mujeres de Saskatchewan en sus hogares, escuelas, instituciones, lugares de trabajo y comunidades. El Plan de Acción define las medidas existentes y futuras de conformidad con los objetivos de mejorar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, mejorar el acceso a los servicios de ayuda a las mujeres y los niños que son objeto de violencia, y reducir la violencia contra la mujer y la explotación sexual de los niños.
274.En 2003 se creó un tribunal para la instrucción de los casos de violencia doméstica con el fin de que los agresores que se hayan declarado culpables y hayan aceptado la responsabilidad de sus actos puedan recibir tratamiento antes de que se dicte sentencia.
275.En febrero de 2005 Saskatchewan Learning elaboró la estrategia contra la intimidación en el marco de la iniciativa de escuelas protectoras y respetuosas.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
Medidas para reducir la pobreza
276.Saskatchewan lucha contra la pobreza de los niños y las familias a través de varias iniciativas provinciales, como la Estrategia de fomento de la autonomía, la elaboración de una Estrategia de aprendizaje y cuidados en la primera infancia y la introducción de HomeFirst, una estrategia provincial de vivienda asequible.
277.Desde la introducción de la Estrategia de fomento de la autonomía en 1998, han aumentado los ingresos disponibles de las familias después del pago de impuestos. A finales de 2005, los ingresos anuales disponibles de una familia monoparental con dos hijos que recibe asistencia social aumentarán aproximadamente 2.240 dólares, y el de una familia monoparental con dos hijos y un empleo, unos 5.400 dólares.
Personas sin hogar
278.En Saskatchewan siete departamentos de servicios humanos, en colaboración con el Gobierno del Canadá, las administraciones municipales y las organizaciones comunitarias, coordinan la respuesta a los múltiples problemas de las personas sin hogar, como la falta de acceso a un cobijo. La respuesta incluye servicios de apoyo relacionados con la salud y la autonomía en materia de vivienda, programas de ayuda a los ingresos y otros servicios sociales.
279.Desde la puesta en marcha de la Iniciativa nacional para las personas sin hogar en diciembre de 1999, el Gobierno del Canadá ha invertido 17,2 millones de dólares en Saskatchewan. Los asociados, entre ellos el Gobierno provincial, los Gobiernos municipales y las organizaciones comunitarias, han aportado contribuciones equivalentes a la financiación federal en el marco de las iniciativas existentes o de nuevas iniciativas.
280.Pueden establecerse tres categorías de proyectos elaborados para hacer frente al problema de las personas sin hogar:
·Emergencia y segundo nivel - aumento del número de camas en los refugios de emergencia y mejora de éstos;
·Investigación - evaluación de las necesidades en materia de servicios e instalaciones y mejor comprensión del problema de las personas sin hogar y sus características particulares en Saskatchewan;
·Continuidad de los servicios - centros comunitarios con servicios ofrecidos por el Departamento de Recursos Comunitarios y Empleo de Saskatchewan y organizaciones comunitarias para apoyar a las personas sin hogar, involucrarlas en los programas y ayudarlas a conservar un alojamiento.
281.Existen también otros problemas como el exceso de familias aborígenes en el centro de las ciudades, el norte y las reservas; la elaboración de intervenciones para evitar que los jóvenes se conviertan en personas sin hogar, apoyando al mismo tiempo su necesidad de convertirse en adultos independientes; el establecimiento de viviendas adecuadas y ayudas para las personas con problemas para encontrar un alojamiento, y la creación de viviendas asistidas para las personas con discapacidad.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
282.El Plan de acción de Saskatchewan en materia de servicios de salud, publicado en 2001, reconoce la importancia de la atención primaria de la salud. Actualmente, el 23% de la población de Saskatchewan tiene acceso a equipos de atención primaria, lo que supone un aumento del 8% desde 2002-2003. El objetivo es llegar al 25% en 2006. Los servicios incluyen la prevención, la promoción de la salud, la intervención temprana, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, los servicios de apoyo y los cuidados paliativos. Cada equipo está formado por uno o más médicos, auxiliares de atención a domicilio, profesionales de la salud mental y pública, fisioterapeutas y farmacéuticos y una enfermera titulada o en proceso de obtener el permiso para ejercer como tal. Desde abril de 2004, 40 enfermeras tituladas han obtenido el permiso para ejercer en Saskatchewan. Estas enfermeras pueden hacer una evaluación, establecer un diagnóstico y recetar medicamentos para tratar problemas médicos comunes, así como dirigir a los pacientes hacia otros miembros del equipo de atención primaria. En agosto de 2003 se creó HealthLine, una línea de ayuda gratuita y permanente día y noche para poder hacer consultas a las enfermeras tituladas.
283.Se está elaborando un plan global de servicios de salud mental para niños. Se ha celebrado una primera ronda de consultas y se ha creado un grupo consultivo con representantes de los sectores de servicio a la infancia provinciales, federales y comunitarios para apoyar el desarrollo de este plan.
284.En 2004-2005 se asignaron nuevos fondos para la Estrategia sobre deficiencia cognitiva en cuatro comunidades. Los principales elementos son la prevención y la intervención en el trastorno fetal alcohólico; la mejora del acceso a las evaluaciones y los diagnósticos; y el fortalecimiento de las ayudas directas basadas en las necesidades. Un mayor número de personas tendrá acceso a servicios como cuidados temporales, ayudas a los padres, y apoyo a la vida autónoma.
285.Para más información sobre las iniciativas relacionadas con el trastorno fetal alcohólico y la prevención del suicidio véase el quinto informe periódico del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .
Población aborigen
286.Se están realizando esfuerzos en distintas regiones sociosanitarias para satisfacer la demanda de servicios de salud adaptados a la cultura de la población aborigen. Se ha creado un Grupo de Trabajo sobre la estrategia de salud en el norte centrado en el proyecto Shared Paths para el que se han recibido más de 3 millones de dólares de financiación a través del Fondo de transición en materia de atención sanitaria primaria del Gobierno del Canadá. A través de este proyecto se están estableciendo comités técnicos consultivos en cuatro esferas prioritarias seleccionadas por los miembros del Grupo de Trabajo: la salud mental y las adicciones, la salud perinatal e infantil, las enfermedades crónicas y la salud bucodental. También se están examinando cuestiones relacionadas con la tecnología de la información y los recursos humanos. El proyecto se aplicará hasta 2006.
287.En enero de 2003 se creó un grupo de trabajo sobre la población aborigen con el fin de prestar asesoramiento para la satisfactoria aplicación del Plan provincial de lucha contra la diabetes en las comunidades de las Primeras Naciones, la población aborigen, los mestizos y los inuit. Se ha establecido la asociación Northern Healthy Communities Partnership en el norte de Saskatchewan que, además de la lucha contra la diabetes y otros problemas de salud, incluirá iniciativas para la promoción de la salud mental y la prevención de la toxicomanía.
288.La provincia ha aportado 11,2 millones de dólares para la construcción de un nuevo hospital, All Nations Healing Hospital, en Fort Qu'Appelle. Se trata de un establecimiento comunitario único en su género en el que los valores y conceptos tradicionales se integran con los servicios sanitarios. Los elementos adaptados a la cultura favorecen un enfoque de cuidados sanitarios en el que se reconoce la relación entre la mente, el espíritu, el cuerpo y la colectividad y se integran los valores y conceptos tradicionales en los servicios de salud.
289.El Departamento de Salud de Saskatchewan colabora con las comunidades de las Primeras Naciones, la Oficina de Salud Pública del Canadá, y las autoridades sanitarias regionales en la planificación de la gestión de medidas de emergencia en caso de gripe pandémica y otros desastres o situaciones de emergencia. Prosigue la colaboración con las municipalidades y otras partes interesadas para la protección contra el virus del Nilo Occidental y la elaboración de planes de preparación y respuesta.
MANITOBA
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
290.La "condición social" no es uno de los aspectos protegidos en el Código de Derechos Humanos de Manitoba (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175e.php); sin embargo, hay aspectos de la "condición social" que entran en la amplia definición de "discriminación" que figura en el Código -por ejemplo, la "fuente de ingresos" es un aspecto protegido. Durante el período abarcado por el informe, la Comisión de Derechos Humanos de Manitoba resolvió oficialmente 10 denuncias basadas en la "fuente de ingresos": 1 en 2000; 2 en 2001; ninguna en 2002; 3 en 2003; y 4 en 2004. Asimismo, se resolvieron 10 asuntos en la fase previa a la instrucción: 3 en 2001; 4 en 2002 y 3 en 2004.
291.La Comisión de Derechos Humanos de Manitoba ha pedido que se añada la "condición social" como aspecto protegido en virtud del Código y, en 2004, organizó una mesa redonda sobre la cuestión con representantes de ONG dedicadas a cuestiones relativas a la pobreza y los derechos humanos. Los debates con el Gobierno continúan.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
292.Los derechos de las mujeres aborígenes con respecto a los bienes inmuebles situados fuera de las reservas están regulados en la legislación provincial en materia de patrimonio familiar y violencia doméstica. El 30 de junio de 2004, el régimen de patrimonio familiar de Manitoba se hizo extensivo a las parejas de hecho, tanto del mismo sexo como de sexos opuestos (Ley sobre el patrimonio de las parejas de hecho y enmiendas conexas, http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2002/c04802e.php).
Artículo 6 - El derecho a trabajar
293.El salario mínimo legal por hora en Manitoba aumentó durante el período que abarca el informe: desde el 1º de abril de 2005 es de 7,25 dólares, en comparación con 6 dólares en 2000.
294.Uno de los incentivos al trabajo destinados a alentar a los beneficiarios de asistencia social a encontrar un empleo es la exclusión de una parte de sus ingresos en el cálculo de la asistencia social. En 2003-2004, el 13,4% de los beneficiarios se acogió a las disposiciones relativas a los incentivos al trabajo.
295.En 2003-2004, Manitoba asignó 6,7 millones de dólares a servicios de asentamiento y servicios de enseñanza para adultos del inglés como segundo idioma. Se está elaborando una estrategia destinada a mejorar la situación de los nuevos inmigrantes en el mercado de trabajo, en particular el reconocimiento de las competencias y capacidades de los inmigrantes a Manitoba.
296.En noviembre de 2001 se publicó una nueva política de evaluación y convalidación de los estudios anteriores. En junio de 2003 se aprobó la Ley sobre los centros de enseñanza para adultos (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a005e.php). Estos centros pueden mejorar la situación de las mujeres y los aborígenes en materia de educación y empleo. Las estadísticas, basadas en las declaraciones de los interesados, indican que aproximadamente un 33% de las personas que asisten a estos centros son aborígenes y alrededor de un 66% son mujeres.
Población aborigen
297.Se han adoptado las siguientes nuevas medidas para fomentar el empleo de las poblaciones aborígenes:
·En junio de 2003 se nombró el primer Coordinador de iniciativas agrícolas para los aborígenes.
·Se promovió la autosuficiencia en la producción de alimentos en las comunidades del norte.
·La Iniciativa de formación profesional en hidroelectricidad en el norte -la primera estrategia de recursos humanos a gran escala para los aborígenes del norte de Manitoba, planificada, elaborada y aplicada en consulta con las comunidades interesadas y con su plena participación, destinada a preparar a los aborígenes del norte para las oportunidades de empleo que surjan en los proyectos de centrales hidroeléctricas. A lo largo de cinco años, 1.115 personas recibirán formación. Teniendo en cuenta factores como la eliminación natural de puestos, se prevé la creación de más de 790 puestos de trabajo en la construcción y en otros sectores relacionados con estos proyectos.
·En septiembre de 2002 se iniciaron programas comunitarios de aprendizaje para aborígenes. En diciembre de 2004, había 702 aprendices aborígenes activos declarados. El 15% de los aprendices activos de Manitoba son aborígenes, lo que supone un aumento de alrededor del 17% respecto de los datos de abril de 2004.
·La aprobación y financiación de nuevos programas educativos: la admisión de 25 nuevos estudiantes aborígenes en el programa ACCESS de la licenciatura en servicios sociales durante tres años a partir de 2003, un programa de educación a distancia a tiempo parcial para la obtención de la maestría en servicios sociales dirigido a 20 estudiantes que trabajan en servicios de protección de la infancia para comunidades aborígenes y un diploma en gestión del Gobierno autónomo aborigen ofrecido por la Universidad del Norte.
Personas con discapacidad
298.En 2003-2004, 4.525 personas con discapacidad recibieron servicios de apoyo profesional, 1.697 de las cuales recibieron fondos de formación para apoyar programas de educación y empleo. En diciembre de 2003, Manitoba firmó el Marco multilateral de fomento de los contratos laborales para las personas con discapacidad y, en abril de 2004, el Acuerdo entre el Canadá y Manitoba para el desarrollo de contratos laborales para las personas con discapacidad, acuerdos que abarcan los años 2004/05 y 2005/06. En 2003/04, Manitoba y el Gobierno del Canadá emprendieron una evaluación de los programas para medir su eficacia y la de los servicios. En marzo de 2005 se completó un Informe del marco de evaluación y la metodología, que señala las cuestiones de evaluación que deben abordarse y las metodologías. Se está elaborando una solicitud de propuestas, y se prevé que la evaluación formal se inicie en el otoño de 2005 y finalice en el verano de 2006 a más tardar.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
299.En junio de 2004 entró en vigor en Manitoba la Ley de creación de un sistema único de ayuda a los ingresos (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e098e.php).
300.En 2003-2004:
·Se prestaron servicios de apoyo y de ayuda a los ingresos a una media de 31.446 personas al mes a través de la Ayuda al empleo y a los ingresos, a 1.150 a través de la Ayuda municipal y a 32.091 a través de los servicios de salud (incluidos los niños bajo tutela y las personas con discapacidad).
·Se ofrecieron prestaciones de complemento de ingresos a 12.741 adultos mayores en el marco del programa 55 PLUS y a 1.153 familias en el marco del Programa de Apoyo a los Ingresos de los Padres.
·En el marco del Programa de subvenciones para el cuidado de los niños, se ofrecieron subsidios a un promedio de 11.568 niños por cada período de cuatro semanas objeto del informe; de ellos, un promedio de 2.469 (o sea, el 21%) eran hijos de padres que recibían ayuda al empleo y a los ingresos.
·En el marco de programas de subsidios de vivienda, 3.076 arrendatarios de la tercera edad recibieron una prestación mensual media de 74 dólares por familia, y 991 familias arrendatarias recibieron una prestación mensual media de 129 dólares por familia.
301.Entre las mejoras que se han introducido en las prestaciones en 2003-2004, se incluyen las siguientes:
·Se ha aumentado en 20 dólares al mes por adulto el tipo básico de la ayuda a los ingresos para los adultos solteros sin discapacidad y las parejas sin hijos, y para todos los adultos de las categorías de personas con discapacidad y personas de edad, con efecto a partir de enero de 2004. Esta modificación benefició a 27.915 adultos y aumentó la ayuda a sus ingresos en 240 dólares al año por persona.
·No se reducen las prestaciones de ayuda a los ingresos para las personas con discapacidad (incluidos los niños) que viven en la comunidad y reciben una cantidad global, como una herencia o una indemnización por un seguro de vida, siempre que se establezca un fondo fiduciario para adquirir equipos o servicios destinados a mejorar la calidad de vida (en vigor desde abril de 2003). Estos fondos fiduciarios pueden acumular hasta 100.000 dólares.
·En julio de 2003 y en octubre de 2004 se aumentó en un 2% el tipo de los subsidios de alojamiento y alimentación para las personas que necesitan atención y supervisión o que viven en residencias.
302.En 2003-2004, el Suplemento nacional por hijos a cargo se restableció completamente, de manera que se han entregado 13,7 millones de dólares al año a las familias de Manitoba beneficiarias de ayudas a los ingresos (para una mayor información sobre la Prestación nacional por hijos a cargo, véase la introducción al presente informe).
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
303.Entre las mejoras introducidas en las prestaciones de maternidad o parentales en 2003‑2004 se encuentran las siguientes:
·Enmiendas al Código del empleo de Manitoba (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e110e.php) para prever una licencia de cuidados de hasta ocho semanas sin remuneración y mejorar la protección de los trabajadores que regresan tras una licencia de maternidad, parental o de cuidados;
·Un aumento del 2,5% de los tipos básicos para las familias de acogida, en vigor desde el 1º de julio de 2003. Un total de 754 niños en régimen de acogida recibieron ayudas en el marco del Programa de subsidios para necesidades sociales especiales.
304.Entre las nuevas inversiones o iniciativas importantes en relación con el cuidado de los niños, se incluyen las siguientes:
·Aumento de la financiación de los gastos de guardería en 6 millones de dólares (incluido casi 1 millón de dólares del Gobierno del Canadá);
·Nueva subvención de funcionamiento para 788 plazas de guardería;
·Aumento de la financiación del Programa de subvenciones de guarderías, jardines de infancia y parvularios;
·Aumento del número de plazas de guardería desde 2000-2001.
|
2000-2001 |
23.022 |
58.288,00 dólares |
2001-2002 |
24.009 |
64.681,60 dólares |
|
2002-2003 |
24.777 |
67.878,80 dólares |
|
2003-2004 |
25.634 |
62.739,10 dólares* (excepto los niños con discapacidad) |
305.En 2003-2004 prosiguió la aplicación de las recomendaciones de la Investigación de la justicia aborigen - Iniciativa para el bienestar de la infancia. Mediante esta iniciativa, cuya importancia histórica ha sido reconocida a nivel nacional, Manitoba ha conferido a los pueblos de las Primeras Naciones y a los mestizos la autoridad y la responsabilidad a nivel provincial sobre su propio sistema de servicios a la infancia y la familia. El 24 de noviembre de 2003 entró en vigor la Ley sobre autoridades en materia de servicios al niño y la familia (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c090e.php) y el traslado de los casos se completará en 2005. Para una mayor información, véase el quinto informe periódico del Canadá relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
306.El informe de 2003 sobre la marcha de los trabajos de Manitoba en relación con el desarrollo de la primera infancia puede consultarse en http://www.gov.mb.ca/healthychild/ecd/ ecd_reports.html. En el informe se expone el programa de guarderías infantiles de la provincia y se destacan otras inversiones realizadas para fortalecer el desarrollo, el aprendizaje y la atención de la primera infancia en Manitoba. Para una mayor información sobre el Acuerdo para el desarrollo en la primera infancia, véase la introducción al presente informe.
Violencia doméstica
307.Las nuevas iniciativas sobre violencia doméstica adoptadas en 2003-2004 incluyeron:
·Las modificaciones introducidas en la Ley de violencia doméstica y protección, prevención e indemnización en los casos de acecho (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093e.php) para hacer extensivos los recursos civiles de protección a las situaciones en que los miembros de la familia no han cohabitado y a las relaciones de noviazgo;
·El Proyecto de tratamiento previo de los casos de la violencia doméstica, que ha reducido drásticamente el tiempo necesario para enjuiciar los delitos de violencia doméstica;
·La reorganización y el reagrupamiento de los servicios de la provincia destinados a las víctimas;
·El establecimiento del centro de asistencia jurídica "A Women's Place" (Un lugar para las mujeres);
·El sitio web del Programa de prevención de la violencia doméstica: http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_violence_prevention.html.
·El examen exhaustivo y la mejora del sistema de acogimiento de emergencia para niños de Winnipeg, en colaboración con el Defensor del Niño;
·Las actividades del Programa de ayuda a la vida en sociedad, destinadas a aumentar la seguridad y el bienestar de las personas con discapacidad que viven en la comunidad gracias a la capacitación, la información y la financiación de actividades.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
308.Aparte del aumento de las prestaciones mencionado en el examen del artículo 9, el mecanismo de cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de la familia se mejoró mediante la aprobación de la Ley interjurisdiccional de ejecución de mandamientos sobre pensiones alimentarias (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/i060e.php) y las mejoras legislativas introducidas en el Programa de Ejecución de las Órdenes de Pago de Alimentos gestionado por el Gobierno (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f020e.php).
Derecho a una vivienda adecuada
309.La Iniciativa para una vivienda asequible (http://www.gov.mb.ca/fs/housing/ahi.html), mencionada en la introducción al presente informe, creará aproximadamente 2.500 nuevas viviendas y viviendas de alquiler a un precio asequible en Manitoba. En el marco de esta iniciativa, Manitoba ha concertado un acuerdo de cinco años con la ciudad de Winnipeg en virtud del cual la ciudad contribuirá con más de 17 millones de dólares a la creación de viviendas asequibles. Asimismo, se están desarrollando ocho proyectos, por un total de 5.620.000 dólares, para financiar la construcción de nuevas viviendas de alquiler.
310.En 2003-2004, se financiaron proyectos como el Programa de ayuda para el acceso a una vivienda vecinal con 3 millones de dólares y la provincia contribuyó con 2 millones de dólares al Programa federal y provincial de Asistencia para la Rehabilitación de Viviendas a fin de seguir contribuyendo a la modernización de las viviendas en barrios deprimidos de Winnipeg, Brandon y Thompson.
Personas sin hogar
311.En noviembre de 2003 se prolongó por otros cinco años la Iniciativa sobre la vivienda y las personas sin hogar de Winnipeg (http://www.gov.mb.ca/fs/housing/whhi.html), una asociación entre Manitoba, el Canadá y la ciudad de Winnipeg para hacer frente a la disminución de viviendas disponibles, la falta de hogar y la modernización de los barrios más viejos de Winnipeg. En virtud de esta iniciativa, se han comprometido más de 31 millones de dólares para reparar, rehabilitar y construir más de 1.100 viviendas y 100 habitaciones o camas, y para ayudar a las personas y las familias sin hogar o que corren el riesgo de quedarse sin hogar.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
312.Entre las nuevas iniciativas adoptadas en materia de atención de la salud de los grupos vulnerables figuran las siguientes:
·En la ciudad de Thompson se creó la Iniciativa para una alimentación sana en el norte.
·El Consejo consultivo provincial sobre la salud mental se reconstituyó en un órgano de protección de los consumidores y la familia.
·Se creó el Centro de recursos educativos de Manitoba sobre salud mental; la Dependencia provincial de necesidades especiales, una dependencia especializada para las personas de alto riesgo que no reciben un servicio adecuado o no tienen derecho a recibir los servicios existentes; el Programa de intervención temprana en los casos de psicosis; y un Programa de seguimiento intensivo en la comunidad, que ha sido reconocido como una práctica idónea en el Canadá.
·En 2000 se publicó la Estrategia de salud de la mujer de Manitoba (http://www.gov.mb.ca/health/women/index.html); se celebraron consultas sobre la salud de la mujer; y se creó el Programa de detección del cáncer de cuello de útero de Manitoba.
·En 2002 se publicó una Estrategia sobre la enfermedad de Alzheimer y enfermedades conexas en Manitoba (http://www.gov.mb.ca/health/documents/alzheimer.pdf).
·En 2003 se publicó Advancing Age: Promoting Older Manitobans (Envejecimiento: promoción de los ancianos de Manitoba) (http://www.gov.mb.ca/sd/advancingage.html) y se elaboraron nuevas normas para los hogares de atención personal.
·Se establecieron programas, capacitación y recursos en relación con el trastorno del espectro alcohólico fetal y las mujeres embarazadas en peligro. Para conocer más detalles sobre estos programas, véase el quinto informe periódico del Canadá relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
·Se estableció una Iniciativa de terapia infantil para ofrecer unos servicios coordinados a nivel regional que permitan a los niños realizarse plenamente, y se creó un Programa permanente de Análisis Conductual Aplicado destinado a los niños autistas en edad preescolar.
·Manitoba tiene la tasa más elevada del país de personas a las que se les ha diagnosticado recientemente una insuficiencia renal terminal: 17,6 personas por cada 100.000 habitantes. Se continúan ampliando los servicios de salud renal y diálisis para hacer frente al aumento de la demanda.
·En 2004 se creó el Instituto de Salud y Bienestar de los Pueblos del Norte y los Aborígenes. Ha iniciado su labor en relación con el suicidio, la curación tradicional y la diabetes.
313.Se prevé que la incidencia y la prevalencia de la diabetes sigan aumentando en Manitoba debido al envejecimiento de la población y mejores métodos de detección, entre otras cosas. Tendrían que transcurrir diez años o más para que la política, programas y servicios provinciales se traduzcan en una disminución de la incidencia de la diabetes.
314.Manitoba recopila información a nivel de la población sobre la incidencia del consumo de alcohol durante el embarazo mediante un examen posnatal de todos los recién nacidos y una entrevista en profundidad a las madres a las que se ha conocido en un programa de visita a domicilio (el programa "Las familias primero"). El examen provincial indica que la incidencia del consumo de alcohol durante el embarazo en 2003-2004 varía entre las distintas regiones de la provincia, y que entre un 9 y un 28% de las mujeres han consumido alcohol durante el embarazo. Los datos de la evaluación a fondo "Las familias primero" indican que el 65% de las familias incluidas en el programa consumieron alcohol durante el embarazo. Se prevé que el instrumento de detección provincial será útil para determinar las tendencias de la incidencia del consumo de alcohol durante el embarazo.
Personas con discapacidad
315.Durante el período que abarca el informe:
·Se creó un puesto de Ministro encargado de las personas con discapacidad;
·En 2001 se publicó Full Citizenship: A Manitoba Provincial Strategy on Disability (Plena ciudadanía: Estrategia provincial de Manitoba para las personas con discapacidad) (http://www.gov.mb.ca/access/);
·En diciembre de 2003 se estableció la Oficina para las cuestiones relativas a la discapacidad; y
·Se organizaron dos mesas redondas sobre cuestiones relativas a la discapacidad para ofrecer a las personas con discapacidad una oportunidad de expresar sus opiniones y formular sugerencias sobre la política y los programas gubernamentales.
Artículo 13 - Derecho a la educación
316.Entre las nuevas iniciativas en materia de educación se incluyen las siguientes:
·En junio de 2004 se aprobó la Carta de seguridad en las escuelas (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c02404e.php).
·En junio de 2004 se aprobó una ley que garantiza que todos los niños, en especial los que tienen necesidades especiales, tienen acceso a programas educativos adecuados (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c00904e.php).
·En 2003 se publicó el documento Integrating Aboriginal Perspectives into Curricula: A Resource for Curriculum Developers, Teachers and Administrators (Integración de las perspectivas aborígenes en los planes de estudios: obra de referencia para los encargados de elaborar los planes de estudios, los maestros y los administradores), que dio paso al taller titulado Incorporating Aboriginal Perspectives: A Theme-Based Curricular Approach (Incorporación de las perspectivas aborígenes: enfoque pedagógico basado en temas).
·En 2004 se elaboró el Plan de acción en materia de educación de los aborígenes a fin de mejorar el acceso a la educación postsecundaria y la terminación de la misma, aumentar el nivel de éxito en la entrada y participación en el mercado de trabajo y mejorar la base de investigación de la educación y el empleo de los aborígenes. El seguimiento de datos es fundamental para esta iniciativa (http://www.edu.gov.mb.ca/abedu/action_plan/index.html).
·En julio de 2004 se estableció la Universidad del Norte, con el mandato de atender las necesidades educativas de los aborígenes y las poblaciones del norte de Manitoba y mejorar el bienestar social y económico en el norte de la provincia (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/u055e.php).
Artículo 15 - Derecho a participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y de la protección de los intereses de los autores
317.En 2003-2004, el Departamento de Patrimonio Cultural y Turismo, con la asistencia financiera del Departamento de Asuntos relativos a la Comunidad Aborigen y al Canadá Septentrional, estableció el Consejo Consultivo ministerial sobre las actividades artísticas y culturales de las Primeras Naciones y los aborígenes y el Consejo Consultivo ministerial sobre las actividades artísticas y culturales de los mestizos. Se organizaron tres mesas redondas con artistas aborígenes.
ONTARIO
Aspectos generales
Personas con discapacidad
318.En 2001, el Gobierno de Ontario aprobó la Ley de personas de Ontario con discapacidad de 2001, destinada a mejorar las oportunidades, la participación y el nivel de vida de las personas con discapacidad. La ley incluye disposiciones para aumentar la igualdad de acceso al empleo (art. 8), a los bienes y servicios (art. 5) y a las instalaciones del Gobierno (art. 4) así como a los modos de comunicación, en particular Internet (art. 6) y las publicaciones (art. 7).
319.El 13 de junio de 2005 entró en vigor la Ley de accesibilidad para las personas de Ontario con discapacidad, de 2005 (proyecto de ley Nº 118). La nueva ley, que es más completa, mejora la ley de 2001 al prever el establecimiento de normas ejecutivas de accesibilidad relativas a bienes, servicios, instalaciones, alojamiento (vivienda, locales) y empleo. Estas normas se aplican a una serie de sectores públicos y privados de la provincia para mejorar el nivel de vida de las personas con discapacidad y de la comunidad en general.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
320.Históricamente, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres puede atribuirse en parte a la infravaloración del trabajo realizado principalmente por mujeres. Desde la aplicación de la Ley de equidad en la remuneración, se han hecho progresos para eliminar las diferencias salariales. Según informes recientes de la Oficina de Estadísticas del Canadá, en el caso de las mujeres que trabajan a tiempo completo en Ontario, la diferencia salarial ha disminuido en aproximadamente seis puntos porcentuales desde 1987. En lo que respecta a los trabajadores a tiempo completo todo el año, la diferencia ha disminuido de un 36% en 1987 a un 30% en 2002.
321.Todos los empleadores del sector público están obligados a lograr y mantener la equidad en las remuneraciones, al igual que todos los empleadores del sector privado con diez o más empleados. En un principio, la Ley de equidad en la remuneración establecía un método de comparación por analogía para los empleos del sector público, que luego se suprimió en 1996. Un recurso presentado ante los tribunales hizo que el método se restableciera. No obstante, se impuso un límite máximo a la financiación. Tras otro recurso planteado ante los tribunales, en mayo de 2003 el Gobierno de Ontario llegó a un acuerdo que ha beneficiado a las mujeres que realizan los trabajos peor remunerados del sector público. El acuerdo obliga al pago de 414 millones de dólares escalonado en tres años a unas 100.000 mujeres.
322.Puede obtenerse información sobre la Comisión de equidad en la remuneración en su sitio web: www.gov.on.ca/lab/pec/index_pec.html.
Artículo 6 - El derecho a trabajar
323.En 2003, la tasa media anual de participación de la población activa de Ontario fue del 68,4%, la más elevada desde 1991. En 2003, la provincia creó 160.500 nuevos puestos de trabajo netos. Al finalizar el año, en Ontario se había llegado a casi 6,3 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 39,5% de todos los puestos de trabajo del Canadá.
324.Entre 2000 y 2004, el Gobierno adoptó varias medidas para aumentar la cantidad y la calidad de la oferta de mano de obra en Ontario. En su conjunto, estas medidas aumentaron las oportunidades de trabajo para todos los habitantes de la provincia, incluida la población aborigen, los jóvenes y los miembros de las minorías visibles. A continuación se citan algunas de las medidas adoptadas:
·Inversiones en aprendizaje:
-Incremento de la financiación del aprendizaje hasta 2007-2008 a fin de aumentar la participación;
-Inversiones en una iniciativa de formación previa al aprendizaje para ayudar a las personas a prepararse para ejercer una profesión especializada; e
-Inversiones en el Programa del Fondo para la mejora de las instalaciones de aprendizaje, que ofrece financiación a las escuelas de artes aplicadas y tecnología para adquirir material nuevo, modernizar las instalaciones y apoyar el aumento de plazas de aprendizaje.
·Inversiones en programas de empleo:
-El programa "Job Connect" (conexión empleo) orienta a los habitantes de Ontario, principalmente los jóvenes desempleados de edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, hacia oportunidades de empleo y de formación; y
-El Programa de alfabetización y formación básica ayuda a los alumnos a adquirir los conocimientos de lectura y cálculo necesarios para mejorar sus oportunidades de empleo.
·Asistencia a las personas formadas en el extranjero para que obtengan las competencias y el reconocimiento necesarios para aumentar sus posibilidades de ejercer su profesión, en particular inversiones en proyectos de cursos puente y proyectos sectoriales para evaluar las competencias y proporcionar formación y experiencia laboral en el Canadá. Asimismo, el Gobierno ha creado un servicio de evaluación de títulos universitarios para elaborar material informativo, métodos, herramientas y ayudas para la evaluación y eliminar los obstáculos al acceso al mercado de trabajo.
Mujeres
325.El programa de formación de mujeres sobre tecnología de la información, iniciado en 2000, permite a las mujeres acceder a un empleo, recibir una formación y obtener un diploma en el sector de la tecnología de la información. Está dirigido a mujeres de bajos ingresos, con discapacidad, desempleadas o subempleadas y nuevas inmigrantes. Gracias a la financiación prevista para 2004-2006, alrededor de 156 mujeres recibirán formación. Hasta la fecha, unas 310 mujeres han recibido formación a través de este programa; el 83% de ellas ha obtenido un diploma y aproximadamente el 78% de las diplomadas ha encontrado un empleo.
326.El Programa de formación de obreras especializadas ofrece una formación previa al aprendizaje destinada a aumentar el número de mujeres cualificadas para trabajos especializados y trabajos en sectores tecnológicos muy demandados. Se dirige a mujeres de bajos ingresos que están desempleadas o subempleadas y que no pueden realizar trabajos especializados por falta de conocimientos de matemáticas o informática y falta de experiencia práctica con equipos técnicos. Gracias a la financiación prevista para 2004-2005, 104 mujeres se inscribirán en seis programas de formación previa al aprendizaje, incluidos programas especializados para mujeres aborígenes.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
327.El Gobierno de Ontario facilita una ayuda al empleo y una ayuda financiera mediante el programa Ontario Works y el Programa de Ontario de Apoyo a la Discapacidad (ODSP) (véase el informe anterior). Durante el período que abarca este informe, se han introducido las siguientes modificaciones en los programas y prestaciones de ayuda a los ingresos y asistencia social.
328.Para ayudar a las personas a encontrar un empleo:
·El Gobierno ya no considera los subsidios, las becas o los fondos invertidos en planes registrados de ahorro para pagar los estudios como ingresos o activos en el marco del programa Ontario Works o el ODSP.
·El Gobierno ha restablecido las prestaciones de seguro médico (es decir, prestaciones suplementarias de seguro médico) para los beneficiarios del programa Ontario Works que empiezan a trabajar, de manera que los gastos médicos elevados no se conviertan en un elemento disuasivo a la hora de buscar un empleo.
329.En diciembre de 2003, el Gobierno derogó la exclusión permanente de los beneficiarios de asistencia social que hubieran cometido fraude, por temor a que la política fuese excesivamente punitiva y no tuviera en cuenta el derecho de toda persona a vivir con dignidad y a ser tratada de manera justa y compasiva.
330.En 2004, el Gobierno restableció el subsidio para la nutrición durante el embarazo para las mujeres embarazadas que reciben asistencia social. Este subsidio permite a estas mujeres recibir 40 ó 50 dólares más al mes (para las dietas sin productos lácteos) aparte de las cantidades a las que tengan derecho en caso de dieta especial.
331.Otras de las modificaciones introducidas en la política del Ontario Works y el ODSP son el aumento de la exención por regalos y pagos voluntarios de 4.000 a 5.000 dólares al año por beneficiario (únicamente en el ODSP) y la exención del dinero que ganan los niños en trabajos a tiempo parcial después de la escuela.
332.En 2003-2004, se gastaron aproximadamente 4.570.000.000 de dólares en programas de asistencia social, equivalentes al 7% del presupuesto operativo de Ontario. Alrededor de un 3,5% del presupuesto de Ontario se destinó al Programa de Ontario de Apoyo a la Discapacidad y un 2,7% al programa Ontario Works.
333.En diciembre de 2004, Ontario Works atendía 188.745 casos, mientras que el programa de ayuda a los ingresos del ODSP atendía 206.884 casos. Desde 2001-2002, el número total de casos de asistencia social se ha estabilizado. A principios de 2005 se aplicó un aumento del 3% a las prestaciones de asistencia social ofrecidas por Ontario Works y el ODSP. Fue la primera subida desde 1993. Casi 400.000 personas y sus familias (más de 660.000 beneficiarios) se beneficiarán de la subida de las prestaciones, lo que supondrá un aumento de 100 millones de dólares en las ayudas a los ingresos.
Prestaciones familiares
334.En 2000, las prestaciones anuales ofrecidas a las familias monoparentales gracias al Suplemento para el cuidado de los niños de trabajadores de Ontario (OCCS) aumentaron en 210 dólares por niño hasta 1.310 dólares anuales. Esta medida debería aumentar la participación de los cabezas de familias monoparentales en la población activa y reducir la extrema pobreza de estas familias.
335.El OCCS constituye la principal reinversión de Ontario en virtud de la iniciativa de la Prestación nacional por hijos a cargo (NCB) (véase la introducción al presente informe). Desde el inicio del programa en 1998, los ingresos salariales de las familias receptoras del OCCS han aumentado un 32%, en comparación con la subida de un 19% en todas las familias con hijos de Ontario. Esto indica que los beneficiarios del OCCS han reforzado su participación en la vida activa, que es uno de los objetivos de la iniciativa de la NCB.
336.En 2004, Ontario anunció que los beneficiarios de asistencia social podían mantener durante un año el aumento de julio de 2004 del Suplemento nacional por hijos a cargo del Gobierno del Canadá (NCBS). Anteriormente, el aumento anual del NCBS del Gobierno del Canadá se deducía de las prestaciones de asistencia social. Esto supondrá 10 millones de dólares adicionales en ayudas a los ingresos para las familias de bajos ingresos en 2004-2005 y 2005‑2006.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
337.Gracias al Proyecto para el desarrollo de la primera infancia y el tratamiento de la toxicomanía de las mujeres embarazadas, aplicado en marzo de 2002, se financiaron 17 centros en la provincia para prestar servicios para las mujeres embarazadas y las madres con problemas de drogas y para sus hijos menores de seis años. El proyecto incluye actividades como la sensibilización del público, el tratamiento de la toxicomanía, el cuidado de los niños, la preparación para la vida diaria y la capacitación de los padres, y la facilitación de los vínculos de los clientes con los servicios de salud, de vivienda y sociales y de su acceso a los mismos.
338.La Ley sobre las condiciones de empleo de 2000 (LCE 2000) prolongó la duración de la licencia por nacimiento de hijos de 18 a 35 semanas si la empleada también ha tomado una licencia de maternidad, o a 37 semanas si no es así.
339.La LCE 2000 también ha creado un nuevo derecho a una licencia especial. Los empleados con derecho a solicitarla pueden tomar hasta diez días de licencia sin sueldo por razones médicas o por fallecimiento, enfermedad, accidente o urgencia en relación con un hijo, un cónyuge, una pareja del mismo sexo u otro familiar concreto. Pueden acceder a esta prestación los empleados cuyo empleador tenga una plantilla regular de al menos 50 empleados.
340.En 2004, la LCE 2000 se modificó para crear un derecho a una licencia por obligaciones familiares de carácter médico. Los empleados tienen derecho a una licencia sin sueldo de hasta ocho semanas para atender o ayudar a un familiar concreto gravemente enfermo.
341.En 2003-2004, la parte correspondiente a Ontario de la financiación federal en virtud del Marco Multilateral para los parvularios y guarderías fue de 9,7 millones de dólares. Esta financiación ha permitido a los municipios reparar, reconstruir y reforzar el sistema de guarderías en toda la provincia. La parte correspondiente a Ontario en 2004-2005, 58,2 millones de dólares, se está utilizando para seguir estabilizando el sistema de guarderías y crear 4.000 nuevas plazas subvencionadas de guardería.
342.La mayor prioridad del Gobierno en la ampliación de los servicios de parvularios y guarderías consistirá en ofrecer un día completo de aprendizaje y guardería para los niños de 4 y 5 años de edad. La provincia también trabaja para lograr:
-Un nuevo modelo de distribución de subsidios basado en los ingresos, que aumente el número de familias de Ontario con derecho a recibir ayuda; y
-Un nuevo colegio de educadores de párvulos que establezca normas profesionales elevadas y vele por la calidad de los cuidados prestados.
343.El último informe sobre la marcha de los trabajos del Gobierno de Ontario en lo que respecta a las inversiones y los resultados relativos al desarrollo de la primera infancia puede consultarse en www.children.gov.on.ca/CS/en/programs/EarlyYearsInitiatives/default.htm. Puede encontrarse información sobre el Acuerdo para el desarrollo de la primera infancia en la introducción al presente informe.
Violencia doméstica
344.En 2001, se asignaron 26 millones de dólares para la creación de 300 nuevas plazas en refugios de emergencia para mujeres y el acondicionamiento de otras 136, con el consecuente aumento de la financiación de los programas para ofrecer asesoramiento y otras ayudas. Además, se asignó una nueva financiación de 4,5 millones de dólares en cinco años para crear una línea de ayuda a las mujeres víctimas de agresiones a fin de ofrecer a las mujeres con problemas información y apoyo 24 horas al día y 365 días al año.
345.En diciembre de 2004, el Gobierno anunció su Plan de acción multiministerial y plurianual contra la violencia doméstica para hacer frente a la violencia doméstica contra las mujeres y los niños, en que se hace especial hincapié en la prevención y la mejora del apoyo comunitario a las mujeres maltratadas y sus hijos. Incluye una inversión de 66 millones de dólares a lo largo de cuatro años y una amplia gama de iniciativas, en particular las siguientes:
·Una campaña pública de sensibilización y prevención;
·La formación de trabajadores de primera línea, profesionales, familias, vecinos y amigos para que reconozcan los primeros signos de maltrato y proporcionen orientación;
·Inversiones en apoyo comunitario a las víctimas;
·Mejoras en el sistema de justicia penal y el sistema de justicia relativo a la familia;
·Mejoras en el acceso a servicios en francés e iniciativas bien definidas para responder a las necesidades particulares de los aborígenes, las personas con discapacidad, los ancianos, y las comunidades etnoculturales, raciales, rurales, agrícolas y del Norte.
346.El Plan también incluye inversiones adicionales en servicios comunitarios para hacer frente a la violencia contra las mujeres, en particular 3,5 millones de dólares anuales en servicios de apoyo a la vivienda y 3 millones de dólares anuales para cubrir el aumento de los gastos de funcionamiento de los refugios y los servicios de orientación.
347.Se han consignado 25 millones de dólares adicionales en cinco años para la Estrategia para la salud y el bienestar aborigen, que ofrece servicios relativos a la violencia doméstica y de atención primaria dentro y fuera de las reservas.
348.En 2002, Ontario inició el Programa piloto de fianzas, que ofrece a las víctimas de violencia doméstica la oportunidad de ser interrogadas por policías capacitados y personal de los servicios destinados a las víctimas antes de determinar la fianza, a fin de obtener más detalles sobre los antecedentes de violencia en sus relaciones. El programa ofrece a las víctimas de violencia doméstica apoyo desde el principio y oportunidades para planificar su seguridad, ayuda a distinguir entre los casos de mayor y menor riesgo y ofrece una mejor base para que el Abogado de la Corona y los tribunales puedan tomar una decisión respecto de la fijación de la fianza.
349.Ontario también ha introducido la Evaluación del riesgo de violencia doméstica en Ontario (ODARA), un instrumento de evaluación actuarial de riesgos utilizado por los agentes de policía de primera línea en los casos de agresiones de hombres a mujeres. La evaluación del riesgo predice la probabilidad de que vuelva a producirse violencia doméstica. Ontario está evaluando la utilidad del instrumento en el contexto de la determinación de la fianza. Los profesionales de la salud también están utilizando una versión clínica de la evaluación del riesgo para asesorar a las mujeres sobre el riesgo de sufrir otra agresión.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
350.En 2003, el Gobierno introdujo una iniciativa para aumentar el salario mínimo general de 6,75 a 8,00 dólares por hora en un plazo de cuatro años. En febrero de 2004 se aplicó el primer aumento, y el salario mínimo general pasó de 6,75 a 7,15 dólares por hora y, en febrero de 2005, subió a 7,45 dólares por hora. En febrero de 2006 y 2007 se efectuarán nuevos aumentos del salario mínimo general, a 7,75 y 8,00 dólares por hora respectivamente.
Personas sin hogar
351.En 2004, los programas de prevención de la carencia de hogar se racionalizaron y recibieron 2 millones de dólares más. Se espera que los programas logren al menos uno de los siguientes objetivos: 1) sacar a las personas de la calle y trasladarlas a refugios; 2) ayudar a las personas que se encuentran en albergues de emergencia a obtener una vivienda permanente, y 3) prevenir la carencia de hogar al ayudar a las personas a conservar una vivienda permanente.
352.En 2004, el Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales anunció un aumento del 3% en la financiación de organismos cuya financiación no había aumentado desde hacía varios años, en particular los albergues para adultos vulnerables y los refugios de emergencia. En julio de 2004, la dieta máxima pagada a los gestores de los albergues de emergencia pasó a 39,15 dólares al día para alojamiento y manutención, lo que constituye un aumento del 3%.
353.El Ministerio anunció asimismo un fondo de emergencia de 2 millones de dólares para proporcionar una ayuda puntual de emergencia para hacer frente a los pagos atrasados del consumo de energía, los depósitos de garantía y las tarifas de reconexión. Además, ofreció 50.000 dólares en concepto de ayuda de emergencia a los miembros de las Primeras Naciones que viven en reservas.
354.La Iniciativa de ayuda a las personas sin hogar que sufren enfermedad mental creó 3.600 unidades de vivienda asistida para las personas con enfermedades mentales graves que carecen de hogar o corren el riesgo de quedarse sin hogar. El 2 de enero de 2005, el Ministerio de Sanidad y de Atención a Largo Plazo anunció la renovación de 500 unidades de vivienda asistida con servicios de apoyo para mantener a los enfermos mentales fuera del sistema de justicia penal y correccional.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
355.En el presupuesto de 2004, Ontario anunció un aumento de 120 millones de dólares en los cuatro años siguientes para el sector de los servicios comunitarios de salud mental. Esta estrategia de cuatro años permitirá ofrecer servicios muy necesarios (gestión de crisis, gestión de casos, equipos de tratamiento comunitario dinámico e intervención temprana) a 78.000 personas más de aquí a 2007-2008.
356.Se han reforzado los servicios de emergencia relativa a la salud pública gracias a la mejora de la coordinación con la nueva Dependencia de gestión de emergencias, la incorporación de especialistas en enfermedades infecciosas a un sistema de rotación de llamadas, la elaboración de mejores sistemas de alerta para los médicos y la creación de un Comité consultivo provincial sobre enfermedades infecciosas. Se están elaborando otros proyectos, como redes regionales de control de infecciones, un organismo y la integración de los laboratorios de salud pública en la División de salud pública.
357.El Ministerio de Salud ha creado servicios para el tratamiento de la ludopatía destinados a una población específica. Desde 2001, el Ministerio ha finalizado la puesta en marcha de servicios adaptados para responder de manera específica a las necesidades de las mujeres, los jóvenes, las comunidades etnoculturales y la tercera edad. Asimismo, el Ministerio ha colaborado con organizaciones aborígenes para crear una red de servicios adaptados a la cultura y de fácil acceso para las comunidades aborígenes.
358.Ontario también ha promovido la realización de dos estudios de investigación participativa para examinar los aspectos culturales de la ludopatía. Se ha invertido más de 1 millón de dólares para comprender mejor este problema en un contexto cultural dentro de las comunidades aborígenes y etnoculturales.
359.Ontario ha invertido en una estrategia global de lucha contra el tabaquismo para reducirlo mediante leyes, programas y los medios de comunicación. Esta estrategia se basa en la población, pero los programas y políticas también se centrarán en poblaciones prioritarias de alto riesgo de iniciación al tabaquismo (por ejemplo, niños y jóvenes) o que tienen un alto índice de tabaquismo (por ejemplo, las poblaciones aborígenes). La financiación de esta estrategia se ha casi cuatriplicado en 2004-2005, hasta alcanzar una inversión total de 40 millones de dólares.
360.En 2005 se iniciará en Ontario un nuevo programa para la obtención de un diploma de enseñanza superior en autismo y ciencias del comportamiento. El programa incluye una formación intensiva sobre intervención en el comportamiento y un análisis aplicado del comportamiento. Está previsto que el programa forme cada año a unos 180 terapeutas instructores y jefes de grupo para los programas regionales sobre el autismo. Se impartirá en nueve escuelas de Ontario (incluido un establecimiento francófono) y también mediante aprendizaje en línea.
361.En 2005, Ontario creará una cátedra universitaria y nuevas becas para estudiantes de una licenciatura, un doctorado o estudios posdoctorales centrados de manera específica en el autismo y el desarrollo infantil. Esto permitirá a la provincia generar y mantener una masa crítica de investigación dedicada a conocer mejor el autismo, y garantizar que haya más psicólogos profesionales en ejercicio para ayudar a los niños autistas. El Consejo de estudios superiores de Ontario gestionará un fondo de dotación de 3.625.000.000 de dólares para la cátedra universitaria y las becas de estudios superiores.
362.La facultad de medicina de Ontario Septentrional, la primera facultad de medicina que se establece en Ontario desde hace más de 30 años, abrirá en agosto de 2005 con 56 estudiantes. Gracias a esta nueva facultad de medicina, los estudiantes podrán estudiar y vivir en el norte de Ontario. La facultad se centra en la medicina de la familia, y el programa se especializará en las necesidades de las comunidades aborígenes en materia de salud.
Población aborigen
363.En 2004, Ontario renovó la Estrategia de terapia y bienestar aborigen por un tercer período de cinco años y aumentó la financiación anual de la Estrategia en 5 millones de dólares, con lo que la financiación total asciende a 38.550.000 dólares. Este incremento de la financiación contribuye a mejorar el acceso a los servicios de atención primaria, salud mental y terapia familiar y las actividades de divulgación y de promoción de la salud en las comunidades aborígenes de toda Ontario.
364.Puede encontrarse información sobre las iniciativas relativas a la prevención del suicidio entre los jóvenes aborígenes en el Quinto informe del Canadá relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 13 - Derecho a la educación
365.Para que la enseñanza postsecundaria sea más accesible y asequible, Ontario ha congelado las tasas de matrícula escolar y universitaria durante dos años para todos los programas, a partir de septiembre de 2004. Ontario ha consignado 48,1 millones de dólares para la financiación de las escuelas y universidades para compensar la pérdida de ingresos derivada del primer año de la congelación. El Gobierno está elaborando un plan a largo plazo para garantizar un sistema de enseñanza postsecundaria de alta calidad, accesible y responsable.
366.En 2003, Ontario creó más de 70.000 nuevas plazas para estudiantes universitarios de primer ciclo a fin de responder al aumento de la demanda a consecuencia del paso a un nuevo plan de estudios secundarios de cuatro años en Ontario, y del índice cada vez mayor de matriculación.
367.En 2004-2005, Ontario hizo extensivas las becas de estudios a las personas protegidas, como por ejemplo las personas reconocidas como refugiados con arreglo a la Convención o que necesitan protección de la Junta de Inmigración y Refugiados.
368.El 1º de enero de 2003, la Asamblea Legislativa de Ontario modificó la Ley del impuesto sobre la renta para poner fin a los créditos fiscales para la equidad en la educación. Esta disposición ofrecía un crédito fiscal limitado a los padres que pagaban los gastos de educación de niños matriculados en escuelas independientes laicas o religiosas de Ontario. El Gobierno considera que no debe utilizarse el dinero público para financiar la enseñanza en escuelas privadas.
369.El sistema de escuelas públicas de Ontario ofrece una educación de calidad a todos los residentes de la provincia sin discriminación y con un criterio no confesional. En virtud de la Constitución, las escuelas católicas están totalmente financiadas por el Estado en el marco del sistema de educación pública. Otras escuelas religiosas reciben algunas ayudas fiscales indirectas (créditos de donaciones de beneficencia, exenciones del impuesto predial, en el caso de las entidades sin fines de lucro), pero su financiación procede esencialmente de fuentes privadas.
QUEBEC
Aspectos generales
Población aborigen
370.En 1999 y 2002 se promulgaron leyes para garantizar la aplicación de los acuerdos entre el Gobierno de Quebec y las comunidades mohawk y cree de Quebec (para obtener más información véase el quinto informe periódico del Canadá relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
371.La Carta de Derechos y Libertades Humanos de Quebec incluye la condición social como motivo de discriminación prohibido.
372.Entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de marzo de 2004, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud investigó 264 denuncias de discriminación basada en la condición social, que representaron algo menos del 7% de todas las denuncias investigadas por la Comisión durante ese período (4.049). La mayoría de las denuncias basadas en la condición social estaban relacionadas con el acceso a la vivienda. Durante el mismo período, la Comisión intervino en el caso Gosselin (véase el apéndice 1) ante el Tribunal Supremo del Canadá e incoó otras nueve causas judiciales. Se dictaron cinco sentencias sobre el fondo, que consolidan los progresos realizados durante el período anterior, en particular en lo que respecta a la naturaleza discriminatoria de la denegación de una vivienda a una persona basada en su condición de beneficiaria de asistencia social.
373.En otoño de 2003, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud publicó un informe sobre sus 25 años de aplicación de la Carta y formuló varias recomendaciones para fortalecerla (http://www.cdpdj.qc.ca/).
374.El Tribunal Supremo del Canadá estimó que un convenio colectivo que permite ajustes salariales retroactivos pero limita su aplicación a las personas empleadas por la ciudad en el momento de firmar el convenio no contraviene la Carta de Derechos y Libertades: Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57, [2002] 2 S.C.R. 627.
375.En el asunto Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 27, J.E. 2005-280 (C.A.), el Tribunal de Apelación de Quebec declaró a la Universidad Laval responsable de los perjuicios sufridos por los empleados como resultado de una discriminación sistémica basada en el sexo. No impuso un sistema único de remuneración con el mismo tipo para todos, sino que dejó que se negociara según lo estipulado en el convenio colectivo.
376.En el asunto Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, J.E. 2005-781 (C.A.), el Tribunal de Apelación declaró que un anciano había sido víctima de explotación prohibida por la Carta de Derechos y Libertades y ordenó el pago de una indemnización.
377.El Tribunal de Derechos Humanos constató la existencia de discriminación basada en la edad en la terminación de un contrato de arrendamiento y dictaminó el pago de una indemnización en cuatro asuntos diferentes: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gagné, J.E. 2003-496 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Lacombe, J.E. 2003-1464 (T.D.P.Q.) (recurso desestimado tras una petición (C.A., 2003-08-01), 500-09-013666-370); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, J.E. 2004-719 (T.D.P.Q.); y Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poirier, J.E. 2004-1016 (T.D.P.Q.). El Tribunal llegó a la conclusión de que existía una discriminación basada en la condición y la situación de la familia en Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Jacques, J. E. 2004-1520 (T.D.P.Q.).
378.En dos asuntos, los tribunales de Quebec constataron la existencia de discriminación basada en la edad en la contratación (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Nicolet (Ville de), [2001] R.J.Q. 2735 (T.D.P.Q.) y Montreal Newspaper Guild, Local 111 y Gazette (The), A Division of Southam Inc., [2004] R.J.D.T. 1182 (T.A.)) y en otro, por hostigamiento sexual, que está prohibido en la Carta de Derechos y Libertades Humanos de Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui), [2004] R.J.Q. 355 (T.D.P.Q.) (recurso desestimado tras una moción, (C.A., 2004-01-23), 200-09-004700-040).
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
379.En 1996 se adoptó la Ley de equidad en la remuneración. Esta ley afecta a 45.000 empresas, 35.000 de las cuales tienen entre 10 y 49 empleados. Según un informe realizado en 2002 en nombre de la Comisión de equidad en la remuneración, el 39% de las 3.899 empresas que tienen entre 10 y 49 empleados han completado el proceso destinado a garantizar la equidad en la remuneración, y un 30% de éstas indicó que tuvo que hacer ajustes salariales. El ajuste salarial medio realizado a consecuencia del proceso destinado a garantizar la equidad en la remuneración fue de un 8,1%. Tres de cada cinco empresas calcularon que el efecto del ajuste representaba un 1,5% o menos de la masa salarial.
380.Según una encuesta realizada en el otoño de 2003, un 62% de las empresas que tienen entre 10 y 49 empleados habían completado el proceso destinado a garantizar la equidad en la remuneración. En general, un 64% de las empresas de Quebec de cualquier tamaño afectadas por la Ley de equidad en la remuneración han finalizado su labor.
381.En los sectores en los que predomina la mano de obra femenina, el legislador reconoció que la falta de categorías profesionales predominantemente masculinas no significaba que no hubiera discriminación salarial basada en el sexo. Por consiguiente, se encomendó a la Comisión que adoptase reglamentos para determinar el procedimiento a seguir en el caso de las empresas en las que no existen categorías profesionales predominantemente masculinas. El reglamento relativo a la equidad en la remuneración en las empresas en las que no existen categorías profesionales predominantemente masculinas tiene por objetivo establecer dos categorías profesionales predominantemente masculinas en empresas en las que no existan, de manera que puedan completar el proceso destinado a garantizar la equidad en la remuneración. El reglamento entró en vigor en mayo de 2005.
382.En 2004 se modificó el artículo 11 de la Ley de equidad en la remuneración a fin de permitir a un empleador y varias asociaciones acreditadas concluir un acuerdo para establecer un programa distinto de equidad en la remuneración para los empleados representados por esas asociaciones acreditadas.
383.El 9 de enero de 2004, el Tribunal Superior declaró inconstitucional el capítulo IX de la Ley de equidad en la remuneración. Este capítulo de excepciones permitía a los empleadores eximirse del proceso destinado a garantizar la equidad en la remuneración si la empresa podía alegar que ya había completado un programa destinado a garantizar la equidad en la remuneración o la correspondencia de los sueldos antes de la entrada en vigor de dicha ley en noviembre de 1996. Esta decisión invalida todas las exenciones concedidas por la Comisión en virtud del capítulo IX a las empresas afectadas por este recurso. Por consiguiente, las empresas afectadas tendrán que ajustarse al régimen general de la Ley de equidad en la remuneración.
Artículo 6 - El derecho a trabajar
384.A lo largo de los últimos diez años, en Quebec se ha producido un crecimiento constante del número de empleos muy cualificados, que han aumentado en más de un 25%. En la actualidad, uno de cada tres empleos es altamente cualificado.
385.Al final del período comprendido entre 2000 y 2004, la tasa de desempleo era del 8%, y continuaban las disparidades entre las distintas regiones de Quebec. La población activa alcanzó por primera vez los 4 millones de personas, un 46% de las cuales son mujeres.
386.En mayo de 2002, el Gobierno de Quebec adoptó la Política de educación de adultos y formación continua y un plan de acción para establecer una cultura de enseñanza continua para el período 2002-2007. Se ha procurado aumentar la formación básica de los segmentos menos escolarizados de la población, así como la formación continua relacionada con el trabajo y el aprendizaje en el lugar de trabajo. Se han adoptado medidas específicas dirigidas a determinados grupos de la población, por ejemplo los jóvenes. Empleo-Quebec, el organismo oficial de empleo, ha aplicado estrategias específicas para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras, las personas con discapacidad, los trabajadores de 45 años o más y los inmigrantes.
387.Desde 2003, Empleo-Quebec también ha venido ofreciendo un servicio automatizado, de colocación en línea, para cotejar las ofertas y las demandas de trabajo. Este servicio beneficia tanto a los empleadores como a las personas que buscan trabajo. También puede obtenerse información sobre el mercado de trabajo en Internet, que ayuda a los jóvenes a elegir una carrera. Estos dos sitios han resultado tener mucho éxito.
388.La Ley de garantía del ingreso, asistencia al empleo y solidaridad social se modificó para establecer que los "Programas individualizados de integración" se sometan a normas mínimas de trabajo, sin perjuicio de las exenciones reglamentarias establecidas.
389.En 2002 se aprobó una ley para promover el establecimiento de un plan de jubilación para los empleados de los servicios de guardería.
390.Durante el período en cuestión, la Ley sobre normas laborales se modificó en varias ocasiones a fin de prohibir que los niños realicen un trabajo desproporcionado respecto de sus capacidades o que pueda perjudicar su educación, su salud o su desarrollo, y reconocer el derecho de todo empleado a un entorno de trabajo libre de hostigamiento psicológico y a presentar una denuncia para que se respete ese derecho.
Equidad en el empleo y diversidad en el lugar de trabajo
391.La Ley de igualdad de empleo en los organismos públicos, que entró en vigor el 1º de abril de 2001, está destinada a las organizaciones públicas con 100 empleados o más en el sector municipal y en los servicios de educación, salud y sociales, así como en otros órganos públicos, como los organismos gubernamentales, las instituciones de enseñanza postsecundaria y el departamento de seguridad de Quebec para sus efectivos policiales. Al 31 de marzo de 2004, 617 organizaciones estaban sujetas a la ley. Su primera obligación consistía en realizar un análisis de su personal para determinar el número de personas perteneciente a cada grupo contemplado en la ley, es decir: mujeres, población aborigen, minorías visibles y minorías étnicas.
392.Al 31 de marzo de 2004, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud había recibido 564 análisis de personal. La Comisión informó a 185 organizaciones de que el número de empleados miembros de un grupo determinado no reflejaba la representación de personas competentes pertenecientes a ese grupo en la zona de contratación aplicable. Estas organizaciones tienen ahora la obligación de elaborar un programa de acceso a la igualdad y presentarlo a la Comisión en un plazo de 12 meses.
393.Desde 1989, 240 empresas de más de 100 empleados que han obtenido del Gobierno de Quebec contratos o subvenciones de más de 100.000 dólares están obligadas a elaborar un programa de acceso a la igualdad. De todas ellas, 14 han incumplido su obligación y han sido multadas por el Gobierno: no podrán licitar por un contrato ni solicitar una subvención mientras no respeten los términos de su compromiso inicial. Al 31 de marzo de 2004, 175 empresas estaban obligadas a establecer un programa de acceso a la igualdad.
394.Entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de marzo de 2004, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud investigó 2.543 denuncias de discriminación en la esfera del trabajo. Los motivos de discriminación más invocados en estas denuncias fueron la discapacidad, el sexo, la raza, el color o el origen étnico o nacional y la edad. Los casos más frecuentes de discriminación se dieron en los despidos, las contrataciones y las condiciones de trabajo. Durante este período se cerró un gran número de casos durante la investigación tras un acuerdo libremente negociado por ambas partes. Estos acuerdos se producían en forma de una indemnización económica, la cesación del acto infractor o una medida correctiva. Durante ese mismo período, la Comisión llevó 71 casos ante los tribunales y se dictaron 43 sentencias.
Personas con discapacidad
395.En 2004, la Asamblea Nacional inició una revisión de la legislación relativa a las personas con discapacidad, en particular la ley destinada a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a fin de lograr su integración social, escolar y profesional, para promover la creación de programas de capacitación y formación encaminados a mejorar la integración académica, profesional y social de las personas con discapacidad. También se modificó la Ley de igualdad de empleo en los organismos públicos a fin de añadir el grupo de personas con discapacidad a los grupos incluidos en la ley. Esta medida entrará en vigor el 17 de diciembre de 2005.
Artículo 8 - Derechos sindicales
396.La creación en 2001 de la Comisión de Relaciones Laborales simplificó las vías de recurso en las relaciones laborales colectivas y redujo el tiempo de espera, en particular en lo que respecta a la acreditación. Estas medidas repercutirán positivamente en la libertad de asociación, garantizada en el artículo 3 de la Carta de Derechos y Libertades, y en el derecho a unas condiciones de trabajo justas y razonables, reconocido en el artículo 46 de la misma Carta.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
397.Las medidas de ayuda a los ingresos están cada vez más orientadas a promover la independencia económica y social de las personas y las familias. Esas medida alientan a las personas a participar en actividades que favorecerán su inserción social, su integración en el mundo laboral y su participación en la sociedad. Entre enero de 2000 y diciembre de 2004, el número de beneficiarios de asistencia social disminuyó un 11,9%. Este descenso puede deberse a la mejora de la situación económica durante el período objeto de estudio y a las políticas y medidas públicas de promoción de la integración en el mundo laboral. La prestación media de asistencia social pasó de 593 dólares en 2000 a 667 dólares en 2004. Al 31 de marzo de 2004, el Gobierno de Quebec sostenía a 398.040 beneficiarios adultos de 354.624 familias. En el ejercicio 2003-2004 se gastaron más de 3.000.000.000 de dólares en medidas de ayuda financiera, incluidos el Programa de ayuda al empleo, el Fondo comunitario de ayuda a la acción y el Fondo de Quebec para financiar iniciativas sociales. El derecho a la seguridad social se vio reforzado por la aprobación de la Ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social. La asistencia social se mejoró principalmente en 2003 por la indexación de las prestaciones y las modificaciones legislativas y reglamentarias, en particular la supresión de la reducción de las prestaciones para las personas que comparten vivienda.
398.En 2004, el Gobierno anunció que, a partir de enero de 2005, la prima laboral sustituiría al Programa de ayuda al salario de los padres (PWA). A diferencia del programa PWA, la prima laboral es un crédito fiscal que puede obtenerse al realizar la declaración anual de la renta. Pueden acceder a ella todos los trabajadores de ingresos bajos y medios, independientemente de sus activos o del hecho de tener hijos. En teoría, 536.000 familias podrían beneficiarse de la prima laboral, en comparación con las 30.000 familias que se beneficiaban del programa PWA. Además, la prima laboral es más compatible con otros programas de ayuda a los ingresos.
399.El Plan individualizado de integración, formación y empleo está destinado a las personas que buscan trabajo, indistintamente de que reciban asistencia al empleo, un seguro de empleo u otra ayuda a los ingresos. Este programa permite elaborar un itinerario personalizado de búsqueda de empleo mediante la elección del mejor modo de regresar al trabajo y ofrece la ayuda necesaria para lograrlo. El Plan permite beneficiarse de más de una medida o servicio de empleo. Un análisis realizado entre el 1º de abril de 2003 y el 31 de marzo de 2004 entre usuarios del servicio público de empleo indicó que el 41% utilizó el Plan individualizado para volver al trabajo, lo que representa no menos del 70% de todas las actividades realizadas por los miembros del grupo examinado. Entre los que utilizaron el Plan individualizado, un 38% recibían prestaciones de asistencia al empleo, un 43% eran beneficiarios de prestaciones de seguro de empleo y un 19% no recibían ninguna ayuda pública a los ingresos. Una evaluación de las principales medidas de empleo que ofrece un Plan individualizado indica que los resultados son mucho más patentes en el caso de las personas más alejadas del mercado de trabajo, en particular los receptores de asistencia al empleo. Estas personas obtuvieron los mejores resultados tanto en lo que respecta al trabajo y los ingresos como en calidad de vida.
Prestaciones familiares
400.En el ejercicio 2000-2004, el Gobierno de Quebec dejó de reducir las prestaciones familiares de Quebec por una suma equivalente al aumento de la inversión del Gobierno federal en la prestación nacional por hijos a cargo. En el presupuesto para 2004-2005, el Gobierno de Quebec anunció la reforma del programa de ayudas familiares directas mediante un nuevo crédito fiscal reembolsable para el cuidado de los hijos. Este crédito fiscal sustituye al programa de prestaciones familiares, el crédito fiscal no reembolsable para los hijos a cargo y la deducción fiscal para las familias. Mediante esta medida, el Gobierno invierte 547 millones de dólares adicionales para los hijos menores. Las familias de ingresos bajos y medios se beneficiarán de un aumento considerable de sus ingresos disponibles.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
401.Quebec no participa en el Marco Multilateral para los parvularios y guarderías. Sin embargo, en 1997 creó, a partir de las guarderías sin fines de lucro y los organismos de cuidado de los niños ya existentes, una red de parvularios que ofrecen servicios de guardería educativa para niños de 4 años o menos. Los servicios tenían un precio reducido para la población general y eran gratuitos para los padres beneficiarios de prestaciones de asistencia social. En 1997 había 82.000 plazas, mientras que en 2005 la red de parvularios cuenta con 187.000 plazas a tarifa reducida. El objetivo es alcanzar las 200.000 plazas en 2006.
402.En 1999 se aprobó la Ley de reforma de diversas disposiciones legislativas sobre las parejas de hecho. Modificó leyes y reglamentos relativos a la definición de una pareja de hecho para que las uniones de hecho fueran reconocidas indistintamente del sexo de las personas.
403.Aprobada en 2002, la Ley de institución de las uniones civiles y de establecimiento de nuevas normas en materia de filiación creó una nueva institución, la unión civil, para las parejas homosexuales y heterosexuales que desean comprometerse públicamente a compartir su vida y respetar los derechos y obligaciones que ello entraña (véase el Quinto informe periódico del Canadá relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En 2004 se modificaron determinadas disposiciones del Código Civil de Quebec para que las parejas que hayan constituido una unión civil puedan continuar su vida en común bajo el régimen matrimonial y el celebrante esté autorizado a casarlos pese al vínculo que ya los une.
404.En 2004 se aprobó la Ley de reforma del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil respecto de las pensiones alimentarias a fin de garantizar un trato más igualitario para todos los niños.
405.El Programa nacional de salud pública 2003-2012 y, en la esfera de la juventud, la Estrategia de actuación en favor de los jóvenes en situación de riesgo y sus familias (2002), destacan la importancia de la intervención temprana y preventiva, en particular respecto de los más desfavorecidos, y la necesidad de aprovechar las competencias de las personas y los recursos de las comunidades locales. Otras medidas destacables de protección de la juventud son la adopción de las Orientaciones gubernamentales y el Plan de Acción relativo a la agresión sexual (2001), así como el Acuerdo Multisectorial para los niños víctimas de abusos sexuales o maltrato físico o de una falta de cuidados que ponga en peligro su salud física (2001). Los acuerdos de complementariedad de servicios favorecen el desarrollo de los niños. Por ejemplo, el acuerdo de complementariedad de servicios entre la red de servicios sociales y de salud y la red de servicios educativos aborda todos los aspectos de la intervención en lo que respecta al desarrollo de los jóvenes, por ejemplo la promoción de la salud y el bienestar, la educación, la prevención y los servicios de adaptación y rehabilitación. El acuerdo marco entre los parvularios y los centros locales de servicios comunitarios tiene por objetivo estructurar y armonizar mejor los servicios de guardería educativa, los servicios de salud y los servicios sociales destinados a los niños y sus familias, en particular los más vulnerables o los más desfavorecidos.
406.En 2001 se aprobó la Ley de seguro parental. En virtud de esta ley, se creó un sistema que ofrece a todos los trabajadores con derecho a ello prestaciones de maternidad, de paternidad y parentales por el nacimiento de un hijo, así como prestaciones por la adopción de un menor.
407.A fin de garantizar la entrada en vigor de esta ley, en mayo de 2004 el Gobierno del Canadá y el Gobierno de Quebec concertaron un acuerdo de principios sobre el Plan de seguro parental de Quebec (QPIP), por el que el Canadá acuerda reducir parcialmente las primas de seguro de empleo para que Quebec pueda aplicar y financiar una parte de su nuevo sistema. El Plan de seguro parental sustituirá a las prestaciones de maternidad, parentales y de adopción pagadas en el marco del programa federal de seguro de empleo. El sistema de Quebec es más inclusivo que el sistema federal, puesto que hace extensivo este derecho a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores asalariados que no han acumulado 600 horas de trabajo asegurables. Ofrece un tipo de prestaciones más elevado y cubrirá unos ingresos asegurables máximos más altos. Por último, el Plan creará una prestación de paternidad de hasta cinco semanas de duración reservada exclusivamente al padre.
408.Se han realizado dos estudios importantes sobre los servicios de guardería. Uno, elaborado por el Instituto de Estadística de Quebec en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, se titulaba "Grandir en qualité" (Crecer con calidad). El otro se realizó como parte de un estudio longitudinal sobre el desarrollo de la infancia en Quebec. Los resultados son similares: la calidad de la atención ofrecida en los parvularios es superior a la de los cuidados que ofrecen las guarderías privadas.
409.En 2004, el Gobierno de Quebec publicó su Plan de mejora continua de los servicios de guardería educativa, que tiene dos aspectos principales:
·Un compromiso con la calidad asumido por todas las guarderías para determinar las medidas necesarias para mejorar la calidad, informar a los padres acerca de esas medidas y rendirles cuentas sobre el logro de sus objetivos.
·Un sistema de certificación (formula ISO) basado en la experiencia del Consejo de certificación de Quebec.
410.El Gobierno también ha elaborado un conjunto de guías para los servicios de guardería sobre cuestiones como la seguridad, la salud y la educación infantil.
Un Quebec digno de los niños
411.El plan de acción Un Quebec digno de los niños da seguimiento al período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la infancia, celebrado en Nueva York en mayo de 2002. En su plan de acción, el Gobierno de Quebec establece sus prioridades para los próximos diez años a fin de mejorar el apoyo a la salud, el bienestar, el desarrollo y el éxito de los niños. El objetivo último de las medidas anunciadas en el plan es ofrecer un entorno en el que todos los niños tengan las mismas oportunidades de realizarse.
Violencia doméstica
412.Las Orientaciones gubernamentales relativas a la agresión sexual y el plan de acción aprobados en 2001 contienen medidas en favor de las víctimas de agresión sexual, que en su mayoría son mujeres y niños. Más del 85% de las víctimas conoce a su agresor. La inmensa mayoría de los agresores sexuales son hombres. Se han señalado más de 60 medidas. Estas Orientaciones gubernamentales reafirman el carácter socialmente inaceptable y la naturaleza criminal de esta forma de violencia contra las personas. Mejoran la respuesta a las muchas necesidades de los niños y adultos víctimas de agresión sexual y allanan el camino hacia una actuación concertada del Gobierno.
413.En 2004, el Gobierno de Quebec hizo público su Plan de Acción Gubernamental 2004‑2009 sobre la violencia doméstica. Este plan de acción revisará la política de intervención en los casos de violencia doméstica, Prevención, Detección, Intervención, adoptada en 1995. El plan de acción se compromete a adoptar 72 medidas, más de la mitad de las cuales son nuevas. Se prestó atención especial a la elaboración de medidas que acordaban prioridad a la seguridad y la protección de las víctimas, en particular los jóvenes más vulnerables a la violencia doméstica, como las mujeres jóvenes, las mujeres aborígenes, las mujeres con discapacidad, las mujeres inmigrantes y las mujeres pertenecientes a comunidades étnicas. El plan de acción reúne los recursos de más de diez organizaciones y departamentos.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
Medidas para reducir la pobreza
414.En 2002, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social, cuyo objetivo es alentar al Gobierno y a toda la sociedad de Quebec a planificar y aplicar medidas para luchar contra la pobreza, eliminar sus causas, reducir sus efectos en las personas y las familias, hacer frente a la exclusión social y trabajar por un Quebec sin pobreza. Esta ley dio lugar a la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social, cuyo objetivo primordial es reducir progresivamente, de aquí a 2013, la pobreza en Quebec al nivel de las naciones industrializadas con menos pobreza. A fin de lograr este objetivo, en abril de 2004 se hizo público un plan de acción gubernamental para luchar contra la pobreza y la exclusión social. El plan de acción quinquenal se centra en cuatro objetivos principales: mejorar el bienestar de las personas que viven en la pobreza; prevenir la pobreza y la exclusión social mediante el desarrollo del potencial de las personas, alentar a la sociedad en su conjunto a que se comprometa a reducir la pobreza; y garantizar la constancia y coherencia de las medidas adoptadas. Se ha previsto una inversión de 2.500.000.000 de dólares en cinco años para aplicar medidas encaminadas a mejorar de forma significativa los ingresos disponibles y las condiciones de vida de las familias con bajos ingresos. Quebec elaborará un informe anual y un informe quinquenal sobre las actividades realizadas en el marco del plan de acción gubernamental.
Derecho a una vivienda adecuada
415.Entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de marzo de 2004, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud investigó 551 denuncias de discriminación en el ámbito de la vivienda. Los motivos de discriminación citados con más frecuencia fueron la raza, el color, el origen étnico o nacional, así como la edad y la condición social. En este período se cerró un gran número de casos durante la investigación tras un acuerdo libremente negociado por ambas partes. Durante ese mismo período, la Comisión llevó 30 casos ante los tribunales y se dictaron 18 sentencias.
Personas sin hogar
416.A lo largo de los últimos años, se han puesto en marcha más de 300 proyectos de construcción, prevención, alojamiento temporal y reinserción social y profesional para ayudar a las personas sin hogar. Estos proyectos se apoyaron en gran medida en la financiación federal de la Iniciativa de apoyo a la colaboración entre comunidades.
417.El 12 de marzo de 2002, el Tribunal Administrativo de Quebec (TAQ) dictó una decisión por la que se ofrecía una ayuda financiera de último recurso a las personas sin hogar e itinerantes que antes no tenían derecho (C.R. c. Quebec (Ministre de la Solidarité sociale), [2002] T.A.G. 737 (T.A.G.).
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
418.El 15 de septiembre de 2004, los Primeros Ministros del Canadá acordaron un plan de diez años destinado a mejorar la atención de la salud (véase la introducción al presente informe). Quebec concluyó con el Canadá un acuerdo bilateral titulado "Federalismo asimétrico respetuoso de las competencias de Quebec". Con arreglo a este programa, Quebec suscribe globalmente los objetivos y principios generales establecidos en el plan de diez años, pero ejercerá sus propias responsabilidades respecto de la planificación, organización y gestión de los servicios de salud.
419.En lo que respecta a la capitalización, en el último quinquenio el Gobierno de Quebec ha realizado unos gastos de capitalización por un total de 4.530 millardos de dólares, lo que supone un promedio anual de 906 millones de dólares.
420.En cuanto al funcionamiento, el Gobierno de Quebec ha invertido sumas importantes en el desarrollo de los servicios destinados a la población de Quebec, además de los costos derivados del aumento normal de los gastos que debe absorber el sistema de salud, como el aumento de los salarios, el gasto energético y el mantenimiento de los edificios. Por tanto, desde 2000 se han añadido casi 900 millones de dólares para mejorar el acceso y la calidad de los servicios ofrecidos a los diversos grupos de clientes. Se realizaron importantes inversiones en la esfera de la atención primaria de la salud, la prevención y los servicios para la tercera edad. Estas inversiones también se dirigen a los jóvenes y las personas con una discapacidad física o intelectual.
421.La creación de redes locales de servicios de salud y servicios sociales constituye un proyecto organizativo y clínico destinado a acercar los servicios a la población y mejorar el acceso a la red de servicios de salud y sociales. La Ley sobre la administración pública, aprobada en 2001, instauró un nuevo marco de gestión centrado en los resultados y en una mayor responsabilidad. Esta nueva exigencia de gestión basada en los resultados dio lugar a la aplicación de nuevas disposiciones que modificaron la Ley sobre los servicios de salud y los servicios sociales e introdujeron acuerdos de gestión y de responsabilidad entre el Ministerio y los organismos de desarrollo de redes locales de servicios de salud y servicios sociales.
422.La Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud ha participado en varios estudios. En uno se examinó la dimensión psicológica de las numerosas denuncias de hostigamiento que ha recibido, y en el otro, realizado en colaboración con la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, se examinó la cuestión del trabajo de transición y sus posibles efectos nocivos para la salud psicológica.
423.La Ley de salud pública, aprobada en 2001 para hacer frente a las emergencias y amenazas contra la salud pública, especifica las facultades de investigación e intervención de las autoridades de salud pública. También se estableció una declaración ministerial de emergencia sanitaria y las obligaciones derivadas de esa declaración, y disposiciones para determinar las nuevas enfermedades de declaración obligatoria y facilitar el anuncio de las amenazas para la salud.
424.Se han elaborado planes de intervención en los casos de enfermedades emergentes como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el virus del Nilo Occidental y la pandemia de gripe. En el caso del virus del Nilo Occidental, se aprobó una legislación de emergencia por la que se especifica la obligación de que la Asamblea Nacional apruebe planes anuales a fin de ajustarse a las exigencias ambientales en el uso de larvicidas.
Población aborigen
425.El Gobierno de Quebec asumirá la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud y los servicios sociales para las naciones cree, inuit y naskapi, con las que Quebec ha firmado acuerdos. En lo que respecta a las demás comunidades aborígenes, el Gobierno federal ofrece, directamente o mediante los consejos de banda, servicios de salud y servicios sociales.
426.Las autoridades regionales en materia de servicios de salud y servicios sociales se aseguran de que las tres naciones aborígenes respeten las principales orientaciones y prioridades del departamento y que han elaborado un plan estratégico que aborda las cuestiones y prioridades específicas de cada nación. Uno de los principios subyacentes de la actuación del Gobierno es la consolidación de unos servicios de salud y sociales mejor adaptados a la cultura de las naciones aborígenes y que atiendan las necesidades señaladas.
427.Más concretamente durante el período en cuestión, el 31 de marzo de 2005, el Gobierno de Quebec y la nación cree firmaron un acuerdo complementario sobre la aplicación del capítulo 14 del Acuerdo de la Bahía de James, relativo a la salud. Este acuerdo prevé un marco financiero que incluye inversiones adicionales en estas esferas.
428.Por último, el Gobierno de Quebec ha realizado un estudio sobre el estado de salud de la población inuit cuyos resultados se publicarán en el otoño de 2005.
Personas con discapacidad
429.En lo que respecta a la discapacidad intelectual, la política titulada De la integración social a la participación social, publicada en junio de 2001, tiene por objeto el funcionamiento de una red de servicios integrados que ofrezca a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y a otras personas de su entorno la gama de servicios que necesitan. Esta red les facilitará instrumentos para sostener el desarrollo óptimo de su potencial y su integración social, en colaboración con los distintos actores de la comunidad. La política también reconoce que es esencial mejorar el apoyo a las familias de los intelectualmente discapacitados y a las otras personas que les dispensan cuidados y fortalecer la colaboración intersectorial. Asimismo, el documento titulado Un gesto de esperanza - Servicios para las personas que padecen trastornos generalizados del desarrollo, sus familias y allegados, publicado en febrero de 2001, actualiza las propuestas de 1998 y establece un nuevo plan de acción.
430.En cuanto a la discapacidad física, en noviembre de 2003 se publicó el documento titulado Para una participación real en la vida comunitaria - Orientaciones ministeriales relativas a la discapacidad física: Objetivos para 2004-2009. En él se abordan todos los elementos que constituyen el conjunto de servicios destinados a los físicamente discapacitados. Las orientaciones promueven la participación plena y completa de las personas con discapacidades significativas y persistentes en la vida comunitaria.
Jóvenes
431.En 2002 se adoptó la Estrategia de actuación para los jóvenes con problemas y sus familias. Esta estrategia incluye el Programa de apoyo a los padres jóvenes, la prestación de una gama completa, común y continua de servicios psicosociales dirigidos a los jóvenes y sus familias por parte de todos los centros locales de servicios comunitarios y la evaluación y aplicación de las medidas que figuran en la Ley de protección de la juventud.
Artículo 13 - Derecho a la educación
432.En Quebec, la financiación de las escuelas depende del carácter público o privado del establecimiento de enseñanza. El carácter confesional de todos los establecimientos públicos de enseñanza primaria y secundaria se abolió en 2000, poco después de la creación de las juntas escolares lingüísticas. La visión educativa de las escuelas debe respetar la libertad de conciencia y religión de los alumnos, los padres y los miembros del personal. Una escuela pública no puede adoptar una visión particular de carácter religioso, indistintamente de la religión de que se trate.
433.Los establecimientos de enseñanza privada, sean francófonos, anglófonos o denominados de otro modo, se gestionan con arreglo a las disposiciones de la Ley sobre la enseñanza privada. Estos establecimientos sólo obtienen un permiso de escuela privada si cuentan con recursos humanos adecuados, en particular maestros cualificados; se ajustan a las disposiciones del régimen pedagógico de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria; y tienen suficientes recursos materiales y financieros. No se reconoce ninguna escuela privada en función de su carácter religioso. Para obtener financiación, una escuela privada debe estar reconocida por el Departamento de Educación.
434.Sólo las tradiciones católica y protestante se benefician de la enseñanza de su religión en el sistema escolar, gracias a las disposiciones de la Carta de Derechos y Libertades de Quebec, y en particular a la cláusula de salvedad de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, que no puede invocarse para un período superior a cinco años cada vez.
435.El 4 de mayo de 2005, el Departamento de Educación anunció que el Gobierno recurriría a la cláusula de salvedad de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá y de la Carta de Derechos y Libertades de Quebec por un período limitado de tiempo, a saber de julio de 2005 a 2008. A partir del otoño de 2008, se ofrecerá un programa único de ética y cultura religiosa a los alumnos de enseñanza primaria y secundaria, que sustituirá a los programas actuales de enseñanza de religión católica y protestante y los de educación moral. A este fin, el 15 de junio de 2005, la Asamblea Nacional adoptó la Ley de modificación de diversas disposiciones legislativas de carácter confesional en materia de educación.
436.Durante el período de que se trata se modificó varias veces la Ley de contribución financiera a los gastos de educación, a fin de introducir mejoras generales en el sistema y ofrecer los programas de ayuda financiera, no sólo a los ciudadanos canadienses y los residentes permanentes, sino también a las personas reconocidas jurídicamente como refugiados en el sentido de la Convención o como personas que tienen necesidad de protección.
NUEVA BRUNSWICK
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
437.En junio de 2004, la Asamblea Legislativa de Nueva Brunswick aprobó una enmienda por la que se añadían "la convicción y la actividad política" y "la condición social" a los motivos por los que se prohíbe discriminar con arreglo a la Ley de derechos humanos de Nueva Brunswick. La enmienda, que entró en vigor el 31 de enero de 2005, incluye una definición de condición social y establece una excepción con respecto a la discriminación basada en la condición social que sea necesaria o esté permitida por una ley del poder legislativo. A pesar de lo dispuesto en la ley, se permitirá aplicar una limitación, especificación, exclusión, denegación o preferencia por motivos de condición social prevista o autorizada por una ley.
438.La condición social se define como la pertenencia a "un grupo socialmente identificable que sufre desventajas sociales o económicas en función de su fuente de ingresos, ocupación o nivel de educación".
439.Aunque es muy pronto para evaluar las consecuencias de estas enmiendas, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Brunswick no cree que vayan a influir en el número de casos y ha publicado dos directrices en las que explica la aplicación de estos dos nuevos motivos por los que se prohíbe discriminar, y que pueden consultarse en su sitio web en:
·http://www.gnb.ca/hrc-cdp/e/Guideline-Political-Belief-Activity-Discrimination-New‑Brunswick.pdf.
·http://www.gnb.ca/hrc-cdp/e/Guideline-Social-Condition-Discrimination-New‑Brunswick.pdf.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
440.En los últimos años la legislación vigente en Nueva Brunswick sobre la equidad de remuneración prácticamente no ha surtido efecto. La Delegación de la Dirección de Condiciones de Empleo en Nueva Brunswick realizó cinco investigaciones desde 2001. Sin embargo, en los últimos años no se ha invocado ante la junta la disposición que establece igual salario por trabajo igual incluida en la Ley sobre las condiciones de empleo de Nueva Brunswick.
441.En julio de 2002, Nueva Brunswick organizó una mesa redonda sobre las disparidades salariales, a fin de que examinara el problema en conjunto e identificara sus causas y posibles soluciones. La mesa redonda presentó su informe final en diciembre de 2003. La reducción de las disparidades salariales de Nueva Brunswick como imperativo económico recomendaba que el Gobierno estableciera un plan de acción quinquenal de medidas voluntarias y un marco de evaluación para medir los cambios que fueran produciéndose. El Gobierno aprobó el informe y se está preparando el plan de acción.
442.En 2004, el salario medio de las mujeres en la Parte I de la función pública de Nueva Brunswick representaba el 98,1% del percibido por los hombres. Esto significa que los salarios de las mujeres aumentaron un 0,9% desde 2003. En 2004, la disparidad salarial en Nueva Brunswick era del 15,5%, tomando como referencia el salario horario medio.
Artículo 6 - Derecho a trabajar
443.Entre 2000 y 2004, Nueva Brunswick introdujo cambios significativos en la estructura de su oferta de programas de empleo, abandonando un planteamiento centralizado en favor de un modelo de prestación más centrado en la región y en el cliente. También se transformaron los programas y servicios de empleo para poder aplicar un sistema estandarizado de gestión de expedientes y de asesoramiento profesional. Los cambios se orientaron a lograr programas y servicios más centrados en los clientes y a ayudar a éstos a conseguir un empleo sostenible a largo plazo.
444.Durante ese tiempo, Nueva Brunswick atendió a más de 90.000 clientes en la esfera del empleo, ayudando a encontrar trabajo a más de 60.000 personas. Se prestaron a los clientes más de 130.000 servicios (por ejemplo, asesoramiento laboral, búsqueda de empleo, redacción de currículum), de los que más de 57.000 entrañaron el desarrollo de las aptitudes o prácticas profesionales.
445.En cooperación con otros departamentos provinciales y federales se elaboraron y aplicaron nuevas estrategias colaborando con las empresas y las comunidades cuando fue posible. Las estrategias conciernen a los beneficiarios de la asistencia social, a los trabajadores de edad, los inmigrantes, los indígenas, los trabajadores de temporada, las mujeres, los diplomados de la enseñaza postsecundaria y los jóvenes. Durante este período estaban en curso varias iniciativas de empleo, y se prevé proseguir la labor en todas las esferas.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
446.La Alocución del Trono de Nueva Brunswick de diciembre de 2004 incluía el compromiso de aumentar las prestaciones de asistencia social. Éstas aumentarán un 6% en tres años: 1% en mayo de 2005, 1% en octubre de 2005, 2% en octubre de 2006 y 2% en octubre de 2007.
447.En octubre de 2000 se estableció un Suplemento por discapacidad de 250 dólares anuales, que se aumentó en 250 dólares anuales hasta alcanzar 1.000 dólares anuales en octubre de 2003.
448.En Nueva Brunswick, el número de expedientes de asistencia social disminuyó de 28.200 en diciembre de 2000 a 25.400 en diciembre de 2004.
Prestaciones familiares
449.Nueva Brunswick sigue abonando a los beneficiarios de la asistencia social la prestación nacional por hijos a cargo. Ello ha incrementado los ingresos a disposición de las familias más pobres y ha permitido además que Nueva Brunswick lograra nuevos mínimos en el número de personas beneficiarias de la asistencia social.
450.Nueva Brunswick introdujo un programa de prestaciones prenatales para las embarazadas con bajos ingresos en el marco de sus inversiones en el desarrollo de la primera infancia. A partir de la decimocuarta semana de embarazo, las futuras madres con ingresos familiares netos inferiores a 21.000 dólares tienen derecho a percibir una prestación económica máxima de 81,44 dólares mensuales. Se pretende así mejorar la salud de las embarazadas con ingresos bajos y las de sus recién nacidos.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
451.En virtud de modificaciones de la Ley sobre las condiciones de empleo se amplió a 17 semanas la licencia por maternidad, y la licencia para el cuidado de hijos para uno o ambos progenitores se amplió a un total acumulado de 37 semanas. También se añadió a la ley la licencia por familiares a cargo, que garantiza el empleo durante una licencia de un máximo de tres días para ocuparse de la salud, el cuidado o la educación de un familiar cercano del empleado. Se introdujo la licencia por razones humanitarias que prevé un máximo de ocho semanas para que un empleado pueda atender a un familiar directo gravemente enfermo.
452.Durante el período de que se informa, los fondos del programa de desarrollo de la primera infancia se destinaron a prestar mayor ayuda financiera a fin de aumentar el número de plazas disponibles para la intervención temprana, para integrar los servicios de guardería y reducir las correspondientes listas de espera. Gracias a estos fondos Nueva Brunswick pudo también poner a disposición de los trabajadores con hijos con necesidades especiales servicios integrados de guardería a tiempo completo, en el marco del Programa de ayuda al trabajador.
453.Se utilizaron asimismo fondos del Programa de la primera infancia para mejorar los servicios de guardería. El Programa de Ayuda a la Financiación de la Mejora de la Calidad presta asistencia financiera a las guarderías para que incrementen la cantidad y la calidad de las prestaciones. Además, la iniciativa de formación es un esfuerzo conjunto del Gobierno provincial y el sector de las guarderías infantiles para identificar y solucionar las necesidades de formación y perfeccionamiento profesional de los empleados del sector de las guarderías infantiles.
454.A partir de septiembre de 2004, en virtud del Programa de ayuda a las guarderías, Nueva Brunswick aumentó de 15.000 a 22.000 dólares el límite de los ingresos familiares que permite optar a una ayuda para guardería a tiempo completo. Además, la cuantía del subsidio aumentó en 3,50 dólares diarios para el cuidado a tiempo completo y en 1,50 dólares para los niños en edad escolar, quedando en 22 dólares diarios para los niños menores de 2 años, 20 dólares diarios para los niños de más de 2 años y 10 dólares diarios para el cuidado al salir de la escuela. Se prevé que Nueva Brunswick cree 1.500 plazas adicionales de guardería, haciéndolas más asequibles para las familias con ingresos bajos.
455.El último informe sobre la evolución de las inversiones y los resultados del Programa de desarrollo de la primera infancia de Nueva Brunswick puede consultarse en línea en www.gnb.ca/0017/children/ecd-e.asp. En la introducción del presente informe se aborda el Acuerdo de Desarrollo de la Primera Infancia.
La violencia doméstica
456.El Grupo Ministerial de Trabajo sobre la Violencia contra la Mujerfue creado en diciembre de 2000 para asesorar al Ministro de la Condición de la Mujer. Los consejos del Grupo de Trabajo quedaron esencialmente reflejados en el plan de acción trienal titulado Por un mundo mejor para la mujer. Algunos de sus logros destacados son:
·Todos los listines telefónicos de Nueva Brunswick incluyen una página con información sobre los malos tratos;
·Se efectuó una encuesta de conductas que servirá de referencia para evaluar los futuros cambios;
·Se compiló un directorio de servicios que se distribuyó a todos los médicos de familia, las oficinas regionales, los hogares de transición, etc.;
·Se han actualizado los protocolos aplicables en caso de malos tratos a mujeres, niños y a los adultos víctimas de malos tratos;
·Se ha impartido formación acerca de los protocolos sobre malos tratos a las mujeres a los proveedores de servicios, estatales y comunitarios, en toda la provincia;
·Se ha incrementado al 100% la financiación de los gastos de funcionamiento aprobados de los hogares de transición;
·Se han financiado programas de prevención para los jóvenes;
·Se facilita información acerca de los malos tratos en los servicios de acogida a inmigrantes de los centros más grandes (Saint-John, Fredericton y Moncton);
·Se ha abierto un nuevo sitio web de prevención de la violencia que incluye información sobre la prevención y los recursos contra la violencia en Nueva Brunswick.
457.En mayo de 2005 se inició el siguiente plan de acción "Por un mundo mejor para la mujer: avanzando 2005-2010" que supone una inversión de 7,6 millones de dólares.
458.En una segunda encuesta de conductas prevista para 2009 se evaluarán los efectos de las iniciativas incluidas en Por un mundo mejor para la mujer.
459.En diciembre de 2001, el Departamento de Servicios Familiares y Comunitarios inició el Programa de ayuda a la infancia (niños testigos de violencia doméstica), en el marco del cual se financia a un trabajador social infantil en cada casa de transición de la provincia. El objetivo perseguido es impedir el ciclo de violencia familiar intergeneracional. Se ofrecen a los niños en edad preescolar que se encuentran en hogares de transición actuaciones de crisis, estrategias basadas en juegos y actividades psicoeducativas para fomentar el desarrollo saludable del niño y ayudar a las madres a atender las necesidades de sus hijos.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
460.Según se indicó en relación con el artículo 9, en la Alocución del Trono de diciembre de 2004 se formuló el compromiso de incrementar las tasas de asistencia social, y en octubre de 2000 se estableció un Suplemento por discapacidad para los beneficiarios de la asistencia social con discapacidad reconocida.
NUEVA ESCOCIA
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
461.La Ley de derechos humanos prohíbe la discriminación por "fuente de ingresos".
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
462.En 2001, las mujeres de Nueva Escocia que trabajaban a tiempo completo ganaban, en promedio, 71,6 céntimos por cada dólar que ganaban los hombres empleados a tiempo completo. En 2003, las mujeres de Nueva Escocia ganaban el 69,1% de lo que ganaban los varones (para el conjunto de TODOS los trabajadores, la proporción es del 64,4%), trabajando unos y otras a tiempo completo, todo el año. El 35% de las empleadas remuneradas de la provincia ganaba menos de 10 dólares por hora en 2003, en comparación con el 22% de los empleados varones. Desde 1996, se ha registrado una disminución de la razón entre los ingresos de las mujeres y los de los hombres.
463.Las cuestiones relativas a las mujeres aborígenes se abordan en el contexto del Foro Tripartito de Mi'kmaq-Nueva Escocia. Por ejemplo, se realizó un estudio de la situación de las mujeres aborígenes en la artesanía que dio lugar a una propuesta y un plan para desarrollar las capacidades empresariales de las artesanas nativas. Se preparó un informe estadístico sobre las mujeres aborígenes de Nueva Escocia para organizar la labor de los diversos comités del Foro Tripartito. La Asociación de Mujeres Nativas de Nueva Escocia es socia en el proceso tripartito.
Artículo 6 - Derecho a trabajar
464.Cada año reciben ayuda al empleo más de 10.000 beneficiarios del subsidio de ingresos mínimos. El año pasado, el 43% de éstos participó en programas educativos o de formación, el 31% empezó a trabajar gracias a las ayudas y el 26% incrementó sus posibilidades de empleo realizando actividades de desarrollo profesional. Sólo el 25% de los beneficiarios necesita el subsidio íntegro.
Equidad en el empleo y diversidad en el lugar de trabajo
465.La Comisión de la Administración Pública se encarga de que en la función pública de Nueva Escocia se respete la equidad en el empleo. Según se indica más adelante, entre 2000 y 2005 disminuyó ligeramente el total de miembros de grupos de acción afirmativa en la función pública. En 2000, estos empleados representaban el 7,82% del total de funcionarios públicos; en 2005 representan el 7,24%.
|
Grupo de acción afirmativa |
2000 |
2005 |
|
Aborígenes |
49 |
49 |
|
Acadianos de origen africano |
200 |
187 |
|
Otras minorías visibles |
72 |
83 |
|
Personas con discapacidad |
471 |
400 |
466.En 2005 hay aproximadamente 6.481 mujeres en la función pública y a continuación se desglosa su distribución por categorías salariales.
|
Categoría salarial |
Número de mujeres |
Porcentaje de mujeres |
|
Administrativa |
1.676 |
93 |
|
Servicios de salud |
262 |
95 |
|
Técnica |
343 |
28 |
|
Profesional |
1.016 |
51 |
|
Gestión MCP * |
534 |
45 |
* Management Compensation Plan positions.
467.Aunque están subrepresentadas en algunas categorías profesionales, son mujeres el 45% de los empleados con régimen de remuneración de categoría de gestión. En 1993, las mujeres ocupaban solamente el 30% de estos puestos en la administración de Nueva Escocia.
468.La Comisión de la Administración Pública de Nueva Escocia creó la reserva de diversidad de talentos, el fondo de adaptación de la diversidad y la mesa redonda sobre la diversidad. En 2004-2005, se cambió el nombre del inventario de acción afirmativa ocasional, que proporcionaba a los miembros de los grupos definidos de acción afirmativa oportunidades ocasionales de incorporarse en la administración a nivel de comienzo de carrera, por el de reserva de la diversidad de talentos. Desde septiembre de 2004 se colocó a 24 miembros de grupos designados en puestos ocasionales de la administración pública. Se promueve la reserva de talentos como fuente idónea de candidatos a puestos ocasionales. Se ha dado a conocer la reserva a las organizaciones que representan a grupos designados y en las ferias de empleo del Centro Cultural Negro y el Mi'kmaq Friendship Centre. En 2005-2006, la reserva estará "en línea" para facilitar las solicitudes de grupos designados a todos los puestos de la administración.
469.Los solicitantes de empleo con discapacidad se enfrentan a problemas adicionales, como el acceso a medios técnicos y equipo, o el acondicionamiento del lugar de trabajo. El Fondo de Adaptación de la diversidad ayuda a la administración a contratar personas con discapacidad que puedan necesitar un lugar de trabajo adaptado.
470.La mesa redonda de valoración de la diversidad proporciona a la administración consejos estratégicos, información y conocimientos especializados. Concretamente, la mesa redonda proporcionará asesoramiento y orientación sobre: la política de acción afirmativa y su aplicación, las iniciativas e instrumentos para sostener la iniciativa en pro de la diversidad, modelos y metodologías que ayuden al Gobierno a poner en práctica planes de acción afirmativa y estudios del sistema de empleo.
Población aborigen
471.El Comité de Desarrollo Económico del Foro Tripartito Mi'kmaq-Nueva Escocia-Canadá propuso una serie de iniciativas tendentes a promover las capacidades aborígenes de empleo, por ejemplo, Open for Business, una iniciativa centrada en la juventud aborigen y en el desarrollo del espíritu y las técnicas empresariales. Además, la administración, por mediación del Comité de Desarrollo Económico, ha sostenido una Cumbre de Jóvenes Empresarios Aborígenes.
472.El 20 de noviembre de 2003, el Gobierno estableció un acuerdo con Michelin North America (Canada) Inc., el Gobierno del Canadá y los mi'kmaq de Nueva Escocia para incrementar la participación aborigen en la plantilla.
Personas con discapacidad
473.En abril de 2004, se firmó un nuevo acuerdo federal/provincial en sustitución de la iniciativa del Programa de readaptación profesional de los discapacitados. El nuevo acuerdo, el marco multilateral de fomento de los contratos laborales para las personas con discapacidad, garantizará que Nueva Escocia pueda seguir sosteniendo programas de actividad laboral para adultos con discapacidad mediante una amplia gama de programas y servicios más flexibles, que abarca desde el desarrollo de las aptitudes profesionales al fomento de la disposición para el empleo; desde el respaldo a la persona que trabaja hasta la garantía de que pueda seguir trabajando.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
474.Entre 2000 y 2005, el número de personas que recibían ayuda económica en Nueva Escocia descendió de 35.000 a 32.000. Sin embargo, el gasto total del programa aumentó debido a que se prestaron más servicios de apoyo, como formación, ayudas para medicamentos y necesidades especiales, ya que las personas que siguen percibiendo ayuda económica tienen más dificultades de empleo que requieren intervenciones múltiples de larga duración.
475.El Gobierno aumentó las tasas de asistencia social en 2004 y 2005, lo que representó un incremento bienal anualizado de 4,6 millones de dólares. Los adultos solos que pagan un alquiler recibirán 50 dólares mensuales adicionales mientras que los adultos solos hospedados recibirán 25 dólares adicionales al mes. A partir de octubre de 2005, el subsidio personal será de 190 dólares al mes y el subsidio de vivienda oscilará entre 260 y 535 dólares mensuales para las personas solas y entre 550 y 600 dólares mensuales para las familias.
476.En agosto de 2001, el Gobierno introdujo un nuevo Programa de ayuda al empleo y los ingresos, que supuso el cambio más importante del sistema de asistencia social de Nueva Escocia en más de 30 años. El programa cubre las necesidades básicas de la persona, alentándola y ayudándola a ser autónoma. Las personas que reciben asistencia establecen un plan personal en el que definen sus dificultades y ventajas ante el empleo y las medidas que necesitan tomar para encontrar trabajo. Otras mejoras son el aumento de las prestaciones para medicamentos, guardería de niños, transporte, artículos para el trabajo (por ejemplo, botas de trabajo), prestaciones integradas por hijo y formación.
Prestaciones familiares
477.El Gobierno de Nueva Escocia ha dado pasos importantes para solucionar la pobreza infantil en el marco de la prestación nacional por hijos a cargo (NCB) (Véase la introducción del presente informe). Nueva Escocia ha ampliado y reforzado los programas y servicios de ayuda a las familias con ingresos bajos. En 2002-2003, el gasto total de los programas NCB fue de 30,9 millones de dólares. Para más información acerca de las prestaciones por hijo de Nueva Escocia véase el quinto informe periódico del Canadá acerca del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
478.Nueva Escocia financia guarderías para promover el desarrollo saludable de los niños y ayudar a los padres trabajadores que las necesitan. En junio de 2005 hay aproximadamente 60.000 niños de 6 años o menores y aproximadamente 12.000 plazas de guardería autorizadas para niños de hasta 13 años cumplidos. Éstas incluyen aproximadamente 9.300 plazas a tiempo completo en 220 centros (105 sin fines de lucro y 115 comerciales), y 3.200 plazas a tiempo parcial en 148 centros (77 sin ánimo de lucro y 71 comerciales).
479.Desde 2001, Nueva Escocia ha aportado más de 77 millones en el marco de la iniciativa de desarrollo de la primera infancia. La financiación directa de guarderías reguladas en Nueva Escocia asciende a aproximadamente 19 millones al año. Nueva Escocia financia la guarda de niños por dos medios: los subsidios para guardería a familias necesitadas y la ayuda económica a las guarderías en forma de subvenciones o préstamos para infraestructuras a fin de ampliar las guarderías y cubrir los gastos de funcionamiento de los centros.
480.Se puede consultar el último informe sobre la evolución de las inversiones y los resultados del programa de desarrollo de la primera infancia en http://www.gov.ns.ca/coms/families/early_ childhood.html. En la introducción del presente informe figura información sobre el Acuerdo de desarrollo de la primera infancia.
Violencia doméstica
481.En abril de 2002, el Gobierno inició un proceso de redefinición de sus programas contra la violencia familiar (hogares de transición, centros de mujeres y programas de intervención para hombres). La respuesta del Gobierno establece un plan de trabajo con los proveedores de servicios para atender necesidades comunitarias específicas. Puede consultarse en línea en http://www.gov.ns.ca/coms/families/community_outreach.html.
482.El Gobierno financia nueve hogares de transición para mujeres y niños maltratados. Las estadísticas indican que ha disminuido el número de admisiones anuales de 1.037 en 1992‑1993 a 869 en 2002-2003; sin embargo, la violencia familiar sigue siendo un problema importante. En enero de 2004, se preparó un informe que puede consultarse en línea en http://www.gov.ns.ca/coms/families/pdf/Womens_Centres_Mens_Intervention_Program_ Jan 2004.pdf.
483.Con arreglo a la Ley de actuación contra la violencia doméstica, aprobada en 2003, las víctimas pueden obtener órdenes de protección de emergencia que salvaguardan su bienestar económico y físico. Puede tratarse de órdenes de 30 días, que establecen la posesión provisional del hogar o las cuentas bancarias, y órdenes que prohíben a un individuo todo contacto con la víctima.
484.Otras iniciativas del Gobierno son:
·La preparación de planes regionales para el otoño de 2005 relativos a centros para mujeres, programas de intervención para hombres y hogares de transición, con fines de extensión y de prestación de servicios de información;
·La constitución de un Comité Rector de Viceministros en materia de violencia doméstica, del que forman parte los Viceministros de los Departamentos de Justicia, Salud, Educación y Servicios Comunitarios;
·El Consejo Asesor sobre la Condición de la Mujer se ocupa de reducir la violencia contra la mujer en el ámbito comunitario, laboral y familiar.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
Medidas para reducir la pobreza
485.La lucha contra la pobreza requiere intervenciones en muchos frentes. La mayoría de las personas que perciben ayuda económica necesitan programas de alfabetización o de perfeccionamiento académico o profesional, y en esas necesidades se centran las ayudas al empleo de los servicios comunitarios. En 2004, el 43% de las personas que recibían servicios de ayuda participaron en programas educativos o de formación.
486.Se puede hallar información sobre el Programa de ayuda al empleo y los ingresos en la sección relativa al artículo 9.
487.En junio de 2004 se aumentó a 6,50 dólares por hora el salario mínimo de Nueva Escocia. En mayo de 2005 se volvió a aumentar a 6,80 dólares por hora. Se estima que en 2005 perciben el salario mínimo 21.900 trabajadores de Nueva Escocia. El aumento beneficiará a quienes más lo necesitan incrementando su ingreso bruto anual unos 624 dólares con el primer aumento y otros 728 dólares con el segundo.
Personas sin hogar
488.Con arreglo a las iniciativas de apoyo a la colaboración entre comunidades (SCPI) del Gobierno del Canadá, las organizaciones y organismos recibieron aproximadamente 6,6 millones de dólares durante la fase primera (1999-2002) de la iniciativa y para la segunda fase (2003‑2006) se asignaron a la provincia otros 6,5 millones. La Provincia contribuye a cubrir los gastos de funcionamiento y la creación de muchos proyectos financiados por la SCPI; por ejemplo concedió aproximadamente 6,5 millones de dólares de ayuda a los centros para las personas sin hogar en 2003-2004.
489.En septiembre de 2002, Nueva Escocia estableció con el Gobierno del Canadá un acuerdo sobre viviendas asequibles, en virtud del cual cada nivel administrativo prometía 18,63 millones de dólares para financiar la creación o renovación de 850 a 1.500 unidades en un plazo de cinco años. Para más información, véase el quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
490.En marzo de 2005 se firmó la segunda fase del acuerdo del Canadá y Nueva Escocia sobre viviendas asequibles, cuya inversión total en viviendas asequibles en Nueva Escocia ascenderá a 56.180.000 de dólares para 2008 y servirá para crear nuevas viviendas de alquiler y facilidades de compra, y para rehabilitar o reformar las antiguas viviendas existentes. A 31 de marzo de 2005 se han construido o renovado aproximadamente 330 hogares mediante los fondos disponibles en virtud del acuerdo.
491.Desde 2001-2002, la Corporación de Fomento de la Vivienda de Nueva Escocia financió aproximadamente 16 proyectos. En 2003-2004 se facilitaron alrededor de 11,8 millones de dólares para contribuir a nueve proyectos, entre ellos un proyecto de 30 unidades de residencia y dos propiedades para personas con discapacidades físicas y de desarrollo.
492.A las iniciativas desplegadas con arreglo a los acuerdos sobre vivienda asequible, se añadió la apertura en el otoño de 2004 de Pendleton Place, un albergue para personas con problemas de salud mental y de abuso de sustancias.
493.En mayo de 2005 se anunció la ampliación de la colaboración entre el Gobierno y los administradores del albergue para aprovechar al máximo los recursos disponibles y ayudar mejor a quienes padecen problemas de salud mental y de abuso de sustancias para que el sistema actual pueda acoger a todos los que solicitan refugio. Nueva Escocia también trabajará con el Gobierno del Canadá en esta esfera.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
494.Existe un compromiso de financiación provincial para contribuir a la evaluación de las competencias profesionales, la contratación, la colocación y la retención de profesionales de la salud con formación internacional (médicos), a través del Programa de evaluación profesional clínica (CAPP). Se puede ver más información al respecto en línea en http://www.capprogram.ca/index.html.
495.La iniciativa en pro de la diversidad y la inclusión social en la atención primaria de salud de Nueva Escocia es un plan trienal, iniciado en 2003 y financiado por el Fondo de Transición de la atención primaria de salud de la Oficina de Salud Pública del Canadá. La iniciativa destaca los problemas y facilita la elaboración de políticas culturalmente integradoras y de las primeras directrices provinciales del Canadá sobre una atención primaria de salud que incluya nociones culturales, en la que participan las autoridades sanitarias de distrito, el centro de salud IWK, las juntas de salud comunitarias, la Oficina de Salud Pública del Canadá, las comunidades de las Primeras Naciones, los canadienses de origen africano, los acadianos de habla francesa y los inmigrantes, los proveedores, los investigadores y las organizaciones de base comunitaria.
496.La Oficina del Jefe Médico Provincial se encarga de proteger y promover la salud pública en las siguientes esferas:
·Lucha contra las enfermedades transmisibles;
·Salud ambiental;
·Preparación y respuesta frente a emergencias.
497.En 2003, la Provincia estableció un plan de respuesta al SRAS para hacer frente a los casos que pudieran producirse en Nueva Escocia.
Población aborigen
498.En 2004 se estableció la iniciativa Tui'kn (palabra mi'kmaq que significa paso), que consiste en equipos locales de atención de salud compuestos por un médico, un dietista, un farmacéutico, un enfermero y un promotor de salud, para mejorar las condiciones y la evolución de la salud, aprovechar los aspectos positivos de cada una de las cinco comunidades de las Primeras Naciones de Cape Breton, coordinar e integrar mejor los servicios y lograr la sostenibilidad mejorando la rendición de cuentas y creando más capacidad comunitaria. La iniciativa se basaba en un programa similar iniciado en Eskasoni y los estudios mostraron que el 89% de los residentes de Eskasoni pensaban que con el programa había mejorado la calidad de los servicios de salud de su comunidad. También disminuyó considerablemente el número de consultas médicas en urgencias de los residentes.
499.Además, la Provincia participa en el desarrollo coordinado de un plan rector de salud aborigen, que forma parte de una serie de compromisos asumidos por los Primeros Ministros en su reunión de septiembre de 2004.
Las mujeres
500.El programa de investigación sobre el equilibrio saludable estudia las relaciones entre la salud y el bienestar de las mujeres y el trabajo, asalariado o no, que realizan, incluido el cuidado de personas. Se siguen cuatro líneas de investigación: una encuesta de la población de Nueva Escocia, grupos específicos, análisis de datos secundarios y tipología de cuidadoras. El objetivo perseguido es llevar al foro político un mensaje sobre la importancia de construir una sociedad solícita y un equilibrio saludable para las mujeres. Las voces de mujeres tradicionalmente subrepresentadas en la investigación (las mujeres de Nueva Escocia de origen africano, las aborígenes, las inmigrantes, las discapacitadas) se incluyen mediante grupos de participación equitativa que aconsejan metodologías acordes con las culturas y estrategias de divulgación. Este proyecto quinquenal, iniciado en abril de 2001, está financiado por los Institutos Canadienses de Investigación Científica constituidos en Alianza Comunitaria de Investigación de la Salud. Son socios destacados el Consejo Asesor sobre la Condición de la Mujer de Nueva Escocia y el Centro Atlántico de Excelencia en Materia de Salud de la Mujer.
Los jóvenes
501.En 2005, se establecieron nuevas normas provinciales en materia de educación y ayuda prenatal y normas para los centros de salud juvenil que tienen presentes los problemas de acceso de los grupos vulnerables. Asimismo, la iniciativa mejorada de visitas a domicilio Healthy Beginnings incrementa el apoyo a las familias que necesitan una ayuda adicional en los primeros años.
502.Se ha prometido financiar el acceso universal a los programas de desayunos para los niños de las escuelas elementales.
503.En abril de 2003, se centralizó la prestación de servicios de salud a los jóvenes internados en centros correccionales. El Centro de Salud IWK atiende a los jóvenes del Centro Juvenil de Nueva Escocia en Waterville mediante un equipo de salud interdisciplinario que incluye a enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, un médico y servicios psiquiátricos. Además, se ha puesto en marcha un programa de tratamiento para los jóvenes sexualmente agresivos destinado a los internos del centro correccional y a los jóvenes de la comunidad. En función de las necesidades clínicas del joven se efectúan reconocimientos psiquiátricos y psicológicos para los tribunales en la comunidad, en el hospital o en el centro de menores.
Artículo 13 - Derecho a la educación
504.La enmienda del Reglamento de educación del Gobernador asistido por el Consejo de 2004 permite cubrir los gastos de estudiantes con necesidades especiales para que asistan a centros privados reconocidos de educación especial.
ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO
Generalidades
Población aborigen
505.El Programa de Justicia Aborigen de la Confederación Mi'kmaq es un acuerdo establecido entre la Isla Lennox y las Primeras Naciones Abegweit, la Asociación de Mujeres Aborígenes de la Isla del Príncipe Eduardo (IPE) y el Consejo Nativo de la IPE, cuyo costo comparten la Oficina del Fiscal General en la IPE y Justice Canada. El objeto general del Programa es fomentar la participación de la población aborigen en la administración de justicia y reducir y prevenir el delito y la victimización, siguiendo un planteamiento holístico de la justicia, la prevención y la rehabilitación.
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
506.Se puede consultar información sobre la Ley de derechos humanos de la Isla del Príncipe Eduardo en el quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
507.La IPE presenta la menor disparidad salarial entre hombres y mujeres del Canadá por varias razones, una de ellas, el número de trabajadores amparados por iniciativas de igualdad salarial en la administración federal o provincial. La Ley de equidad en la remuneración de la IPE fue promulgada en 1988 y se limitaba a los empleados de la administración pública. En aplicación de la ley, la provincia adoptó un sistema de clasificación neutro en cuanto al género, con el fin de evitar que se reprodujeran las disparidades salariales en profesiones predominantemente masculinas o femeninas. Se aplicaron ajustes salariales a los empleados en los puestos afectados y en 1995 se abolió la ley.
508.El Gobierno provincial prestó apoyo económico y asesoramiento a la Asociación de Mujeres Aborígenes de la IPE para que esta organización pudiera estabilizar sus actividades, fomentar la capacidad y propiciar el liderazgo, en particular entre las jóvenes aborígenes.
Artículo 6 - El derecho a trabajar
Igualdad en el empleo y diversidad en el lugar de trabajo
509.Las enmiendas de la Ley de la administración pública de 1998 establecieron entre los objetivos de la Comisión de la Administración Pública de la IPE el de propiciar una función pública representativa de la diversidad de la provincia. En consecuencia, en mayo de 2002 se elaboró la política de equidad y diversidad en el empleo, una iniciativa significativa e importante para el futuro crecimiento y desarrollo de la administración pública de la IPE, que también entrañará un aumento de la productividad y la satisfacción del público.
510.Basándose en la política de la diversidad, el Gobierno emprendió las siguientes medidas:
·Se mantiene un registro de personas de grupos determinados (poblaciones aborígenes, personas con discapacidad, miembros de las minorías visibles, mujeres dirigentes y mujeres y hombres con empleos no tradicionales) para encontrar oportunidades de empleo para grupos subrepresentados en la administración pública y ayudar a los candidatos a encontrar posibilidades de empleo interesante y duradero.
·Se crearon puestos de fomento de la diversidad para miembros de grupos determinados, a fin de propiciar una mayor igualdad de oportunidades de empleo y se establecieron asociaciones con otros organismos de la administración para colaborar en el proceso de colocación.
·La administración de la IPE trabaja sin descanso para identificar y contratar a estudiantes de grupos determinados que puedan trabajar en empleos de verano.
·La Comisión de la Administración Pública alienta a los miembros y a los alumnos de grupos designados a que declaren su pertenencia a tales grupos. Esta información ayuda a la Comisión a vigilar las estadísticas y comprobar los avances.
Personas con discapacidad
511.En abril de 2004, la IPE se incorporó al acuerdo con el Canadá de fomento de los contratos laborales para las personas con discapacidad con miras a mejorar la situación laboral de los discapacitados. El componente correspondiente al empleo y la enseñanza profesional del programa de ayuda a la discapacidad está parcialmente financiado por este acuerdo de costo compartido.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
512.El número de personas que recibían asistencia social en la IPE disminuyó de manera constante de 1994 a 2004. Su cifra descendió de 6.103 a 3.927 (35,6%) durante ese período. En 2004-2005, el número de casos aumentó a 4.330, lo que supuso un aumento de aproximadamente el 9%.
513.La cuantía de las prestaciones ha aumentado constantemente durante el período abarcado por el informe. Los aumentos representan aproximadamente 7 millones de dólares (25%) de aumento en el valor de las prestaciones. Hubo ligeros aumentos de los subsidios para alimentos, ropa, hogar, personal y vivienda y se introdujo un nuevo subsidio para transporte, de 20 dólares mensuales.
Prestaciones familiares
514.La inversión total provincial de la prestación nacional por hijos a cargo (NCB) en la IPE para 2004-2005 ascendió a 3,6 millones de dólares. Las reinversiones se orientaron, entre otras cosas, a los servicios de puericultura y servicios para niños en riesgo, así como a un nuevo subsidio de salud infantil aumentado periódicamente para ajustarlo a los aumentos de la NCB (de 28 dólares mensuales por niño en 2000 a 59 dólares mensuales en 2004). Este subsidio permite a los niños participar en actividades deportivas y culturales comunitarias.
Personas con discapacidad
515.El Gobierno de la IPE puso en práctica un programa de ayuda a los discapacitados en 2001 para facilitar el acceso a las ayudas por discapacidad y reducir los obstáculos a la participación laboral de las personas con discapacidad. El programa presta ayuda financiera a los clientes que reúnen los criterios y presentan una discapacidad importante y duradera. Aproximadamente 1.200 isleños reciben prestaciones de un promedio de 500 dólares mensuales. El programa diferenció el acceso a la ayuda por discapacidad de los derechos a subsidios económicos de asistencia social.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
516.En 1999, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una estrategia quinquenal para los niños desde el período prenatal hasta los primeros años de escolarización. En marzo de 2001 se estableció el Consejo del Primer Ministro sobre el Desarrollo Infantil Sano, encargado de vigilar el cumplimiento de la estrategia para el desarrollo infantil sano. Ésta se centra en mejorar la evolución de los niños en cuatro ámbitos esenciales: la buena salud, la seguridad, el buen aprendizaje, y la participación y responsabilidad sociales. El último informe anual del Consejo, que contiene información sobre las inversiones realizadas con arreglo a la iniciativa para el desarrollo de la primera infancia (véase la introducción del presente informe) puede consultarse en línea en http://www.gov.pe.ca/hss/hcd/index.php3?lang=E.
517.Desde la primera fase piloto en 2001, el programa de medición y mejora de los entornos infantiles (MIKE) proporciona apoyo, formación y fomento del programa a los centros para la primera infancia para toda la provincia. MIKE tiene por objeto incrementar la calidad y la integración en los programas oficiales de la primera infancia de la IPE, atendiendo sobre todo a fomentar la capacidad del personal para ofrecer servicios de mayor calidad a todos los niños que siguen sus programas.
518.Aunque el programa es voluntario, en 2003 participaban en él el 95% de todos los centros para la primera infancia reconocidos a tiempo completo. Los resultados de los datos básicos acopiados mostraban que el 16% de los centros participantes tuvieron resultados "excelentes" en la escala revisada de valoración del entorno de la primera infancia, el 27% eran "buenos", el 47% "mínimos" y un 10% "insuficientes". Durante las evaluaciones de seguimiento, se registraron mejoras: el 31% obtuvo una nota "excelente", el 51% "bueno" y el 18% "mínimo".
519.La provincia ha incrementado gradualmente su ayuda a los niños con necesidades especiales. En 1999 el presupuesto para estos niños en los centros de enseñanza de la primera infancia autorizados era de 639.000 dólares; en 2004 el presupuesto era de 1.153.446 dólares. La inversión en el desarrollo infantil sano sigue siendo una prioridad de la administración.
520.En 2000, la Isla del Príncipe Eduardo suscribió la Iniciativa en favor del Desarrollo en la Primera Infancia para ayudar a las familias y las comunidades a garantizar que los niños pequeños puedan realizar su potencial y estar sanos, seguros, dispuestos a aprender e integrados y responsabilizados socialmente. La IPE firmó el Marco Multilateral para los parvularios y guarderías en 2003, a fin de mejorar el acceso a programas y servicios de enseñanza y guardería para la primera infancia de calidad reconocida. En la introducción del presente informe figura información adicional sobre ambas iniciativas.
Violencia doméstica
521.Durante el período de que se informa, la Isla del Príncipe Eduardo renovó su estrategia quinquenal de prevención de la violencia doméstica y el mandato del Comité de Acción del Primer Ministro para la Prevención de la Violencia Doméstica. Además, se confió a un Comité Coordinador de Viceministros sobre la Prevención de la Violencia Doméstica, el mandato de coordinar una respuesta conjunta de la administración a la estrategia de prevención de la violencia doméstica.
522.Las iniciativas del Gobierno tuvieron como resultado un aumento de:
·Las denuncias de violencia doméstica a las autoridades;
·La demanda de educación y sensibilización públicas acerca de la violencia doméstica y sus efectos en los niños;
·La demanda de formación profesional sobre violencia doméstica y sus efectos en los niños;
·El reconocimiento del sector empresarial de la relación entre la violencia doméstica, el lugar de trabajo, la productividad y los costos económicos conexos;
·La conciencia sobre la importancia de la evaluación de riesgos;
·El impulso para responder mejor a las actuaciones y la prevención de la violencia doméstica en los sectores comunitarios y de la administración pública;
·El reconocimiento de las autoridades municipales de su función y su responsabilidad de ofrecer una respuesta efectiva a la prevención de la violencia doméstica;
·El reconocimiento de que la violencia doméstica y su repercusión en los niños es un problema de seguridad para todos los niveles de la administración, la comunidad y los organismos del orden público;
·La obligación de notificar a los Servicios para la Infancia y la Familia los casos de violencia doméstica que afecten a niños.
523.El Gobierno ha introducido las siguientes nuevas iniciativas:
·En todos los servicios de urgencia de los hospitales, en los programas de ayuda a los ingresos y en los servicios de justicia de la provincia se han introducido políticas y protocolos en materia de malos tratos a mujeres, junto con formación acerca de la violencia doméstica y sus repercusiones sobre los niños para servicios y sectores afines en la fase de aplicación de la iniciativa.
·La Iniciativa de prevención de la violencia doméstica en el lugar de trabajo se puso en marcha en todos los sectores de la administración, las empresas, las comunidades y las fuerzas del orden de la provincia, que incluye la instalación de carteles en los aseos públicos y privados que indicaban dónde pedir ayuda.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
524.Analizando los datos sobre los ingresos salariales y las simulaciones de la prestación nacional por hijos a cargo se observa una disminución sustancial del grado y la incidencia de la pobreza durante el período de 1999 a 2003. En 2001, hubo alrededor de un 10,5% de disminución en la incidencia de la pobreza y un 12,4% de disminución en el grado de pobreza con respecto al año anterior.
525.En 2004 la IPE redujo considerablemente su presupuesto para el Programa Social de Creación de Empleo. Durante ese período el número de casos aumentó significativamente un 10%. Se prevé que siga reduciéndose este servicio.
Personas sin hogar
526.En la IPE, parte de la Iniciativa Nacional para las Personas sin Hogar elaborada por el Gobierno del Canadá en 2000, la Iniciativa de Apoyo a la Colaboración entre Comunidades (SCPI), está gestionada por un comité comunitario en el que los socios de la administración y las comunidades definen las prioridades y supervisan el acuerdo. Desde 2000, se han creado cinco nuevos refugios de emergencia y se han iniciado cinco programas de apoyo a los padres, los adultos y los jóvenes.
527.La provincia estableció el primer centro residencial de la Isla para el tratamiento de niños y jóvenes en situación de alto riesgo y un lugar de ayuda a la seguridad (el centro médico de desarrollo infantil y juvenil de Tyne Valley).
528.Los principales problemas de las personas sin hogar de la IPE son:
·La sostenibilidad de los refugios financiados por la SCPI;
·Los servicios para jóvenes sin hogar;
·Más espacios de transición (3 a 6 meses).
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
529.En 2000 la provincia inauguró un nuevo Centro Provincial de Tratamiento de la Adicción e integró todos los programas y servicios regionales. Desde entonces se han abierto servicios especializados para atender los nuevos problemas de las personas con adicciones. Actualmente el servicio provincial de tratamiento de la adicción ofrece asesoramiento, orientación, desintoxicación para pacientes internos y externos, programas de intervención temprana, rehabilitación, postratamiento, educación del público, apoyo a la familia y programas para adolescentes, además de programas para pacientes internos y externos ludópatas. En cada región sanitaria se ofrecen servicios como desintoxicación y rehabilitación para pacientes externos, asesoramiento a las familias, programas para dejar de fumar y programas de asistencia a los estudiantes y otros servicios para la juventud.
530.Desde 2000-2004 se ha puesto en funcionamiento un nuevo plan de prestación de servicios de salud mental, que ha permitido ampliar la gama de los programas de salud mental en toda la provincia. Los objetivos generales perseguidos eran:
·Definir y establecer las prioridades de servicio y las programas especializados para un sistema de respuesta provincial;
·Mejorar el seguimiento de los clientes con enfermedades mentales graves y persistentes;
·Equilibrar los recursos comunitarios y de los hospitales; y
·Coordinar las intervenciones iniciales, intensivas y de tratamiento especializado.
531.El modelo hace hincapié en el sistema de respuesta a la crisis y en la expansión de los servicios a nivel comunitario, que incluyen la evaluación inicial, la educación, el apoyo y la coordinación con otros proveedores de servicios, así como la consulta, el tratamiento y el apoyo continuo. Los programas provinciales abarcan la psiquiatría infantil, las consultas psiquiátricas y la psicogeriatría, la atención compartida con los médicos y la mejora de la red de salud mental infantil para los niños desde el nacimiento hasta las 18 años, y para sus familias.
Población aborigen
532.El Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales de la IPE está acopiando información acerca del Fondo Aborigen de Transición en Materia de Salud, el proceso del Proyecto Aborigen y la Iniciativa de Recursos Humanos Aborígenes (véase la introducción del presente informe). La IPE participa en el marco de los informes sobre salud aborigen. Aún no ha finalizado la fase de acopio de información y la IPE examinará el alcance de la planificación estratégica en un futuro cercano.
Las mujeres
533.En 2000, el Gobierno provincial sostuvo una campaña pública para dar a conocer mejor la importancia de que las mujeres se sometan a reconocimientos periódicos para prevenir el cáncer cervical. Con ello se respondía al hecho de que la IPE tenía una de las tasas más altas de cáncer cervical y las menores tasas de reconocimientos preventivos.
534.En enero de 2001, el Gobierno provincial respaldó el inicio del programa de análisis de Papanicolau (Pap) de la IPE tendente a reducir las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer cervical en la IPE.
535.En septiembre de 2001 se creó una clínica para estos análisis que atiende las clínicas de extensión del Pap de cada región sanitaria. El Programa Pap realizó su quinta campaña de información sobre ese análisis en octubre de 2004. El Gobierno sigue respaldando las iniciativas para incrementar el acceso y la participación en las pruebas de detección de cáncer cervical.
536.En 2001, los Servicios Sociales de Emergencia Sanitaria y de Urgencias se fundieron bajo la responsabilidad de un Director de Servicios Sociales y Sanitarios de Emergencia, que asume la máxima responsabilidad en casos de emergencia o desastre. Este cargo trabaja en estrecha colaboración con el Jefe Médico para velar por que las labores de planificación y respuesta a los acontecimientos relativos a la salud y la salud pública estén coordinadas y sean globales. A raíz de esta nueva orientación, las capacidades del personal médico se centran en los aspectos de la intervención que les corresponden y las capacidades operacionales de los demás sirven para cubrir los aspectos paliativos, operacionales, financieros y logísticos de las intervenciones. Este nuevo sistema de gestión funcionó bien en el caso del SRAS cuando en la IPE hubo 12 casos sospechosos y se pusieron en práctica los protocolos de aislamiento, de cuarentena de personas, y de cierre de negocios y se utilizaron el personal y los recursos de los servicios de salud y sociales para proteger la salud pública.
TERRANOVA Y LABRADOR
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
537.Se formuló al Gobierno la recomendación de que incluyera la condición social entre los motivos de discriminación reconocidos en el Código de Derechos Humanos de la Provincia. El Gobierno está examinando la recomendación.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
538.En 1988 el Gobierno y los sindicatos (la Asociación de Empleados del Sector Público y Privado de Terranova y Labrador, el Canadian Union of Public Employees (Sindicato de Funcionarios Canadienses), el Sindicato de Enfermeras de Terranova y Labrador, la International Brotherhood of Electrical Workers, la Association of Allied Health Care Professionals (la Asociación de Personal Paramédico)) negociaron un acuerdo de equidad en la remuneración. Ésta se cumplió plenamente con arreglo al acuerdo original. Siguiendo la metodología del acuerdo, se redujo considerablemente la disparidad salarial entre los empleos ocupados por mujeres y por hombres.
539.También se convinieron en negociación las fechas de aplicación de los acuerdos sobre la igualdad de remuneración pero, posteriormente, en 1991, se promulgaron leyes que aplazaban el comienzo de la aplicación de 1988 a 1991. En octubre de 2004, el Tribunal Supremo del Canadá confirmó que la decisión del Gobierno de aplazar tres años la aplicación de la igualdad de remuneración era razonable y estaba justificada en razón de la crisis económica que afrontaba entonces la provincia (véase Terranova (Junta del Tesoro) c. N.A.P.E. en el resumen de jurisprudencia anexo).
Artículo 6 - El derecho a trabajar
540.Un análisis de los programas de empleo provinciales basado en los resultados, y finalizado en 2004, concluyó que las actuaciones en materia de empleo habían producido mejoras evidentes en el desempeño de los participantes en el mercado laboral. El análisis abarcó una importante encuesta, según la cual, en ese momento cerca de las tres cuartas partes de los participantes en programas de subsidio de empleo y casi la mitad de los participantes en otros programas de empleo estaban trabajando. El análisis también concluyó que muchos de los participantes en estas actuaciones habían optado por proseguir su educación. En general, el grado de participación de los clientes en el mercado laboral aumentó después de haber tomado parte en una actividad.
541.La Ley de apoyo a los ingresos y el empleo, que entró en vigor en noviembre de 2004 y sustituyó a la Ley de asistencia social (1977), proporciona una base legislativa que facilitará la integración de las actuaciones en materia de empleo en el programa de ayuda a los ingresos.
542.Se ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema informatizado de gestión del servicio a los clientes, que abarca la evaluación, la intervención, incluido el asesoramiento, y el seguimiento de todos los clientes de los servicios de empleo y de desarrollo profesional individualizado.
Equidad en el empleo y diversidad en el lugar de trabajo
543.En el marco del proceso de evaluación ambiental, el Gobierno puede imponer condiciones de equidad en el empleo en la ejecución de proyectos importantes que requieran su aprobación.
544.En 2002-2003 se concedieron subsidios para la equidad en el empleo a fin de incrementar el número de mujeres empleadas en la industria del petróleo.
545.El Gobierno de Terranova y Labrador es miembro de la Secretaría de Empleos de la Marina y procura dar a conocer las oportunidades de empleo en la marina y aumentar la participación de grupos subrepresentados como las mujeres, los aborígenes, las personas con discapacidad y las minorías visibles.
546.Ha aumentado el número de mujeres que ocupan puestos relacionados con el comercio, el transporte y el equipo y en los puestos propios de la industria primaria.
Personas con discapacidad
547.En abril de 2004, el Gobierno de Terranova y Labrador firmó un acuerdo con el Gobierno del Canadá titulado Fomento de los contratos laborales para las personas con discapacidad. Se firmó en el contexto del Marco multilateral de fomento de los contratos laborales para las personas con discapacidad (véase la introducción del presente informe) y se centra en gran medida en: incrementar la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral; incrementar la transparencia del marco de presentación de informes; reducir la carga administrativa e incrementar la flexibilidad adelantando los pagos anuales del Gobierno del Canadá, con arreglo a un plan anual. Según este acuerdo se proporcionarán 411.000 dólares adicionales en 2005-2006 para ayudar a las personas con discapacidad a incorporarse al mercado laboral y a conservar su empleo.
Jóvenes
548.El Departamento de Recursos Humanos, Trabajo y Empleo está reestructurando sus servicios de la juventud con miras a desarrollar estrategias preventivas para contribuir a que los jóvenes dejen de depender de las ayudas a los ingresos y se incorporen al mercado laboral. Además, el Departamento ha preparado y colaborado en una serie de programas juveniles innovadores que se centran en particular en los jóvenes que residen en áreas rurales. Son, entre otros:
La creación del Comité Asesor sobre la Juventud de Terranova y Labrador compuesto por 15 jóvenes y 4 tutores de toda la provincia que asesoran al Gobierno acerca de cuestiones importantes relativas a la juventud;
·Un programa de empleo y servicio estudiantil, destinado a los jóvenes en situación de riesgo que no se encuentran en el sistema educativo general, les proporciona trabajo y un bono de formación;
·Un programa de contratación de asistentes sociales, administrado por las Juntas Regionales de Salud proporciona a los estudiantes de cuarto año de asistencia social la oportunidad de trabajar en la zona rural de Terranova y Labrador en su último verano de prácticas;
·El programa de prácticas profesionales rurales para estudiantes de medicina, administrado por la Asociación de las Juntas de Salud de Terranova y Labrador incentiva a los alumnos de medicina para que adquieran experiencia profesional trabajando en áreas rurales de la provincia.
549.El presupuesto de 2005 destacó la necesidad de ocuparse especialmente de los jóvenes dependientes de la ayuda a los ingresos y de la manera de garantizar su autonomía. Comenzando con 500.000 dólares suplementarios en 2005-2006, se proporcionará un total de 2 millones de dólares en tres años para afrontar con decisión la contratación y la colocación profesionales.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
550.Las tasas de asistencia social en Terranova y Labrador aumentaron un 2% en 2000‑2001 y un 1% en 2001‑2002. Las familias sin hijos y las personas solas beneficiarias de ayuda a los ingresos recibirán un aumento del 2% en sus tasas de prestación de ayuda económica, escalonados en 2005‑2006: un 1% el 1º de julio de 2005 y otro 1% el 1º de enero de 2006. El número de casos tratados por los servicios disminuyó ligeramente en los cuatro últimos años. Esta disminución se debe en gran medida a que ya no figuran los casos de las familias con niños (incluidas las monoparentales).
551.Se modificó la reglamentación para que, al examinar los criterios de concesión de una ayuda a los ingresos, no se tuvieran en cuenta los fondos invertidos por los beneficiarios en planes registrados de ahorro para la educación de sus hijos. Con este cambio se pretende fomentar la educación postsecundaria de los hijos de beneficiarios de ayuda a los ingresos.
552.Actualmente se permite que los solicitantes de ayuda a los ingresos conserven hasta un máximo de 10.000 dólares de los fondos que tengan invertidos en un plan de pensiones registrado durante un plazo de 90 días y que no se tenga en cuenta dicha suma al examinar su solicitud. Transcurrido ese plazo, los fondos deben liquidarse hasta el nivel aprobado de 500 dólares para una persona sola y 1.500 dólares para una familia.
Prestaciones familiares
553.A partir de septiembre de 2005 se establecerá el pago de un incentivo de escolarización para compensar la pérdida de prestaciones por hijo de las familias que perciban ayuda económica y para alentar a los jóvenes a finalizar sus estudios secundarios.
554.Las repercusiones de la deducción por hijos y del Suplemento nacional por hijos a cargo del Canadá (véase la introducción del presente informe) para las familias con hijos han consistido en una reducción del número de niños que vivían con bajos ingresos, la reducción del grado de pobreza y la disminución de los solapamientos y las duplicaciones en la prestación de servicios a los niños de familias con bajos ingresos. Al establecerse las prestaciones federales por hijos, el Departamento de Recursos Humanos, Trabajo y Empleo introdujo la prestación por hijo en Terranova y Labrador, con el fin de ayudar a los niños de familias con ingresos bajos.
Artículo 10 - Protección de la familias, las madres y los niños
555.Mediante la iniciativa de desarrollo en la primera infancia (ECD) que se emprendió en Terranova y Labrador en 2001, se prestó apoyo a dos iniciativas destinadas específicamente a las embarazadas y las familias con hijos menores de 1 año. La primera, el Suplemento de nutrición maternoinfantil (antiguo subsidio de alimentos maternoinfantil) sigue proporcionando 45 dólares mensuales a las embarazadas hasta que el niño cumple 1 año. Se ha hecho extensiva la iniciativa a las familias con ingresos anuales de 22.397 dólares (anteriormente sólo tenían derecho las mujeres que recibían ayuda a los ingresos). A partir de 2004 se concedió una prestación adicional de 90 dólares a las madres en el mes de nacimiento del hijo. También se ha mejorado la prestación del servicio estableciendo una oficina central de administración y un número de teléfono gratuito y la información que remite a los participantes interesados (por ejemplo, al servicio público de enfermería o a los servicios comunitarios pre y posnatales, si existen).
556.La segunda iniciativa importante fue el aumento del número de los "Healthy Baby Clubs" (clubes de bebés sanos). Estos programas comunitarios funcionan en el marco de los centros de atención a la familia y se ocupan especialmente de las embarazadas y las adolescentes que mayor riesgo corran de presentar problemas de parto. El servicio ofrece suplementos alimentarios semanales (leche, huevos y naranjas), información sobre nutrición y estilo de vida, experiencia de primera mano en la preparación de alimentos nutritivos, reuniones periódicas entre personas en la misma situación y servicios personalizados de ayuda de profesionales y afines.
557.En el texto del quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos acerca del artículo 6 figura información sobre las iniciativas para combatir el síndrome fetal alcohólico y los efectos del alcohol en el feto.
558.Las inversiones en las prestaciones nacionales por hijos a cargo que comenzaron en 1998‑1999 aportan aproximadamente 2,7 millones de dólares anuales en servicios de atención infantil. Estos fondos sostienen: el programa de subsidios, las agencias de guardería en el seno de una familia, las guarderías en los centros de enseñanza secundaria, el sistema de certificación de educadores de párvulos, la formación de éstos, los puestos de consultores en puericultura y los subsidios anuales para equipo a centros autorizados de atención a la infancia. A través de la iniciativa de desarrollo de la primera infancia, la provincia apoya además el cuidado infantil aportando aproximadamente 3,2 millones de dólares en: mejoras del programa de subvención de las guarderías, personal de guardería a nivel provincial y regional, un suplemento educativo para los educadores de párvulos y subsidios anuales de equipo para los proveedores de servicios de guardería en el seno de familias.
559.El informe anual (2002‑2003) de Terranova y Labrador sobre los progresos logrados en el desarrollo de la primera infancia puede consultarse en línea en http://www.health.gov.nl.ca/health/publications/default.htm. En el mismo se facilitan: datos actualizados sobre los programas y servicios financiados por la iniciativa de desarrollo de la primer infancia e información sobre la salud y el bienestar de los jóvenes y los niños y sobre los servicios de guardería. En la introducción del presente informe se aborda el Acuerdo sobre el desarrollo de la primer infancia.
Violencia doméstica
560.Se han introducido varias iniciativas para combatir la violencia doméstica en las comunidades aborígenes:
·Se ha aumentado el número de mujeres policías en las comunidades indígenas;
·Se ha formado personal policial esencial de las comunidades aborígenes para que entiendan mejor las diferencias culturales;
·Se ha preparado en colaboración con la Asociación pro Información Jurídica Pública de Terranova y Labrador información destinada a las mujeres de todas las comunidades aborígenes de Labrador;
·Se ha establecido en Labrador la justicia restitutiva, que refleja mejor la sensibilidad en materia de cultura, género y raza; y
·Se ha destinado a un funcionario de policía a tiempo completo en Labrador, encargado de afrontar el alcoholismo y el abuso de sustancias mediante la educación y un fuerte desarrollo comunitario.
561.El Gobierno ha creado un Comité del Ministro de Justicia sobre la Violencia contra la Mujer, para abordar cuestiones específicas como la necesidad de leyes sobre la violencia doméstica. Otras iniciativas son el aumento de la financiación de los hogares de transición y de los refugios para coordinar y dirigir los servicios y una estrategia de información pública provincial que engloba carpetas de información, sitios web de prevención de la violencia, días y actos especiales, publicidad impresa y electrónica sobre la prevención de la violencia, medios didácticos sobre temas concretos.
562.En abril de 2005 el Gobierno anunció la creación de un programa de servicios a los niños víctimas para ayudar a las víctimas y los testigos en los procesos penales.
563.En asociación con las juntas de salud de servicios y comunitarios, el Departamento de Salud y de Servicios Comunitarios elaboró un sistema de gestión de riesgos que se aplicará en toda la provincia a los niños necesitados de medidas protectivas y a sus familias. El sistema incorpora las mejores prácticas en materia de bienestar infantil del país y un instrumento de evaluación aceptado a nivel nacional e internacional.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
Medidas de reducción de la pobreza
564.Desde 2000, han disminuido las tasas generales tanto brutas como netas de impuestos, de pobreza infantil de Terranova y Labrador. La tasa general de pobreza (umbral de bajos ingresos neto de impuestos) de Terranova y Labrador disminuyó del 12,8% en 2000 al 9,6% en 2002. La tasa de pobreza infantil disminuyó del 17,6% en 2000 al 12,9% en 2002.
565.Las tasas de pobreza aún son un problema y el Gobierno de Terranova y Labrador sigue tomando medidas para mejorar la vida de las personas con bajos ingresos, incluidos los niños y sus familias. La disminución de las tasas de pobreza general e infantil puede atribuirse en parte a los programas federales de prestaciones por hijo y a las prestaciones por hijo de Terranova y Labrador, y a las iniciativas que reducen la dependencia de la ayuda económica e incrementan la vinculación con el mercado laboral. El número de niños que viven en familias que reciben ayuda a los ingresos en la provincia disminuyó de manera importante, de 25.000 en 2000 a 20.200 en 2003.
566.El Departamento de Recursos Humanos, Trabajo y Empleo se unió a la Asociación de Familias Monoparentales para ayudar a los padres o madres solos a volver a trabajar y prestarles otros tipos de asistencia para encontrar y conservar un trabajo. En una evaluación somera del proyecto piloto del programa de ayuda al empleo de los padres solos se concluyó que éste había tenido éxito al ayudar a los clientes a superar obstáculos al empleo como, por ejemplo, la desincentivación económica, el cuidado de los niños y la falta de confianza. En 2005-2006 se introducirá un segundo programa de empleo para padres solos en una región exterior a la zona de la capital.
567.A partir de 2000-2004, el Gobierno de Terranova y Labrador introdujo varias iniciativas para combatir la pobreza en la provincia, entre ellas, el aumento de 12 dólares de la prestación por hijo de Terranova y Labrador (NLCB) aplicable al primer hijo en el 2003-2004 y 2004‑2005 y la indexación del NLCB y del subsidio de las personas mayores con arreglo al índice de precios al consumo; y las iniciativas examinadas en relación con el artículo 10, dirigidas específicamente a las embarazadas, las madres y los niños.
568.En abril de 2005 se anunció la estrategia de reducción de la pobreza, en la que el Departamento de Recursos Humanos, Trabajo y Empleo dirigirá el desarrollo de un planteamiento global integrado que abordará la relación entre la pobreza y el género, la educación, la vivienda, el empleo, la salud, las ayudas sociales y económicas y las medidas fiscales, así como el vínculo entre la pobreza de las mujeres y el aumento de su vulnerabilidad ante la violencia.
Personas sin hogar
569.En cuanto a las iniciativas relativas a las personas sin hogar, véanse los párrafos 210 a 213 del quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde entonces se introdujeron nuevas medidas como la construcción del primer proyecto de la provincia de viviendas de alquiler asequibles para ofrecer alojamiento a personas de edad independientes. Con el apoyo de los Gobiernos federal y provincial, en el marco del programa de mejora de la vivienda, en mayo de 2004 se inauguró un nuevo centro de refugio y acogida para las mujeres y sus hijos que huyen de los malos tratos y la violencia doméstica.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
570.Parte de las inversiones realizadas en el marco de la iniciativa de desarrollo de la primera infancia se destinaron a la atención de la salud de los niños y los padres, por ejemplo, a los clubes de bebés sanos y a los servicios de intervención temprana para los niños con retrasos y dificultades de desarrollo.
571.En 2003-2004, el Departamento de Salud y de Servicios Comunitarios entabló consultas intensivas en toda la provincia acerca de la salud mental. Participaron en este proceso, que duró tres meses, más de 800 personas y las conclusiones sirvieron de base para elaborar una estrategia de salud mental. Además, el Departamento, tras una amplia consulta pública, aprobó un marco provincial de renovación de la atención primaria de salud, titulado Avancemos juntos: movilización en pro de la atención primaria de salud. Este marco persigue cuatro objetivos: 1) mejorar el acceso y la sostenibilidad de la atención primaria de salud; 2) resaltar la importancia de la autonomía y la salud de ciudadanos y comunidades; 3) promover un concepto de la prestación de servicios desde una perspectiva de equipo, interdisciplinaria y basada en evidencias; y 4) incrementar la responsabilización y la satisfacción de los profesionales de la salud. Sirvieron de apoyos provinciales el establecimiento de la Oficina de Atención Primaria de Salud, el Consejo Consultivo sobre Atención Primaria de Salud, los vínculos con los programas de enseñanza secundaria y universitaria locales y las asociaciones profesionales, y la creación de grupos de trabajo provinciales para ayudar al aprendizaje y la solución de problemas y a fomentar la capacidad de los proveedores de servicios de salud.
572.Algunas medidas para afrontar las emergencias en materia de salud pública son: solucionar problemas de emergencia locales como la educación acerca de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua; el trabajo con las autoridades regionales sobre la seguridad del agua y la realización de programas de vacunación; y la preparación de un plan de respuesta a una pandemia provincial y regional y a la gripe. Además, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios estableció un grupo de trabajo provincial sobre la prevención y el control de enfermedades transmisibles. Su mandato consistía en preparar de nuevo a la provincia mediante las instituciones de salud y los servicios de ambulancias, para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles.
Artículo 13 - Derecho a la educación
573.El Gobierno de Terranova y Labrador ha venido aplicando análisis basados en el género de los nuevos proyectos de programa escolar para velar por que se considerara de manera más adecuada a la mujer y los problemas que la conciernen.
574.En junio de 2004, el Gobierno encargó un Libro Blanco sobre la enseñanza postsecundaria pública a fin de examinar sus problemas, su carácter asequible o su acceso, y de identificar iniciativas que mejoren las perspectivas de empleo de los graduados. El informe final puede consultarse en línea en http://www.ed.gov.nl.ca/edu/whitepaper/.
Parte IV
MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS TERRITORIOS
YUKÓN
Artículo 6 - El derecho a trabajar
Equidad en el empleo y diversidad en el lugar de trabajo
575.Con arreglo a los Acuerdos Finales de la Primera Nación del Yukón, el Gobierno del Yukón debe preparar, en consulta con las Primeras Naciones, planes destinados a garantizar una función pública representativa de la población. Se elaboró un plan para todo el territorio y se están ejecutando planes individuales para los territorios tradicionales de algunas de las Primeras Naciones signatarias.
576.El Cuerpo de Capacitación de las Primeras Naciones, que ahora forma parte de la Oficina de Empleo para la Diversidad en el Lugar de Trabajo, se ha ampliado considerablemente para atender la demanda de formación. Además, se han desplegado esfuerzos importantes a fin de aumentar la capacitación ofrecida a los empleados de la administración pública pertenecientes a las Primeras Naciones y brindar formación sobre las reivindicaciones territoriales y orientación cultural a los empleados públicos en todo el Yukón.
577.En 2004-2005 se estableció la Oficina de Empleo para la Diversidad en el Lugar de Trabajo que se ocupa principalmente de dos grupos de igualdad: las personas con discapacidad y las personas de ascendencia aborigen del Yukón. La Oficina se basa en el éxito del Cuerpo de Capacitación de las Primeras Naciones y se ha iniciado un nuevo programa de formación y experiencia laboral para personas con discapacidad.
578.En 2002 se estableció una asociación intragubernamental entre dos ministerios del Gobierno del Yukón con miras a ofrecer formación en el empleo y en las aulas a las personas que reciben ayuda a los ingresos.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
579.Las tasas de asistencia social en el Yukón no han variado desde 1992. De 2000 a 2004, el número de personas que accedieron a asistencia social disminuyó aproximadamente un 19%. Entre 2003 y 2004, ese número se estabilizó. El número de beneficiarios de asistencia social ha descendido. El nivel de asistencia dispensada ha aumentado gracias al suministro de servicios de gestión de los casos ampliados y especializados a los beneficiarios, incluidas las personas con discapacidad y las que se enfrentan a graves barreras laborales. Por ejemplo, la prestación de apoyo a la discapacidad como los acuerdos individuales de ayuda para las actividades cotidianas (las familias que cuidan de sus parientes discapacitados pueden acceder a fondos para sufragar los programas de actividades cotidianas ofrecidos por los organismos locales), el empleo con apoyo (los beneficiarios pueden ser contratados en empleos donde reciben formación o en puestos de trabajo subvencionados), la ayuda para los cuidadores no remunerados (se proporciona a las familias una pequeña suma de dinero para que puedan disponer de un descanso), las evaluaciones (varios programas informáticos pueden determinar de manera confidencial las competencias y la preparación para el empleo de un beneficiario, lo que permite una gestión de los casos más especializada para ayudarlo a superar las barreras que dificultan el empleo), y el material y los servicios de recuperación (se dispone de financiación para costear el material de apoyo que pueden necesitar las personas con discapacidad, como audífonos y andadores, entre otras cosas).
580.En 2000-2001 se concedió a los beneficiarios del Programa de subsidios a los pioneros de edad para los servicios públicos una suma complementaria de 100 dólares. Como resultado de las enmiendas introducidas a la Ley de subsidios a los pioneros para los servicios públicos en 2003 y 2004, la cuantía de las prestaciones a los beneficiarios pasó de 600 a 750 dólares al año y se indexó a la inflación, y las condiciones de admisibilidad se ampliaron al disminuir a 55 años la edad a la que pueden acogerse a ese programa los cónyuges supérstites.
581.Entre los cambios propuestos respecto de la prestación territorial complementaria destinada a las personas excluidas permanentemente del mercado de trabajo figuran: el incremento de la tasa actual en una suma adicional de 125 dólares al mes, el establecimiento de un nuevo proceso para garantizar una definición coherente y más justa de la expresión "persona discapacitada" para todos, y el permitir que las personas con discapacidad que forman parte de la población activa puedan conservar una mayor proporción de sus ingresos, y una mejora del nivel de exención que refleje el nivel del Programa de prestaciones por discapacidad del Plan de Pensiones del Canadá. En junio de 2005, la prestación territorial complementaria aumentó el nivel de prestación de 125 a 250 dólares para las personas con discapacidades graves y prolongadas. Además, las personas que están excluidas permanentemente de la fuerza de trabajo también pueden percibir unos ingresos de hasta 3.900 dólares al año en el marco de las modificaciones introducidas en la reglamentación sobre la prestación territorial complementaria.
Prestaciones familiares
582.En el Yukón, el complemento de la prestación nacional por hijos a cargo (véase la introducción del presente informe) se considera como un ingreso derivado del presupuesto de asistencia social. Los ahorros obtenidos por el Gobierno de esa manera se reinvierten en otros programas como, por ejemplo:
·Prestaciones médicas complementarias: Programa de Medicamentos y Visión para los Niños;
·Servicios destinados a los niños de corta edad o en situación de riesgo: el Fondo para el Ocio Infantil, el Programa para Familias Saludables y el Programa de desayuno, merienda o almuerzo (Food for Learning);
·Prestaciones para la infancia y complementos a los ingresos percibidos: Programa de prestaciones por hijos a cargo del Yukón.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
583.Como resultado de la financiación continua recibida en el marco del Acuerdo sobre el desarrollo en la primera infancia, el Programa para Familias Saludables ha duplicado el número de familias beneficiarias desde que se iniciara en 1999 y el Centro de Desarrollo de la Infancia sigue ampliando sus servicios. Asimismo, se ha brindado apoyo a las iniciativas siguientes:
·Programas de educación y guarda destinados a la primera infancia;
·Entornos laborales que se ocupan de los niños;
·Ayuda a la familia;
·Normas profesionales, calidad y rendición de cuentas, sostenibilidad y financiación de programas de calidad; y
·Comunicación y sensibilización de la población sobre los educadores que se ocupan de los niños y los programas y servicios que ofrecen.
584.El informe más reciente sobre la marcha de la labor del Gobierno del Yukón respecto de las actividades y las inversiones relativas al desarrollo en la primera infancia se puede consultar en línea en www.hss.gov.yk.ca/prog/fcs/index.html. En la introducción al presente informe figura información sobre el Acuerdo de desarrollo en la primera infancia.
585.En junio de 2003, el Gabinete encomendó al Ministro de Servicios de Salud y Sociales la revisión completa de la Ley de la infancia del Yukón. En esa revisión se emplea un enfoque especial. El proyecto está dirigido conjuntamente por dos copresidentes que representan al Consejo de las Primeras Naciones del Yukón y al Gobierno del Yukón. Durante un período de dos años, el proceso de consultas brindará a los habitantes de ese territorio la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la ley con los miembros del equipo del proyecto que visitarán todas sus comunidades.
586.En 2003 el Fondo para la adaptación de los servicios de atención primaria de la salud asignó fondos para coordinar la prevención y el diagnóstico precoz del síndrome fetal alcohólico y mejorar las tecnologías de la información.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
587.La Dirección de Educación Superior ofrece financiación a los beneficiarios de asistencia social para que puedan acceder a oportunidades de capacitación que habitualmente no contempla la reglamentación en materia de asistencia social.
588.El Fondo para el Ocio Infantil brinda apoyo a los niños y los jóvenes que no pueden participar de manera activa en los programas de ocio organizado debido a dificultades financieras. El Fondo ayuda a los padres a sufragar el costo de las cuotas de inscripción y los gastos de ropa, material y equipamiento especiales.
Personas sin hogar
589.Los siguientes proyectos han recibido apoyo financiero de la Iniciativa Federal para las Personas sin Hogar:
·El Programa de alojamiento del Ejército de Salvación proporciona, sin juicios de valor, alojamiento en situaciones de emergencia a una población esencialmente marginada;
·El Programa de extensión de los servicios a las familias del Yukón ofrece servicios no oficiales de consulta y asesoramiento a los jóvenes que pasan mucho tiempo en la calle;
·El Programa "Opción por la Autonomía" ofrece apoyo a domicilio a las personas con síndrome fetal alcohólico para ayudarlas a que lleven una vida lo más independiente posible en un entorno seguro; y
·Un servicio móvil de información atiende los problemas de los jóvenes toxicómanos y sin hogar y les brinda asesoramiento y ayuda varias tardes a la semana.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
590.La Ley de apoyo y protección a adultos en la adopción de decisiones entró en vigor el 2 de mayo de 2005. La ley consta de tres anexos que constituyen leyes separadas pero relacionadas entre sí: la Ley de protección a adultos en la adopción de decisiones, la Ley de consentimiento para recibir atención de salud, y la Ley de tutores y fideicomisarios públicos. La nueva ley prevé una variedad de instrumentos y garantías destinados a las personas con capacidad limitada para tomar sus propias decisiones (por ejemplo, financieras, personales y sobre atención de la salud). Los diversos instrumentos de la ley tiene por objeto ayudar a las personas con necesidades diferentes, por ejemplo, los acuerdos de apoyo en la adopción de decisiones, los acuerdos de representación, la tutela dictada por los tribunales, la protección de los adultos, la adopción de decisiones por terceros respecto de la atención dispensada, las directrices sobre cuidados avanzados, la Junta de Capacidad y Consentimiento, y el tutor y el fideicomisario públicos.
591.Entre 2000 y 2004, el Gobierno estableció o aumentó la asignación de recursos para las iniciativas siguientes:
Contribuciones para ayudar a las familias con niños autistas;
Mayor financiación del Centro de Desarrollo de la Infancia para la prestación de servicios a los niños con retrasos en el desarrollo;
Financiación para el Consejo de las Primeras Naciones del Yukón a fin de atender las necesidades de dotación de personal de los programas de salud destinados a las Primeras Naciones; y
Asignación de más camas en los establecimientos de atención prolongada y continuada para las personas de edad u otras personas que necesiten ese tipo de cuidados.
592.En el marco de la Alianza del noroeste del Canadá sobre el síndrome fetal alcohólico, los Gobiernos de Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Columbia Británica, Nunavut, Territorios del Noroeste y el Yukón están colaborando para prevenir el síndrome fetal alcohólico y aumentar la sensibilización de la población respecto de sus consecuencias y trastornos conexos. Los socios intercambian sus mejores prácticas, su experiencia y sus recursos en la elaboración de estrategias e iniciativas conjuntas sobre ese síndrome. Para más información, véase www.faspartnership.ca. En el quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos figura información complementaria sobre las iniciativas del Yukón relacionadas con el síndrome fetal alcohólico.
593.El Gobierno del Yukón ha actualizado su plan de servicios de salud y sociales en situaciones de emergencia. Se han elaborado directrices sobre las emisiones deliberadas de agentes químicos, biológicos, radiactivos y nucleares destinadas a las autoridades locales. El Gobierno participa en una red nacional concertada de planificación para casos de emergencia, capacitación y respuesta, y coordinación dirigida por el Organismo de Salud Pública del Canadá.
TERRITORIOS DEL NOROESTE
Aspectos generales
594.En junio de 2001, el Comité Ministerial sobre el Programa Social patrocinó una conferencia con miras a iniciar el debate sobre la elaboración de un programa social para los Territorios del Noroeste. El documento titulado Social Agenda - A Draft for People of the NWT (Programa social: un borrador para la población de los Territorios del Noroeste), preparado en abril de 2002 por un grupo de trabajo integrado por representantes de los Gobiernos aborigen y público y de ONG, contiene recomendaciones básicas para cambiar el proceso general con arreglo al cual los dirigentes toman decisiones políticas y los proveedores de servicios ejecutan los programas. En respuesta a esas recomendaciones, el Gobierno de los Territorios del Noroeste publicó en octubre de 2002 un documento titulado Doing Our Part - The GNWT's Response to the Social Agenda (Cumplir nuestro cometido: la respuesta del Gobierno de los Territorios del Noroeste al Programa Social). La aplicación abarca un programa de atención en el domicilio, que ha obtenido excelentes resultados, y el Plan de acción para las personas de edad. Los informes sobre los progresos en la aplicación de las recomendaciones se publican anualmente y se pueden consultar en: www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm.
595.En junio de 2002, el Gobierno de los Territorios del Noroeste introdujo un Plan de acción para los programas y servicios destinados a las personas de edad que estableció medidas específicas encaminadas a mejorar los programas para esas personas en todos los ministerios y en la comunidad en esferas tales como la ayuda a los ingresos, la vivienda, el transporte, la salud y la atención continua, el empleo, la jubilación y los malos tratos inflingidos a los ancianos. En junio de 2003 se publicó un informe sobre la marcha de las actividades. Ambos documentos están disponibles en: www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm. La ejecución del Plan de acción comprende mayores prestaciones de atención de la salud para las personas de edad, un servicio telefónico de información y un manual dirigido a ellas, la promoción de la vida activa (cabe destacar la participación en los Juegos para las personas de edad de 2005) y un Comité Interministerial para la coordinación de los programas y servicios destinados a las personas de edad.
Personas con discapacidad
596.En mayo de 2001, el Primer Ministro encomendó a la Alianza del Comité Directivo para la Discapacidad la elaboración de un marco interdisciplinar y multidimensional que sirviera de guía para la creación de programas y servicios eficaces y fomentara la plena integración de las personas con discapacidad en todos los Territorios. En 2004 el Gobierno lanzó el Plan de Acción de los Territorios del Noroeste para las personas con discapacidad, que presenta aspectos prioritarios para cada una de las cinco esferas establecidas por la Alianza: educación, empleo, ingresos, medidas de apoyo a la discapacidad y vivienda. Entre los logros alcanzados cabe señalar un proyecto piloto de empleo en la región de North Slave, el Servicio telefónico de información sobre la discapacidad, la ayuda para vivir en sociedad y otros programas. El Plan de acción se puede consultar en: www.hlthss.gov.nt.ca/content/Publications/Reports/DisabilityReport/2004/DisabilityActionPlanDec2004.pdf.
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
597.La Ley de derechos humanosfue aprobada el 30 de octubre de 2002 y entró en vigor el 1º de julio de 2004. En virtud de esa ley, la condición social constituye un motivo prohibido de discriminación. También se prohíbe la discriminación por razón de raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen étnico, lugar de origen, creencias, religión, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad sexual, estado civil, situación familiar, convicciones políticas, afiliación política o condena que haya sido objeto de indulto. Se puede consultar información complementaria al respecto en el quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
598.El 1º de julio de 2004 entraron en vigor las enmiendas a la Ley de la administración pública, que disponen que los empleados en un establecimiento de la administración pública no deben, por motivos de sexo, percibir un salario inferior al de otros empleados que desempeñen un trabajo de igual valor. El cargo de Comisionado para la equidad en la remuneración se creó con miras a investigar las denuncias presentadas con arreglo a esas disposiciones y contribuir a resolverlas.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
599.El Gobierno de los Territorios del Noroeste anunció una inversión anual de 2 millones de dólares, durante tres años, para ejecutar las iniciativas destinadas al desarrollo en la primera infancia. Dos documentos, titulados Framework for Action: Early Childhood Development (Marco de acción: Desarrollo en la primera infancia) y Early Childhood Development: An Action Plan (Desarrollo en la primera infancia: Plan de acción)constituyen el plan rector de las medidas que adoptará el Gobierno para ampliar y mejorar las iniciativas de desarrollo en la primera infancia. Esas actividades se centran en cuatro esferas principales: salud, bienestar y prevención de riesgos; crianza de los hijos y ayuda a la familia; desarrollo del niño; y apoyo y fomento comunitarios. Ambos documentos se pueden consultar en: http://www.learnnet.nt.ca/ EarlyChildhood/index.html.
600.En febrero de 2002 el Gobierno de los Territorios del Noroeste anunció un incremento de hasta el 60% en las contribuciones diarias del Gobierno a los programas de guarderías acreditadas, un aumento de las subvenciones para las guarderías otorgadas a los progenitores con bajos ingresos y un ajuste de los criterios del programa para atender mejor las necesidades de las personas que trabajan en turnos o durante el verano.
601.Las modificaciones de la Ley de normas laborales, que entró en vigor en abril de 2001, ampliaron el tiempo que los empleados de los Territorios del Noroeste pueden ausentarse del trabajo, a fin de que corresponda a las nuevas prestaciones parentales del Gobierno federal. Esas modificaciones se aplican a los progenitores que cumplan los requisitos establecidos y trabajen en el sector privado. Los empleados de la administración pública ya podían acogerse a la licencia prolongada.
Violencia doméstica
602.La Ley de protección contra la violencia en el hogar, que entró en vigor el 1º de abril de 2005, prevé que se pueda obtener una orden de protección en situaciones de emergencia las 24 horas en caso de un acto o una amenaza de violencia doméstica. La ley también prevé órdenes de protección prolongada para las víctimas de esa violencia. Toda persona que haya vivido, o viva, en una familia, o mantenga o haya mantenido, una relación íntima con la persona acusada podrá solicitar protección con arreglo a esa ley.
603.En octubre de 2004 el Gobierno de los Territorios del Noroeste publicó su Marco de acción en respuesta al Plan de acción de los Territorios del Noroeste sobre la violencia doméstica, preparado por la Coalición contra la Violencia en el Hogar. En el Marco se presentan las medidas que el Gobierno debe emprender en cada una de las esferas establecidas por la Coalición: política y legislación; colaboración; fomento de la capacidad; capacitación; prevención; educación y sensibilización; servicios; y supervisión, evaluación y rendición de cuentas. El Marco se puede consultar en http://www.gov.nt.ca/research/publications/pdfs/ GNWT_response_FAMVIOL.pdf.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
604.El Programa de subvenciones para las guarderías brinda apoyo financiero a las familias con bajos ingresos para ayudarlas a sufragar los gastos de guardería de manera que puedan incorporarse al mercado de trabajo, proseguir sus estudios o participar en cursos de capacitación en los Territorios.
605.El salario mínimo en los Territorios del Noroeste aumentó, en diciembre de 2003, de 6,50 a 8,25 dólares. Si bien el salario mínimo anterior variaba para los jóvenes menores de 16 años y los trabajadores de comunidades aisladas, el nuevo es igual para todos, independientemente de su edad o su lugar de trabajo.
Derecho a una vivienda adecuada
606.Los resultados de un estudio para evaluar las necesidades en materia de vivienda indican que entre 2000 y 2004 se registró un descenso en el número de familias que tenían una necesidad básica de vivienda en los Territorios del Noroeste. En 2000 unas 2.726 familias (20%) se encontraban en esa situación. En 2004, ese número disminuyó a 466 y la proporción de familias se redujo al 4%.
607.A comienzos de abril de 2002, el Gobierno de los Territorios del Noroeste introdujo un mecanismo común de evaluación de los ingresos que deben utilizar todos los residentes que soliciten una vivienda social y una ayuda a los ingresos. La iniciativa de armonización permitió establecer un baremo de alquileres en función de los ingresos y tiene por objeto lograr que el programa de vivienda social sea más equitativo y contribuya a un aumento de la cuantía que perciben los beneficiarios de una ayuda a los ingresos sin que les sea deducida de las prestaciones.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
608.En febrero de 2002 el Gobierno publicó un Plan de acción para reformar y perfeccionar el sistema de servicios de salud y sociales. Ese Plan prevé 45 medidas con objetivos y plazos concretos destinadas a la mejora de los servicios a la población, el apoyo al personal, la gestión global, el respaldo a los fideicomisarios y la rendición de cuentas de todo el sistema. Entre 2002 y 2004 se ejecutaron o introdujeron en la labor habitual del sistema de servicios de salud y sociales 39 medidas. El informe sobre los progresos en la aplicación del Plan de acción se publica dos veces al año. Se puede consultar, junto con el Plan de acción, en: http://www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm.
609.En noviembre de 2002, el Gobierno de los Territorios del Noroeste encargó la elaboración de un documento de debate para investigar las mejores prácticas respecto de la legislación en materia de salud pública en todo el Canadá, con miras a determinar las lagunas en la Ley de salud públicavigente y establecer un enfoque viable para la promulgación de nuevas leyes.
Artículo 15 - Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de la protección de los derechos de autor
610.La Ley de idiomas oficiales se modificó en 2003, en respuesta al informe final del Comité Especial de revisión de la Ley de idiomas oficiales. Entre los cambios figuraban el nombramiento formal de un ministro encargado de la aplicación de la Ley de idiomas oficiales; el establecimiento de una junta de dinamización de los idiomas aborígenes, cuyo cometido es fomentar y reactivar esos idiomas; la creación de una junta de idiomas oficiales, que se ocupe de las cuestiones relativas a la prestación de servicios; la elaboración de disposiciones sobre la función de un Comisionado para los idiomas oficiales; y la designación clara de 11 idiomas oficiales.
NUNAVUT
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
611.Nunavut aprobó su Ley de derechos humanosel 4 de noviembre de 2003. De conformidad con lo dispuesto en la legislación, esa ley entró en vigor el 5 de noviembre de 2004. En virtud de ella, los nunavummiutno pueden ser objeto de discriminación basada en una fuente legítima de ingresos. En el quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosfigura información sobre esa ley.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
612.La Ley de derechos humanosreconoce y consagra el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por motivos de sexo, estado civil, situación familiar, embarazo y fuente legítima de ingresos, lo que permite reducir y prevenir la discriminación contra la mujer. La ley protege asimismo a los hombres y las mujeres por igual contra la discriminación basada en la adopción prevista de un niño, medida habitual en Nunavut.
613.Véase también la presentación de Nunavut que figura en el epígrafe correspondiente al artículo 3 del quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 6 - El derecho a trabajar
Equidad en el empleo y diversidad en el lugar de trabajo
614.Las obligaciones previstas en el artículo 23 del Acuerdo de reivindicación de tierras deNunavutsiguen constituyendo una prioridad en el marco de los programas y servicios destinados a la población de ese territorio. Además, el nuevo mandato del Gobierno de Nunavut, según lo establecido en el Mandato Pinasuaqtavut se centra en la mejora de la salud, la prosperidad y la autonomía de los nunavummiut.
615.El artículo 23 del Acuerdo menciona objetivos específicos relacionados con el empleo de los inuit en la función pública. En ese artículo se menciona que se tiene el propósito de aumentar la participación inuit en la administración en la zona de asentamiento de Nunavut hasta alcanzar un nivel que sea representativo. Las organizaciones inuit y los Gobiernos territorial y federal tienen la obligación jurídica de cooperar en la creación y aplicación de programas de empleo y capacitación conforme a lo dispuesto en el Acuerdo.
616.Por consiguiente, el Gobierno de Nunavut creó la División de empleo de los inuit en el Departamento de Recursos Humanos en 2003. El cometido de la División es asistir a los ministerios en la elaboración de sus planes de empleo destinados a los inuit. También se encarga de supervisar y evaluar los progresos realizados en la ejecución de los planes y rendir informes al respecto. La representación global de los beneficiarios (en el marco del Acuerdo de reivindicación de tierras de Nunavut) en el Gobierno aumentó del 44% en 1999 al 46% en 2004.
617.El Gobierno de Nunavut ha creado iniciativas y programas eficaces para aumentar la representación de los beneficiarios en éste:
·Sivuliqtiksat - Un programa de perfeccionamiento para el personal directivo superior de dos años de duración que prepara a los beneficiarios para ocupar puestos de gestión en la administración pública. A 31 de diciembre de 2004, habían participado en el programa 19 pasantes y 4 habían asumido puestos de gestión.
·Escuela de Derecho de Akitsiraq - Este programa, organizado en colaboración con la Universidad de Victoria, constituye la primera Escuela de Derecho del Canadá que presta especial atención a las necesidades educativas de los inuit en Nunavut. Está previsto que 11 alumnos inscritos en el programa de cuatro años obtengan su diploma en junio de 2005.
·Programa de verano para estudiantes - La política de prioridad en la contratación se aplica ahora también a los estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria de Nunavut. En 2004, se contrató a 130 estudiantes de verano, de los cuales 105 eran beneficiarios.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
618.En general, el número total de beneficiarios de asistencia social prácticamente no ha variado entre 1999 y 2003. Se han registrado algunos cambios importantes en el número de casos en algunas comunidades, y desde 1999 se ha producido sólo un aumento general del 1,8%.
619.El 1º de junio de 2004 entró en vigor un incremento del 10% en la asignación para alimentos de la partida destinada a asistencia social y el 1º de abril de 2005 se produjo una subida adicional del 5%. Esas mejoras se incluyen en las prestaciones ordinarias de asistencia social que perciben los beneficiarios y son un complemento a la asignación por alimentos de las prestaciones de ayuda a los ingresos para compensar el elevado costo de los alimentos en Nunavut.
Prestaciones familiares
620.En Nunavut no se han registrado cambios en la ejecución del Programa de prestación nacional por hijos a cargo desde 1999. El complemento de la prestación nacional por hijos a cargo se considera un ingreso no justificado y se deduce de las prestaciones de asistencia social. Los fondos obtenidos mediante esas deducciones se reinvierten en la prestación por hijos a cargo de Nunavut y en el complemento territorial para los progenitores que trabajan.
Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado
621.Sírvanse remitirse al epígrafe correspondiente al artículo 6 de la sección dedicada a Nunavut en el quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
622.Los servicios de salud y sociales dirigen un dispensario de obstetricia en una de las comunidades. Los servicios que presta ese dispensario en una vasta zona combinan las prácticas de obstetricia convencionales con las tradicionales de la comunidad inuit. El Ministerio prepara una estrategia general para las madres y los niños, que comprenderá la ampliación de los servicios de obstetricia y la capacitación de más comadronas inuit.
623.Los servicios de salud y sociales han emprendido medidas para reducir el número de casos de virus respiratorio sincitial (VRS) que producen graves enfermedades entre los lactantes y los niños. El Departamento ha elaborado un protocolo clínico normalizado para la evaluación, la atención y el seguimiento de los niños infectados con el VRS. Se han puesto en marcha campañas para promover iniciativas de lactancia materna y de lucha contra el tabaquismo. Se está colaborando con el Departamento de Educación para abordar cuestiones relacionadas con enfermedades transmisibles (en particular el VRS) en las guarderías.
624.Desde 1999, el Departamento gestiona varios programas de bienestar basados en la comunidad en nombre de la Oficina de Salud Pública del Canadá. Entre esos programas, que respaldan diversas iniciativas de bienestar para los inuit, las mujeres y los niños, figuran:
·La Iniciativa "Futuros más luminosos", que apoya iniciativas de bienestar basadas en la comunidad;
·La Iniciativa "Por unas comunidades más sanas": Gestión de las crisis de salud mental;
·La Iniciativa "Por unas comunidades más sanas": Programa sobre inhalación de sustancias solventes;
·La Iniciativa sobre la diabetes en la comunidad aborigen;
·Programa de nutrición prenatal del Canadá;
·La Iniciativa sobre el trastorno fetal alcohólico (véase el quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
·Programa Nacional de alcoholismo y toxicomanía de los aborígenes;
·Programa de atención domiciliaria y comunitaria de las Primeras Naciones y la población inuit; y
·Estrategia de lucha contra el tabaquismo.
625.La política del Gobierno de Nunavut consiste en ejecutar un plan territorial de respuesta en situaciones de emergencia global que tenga presentes las aportaciones de todos los ministerios. El Gobierno ha establecido un plan de intervención en casos de gripe pandémica y un plan de contingencia para los aeropuertos en casos de epidemia de viruela y también ha iniciado la elaboración de un plan territorial de intervención de urgencia en casos de epidemia de viruela, que completará el plan de intervención en casos de gripe pandémica y servirá de modelo para otras enfermedades graves relacionadas con las emergencias sanitarias. El Departamento de Servicios de Salud y Sociales está representado en un comité nacional cuya función principal es crear un marco para un plan de gestión de emergencias sanitarias en situaciones de riesgo.
Apéndice
EXAMEN DE LA JURISPRUDENCIA
Artículo 2 - Derechos que son objeto de disposiciones específicas contra la discriminación
En El Canadá (Cámara de los Comunes) c. Vaid, el Tribunal Supremo examinó si la Ley de derechos humanos del Canadá era aplicable, a la luz de la Constitución, con motivo de un privilegio parlamentario de la Cámara de los Comunes y sus miembros en materia de empleo. El demandado, Satnam Vaid, era el chófer del Presidente de la Cámara de los Comunes. Presentó una denuncia de discriminación basada en la raza ante la Comisión de Derechos Humanos del Canadá. El Tribunal concluyó que todos los empleados de la administración federal, incluidos los que trabajan para el Parlamento se regían por la Ley de derechos humanos del Canadá. No obstante, habida cuenta de que las alegaciones del Sr. Vaid de supuesta discriminación y hostigamiento se enmarcan en el contexto de su denuncia de despido indirecto, éstas se circunscriben al procedimiento de presentación de reclamaciones especificado en la Ley sobre el empleo y las relaciones laborales en el Parlamento y deberían tratarse conforme a tal procedimiento. El sistema de reclamaciones previsto en la Ley sobre el empleo y las relaciones laborales en el Parlamento coexiste con el mecanismo de solución de diferencias establecido en la Ley de derechos humanos del Canadá. El artículo 2 de la Ley sobre el empleo y las relaciones laborales en el Parlamento tiene por objeto evitar la duplicación. Nada en las denuncias del Sr. Vaid justificaba que se consideraran fuera de su contexto particular de relaciones laborales.
En Gosselin (tutor de) c. Quebec (Fiscal General), el Tribunal Supremo del Canadá dictaminó que los artículos 72 y 73 de la Carta de la Lengua Francesa de Quebec, que excluía a los niños de la enseñanza impartida en inglés en función de la lengua en la que sus progenitores hubieran recibido su educación, eran válidas y no violaban los artículos 10 y 12 de esa Carta. Los demandantes alegaron que el criterio básico para determinar el idioma de instrucción de un niño, es decir, el idioma en el que sus progenitores fueron educados, formaba parte de la "situación civil" del niño, lo que constituía un motivo prohibido de discriminación con arreglo al artículo 10 de la Carta de Derechos Humanos y Libertadesde Quebec. Dado que los demandantes eran miembros de la mayoría francófona de Quebec, su voluntad de que sus hijos fueran educados en inglés no correspondía al objetivo previsto en el artículo 23 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. En el artículo 23 se establecía un código completo que regía el derecho a la enseñanza en el idioma de la mayoría y lograba su propósito de proteger y promover la minoría lingüística en cada una de las provincias y contribuía a la creación de condiciones favorables para el desarrollo de la comunidad anglófona en Quebec y en las comunidades francófonas de otras provincias. No existía una jerarquía entre las disposiciones constitucionales. Por consiguiente, las garantías de igualdad no podían utilizarse para invalidar otros derechos conferidos explícitamente por la Constitución. Todas las partes de la Constitución debían ser interpretadas globalmente. No se podía afirmar que, al aplicar el artículo 23, el poder legislativo del Canadá hubiera violado el derecho a la igualdad consagrado en el párrafo 1 del artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá o los artículos 10 y 12 de la Carta de Quebec.
Artículo 3 - Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
Terranova (Junta del Tesoro) c. N.A.P.E. : en 1988, el Gobierno de Terranova y el Labrador firmó un acuerdo de equidad en la remuneración en el que reconocía no haber otorgado una remuneración adecuada a las empleadas del sector de atención de la salud. La Ley de contención en el sector público, aprobada en 1991 con miras a prevenir un desastre financiero, tuvo como resultado el que se aplazara el inicio del abono del aumento concedido en el marco de la equidad en la remuneración y se anulara la obligación de pagar los atrasos correspondientes al período comprendido entre 1988 y 1991. La cuestión que se planteaba ante el Tribunal Supremo del Canadá era si el Gobierno de Terranova, al retrasar los pagos en concepto de equidad en la remuneración, violaba el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 15 de la Carta. Sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre el derecho a la equidad en la remuneración de las empleadas del sector de atención de la salud puesto que éste había sido adquirido por contrato. Se trataba más bien de establecer si el Gobierno había discriminado a las mujeres al incluir en sus recortes presupuestarios las indemnizaciones por equidad en la remuneración. El Gobierno alegó que una crisis financiera de ese tipo justificaba la restricción de los derechos garantizados por la carta en su artículo 1. El Tribunal Supremo acordó por unanimidad que había habido discriminación, pero que la solución a la crisis financiera constituía un objetivo urgente y real y que esa medida se había adoptado para prevenir una crisis financiera grave, lo que justificaba la violación del artículo 15. La crisis financiera excepcional exigía la adopción de medidas excepcionales. Según el Tribunal, para determinar la existencia de una crisis financiera, el Gobierno debía demostrar que había motivos razonables para creer que la salud fiscal del Gobierno en su conjunto, y no la de un único ministerio o programa, corría peligro.
Artículo 6 - Derecho a trabajar
Carta de derechos y libertades del Canadá
En Lavoie c. el Canadá, el Tribunal Supremo concluyó por unanimidad que la Ley de empleo en la administración pública era discriminatoria, puesto que otorgaba a los ciudadanos del Canadá un trato preferencial en el empleo en la administración pública federal y, por consiguiente, violaba el derecho a la igualdad de los demandantes enunciado en el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. Se consideraba que el empleo era esencial para la subsistencia y la autoestima de una persona y que no existía un vínculo aparente entre las competencias de ésta y su ciudadanía. Sin embargo, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo concluyó que la discriminación era razonable en virtud del artículo 1 de la Carta(límites razonables prescritos por ley cuya justificación se puede demostrar en una sociedad libre y democrática), porque era aceptable que el Gobierno federal animara a los residentes a convertirse en ciudadanos canadienses mediante la aplicación de un trato preferencial a la contratación en la administración pública federal. La minoría de los magistrados sostuvo que la disposición legislativa vulneraba el artículo 15 de la Cartade una manera que marginaba a los inmigrantes del tejido social canadiense y que la violación del artículo 14 no se justificaba con arreglo al artículo 1 de la Carta.
En el caso Archibald c. el Canadá, el Tribunal Federal de Apelación examinó una ley que obligaba a los granjeros de una zona establecida (Manitoba, Saskatchewan, Alberta y partes de Columbia Británica) a vender su trigo y cebada a la Junta del Trigo del Canadá y les prohibía comerciar directamente con esos productos en los mercados interior y de exportación. El Tribunal concluyó que el texto legislativo no vulneraba el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. La residencia y la ubicación de una granja en la zona designada no constituían motivos de discriminación enumerados en el artículo 15 de la Cartao análogos a éstos porque no eran características inmutables o que podían considerarse como tales. Además, los efectos sobre la persona no estaban relacionados con los factores esenciales de la dignidad o la identidad personal. El Tribunal afirmó que aceptaba que, en algunas circunstancias, la libertad de asociación podía proteger el derecho a no asociarse. No obstante, la libertad de asociación no se vulneraba sólo porque los aspectos asociativos de las actividades, y no las propias actividades, estuvieran garantizados. En cuanto a los derechos de libre circulación consagrados en el artículo 6 de la Carta, el Tribunal declaró que esos derechos estaban sujetos a las leyes de aplicación general vigentes en una provincia y que la ley impugnada era de ese tipo. El Tribunal Supremo rechazó la solicitud de autorización para apelar.
En Rombaut c. Nueva Brunswick (Ministro de Salud y Servicios Comunitarios), los demandantes cuestionaron la validez constitucional de una disposición de la Ley sobre el pago de servicios médicos, que permitía al Gobierno provincial regular el número y la distribución de médicos en la provincia. Los demandantes eran médicos de familia que alegaban que su libertad de asociación y circulación y su derecho a la libertad y a la igualdad garantizados en la Cartahabían sido violados. El Tribunal de Apelación reconoció el derecho inherente del Gobierno provincial a legislar y limitar los gastos en la esfera de la atención de la salud. Éste concluyó que los demandantes no gozaban de un derecho amparado por la Constitución a ganarse la vida en Nueva Brunswick y que la protección de la libertad de asociación no salvaguardaba su derecho a ejercer la medicina sin la intervención del Gobierno.
Legislación en materia de derechos humanos
El caso Quebec (Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud) c. Maksteel Québec Inc. se refería a un hombre que se había declarado culpable de los cargos penales que se le imputaban. Cumplió condena, obtuvo la libertad condicional y regresó a su puesto de trabajo donde descubrió que había sido despedido y sustituido por otra persona. El demandante alegó que su despido no estaba justificado y se debía al hecho de que había sido condenado, lo que suponía un motivo de discriminación ilícita basada en la existencia de antecedentes penales, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 18 de la Carta de Derechos Humanos y Libertadesde Quebec. El Tribunal Supremo reconoció que el derecho al empleo y a la reinserción en el mercado laboral de las personas con antecedentes penales constituía un valor importante en la sociedad canadiense y dictaminó que el párrafo 2 del artículo 18 ponía de manifiesto ese valor al proteger a los empleados, cuyos antecedentes no guardan relación con su empleo, frente a la discriminación. El Tribunal concluyó que, en ese caso, el demandante no podía demostrar que le habían despedido a causa de su condena y no debido a su incapacidad para trabajar durante su encarcelamiento.
En Quebec (Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud) c. Montreal (Municipio); Quebec (Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud) c. Boisbriand (Municipio), se rechazó la solicitud de M. para un empleo de jardinero-horticultor y se denegó a H. un puesto de agente de policía porque, en ambos casos, el examen médico practicado antes de la contratación puso de manifiesto la existencia de una anomalía de la columna vertebral. T. fue despedido de su puesto de policía por sufrir la enfermedad de Crohn. En todos los casos, las pruebas médicas indicaron que las personas podían desempeñar las funciones habituales del puesto en cuestión y que no tenían limitaciones funcionales. Las tres presentaron denuncias en las que alegaban que habían sido víctimas de discriminación basada en una discapacidad. El Tribunal Supremo del Canadá declaró que una interpretación razonada y liberal de la Carta de Derechos Humanos y Libertadesde Quebec y un criterio contextual militaban a favor de una definición amplia de la palabra "discapacidad", que no exige la existencia de limitaciones funcionales y que reconoce el elemento subjetivo de toda discriminación fundada en ese motivo. El término "discapacidad" no debe restringirse a una definición limitada. En cambio, los tribunales deben adoptar un criterio multidimensional que tenga en cuenta la dimensión sociopolítica de la "discapacidad". Se debe prestar especial atención a la dignidad humana, al respeto y al derecho a la igualdad en vez de centrarse únicamente en la condición biomédica. Puede existir una "discapacidad" incluso sin que haya pruebas de limitaciones físicas u otras dolencias.
Artículo 7 - Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
Legislación en materia de derechos humanos
El caso Lambert c. Quebec (Fiscal General) guarda relación con un beneficiario de asistencia social inscrito en el Programa para el empleo en prácticas. A fin de participar en ese programa, el demandante tuvo que celebrar un contrato por el que percibiría 100 dólares mensuales, el 4% de su salario en concepto de remuneración por vacaciones y sus prestaciones mensuales ordinarias. La cuantía total le sería abonada por el Departamento de Seguridad de los Ingresos. En el artículo 24 de la Ley de garantía de los ingresosse estipulaba que programas como el Programa para el empleo en prácticas no estaban sujetos a los requisitos establecidos en la Ley de normas laborales, el Código del Trabajoy los convenios colectivos. Se puso término a las prácticas del demandante transcurridas cinco semanas debido a su "comportamiento problemático". El Sr. Lambert presentó una denuncia a la Comisión de Normas Laborales basándose en que había sido víctima de discriminación por razón de su condición social como receptor de asistencia social y que, por consiguiente, se le había privado del salario mínimo al que habría tenido derecho si no hubiera sido un receptor de asistencia social que participaba en un programa para el empleo en prácticas. El Tribunal de Apelación de Quebec dictaminó que la distinción establecida entre trabajadores que no eran beneficiarios de asistencia social y los que participaban en el Programa para el empleo en prácticas no se basaba en la condición social. Los requisitos de participación en ese programa no violaban la dignidad humana de los beneficiarios. Esos programas tenían por objeto mejorar su situación económica y brindarles una capacitación que les permitiera obtener un empleo remunerado.
En el caso Sindicato de la Función Pública de Quebec c. Quebec (Fiscal General), el Tribunal Superior de Quebec examinó la cuestión de la equidad en la remuneración entre hombres y mujeres. Desde 1997, la Ley de equidad en la remuneración tiene como propósito atenuar las diferencias salariales debidas a la discriminación sistemática por razón de sexo. Esa ley prevalece sobre cualquier contrato de empleo y se aplica a cualquier empleador cuya empresa cuente con diez o más empleados, incluida la administración pública. A tenor del Capítulo IX de la ley, los empleadores pueden solicitar a la Comisión de Equidad en la Remuneración que apruebe, en determinadas condiciones, un plan de equidad o relatividad en la remuneración ejecutado antes de la aprobación de la ley. En consecuencia, el empleador no deberá iniciar un nuevo proceso de equidad en la remuneración en virtud de las disposiciones generales de esa ley. El Tribunal dictaminó que el capítulo IX mantenía, para varias empleadas, una situación de discriminación salarial sistemática, precisamente lo que la Ley de equidad en la remuneraciónpretendía subsanar. Por consiguiente, el capítulo IX de la ley vulneraba el derecho a la dignidad y a la igualdad de las trabajadoras garantizados en el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, y el artículo 10 de la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebec. No se interpuso recurso.
Artículo 8 - Derechos sindicales
En el caso Dunmore, el Tribunal Supremo del Canadá declaró inconstitucionales las disposiciones de la ley impugnada que excluían a los trabajadores agrícolas de la protección ofrecida por el régimen de relaciones laborales de Ontario. El Tribunal suspendió el efecto de esa declaración de invalidez durante 18 meses para permitir la promulgación de una enmienda a esa ley si el poder legislativo lo estimaba oportuno. El Tribunal Supremo reconoció que la protección de la libertad de asociación garantizada por la Constitución tenía un aspecto colectivo. Es decir, puede salvaguardar determinadas actividades sindicales que son esenciales para la libertad de asociación incluso si se trata de actividades realizadas por un grupo y que no pueden ser consideradas como las acciones de una persona. La historia ha demostrado, y las asambleas legislativas canadienses así lo han reconocido, que una postura restrictiva por parte del Gobierno en la esfera de las relaciones laborales expondría a la mayoría de los trabajadores a diversas prácticas laborales injustas. A fin de que la libertad sindical tenga sentido, en ese contexto particular, el párrafo d) del artículo 2 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá (libertad de asociación) puede imponer al Estado la obligación positiva de ampliar la protección jurídica a grupos no protegidos.
En R. c. Advance Cutting & Coring Ltd. , los demandantes, contratistas y trabajadores de la construcción, estaban acusados de haber contratado a empleados que carecían de los certificados de competencia exigidos, o de trabajar en esa industria sin tales certificados, en contra de la Ley de construcción de Quebec. La ley exigía que los demandantes se afiliaran a uno de los sindicatos enumerados para poder obtener los certificados. Éstos alegaron que esa obligación era inconstitucional porque violaba su derecho a no asociarse que, según afirmaban, estaba garantizado en la libertad de asociación en virtud del párrafo d) del artículo 2 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo del Canadá concluyó que existía implícitamente un derecho negativo de no asociación pero que la ley era constitucional. Los miembros del Tribunal sostenían opiniones diversas sobre si la ley vulneraba ese derecho y si la violación estaba justificada con arreglo al artículo 1 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.
En United Food and Commercial Workers, Local 401 c. la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de Alberta, Safeway Ltd., el empleador, y el sindicato habían negociado un acuerdo de indemnización por despido voluntario destinado a sus empleados de mayor antigüedad. El Tribunal de Apelación de Alberta determinó que algunos empleados que no podían acogerse a ese acuerdo porque no habían trabajado las horas suficientes debido a su discapacidad eran víctimas de discriminación. El Tribunal concluyó que el sindicato tenía la obligación de adoptar medidas de adaptación y desplegar esfuerzos razonables para evitar los efectos discriminatorios de las disposiciones del acuerdo sobre los demandantes. Ni el sindicato ni Safeway hubieran sufrido perjuicios innecesarios si hubiesen cumplido su obligación de emprender medidas de adaptación respecto de los demandantes. Por consiguiente, la disposición no era razonable ni justificable.
Artículo 9 - Derecho a la seguridad social
Plan de Pensiones del Canadá
En Hodge c. el Canadá (Ministro de Desarrollo de los Recursos Humanos), se denegó a la Sra. Hodge la pensión de supérstite establecida en el Plan de Pensiones del Canadáporque no respondía a la definición de "cónyuge". De hecho, había terminado definitivamente la relación que mantenía con su cónyuge de facto y ya no vivía con él cuando murió. La Sra. Hodge alegó que había sido víctima de discriminación en comparación con las parejas casadas que se habían separado y que recibían una pensión de supérstite cuando fallecía su cónyuge. El Tribunal concluyó que la Sra. Hodge dejó de ser "cónyuge" a partir del momento en que puso fin a la relación de facto con su pareja y que el grupo comparativo a los efectos del examen del respeto del derecho a la igualdad era más bien el grupo de los cónyuges divorciados, que no recibían una pensión cuando fallecía su ex cónyuge. El Tribunal Supremo del Canadá dictaminó la validez constitucional de la definición de cónyuge a efectos de la pensión de supérstite.
En Granovsky c. el Canadá (Ministro de Empleo e Inmigración), el demandante sufrió en 1980 un accidente laboral a raíz del cual se consideró que estaba afectado por una discapacidad total temporal. Su discapacidad pasó a ser permanente en 1993 y entonces solicitó una pensión de discapacidad en el marco del Plan de Pensiones del Canadá (CPP). Se rechazó su petición porque no había cotizado al PPC durante el período mínimo exigido para poder beneficiarse de las prestaciones. El demandante no podía acogerse a la disposición de "exclusión", a la que podían recurrir los solicitantes con una discapacidad grave y permanente, según la cual los períodos de discapacidad no se computaban en el cálculo de las cotizaciones recientes. Éste alegó que el requisito relativo a las cotizaciones no tenía en cuenta que las personas con una discapacidad temporal no podían aportar sus contribuciones durante el período de admisibilidad mínimo porque eran incapaces físicamente de trabajar. El Tribunal Supremo del Canadá afirmó que la interpretación del artículo 15 de la (derecho a la igualdad) debía basarse en tres cuestiones primordiales. La alegación del Sr. Granovsky fallaba en la tercera etapa (a saber, si el trato diferenciado entraba en conflicto con el propósito del artículo 15, es decir, ¿el objeto o efecto de la ley perpetuaba la opinión de que las personas con una discapacidad temporal eran menos capaces o menos dignas de reconocimiento o estima como seres humanos o como miembros de la sociedad canadiense?) porque no había demostrado de manera convincente que su demanda tuviera una dimensión relacionada con los derechos humanos. El trato diferenciado otorgado por la disposición de "exclusión" mejoraba la posición de las personas con un historial de discapacidad grave y permanente. El establecimiento de límites era una característica inevitable del CPP y otros planes comparables. El Parlamento no violó el propósito del artículo 15 de la carta al tratar de beneficiar a personas con un historial de discapacidad grave y prolongada.
En Hislop c. el Canadá (Fiscal General) se examinó una demanda colectiva entablada por parejas del mismo sexo de personas que habían muerto entre 1985 y 1998 a quienes se les había negado la concesión de las prestaciones de supérstites previstas en el Plan de Pensiones del Canadá (CPP). El CPP fue aprobado para dar a los canadienses la oportunidad de jubilarse de una manera segura y digna en la esperanza de que abarcara al mayor número posible de ciudadanos. En ese espíritu, en 1998, el Gobierno había modificado el plan a fin de incluir a las parejas del mismo sexo en las disposiciones relativas a las prestaciones de supérstites. Sin embargo, para poder acogerse a las prestaciones, la pareja debía haber fallecido no antes del 1º de mayo de 1998. El Tribunal de Apelación de Ontario determinó que esa fecha límite discriminaba a las parejas del mismo sexo por razón de su orientación sexual y, por tanto, estas eran tratadas de manera diferente en comparación con las parejas heterosexuales. El Tribunal de Apelación concluyó que las disposiciones legislativas que establecían la fecha límite para la concesión de las prestaciones eran discriminatorias. El Tribunal Supremo del Canadá autorizó que se interpusiera recurso.
El caso Bear c. el Canadá (Fiscal General) versaba sobre la negativa del Ministro de permitir a la demandante efectuar cotizaciones retroactivas al Plan de Pensiones del Canadá (CPP). La demandante era una empleada de una reserva de las Primeras Naciones y, en consecuencia, no pagaba impuestos, lo que hacía que no pudiera abonar cuotas al CPP. El reglamento del Plan se modificó en 1988 para permitir que los empleados exentos aportarán contribuciones. En 1992 la demandante solicitó realizar cotizaciones retroactivas a partir de 1966, fecha en que empezó a trabajar en la reserva, hasta 1988. El Tribunal Federal de Apelación concluyó que la demandante había sido sometida a un trato diferenciado basado en el hecho de que era india y trabajaba en una reserva. Sin embargo, el Tribunal determinó que ello no equivalía a una discriminación puesto que la distinción no afectaba a la dignidad humana de la solicitante sino que se debía más bien a la política de buena fe según la cual las cotizaciones al CPP debían abonarse a partir de ingresos imponibles.
Prestación del seguro de desempleo
En el Canadá (Fiscal General) c. Lesiuk, el Tribunal Federal de Apelación examinó si el requisito de haber trabajado 700 horas para poder acogerse a la prestación del seguro de desempleo violaba el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 15 de la Carta. La Sra. Lesiuk afirmaba que ese requisito perjudicaba a las madres con hijos que no podían trabajar tantas horas como las que no tenían responsabilidades parentales. El Tribunal admitió que el hecho de encontrarse en una relación progenitor-hijo constituía un motivo análogo de discriminación. Sin embargo, las pruebas no apoyaban la denuncia de discriminación de la Sra. Lesiuk puesto que establecían que la mayoría de las mujeres con hijos superaban el requisito de 700 horas. Además, el Tribunal no podía concluir que el hecho de no cumplir ese requisito afectara a la dignidad humana de la persona de manera que equivaliera a una discriminación. Por consiguiente, no se había violado el derecho a la igualdad de la demandante. El Tribunal Supremo del Canadá rechazó la solicitud de autorización para apelar.
Indemnización por accidentes del trabajo
El caso Nueva Escocia (Junta de Indemnización por Accidentes del Trabajo) c. Martin correspondía a dosdemandantes que sufrían dolor crónico debido a lesiones producidas en el trabajo. Ambos demandantes habían recibido prestaciones temporales. Sin embargo, les habían negado las prestaciones por discapacidad permanente porque el dolor crónico estaba excluido del régimen de indemnizaciones. El Tribunal Supremo del Canadá reconoció que el Plan de indemnización por accidentes del trabajo discriminaba a los trabajadores que sufrían dolor crónico basándose en la naturaleza de su discapacidad física. Esa discriminación violaba el artículo 15 de la Carta y no podía justificarse con arreglo a su artículo 1. Las disposiciones que infringían la ley se declararon nulos.
Asistencia social
En Gosselin c. Quebec (Fiscal General), la Sra. Gosselin entabló una demanda colectiva en la que cuestionaba la constitucionalidad del apartado a) del párrafo 29 del Reglamento sobre ayuda social (Quebec) porque infringía el derecho a la seguridad personal y a la igualdad, protegidos en los artículos 7 y 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, de los solicitantes menores de 30 años. El apartado a) del párrafo 29 del reglamento tenía por efecto reducir en aproximadamente dos tercios la cuantía de las prestaciones de bienestar abonadas a los solicitantes menores de 30 años que eran aptos para trabajar y vivían solos. El reglamento entró en vigor en 1984 y se anuló en 1989. La mayoría de los miembros del Tribunal Supremo del Canadá concluyó que el Plan no violaba las disposiciones de la carta. En cuanto al artículo 15, los jueces reconocieron por unanimidad que la disposición imponía un trato diferenciado basado en la edad del beneficiario, motivo de discriminación prohibido en virtud del artículo 15 de la carta. No obstante, en opinión de la mayoría, el plan no tenía un efecto discriminatorio porque la medida respondía al objetivo de ayudar a los solicitantes jóvenes menores de 30 años. Es decir, al animarlos a que trabajaran o siguieran una capacitación que les permitiría obtener un empleo, el Gobierno adoptaba una política que atendía a las necesidades de los solicitantes jóvenes. Por lo que respecta al artículo 7 de la carta, que establecía que no se puede privar a una persona del derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal excepto de conformidad con los principios de justicia fundamental, la mayoría del Tribunal concluyó que en ese caso no había habido una violación de ese tipo y que las circunstancias no justificaban una nueva aplicación del artículo 7 que impusiera al Estado la obligación positiva de garantizar un nivel de vida adecuado.
En Falkiner c. Ontario (Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales), las demandantes eran madres solteras que recibían asistencia social. Todas habían vivido con un hombre que no era el padre de sus hijos, durante menos de un año. El reglamento pertinente fue enmendado para incluir a esas parejas en la categoría de cónyuges. Como resultado de esa inclusión, las demandantes perdieron su derecho a asistencia social. Éstas alegaron que ello era discriminatorio y las privaba de su derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal (artículos 7 y 15 de la Carta). Sobre la cuestión de si el reglamento pertinente violaba el artículo 15 de la Carta, el Tribunal dictaminó que la definición de cónyuge había sometido a las demandantes a un trato diferenciado basado en tres motivos prohibidos de discriminación: sexo, estado civil y recepción de asistencia social. En la práctica la ley reservaba un trato diferente a las mujeres que mantenían una relación de pareja que a los hombres debido a la tendencia establecida en las pruebas de que sea el hombre quien perciba el cheque de asistencia social y, por tanto, quien controle esos fondos. Las pruebas demostraron que la inmensa mayoría de las personas afectadas, es decir, las que habían dejado de percibir prestaciones, eran mujeres, en su mayor parte madres solteras, uno de los grupos más desfavorecidos en el Canadá. El Tribunal de Apelación admitió que la recepción de asistencia social constituía un motivo de discriminación reconocido en la Carta. La definición de cónyuge no respondía al criterio de proporcionalidad contemplado en el artículo 1 de ésta porque no existía un vínculo racional entre el propósito declarado de tratar en pie de igualdad a los cónyuges casados y a los cónyuges de hecho y una definición amplia de cónyuge, que abarcaba las "relaciones no asimilables al matrimonio" y apenas suponía un menoscabo del derecho a la igualdad.
En M. B. c. Columbia Británica, el Tribunal de Apelación de Columbia Británica concluyó que las prestaciones de asistencia social no podían deducirse de una indemnización por daños y perjuicios (por agresión sexual). Una indemnización por daños y perjuicios tenía por objeto reparar un agravio y no sustituir un salario. Por consiguiente, M. B. no podía percibir una doble indemnización por el mismo perjuicio. Al examinar si la asistencia social debía incluirse dentro de la excepción a la regla de la doble indemnización por percepción de donaciones, el Tribunal explicó que la asistencia social no era caridad sino que se la debía considerar más bien, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Ley de prestaciones de Columbia Británica, como un reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa de una obligación general de aliviar la pobreza y del derecho de las personas necesitadas a percibir una ayuda adecuada para garantizar su salud y bienestar.
El caso Broomer c. Ontario (Fiscal General) hacía referencia a una solicitud de auto interlocutorio por el que se declarara nula y sin valor, la ley que excluía de la percepción de asistencia social a las personas condenadas por fraude de manera permanente. Los demandantes alegaron que la exclusión permanente violaba los artículos 7, 12 y 15 de la Carta y que se debía suspender su aplicación en su caso. Uno de los demandantes, Broomer, recibía prestaciones del Programa de Apoyo a la Discapacidad de Ontario y de la Junta de Indemnización por Accidentes del Trabajo, pero no declaró la percepción de esas prestaciones mensuales a la Junta. Se le acusó de fraude y fue condenado y se le excluyó de manera permanente de la percepción de asistencia. Además, el Tribunal ordenó que se dedujera una cuantía de las prestaciones de asistencia social que recibía su familia en concepto de restitución (su mujer solicitó las prestaciones para ella y sus tres hijos). Sin las prestaciones de Broomer, los ingresos mensuales de la familia eran de alrededor de 165 dólares, menos de lo necesario para sufragar los gastos y satisfacer las deudas. Los demandantes Duke y Beauparlant se encontraban en una situación similar. Se trataba de una solicitud de exención temporal de la obligación de efectuar la restitución, a la espera del resultado de la impugnación, basada en la Constitución de la ley provincial. Como consecuencia de ello, se solicitó al Tribunal que declarara algunos reglamentos nulos y sin efecto en el caso de los demandantes antes de que se examinara la validez constitucional del régimen legislativo. El Tribunal estimó que no se podía otorgar ese desagravio a la ligera, pero que cuando la imposición de la exclusión penalizara a personas inocentes, en especial niños..., ésta causaría un daño irreparable y vulneraría los derechos fundamentales y, por consiguiente, cabía limitar su alcance. Citando el caso Falkiner y su reconocimiento de la percepción de asistencia social como un motivo de discriminación análogo, el Tribunal admitió que había habido discriminación prima facie puesto que el Gobierno imponía una carga a los beneficiarios de asistencia social y a sus familias que las demás personas no sufrían. Pese a que no se había pronunciado sobre la validez constitucional de la ley, habida cuenta de la existencia de una violación prima facie, el Tribunal dictó un requerimiento provisional por el que se prohibía al Gobierno que efectuara deducciones sobre las órdenes de reembolso del demandante.
En Banda India de Shubenacadie c. el Canadá (Comisión de Derechos Humanos del Canadá), el Tribunal Federal de Apelación confirmó la decisión dictada por el Tribunal de Derechos Humanos del Canadá que determinaba que la Banda India había discriminado a los demandantes por razón de raza y estado civil, en contra de lo establecido en la Ley de derechos humanos del Canadá. La Banda India autorizó el pago de las prestaciones de asistencia social a los indios inscritos y a sus hijos, pero se negó a abonar esas prestaciones a los cónyuges no indios que vivían en la reserva con su pareja india. El Gobierno del Canadá se había comprometido a reembolsar a la Banda cualquier prestación de asistencia social básica otorgada a personas no indias, como los demandantes, que residían en la reserva.
Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños
En el caso Sharpe, el Tribunal Supremo del Canadá examinó si el delito de tenencia de pornografía infantil contemplado en el párrafo 4 del artículo 163.1 del Código Penal era, en virtud del artículo 1 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá (los derechos y las libertades únicamente podían restringirse por una norma de derecho y dentro de los límites razonables cuya justificación pueda demostrarse en el marco de una sociedad libre y democrática), compatible con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión consagrada en el párrafo b) del artículo 2 de la Carta, y el derecho a la libertad garantizado en el artículo 7 de ésta. El Tribunal determinó que el párrafo 4 del artículo 163.1 del Código Penal, pese a que prima facie era contrario a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2, estaba justificado de conformidad con el artículo 1, y que de ello se desprendía también que no había violación del artículo 7. El Tribunal dictaminó que el objetivo del Parlamento al aprobar el párrafo 4 del artículo 163.1 era tipificar como delito la tenencia de pornografía infantil que suponga un riesgo razonable de daño a los niños. Ese objetivo era urgente y real. Más allá de los propósitos específicos de la ley para reducir la explotación directa de los niños, la ley afirmaba de manera más general el valor de los niños a fin de prevenir el deterioro de las actitudes de la sociedad respecto de ellos. La tenencia de pornografía infantil aumentaba el riesgo de malos tratos infligidos a los niños. El Tribunal concluyó que en su alcance amplio y aplicación general, los límites que el párrafo 4 del artículo 163.1 imponía a la libertad de expresión estaban justificados por la protección que la ley ofrecía a los niños frente a la explotación y los malos tratos. La mayoría de los miembros del Tribunal declaró que el artículo 163.1 debía interpretarse en el sentido que incorporaba dos excepciones a la tenencia de dos categorías de material que representa un riesgo escaso o nulo para los niños. Tres jueces aludieron a numerosos instrumentos que prestan especial atención a la protección de los niños, a saber, la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografíay el párrafo 3 del artículo 10 del PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En Fundación Canadiense para los Niños, los Jóvenes y el Derecho c. el Canadá (Fiscal General), la mayoría del Tribunal Supremo del Canadá concluyó que el artículo 43 del Código Penal, que preveía una justificación limitada cuando un progenitor o una persona que actuara en su nombre utilizara razonablemente la fuerza con fines correctivos respecto de un niño. Según el Tribunal, los límites establecidos por la ley y la jurisprudencia ofrecían garantías procesales suficientes para proteger el derecho a la justicia fundamental y la disposición no autorizaba el empleo de la fuerza para causar daño. El requisito de que la fuerza empleada fuera razonable también garantizaba la responsabilidad penal en los casos apropiados. Además, si la fuerza empleada cumplía el requisito de razonable, no podía calificarse de trato o castigo cruel o inusitado. Por último, teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar un entorno seguro a los niños y de ofrecerles una orientación y una disciplina adecuadas, y el hecho de que, en ausencia de una justificación, el derecho penal del Canadá relativo a las agresiones se aplicaba al mínimo uso de la fuerza, la justificación no atentaba contra la prohibición constitucional sobre las medidas discriminatorias.
En el caso Remisión del proyecto de ley C-7 sobre el sistema de justicia penal para los adolescentes, el Tribunal de Apelación de Quebec examinó la validez constitucional de las disposiciones de la Ley de justicia penal de menores. El Tribunal concluyó que algunas de las disposiciones de esa Ley sobre el establecimiento de penas, más específicamente las relativas a la presunción de que se aplicaría una pena para adultos y las concernientes a la excepción a la regla de confidencialidad de la identidad de un delincuente juvenil violento violaban el derecho de los adolescentes a la seguridad personal consagrado en el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. El Tribunal concluyó también que esa ley no era incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pese a la creación de la presunción aplicada al delincuente juvenil, el Tribunal expresó la opinión de que nada en esas disposiciones impedía al Tribunal que dictaba la sentencia destacar la importancia de la rehabilitación y la reintegración en la sociedad del joven ni imponerle la pena menos rigurosa posible, de conformidad con los artículos 3 y 38 interpretados a la luz del artículo 3 de la Convención (sobre los Derechos del Niño). Por consiguiente, las disposiciones en cuestión podían interpretarse de manera que cumplieran los objetivos de los convenios internacionales. No existía, por tanto, incompatibilidad con el derecho internacional.
En Falkiner c. Ontario (Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales), las demandantes eran madres solteras que percibían asistencia social. El reglamento pertinente fue modificado para incluir a las parejas con las que vivían como cónyuges. El Tribunal de Apelación admitió la prueba de que los efectos del reglamento imponían una carga desproporcionada sobre las mujeres en particular, porque la mayoría de los progenitores que representaban el único sostén de la familia eran mujeres. Véase el resumen que figura en el epígrafe correspondiente al artículo 9 del Pacto.
En el caso Broomer, el Tribunal ofreció una medida de reparación respecto de la exclusión permanente de la percepción de asistencia social en parte debido a las consecuencias que esa exclusión había tenido sobre la familia del beneficiario: esa exclusión situaba a su mujer y a sus hijos en una situación de gran inseguridad social y financiera. Véase el resumen que figura en el epígrafe correspondiente al artículo 9.
En Nueva Escocia (Fiscal General) c. Walsh, la Sra. Walsh había mantenido durante muchos años una relación de hecho, pero no había podido disfrutar de las disposiciones de igualdad (reparto equitativo del valor de los bienes de la pareja) de la Ley del patrimonio conyugal de la provincia porque únicamente se aplicaban a las parejas casadas. La Sra. Walsh vivió con B. durante aproximadamente diez años. Solicitó una pensión alimenticia para ella y sus hijos y una declaración de que la definición de "cónyuge" que figura en el apartado g) del artículo 2 de esa ley era inconstitucional porque no le permitía beneficiarse de la presunción de reparto equitativo del patrimonio conyugal que rige para los cónyuges casados y, por tanto, violaba su derecho a la igualdad (artículo 15 de la Carta) por razón de su estado civil. Cuando concluyó que no existía violación, la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo del Canadá estimó que el punto de vista que debía adoptarse no era el momento en que terminaban las relaciones sino más bien el momento en que comenzaban. La decisión de casarse o no era personal y las parejas deberían tomarla libremente. De las pruebas se desprendía claramente que las personas decidían conscientemente vivir en una unión de hecho por elección y que, por consiguiente, no querían estar sometidas al régimen matrimonial y a las obligaciones dimanantes de éste. Cualquier presunción que tuviera por objeto que todas las parejas estuvieran sujetas a las mismas obligaciones jurídicas anularía la libertad de las parejas de establecer su relación y sus obligaciones como estimaran oportuno. La exclusión en la Ley del patrimonio conyugal de las parejas heterosexuales no casadas no era discriminatoria con arreglo al artículo 15 de la Carta. La distinción no vulneraba la dignidad de esas personas.
Artículo 12 - Derecho a la salud física y mental
En Auton (Tutora para el juicio de) c. Columbia Británica (Ministro de Salud), los demandantes, entre los que figuraban cuatro niños a los que se les diagnosticó autismo o trastornos autistas, habían solicitado al Gobierno provincial financiación para sufragar los gastos del tratamiento del autismo según el método Lovaas y su solicitud había sido rechazada. Según se afirmaba, la desigualdad en el trato residía en que se costeaban los tratamientos médicos que necesitaban los niños canadienses que no sufrían discapacidad o los adultos con enfermedades mentales y no se hacía en el caso de la terapia ABA/IBI que requerían los niños autistas. El Tribunal Supremo del Canadá declaró que el Gobierno debía prestar los servicios autorizados por la ley de manera no discriminatoria. Sin embargo, en ese caso, no se estableció la existencia de discriminación. En primer lugar, la denuncia de discriminación se basaba en la hipótesis errónea de que la Ley de salud del Canadá y la legislación provincial pertinente (Ley de protección por Medicare) preveían la prestación reclamada. En segundo lugar, habida cuenta de los hechos y del factor comparativo adecuado, no se podía demostrar que el Gobierno excluyera a los niños autistas por razón de su discapacidad. El régimen legislativo no garantizaba que todos los canadienses recibieran financiación para todos los tratamientos médicos requeridos. La ley únicamente contemplaba la financiación de los servicios básicos prestados por un médico y el suministro de servicios no básicos dependía de la facultad discrecional de las provincias. Por consiguiente, la prestación que se reclamaba en ese caso, a saber, la financiación de todos los servicios médicos necesarios, no estaba prevista por la ley (según lo dispuesto en el artículo 15 de la Carta). El Tribunal consideró asimismo la realidad de la situación para determinar si se había negado a los demandantes otras prestaciones previstas por el régimen legislativo distintas de las que éstos habían invocado. Ello planteaba, de manera más general, la cuestión de si este régimen era discriminatorio, puesto que ofrecía servicios no básicos a algunos grupos mientras que negaba la financiación para la terapia ABA/IBI destinada a los niños autistas. Si un programa de prestaciones excluía a un grupo determinado de manera que comprometiera su objetivo general, entonces era probable que fuera discriminatorio puesto que equivalía a una exclusión arbitraria de un grupo determinado. En cambio, si la exclusión era compatible con el objetivo global y la economía del régimen legislativo, era poco probable que fuera discriminatoria. El régimen legislativo en ese caso, a saber, la Ley de salud del Canadá y la Ley de protección por Medicare, no tenían por objeto atender todas las necesidades médicas. De ello se desprendía que la exclusión de determinados servicios no básicos no podía considerarse sin más como una distinción desfavorable basada en un motivo de discriminación establecido. Por el contrario, se trataba de una característica previsible del régimen legislativo.
En el caso Chaoulli, se alegó que el hecho de que el sistema de salud pública de Quebec no prestara una atención de la salud de calidad en los plazos oportunos, unido a los efectos del artículo 15 de la Ley del seguro médico (Quebec) y del artículo 11 de la Ley del seguro de hospitalización, que prohíben que las compañías de seguros privadas reembolsen servicios cubiertos por el Organismo del seguro médico de Quebec, violaba el derecho a la vida, la libertad y la seguridad y que esa violación contravenía los principios de justicia fundamental (artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá) y el derecho a la vida, la seguridad personal, la integridad y la libertad reconocidos en la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebec. En junio de 2005, el Tribunal Supremo del Canadá, en una sentencia dividida (4-3), invalidó las disposiciones legislativas que prohibían a los residentes de Quebec suscribir un seguro en el sector privado para servicios dispensados por el sistema de atención de la salud pública de Quebec. La mayoría del Tribunal dictaminó que los plazos para acceder a la atención de la salud en el sistema público de Quebec vulneraban el derecho a la vida y a la integridad de la persona protegido en la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebec y que las prohibiciones impuestas, incluso si perseguían un objetivo urgente y real, el de conservar la integridad de ese sistema, no estaban justificadas, y el Tribunal estimó, a la luz de las experiencias de algunas provincias canadienses y de varios países occidentales, que el Gobierno de Quebec disponía de numerosas posibilidades para lograr ese objetivo. El Tribunal no pudo alcanzar una opinión mayoritaria sobre la compatibilidad de esas prohibiciones con el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá que garantizaba que no se pudiera vulnerar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas salvo de conformidad con los principios de justicia fundamental.
En Lalonde c. la Comisión de Reestructuración de los Servicios de Salud, la Comisión de Reestructuración de los Servicios de Salud de Ontario había recomendado que el Hospital Montfort, único hospital universitario francófono en la provincia de Ontario, fuera principalmente un centro de atención ambulatoria que ofreciera sólo determinados tipos de cuidados. Los demandantes solicitaron que se anularan las directrices de la Comisión. El Tribunal de Apelación de Ontario reconoció que el principio de protección de las minorías era una "característica estructural fundamental" que derivaba de las garantías explícitas y de los principios no escritos de la Constitución del Canadá. El principio constitucional de protección de las minorías y los principios que regían la interpretación de los derechos lingüísticos favorecían una interpretación amplia y liberal de la Ley de servicios prestados en idioma francés, que imponía al Gobierno de Ontario la obligación de brindar servicios como los dispensados en el Hospital Montfort, a menos que fuera "razonable y necesario" limitarlos. Habida cuenta de esas normas de interpretación, el Gobierno de Ontario no demostró que fuera razonable y necesario restringir los servicios facilitados en ese hospital.
En Irshad (tutor para el juicio de) c. Ontario (Ministro de Salud), el Tribunal de Apelación de Ontario examinó la recesión registrada en 1994 en Ontario, al igual que en el resto del Canadá, y los cambios que se habían producido entonces en el Plan del seguro médico de Ontario, un plan provincial de atención de la salud destinado a los residentes de Ontario. El Tribunal de Apelación de Ontario admitió la posición de Ontario de que la definición de "residencia" a efectos de la admisibilidad establecía una distinción entre las personas que residían habitualmente en Ontario y las que tenían derecho, o lo tendrían en breve, a establecerse en Ontario de manera permanente; y quienes, pese a residir habitualmente en Ontario no podían, debido a su condición de inmigrantes, vivir de manera permanente en Ontario. El Tribunal concluyó que esa distinción se basaba en la "condición de residente" y no constituía uno de los motivos prohibidos de discriminación enumeradas en el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá(derecho a la igualdad) ni un motivo análogo a éstos. El requisito de que las personas que residieran habitualmente en Ontario gozaran de la condición de inmigrantes que les permitiera, o les permitiría en breve establecerse de manera permanente en el Canadá, era la consecuencia lógica de la exigencia de que una persona tuviera la intención de vivir de manera permanente en Ontario. En cuanto al período de espera de tres meses, salvo las excepciones prescritas, ese período se aplicaba a todos los nuevos residentes de Ontario, con independencia de su ciudadanía, su antiguo lugar de residencia, o su condición de inmigrante. Nada de lo dispuesto en el reglamento impedía a los nuevos residentes de Ontario que no provinieran de otra provincia disfrutar de cobertura sanitaria durante el período de espera de tres meses. Todos los demandantes que se hubieran visto afectados de manera negativa por el período de espera podían haber obtenido una cobertura sanitaria alternativa. De hecho, los nuevos inmigrantes que podían tener más dificultades para conseguir esa cobertura durante el período de tres meses (por ejemplo, los refugiados) estaban exentos del período de espera.
En el caso Broomer, uno de los demandantes, Beauparlant, era maníaco depresivo y, en el contexto de la exclusión permanente que se le impuso, perdió su cobertura de medicamentos y ya no podía comprarlos. Se dictó un auto provisional para eximirlo del cumplimiento del reglamento en la medida en que impedía que tuviera acceso a la cobertura de medicamentos. Véase el resumen que figura en el epígrafe correspondiente al artículo 9.
Artículo 13 - Derecho a la educación
En Solski (tutor de) c. Quebec (Fiscal General) (Tribunal Supremo del Canadá) (29297) (Casimir Nº 1), Cezary Solski e Isabelle Solski, residentes de Quebec, deseaban que sus dos hijos asistieran a una escuela secundaria pública anglófona. Eran ciudadanos del Canadá desde mayo de 1997. En el artículo 72 de la Carta de la lengua Francesa se exigía que la enseñanza se impartiera en francés en las guarderías, las escuelas primarias y secundarias, los centros públicos y los centros privados concertados. Existían excepciones a esa regla, en particular en el caso de los "niños cuya madre o padre fuera ciudadano del Canadá y hubieran asistido o asistieran a una escuela primaria o secundaria anglófona en el Canadá; lo mismo se aplicaba a sus hermanos y hermanas, siempre que esa instrucción constituyera la parte principal de la enseñanza primaria o secundaria recibida por el niño en el Canadá" (apartado 2 del párrafo 73 de la Carta de la Lengua Francesa). La persona nombrada por el Ministro de Educación de Quebec se negó a escuchar la solicitud de los demandantes basándose en que los niños no habían recibido la "parte principal" de su educación en inglés. El Tribunal Supremo del Canadá debía determinar si el párrafo 2 del artículo 73 de esa Carta era incompatible con el párrafo 2 del artículo 23 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, que estipulaba que "los ciudadanos canadienses, un hijo de los cuales haya recibido o esté recibiendo enseñanza primaria o secundaria en francés o inglés en el Canadá, tendrán derecho a que todos sus hijos cursen la enseñanza primaria y secundaria en el mismo idioma". En una sentencia unánime, el Tribunal concluyó que el requisito de que la "parte principal de la enseñanza primaria o secundaria recibida en el Canadá" que figuraba en el apartado 2 del artículo 73 de la Carta de la Lengua Francesa no violaba los derechos garantizados en el párrafo 2 del artículo 23 de la Carta del Canadá. No obstante, debía darse a esos derechos una interpretación teleológica amplia y compatible con el mantenimiento y el desarrollo de las dos comunidades lingüísticas oficiales. La expresión "parte principal" (párrafo 2 del artículo 73 de la Carta de la Lengua Francesa) debía interpretarse de manera atenuada: debía otorgarse al adjetivo "principal" un sentido cualitativo más que cuantitativo. Se debía evaluar si el niño recibió la parte principal, no necesariamente la mayor parte, de su instrucción en el idioma de la minoría. A fin de determinar si la educación general del niño satisfacía los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 23 de la Carta del Canadá, la interpretación debía tener en cuenta todos los factores pertinentes, tanto objetivos como subjetivos, que demostraran un "compromiso de impartir enseñanza en el idioma minoritario". Entre esos factores figuraban el tiempo transcurrido en cada programa, la etapa de los estudios en que se eligió el idioma de instrucción, los programas que se ofrecían o se habían ofrecido, y la existencia de problemas de aprendizaje u otras dificultades. La idoneidad de cada factor variaría según los hechos de cada caso.
Artículo 15 - Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de la protección de los derechos de autor
Vida cultural
En Henry Vlug- y -la Comisión de Derechos Humanos del Canadá- y -la Sociedad de Radiodifusión del Canadá, el Tribunal de Derechos Humanos del Canadá examinó la falta de acceso de las personas sordas y con problemas de audición a la parte sonora de la programación televisiva y la política de la Sociedad de Radiodifusión del Canadá de utilizar un enfoque progresivo respecto de los subtítulos, lo que tenía como resultado que una parte, pero no la totalidad de las emisiones de televisión, de la red en idioma inglés y de Newsworld estuvieran subtituladas. El Tribunal de Derechos Humanos no quedó convencido de que la Sociedad de Radiodifusión del Canadá hubiera satisfecho la carga de demostrar que los costos asociados a la subtitulación del resto de los programas de televisión de su parrilla constituiría una dificultad excesiva. El Tribunal ordenó a la red en idioma inglés de la Sociedad de Radiodifusión del Canadá y a Newsworld que subtitularan toda su programación televisiva, incluidos los programas, los anuncios, las promociones y las noticias de última hora imprevistas, desde la entrada en antena hasta el fin de las emisiones. El Tribunal concluyó que la imposibilidad de acceder a las noticias de última hora, o a las previsiones meteorológicas, difícilmente podía juzgarse de poca importancia. Incluso el acceso a los anuncios publicitarios televisivos no podía considerarse banal, puesto que la publicidad ocupaba un lugar destacado en el tejido de la cultura popular.
Protección de los derechos de propiedad intelectual
En Harvard College c. el Canadá (Comisionado de Patentes), Harvard solicitó una patente para una invención denominada "animales transgénicos", es decir, animales modificados genéticamente que tenían un gen que favorecía el cáncer (oncogén). Harvard trataba de proteger el proceso mediante el cual se creaban los animales y su producto final. El examinador de patentes aceptó la solicitud relativa al proceso pero denegó la que se refería al producto. La única cuestión que se planteaba ante el Tribunal Supremo del Canadá era si los términos "fabricación" y "composición de materia", en el contexto de la Ley de patentes, eran lo suficientemente amplios como para abarcar las formas de vida superior. La mayoría de los miembros del Tribunal Supremo dictaminó que la interpretación más adecuada de esos términos respaldaba la conclusión de que las formas de vida superior no eran objeto de patente. Además, la concesión de patentes para las formas de vida superior comportaría una desviación radical del régimen de patentes tradicional. Habida cuenta de que el que las formas de vida superior pudieran ser objeto de patente era un asunto muy controvertido que planteaba varias cuestiones extremadamente complejas, se precisaba una legislación clara e inequívoca al respecto. La ley vigente no indicaba claramente que las formas de vida superior eran objeto de patente. El Tribunal carecía de competencia institucional para examinar cuestiones de esa dificultad, lo que presumiblemente exigiría que el Parlamento entablara un debate público, sopesara los intereses sociales opuestos y redactara disposiciones legislativas complejas.
En Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, Monsanto patentó un gen y una célula resistentes al glifosato, que creaban plantas de canola resistentes al herbicida Roundup. Schmeiser, un agricultor, nunca adquirió canola resistente al Roundup ni obtuvo un permiso para cultivarla. Descubrió que en sus tierras había crecido canola resistente al Roundup, guardó las semillas de la cosecha y las plantó en todos sus campos de canola al año siguiente. Vendió las plantas de canola como forraje para animales. Monsanto entabló una acción judicial contra Schmeiser por infracción de la patente. El Tribunal Supremo del Canadá autorizó en parte la apelación de Monsanto. La mayoría de los miembros del Tribunal concluyó que al recolectar, conservar y plantar las semillas que contenían el gen y la célula patentados por Monsanto, Schmeiser había violado el artículo 42 de la Ley de patentes. Por consiguiente, Schmeiser privó a Monsanto del pleno disfrute de su monopolio y utilizó o poseyó la invención patentada en el contexto de sus intereses comerciales. El Tribunal estimó asimismo que la infracción por explotación no exigía que los genes o las células patentados fueran utilizados en su forma aislada en el laboratorio. Pese a todo, la reproducción de las plantas constituía una utilización incluso si se trataba de seres vivos que crecían por sí solos. En virtud de la ley, una invención en la esfera de la agricultura merecía la misma protección que una realizada en el ámbito de la mecánica.
En Sociedad de Compositores, Autores y Editores Musicales del Canadá c. la Asociación Canadiense de Proveedores de Internet se examinaba la indemnización otorgada a los artistas y compositores musicales cuyas obras se descargaban de Internet. La Sociedad de Compositores solicitaba el derecho a obtener regalías de los proveedores de servicios de Internet canadienses. Los proveedores alegaron que ofrecían los medios para acceder a Internet pero que de ningún modo regulaban el contenido de Internet o facilitaban los medios para la comunicación de obras musicales. Como consecuencia de ello, los proveedores sostenían que no violaban la Ley de derechos de autor, que disponía que las personas que sólo proporcionaran "los medios de telecomunicaciones necesarios para que otra persona se pudiera comunicar" no podían ser consideradas partes en una comunicación que violara los derechos de autor. El Tribunal Supremo del Canadá consideró si en ese caso la intención del poder legislativo era ejercer su competencia en materia de derechos de autor en todas las comunicaciones por Internet que tuvieran un "vínculo real e importante" con el Canadá. El Tribunal concluyó que los medios necesarios para acceder a Internet, como por ejemplo, el equipo de conexión, los servicios de conectividad y los programas informáticos, entre otros, se regulaban por la Ley de derechos de autor siempre que el proveedor de Internet actuara como agente y no participara en las actividades relacionadas con el contenido de las comunicaciones. El Tribunal Supremo dictaminó que los proveedores de infraestructura de Internet no debían ser considerados como usuarios a los efectos de la Ley de derechos de autor sino como intermediarios.
Lista de casos
Archibald c. el Canadá (C.A.), [2000] 4 F.C. 479. El Tribunal Supremo del Canadá denegó la solicitud de autorización para apelar.
Auton (Tutora para el juicio de) c .Columbia Británica (Ministro de Salud), 2004 S.C.C. 78.
Banda India de Shubenacadie c. el Canadá (Comisión de Derechos Humanos del Canadá) (Re MacNutt) Director y Consejo de la Banda India de Shubenacadie c. el Fiscal General del Canadá, que representa al Ministro de Asuntos de la Comunidad Aborigen y Desarrollo del Norte y la Comisión de Derechos Humanos del Canadá, [2000] F.C.J. Nº 702 (F.C.A.). El Tribunal Supremo del Canadá denegó la solicitud de autorización para apelar.
Bear c el Canadá (Fiscal General), [2003] 3 F.C. 456. El Tribunal Supremo del Canadá denegó la solicitud de autorización para apelar.
Broomer c. Ontario (Fiscal General), [2002] O.J. Nº 2196 (Ont. Sup.Ct. J.).
Chaoulli c. Quebec (Fiscal General), [2005] S.C.C. 35.
Dunmore c. Ontario (Fiscal General), [2001] 3 S.C.R. 1016.
El Canadá (Cámara de los Comunes) c. Vaid, 2005 S.C.C. 30.
El Canadá (Fiscal General) c. Lesiuk, [2003] 2 F.C. 697 (F.C.A.).
Falkiner c. Ontario (Director, División de Garantía de los Ingresos, Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales), (2002), 212 D.L.R. (4th) 633 (Ont. C.A.).
Fundación Canadiense para los Niños, los Jóvenes y el Derecho c. el Canadá (Fiscal General), [2004] 1 S.C.R. 76.
Gosselin (tutor de) c. Quebec (Fiscal General), 2005 S.C.C. 15.
Gosselin c. Quebec (Fiscal General), [2002] 4 S.C.R. 429.
Granovsky c. el Canadá (Ministro de Empleo e Inmigración), [2000] 1 S.C.R. 703.
Harvard College c. el Canadá (Comisionado de Patentes), [2002] 4 S.C.R. 45.
Henry Vlug- y -la Comisión de Derechos Humanos del Canadá- y -la Sociedad de Radiodifusión del Canadá, Tribunal de Derechos Humanos del Canadá, T.D. 6 /00 (15 de noviembre de 2000).
Hislop c. el Canadá (Fiscal General), [2004] O.J. Nº 4815 (Ont. C.A.).
Hodge c. el Canadá (Ministro de Desarrollo de los Recursos Humanos), [2004] 3 S.C.R. 357.
Irshad (tutor para el juicio de) c. Ontario (Ministro de Salud), 28 de febrero de 2001 ONCA C31680. El Tribunal Supremo del Canadá denegó la solicitud de autorización para apelar.
Lalonde c. la Comisión de Reestructuración de los Servicios de Salud, 2002 CanLII 28552 (ON C.A.).
Lambert c. Quebec (Fiscal General), [2002] J.Q. Nº 364.
Lavoie c. el Canadá, [2002] 1 S.C.R. 769.
M.B. c. Columbia Británica, 2002 BCCA 142.
Monsanto Canadá Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 S.C.R. 902.
Nueva Escocia (Fiscal General) c. Walsh, [2002] 4 S.C.R. 325.
Nueva Escocia (Junta de Indemnización por Accidentes del Trabajo) c. Martin, [2003] 2 S.C.R. 504.
Quebec (Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud) c. Montreal (Municipio); Quebec (Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud) c. Boisbriand (Municipio), [2000] 1 S.C.R. 665.
Quebec ( Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud ) c. Maksteel Quebec Inc., [2003] 3 S.C.R. 228.
R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 S.C.R. 209.
R. c. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45.
Remisión del proyecto de ley C-7 sobre el sistema de justicia penal para los adolescentes, [2003] J.Q. Nº 2850.
Rombaut c. Nueva Brunswick (Ministro de Salud y Servicios Comunitarios), 2001 NBCA 75.
Sindicato de la Función Pública de Quebec Inc. c. Quebec (Fiscal General), Tribunal Superior de Quebec, Nº 200-05-011263-998, 4 de febrero de 2004.
Sociedad de Compositores, Autores y Editores Musicales del Canadá c. la Asociación Canadiense de Proveedores de Internet, [2004] 2 S.C.R. 427.
Solski (tutor de) c. Quebec (Fiscal General), [2005] S.C.C. 29297 (Casimir Nº 1).
Terranova (Junta del Tesoro) c. C.N A.P.E., 2004 S.C.C. 66.
United Food and Commercial Workers, Local 401 c. la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de Alberta, [2003] A.J. Nº 1030, 2003 ABCA 246.
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