[18 de noviembre de 1999]
El Secretario General ha recibido la siguiente comunicación que se distribuye con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1988/4 del Consejo Económico y Social.
GE.99-45814 (S)
Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Mexico
El presente documento ha sido elaborado por 91 organizaciones civiles y sociales mexicanas en el marco del examen del tercer informe periódico del Gobierno mexicano (1992‑1996) (E/1994/104/Add.18) por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este esfuerzo colectivo responde a nuestra preocupación sobre la creciente y sistemática violación de los derechos humanos en México, tal y como recientemente lo atestiguó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su examen de la situación en México (CCPR/C/79/Add.109).
Nuestro país está viviendo un grave deterioro de las condiciones generales de vida de un número cada vez mayor de mexicanos, en gran medida resultado de las políticas de ajuste estructural implementadas durante los últimos 17 años y que priorizan la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y del mercado, por encima del bienestar de la población. Este deterioro se ha acentuado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994. Resaltamos el hecho de que estas políticas, en su diseño, ejecución y consecuencias han demostrado su incompatibilidad con los objetivos y el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, puesto que han profundizado las desigualdades económicas y sociales en la población.
Las políticas de focalización del gasto social que orientan los programas nacionales de combate a la pobreza implementados en los últimos años son excluyentes, su carácter es meramente asistencialista, y funcionan como paliativos, sin proponerse resolver las causas estructurales de la pobreza. Este tipo de programas –por ejemplo, el Programa de Educación, Salud y Alimentación(PROGRESA), mencionado por el Gobierno mexicano en su tercer informe ante el Comité– son utilizados con fines políticos y electorales, acentuando la discriminación y afectando la construcción de un sistema realmente democrático, indispensable para el desarrollo social.
Lo anterior afecta con mayor intensidad a la población que vive en zonas rurales de nuestro país, particularmente, a los más de 10 millones de mexicanos indígenas. La situación de violencia institucional, reflejada en la sistemática violación a los derechos humanos y la impunidad que ha imperado desde hace muchos años en Chiapas -agravada a partir del conflicto armado surgido en 1994- es un llamado de atención sobre las condiciones en las que sobreviven las poblaciones indígenas y campesinas a lo largo del país. Es inaceptable que algunos de los estados que cuentan con las mayores riquezas naturales y culturales de México (como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros), registren los índices de pobreza y marginación más altos del país.
Las políticas económicas y sociales del Gobierno mexicano tienen un marcado sesgo de género desfavorable para las mujeres, pues aumentan su carga de trabajo y acentúan la discriminación que sufren en diferentes esferas de sus vidas. No basta que el Gobierno reconozca la creciente feminización de la pobreza, es necesario que se redefinan las políticas desde una visión que integre a las mujeres como actoras plenas, con necesidades y aportes particulares.
A continuación se presentan datos ilustrativos, basados en su mayoría en fuentes oficiales.
Pobreza e ingreso
Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, para 1996 había en el país 40 millones de personas pobres, de las cuales 26 millones vivían en condiciones de pobreza extrema. En 1994, la cifra oficial era de 17 millones de personas pobres extremas. Es decir, en tan sólo dos años aumentó en 9 millones el número de personas viviendo en estas condiciones.
De acuerdo con cifras de investigadores de El Colegio de México, en 1994 el número de pobres en el país era de 61,7 millones de personas, de las cuales 36,2 millones vivían en la pobreza extrema. Para 1996 el número de pobres aumentó a 72,2 millones, de los cuales 50,9 millones eran pobres extremos. Según esta fuente no oficial el aumento habría sido de 15 millones en dos años.
De diciembre de 1994 al 15 de agosto 1999 el salario ha tenido una pérdida acumulada de 47,6% de su poder adquisitivo. El salario mínimo en 1999 oscila entre 3,13 y 3,63 dólares diarios (29,7 y 34,5 pesos respectivamente) por área geográfica, siendo el costo de la canasta básica constitucional de 285 pesos diarios.
Trabajo
De 1993 a 1996 el desempleo pasó de 819.000 personas a 1.354.700.
Anualmente se requieren generar alrededor de un millón de nuevos empleos. En 1998 se generaron solamente 750.000, de los cuales solamente el 40% fueron plazas fijas y 60% temporales.
Discriminación de género
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otras instituciones gubernamentales federales y estatales, así como 56 empresas maquiladoras que operan en el país, exigen y aplican el certificado de no gravidez a las mujeres para contratarlas y realizan despidos por embarazo.
Situación de la niñez
En 1995 se reportaron 13.373 menores viviendo y trabajando en las calles de la Ciudad de México (Distrito Federal). Datos proporcionados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señalan que, en la actualidad, asciende a casi 20.000 el número de menores en estas condiciones.
Alimentación
Los programas de asistencia social para abatir la desnutrición no han llegado a las zonas rurales donde el 58% de niños menores de 5 años, presenta problemas físicos y mentales por la mala alimentación y en las zonas indígenas, 73,6% de éstos presenta algún grado de desnutrición, manteniéndose los niveles de desnutrición igual que hace 22 años.
En 1996, tres años después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se realizaron importaciones sin precedente de granos básicos por poco más de 12 millones de toneladas, muestra del claro aumento de la dependencia alimentaria de nuestro país y de desaliento a la agricultura campesina.
Salud
Del total de personas sin acceso a servicios de salud para 1993, un 59% eran mujeres.
Se estima que el número total de abortos en México es de 1,7 millones de los cuales aproximadamente el 50% fueron inducidos, situación que refleja la falta de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las mujeres mexicanas. El aborto es la cuarta causa de mortalidad entre mujeres en México.
Para 1998 había en México más de 260.511 casos de personas infectadas con VIH/SIDA, de las cuales cerca de 130.255 (49,9%) carecían de acceso a servicios de salud.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud II de 1994, el norte del país alcanza una tasa de hospitalización de 41,3 habitantes ‰, en tanto la región sureste y el Golfo de 17,7‰. El peso de las enfermedades infecciosas, la desnutrición y los problemas de salud reproductiva es 2,2 veces mayor por habitante en el medio rural que en el urbano.
Seguridad social
Para 1996, el total de asegurados representaba apenas la tercera parte del total de la población económicamente activa y ocupada y sólo el 16,7% de la población rural tenía acceso al sistema de seguridad social.
La reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobada en 1995 y en vigor desde 1997 que privatizó el sistema de pensiones, anula el sistema previo de solidaridad intergeneracional y afecta derechos adquiridos por los trabajadores, como el de obtener pensión por retiro, cesantía y vejez con 500 semanas de cotización, requiriendo con la nueva ley cotizar 1.250 semanas.
Educación
En 1993, el 13,6% de la población adulta femenina era analfabeta, en comparación con el 8,9% de la población adulta masculina, y el porcentaje de mujeres estudiantes era menor en un 6% que el de los varones.
Vivienda
El rezago en vivienda en México en 1995 fue de 4,6 millones de viviendas, más de 3,5 millones de ellas requieren de mejoramientos espaciales, materiales y/o de servicios sustanciales; mientras que 1,1 millones necesitan ser sustituidas por nuevas unidades. Lo anterior no considera las necesidades de 780.000 a 850.000 nuevos hogares que surgen cada año.
La situación en las zonas no urbanas es de 5,5 millones de viviendas sin agua entubada, 5,6 millones sin drenaje conectado a la calle y casi 1 millón de viviendas sin electricidad. Las comunidades indígenas son las más afectadas.
Entre enero de 1997 y junio de 1999 por razones de requisición, fenómenos naturales, y desalojos inquilinarios, un total de 39.500 familias fueron desalojadas de los lugares donde habitaban.
La política financiera que da respuesta a los compromisos de vivienda excluye a más del 40% del total de las familias mexicanas por carecer del requisito de percibir más de tres salarios mínimos. Además entre un 60 y un 70% de la población construye por su cuenta sin tener apoyos gubernamentales.
Presupuesto público
El presupuesto público privilegia la asignación de recursos a rubros como el gasto militar (que fue 272,4% superior al asignado a la Secretaría de Desarrollo Social en 1994 y en 1999 se le destinan cuatro veces más recursos que al ramo de superación de la pobreza) o el rescate bancario (el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social para 1998 representó apenas el 3,5% del monto total del rescate bancario para ese año, por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA).
La situación en Chiapas
Del 96% de los municipios en Chiapas, un 34,23% tienen un índice de muy alta marginación, un 50,45% se consideran de alta marginación y el 10,81% de marginación media. Chiapas es el estado con mayor número de municipios con muy alta marginación en el país.
La presencia de militares en Chiapas para 1997 ascendía a 65.100 efectivos, de un total de 182.328 efectivos a nivel nacional, es decir, prácticamente uno de cada tres militares mexicanos está en Chiapas.
Chiapas cuenta con un médico por cada 1.178 habitantes, lo que representa poco más de la mitad del promedio nacional. Sin embargo, en la zona de conflicto el número de médicos desciende hasta un médico por cada 18.900 habitantes.
Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos reportados de cólera, enfermedades diarréicas y muertes por tuberculosis.
El porcentaje de población analfabeta en Chiapas es de un 30,12%, casi tres veces mayor que el nacional. Esta situación es común en los estados del país que tienen una alta proporción de población indígena y/o rural.
Desde 1994 hasta noviembre de 1998, había un número aproximado de 21.159 desplazados en Chiapas, que representaban alrededor de 4.063 familias indígenas.
Conclusiones y recomendaciones
Consideramos que el tercer informe periódico del Gobierno mexicano no proporciona al Comité información suficiente para que pueda evaluar de manera efectiva los progresos hechos hacia el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto.
Es preocupante que el Gobierno mexicano no haya respondido satisfactoriamente a las observaciones y recomendaciones que el Comité formuló respecto al segundo informe periódico (E/C.12/1993/16). Creemos que la revisión que este Comité haga del tercer informe gubernamental, las preguntas, las observaciones y recomendaciones que del examen se deriven, serán de vital importancia en la construcción de condiciones que aseguren la plena vigencia, respeto y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos humanos en general en México.
En este sentido, hacemos un respetuoso llamado al Comité para que tome en consideración la información y preocupaciones presentadas en nuestro informe alternativo para instar al Gobierno mexicano a:
a) Reducir el gasto militar y priorizar el aumento efectivo del gasto social, sobre todo en materia de salud, educación y seguridad social;
b) Elevar a rango constitucional el derecho humano a alimentarse;
c) Revisar la reserva formulada al momento de adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación al artículo 8 del mismo, el cual se aplica en México conforme a las modalidades y procedimientos previstos en la Constitución y leyes reglamentarias, respecto a los derechos de sindicación, libertad sindical y huelga;
d) Promover medidas administrativas y reformas legislativas para implementar el voto libre, universal y secreto en las elecciones sindicales;
e) Promover una política salarial que garantice el cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo acerca de que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos;
f) Ratificar los Convenios Nos. 98, 138 y 158 de la Organización Internacional del Trabajo;
g) Establecer en la Ley federal del trabajo la prohibición bajo pena de sanciones en la exigencia del certificado de no gravidez a las trabajadoras como requisito para solicitar empleo;
h) Reformar el apartado B del artículo 102 constitucional a fin de dar competencia en materia laboral a las Comisiones Gubernamentales de Derechos Humanos (la nacional y las estatales);
i) Adoptar las medidas de seguridad suficientes para que la población desplazada en Chiapas pueda regresar a sus hogares.
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