32° período de sesiones
Acta resumida de la 672ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 14 de enero de 2005, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Schöpp-Schilling (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidadcon el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados y quinto informe periódico del P a raguay (continuación)
En ausencia de la Presidenta, la Sra. Schöpp-Schilling, Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continu a ción)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados y quinto informe periódico del Paraguay (continuación) (CEDAW/C/PAR/3-4 y 5 y Corr. 1; CEDAW/PSWG/2005/I/CRP. 1/Add. 6 y CRP.2/Add. 5)
Por invitación de la Presidenta, la delegación del Paraguay toma asiento a la mesa del Comité.
Artículos 10 a 14 de la Convención (continuación)
La Sra. Simms sugiere que el próximo informe del Paraguay incluya un examen de la situación de las mujeres indígenas en relación con cada uno de los artículos de la Convención.
La Sra. Khan dice que es significativo que esté aumentando el porcentaje de mujeres en la mano de obra mientras disminuye el de hombres, aunque los puestos de trabajo que ocupan no sean especialmente buenos (quinto informe periódico, CEDAW/C/PAR/5 y Corr. 1, pág. 29). Sin embargo, la pobreza sigue estando generalizada en el país y supone, dado que no se han facilitado datos en los informes ni en la declaración oral, que la mayoría de los pobres son mujeres rurales. Le preocupa que el Gobierno no esté haciendo lo suficiente para afrontar las verdaderas causas de la pobreza de las mujeres, a saber, que la mano de obra está altamente segregada y que las mujeres trabajan fundamentalmente en el sector no estructurado. A menos que esas pautas cambien, la situación no mejorará, y resultará muy difícil aplicar las medidas afirmativas previstas en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. Asimismo, pregunta por qué el Gobierno, si ha establecido un sistema encomiable de contratos regulares para los empleados domésticos, no ha hecho al mismo tiempo algo para eliminar la escala de sueldos discriminatoria y para acortar la jornada laboral de los empleados domésticos.
La Sra. Arocha-Domínguez dice que sería interesante saber cómo ha aplicado el Gobierno las diversas recomendaciones del Comité. Por ejemplo, no está claro qué se ha hecho realmente para lograr una distribución y una propiedad equitativas de las tierras y la igualdad en el acceso al crédito. Sería útil saber cómo ha afectado la nueva normativa a las empleadas domésticas y, especialmente, a las niñas que realizan ese tipo de trabajo, que son muy vulnerables a la explotación y a los abusos sexuales y deben recibir protección especial.
La Sra. Tavares da Silva, señalando que, en la actualidad, el Gobierno puede intervenir para eliminar la legislación discriminatoria relativa al trabajo doméstico (quinto informe, pág. 31), pregunta si el Gobierno ha tomado alguna medida a ese respecto, especialmente habida cuenta de las recomendaciones formuladas por órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el decenio de 1990, dado que no existe ninguna razón para que no se conceda al trabajo doméstico la misma dignidad y justicia que a otras formas de empleo.
Las mujeres rurales están doblemente desfavorecidas debido a su pobreza y al hecho de que en la mayoría de ellas hablan guaraní y no español, y pregunta si se les ha informado de sus derechos al amparo de la Convención en su propio idioma.
La Sra. Argaña Mateu (Paraguay) dice que la educación bilingüe forma parte de la reforma educativa prevista y es uno de los elementos fundamentales del empeño del Gobierno por dar todo su valor a los elementos indígenas que son la raíz de la cultura paraguaya. Es evidente que lograr una mayor paridad entre ambos idiomas ayudaría a los niños indígenas a aprender y a integrarse a la sociedad.
Además de la protección que les otorgan la Constitución, la Ley Nacional de Educación y el Código de la Niñez y la Adolescencia, las niñas que se quedan embarazadas se benefician ahora de dos nuevas medidas: el Ministerio de Educación y Cultura ha concertado acuerdos con todas las escuelas públicas y privadas del país para salvaguardar los derechos de las alumnas embarazadas, y ha abierto en todos los distritos escolares oficinas para atender a sus denuncias de cualquier forma de discriminación. Asimismo, las profesoras que son madres solteras o quedan embarazadas están protegidas por la legislación relativa a los derechos de los profesores, que les otorgan, a todos los niveles de enseñanza, seis semanas de licencia de maternidad remunerada antes y después del parto y privilegios especiales por lo que respecta a la lactancia y al descanso.
La Sra. Sosa de Servín (Paraguay) dice que, según la última encuesta, el 5% del total de la población es analfabeto, pero, entre la población indígena —90.000 personas que pertenecen a 20 grupos étnicos— la tasa de analfabetismo es del 60%. La disparidad es enorme, razón por la cual el Ministerio de Educación y Cultura ha establecido órganos encargados de supervisar los programas de alfabetización destinados a las comunidades indígenas (cinco hasta la fecha). Además, en el marco de la reforma educativa de 2003, la Ley Nacional de Educación incluye actualmente disposiciones sobre la educación de las comunidades indígenas adaptadas específicamente a las necesidades de cada grupo étnico. Los órganos de supervisión son conscientes del alcance del problema, que se ve agravado porque las propias comunidades indígenas no son receptivas a la educación oficial dado que tienen sus propias estrategias para preservar su cultura. Por lo tanto, el Gobierno está empezando a formar a profesores indígenas de cada grupo étnico para que enseñen a los alumnos en su propio idioma con el objetivo de alcanzar la paridad en 20 años, con unos resultados iniciales mensurables en un plazo de cinco años.
La Sra. Ferreira de López (Paraguay) dice que, a petición de las propias comunidades indígenas, las asambleas indígenas, la mayoría de las cuales están integradas por mujeres, han acudido en cuatro ocasiones a presentar sus demandas, entre las que la educación y el derecho de las mujeres a disponer de tierras propias ocupan un lugar prioritario, al Congreso Nacional. Además, el Gobierno ha organizado una serie de cursos para desarrollar la capacidad de liderazgo, y los dirigentes tribales están acabando de elaborar un estatuto de asuntos indígenas, que ella y otros diputados tienen previsto presentar para su aprobación en el próximo período de sesiones del Congreso. El Congreso Nacional está estudiando la posibilidad de conceder becas para estudiar en el extranjero a estudiantes indígenas que hayan concluido la enseñanza secundaria. Las mujeres indígenas, que viven en sociedades sexistas dominadas por los hombres, están reclamando cada vez más sus derechos y las tres ramas del Gobierno se ocupan de sus problemas.
La Sra. Argaña Mateu (Paraguay) dice que el Instituto de Bienestar Rural (antiguo IBR, actual ÍNDER) está desarrollando actividades encaminadas a modificar la estructura agraria del Paraguay y a ayudar a las comunidades rurales a hacerse con la propiedad de las tierras. En 2004 el objetivo era conceder títulos de tenencia de tierras a 8.000 familias; impartir formación a 1.500 familias en técnicas de producción y organización social; y ayudar a otras 1.500 familias a comprar nuevas parcelas de tierra.
La Secretaría de la Mujer se ha comprometido a poner en marcha un mecanismo para aplicar y promover las recomendaciones del Comité. El actual Gobierno se está esforzando por utilizar los medios de comunicación de masas y prestar apoyo técnico a las oficinas de la mujer de todos los municipios para que, a su vez, puedan transmitir información a las mujeres acerca de sus derechos civiles y políticos por medio de la celebración de cursos y seminarios y la prestación de asistencia en casos de violencia doméstica. El Gobierno ha puesto en marcha una campaña destinada específicamente a las mujeres rurales: en el marco del proyecto “Voz de Mujer”, en las ciudades más pobladas del interior se emiten programas radiofónicos acerca de los hechos humanos y la cultura de la igualdad, en una mezcla de guaraní y español, y se imparte formación a las mujeres locales para que den aún más difusión a esa información. El proyecto, que actualmente se está ejecutando sólo en algunos departamentos, se extenderá a todo el país en 2005, y en él se hará hincapié en las esferas no tradicionales de empleo para las mujeres y en la salud reproductiva.
La Sra. García (Paraguay) dice que la Secretaría de la Mujer ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura con miras a desarrollar un programa para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en la esfera de la educación. Ese programa se ha canalizado a través del Ministerio, que, en colaboración entre la Secretaría y el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (UNICEF), ha preparado un plan quinquenal; se han establecido planes operacionales concretos para 2005 y 2006, y se están estudiando para 2007. Se han logrado progresos considerables en el ámbito de la eliminación del sexismo de los programas de estudios y la legislación, promoviendo la sensibilización acerca de la discriminación de la mujer e impartiendo formación práctica en cuestiones de género. Los funcionarios públicos han asistido a un curso destinado a ayudarles a reflejar su propia experiencia en relación con la discriminación de género y los estereotipos, y ellos, a su vez, han formulado propuestas para luchar contra del sexismo. En colaboración con el UNICEF, la sociedad civil y el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría de la Mujer ha iniciado un estudio sobre el sexismo en las aulas y en febrero se publicará un informe definitivo en el que figurarán propuestas encaminadas a identificar y eliminar las prácticas sexistas.
La Sra. Ferreira de Guanes (Paraguay), refiriéndose a los delitos sexuales, subraya que éstos se castigan con penas de prisión y no sólo con multas. Los delitos sexuales contra menores se consideran abusos sexuales y no acoso. Cuando un profesor está acusado de abusar de sus alumnos, la primera medida consiste en aplicar una sanción administrativa, como la suspensión, para proceder después a llevar el caso ante los tribunales; por ley, se considera que existen circunstancias agravantes cuando los abusos sexuales contra un menor son cometidos por una persona que ocupa un puesto de autoridad o confianza.
Por lo que respecta a la cuestión de los empleados domésticos, dice que el Código Laboral se reformó en 1995 a fin de garantizar a los empleados domésticos, incluidas no sólo las mujeres sino también los hombres que trabajan como conductores, jardineros, etc., al menos el 40% del salario mínimo. Los empleados domésticos tienen derecho a las mismas prestaciones, como las vacaciones pagadas, que cualquier otro asalariado; también es posible concertar contratos de trabajo especiales para los hombres y las mujeres se realicen tipos de trabajo específicos, como, por ejemplo, los trabajadores rurales y los empleados domésticos, que suelen ser indígenas y cuya remuneración incluye normalmente la alimentación y la vivienda.
El problema de las niñas que trabajan como empleadas domésticas es causa de preocupación y la Secretaría de la Mujer está estudiando la forma de poner fin a esa práctica y de alentar a las víctimas a que denuncien los casos. Aunque se han recibido denuncias, que se han investigado, con frecuencia se alega que la niña es un miembro más de la familia que se limita a ayudar. Aunque, legalmente, las niñas pueden trabajar a partir de los 14 años, es ilegal contratar a menores de esa edad; lamentablemente, la situación real es bastante diferente. El Ministerio de Justicia y Trabajo tendrá que ocuparse de esta cuestión.
La Sra. Ferreira de López (Paraguay) dice que resulta difícil actuar si no se reciben denuncias de niñas menores de 14 años utilizadas como empleadas domésticas. Es absolutamente necesario modificar la mentalidad con respecto a ese trabajo. Habida cuenta de la crisis económica y del alto grado de pobreza, muchas familias consideran que enviar a las niñas a trabajar como empleadas domésticas es un mal necesario, y en las zonas más rurales esto es frecuente incluso en los cuarteles militares y de la policía y en las iglesias.
La Sra. Morvai subraya que los casos de trabajo infantil o maltrato infantil, el Estado parte, de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación clara de actuar cualesquiera que sean las circunstancias. También existe discriminación contra los empleados domésticos, que, en su mayoría, son mujeres; el hecho que las personas cuyos derechos se han violado no presenten denuncias no se puede utilizar como excusa para no actuar; el Estado parte debe modificar su delegación a fin de ponerla en conformidad con la Convención. La situación actual supone la aceptación tácita de la discriminación por razones de clase, raza, sexo y edad.
Espera que se tomen medidas para garantizar que la reforma de la tierra incluya la protección del derecho de las mujeres a ser propietarias y a gestionar sus propiedades. Por lo que respecta al agotamiento del suelo como consecuencia de la utilización de abonos químicos, pregunta si es correcto lo que se indica en el quinto informe de que los municipios que utilizan menos abonos químicos tienen, en promedio, un nivel de vida más bajo (pág. 39). Habida cuenta de los efectos negativos a largo plazo de la utilización de plaguicidas, pregunta si el Gobierno está estudiando la posibilidad de promover prácticas más inocuas para el medio ambiente, como la agricultura orgánica.
La Sra. Coker-Appiah celebra que el Estado parte haya reconocido que todavía queda mucho por hacer para proteger el derecho de las mujeres a la salud de conformidad con el artículo 12 de la Convención. Manifiesta su preocupación, en particular, por el hecho de que el VIH/SIDA afecta cada vez en mayor medida a las mujeres y los pobres. Aunque en la puesta en marcha del Programa Nacional de Control el VIH/SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual (PRONASIDA) es una medida positiva, la financiación para la adquisición de medicamentos antirretrovirales sigue siendo insuficiente, y los enfermos de SIDA siguen estando estigmatizados y discriminados. Refiriéndose a la experiencia de los países de África, subraya que la epidemia de VIH/SIDA no se puede controlar si no se aborda la dimensión de género de la enfermedad y dice que es preciso tomar medidas urgentes para detener su propagación atacándose a sus causas raíces: la pobreza y la falta de acceso a medicamentos y métodos anticonceptivos adecuados.
La Sra. Khan dice que la elevada tasa de mortalidad materna, exacerbada por la falta de acceso a servicios de planificación familiar y salud reproductiva y la alta tasa de abortos clandestinos, es indicio de la calidad deficiente de la atención de la salud a disposición de las mujeres. Señala que en el apartado b) del artículo 5, el artículo 12 y el apartado e) del artículo 16 de la Convención garantizan el derecho de las mujeres a acceder a información acerca de sus derechos en relación con la salud, mediante, entre otras cosas, la prestación de servicios de planificación familiar; por lo tanto, es preciso hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas.
El Paraguay tiene una de las poblaciones reclusas femeninas más elevadas del mundo y pregunta cuántas mujeres están en prisión por abortos ilegales. Agradecería más información sobre la situación de las mujeres en las prisiones y sobre el trato que reciben, por ejemplo, si la violencia en su contra es frecuente en las prisiones, si tienen acceso a servicios de rehabilitación y si, al dictar sentencia, los tribunales tienen en cuenta las circunstancias de las mujeres que tienen a hijos a su cargo, especialmente las madres solteras.
Señalando a la atención de la delegación a la recomendación general 19 del Comité, relativa a la violencia contra la mujer, y la 21, relativa a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares, dice que obligar a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos porque no existe ninguna alternativa es una forma de tortura. Es preciso modificar la legislación pertinente a fin de despenalizar el aborto y abolir las medidas punitivas a ese respecto, especialmente en el caso de embarazos no deseados. Además, se deben ofrecer servicios de educación sexual y planificación familiar idóneos en todo el país, especialmente en las zonas rurales y a las adolescentes.
La Sra. Pimentel celebra el compromiso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de promover el adelanto de la mujer. Subraya que la penalización del aborto obliga a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos y les impide solicitar atención médica en caso de complicaciones. De conformidad con el artículo 12 de la Convención y con la Plataforma de Acción de Beijing, es urgente que el Estado parte despenalice el aborto, lo que también contribuirá a reducir la tasa de mortalidad materna. Habida cuenta de que se trata de una cuestión delicada en la región, pregunta si, sin embargo, la Secretaría de la Mujer está realmente dispuesta a afrontar esa labor.
La Sra. Manalo pregunta si está previsto introducir el uso del guaraní en los niveles superiores de la enseñanza y, en caso contrario, por qué no. Tomando nota de los elevados niveles de analfabetismo y la elevada tasa de abandono escolar entre las mujeres rurales, especialmente las mujeres indígenas que hablan guaraní, manifestó su preocupación por el hecho de que, aunque la enseñanza sea obligatoria, no es gratuita; es evidente que muchos niños y niñas abandonan los estudios por motivos económicos y pregunta qué medidas prevé adoptar el Estado parte a fin de poner remedio a esa situación. Los elevados niveles de analfabetismo entre las mujeres indígenas y rurales agravan su marginación y hacen que les resulte difícil familiarizarse con los derechos que las amparan en virtud de la Convención, especialmente habida cuenta de que ésta no está traducida al guaraní, aunque éste se considere idioma oficial.
Es evidente que el enfoque actual del Estado parte con respecto al problema de la elevada tasa de mortalidad materna no está dando resultados; los abortos clandestinos contribuyen a la elevada tasa de mortalidad, el acceso de las mujeres, en particular las mujeres rurales, a la atención de la salud es deficiente y la financiación de métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar es insuficiente. El Estado parte debería despenalizar el aborto y tomar medidas urgentes para satisfacer las necesidades de las mujeres en materia de salud.
Por lo que respecta a la reforma agraria, aunque la Ley Agraria parece proteger el derecho de las mujeres a ser propietarias y a gestionar sus tierras, no parece aplicarse a gran escala; es preciso aplicar las disposiciones de la Ley, en particular las relativas a las mujeres. Por último, refiriéndose a la trata de mujeres y niños, dice que la discriminación contra las mujeres a todos los niveles, también en el mercado laboral y con respecto a la propiedad de la tierra, las convierte fácilmente en víctimas de los traficantes. Habida cuenta de la grave situación de los derechos de las mujeres, pregunta si el Estado dispone de una estrategia integrada para hacer frente a las preocupaciones manifestadas por el Comité.
La Sra. Shin, refiriéndose al problema de los abortos ilegales, dice que el hecho de que el 51% de la población sea masculina y el 49% femenina es extraordinario, aunque no sorprendente, dada la elevada tasa de mortalidad materna. En el Paraguay mueren todos los años 400 mujeres como consecuencia de los abortos practicados clandestinamente. Habida cuenta de que la disminución del 10% en el número de personas que utilizan métodos de planificación familiar significa, evidentemente, que el sistema actual no funciona, pregunta si el Gobierno está estudiando el problema con carácter urgente. La tasa de mortalidad materna, sumamente elevada como consecuencia de los abortos realizados sin las condiciones de higiene necesarias, es un problema grave, pero lo más grave es la inacción del Gobierno. Recomienda que el Gobierno célebre de inmediato consultas a nivel nacional con mujeres de todos los estratos sociales, incluidas las mujeres rurales, las mujeres indígenas y el personal médico, a fin de encontrar una solución a ese problema.
La Sra. Patten dice que los esfuerzos del Gobierno en la esfera de la atención de la salud son encomiables, dado que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es consciente de la grave situación del país. Desea saber en qué medida se han mejorado las consignaciones presupuestarias de ese Ministerio a fin de garantizar la mejora de la aplicación del segundo plan nacional de salud reproductiva para 2003-2008. Pregunta si el Gobierno tiene previsto revocar las severas disposiciones que castigan a las mujeres que practican abortos. Agradecería información detallada sobre los servicios de atención de la salud destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres ancianas, incluidas las mujeres discapacitadas.
La Sra. Zou Xiaoqiao desea saber qué medidas ha tomado el Gobierno desde el informe anterior para mejorar la situación de las mujeres rurales, especialmente de las que son cabezas de familia. Pregunta cuántas mujeres rurales se han beneficiado de la Ley Agraria.
Artículos 15 y 16
La Sra. Tan pregunta cuántas palizas tiene que recibir una mujer antes de que su maltratador tenga que comparecer ante los tribunales. En su opinión, debería bastar con una sola agresión. Pregunta cuánto tiempo transcurre hasta que los tribunales se ocupan de una denuncia o de la denunciante y emiten un fallo condenatorio del maltratador, y si entretanto se dictan órdenes de protección o de alejamiento. Por lo que respecta a los servicios de asistencia jurídica, pregunta si las propuestas formuladas por la Fiscalía General del Estado, conjuntamente con la Secretaría de la Mujer, de establecer unidades fiscales especiales que se encarguen de los actos de violencia cometidos contra mujeres, niños y adolescentes reforzarán las sanciones civiles en los casos de violencia contra la mujer.
La Sra. Gnacadja pregunta si sigue estando vigente la disposición, claramente discriminatoria, del apartado a) del artículo 1209 del Código Civil en virtud de la cual la mujer necesita la autorización de su marido o de un tribunal para aceptar donaciones. Aunque en la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 16 años para los hombres y las mujeres, en la práctica éstas sufren discriminación. Un joven marido puede proseguir sus estudios, mientras que lo más habitual es que su mujer tenga que abandonar la escuela al quedar embarazada, que es la consecuencia normal del matrimonio. La situación ideal sería que el Paraguay aumentará la edad mínima para contraer matrimonio a fin de hacerla coincidir con la mayoría de edad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que el Paraguay ha ratificado.
La Sra. Patten pregunta si el Gobierno tiene previsto revocar la disposición discriminatoria según la cual, en caso de desacuerdo sobre el primer apellido del niño, el apellido del padre figura antes que el apellido de la madre. Además, desea saber qué protección legal se concede a las mujeres que viven en uniones de hecho, si el Paraguay dispone de un sistema de tribunales de familia y si existe un sistema de asistencia letrada para casos de derecho de familia que facilite el acceso de las mujeres a la justicia.
La Sra. Argaña Mateu (Paraguay), refiriéndose a la concesión de títulos de tenencia de tierras a las mujeres, dice que la Secretaría de la Mujer desea contribuir al proceso de descentralización e incorporar la perspectiva de género a todas las cuestiones relacionadas con la tierra. La Secretaría está colaborando con las administraciones provinciales y municipales a fin de establecer sucursales a todos los niveles y de promover, en el marco del Segundo Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, la aplicación cabal y efectiva de la Ley Agraria. Lo que se pretende es garantizar que las familias, incluidas aquellas en las que el cabeza de familia es una mujer, dispongan de un título definitivo de propiedad sobre sus tierras. La Secretaría de la Mujer es consciente de que los abonos químicos son perjudiciales y está tomando medidas concretas a ese respecto en colaboración con la confederación de mujeres rurales e indígenas en el marco de un grupo de crisis. Por lo que se refiere al VIH/SIDA, la Secretaría de la Mujer está preparando un plan estratégico para 2005-2008 en todos cuyos elementos estará presente una perspectiva de género. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, en el marco del Programa Nacional contra el SIDA, todo el personal ha asistido a tres seminarios organizados conjuntamente con la Organización Interamericana de la Salud a fin de familiarizarse con todos los instrumentos teóricos y prácticos necesarios para incluir la perspectiva de género sus actividades. En 2004, con ocasión del Día Mundial del SIDA, el Ministro responsable de la Secretaría de la Mujer, el represente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Director de PRONASIDA se pusieron en contacto con todas las autoridades de alto nivel a fin de que firmaran un documento comprometiéndose a adoptar medidas conjuntas con miras a reducir la incidencia del VIH/SIDA en el Paraguay, y, en particular, a frenar la propagación de la pandemia entre las mujeres. El número de mujeres que padecen SIDA ha pasado de un 0,6% en 1990 al 2,3% en 2004. En el caso de los menores de 25 años, en la actualidad hay un porcentaje más elevado de mujeres adultas infectadas, un 80%, y el resto son adolescentes. Se calcula que hay unas 6.600 mujeres enfermas de SIDA que no son conscientes de ello. De las 371 muertes registradas como consecuencia del SIDA, el 79% correspondieron a hombres y el 24% mujeres. Hasta agosto de 2004 se habían registrado 3.974 casos.
Refiriéndose a la elevada tasa de mortalidad materna, señala que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha puesto en marcha una iniciativa para promover la maternidad segura en la que se hace hincapié en la atención prenatal, en técnicas para mejorar la seguridad en el parto y en la planificación familiar. El acceso a los servicios de atención a la salud ha aumentado como resultado de su gratuidad para los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas. El Ministerio ha puesto en marcha en cuatro regiones —Concepción, Central, Alto Paraná y Presidente Hayes— un programa para reducir la mortalidad materna. Se han celebrado seminarios en los que han participado técnicos locales, organizaciones no gubernamentales, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de la Mujer. En el Paraguay, el problema de los abortos ilegales se aborda desde la perspectiva de la prevención.
La Sra. Espinosa (Paraguay) dice que los datos de las encuestas sobre salud reproductiva que se realizan cada cinco años desde 1987 indican que ha aumentado el uso de métodos anticonceptivos. En 1987 el incremento fue de 38% con respecto al periodo anterior y, en 2004, del 53%. Todavía sigue habiendo diferencias entre las cifras de la población rural y las de la población urbana: a nivel nacional, la cifra es del 73%, con un 77% de la población urbana y un 67% de la rural que utiliza algún tipo de método anticonceptivo, lo que deja a un 33% de las mujeres rurales sin acceso a ningún método anticonceptivo. En el marco de la encuesta, se preguntó a las mujeres si se satisfacían sus necesidades a ese respecto, y, aunque en la capital sólo el 5% de las mujeres respondió que no, esa proporción ascendió a 23% en el norte del Paraguay, donde la mayoría de la población es pobre. En términos absolutos, el número de mujeres cuyas necesidades no se satisfacen asciende a 200.000. Como ha dicho la Ministra, la atención prenatal y la atención a los menores de cinco años es gratuita, y se han distribuido unos 80.000 juegos de atención prenatal a fin de mejorar las cifras de la mortalidad materna. Está aumentando el número de partos bajo supervisión médica, lo que es un indicador importante de la determinación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de mejorar la situación, aunque todavía persisten problemas que impiden llegar a todas las zonas rurales.
La Sra. Ferreira de López (Paraguay) dice que todo el programa del Ministerio, con sus mensajes sobre igualdad, violencia y acceso a recursos, se desarrollará en guaraní y en español, y que el texto de la Convención se promoverá y difundirá en ambos idiomas.
La Sra. García (Paraguay) dice que el principal impulso de la labor que está realizando la Secretaría de la Mujer consiste en agrupar todos los programas que en el pasado se desarrollaban de manera dispersa. Para tal fin será preciso establecer un mecanismo se coordine los distintos planes, por ejemplo, los de salud sexual y reproductiva, reducción de la pobreza y crecimiento económico basado en la equidad. El Gobierno ha estudiado los resultados del primer plan, 1997-2001, y ha considerado que éste estaba, en cierta medida, fragmentado, lo que sólo concierne a la Secretaría de la Mujer y no a la sociedad en general. De hecho, sólo existe un programa específico, en los de la educación, con un plan organizado y aplicado, pero las diversas iniciativas inconexas en esferas como la descentralización y la participación, la cultura y la igualdad, el acceso a los recursos económicos o el acceso al mercado laboral, han dado pocos frutos. Esos programas requieren un enfoque más integrado y un apoyo más generalizado, y la Secretaría está colaborando con la Oficina Internacional del Trabajo y aplicando algunos de los enfoques propuestos por los miembros en sus observaciones sobre la calidad de los puestos de trabajo que ocupan las mujeres y sobre el sector no estructurado. También se tomará buena nota de las observaciones relativas al microcrédito porque muchas mujeres trabajan en microempresas. Algunas instituciones, como el Consejo Nacional de Vivienda prefieren conceder créditos a mujeres, en primer lugar porque son más fiables por lo que respecta a la devolución de los préstamos, y, en segundo lugar, porque comparten sus recursos con la familia de manera más equitativa; con frecuencia, el resultado es que son las mujeres las que obtienen créditos o títulos de tenencia de tierras o de propiedad, lo que, en ocasiones, las hace víctimas de los malos tratos de sus maridos.
Por lo que respecta a la asistencia letrada a las víctimas de la violencia, está en marcha una consulta entre el Ministerio de Justicia, el poder judicial y la Fiscalía con miras a llevar a cabo una reestructuración que permita establecer unidades descentralizadas en los barrios, especialmente en el interior del país. En el marco de ese plan, está previsto elegir cuatro ciudades piloto en las que se creará una oficina de la Fiscalía especializada en cuestiones de género; más adelante, el plan se pondrá también en marcha en el resto del Paraguay. Muchas personas han recibido formación en relación con la cuestión de la violencia doméstica y, en algunos casos, se han mejorado los procedimientos. Sin embargo, se ha señalado que el Código Penal no resulta especialmente útil en su forma actual, punto que la delegación considerará una recomendación. También se tendrán en cuenta otras recomendaciones del Comité, como la relativa a la edad de mínima para contraer matrimonio y la necesidad de generar un proceso de consultas entre las propias mujeres del país acerca de cuestiones que son importantes para su salud, como la mortalidad materna y la penalización del aborto.
La Sra. Ferreira de Guanes (Paraguay) señala que la aprobación de la Convención en 1987 dio lugar a la reforma de 1992 del Código Civil del Paraguay bajo el lema “Nuestra igualdad ante la ley”. El texto de la Convención se utilizó para explicar la necesidad de poner la legislación del país en conformidad con la Convención; ejemplo de ello es la Ley 1/92 en la que se dispone que ambos progenitores o cualquiera de ellos puede dar su apellido a los hijos. Lamentablemente, desde entonces el país ha retrocedido a ese respecto, decidiendo que si esa cuestión es objeto de una diferencia entre los padres será el padre se tome la decisión definitiva, fallo que es claramente discriminatorio. No existe un código de la familia que dirima estas cuestiones, pero el Código Civil comprende leyes sobre los niños y los adolescentes, y, dado que no existen tribunales de familia, son los jueces de los tribunales civiles los que se ocupan de esas cuestiones.
La Sra. Argaña Mateu (Paraguay) dice que los informes tercero y cuarto no han sido redactados por la Secretaría de la Mujer sino por el consultor internacional que estaba encargado a la sazón del programa de mejora institucional del Paraguay, y el quinto informe por un consultor de una confederación de 14 organizaciones no gubernamentales de mujeres, al objeto de facilitar información de carácter general sobre el período sometido a examen. Por lo que se refiere a las definiciones jurídicas de discriminación e igualdad, la Secretaría de la Mujer ha revisado su experiencia de 11 años en el ámbito del desarrollo institucional y ha observado que todavía persisten tensiones entre la perspectiva de la igualdad y la de la equidad. Es necesario seguir trabajando sobre ambas, pero especialmente sobre la igualdad, dado que el primer plan presentaba deficiencias por lo que respecta a cuestiones como la cultura de la igualdad y la participación en la vida pública.
La Sra. Ferreira de López (Paraguay) dice que el número de mujeres que están en prisión es muy bajo, aproximadamente 500 de una población de 5 millones. No conoce a nadie que esté en la cárcel por haberse sometido un aborto o haberlo realizado. Hay un pequeño número de mujeres que tienen a sus hijos con ellas en la cárcel y los niños reciben alimentación infantil especial y pueden acudir a las guarderías, las escuelas y terrenos de juego del vecindario, todo ello a expensas del Ministerio de Justicia. Las madres pueden vender los productos artesanales que fabrican para comprar otras cosas a sus hijos, que están con ellas por la noche, y las madres lactantes disponen de salas acondicionadas especialmente para alimentar a sus hijos, con todas las instalaciones necesarias.
La Sra. Manalo señala el artículo 5 de la Convención a la atención de la delegación porque ésta ha citado frecuentemente en las costumbres de la sociedad paraguaya como razón por la que no es posible modificar una determinada ley. Sin embargo, en el artículo 5 se indica que las prácticas consuetudinarias son la razón por la que es preciso cambiar la ley en lugar de utilizarlas como excusa para la inacción. Por ejemplo, es inaceptable describir la costumbre arcaica de entregar a un niño a otra familia para que trabaje como empleado doméstico no remunerado simplemente como un mal necesario.
La Sra. Morvai dice que agradecería que la delegación facilitara más información sobre el “grupo de crisis” mencionado en relación con el empobrecimiento del suelo y pregunta si está en marcha un plan para promover una agricultura menos dañina para la tierra.
La Sra. Pimentel destaca la importancia, especialmente para las mujeres, de la separación entre la Iglesia y el Estado. En su calidad de latinoamericana, comprende la discriminación que sufren las mujeres por motivos religiosos, como, por ejemplo, el despido de las profesoras solteras embarazadas, y el efecto que esto puede tener para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
La Sra. Simms dice que a las poblaciones indígenas siempre les interesa la educación, pero no que se les diga que su cultura es inferior ni que las iglesias se lleven a sus hijos a internados para “cristianizarlos”. Si la Secretaría de la Mujer no encuentra un nuevo enfoque tropezará con la misma resistencia por parte de la población indígena con la que ha tropezado el enfoque patriarcal desde hace más de 500 años.
La Sra. Argaña Mateu (Paraguay) explica que el grupo establecido para ocuparse de la crisis del suelo está presidido por el Vicepresidente e incluye a la Secretaría de la Mujer y a otras instituciones. El Gobierno es consciente del problema que representan los efectos negativos de los productos químicos tóxicos de uso agrícola para la salud de las mujeres y está colaborando con el Departamento de Medio Ambiente a fin de tomar las medidas necesarias a ese respecto. Por lo que se refiere a la utilización de niñas pequeñas como empleadas domésticas, la delegación no ha tratado de justificar esa situación sino de explicar la actitud de las familias rurales, que prefieren que sus hijas vivan con una “buena” familia que en las calles de la ciudad. Entiende que la sugerencia relativa a la separación de la Iglesia y el Estado es más una recomendación que una pregunta, y señala que los artículos 46 y 48 de la Constitución garantizan la igualdad en una esfera tan importante para la salud sexual y reproductiva de la mujer. La Secretaría de la Mujer se está ocupando de esta cuestión, sin dejarse influir por las recomendaciones de ningún grupo religioso concreto.
Se levanta la sesión a las 17.10 horas.