29° período de sesiones
Acta resumida de la 622ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 11 de julio de 2003 a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Cuarto y quinto informes periódicos combinados del Ecuador
Se declara abierta a la sesión a las 10.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Cuarto y quinto informes periódicos combinados del Ecuador (CEDAW/C/ECU/4-5)
Por invitación de la Presidenta, el Sr. Carbo Benites, la Sra. García Alvarado y la Sra. Aguilar Montalvo (Ecuador) se sientan a la mesa del Comité.
El Sr. Carbo Benites (Ecuador), presentando los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Ecuador, dice que su país ha logrado avances importantes en el cumplimiento de los compromisos derivados de los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la institucionalización de políticas sobre la igualdad de género. Se han aprobado reformas del Código Civil y de otras leyes que procuran defender los derechos de la mujer. También se han desarrollado campañas de información sobre la necesidad de prevenir y sancionar los actos de violencia contra la mujer. El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), creado en 1997, tiene como función primordial coordinar las políticas públicas que promueven la igualdad de género. Su Gobierno está convencido de la necesidad de afianzar el papel de la mujer para alcanzar las metas de desarrollo social y económico del país y, en consecuencia, está formulando políticas, programas y proyectos relacionados con la violencia, la salud, la educación, el trabajo y el acceso a los recursos.
La Sra. García Alvarado (Ecuador) recuerda que, tras el examen del informe anterior del Ecuador, el Comité recomendó que se fortaleciera el mecanismo nacional de protección de los derechos de la mujer, lo que dio lugar a la creación del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) en 1997. El CONAMU está adscrito a la Presidencia de la República y tiene un alto grado de autonomía financiera y política. El Comité recomendó asimismo que el Congreso Nacional prestara más atención a las cuestiones de género, y ello dio lugar a que se creara la Comisión Permanente de la Mujer, el Niño y la Familia y a que se introdujeran reformas sustanciales en el marco jurídico nacional.
Durante la década de 1990, el Ecuador afrontó una profunda crisis política y económica que trajo aparejada la devaluación de la moneda, lo que determinó que 5 de cada 10 ecuatorianos quedaran bajo la línea de pobreza y que se agudizaran los procesos de migración internacional. El conflicto civil en la vecina Colombia también generó corrientes de refugiados y personas desplazadas. No obstante, en medio de este caos, se fortalecieron los movimientos sociales de los indígenas y las mujeres.
En lo que respecta a los artículos 1, 2 y 3 de la Convención, la oradora dice que las reformas incorporadas al Código Civil han reconocido la plena capacidad jurídica de la mujer casada y que en la Constitución de 1998 se incorporó el principio de la igualdad de derechos sin discriminación por razón de sexo. A partir de 1998 se han aprobado una serie de leyes con el fin de eliminar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y se han introducido reformas en el Código Penal. Existe un sistema de reunión de información desagregada por sexo que ha permitido generar indicadores sociales sobre las mujeres, que muestran las brechas de género y pueden utilizarse para planificar políticas públicas. El CONAMU, con la participación de los movimientos de mujeres, formuló un Plan de Igualdad de Oportunidades para el período 1996-2000, que incorporó los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de Beijing y que se ha utilizado para orientar políticas y actividades de género. La creación de la Defensoría del Pueblo, a fines de los años noventa, permitió exigir el cumplimiento de las normas sobre igualdad y no discriminación.
Pese a los avances logrados en la eliminación de la discriminación contra la mujer en el ordenamiento jurídico del Ecuador, subsisten patrones culturales muy arraigados y la situación de facto de las mujeres ha cambiado poco.
La Sra. Aguilar Montalvo (Ecuador), refiriéndose a la cuestión de la violencia contra la mujer, dice que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia contiene medidas civiles y penales de protección de la mujer, castiga a los infractores y establece responsabilidades de la Policía Nacional y otros organismos públicos en la aplicación de la ley. Se preparó un manual de procedimientos para orientar a la policía y a la comunidad médica en los casos de violencia intrafamiliar. Las organizaciones no gubernamentales y el CONAMU han realizado unas 40 campañas de información para la difusión de la ley y han capacitado a funcionarias de la administración de justicia, las fiscalías y la policía. En 1994, se crearon las Comisarías de la Mujer y la Familia como proyecto piloto, y el programa se ha ampliado al punto que actualmente existen 32 comisarías de ese tipo en el país. Además, en la Policía Nacional se ha creado la Oficina de la Defensa de los Derechos de la Mujer, que actualmente funciona en seis provincias. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que la tasa de aplicación de la ley sigue siendo bastante baja. En un esfuerzo por reforzar el cumplimiento de la ley, se han creado unidades especiales en las fiscalías de cada una de las provincias, con equipos multidisciplinarios capacitados para lidiar con la violencia intrafamiliar.
Según una encuesta de opinión realizada por el CONAMU en el año 2000, el 75,1% de las mujeres sabe que existen las Comisarías y el 91,7% de ellas está al tanto de los servicios que ofrecen. En la década de 1990, el tema de la violencia intrafamiliar fue finalmente colocado en la agenda pública y reconocido como un problema social y de salud pública. Ese mayor grado de información de las mujeres quedó demostrado por un aumento del 30% en las denuncias de violencia intrafamiliar presentadas entre 1999 y 2002. Sin embargo, el sistema judicial, que adolece de prácticas de corrupción y estereotipos culturales y sexistas, ha quedado rezagado en la aplicación de las leyes contra la violencia intrafamiliar. La participación de las organizaciones no gubernamentales ha contribuido a revalorizar la labor de las Comisarías de la Mujer y la Familia.
La Sra. García Alvarado (Ecuador), refiriéndose al tema del artículo 4 de la Convención y las medidas especiales de carácter temporal, dice que en la Constitución de 1998 se establecen garantías para las personas en situaciones vulnerables. La Ley de Seguro Social también garantiza el derecho de la mujer embarazada a trabajar y a gozar de prestaciones de maternidad. La Ley Reformatoria de la Ley de Maternidad Gratuita ofrece un paquete de servicios y prestaciones relacionados con la salud reproductiva. La Ley de Amparo Laboral establece un mínimo de un 20% de mujeres en la administración de justicia. El mismo requisito se aplica a las listas de candidaturas presentadas por los partidos políticos. Las mujeres que tengan hijos menores de edad, sean discapacitadas o estén en la tercera edad, que viven por debajo de la línea de pobreza, también tienen derecho a prestaciones especiales. No obstante, las estrategias de reducción de la pobreza adoptadas recientemente, que centran la atención en los grupos más pobres y vulnerables, no han logrado mejorar sustancialmente la situación de esas mujeres y sus hijos.
Con respecto a la eliminación de estereotipos, el CONAMU ha hecho grandes esfuerzos para difundir información acerca de la Convención y sobre las reformas constitucionales y legales que afectan a las mujeres. Las organizaciones no gubernamentales organizaron una exposición fotográfica nacional para realzar la imagen de la mujer y contrarrestar los estereotipos.
La Sra. Aguilar Montalvo (Ecuador) dice que la Constitución contempla la protección de los niños y adolescentes contra el tráfico de menores, la prostitución, la pornografía y la explotación sexual, y que en las reformas del Código Penal se tipifica como delito esa explotación. En 1998 se creó una unidad especializada de la policía para investigar los casos de abuso sexual y prostitución de menores.
Alrededor del 15% de las trabajadoras sexuales registradas en el Ministerio de Salud Pública están organizadas en asociaciones. Aproximadamente el 33% de las trabajadoras sexuales están sujetas a control profiláctico y desde 1998 existe un programa de prevención del VIH/SIDA dirigido a esas trabajadoras. La ley prohíbe y penaliza la prostitución y la explotación sexual de menores. En la práctica, sin embargo, es posible instalar un prostíbulo si se obtienen los permisos correspondientes y se aplican los reglamentos pertinentes. Hasta el momento, la corrupción de la policía y el sistema judicial ha impedido prevenir y sancionar la explotación sexual de menores. Existe una red conjunta pública y privada que no ha logrado establecer programas de atención para menores explotados.
La Sra. García Alvarado (Ecuador), refiriéndose al tema de la participación política de la mujer, dice que el Ecuador fue el primer país de América Latina que otorgó a la mujer el derecho al sufragio, en 1929. A pesar de ello, en las elecciones de 1998 menos de la mitad de los votantes fueron mujeres. La representación de la mujer en la Asamblea Nacional es muy reducida, y en las asambleas provinciales es de entre 12% y 20%. Actualmente hay cuatro ministras de Estado mujeres, lo que representa un 20%. La representación a nivel local está aumentando lentamente y ha llegado al 27%. Solamente uno de los 39 jueces de la Corte Suprema es una mujer; la mayor proporción de jueces mujeres se encuentra en juzgados de menor jerarquía. Con la reforma de la Ley de Elecciones, en el año 2000, se fijó una cuota mínima del 30% de participación de candidatas mujeres en las listas de elección popular. Sin embargo, esto no ha surtido aún efectos sustanciales en la estructura del sistema patriarcal de ejercicio del poder político.
Las mujeres pueden ingresar en la carrera diplomática sin discriminación, pero siguen teniendo dificultades para aprovechar las oportunidades en ese ámbito. Hay cinco mujeres embajadoras, frente a 61 hombres en ese cargo. Por otra parte, la Constitución de 1998 otorga igualdad de derechos a mujeres y hombres con respecto a la nacionalidad.
Durante el decenio anterior se lograron progresos en cuanto a aumentar la tasa de alfabetización de las mujeres y reformar el sistema educativo. La Constitución de 1998 prevé medidas concretas para garantizar la igualdad de acceso a la educación para las mujeres y las niñas e incorporar el enfoque de género en los programas de estudio y los textos escolares. La educación bilingüe en lenguas indígenas ha permitido un mayor acceso de la población rural indígena, y en particular de las mujeres, a la educación. El CONAMU ha mantenido programas que incorporan el género como eje transversal en los programas de estudio, y ofrece cursos de género para docentes. Más del 90% de las escuelas reciben apoyo del Estado, el cual también ha implementado programas como el de colación escolar y el de salud, para reforzar el sistema educativo.
Durante los años noventa se promovió una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el sistema educativo, aunque problemas como el embarazo en la adolescencia, especialmente en las zonas rurales, provoca la expulsión o la deserción de mujeres de entre 15 y 19 años de edad de los centros educativos. En la educación superior, mujeres y hombres tienden a ceñirse a los patrones tradicionales, ya que las mujeres suelen elegir ciencias sociales y los hombres optan por carreras técnicas. Se han impulsado iniciativas para promover la educación sexual en las escuelas, pero los grupos conservadores y la Iglesia Católica han impedido la plena aplicación de estos programas. Si bien la brecha entre hombres y mujeres en la educación se cerró parcialmente durante la década de 1990, persisten estereotipos de género en todo el sistema educativo. El Estado tampoco cumple sus compromisos presupuestarios con la educación y sigue pagando sueldos vergonzosos a los maestros de enseñanza primaria, que son en su mayoría mujeres.
La mayoría de las mujeres trabaja en los sectores del comercio y los servicios, y su tasa de desempleo, de 16%, es el doble de la de los hombres. La Constitución garantiza la igualdad de oportunidades para la incorporación de mujeres al trabajo remunerado y el derecho de igual remuneración por igual trabajo, y prohíbe todo tipo de discriminación laboral. También reconoce el trabajo doméstico como productivo, lo que se refleja en el censo nacional. Hay una serie de entidades públicas y privadas y grupos que ofrecen servicios de cuidado infantil. Sin embargo, los efectos de la crisis política y económica de los últimos años en los salarios y el nivel de empleo han llevado a muchos a emigrar en busca de trabajo fuera del país. Si bien ha habido avances legales importantes y se ha tratado de facilitar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, las iniciativas de generación de empleo no han sido suficientes.
Refiriéndose a las cuestiones relacionadas con la salud de la mujer, la oradora señala que la tasa de mortalidad materna se redujo de 12 por cada 10.000 nacimientos en 1990, a 7 en 1997, y que el número de mujeres que dan a luz en centros de maternidad se ha duplicado. Sin embargo, le preocupa que la atención que reciben las mujeres embarazadas no haya seguido mejorando durante el decenio de 1990 y que un gran número de mujeres indígenas y del medio rural no tengan acceso a ningún tipo de atención médica. La Ley de Maternidad Gratuita rige los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud Pública para que la atención de la salud de la mujer se base en un enfoque integrado, que abarque servicios de salud sexual y reproductiva, planificación de la familia e iniciativas de maternidad sin riesgos. Mediante la aplicación de la descentralización como un elemento del nuevo modelo de atención de la salud, los servicios que se ofrecen en el marco de esta ley atendieron a más de 2 millones de personas hasta el año 2001. La Constitución también garantiza a hombres y mujeres el derecho a asumir la responsabilidad respecto de su vida sexual, así como la igualdad de acceso a los servicios de planificación de la familia. En suma, si bien se ha avanzado mucho en pos del objetivo de la maternidad sin riesgos, la mayoría de los programas de atención de la salud para mujeres siguen centrándose en el período fértil de las mujeres.
Las mujeres rurales están en desventaja en comparación con las mujeres de las zonas urbanas en lo que respecta al acceso al crédito y los recursos productivos, a pesar de que la Constitución les garantiza igualdad de acceso. El Programa Nacional de Desarrollo Rural ha logrado avances en cuanto a promover la titulación de tierras en forma conjunta a nombre de ambos cónyuges. Sin embargo, los programas públicos de fomento del acceso de la mujer al crédito, las tierras y la vivienda adecuada no se han traducido aún en políticas de Estado. Si bien el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, con 14 pueblos y 12 nacionalidades reconocidas, todos los indicadores sociales, desde las tasas de alfabetización hasta el acceso a servicios de salud, muestran que las mujeres indígenas son el grupo que está en peores condiciones. Se han puesto en práctica varios planes de desarrollo comunitario para grupos indígenas y minorías étnicas y raciales, muchos de los cuales incluyen a la mujer en los componentes de desarrollo, pero la falta de servicios e infraestructura en las zonas rurales ha provocado la migración de la población a los centros urbanos en busca de un mejor nivel de vida.
La Sra. Aguilar Montalvo (Ecuador) dice que la Constitución reconoce el matrimonio y la unión de hecho y establece los mismos derechos y obligaciones para hombres y mujeres en ambas situaciones. Están en proceso de examen el Código de Familia y el Código de la Niñez y Adolescencia. Aunque las reformas legales han igualado los derechos de hombres y mujeres en el matrimonio, la cultura nacional sigue relegando casi por completo a la mujer a su papel de madre.
En resumen, si bien la década de los noventa se caracteriza por grandes avances a nivel formal, legal e institucional, las mujeres fueron el grupo más perjudicado por la crisis económica y política de esa década y siguen estando en clara desventaja con respecto a los hombres en términos de educación, atención de la salud y empleo. No se han aplicado programas eficaces para eliminar la discriminación en esas esferas y la cultura patriarcal sigue prevaleciendo en la sociedad ecuatoriana.
La Presidenta dice que, al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención en 2002, el Ecuador dio un paso positivo en dirección al objetivo de establecer la igualdad de género. Asimismo, recuerda que el Ecuador ratificó la Convención en 1981, pero empezó a atrasarse en la presentación de los informes periódicos, que se fueron acumulando. Por lo tanto, pide al Ecuador que aproveche la oportunidad que ha dado el Comité a todos los países que tienen informes atrasados, para que se pongan al día con sus obligaciones combinando varios informes sucesivos en un solo documento.
Si bien es innegable que el Ecuador ha hecho progresos en cuanto a fomentar la igualdad de género, principalmente mediante la promulgación de leyes, la principal dificultad que tiene en este momento es lograr que esas políticas se apliquen en la práctica.
La Sra. Morvai dice que, según ha podido leer en algunos informes de investigación publicados por organizaciones internacionales sobre la situación del Ecuador y en el propio informe presentado por ese país al Comité, la violencia y la explotación sexuales son un grave problema.
La explotación sexual de mujeres y niños es parte de un mismo fenómeno: la creencia de muchos hombres de que pueden usar a esas personas como si no fueran seres humanos. Es importante que el Ecuador no piense que la explotación sexual de mujeres y niños es parte de su cultura, sino que la considere algo ajeno a ella, ya que se trata de hombres que están fuera del país los que tienen interés en la pornografía con imágenes de niños que se transmite por Internet y que buscan niñas prostitutas.
La explotación sexual de mujeres y niños es parte de una cultura mundial de comportamiento patriarcal, sexismo y racismo hacia países más pobres, a los que a menudo se culpa de perpetrar la explotación. El Ecuador debería pedir asistencia internacional para eliminar el problema de raíz. Las mujeres y los niños ecuatorianos no valen menos que las mujeres y los niños de los países más ricos.
Otro problema que tiene el Ecuador es su actitud ambivalente frente a la prostitución, que queda demostrada por el uso que hace del término “trabajadora sexual” y la existencia de prostíbulos autorizados. El Ecuador tampoco debería aceptar esta situación como inevitable, sino que debería reconocer que la cultura de la prostitución tiene raíces internacionales y pedir ayuda internacional para combatir el problema.
La Sra. Ferrer Gómez dice que se debería fortalecer el mecanismo nacional ecuatoriano de promoción de la igualdad de género, para permitirle establecer una estructura institucional capaz de influir en la legislación y en la formulación de políticas. Pregunta además si existe algún plan para unificar la estructura actual a fin de elevar el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) a la categoría de ministerio y garantizar que se asignen recursos suficientes para atender las cuestiones relativas a la mujer. La oradora se pregunta también si el grupo de trabajo se mantiene activo y qué actividades se proponen para el Plan de Igualdad de Oportunidades para el período 2002-2007 (ya que al parecer es poco lo que se ha hecho desde el plan anterior, que abarcó el período comprendido entre 1996 y 2000).
En cuanto a la pobreza, el Ecuador esta afrontando un enorme desafío. Según algunos informes, las políticas económicas neoliberales y la deuda han dejado al 69% de la población por debajo de la línea de pobreza y las mujeres han sido las víctimas principales. Las mujeres constituyen una proporción importante de los que emigran por razones económicas, pero una vez que llegan a los países de acogida consiguen los empleos peor pagados y son vulnerables a la explotación y la prostitución. La oradora pregunta si el Gobierno tiene algún plan para lidiar con la grave situación económica de las mujeres del país, en particular las que viven en las zonas fronterizas afectadas por las medidas del Plan Colombia.
La Sra. Kwaku desea saber si se ha hecho alguna evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que data de 1998. También se pregunta si el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo han tenido que emitir alguna decisión sobre asuntos relacionados con el género. Las medidas que apuntan a consolidar los derechos de la mujer en la Ley de Amparo Laboral son encomiables, pero la oradora desea saber si se ha creado alguna estructura para vigilar el cumplimiento de dicha ley, particularmente en el sector privado, donde podría ser difícil de aplicar. Pregunta también si las mujeres que trabajan en el sector privado han invocado esa protección y cuántas denuncias se han recibido en virtud de esa Ley.
La Sra. Popescu Sandru dice que le gustaría recibir información sobre la situación de las mujeres indígenas en el Ecuador. El informe del país se refiere con frecuencia a las mujeres rurales; se pregunta si el Ecuador incluye a las mujeres rurales y a las mujeres indígenas en el mismo grupo. En el informe se indica también que la Constitución nacional ha identificado a los grupos vulnerables que necesitan atención prioritaria. Esos grupos comprenden a los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas discapacitadas, pero no se menciona a las mujeres indígenas o rurales. La oradora pregunta si no se considera vulnerables a las mujeres indígenas y rurales.
La explotación sexual de niños y adolescentes está muy extendida. Las normas jurídicas previstas en la Constitución, el Código Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia constituyen un paso positivo, pero su aplicación sigue siendo problemática. La corrupción en la policía y el poder judicial es un hecho desalentador, y los medios de difusión siguen mostrando imágenes degradantes de niños. La oradora pregunta qué medidas piensa adoptar el CONAMU, si se va a ofrecer a los medios de difusión algún tipo de capacitación dirigida a eliminar la discriminación, y si hay planes de aprobar leyes que prohíban la transmisión de imágenes degradantes de niños.
La Sra. González Martínez dice que las respuestas del Ecuador a las preguntas del Comité con respecto a la violencia intrafamiliar parecen ser contradictorias. Por un lado se dice que ha habido denuncias y se presentan datos sobre los casos de violencia denunciados, pero por el otro se alega que hay pueblos y ciudades que no llevan un registro de los casos de violencia intrafamiliar. La oradora lamenta que el incesto no esté tipificado como delito y que el Comité no haya recibido información sobre las penas específicas previstas para la violación de menores.
Las respuestas dadas por el Ecuador al Comité sugieren además que las circunstancias en que el proxenetismo se castiga con una sanción penal derivan de la Convención. En realidad, el artículo 6 de la Convención establece simplemente que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. La existencia de prostíbulos autorizados fomenta la prostitución y la corrupción. El Ecuador debería ir más allá de su Constitución y sus leyes para combatir la trata de mujeres, atacando el problema en su raíz.
La Sra. Tavares da Silva dice que quedó sorprendida por las disparidades en la sociedad ecuatoriana que se describen en el informe. Hay una brecha cada vez más ancha entre la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres desde el punto de vista del ingreso y de la justicia social. Las mujeres producen la mayor parte de los alimentos del país, y a pesar de ello raramente reciben una remuneración por su trabajo. Las mujeres son los miembros menos calificados y más explotados de la fuerza laboral. La tasa de enjuiciamiento de los casos denunciados de violencia contra la mujer es baja, y las mujeres constituyen el sector de la población que muestra una mayor tendencia a vivir en la extrema pobreza. La situación de la prostitución en el Ecuador es contradictoria: está prohibida, pero al mismo tiempo es tolerada a puertas cerradas en prostíbulos autorizados. La oradora se pregunta si la prostitución de menores se tolera de la misma manera.
Si bien la cooperación estrecha entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales para la creación de planes sucesivos de igualdad de oportunidades es un hecho positivo, la práctica de hacer que el movimiento de mujeres presente una lista de candidatas para las elecciones del Directorio del CONAMU es preocupante. Es correcto que las organizaciones no gubernamentales tengan la posibilidad de influir en la formulación de políticas, pero la aplicación de las políticas es responsabilidad del Gobierno. El CONAMU es un organismo de Estado, y por ende, no debería depender del movimiento de mujeres para el ejercicio de sus funciones.
La Sra. š imonović dice que la eliminación de la discriminación contra la mujer en la legislación es un aspecto fundamental de la aplicación de la Convención. Tras examinar el informe anterior del Ecuador (CEDAW/C/13/Add.31 y CEDAW/C/ECU/3), el Comité recomendó que se introdujeran reformas legales profundas a fin de eliminar todas las leyes que discriminaban a la mujer y pidió al Gobierno que presentara un informe sobre los progresos realizados en tal sentido en su siguiente informe periódico. En los informes cuarto y quinto combinados figuran muchas referencias a proyectos de ley, pero la oradora quisiera recibir más información acerca de los planes de derogar o modificar la legislación vigente. Ello reviste particular importancia en atención a la meta fijada en el documento aprobado por la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones sobre igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI (Beijing+5), a efectos de que la reforma legislativa esté lista para 2005. La oradora pregunta si el Código Penal y las reformas propuestas a dicho código permiten el sobreseimiento por razones de honor o consideraciones familiares, y en cuántos casos por año se tienen en cuenta esas circunstancias.
La Sra. García Alvarado (Ecuador) agradece a la Sra. Morvai por señalar que el Ecuador tiene derecho a pedir ayuda e indemnización por los efectos que la deuda y los términos de intercambio injustos han tenido en su economía y su población. Uno de esos efectos es la presión para emigrar en busca de trabajo, lo que, en el caso de las mujeres, las expone a la explotación económica y sexual.
No se han hecho estudios de investigación de la incidencia de la explotación y la prostitución de menores. Una organización no gubernamental examinó el fenómeno pero no registró cifras que permitieran determinar su alcance. La cuestión de la prostitución en general ha captado la atención del Gobierno, pero principalmente del Ministerio de Salud y de Bienestar Social, que en respuesta al problema comenzó a proporcionar certificados que acreditan que la persona en cuestión no padece enfermedades de transmisión sexual y creó un programa de prevención del VIH/SIDA. Estas son medidas que procuran remediar problemas sanitarios pero que no abordan la cuestión de la explotación. El CONAMU y el movimiento de mujeres no han hecho estudios de investigación sobre la prostitución.
El estatuto jurídico del CONAMU es diferente al de su antecesora, la DINAMU (Dirección Nacional de la Mujer). A diferencia de la DINAMU, que era una dependencia del Ministerio de Bienestar Social y se concentraba en la ejecución de proyectos, el CONAMU está adscrito a la Presidencia de la República y centra su atención en la formulación de políticas. Si bien el CONAMU está más cerca del poder ejecutivo del país que su antecesora, es mucho más vulnerable a los caprichos de las prioridades políticas.
Si bien la Constitución prevé la representación de los intereses de la mujer, no se han aprobado normas legales de menor jerarquía que establezcan un órgano encargado de cumplir esa función. En consecuencia, el único fundamento legal de la existencia del CONAMU es un decreto del poder ejecutivo que no garantiza su futuro. El CONAMU le ha dado voz a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, pero la inestabilidad política y económica reciente del país ha dado lugar a una alta rotación de funcionarios, que deja dudas en cuanto a con quién corresponde negociar. Además, el CONAMU tiene poca influencia porque es una entidad pequeña y centralizada (no tiene oficinas regionales). Es evidente que no se trata de un órgano de supervisión; cumple una función de coordinación y asistencia. La supervisión de la aplicación de las políticas incumbe al Congreso Nacional y a las Comisarías de la Mujer.
El Plan de Igualdad de Oportunidades 1996-2000 abarcó el período de transición institucional de la DINAMU al CONAMU. El Plan tuvo repercusiones en la reforma constitucional y legal, pero la reforma no podrá hacerse realidad si no se implementa. Es preciso lograr este objetivo para poder cambiar hábitos tan arraigados como la creencia de los hombres de que tienen el dominio del cuerpo de las mujeres y los niños. Si bien el Plan de Igualdad de Oportunidades fue concebido como una hoja de ruta para el CONAMU más que para el Gobierno, su sucesor, el Plan de Igualdad de Oportunidades para el período 2002-2007, se percibe como un plan para el Gobierno, con efectos en las carteras ministeriales. La inestabilidad económica del país y la transición de un gobierno a otro han impedido la consumación del Plan.
La Sra. Aguilar Montalvo (Ecuador), en respuesta a una pregunta relativa al número de denuncias presentadas por mujeres en las Comisarías de la Mujer y la Familia, dice que hasta 1999 no se llevó un registro único unificado. A partir de esa fecha, como el CONAMU no tenía potestades coercitivas, siguió habiendo dificultades para registrar los datos necesarios, pero con la creación de la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU), el registro se hizo obligatorio. Cabe señalar que las Comisarías de la Mujer son entidades técnicas especializadas en lidiar con la violencia intrafamiliar. De acuerdo con la Constitución de 1998, todos los órganos locales quedan bajo el control de las autoridades judiciales nacionales y actualmente se están haciendo las gestiones necesarias para establecer un sistema nacional de registro único.
La tasa de imposición de penas es baja porque, en la mayoría de los casos, las víctimas retiran las denuncias. Si bien se les garantiza protección policial para evitar que sean agredidas nuevamente por quien hizo uso de la violencia en contra de ellas, en casi el 70% de los casos las víctimas no siguen adelante, y no insisten en que se procese al agresor. Antes había dificultades para aplicar la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia por la confusión que existía con respecto al ámbito preciso de competencia de las Comisarías de la Mujer, pero esa cuestión se ha ido aclarando gradualmente.
En lo que respecta a las penas aplicables a la violación de niños, la oradora señala que si bien la reforma del Código Penal de 1998 introdujo una definición clara de la violación y estableció una pena de 8 a 12 años de prisión, no fijó una pena para la violación de niños. La ley castiga el proxenetismo con una pena de 1 a 3 años de prisión, salvo en el caso de que la persona involucrada administre un prostíbulo de conformidad con las normas legales que rigen esos establecimientos. La policía allana los prostíbulos de vez en cuando para determinar si hay menores y, si los encuentra, los retira del lugar, sanciona a los propietarios del prostíbulo o clausura el establecimiento, pero es muy raro que se apliquen esas normas.
Se ha creado un nuevo módulo sobre género y derechos humanos para los cursos de capacitación de la policía, con la asistencia técnica de la Dirección de igualdad entre los géneros, y se ofrecen cursos de capacitación similares para fiscales, médicos forenses y ciertas categorías de personal administrativo.
La Sra. García Alvarado (Ecuador) dice que entre las medidas de asistencia y protección para migrantes hay un conjunto de medidas que apuntan a beneficiar a los que han emigrado, así como a las familias de los emigrantes que se han quedado en el país. Este conjunto de medidas ofrece ayuda financiera a los migrantes para que no se vean obligados a pagar las altas tasas de interés que cobran los prestamistas “no oficiales”. La Defensoría del Pueblo tiene una oficina especial que puede recibir denuncias de emigrantes tanto en el Ecuador como en España, cuando se han violado los derechos de los migrantes en este último país. También puede proporcionar ayuda financiera para la repatriación de los emigrantes que fallecen en el extranjero.
Ciertos municipios, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia Católica, han creado una red para ayudar a los migrantes y, en particular, proporcionar atención psicológica a los hijos de familias separadas como consecuencia de la migración. La red también está respaldando un plan destinado a ayudar a las familias de los migrantes que desean utilizar las remesas que reciben de sus familiares en el extranjero para dedicarse a actividades productivas que les permitan mejorar su situación económica y social. El CONAMU está trabajando con una organización de migrantes en España para fortalecer las organizaciones de mujeres ecuatorianas que han emigrado a ese país, entre ellas organizaciones de trabajadoras domésticas y trabajadoras sexuales.
Aún no se ha evaluado la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos, pero el Plan tiene actualmente una incidencia importante en los programas de estudio de las escuelas, sobre todo en lo que respecta a los derechos del niño. También se ha prestado atención a los derechos de las minorías sexuales desde que se despenalizó la homosexualidad. En aplicación de la Ley de Amparo Laboral anualmente se reciben alrededor de 20 denuncias presentadas por mujeres que han sido despedidas por estar embarazadas, si bien no existen cifras sobre los casos de mujeres que han sido objeto de discriminación al solicitar un ascenso a un cargo más alto con el mismo empleador. Sigue habiendo una tendencia a contratar mujeres jóvenes y atractivas que no tengan hijos. Se han presentado muy pocas denuncias oficiales relativas a esa forma de discriminación.
La Sra. Aguilar Montalvo (Ecuador) dice que el cambio legislativo más importante es la reforma del Código de Familia, que ya fue objeto de su primera lectura en el Congreso y está esperando la segunda lectura. Debido a que hay muchos diputados recién electos de ambos sexos que aún no comprenden cabalmente todas las cuestiones, sería mejor tratar de lograr ese objetivo básico en lugar de presionar para que el proyecto pase a la fase de segunda lectura. Si bien en 1998 se aprobó una ley que preveía los juzgados de familia, no hay ninguna norma en el Código de Familia que contemple su creación y financiación.
Ni el incesto ni el abuso sexual están tipificados como delitos en el Código Penal. Si un padre abusa sexualmente de un hijo menor de 14 años, se considera una circunstancia agravante.
La Sra. Belmihoub-Zerdani dice que, si bien aún queda mucho por hacer, el Ecuador ha logrado progresos notables con miras a la igualdad de género. Habida cuenta de que la tasa de crecimiento económico del país bajó a 0,4% en 1998, la oradora recuerda que, cuando las economías de los países en desarrollo están sujetas a programas de ajuste estructural, las mujeres y los niños son siempre las primeras víctimas de las dificultades económicas resultantes. Las mujeres del Ecuador y de todos los países en desarrollo deberían movilizarse para velar por que los países desarrollados cumplan su promesa de destinar el 0,7% de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo, y asegurarse de que las oficinas exteriores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumplan su deber de promover el adelanto de la mujer en todas las esferas de la sociedad.
La Sra. García Alvarado (Ecuador) dice que las mujeres ecuatorianas están decididas a luchar en aras de condiciones más favorables y para que se creen instituciones que mejoren la situación de las mujeres y eliminen la discriminación, de conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing.
Cabe señalar que, en el Ecuador, muchos pueblos indígenas han emigrado a las zonas urbanas, renunciando a los beneficios ofrecidos por los programas destinados a las mujeres del medio rural. No existen datos de la población indígena desglosados por sexo por la forma en que se realizan los censos. Se considera que las mujeres de edad y las mujeres rurales pertenecen a grupos vulnerables sólo si viven por debajo de la línea de pobreza. El sistema de bienestar social en el Ecuador es muy ineficiente en cuanto a prestar asistencia a las personas de edad.
La Sra. Ferrer Gómez observa que, en 2002, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 40 del Reglamento de la Ley de Elecciones. Pregunta si ello constituye un serio revés, particularmente en lo que respecta a la cuota de 30% fijada para candidatas mujeres.
La Sra. García Alvarado (Ecuador) dice que en 1998 se adoptó una medida de carácter temporal que exigía que el 30% de las candidatas que figuraban en las listas electorales fueran mujeres. Posteriormente se incorporó el mismo requisito en la reforma de la Ley de Elecciones, con una disposición adicional que establecía que la cuota iría aumentando gradualmente hasta llegar al 50%, haciendo figurar hombres y mujeres en forma alternada en las listas electorales. El análisis de las elecciones del año 2000 mostró que los partidos políticos habían interpretado la ley en un sentido que les permitía incluir grupos de cada sexo en las listas, de modo tal que, por ejemplo, hacían figurar a dos hombres encabezando la lista, seguidos de una mujer y luego dos hombres más. Ello dio lugar a que se eligiera una mayoría de candidatos hombres, lo que fue considerado un revés por el movimiento de mujeres. Actualmente está a estudio del Congreso un proyecto de ley que modifica el sistema de cuotas.
La Sra. Achmad expresa su preocupación por la posibilidad de que los alumnos del sistema de enseñanza bilingüe queden aislados de la cultura principal del país, particularmente en términos de empleo, y pregunta si también reciben instrucción en el idioma nacional. Con respecto a la reforma curricular que se describe en el párrafo 139 de los informes periódicos cuarto y quinto combinados, la oradora pide más información sobre la capacitación que se imparte a los maestros en relación con la reforma. El Estado informante debería indicar cuáles han sido los resultados de la adopción del género como eje transversal de la enseñanza primaria y secundaria y los obstáculos con que se ha tropezado; si se permite la participación de los padres en el programa escolar de destrezas para la vida; si participan los niños y las niñas, y si el tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos figura en los programas escolares de educación sanitaria.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que le preocupa que los organismos públicos pertinentes no hayan proporcionado gran parte de la información solicitada por el Comité y que resulta necesaria para que el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) pueda incorporar una perspectiva de género en todo el Gobierno; espera que esa situación se subsane y que en el próximo informe se incluya más información sobre los resultados de las actividades del Gobierno. La oradora se pregunta si las conclusiones del Comité se analizan en los diversos ministerios y si el informe ha sido aprobado por el Parlamento.
La oradora observa complacida que, según se indica en el párrafo 168 del informe, el trabajo doméstico no remunerado es reconocido como labores productivas. Sin embargo, no resulta claro si ese reconocimiento implica que esas trabajadoras deben incluirse en las estadísticas nacionales. La delegación debería también explicar la diferencia que existe entre las “actividades por cuenta propia” mencionadas en el párrafo 181 y las pequeñas empresas de propiedad de mujeres.
Si bien celebra las medidas especiales de carácter temporal adoptadas por el Gobierno, la oradora se pregunta si se han fijado niveles mínimos de contratación de mujeres en el sector privado; quién vigila el cumplimiento de esas normas; si los empleadores están obligados a presentar informes ante el Ministerio del Trabajo; cuáles han sido los resultados de la participación del CONAMU en las comisiones sectoriales de salario mínimo, y si éste estaba representado en alguna de las otras comisiones. Por último, pregunta si las mujeres que son objeto de discriminación de acuerdo con el Código del Trabajo tienen derecho a una indemnización y si se han establecido penas para los infractores.
La Sra. Gaspard señala que los desastres ecológicos y otras crisis perjudican a las mujeres en la medida en que enlentecen el desarrollo cultural que podría eliminar los estereotipos tradicionales de género. Por ejemplo, ha habido pocos progresos en cuanto a aumentar la participación de la mujer en los deportes; sería útil que en el próximo informe se indicara el porcentaje de mujeres y hombres que integran la delegación que enviará el Ecuador a las Olimpíadas, ya que esas estadísticas muestran desigualdades de género en cuanto a la alimentación, la educación, el tiempo libre y la financiación.
Los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Ecuador (CEDAW/C/ECU/4-5) datan de 1998. Sería útil conocer estadísticas más recientes sobre los casos de embarazo en la adolescencia, ya que el 17,5% de todas las jóvenes de entre 15 y 19 años de edad son madres o están embarazadas, y este porcentaje es aún más alto en las zonas rurales. Esta situación trae aparejado el nacimiento de hijos no deseados y va en detrimento de la salud y la educación de las adolescentes. En algunos casos puede incluso llevar al suicidio. Existe un programa de educación sexual establecido en la ley pero es de escasa aplicación debido a la presión que ejercen los grupos conservadores. Por lo tanto, el Gobierno podría considerar la posibilidad de lanzar campañas de información y trabajar con organizaciones no gubernamentales (ONG) a nivel popular para contrarrestar esa presión.
La Sra. Ferrer Gómez observa que la pobreza y los servicios públicos son peores en las zonas rurales, donde vive el 36% de la población del Ecuador. La delegación debería proporcionar más información sobre el estado actual de la aplicación del Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales (PADEMUR) en el Ecuador y explicar si el manual de procedimientos preparado por el CONAMU es utilizado en ese programa. El Comité también agradecería recibir información sobre las actividades de alfabetización y las medidas destinadas a retener a las niñas en la escuela, entre otras cosas mediante la disminución de la tasa de embarazos en la adolescencia.
La Sra. Patten pregunta hasta qué punto ha mejorado el acceso de las mujeres rurales a la seguridad social. Las diferencias de salarios entre hombres y mujeres son también mayores en las zonas rurales, pese a que se han aprobado leyes y políticas para corregir esas desigualdades. La mujer también es víctima de segregación laboral, malas condiciones de trabajo y altas tasas de desempleo. Se pregunta cómo planea el Gobierno combatir esos problemas y si se han adoptado medidas especiales en favor de las mujeres rurales e indígenas.
Los programas que ofrece el Servicio de Capacitación Profesional ecuatoriano (SECAP) no incorporan una perspectiva de género y hay poca información acerca de la segregación laboral o las tasas de ascenso de las mujeres; la oradora espera que en el próximo informe se incluyan más estadísticas desglosadas por género. También sería útil recibir información sobre el número de Inspectorías de Trabajo que existen en las zonas urbanas y rurales y la cantidad de denuncias recibidas. La legislación ecuatoriana sobre igualdad entre los géneros en la fuerza laboral se aplica muy poco; debería realizarse un estudio del grado de cumplimiento por parte de los empleadores. También debería proporcionarse información adicional sobre el número de juicios iniciados por mujeres al amparo del Código del Trabajo y sobre los motivos por los cuales las mujeres no entablan acciones judiciales, como por ejemplo el desconocimiento de sus derechos y el costo de litigar. La oradora se pregunta si se ofrece asesoramiento jurídico gratuito. Pregunta además si se está haciendo algo para corregir los hechos preocupantes que descubrió el Departamento de Prevención Laboral en 1998 durante las inspecciones que realizó en el sector de los productores y exportadores de flores.
La Sra. Kwaku dice que, aun como ciudadana de otro país en desarrollo (Nigeria), ha quedado sorprendida por las estadísticas sobre embarazos en la adolescencia y trabajo infantil. Hasta 1995, el 74% de los niños y el 43% de las niñas de entre 10 y 17 años de edad trabajaban, realizaban tareas productivas en el hogar o buscaban empleo; esas cifras eran más altas en las zonas rurales. Al parecer, no se está haciendo nada para solucionar este problema. La oradora insta a la delegación del Ecuador a que proporcione información sobre las medidas adoptadas para corregir la terrible situación de estas niñas, cuyos brillantes futuros quedan destruidos si se ven obligadas a abandonar la escuela y convertirse en madres.
La Sra. Saiga pregunta si el ciclo de educación básica de 10 años de estudio es obligatorio, si incluye educación preescolar y cuáles son las tasas de deserción en todos los niveles.
La Sra. Khan pregunta si el alto porcentaje de niños que trabajan es resultado solamente de la pobreza o si también influyen factores culturales, sobre todo en las zonas rurales, y si la enseñanza primaria es gratuita. En su país, Bangladesh, se ha establecido un horario escolar escalonado y se ofrecen incentivos en dinero y alimentos para que los niños que trabajan puedan permanecer en la escuela. Se pregunta si el programa de protección social para madres con hijos pequeños se aplica tanto en las zonas rurales como en las urbanas, si ofrece cupones de alimentos o pagos en efectivo y, en este último caso, si las madres pueden usar ese dinero para enviar a sus hijos a la escuela.
La oradora se muestra preocupada por la falta de centros de asistencia para atender casos de violencia interfamiliar en algunas zonas rurales y la ausencia en general de soluciones al alcance de las mujeres rurales. Sería útil saber si las niñas de las zonas rurales tienen acceso a la educación sexual, en particular a la información sobre métodos anticonceptivos, y de qué manera la Ley de Desarrollo Agrario beneficia a las mujeres rurales.
La Sra. Popescu Sandru dice que lamenta que el Gobierno no haya respondido a las preguntas relacionadas con el trabajo infantil incluidas en la lista de cuestiones (CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.1/Add.1); espera que en el próximo informe se incluyan estadísticas actualizadas y desglosadas por sexo sobre los niños que trabajan. Habida cuenta de que el Ecuador es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, se pregunta si existen programas de derechos humanos en las escuelas que hagan saber a los niños que tienen derecho a no trabajar, si el trabajo infantil está prohibido por ley y si hay algún programa de concienciación que advierta a los padres y a los maestros del carácter nocivo del trabajo infantil, particularmente en las comunidades indígenas y rurales.
La Sra. García Alvarado (Ecuador) dice que el programa de educación intercultural bilingüe ofrece instrucción tanto en las lenguas indígenas como en idioma español; los maestros son miembros bilingües de la comunidad indígena. El programa ha tenido éxito en cuanto a generar empleos adicionales en esas comunidades y ampliar el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior.
En virtud de la reorganización del sistema educativo se agregaron dos años al ciclo de enseñanza primaria. Anteriormente, los alumnos elegían una “orientación” a los 14 años; de acuerdo con el nuevo sistema, todos los alumnos siguen el mismo plan curricular general, lo que reduce las posibilidades de que varones y niñas elijan campos de estudio específicos de cada sexo. El nuevo sistema también tiene en cuenta la cultura y creencias de los pueblos indígenas e incluye instrucción sobre el medio ambiente, la gestión de los recursos y los valores, incluida la igualdad de género. También promueve el acceso a los deportes y las actividades recreativas para varones y niñas.
Hay muchas esferas de acción del Gobierno que están aún en la etapa de planificación; la oradora espera que en el futuro haya resultados para comunicar.
Las escuelas públicas son gratuitas, pero los gastos adicionales de materiales como libros de texto son muy altos. En zonas muy alejadas, hay hasta 150 niños de entre 5 y 14 años de edad que tienen un solo maestro. Además, como la docencia es una de las ocupaciones peor remuneradas (aproximadamente 150 dólares al año), los maestros se ven obligados a tener un segundo empleo.
Si bien los informes tercero y cuarto combinados fueron preparados por el Ministerio de Bienestar Social, no hay un procedimiento establecido para la preparación de los informes y los ministerios no están obligados a examinar las conclusiones del Comité ni a proporcionar información sobre sus actividades para que se incluya en los informes periódicos del Ecuador. Es necesario crear un sistema mejor.
El hecho de que el trabajo doméstico no remunerado esté reconocido como labores productivas en la Constitución tiene un gran valor simbólico. En el futuro, las mujeres que trabajen en el hogar tendrán derecho a recibir prestaciones del sistema de seguridad social, lo que no sucede actualmente. No existe ningún mecanismo que permita vigilar el cumplimiento por el sector privado de su obligación de contratar determinados porcentajes de mujeres. Desde 1995, las mujeres tienen opciones más flexibles para trabajar en empleos de jornada parcial o en forma temporal, a menudo en los sectores del turismo y el cultivo de flores. Sin embargo, muchas de esas contrataciones no se comunican al Gobierno. El CONAMU está estudiando la cuestión.
Los empleadores que despiden a mujeres embarazadas son sancionados con medidas administrativas, entre ellas la reincorporación de la empleada despedida. Sin embargo, no se registran estadísticas de la aplicación de esas sanciones. La oradora acoge con satis-facción las sugerencias del Comité sobre las medidas dirigidas a aumentar la participación de la mujer en los deportes.
Los embarazos en la adolescencia son un grave problema y muchos de los embarazos que se producen a temprana edad no son deseados. En promedio, las niñas comienzan a tener actividad sexual a la edad de 13 años y la mayoría de ellas abandonan la escuela cuando quedan embarazadas. Las mujeres indígenas tienen en general una menor esperanza de vida y sus comunidades consideran que es normal que se conviertan en madres a una edad muy temprana y que los niños trabajen para ayudar a sus familias. No hay programas que apunten a cambiar esas actitudes. La situación resulta agravada por el hecho de que la educación sexual no es obligatoria en las escuelas. Existe un nuevo plan de prevención del embarazo en la adolescencia que está en una etapa incipiente de aplicación, pero aún es muy pronto para evaluar sus resultados. El programa INFANS, creado para retener en las escuelas a los niños de las zonas urbanas, tiene un alcance restringido y ha surtido pocos efectos. En términos realistas, es poco probable que la cantidad de niños que trabajan pueda reducirse en el corto plazo; se les prohíbe trabajar en empleos de alto riesgo en zonas urbanas, pero la crisis económica no permite a las familias renunciar a la contribución de los niños al ingreso familiar.
Si bien se creó un programa para facilitar el acceso de la mujer a las tierras, posteriormente se abandonó; la oradora espera que sea posible reactivarlo con cooperación internacional.