COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
88º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 2410ª SESIÓN*
celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el miércoles 25 de octubre de 2006 a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. CHANET
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación)
Tercer informe periódico de la República de Corea
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)
Tercer informe periódico de la República de Corea (CCPR/C/KOR/2005/3; CCPR/C/KOR/Q/3/CRP.2; HRI/CORE/1/Add.125)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Corea toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
El Sr. KIM Chong-hoon (República de Corea), presentando el tercer informe periódico de la República de Corea (CCPR/C/KOR/2005/3), dice que, para asegurar su exhaustividad, han participado conjuntamente en la elaboración del informe ministerios gubernamentales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y varias ONG coreanas.Como miembro fundador del recién creado Consejo de Derechos Humanos, la República de Corea está preparada para reafirmar sus objetivos de lograr la plena protección de los derechos humanos y, a través del diálogo con el Comité de Derechos Humanos, seguir mejorando y fortaleciendo sus normas y prácticas en materia de derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó en 2001 como órgano estatal independiente encargado de los asuntos relacionados con los derechos humanos en Corea.Dicho órgano propone normas y legislación, realiza estudios sobre la situación actual de los derechos humanos, lleva a cabo investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y ofrece educación en la materia.En 2006, el Ministerio de Justicia creó la Oficina de Derecho Humanos para supervisar la política de derechos humanos y elaborar y aplicar el Plan de Acción Nacional.La Oficina de Derechos Humanos realiza investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, busca reparaciones en la esfera judicial para dichas violaciones, visita cárceles y centros de detención y desarrolla planes para mejorar el sistema de prisiones y sus instalaciones.El Ministerio de Defensa Nacional y el Organismo Nacional de Policía han creado sus propios equipos de derechoshumanos con el fin de adoptar medidas preventivas contra posibles violaciones de dichos derechos.
En enero de 2006, el Ministerio de Justicia aprobó un proyecto de ley que modificará el Código de Procedimiento Penal para adecuarlo a las normas internacionales de derechos humanos.El proyecto establece el interrogatorio obligatorio de los sospechosos previo a la detención, el nombramiento por el tribunal de abogados defensores para asesorar a los sospechosos y la participación del abogado defensor en el interrogatorio o la investigación de todos los sospechosos.El proyecto incluye asimismo medidas para reforzar la protección de las víctimas de delitos durante la investigación y los procesos judiciales, incluido el interrogatorio de testigos mediante equipos de videoconferencia y un sistema de grabación de los procesos de investigación.Asimismo, en junio de 2006, el Ministerio de Justicia ha dado pasos para modificar la normativa aplicable a las investigaciones a fin de mejorar la protección de los derechos humanos de los sospechosos, inclusive la investigación sin detención, la ampliación de las condiciones para la presencia de una persona de confianza y el refuerzo de la protección a jóvenes, personas con discapacidad y extranjeros.También se ha creado un órgano de revisión de las normas de actuación con el fin de promover la protección de las víctimas de delitos a través de la asistencia financiera a fundaciones privadas de apoyo a las víctimas y la defensa de modificaciones legislativas para impedir la victimización secundaria en los procesos judiciales.
Se han producido avances en la esfera de los derechos de la mujer.En marzo de 2005 se ha abolido el “sistema de jefes de familia”, lo que significa que los niños pueden adoptar el apellido de su madre si lo desean.Una serie de modificaciones del Código Penal, que entrarán en vigor en 2008, prevén la posibilidad de cambiar el apellido de un niño si ello resulta en interés del menor.Para fomentar la participación de la mujer en la administración pública, se ha introducido un nuevo plan de igualdad entre los géneros en 2003, junto con un plan quinquenal para aumentar la designación de mujeres para cargos directivos en la administración pública.La proporción de mujeres que participan en comisiones gubernamentales se ha incrementado drásticamente desde el 6,9% en 1993 hasta el 32,2% en 2005 tras la introducción de un sistema que persigue que se tengan en cuenta sus opiniones en la adopción de decisiones.El Gobierno está tomando medidas para aumentar las oportunidades laborales de la mujer, mejorando las políticas de cuidado de los niños y ofreciendo incentivos a empresas con una elevada proporción de empleadas.Se han promulgado dos nuevas leyes en materia de prevención y castigo de la explotación sexual, y de protección de víctimas, introduciendo los conceptos de “víctimas del comercio sexual” y “tráfico de seres humanos con fines de comercio sexual”.Dichas leyes también prevén duras penas para la organización de la prostitución y para la trata de seres humanos.
Se ha adoptado una serie de iniciativas encaminadas a mejorar el trato a los reclusos, entre las que destaca la reforma de las normas relativas al castigo y la coerción física a reclusos para garantizar una mayor transparencia y fortalecer los mecanismos de control. Tras consultar con especialistas externos en asuntos penitenciarios, el Ministerio de Justicia ha propuesto modificaciones de la Ley de administración penal que mejorarán significativamente el trato a los reclusos, como la eliminación del examen de la correspondencia, el requisito de practicar exámenes médicos periódicos y el establecimiento de normas especiales para el tratamiento de mujeres, ancianos y personas con discapacidad.Además, se ha creado un órgano de supervisión formado por representantes de organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones para impedir el acoso sexual a reclusas.También se han adoptado otras medidas para mejorar la infraestructura de las instalaciones.
Desde 2000 se han presentado repetidamente a la Asamblea Nacional proyectos de modificación o derogación de la Ley de seguridad nacional, que aún están examinándose.En 2006, 12 personas han sido arrestadas en aplicación de dicha ley.El derecho de los funcionarios públicos a organizarse y negociar colectivamente está garantizado mediante la aprobación de la Ley sobre la organización de los funcionarios públicos y la gestión de sindicatos.
Desde que ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 hasta 2002, la República de Corea sólo había concedido la condición de refugiado a dos personas.Tras la modificación de su política de refugiados en 2003 hasta el momento actual, la República de Corea ha concedido la condición de refugiado a cincuenta personas.Con el objetivo de mejorar el sistema de reconocimiento de la condición de refugiado, se ha creado un comité de investigación formado por funcionarios, abogados y expertos del mundo académico para promover la reforma de la legislación en materia de refugiados.Las recomendaciones del Comité incluyen la supresión del plazo máximo de un año para el reconocimiento de la condición de refugiado, la garantía de dicha condición y del trato a los refugiados reconocidos, y la concesión de asistencia humanitaria y permisos de trabajo a personas a las que no se reconozca la condición de refugiado.
El Gobierno de Corea ha iniciado un procedimiento para retirar su reserva al párrafo 5 del artículo 14 del Pactoy en 2006 se ha adherido al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.Actualmente se está estudiando la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la retirada de sus reservas a los artículos 21 y 22 de esa Convención.
La República de Corea ha avanzado considerablemente en materia de derechos civiles y políticos, y la legislación y las prácticas al respecto son objeto de constantes mejoras.Reconociendo que siempre hay margen para seguir mejorando la protección y la promoción de los derechos humanos, el orador espera con interés tener la oportunidad de entablar un diálogo con el Comité e incorporar sus recomendaciones a las políticas gubernamentales.Son innumerables las personas que han hecho sacrificios para mejorar la protección y la promoción de los derechos humanos en la República de Corea, lo que ha fortalecido el compromiso del Gobierno con la promoción de los derechos humanos y el pleno cumplimiento de sus obligaciones a ese respecto.
El Sr. JANG Hyun-cheol (República de Corea), respondiendo a la pregunta 1 de la lista de cuestiones (CCPR/C/KOR/Q/3/CRP.2), dice que, en caso de conflicto entre el Pacto y la legislación nacional de la República de Corea, el Pacto tiene prioridad y la legislación nacional se modifica para adecuarse al Pacto.El Pacto tiene la misma validez que la legislación nacional y puede invocarse ante un tribunal, aunque en la práctica las decisiones judiciales se dictan en conjunción con normas constitucionales y otras leyes nacionales.
La Sra. PARK Min-jeong (República de Corea) dice que de los 24 pedidos de acusación o investigación formulados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2001 y 2005 en respuesta a peticiones hechas a ésta, siete han resultado en acusaciones, 12 en absoluciones y cinco siguen investigándose (pregunta 2).Las estadísticas relativas a la situación de las recomendaciones formuladas por la Comisión a autoridades nacionales y locales y centros de detención y protección entre 2001 y 2006 pueden consultarse en las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones (documento sin signatura).
El Sr. JANG Hyun-cheol (República de Corea) afirma que el Gobierno ha iniciado los trámites para retirar su reserva al párrafo 5 del artículo 14 del Pacto (pregunta 3).Según lo dispuesto en la Constitución, en virtud de la ley marcial, los criminales que han cometido determinados delitos están sujetos a un sistema de juicio único, excepto en el caso de delitos castigados con la pena de muerte.Dado que la ley marcial se proclama “en situaciones excepcionales” (redacción del artículo 4 del Pacto), el recurso a un sistema de juicio único bajo ley marcial no se considera en conflicto con el párrafo 5 del artículo 14.Por esa razón, el Gobierno de Corea está considerando retirar su reservar en lugar de revisar su legislación.
La Sra. PARK Min-jeong (República de Corea) señala que aunque el Gobierno de su país se esfuerza por cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del Pacto y del Protocolo Facultativo, ha encontrado dificultades en la aplicación de algunas de las recomendaciones del Comité relativas a comunicaciones individuales debido a su incoherencia con las decisiones de los tribunales (pregunta 4).El Gobierno de Corea realiza actualmente una investigación conjunta, en la que participan numerosos órganos y organismos gubernamentales a fin de conciliar las recomendaciones del Comité con su legislación nacional y la protección de los derechos de los ciudadanos.
El Sr. JANG Hyun-cheol (República de Corea) manifiesta que, desde su constitución en junio de 2004, se han sometido a la actual Asamblea Nacional tres proyectos de ley en materia antiterrorista, que están siendo examinados por el Comité Legislativo y Judicial de la Asamblea (pregunta 5).Dichos proyectos están relacionados con el establecimiento de una reunión y un centro de lucha contra el terrorismo, un sistema de alerta para viajeros, medidas de protección de instalaciones gubernamentales y públicas, apoyo militar a la protección de instalaciones importantes que pueden ser objetivos para los terroristas y planes para compensar por daños a personas y bienes.Los tres proyectos prevén la posibilidad de registros, escuchas telefónicas, interceptación de comunicaciones y deportaciones con sujeción al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de protección de la intimidad en las comunicaciones.
El Sr. KANG Ji-sik (República de Corea) indica que el proyecto de ley sobre trabajadores irregulares que está tramitándose en la Asamblea Nacional prohíbe la discriminación por motivo de forma de empleo e impone multas por incumplimiento (pregunta 6).Tras la aprobación del proyecto de ley, el Gobierno planea crear un comité de lucha contra la discriminación dentro de la Comisión de Relaciones Laborales.En agosto de 2006, el Gobierno ha anunciado un plan para convertir los aproximadamente 54.000 contratos de corta duración o trabajadores irregulares en contratos indefinidos o trabajadores regulares antes de 2007.La legislación laboral se aplica plenamente a los trabajadores extranjeros, y los empleadores tienen prohibido discriminar a los trabajadores por motivo de nacionalidad y a los miembros de sindicatos por motivo de raza.
Se han aprobado medidas legislativas dirigidas a promover el empleo y la formación profesional de personas con discapacidad.Se ha introducido un sistema de cupos que obliga a las empresas de más de cincuenta empleados a contratar al menos un 2% de personal con discapacidad.Las empresas que superan dicha proporción, las que contratan nuevos empleados con discapacidad y las instituciones que ofrecen formación profesional o de otro tipo a personas discapacitadas reciben subvenciones del Gobierno.
El Sr. KANG Ji-sik (República de Corea) señala que de los 39.467 autores de violencia en el hogar identificados entre 2004 y junio de 2006, 5.743 han sido procesados y castigados con arreglo a la legislación (pregunta 7).Se han designado fiscales especiales para asuntos de violencia en el hogar y se han establecido redes con organizaciones externas y expertos en la materia.
De las 20.751 denuncias por violación presentadas entre abril de 2004 y junio de 2006, 9.929 han sido admitidas a trámite y se ha condenado a 8.216 personas.Las penas varían desde la pena capital al encarcelamiento.La no oposición de resistencia por parte de la víctima no conduce automáticamente a la desestimación de la causa.Aunque no existe impedimento legal contra la imposición de penas por violación en el matrimonio, nadie hasta ahora ha sido condenado por ese delito.Se tomarán medidas para lograr cambios de actitud entre los jueces, a fin de garantizar que los autores de violaciones en el matrimonio sean llevados ante la justicia.
A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que declara inconstitucional el “sistema de jefes de familia”, la Asamblea Nacional aprobó en marzo de 2005 una reforma del Código Civil que determina la abolición de dicho sistema (pregunta 8).Una vez se haya establecido un nuevo sistema de identificación, el sistema quedará abolido formalmente.
La Sra. PARK Min-jeong (República de Corea) indica que la determinación prenatal del sexo está prohibida por ley (pregunta 9).Entre 2001 y 2005, ocho médicos y enfermeras han perdido sus licencias por haber infringido esas disposiciones.La adopción de las medidas pertinentes, incluida la promoción de la educación sexual para adolescentes y la puesta en marcha de campañas de concienciación sobre la prohibición de la determinación del sexo del feto, han facilitado la progresiva erradicación de dichas prácticas.El Gobierno ofrece asimismo apoyo financiero durante los períodos anterior y posterior al nacimiento.
El Sr. LEE Seong-ryong (República de Corea) señala que las autoridades ofrecen asesoramiento y realizan inspecciones periódicas en lugares de trabajo con una elevada proporción de personal femenino para impedir y luchar contra la discriminación por motivos de género (pregunta 10).Entre 2003 y 2006 se han inspeccionado más de 4.000 centros de trabajo.Se han adoptado medidas para seguir promoviendo el empleo de la mujer en empresas públicas de más de 500 trabajadores y se están ofreciendo incentivos a empresas que apliquen buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades.El fomento activo de la participación de la mujer en órganos del Gobierno se ha traducido en un aumento de la proporción de mujeres en comités gubernamentales del 6,9% en 1993 al 32,2% en 2005.En 2003 se introdujo un plan quinquenal para el empleo de mujeres en puestos directivos, que ha dado como resultado un incremento de la proporción de mujeres en cargos públicos de alto rango del 4,8% en 2001 al 7,4% en 2006.El 14% de los escaños de la Asamblea Nacional están ocupados por mujeres, y el 16,8% de los jueces y el 11,5% de los fiscales son mujeres.
El Sr. LEE Moon-han (República de Corea) indica que los datos relativos al enjuiciamiento y castigo de agentes de investigación por tratos violentos o crueles a sospechosos y la información estadística sobre procesos penales contra vigilantes de prisiones por tratos violentos o crueles a reclusos figuran en la respuesta presentada por escrito a la pregunta 11 de la lista de cuestiones.Sólo dos investigadores han sido suspendidos por acusaciones de violencia o trato cruel a detenidos entre 2002 y 2005.Un vigilante de prisiones está siendo juzgado actualmente por acoso sexual a una reclusa y se han presentado cargos contra altos funcionarios por tratar de ocultar el delito.También se están tomando medidas para evitar que dichos delitos vuelvan a repetirse.Entre 2000 y 2005 se abonaron 466.321 dólares de EE.UU. en concepto de compensación a víctimas de violencia o trato cruel infligidos por vigilantes de prisiones.
Se han presentado a la Asamblea Nacional enmiendas al Código de Procedimiento Penal con el fin de limitar la confianza en las confesiones en procesos penales (pregunta 12).Las nuevas medidas legislativas establecen criterios más estrictos para la admisibilidad de las pruebas testificales así como la presencia de un abogado durante todos los interrogatorios con objeto de reducir la posibilidad de que se obtengan pruebas bajo coacción.El Ministerio de Justicia ha elaborado directrices sobre protección de los derechos humanos durante las investigaciones. Dichas directrices desalientan los métodos de investigación basados en confesiones.
El Sr. LEE Seong-yong (República de Corea) señala que, en el momento actual, las únicas normas aplicables a la presencia de abogados durante los interrogatorios son las directrices internas de la policía (pregunta 13).En virtud del Código de Procedimiento Penal modificado, sólo pueden imponerse restricciones a la presencia de un abogado en circunstancias que socaven el propósito de las investigaciones.
Respecto al cumplimiento del párrafo 3 del artículo 9 del Pacto, el orador señala que actualmente se está analizando una serie de modificaciones legislativas que prevén interrogatorios obligatorios previos a la detención y la ampliación de las condiciones de libertad condicional (pregunta 14).Sin orden de detención, los sospechosos deben ser puestos en libertad en un plazo de 48 horas desde su arresto.Todo detenido al que se imputen cargos penales debe pasar a disposición judicial sin demora.Los sospechosos tienen derecho a la libertad condicional en espera de juicio en determinadas circunstancias previstas en la legislación.No se han dado pasos para ampliar el período de prisión preventiva.
El Sr. CHOI Jae-young (República de Corea) dice que pueden imponerse restricciones y castigos a los reclusos para mantener la disciplina y el orden.Las violaciones de las normas de prisión se clasifican conforme a su gravedad; el castigo es acorde con la gravedad de la infracción y tiene en cuenta las circunstancias personales del recluso.Para evitar el uso excesivo de instrumentosde coerción, el estado de los reclusos sometidos a dichos castigos es objeto de una estrecha supervisión.Los instrumentos de coerción no deben ocasionar sufrimiento ni lesiones innecesarios.
Los reclusos reciben información sobre los procedimientos de solicitud a su llegada.La información pertinente se exhibe asimismo en un tablón de anuncios.También se garantiza a los reclusos que la presentación de solicitudes no pondrá en riesgo sus condiciones de detención, y se ofrece el formulario pertinente a quienes deseen formular alguna petición.
La Sra. PARK Min-jeong (República de Corea) dice que las personas internadas en centros psiquiátricos pueden someterse a revisiones semestrales para determinar si es necesario continuar con el tratamiento.En los centros de salud mental se realizan inspecciones periódicas para asegurar que se cumplen las directrices de admisión, gestión y alta de pacientes.Los oficiales de protección de los derechos humanos nombrados por el Gobierno supervisan las condiciones de los centros de salud mental, de los centros de enfermería y de las residencias para pacientes psiquiátricos.Los oficiales reciben capacitación periódica impartida por expertos en protección de los derechos humanos.Los pacientes o sus cónyuges pueden consultar libremente los historiales médicos, a menos que se considere que dicha posibilidad puede poner en peligro el tratamiento.
El Sr. BHAGWATI, relator para el país, elogia al Estado parte por la precisión y concisión de sus respuestas a las preguntas del Comité.El orador agradecería que la delegación pusiera ejemplos de causas judiciales nacionales en los que los instrumentos internacionales hayan prevalecido sobre la legislación nacional.La delegación debería explicar por qué los Dictámenes formulados por el Comité con arreglo al Protocolo Facultativo sólo se han aplicado en cinco casos sobre un total de 11.El orador pregunta qué medidas se están adoptando en los casos en los que la legislación del Estado parte impide la aplicación de los Dictámenes del Comité.Sería útil conocer cuándo tiene previsto el Estado parte retirar su reserva al párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.Asimismo, solicita información detallada sobre los procedimientos de selección, la distribución entre los sexos y los métodos de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.El orador expresa su deseo de conocer si las recomendaciones de la Comisión son vinculantes y, en caso negativo, si el Gobierno debe justificar su incumplimiento.Es necesaria más información sobre las medidas de lucha contra el terrorismo y su incidencia sobre los derechos consagrados en el Pacto.
El Sr. ANDO pregunta por las definiciones de contrato de corta duración, larga duración e indefinido.El orador se pregunta en qué circunstancias puede despedirse a una persona que tenga un contrato indefinido.Aunque la legislación relativa a los sindicatos y las relaciones laborales prohíbe discriminar a los trabajadores por motivo de raza, inquiere si la discriminación por motivo de nacionalidad también está prohibida.El problema de los trabajadores extranjeros irregulares es creciente en países cada vez más abiertos a la inmigración, porque las empresas nacionales aprovechan la situación de inmigración para obtener mano de obra barata.Deben realizarse esfuerzos para luchar contra las organizaciones internacionales de tipo mafioso que convencen a personas de países en desarrollo para utilizarlas como mano de obra barata en otros lugares.El orador desea saber si dichas organizaciones actúan en Corea y, de ser así, qué medidas se están adoptando para corregir la situación.
Asimismo, pregunta qué procedimientos se han establecido para aplicar las disposiciones del derecho de familia modificado relativas al derecho del niño a adoptar el apellido de su madre, y en qué circunstancias es posible hacerlo.El orador desea saber cómo se elige la nacionalidad del niño en caso de que sus padres sean de nacionalidades diferentesy se pregunta si existe alguna distinción entre los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio en relación con su derecho a heredar propiedades de sus padres.
Aunque los tribunales ya han atendido algunos casos de violencia en el hogar, todavía hay pendientes aproximadamente 34.000 casos.El orador desea conocer la situación de esos asuntos.Además, pregunta si existen refugios para víctimas de la violencia en el hogar, y cómo se protege de los maltratadores a las víctimas alojadas en dichos refugios.También desea saber si el Gobierno prevé modificar la legislación en materia de violación en el matrimonio, que hasta ahora no se ha tipificado como delito.Solicita más información sobre el nuevo sistema de registro de identificación familiar que se está estudiando.Aunque el “sistema de jefes de familia” quedará abolido oficialmente para 2008, es necesario un cambio de actitud para asegurar su abolición efectiva.El orador desea saber qué medidas ha adoptado el Gobierno para concienciar a la población del cambio de sistema.
Respecto a la pregunta 9 de la lista de cuestiones del Comité, el orador inquiere si es posible distinguir entre motivos legales e ilegales para abortar, cómo ha investigado y evaluado el Gobierno la situación relativa al aborto de fetos de niñas, y qué se está haciendo para impedir dicha práctica.El Comité ha sido informado del caso de una fábrica de elementos plásticos para dispositivos de cristal líquido para equipos digitales en la que trabajadoras irregulares han estado expuestas a productos químicos tóxicos con resultado de dolencias físicas y mentales.El orador desea saber si el Gobierno conoce este caso, y qué se está haciendo para remediar la situación.Asimismo, se pregunta si se está adoptando alguna medida para cambiar las actitudes de la sociedad hacia la igualdad entre los géneros, y si se establecerá un sistema de cupos para asegurar la adecuada participación de la mujer en la vida pública.Son necesarias nuevas iniciativas para crear centros de cuidados infantiles y cambiar las actitudes de los hombres a fin de lograr que las mujeres puedan seguir trabajando después de tener hijos.
La Sra. WEDGWOOD pregunta cómo se trata a los acusados cuando son arrestados y mantenidos bajo custodia policial.La oradora expresa su inquietud por el hecho de que las personas arrestadas no puedan acceder oportunamente a un abogado y ello pueda traducirse en malos tratos por parte de los agentes de policía.El abogado debe nombrarse sin demora, siempre debe estar presente durante el interrogatorio y debe tener acceso a los acusados fuera del interrogatorio.La oradora expresa su sorpresa por las razones expuestas por el Gobierno para no permitir la presencia del abogado defensor durante el interrogatorio policial.En caso de malas prácticas del abogado defensor, éste debe ser sustituido, en lugar de simplemente apartado.Debe crearse un órgano de investigación independiente para garantizar que las personas arrestadas bajo custodia policial reciban un trato adecuado, y deberán exigirse responsabilidades civiles a los agentes de policía.Los interrogatorios deben grabarse en vídeo ya que dichas grabaciones constituyen una prueba útil ante un tribunal y sirven para disuadir a los agentes de infligir malos tratos durante el interrogatorio.En casos extremos de malos tratos deberán exigirse responsabilidades penales a los agentes de policía.La oradora solicita aclaraciones sobre la duración de la prisión preventiva.
Respecto al uso de medidas disciplinarias en las cárceles, la oradora señala que más del 30% de las quejas presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se refieren a abusos de autoridad disciplinaria en centros de detención.Aunque la duración del período de aislamiento a efectos disciplinarios se ha reducido a un mes, expresa su preocupación por que los vigilantes sigan teniendo autoridad para imponer un número ilimitado de castigos de aislamiento, lo que puede resultar en el aislamiento de individuos durante largos períodos.Este tipo de práctica resulta particularmente peligrosa para la salud mental de los reclusos.Debe permitirse el acceso de inspectores externos a los centros de detención para garantizar que no se abuse de la autoridad para imponer aislamientos.Debe actuarse con especial precaución cuando se impongan medidas disciplinarias que conlleven limitaciones físicas mediante máscaras, esposas o cadenas.Los reclusos sometidos mediante dichos instrumentos no deben sufrir dolor.Los reclusos violentos deben ser apartados del resto, en lugar de sometidos físicamente.
Los centros de salud mental deben ser objeto de inspecciones externas.Deberá permitirse a los inspectores externos acceder a los historiales de los pacientes.El maltrato de pacientes psiquiátricos en centros aislados es un problema habitual en muchos países, y deben adoptarse las medidas administrativas y legislativas oportunas para garantizar la erradicación de ese problema.
Sir Nigel RODLEY pregunta cuándo se aprobará el proyecto de enmienda de la Ley de procedimiento penal y qué enmiendas corren el riesgo de ser rechazadas.En relación con la pregunta 11 de la lista de cuestiones, solicita más información sobre la naturaleza de los cargos presentados contra el fiscal y los oficiales de investigación en el caso referido en los párrafos 121 y 122 del informe periódico.Tres años de prisión parece una pena poco severa para un caso de muerte por tortura.Sería útil conocer los detalles del resultado de la causa abierta ante el tribunal de apelaciones.Si el acusado ha sido absuelto, la delegación debe explicar cómo ha llegado el tribunal a esa decisión y qué nuevos procedimientos pueden incoarse.El orador agradecería que la delegación expusiese sus comentarios en relación con los informes del Colegio de Abogados de Corea en los que se afirma que la privación del sueño, las palizas y la intimidación son prácticas habituales entre los interrogadores.
Respecto a la pregunta 12, el orador solicita que se aclare si ninguna de las confesiones previas al juicio que se impugnan ante un tribunal constituye una prueba admisible ante ese tribunal.De no ser así, la delegación debe explicar el significado de su respuesta presentada por escrito a la pregunta 12 y el funcionamiento real del sistema.
En referencia a la pregunta 13, el orador pregunta si la participación del abogado defensor se permite desde el momento de la primera detención de un sospechoso.Si no es así, desea saber qué significa el término “fase inicial de la investigación” en la respuesta de la delegación a la pregunta 13.El orador se pregunta si las razones que figuran en la respuesta presentada por escrito a la pregunta 12 son los únicos motivos para excluir al abogado defensor, y si las razones esgrimidas para negarle a Song Doo-yul el acceso a su abogado defensor en 2002 se encuentran entre las citadas en esa respuesta.También sería útil conocer qué limitaciones pueden imponerse a la participación del abogado defensor, quién puede ordenar dichas limitaciones y qué otras medidas garantizan que no se cometan abusos cuando se aplican las limitaciones.
En relación con la pregunta 14, el orador solicita más información sobre si se abusa de la detención urgente y si los detenidos sufren malos tratos durante dicha detención.
El Sr. O’FLAHERTY pregunta si el Estado parte tiene previsto retirar su reserva al artículo 22 del Pacto.Sería conveniente conocer la postura del Gobierno en relación con dicha reserva y si prevé atender la recomendación formulada por el Comité en sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/79/Add.114, párr. 20).
Debe facilitarse más información sobre la Ley de empleo de trabajadores extranjeros.En particular, debe explicarse el significado de la expresión “discriminación injustificable”.La delegación debería indicar qué recursos judiciales asisten a esos trabajadores en caso de producirse dicha discriminación.Sería interesante saber si la obligación de contratar a un 2% de personas con discapacidad también se aplica a las instituciones públicas.En caso afirmativo, el orador inquiere sobre las consecuencias de una violación de esa norma por parte de dichas instituciones.
El Comité agradecería conocer los comentarios de la delegación sobre la aparente incompatibilidad del artículo 92 del Código Penal Militar con el Pacto, y si existe algún plan para modificar dicho Código para adecuarlo a las disposiciones del Pacto.El orador pregunta si los homosexuales declarados pueden servir en el ejército y, si no es así, en qué medida dicha prohibición plantea problemas en relación con el Pacto.
El Sr. AMOR desea saber cuántas personas con discapacidad representa el 2% contratado por empresas de más de cincuenta empleados.Sería útil saber si se reservan puestos específicos a personas con discapacidad y si se ofrece a esas personas oportunidades de educación y formación.El orador se pregunta en qué medida las personas con discapacidad reciben instrucción y capacitación en centros especiales o se integran con el resto de la población.
Dado que muchas violaciones no se denuncian, debe aportarse más información sobre el número total estimado de violaciones cometidas en el Estado parte.Sería interesante saber si el aborto motivado por el sexo del feto es una práctica extendida.No está claro si las autoridades están tomando alguna medida para luchar contra actitudes misóginas en el conjunto de la sociedad.
El Comité acogería con satisfacción recibir más detalles sobre los servicios que los enfermos mentales tienen a su disposición.En particular, resultaría útil saber si pueden recibir tratamiento en centros distintos de los hospitalarios.
Se suspende la sesión a las 17.30 horas y se reanuda a las 17.45 horas.
La Sra. Chanet (Vicepresidenta) vuelve a ocupar la Presidencia.
El Sr. KIM Chong-hoon (República de Corea) afirma que en ningún caso el Pacto ha sido el único argumento invocado ante un tribunal nacional.Sólo se ha invocado como complemento a las disposiciones del derecho nacional.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se compone de 11 miembros, cuatro de ellos mujeres.Todos son expertos en derechos humanos recomendados por los tres poderes del Estado.El Gobierno examina todas las recomendaciones formuladas por la Comisión y hasta la fecha ha aplicado aproximadamente un 70% de ellas.
La oficina de tratados del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Comercio examina actualmente la retirada de la reserva al párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.Dicho examen se aproxima a sus etapas finales.
Antes de contraer matrimonio, una pareja puede optar por que su futura descendencia tome el apellido de su madre.En ese caso, la decisión se incluye en la petición escrita de matrimonio y adquiere carácter jurídicamente vinculante en el momento de celebrarse éste.Los padres también pueden solicitar cambiar el apellido de sus hijos en interés de los niños.Dichos cambios pueden realizarse con efectos inmediatos.La reforma de 1977 del Código Civil ha abolido toda discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos, también en relación con los derechos de herencia.
Cuando se contratan trabajadores extranjeros, el Gobierno suscribe memorandos de entendimiento con los Gobiernos de los países de origen de los trabajadores.En consecuencia, la responsabilidad del proceso de contratación se transfiere al Gobierno extranjero.Si se infringen las disposiciones del memorando, el Gobierno deja de contratar trabajadores procedentes del país en cuestión.
A finales de 2003 existían 175 centros de asesoramiento y 37 refugios para víctimas de violencia en el hogar.Los datos de los servicios de la línea de emergencia y de los centros de asesoramiento figuran en un cuadro del párrafo 79 del informe periódico.
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.
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