Convención Internacionalsobre la Eliminaciónde todas las Formasde Discriminación Racial

Distr.GENERAL

CERD/C/335/Add.214 de diciembre de 1999

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTESDE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN

Decimosegundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1998

Adición

Australia*

[20 de julio de 1999]

ÍNDICE

Párrafos Página

INTRODUCCIÓN1-64

DATOS RESUMIDOS SOBRE LA POBLACIÓN DE AUSTRALIA7-84

CONCLUSIÓN96

Artículo 210-4046

2.1.Principales medidas federales10-506

2.2.El proceso de reconciliación51-5915

2.3.Los australianos indígenas60-11817

2.4.Los australianos migrantes119-28429

2.5.Derechos a la tierra285-30062

2.6.Títulos de propiedad de los aborígenes301-32164

2.7.Medidas sociales, económicas y culturales a favor de los indígenas australianos322-38669

2.8.Medidas sociales, culturales y económicas destinadas a losinmigrantes387-40483

Artículo 3405-40886

3.1.Condena de la segregación racial y el apartheid405-40886

Artículo 4409-41786

4.1.Ley sobre el odio racial de 1995409-41586

4.2.Reservas al artículo 441687

4.3.Reconciliación41788

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

Artículo 5418-51188

5.1.Igual acceso a la ley418-43388

5.2.Servicios de interpretación y traducción434-44591

5.3.Igualdad de acceso al empleo446-49294

5.4.Acceso y equidad493-497101

5.5.Seguridad social498-511103

Artículo 6512-534105

6.1.Mecanismos del tratamiento de las demandas512-521105

6.2.Brandy c. la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad deOportunidades522-527107

6.3.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades528-534108

Artículo 7535-549109

7.1.Publicaciones de la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres535-539109

7.2.Publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdadde Oportunidades540-547110

7.3.Reconciliación548-549111

INTRODUCCIÓN

1.Australia firmó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial el 13 de octubre de 1966 y la ratificó el 30 de septiembre de 1975 con una reserva en relación con el inciso a) del artículo 4.

2.De conformidad con el artículo 9 de la Convención, Australia presenta en este documento un informe consolidado sobre las medidas que ha adoptado y los progresos que ha realizado en lo concerniente al logro de los objetivos de la Convención.

3.El presente informe, que comprende los informes periódicos, 10º, 11º y 12º de Australia en virtud de la Convención, abarca el período comprendido entre el 1º de julio de 1992 y el 30  de junio de 1998.

4.Al preparar el informe, Australia ha tratado de identificar las cuestiones fundamentales planteadas en relación con cada uno de los artículos. El informe constituye una actualización y contiene un análisis de las políticas y los programas pertinentes aplicados e información acerca de los logros y resultados.

5.La información incluida en el presente informe debe considerarse en el contexto de las estructuras constitucional y legislativa generales actualmente existentes en el país. La información general sobre el marco jurídico dentro del cual se protegen los derechos humanos y se adoptan medidas para promoverlos en Australia figura en el documento principal que ha presentado, el cual contiene también información acerca de la tierra, la población y la cultura del país.

6.Con el fin de ayudar al Comité a realizar las tareas que se le encomiendan en virtud del artículo 9, el Gobierno de Australia ha incorporado al informe, siempre que ha sido posible, el texto de la legislación, las decisiones judiciales y los reglamentos pertinentes a que en éste se hace referencia.

DATOS RESUMIDOS SOBRE LA POBLACIÓN DE AUSTRALIA

7.Es importante valorar no sólo el marco constitucional, sino también el contexto social y demográfico del informe del país.

Información proveniente del censo de 1996

8.El censo más reciente (1996) proporciona la información siguiente:

Número total de habitantes de Australia18.289.100

Nacidos en ultramar 4.209.000 (23%)

Porcentaje de personas nacidas en ultramar o quetienen al menos un progenitor nacido en ultramar50%

De los cuales: nacidos en países que no sonde habla inglesamás de la mitad

Australianos aborígenes o isleños del estrechode Torres (es decir, autóctonos)352.970 (2%)

Principales lugares de nacimiento de la población

Población(en millares)

Reino Unido e Irlanda1.207,6

Nueva Zelandia297,5

Italia258,8

Ex República Federativa de Yugoslavia186,1

Viet Nam149,9

Grecia144,6

Alemania118,9

China103,4

Hong Kong (con inclusión de Macao)98,0

Países Bajos97,3

Filipinas94,7

Total de ultramar4.209,0

Australia14.080,2

Principales llegadas de pobladores por lugar de nacimiento (Australia, 1992-1996)

Población(en millares)

Reino Unido e Irlanda52,2

Nueva Zelandia47,0

China27,0

Hong Kong25,9

Viet Nam20,1

Filipinas19,3

Confesión religiosa (tal como la indicaron las personas que contestaron al censo)

Religión

Cristianismo71,0

Budismo1,1

Islamismo1,1

Hinduismo0,4

Judaísmo0,4

Otras religiones0,4

Sin religión16,6

No indicada/descrita en forma inadecuada9,0

CONCLUSIÓN

9.El Gobierno de Australia está sumamente reconocido por la meticulosa y detallada atención prestada por el Comité a los informes anteriores y confía en que el examen del presente informe sea fructífero. Gracias al examen se pueden aplicar de manera plena y satisfactoria, y en beneficio de todas las personas, las normas a que aspiran los Estados Partes en la Convención.

Artículo 2

2.1.Principales medidas federales

Ley sobre la discriminación racial, de 1975

10.La Ley sobre discriminación racial prohíbe todas las formas de discriminación racial en la totalidad de las jurisdicciones australianas: federal, de los Estados y de los territorios. Aunque no se requiere legislación separada de los Estados y territorios para garantizar la aplicación de la Convención por Australia, la mayoría de ellos también han promulgado legislación en esta esfera y, por consiguiente, las personas pueden optar por presentar sus denuncias con arreglo bien al régimen federal bien al del estado o territorio de que se trate.

11.El artículo 9 de la ley establece que:

"Es ilícito que una persona cometa cualquier acto que implique una distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de raza, color u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o efecto anular o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en un pie de igualdad, de cualquier derecho humano o libertad fundamental en las esferas política, económica, social, cultural o de otra índole de la vida pública."

El artículo 9 también hace extensiva la prohibición de la discriminación racial a todo acto de discriminación racial indirecta.

12.La ley establece que será ilícito discriminar contra cualquier persona por motivos de raza, color u origen nacional o étnico, en un amplio conjunto de circunstancias concretas que abarcan el acceso a lugares e instalaciones; la enajenación y ocupación de tierras o la ocupación de cualquier terreno o local residencial, comercial industrial; la provisión de bienes y la prestación de servicios; el derecho a afiliarse a sindicatos; el empleo, y los anuncios publicitarios. Además, el artículo 17 de la ley prohíbe a toda persona que incite a cometer un acto que sea ilícito en virtud de sus disposiciones. No es necesario demostrar una finalidad, intención o motivo discriminatorio para determinar que se ha cometido un acto ilícito.

13.El artículo 10 establece el derecho a la igualdad ante la ley y garantiza que las personas de cualquier raza, color u origen nacional o étnico dado que no disfruten de los mismos derechos de que goza la población de otra raza, color u origen nacional o étnico, o que los disfrute en menor medida, a causa de una ley del Commonwealth, estado o territorio, disfrutará de sus derechos en la misma medida. El artículo 10 se aplica también a las leyes que afecten los bienes que posean las poblaciones aborígenes o de isleños del Estrecho de Torres.

14.La enmienda más importante a la Ley sobre la discriminación racial desde que se presentó el informe anterior ha sido la promulgación de la Ley sobre el odio racial, de 1995, que entró en vigor el 13 de octubre de 1995. Este instrumento legislativo contiene disposiciones acerca del odio racial introducidas mediante la adición de una nueva parte II A a dicha ley a fin de establecer la prohibición civil de un comportamiento ofensivo, insultante, humillante o intimidatorio basado en la raza, color u origen nacional y étnico como motivo adicional para la investigación y el intento de solución con arreglo al régimen federal general australiano en materia de legislación sobre derechos humanos. En virtud de la nueva enmienda a la Ley sobre la discriminación racial en relación con el odio racial, los particulares pueden denunciar a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades cualesquiera actos cometidos, fuera del ámbito privado, por motivos de raza, color u origen nacional o étnico, cuando sea razonablemente probable que el acto de que se trate ofenda, insulte, humille o intimide en todas y cualesquiera circunstancias. (Para un examen más a fondo de la Ley sobre el odio racial, véase la sección relativa al artículo 4 infra.)

15.Estas disposiciones complementan el gran número de otras prohibiciones ya examinadas, cuya contravención podrá investigar y tratar de resolver la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de conformidad con la Ley sobre la discriminación racial. La prohibición de un comportamiento injurioso basado en el odio racial se incorpora a la actual jurisdicción de la Comisión a fin de tramitar las denuncias relativas a presuntas infracciones de esa ley y/o determinar su fundamento. La Comisión podrá desestimar las denuncias falsas y las que carezcan de un fundamento sustancial, a fin de que sólo se tomen en consideración las denuncias bien fundadas. (En la sección relativa al artículo 6 infra se describen en general los actuales mecanismos para la presentación de denuncias en virtud de la ley).

Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres

16.La Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres es el principal organismo del Commonwealth que se ocupa de los asuntos relacionados con estas poblaciones. Se trata de una institución asesora clave en materia de políticas y se encarga de administrar una variada gama de programas del Commonwealth destinados a los australianos autóctonos. Se estableció en virtud de la Ley de la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, de 1989 (la Ley de la CAIET) y comenzó a operar el 5 de marzo de 1990 como consecuencia de la fusión del anterior Departamento de Asuntos Aborígenes (creado en 1972) y la Comisión de Desarrollo de los Aborígenes (creada en 1980).

17.La Comisión es una institución descentralizada única en su género, que combina elementos representativos, normativos y administrativos. A través de la rama representativa de la Comisión, los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres pueden participar en los procesos de gobierno. Los representantes elegidos deben adoptar decisiones acerca de los programas y políticas que afectan a sus comunidades, tanto en el plano regional como en el nacional.

18.Las funciones estatutarias de la Comisión se enuncian íntegramente en el párrafo 1 del artículo 7 de la Ley sobre la CAIET y son las siguientes:

"a)Formular y ejecutar programas destinados a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres;

b)Seguir de cerca la eficacia de los programas destinados a las personas aborígenes y a los isleños del estrecho de Torres, inclusive los programas que ejecuten organismos distintos de la Comisión;

c)Formular propuestas en materia de políticas para atender las necesidades y prioridades nacionales, regionales, y a nivel de Estado y de territorio, de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres;

d)Prestar asistencia a las comunidades, organizaciones y personas de las poblaciones de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres, así como asesorarlas y cooperar con ellas, a nivel nacional, regional, de estado y de territorio;

e)Asesorar al Ministro acerca de:

i)las cuestiones relacionadas con los asuntos de los aborígenes e isleños, inclusive la administración de la legislación, y

ii)la coordinación de las actividades de otros organismos del Commonwealth que afecten a los aborígenes e isleños;

f)Cuando lo solicite el Ministro, proporcionarle información o asesoramiento en relación con cualesquiera asuntos que especifique;

g)Adoptar las medidas razonables que considere necesarias para proteger el material y la información culturales de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, que éstos consideren que reviste carácter sagrado o que es importante por cualquier otro motivo;

h)A petición y con la aprobación de la Oficina de Estadística de Australia, pero no de ningún otro modo, y sin violar la intimidad de ninguna persona, reunir y publicar información estadística sobre los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres;

j)Las demás funciones que la presente ley, o cualquier otra medida legislativa, le encomiende;

k)Las demás funciones que se encomienden expresamente a la Comisión en virtud de una ley de un Estado o territorio interno, y con respecto a las cuales no haya en vigor ninguna aprobación escrita del Ministro en virtud del artículo 8;

m)Las demás funciones que se le encomienden expresamente en virtud de una ley de un Estado o territorio interno y con respecto a las cuales haya en vigor una aprobación escrita del Ministro en virtud el artículo 9;

n)Realizar cualesquiera investigaciones que sean necesarias para poder desempeñar cualesquiera de sus demás funciones; y

o)Llevar a cabo las demás tareas que sean incidentales o favorables al desempeño de cualesquiera de las funciones a que se hace referencia precedentemente."

19.La Ley de la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, de 1989, es objeto de un constante proceso de examen y enmienda. La Junta impulsó un segundo examen importante de la ley en abril de 1997 y el informe correspondiente se presentó al Parlamento el 24 de marzo de l998.

i)Consejos regionales

20.En 1996-1997, la rama representativa de la Comisión estaba integrada por 35 consejos regionales en todo el país, establecidos mediante la elección de representantes autóctonos. Las elecciones se celebran cada tres años. La tercera ronda de elecciones para la Comisión tuvo lugar el 12 de octubre de 1996.

21.En 1996 se enmendó la Ley sobre la CAIET para reducir el número de consejeros elegidos en cada consejo regional, desde un máximo de 20 a un máximo de 12. Esta reducción entró en vigor para las elecciones de octubre de 1996 a la Comisión.

22.Aun cuando los consejos regionales se establecieron en virtud de la Ley sobre la CAIET, se trata de órganos independientes. Realizan consultas con las comunidades locales y representan sus intereses. Para cada uno de los consejos regionales se eligen un presidente y un vicepresidente.

23.La Ley sobre la CAIET establece las funciones de los consejos. Éstas incluyen la formulación de un plan regional para mejorar la vida socioeconómica y cultural de las poblaciones aborígenes y de isleños del estrecho de Torres a nivel local y la adopción de decisiones sobre los gastos de la Comisión en las respectivas regiones. En 1996-1997, los consejos regionales administraron alrededor del 58% del presupuesto por programas de la Comisión.

ii)Comisionados

24.Los consejeros regionales eligen a 16 comisionados, uno para cada una de las zonas de la Comisión. Se elige un comisionado del estrecho de Torres y otros dos son nombrados por el Ministro de Asuntos de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres. Los comisionados integran la Junta de la Comisión, que presta asesoramiento al Ministro en materia de políticas.

iii)Presidente

25.De conformidad con las disposiciones actualmente en vigor, el Presidente de la Comisión es elegido por el Ministro de Asuntos de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres de entre los 19 comisionados. El 6 de diciembre de 1996, el Ministro nombró Presidente al Sr. Gatjil Djerrkura, que reemplazó a la Presidenta fundadora de la Comisión, la Srta. Lois O'Donoghue, la cual se jubiló en esa fecha.

Oficina de Política Indígena

26.La Oficina de Política Indígena del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete presta asesoramiento normativo al Ministro de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, al Primer Ministro y al Ministro de Estado Especial, acerca de una amplia gama de cuestiones que afectan a las poblaciones aborígenes y de isleños del estrecho de Torres, inclusive el proceso de reconciliación. La Oficina trata de promover la ejecución del programa normativo del Commonwealth para las poblaciones autóctonas, al tiempo que tiene en cuenta los intereses generales de éste último.

Financiación de programas destinados a la población indígena

27.El volumen de financiación asignado por el Gobierno de Australia (Commonwealth) a los programas destinados concretamente a la población indígena es actualmente el mayor registrado hasta la fecha (1.887 millones de dólares australianos en 1998-1999), y comporta un aumento en cifras reales durante los tres últimos años en el contexto de un clima general de gran austeridad fiscal. Más del 70% de estos recursos se destinan a las esferas prioritarias de la vivienda, la salud, la educación y el empleo, que han sido protegidas ("sujetas a cuarentena") contra todo recorte del gasto. La Comisión recibe el 55% del total de los fondos del Commonwealth. Los fondos destinados a la salud de la población indígena han aumentado en un 37% en términos reales en los tres últimos años.

28.La Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres forma parte de una gran estructura de organizaciones -gubernamentales y no gubernamentales- que prestan servicios a esas poblaciones.

29.Los organismos del Commonwealth, tanto los pertenecientes como los ajenos al Ministerio de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, prestan asistencia financiera para el adelanto de los aborígenes y los isleños:

-directamente mediante el otorgamiento de subvenciones a las organizaciones comunitarias establecidas o, muy raras veces, a los particulares, o

-mediante la concesión de subvenciones a las administraciones de los Estados/territorios (subvenciones a los Estados).

30.Aparte de la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y la Oficina de Política Indígena, los organismos del Commonwealth a que se han encomendado las funciones más amplias en relación con los asuntos indígenas son el Departamento de Educación, Capacitación y Asuntos de la Juventud y el Departamento de Servicios Sanitarios y de la Familia.

31.Las administraciones de los Estados/territorios también financian programas para la población autóctona, bien a título de proyectos especiales, bien como parte de sus actividades encaminadas a prestar servicios a la comunidad en general. El Commonwealth insiste en que los asuntos de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres son una responsabilidad que comparte con las administraciones de los Estados/territorios, y en que es responsabilidad de los Estados o territorios la prestación de los servicios comunitarios normales -tales como la atención de la salud, la educación y el desarrollo de la infraestructura- a sus ciudadanos que son aborígenes o isleños del estrecho de Torres.

32.En gran medida, estas indicaciones se aplican asimismo a las administraciones locales. En los últimos años se han desplegado crecientes esfuerzos para lograr que estas administraciones tengan más conciencia de sus responsabilidades para con las comunidades de aborígenes e isleños.

33.Además, un número de organizaciones de aborígenes e isleños constituidas en entidades administrativas estimado en 3.000 -por ejemplo, en los sectores de los servicios sanitarios, los servicios jurídicos, las cooperativas de vivienda, los consejos de tierras, y los organismos sociales, culturales y deportivos- realizan actividades a favor de sus comunidades. La mayoría de ellas son financiadas por organismos gubernamentales, incluida la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Aun cuando la mayoría de esas organizaciones son de magnitud relativamente reducida y suelen prestar servicios a la comunidad local, varias de ellas operan a nivel de Estado/territorio o en el plano nacional.

34.Las organizaciones constituidas en entidades administrativas son las principales beneficiarias de la financiación de la Comisión y son importantes instrumentos de autogestión de la población autóctona.

Relaciones intergubernamentales

35.En virtud de su Ley constitutiva, la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres tiene la responsabilidad primordial de seguir de cerca la eficacia de los programas destinados a esas poblaciones, inclusive los ejecutados por órganos distintos de la Comisión, así como de formular propuestas en materia de políticas para atender las necesidades y prioridades de los australianos autóctonos a nivel nacional, estatal y regional.

36.El Compromiso Nacional de mejorar los resultados de la ejecución de programas y la prestación de servicios para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, refrendado por el Consejo de Administraciones Australianas en 1992 prevé el establecimiento de un marco normativo convenido para el Commonwealth, los Estados, los territorios, y las administraciones locales, con miras a establecer una cooperación para abordar la situación desventajosa de la población autóctona y promover la justicia social.

37.Todos los signatarios del Compromiso Nacional tienen un papel que desempeñar en lo que concierne a la aplicación de los principios del marco normativo. No siempre es tarea fácil coordinar la acción de todos los organismos para que se centren específica y estratégicamente en las causas de la situación desventajosa de la población autóctona. No obstante, se han registrado varios acontecimientos positivos en materia de cooperación y coordinación a nivel del Commonwealth, así como en los planos estatal, regional y local, que respaldan el cumplimiento de ese compromiso común.

38.Gracias al Compromiso Nacional y a su participación en el Consejo Ministerial de Asuntos de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, (el foro para los ministros del Commonwealth y de los Estados y territorios encargados de los asuntos indígenas), la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, sigue promoviendo la equidad para las poblaciones indígenas en lo tocante a los servicios que prestan otros organismos y otros niveles de la administración.

El Comisionado para Combatir la Discriminación Racial

39.La creación del cargo de Comisionado para Combatir la Discriminación Racial se prevé en el artículo 19 de la Ley sobre discriminación racial. En el artículo 20 de la ley se describen las funciones de la Comisión en la esfera de la discriminación racial que desempeña el Comisionado. Estas funciones son las siguientes:

-investigar las presuntas infracciones de la ley y tratar de solucionar mediante conciliación los casos que se afirme implican una infracción;

-promover la comprensión, aceptación y cumplimiento de las disposiciones de la ley;

-elaborar, ejecutar y promover programas de investigación, de educación y de otra índole para:

-combatir la discriminación racial y los prejuicios que dan origen a ella;

-fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los grupos raciales y étnicos, y

-difundir los propósitos y principios de la Convención;

-preparar y publicar directrices para evitar toda infracción de la ley; y

-cuando la Comisión lo considere apropiado, intervenir en las causas judiciales que entrañen cuestiones de discriminación racial, con el permiso del tribunal que conozca de la causa y con sujeción a cualesquiera condiciones que éste imponga.

40.En fecha reciente, el Gobierno federal anunció su intención de reestructurar la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (en la información que se facilita mas adelante acerca del artículo 6 figuran detalles de la reestructuración propuesta). La reestructuración comportará la sustitución de cinco de los seis comisionados actuales por tres vicepresidentes, uno de los cuales seguirá teniendo la responsabilidad general en las esferas de la discriminación racial y la justicia social. Ello garantizará que las cuestiones relacionadas con esta discriminación sigan siendo una esfera prioritaria de la labor de la Comisión.

41.Durante el período que abarca el presente informe, el Comisionado para Combatir la Discriminación Racial elaboró cuatro informes acerca del "estado de la nación". Además, el Comisionado ultimó el informe sobre los recursos hídricos, el informe sobre Mornington, el informe sobre el examen de la isla de Mornington y el informe sobre las bebidas alcohólicas.

Informe sobre los recursos hídricos

42.En febrero de 1994 se presentó al Parlamento Federal un informe sobre el abastecimiento de agua y la provisión de saneamiento a las comunidades aisladas y apartadas de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres (el "informe sobre los recursos hídricos"). El informe era el resultado de un estudio en gran escala sobre la prestación de los servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento a esas comunidades, especialmente las ubicadas en lugares remotos de Australia. En el informe se formulaba una serie de recomendaciones al Gobierno para que ayude a las comunidades de aborígenes e isleños a lograr una distribución más equitativa de los recursos, y ello en una forma apropiada y que no entrañe perturbaciones, y se llegaba a la conclusión de que toda solución a largo plazo dependía del control por las comunidades indígenas de los procesos de adopción de decisiones y asignación de los recursos. En 1994‑1995, la Comisión siguió de cerca los progresos logrados en la aplicación de esas recomendaciones mediante el enlace con varias comunidades incluidas en estudios de casos.

Informes sobre la isla de Mornington

43.El primer informe sobre la isla de Mornington se preparó atendiendo a una petición al Comisionado firmada por 163 residentes aborígenes de la isla de Mornington en el golfo de Carpentaria. En ella se solicitaba la investigación de un incidente concreto que concernía a las relaciones entre la policía y los aborígenes; el informe se amplió después para abarcar una serie de cuestiones sociales (como el fenómeno de la embriaguez, la justicia de menores y la falta de oportunidades de empleo) que estaban ligadas en forma indirecta al incidente.

44.Doce meses después de la publicación del informe de la Comisión sobre Mornington, el Comisionado prometió hacer un examen de la aplicación de las 91 recomendaciones contenidas en el mismo. Los resultados del examen se publicaron en 1995 en el informe sobre el examen de la isla de Mornington. Reflejando las conclusiones del informe inicial, en el informe sobre el examen se constataba que los problemas políticos, económicos y sociales con que tropezaban comunidades como la de la isla de Mornington no se solucionarían hasta que los recursos y los procesos de planificación y adopción de decisiones estuvieran bajo el control de la población autóctona.

Informe sobre las bebidas alcohólicas

45.El informe sobre las bebidas alcohólicas, elaborado por la Comisión en 1995, es un complejo estudio de la relación existente entre la discriminación racial, los derechos humanos y la distribución de bebidas alcohólicas en el Territorio del Norte. El informe tuvo su origen en las inquietudes expresadas al Comisionado para Combatir la Discriminación Racial por varias comunidades aborígenes acerca de los efectos del abuso de las bebidas alcohólicas sobre sus comunidades. En el informe se afirmaba el derecho de las comunidades aborígenes a exigir que se impusieran restricciones a la distribución de tales bebidas, en beneficio de todos sus miembros. El Comisionado promueve la imposición de restricciones a la venta de bebidas alcohólicas cuando ello es el deseo expreso de dichas comunidades. La información recibida al respecto hasta la fecha indica que esas medidas han producido efectos positivos sobre las comunidades aborígenes del Territorio del Norte. La Comisión continua siguiendo de cerca los progresos que se realizan en esta esfera.

El Comisionado de Justicia Social en favor de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres

46.La Oficina del Comisionado de Justicia Social en favor de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres se estableció en virtud de la Ley de enmienda de la legislación sobre derechos humanos e igualdad de oportunidades (Nº 2), de 1992. La Oficina se creó atendiendo a las recomendaciones de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos y la investigación nacional sobre la violencia racista; ambas habían señalado la necesidad de un constante seguimiento de la situación relativa a los derechos humanos de los australianos autóctonos. La ley entró en vigor el 13 de enero de 1993.

47.En el artículo 46 C de esta ley se describen las funciones de la Comisión, cuyo desempeño incumbe al Comisionado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 C 2), y que son las siguientes:

-presentar informes anuales al Fiscal General acerca del disfrute y ejercicio de los derechos humanos por las poblaciones de aborígenes e isleños del estrecho de Torres, que incluyan recomendaciones acerca de las medidas que deberían adoptarse para garantizar el disfrute y ejercicio de esos derechos por ellos;

-promover el debate y examen de las cuestiones relativas a los derechos humanos, así como la toma de conciencia de éstas, en el caso de esas poblaciones;

-poner en marcha programas de investigación, educación, y de otra índole para promover el respeto de los derechos humanos de dichas poblaciones, y fomentar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos por ellas;

-examinar las disposiciones normativas existentes y propuestas para determinar si se reconocen y protegen los derechos humanos de las citadas poblaciones, y comunicar al Ministro los resultados de cualquiera de tales exámenes.

48.De conformidad con el artículo 46 C, en el desempeño de sus funciones el Comisionado deberá tener presentes cuando proceda, las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los demás instrumentos relativos a los derechos humanos que considere pertinentes. Además, el Comisionado podrá consultar con las organizaciones indígenas nacionales e internacionales, y con las demás organizaciones, organismos o personas que considere oportuno, durante el desempeño de sus funciones. La ley confiere al Comisionado facultades para obtener documentos e información de los organismos gubernamentales si hay motivos para creer que éstos tienen algún dato o documento relevante para las funciones de la Comisión.

49.Además, y en virtud del artículo 209 de la Ley de títulos de tierras indígenas, de 1993 (Commonwealth), el Comisionado de Justicia Social en favor de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres debe preparar y presentar al Ministro del Commonwealth informes anuales sobre la aplicación de la ley y los efectos de ésta sobre el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las poblaciones aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El Ministro podrá también ordenar en cualquier momento al Comisionado que prepare informes sobre determinadas cuestiones relacionadas con la aplicación y los efectos de la ley.

50.Conforme a la nueva estructura propuesta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, de la cual el Comisionado de Justicia Social en favor de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres es miembro, se suprimirá este cargo. Sin embargo, con arreglo a esa estructura, uno de los vicepresidentes de la nueva Comisión tendrá la responsabilidad general de las cuestiones relacionadas con la justicia social y la discriminación racial respecto de los aborígenes y los isleños, y la Comisión seguirá desempeñando las funciones del Comisionado, inclusive las previstas en la Ley de títulos de tierras indígenas, de 1993.

2.2.El proceso de reconciliación

51.Como se indica en su informe anterior, Australia ha puesto en marcha un proceso oficial de reconciliación entre las poblaciones aborígenes e isleñas del estrecho de Torres y otros australianos que se desarrollará durante el decenio que termina el 1º de enero de 2001, centenario de la Federación de Australia. La Ley del Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes, de 1991, fue promulgada por el Parlamento en reconocimiento del hecho de que las poblaciones de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres habían ocupado Australia durante miles de años antes de la colonización británica, de que muchos de sus miembros se habían visto desposeídos de sus tierras tradicionales y se habían dispersado, y de que no existía ningún procedimiento oficial de reconciliación entre ellos y otros australianos. El Parlamento de Australia aprobó la ley por unanimidad.

52.La ley estableció el Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes con la finalidad de promover el proceso de reconciliación entre la población aborigen y los isleños del estrecho de Torres, por un lado, y la comunidad australiana más amplia por otro. El Consejo tiene 25 miembros, de los cuales 12 deben ser aborígenes y 12 isleños, y debe estar presidida por una persona aborigen. La actual Presidenta del Consejo es la Sra. Evelyn Scott.

53.El Consejo tiene una amplia gama de funciones, inclusive las siguientes:

-promover, mediante el desempeño de una función de liderazgo, la educación y el debate, una comprensión más profunda por parte de todos los australianos de la historia, las culturas, el desposeimiento y la constante situación desventajosa de la población aborigen y los isleños del estrecho de Torres, y la necesidad de hacer frente a esa situación;

-fomentar un compromiso nacional constante a cooperar con miras a hacer frente a la situación desventajosa de los aborígenes y los isleños, y

-consultar a los aborígenes y los isleños, así como a la comunidad australiana más amplia acerca de la cuestión de si la reconciliación podría favorecerse mediante un documento oficial de reconciliación, así como acerca de su contenido.

54.El Consejo acaba de iniciar su tercer y último mandato de tres años. En sus dos primeros mandatos ha hecho un gran número de realizaciones. En su primer mandato, desde 1992 a 1994, el Consejo:

-encargó a 13 organizaciones indígenas que realizaran consultas con las comunidades de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres de todo el país acerca del tema de la reconciliación;

-realizó trabajos para promover una cooperación y comunicación mayores entre la población autóctona y los intereses mineros, mediante el establecimiento de un Comité de Minería y un Consejo Mixto sobre las Tierras Aborígenes y la Minería;

-realizó consultas con grupos religiosos, organizaciones femeninas y administraciones locales, que dieron lugar a importantes actividades comunitarias para favorecer la reconciliación, inclusive, por ejemplo, una Semana de oración;

-puso en marcha, a nivel de base, una red denominada "Australianos en pro de la reconciliación", a fin de promover ésta a nivel local;

-promovió actividades educativas relacionadas con la reconciliación mediante la copatrocinación de conferencias sobre la reconciliación, la elaboración de material informativo y de documentos para debate, y la iniciación del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y el establecimiento de grupos de estudio:

-formuló estrategias para facilitar el acceso de la población indígena a los medios de información modernos, y

-presentó dos importantes informes: el informe sobre el primer mandato del Consejo, titulado "Walking Together: the First Steps" y un informe para promover la causa de la justicia social, titulado "Going Forward: Social Justice for the First Australians".

55.El principal acontecimiento durante el segundo mandato del Consejo -que abarcó el período comprendido entre 1995 y 1997- fue la Convención sobre la Reconciliación Australiana, celebrada en mayo de 1997. El Consejo organizó la Convención para permitir a un amplio segmento representativo de todos los australianos examinar los progresos logrados en el proceso de reconciliación y elaborar un programa de objetivos que el Consejo podría alcanzar en su último mandato.

56.Asistieron a la Convención más de 1.800 personas y otras 10.000, aproximadamente, participaron en reuniones preparatorias regionales organizadas en todo el país. La Convención fue un evento nacional significativo, que dio nuevo impulso al proceso de reconciliación y sirvió como catalizador para un creciente movimiento popular en pro de ella.

57.Otra iniciativa fue el comienzo de la labor del Consejo sobre la "evaluación comparativa de prácticas" a fin de elaborar un marco práctico y eficaz que sirviera de pauta para la rendición de cuentas por las administraciones federal, estatales y territoriales en cuanto al logro de progresos en la mitigación de la situación desventajosa de la población autóctona. Esta labor, que tiene carácter permanente, se centra en la definición de objetivos en lo que respecta a atender las necesidades de esa población, que estén basados en las realidades culturales y geográficas, y en la promoción de ejemplos de mejores prácticas para alcanzar las metas relacionadas con la prestación de servicios a los australianos autóctonos. Esta labor complementa las iniciativas del propio Gobierno en cuanto a garantizar la rendición de cuentas con respecto a las operaciones financiadas y los resultados de los programas a fin de velar por que los recursos que se asignen a los asuntos indígenas se gastan de tal modo que proporcionan el máximo de beneficios a las poblaciones y comunidades indígenas.

58.Durante su segundo mandato, el Consejo también consolidó su anterior labor mediante:

-la continuación de su apoyo a la red de base denominada "Australianos en pro de la reconciliación";

-la celebración de una Semana Nacional de Reconciliación, de carácter anual, desde el 27 de mayo al 3 de junio, para poner de relieve el proceso de reconciliación, y

-la continuación de las actividades de instrucción pública e investigaciones.

59.Durante su tercer y último mandato, de 1998 al año 2000, las actividades del Consejo se ajustarán a un amplio plan estratégico centrado en el logro, en el proceso de reconciliación, de unos resultados que los australianos puedan celebrar al entrar en el nuevo milenio. El Consejo se dedicará sobre todo a respaldar y mantener un movimiento popular de amplia base en pro de la reconciliación a fin de garantizar que el proceso de ésta continúe después de su último mandato. El Consejo se propone conseguir que las administraciones a todos los niveles, las principales organizaciones y los particulares asuman un firme compromiso y adopten medidas en favor de la igualdad social y económica de los australianos autóctonos. El Consejo se esforzará asimismo en llegar a un acuerdo acerca de un documento nacional de reconciliación y en promover el reconocimiento de los australianos indígenas en la Constitución de Australia.

2.3.Los australianos indígenas

Comparación de la situación de las poblaciones aborígenes y de isleños del estrecho de Torres con la comunidad australiana más amplia

60.Desde la celebración del referéndum de 1967, que confirió al Gobierno federal facultades para promulgar legislación relativa concretamente a los australianos indígenas, el Gobierno del Commonwealth ha gastado unos 24.000 millones de dólares australianos (a precios de 1997) en la ejecución de programas destinados específicamente a las poblaciones autóctonas, inclusive 20.000 millones en los últimos 15 años. Los resultados obtenidos han sido dispares. Se han logrado notables mejoras en los últimos decenios en lo tocante a la vivienda y la propiedad de casas de los aborígenes, pero, al mismo tiempo, se ha duplicado la población indígena. Las tasas de asistencia a la escuela han mejorado en forma significativa, pero todavía son inferiores a las correspondientes a la población no autóctona. La mortalidad infantil ha descendido considerablemente, pero la esperanza de vida al nacer sigue siendo baja, sobre todo debido a factores ligados al modo de vida de los adultos. Un número sin precedentes de australianos autóctonos se han matriculado en establecimientos de enseñanza superior pero, por otra parte, la falta de conocimientos y aptitudes profesionales y la ubicación apartada y distante siguen contribuyendo a las altas tasas de desempleo. La tasa de fallecimientos de indígenas detenidos es ahora más baja que la correspondiente a la población no indígena, pero las tasas de encarcelación siguen siendo sumamente desproporcionadas en relación con el porcentaje de población que representan los indígenas. Los aborígenes poseen o controlan más del 15% del continente australiano, pero las desigualdades socioeconómicas continúan siendo una realidad persistente. La política gubernamental relativa a los asuntos indígenas reconoce que los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres se encuentran en una situación sumamente desventajosa en comparación con la comunidad general. Desde que asumió el poder en 1996 el Gobierno ha concentrado los esfuerzos, en el marco de su política indígena, en las esferas donde son mayores las necesidades, a saber, la salud, la vivienda y la infraestructura, la educación y la capacitación, y el empleo. Al centrarse concretamente en estas esferas en que la situación socioeconómica es altamente desventajosa, sobre todo en las comunidades que viven en lugares remotos, el Gobierno logrará mejores resultados en favor de los australianos autóctonos más necesitados.

Población

61.La población autóctona de Australia estaba integrada en 1996 por 352.970 personas, que representaban un 2% de la población total del país. El número de habitantes indígenas había aumentado en un 33% (87.599 personas) desde 1991, mientras que el aumento de la población australiana total sólo había sido del 6%. Además de una alta tasa de matrimonios mixtos, este rápido crecimiento de la población autóctona puede reflejar una mayor disposición a indicar un origen indígena en el censo de 1996 que en censos anteriores. La edad media de la población indígena era de 20 años, frente a 34 años en el caso de la no indígena (o sea que, la mitad de la población indígena tiene 20 años de edad o menos).

Salud

62.La población indígena tiene un peor estado de salud y muere en edad más joven que los australianos no indígenas; por ejemplo, la esperanza de vida al nacer de esa población es de 15 a 20 años inferior a la de la población no indígena, y es 15 a 18 veces más probable que muera de enfermedades infecciosas que los australianos no autóctonos.

63.El Gobierno está firmemente decidido a resolver estos problemas y en 1998-99 se asignarán 168 millones de dólares australianos a los programas de salud para la población autóctona, cifra que, desde 1995-96, representa un aumento en términos reales del 37%. En el presupuesto de 1998-99, el Gobierno asignó otros 73 millones de dólares australianos para los cuatro años siguientes a fin de contribuir a mejorar la atención primaria de salud para la población aborigen y de isleños del estrecho de Torres. Este aumento reconoce el considerable crecimiento de la población autóctona.

Vivienda

64.Más del 20% de las familias autóctonas habitan en viviendas que necesitan reparación o carecen de las instalaciones higiénicas básicas tales como inodoros, cuartos de baño y agua corriente, y los australianos indígenas tienen cinco veces más probabilidades de ser arrendatarios de viviendas estatales que la población en conjunto. En el caso de los hogares con ocupantes indígenas, el número medio de personas por hogar es de 3,7, frente a 2,7 en el caso de las viviendas sin ocupantes indígenas.

65.En noviembre de 1996, el Gobierno anunció una iniciativa en cuyo marco el ejército ayudaría a la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y al Departamento de Salud y Atención de las Personas de Edad a construir la infraestructura sanitaria que se necesitaba urgentemente, inclusive sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, para siete de las comunidades aisladas más necesitadas. En el marco de este programa de la Comisión y el ejército para ayudar a las comunidades, el ejército ha proporcionado equipo, personal y conocimientos técnicos a título gratuito, y la Comisión y el Departamento han contribuido, en cada caso, con 5 millones de dólares australianos para la realización de obras públicas, que son administradas en el contexto del Programa de vivienda e infraestructura comunitarias (PVIC) de la Comisión. El Gobierno ha anunciado en fecha reciente la continuación de esa iniciativa con el mismo volumen de recursos (es decir 10 millones de dólares australianos).

66.El Gobierno tiene dos programas concretamente orientados cuya finalidad es proporcionar vivienda e infraestructura a la población autóctona. Se trata del PVIC y del programa de alquiler de viviendas a la población aborigen, que es administrado por el Departamento de Servicios a la Familia y la Comunidad. La financiación del PVIC se proporciona principalmente por conducto de las organizaciones indígenas para la vivienda, en tanto que la del programa de alquiler de viviendas se proporciona a través de las autoridades estatales del sector de la vivienda como un subconjunto concretamente orientado en el marco del Acuerdo sobre Vivienda del Commonwealth/Estados. Además de la financiación de la vivienda, el PVIC concede fondos para la infraestructura y los servicios esenciales. La cantidad que se asignará en 1998-99 a estos programas asciende a 308 millones de dólares australianos. En un reciente examen de ambos programas se analizaron las posibles duplicaciones y superposiciones, así como los medios para mejorar la provisión de vivienda y obras de infraestructura a los australianos autóctonos más necesitados, y el Gobierno está estudiando actualmente las conclusiones de ese examen.

67.Un componente importante del PVIC es el programa de proyectos prioritarios de infraestructura sanitaria que garantiza la aplicación de un enfoque eficiente y holístico de la provisión de vivienda e infraestructura a las comunidades más necesitadas en general. En el marco de ese programa se proporcionan fondos a las comunidades para atender sus necesidades globales por orden de prioridad conforme a la clasificación hecha en el estudio de las necesidades de vivienda e infraestructura comunitaria, en el que se examinaron las que había en las esferas esenciales de la vivienda, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, la energía y los caminos.

68.El volumen de la financiación del PVIC, que se ha mantenido y ajustado para tener en cuenta la inflación desde que el Gobierno asumió el poder en 1996, ascenderá en 1998-99 a 217 millones de dólares australianos. Este programa ha sido protegido concretamente por el Gobierno contra todo recorte global en el presupuesto de la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Los fondos asignados al programa de alquiler de viviendas a la población aborigen en relación con las viviendas estatales ascienden a 91 millones de dólares australianos anuales. En el marco de este último programa se proporcionan 550 casas al año, y se financian importantes obras de mejoramiento, reparación y mantenimiento. En 1998-99, la Comisión prevé que el PVIC proporcionará 590 casas nuevas y para sustituir otras casas, así como un número análogo de casas que se están renovando.

69.En todo el país, un 31% de las poblaciones indígenas poseen o están comprando una casa, en comparación con un 72% en el caso de los australianos no indígenas. Muchas personas indígenas no pueden obtener crédito de los bancos y las sociedades inmobiliarias porque sus ingresos son demasiado bajos y no pueden hacer frente a reembolsos de elevada cuantía.

70.La población aborigen y los isleños del estrecho de Torres cuyos ingresos son bajos tienen acceso a los préstamos que concede la Comisión en condiciones muy favorables con comprobación previa de los medios de vida. El tipo de interés de esos préstamos parte del 5% anual y aumentan en un 0,5 cada año hasta llegar al tipo de interés aplicable a los préstamos para vivienda de la Comisión (fijados en no más del 1% por debajo del tipo de interés variable del crédito para vivienda del Banco del Commonwealth). En el caso de las familias con ingresos inferiores a 25.000 dólares australianos, se puede aplicar un tipo de interés inicial reducido.

71.La Comisión prevé aprobar 460 nuevos préstamos en 1998-99. Todos los prestatarios destinan de un 20 a un 30% de sus ingresos brutos al reembolso de los préstamos.

Educación

72.De todos los estudiantes que comenzaron la enseñanza secundaria en 1997, un 31% de los que eran indígenas continuaron los estudios hasta el duodécimo año, en comparación con un 73% en el caso de los demás estudiantes. Un 19% de los estudiantes indígenas que comenzaron la enseñanza secundaria abandonaron los estudios antes del décimo año, frente a un 2% en el caso de los demás estudiantes. Entre un 71 y un 81% de los estudiantes indígenas en los años tercero y quinto no pueden leer ni escribir en inglés con arreglo a estándares apropiados, frente a 27-33% en el caso de los demás estudiantes. De la población autóctona de 15 a 19 años de edad, un 44% participa en alguna forma de actividad educativa y de capacitación, frente a un 72% en el caso de otros australianos del mismo grupo de edad. Los resultados del censo de 1996 indicaban que un 13,6% de los australianos autóctonos de 15 o más años de edad informaron de que tenían cualificaciones de posgrado (un 4,2% a nivel de diploma asociado o superior), frente a un 34,4% de la población total de esa edad (un 16,5% a nivel de diploma asociado o superior). De las personas que completaron el censo, un 10,1% de los australianos indígenas y un 7,5% de la población total no respondieron a esta pregunta. De ese grupo de edad, otro 4,1% de australianos indígenas estaban realizando estudios superiores, frente al 6,1% en el caso de toda la población. De las personas que completaron el censo, un 5,1% de australianos indígenas y un 4,1% de la población total no respondieron a esta pregunta.

Empleo

73.Del total de la fuerza de trabajo autóctona, 24.233 personas estaban desempleadas y 82.347 tenían empleo, lo cual representa una tasa de desempleo del 23% en el caso de la población indígena, en comparación con un 9% en el caso de la población total. La tasa de participación de la población indígena era inferior a la correspondiente a la población total (50% frente a 60%).

Ingresos

74.Los ingresos de las familias indígenas eran, por término medio, inferiores a los de otras familias; un 39% de las familias indígenas ganaban menos de 500 dólares australianos a la semana, en comparación con un 36% en el caso de otras familias. En el nivel superior de ingresos, un 5% de las familias indígenas tenían unos ingresos de más de 500 dólares australianos por semana, en comparación con un 10% en el caso de las demás familias.

Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos

75.La Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos fue establecida por el Commonwealth, los Estados y el territorio del norte para investigar la muerte de 99 aborígenes o isleños del estrecho de Torres mientras estaban detenidos, entre el 1º de enero de 1980 y el 31 de mayo de 1989. A la Comisión se le encomendó la tarea de examinar las circunstancias de los decesos, las medidas adoptadas por las autoridades y las causas subyacentes de la muerte de las personas indígenas detenidas, inclusive los factores sociales, culturales y jurídicos.

76.En la investigación se comprobó que, si bien se registraban unas tasas análogas de fallecimientos durante la detención en el caso de la población indígena y no indígena, aquélla entraba en contacto con el sistema de justicia penal a una tasa desproporcionadamente alta. La Comisión llegó a la conclusión de que el motivo más significativo de ello era la situación sumamente desventajosa de muchas personas indígenas en la sociedad, tanto desde el punto de vista social y económico como del cultural.

77.En el informe de la Real Comisión se formulaban 339 recomendaciones dirigidas al Gobierno del Commonwealth, y las administraciones de los Estados y territorios, acerca de una amplia gama de cuestiones, inclusive las medidas para remediar la situación desventajosa de la población autóctona, así como la introducción de cambios en la supervisión, las instalaciones penitenciarias y los procedimientos. Todas esas administraciones han presentado informes anuales acerca de la forma en que han llevado a efecto, en todo o en parte, las recomendaciones de la Comisión.

78.En 1992, el Commonwealth asignó el considerable monto de 400 millones de dólares australianos a sus organismos a fin de apoyar la puesta en práctica de 338 de las 339 recomendaciones. La mayor parte de esos fondos se canalizaron a través de la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. La responsabilidad de aplicar las recomendaciones la comparten el Commonwealth y las administraciones de los Estados y territorios, y cada una de estas jurisdicciones presenta informes anuales sobre las actividades de aplicación.

79.En los informes anuales quinto y último del Gobierno del Commonwealth sobre la aplicación (1996-97) se reconocía que la creciente y excesiva proporción relativa de la población indígena reclusa y las tasas de contacto con el sistema de justicia penal debían afrontaarse mediante esfuerzos integrados y sostenidos a todos los niveles de la administración en Australia.

80.En junio de 1998, la población indígena representaba un 2,1% de la población australiana, pero alrededor del 18,8% de la población reclusa. En 1998 se registraron 16 fallecimientos de personas indígenas detenidas, que representaban algo más del 17% de todos los fallecimientos de reclusos.

81.Para afrontar la situación de altas tasas de encarcelamiento y de muerte de reclusos indígenas, el Commonwealth convocó en julio de 1997 a una Cumbre Ministerial sobre los fallecimientos de aborígenes detenidos. Asistieron a la Cumbre representantes indígenas y ministros del Gobierno del Commonwealth y de las administraciones de los Estados y territorios encargados de la justicia, la policía, los servicios penitenciarios y los asuntos indígenas.

82.En la Cumbre se reconoció que la reducción de la excesiva proporción de personas indígenas entre la población de reclusos y la aplicación de las recomendaciones de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos era responsabilidad común del Gobierno y de todas las administraciones de Australia.

83.La Cumbre publicó un comunicado en el que decidía hacer frente al problema de la excesiva proporción relativa de la población indígena en el sistema de justicia penal, mediante la elaboración de planes estratégicos que serían acordados por las administraciones de los Estados y territorios o las comunidades autóctonas. La elaboración de estos planes está siendo facilitada por comités indígenas de justicia a nivel del Commonwealth, los Estados y los territorios.

84.Esos planes estratégicos servirán para abordar la coordinación de la financiación y la prestación de servicios en relación con los programas y servicios indígenas. Las cuestiones concretas que se tomarán en consideración incluyen los objetivos jurisdiccionales para reducir la excesiva proporción relativa y global de personas indígenas dentro del régimen de justicia penal; los mecanismos de planificación; los métodos para la prestación de servicios y las actividades de seguimiento y evaluación.

85.El Gobierno del Commonwealth reconoce que la grave situación socioeconómica desventajosa en que se encuentra la población autóctona es un importante factor de su excesiva proporción relativa en el régimen de justicia penal. El Commonwealth está firmemente decidido a abordar esa situación para lograr que la población autóctona pueda participar plenamente en la vida socioeconómica australiana. Los gastos totales del Commonwealth en programas destinados concretamente a esa población en 1998-99 ascenderán a 1.887 millones de dólares australianos, que representa una cifra sin precedentes, y una considerable proporción de esos fondos se adjudicarán a las esferas básicas de la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Tras la presentación del informe de la Real Comisión, en el ejercicio fiscal 1992-93 se aumentaron los fondos destinados a la asistencia letrada de las personas aborígenes como medio para reducir las tasas de encarcelación. Los niveles de financiación se han mantenido bastante constantes desde esa fecha.

Programa nacional de educación comunitaria para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres

86.La recomendación 211 de la Real Comisión de investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos es del tenor siguiente:

"211. Se debe alentar a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y a las comisiones estatales de igualdad de oportunidades a que prosigan sus programas destinados a informar a la comunidad aborigen con respecto a la legislación antidiscriminatoria, especialmente a través de los empleados aborígenes de las comunidades y organizaciones, a fin de garantizar la eficaz difusión de información sobre la legislación y los medios de sacar partido de ella."

87.El Programa nacional de educación comunitaria para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres constituye el componente fundamental de la aplicación de la recomendación 211. Se asignaron fondos del Commonwealth a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades para que elaborara un paquete de educación comunitaria destinado a informar a la población aborigen y a los isleños del estrecho de Torres acerca de sus derechos y de la protección de que gozaban en virtud de la legislación antidiscriminatoria y otras medidas legislativas. El programa nacional facilita información acerca de la legislación antidiscriminatoria y sobre derechos humanos con miras a potenciar la capacidad de la población indígena de todo el territorio australiano para hacer frente a la discriminación que sufran en su vida cotidiana. El programa nacional es un mecanismo de educación comunitaria destinado a alentar a la población indígena a identificar claramente la causa de un problema o conflicto y buscar soluciones positivas. En su marco se hace hincapié en encontrar soluciones que puedan ser llevadas a efecto primordialmente a nivel de la comunidad.

88.En 1992 se elaboró un folleto titulado "Tracking your rights", en el marco de la estrategia de relaciones comunitarias de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. El diseño y el proceso de elaboración de este folleto de Queensland se utilizó como prototipo para el programa nacional. El conjunto de material de este programa, titulado también "Tracking your rights", se desarrolló a nivel regional mediante la celebración de amplias consultas en más de 120 comunidades rurales, apartadas, isleñas, urbanas y de condado durante el período 1992‑1997.

89.Los objetivos concretos del desarrollo de este proyecto incluyen los siguientes:

-prevenir en todo lo posible el encarcelamiento de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres;

-permitir a las comunidades de aborígenes e isleños establecer y proteger normas comunitarias en relación con sus derechos humanos, y

-potenciar la capacidad de esas poblaciones para resolver los problemas que se planteen en las relaciones comunitarias a nivel local mediante la comprensión y el ejercicio de sus derechos.

90.Se han finalizado tres conjuntos de material informativo a nivel regional, uno para Australia occidental, otro para el Territorio del Norte y Australia meridional y un tercero para Nueva Gales del Sur, Tasmania, Victoria y el territorio de la capital australiana. Cada uno de estos conjuntos, titulados también "Tracking your rights" incluye lo siguiente:

-Material informativo a nivel regional cuya finalidad es ayudar a las poblaciones de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres a utilizar la legislación antidiscriminatoria y otros mecanismos. Este material proporciona información, que se refiere concretamente a cada región, acerca de los derechos y las cuestiones fundamentales, tales como el racismo en la educación, los derechos de los consumidores, el empleo y las relaciones laborales, los procedimientos de recurso y denuncia, tales como los defensores del pueblo de los Estados y el Commonwealth, la sala de reclamaciones de pequeña cuantía de los tribunales de primera instancia y la Oficina de Asuntos de los Consumidores y Comercio Leal, así como las normas y los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, con inclusión de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y las Naciones Unidas;

-Un manual anejo para la formación de instructores;

-Un manual nacional de vídeo y de instructores, y

-Una cinta magnetofónica sobre la mediación en la que se examinan diferentes modelos de ésta y la solución alternativa de controversias, titulada "Resolviéndolo localmente".

91.La ejecución del programa nacional sigue planteando dificultades y deben buscarse fuentes alternativas de financiación para poder ejecutarlo plenamente en todo el país.

Proyecto nacional para la elaboración de un plan de estudios en la esfera jurídica destinado a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres

92.La recomendación 212 de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos es del tenor siguiente:

"212. Se debe alentar a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y a las comisiones de igualdad de oportunidades de los Estados a que consulten a las organizaciones aborígenes adecuadas y a los servicios jurídicos de los aborígenes con miras a elaborar estrategias para estimular y dar a las poblaciones aborígenes la posibilidad de utilizar los mecanismos antidiscriminatorios con más eficacia, particularmente en la esfera de la discriminación indirecta y la acción legal de efecto colectivo."

93.El proyecto nacional para la elaboración de un plan de estudios en la esfera jurídica destinado a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres representa el elemento fundamental de la acción para poner en práctica la recomendación 212 de la Real Comisión.

94.El proyecto se basa en lo siguiente:

-que no hay ningún curso nacional acreditado de formación jurídica para los aborígenes e isleños que se centre en los derechos humanos y jurídicos de los pueblos indígenas;

-que la potenciación de la capacidad de acción de las poblaciones aborígenes depende en grado considerable de su capacidad para conocer los servicios y mecanismos gubernamentales destinados a proteger sus derechos humanos y jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional, y para tener acceso a ellos; y

-que los oficiales sobre el terreno de los servicios jurídicos para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres poseen las aptitudes, experiencia y conocimiento de su comunidad local respectiva indispensables para su labor, pero su acción se ve sumamente restringida por la falta de cursos de formación culturalmente apropiados, así como por el costo y la dificultad de acceder a cursos de formación acreditados.

95.Los objetivos generales del proyecto son fundamentalmente mejorar la calidad de la asistencia profesional que presten los oficiales sobre el terreno, y ello mediante el logro de una educación de mejor calidad accesible en todo el territorio de Australia.

96.El plan de estudios ya se ha ultimado y se ofrecerán cursos acreditados nacionales centrados en los derechos humanos y jurídicos de las poblaciones aborígenes y de isleños, a nivel de la comunidad, la formación profesional y la universidad. El plan de estudios y los cursos son consecuencia de unas actividades de elaboración en régimen colaborativo. Las organizaciones de servicios comunitarios, gubernamentales y no gubernamentales, han contribuido de buen grado con su tiempo y sus ideas al proyecto para la elaboración del plan de estudios.

Estrategia en materia de justicia social

97.A principios de 1994 el Gobierno solicitó a la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y del Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes que elaboraran informes acerca de una serie de medidas que permitieran abordar el problema del despojo de las tierras de las poblaciones aborígenes y de isleños del estrecho de Torres y pudieran considerarse como parte de la respuesta del Gobierno al fallo emitido por el Tribunal Supremo en 1992 acerca de los títulos de las tierras indígenas.

98.Para preparar su informe, la Comisión llevó a cabo un proceso de consultas con los círculos más amplios de intereses indígenas, inclusive varias organizaciones de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. El proceso comprendía extensas consultas a nivel de la comunidad patrocinadas conjuntamente con el Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes. Éste también consultó a una serie de entidades comunitarias no indígenas.

99.El informe de la Comisión, titulado Recognition, Rights and Reform (Reconocimiento, derechos y reformas), abarca una serie de cuestiones contemporáneas de interés para la población indígena, inclusive los asuntos relacionados con el reconocimiento y la potenciación de la capacidad de acción, los derechos de la población indígena, la indemnización y la reparación, los derechos de los ciudadanos, la integridad cultural, la protección del patrimonio y el desarrollo económico. Se abordaron cuestiones análogas en el informe complementario titulado Going Forward: Social Justice for the First Australians (Avanzando: justicia social para los primeros australianos).

100.Los informes se presentaron al Gobierno a principios de 1995. Hasta la fecha de las elecciones de 1996, el Gobierno no había dado respuesta alguna a los informes sobre justicia social; sin embargo, y en espera de poder dar esa respuesta, había asignado 1,5 millones de dólares australianos a la Comisión y el Consejo en el presupuesto de 1995‑96, con miras a elaborar en forma más detallada las propuestas relativas a la justicia social. Se prometió una nueva asignación de 1,5 millones de dólares para 1996‑97, compromiso que se cumplió posteriormente.

101.El Ministro del ramo escribió a la persona que ejercía la Presidencia de la Comisión en mayo de 1997 informándola de que el Gobierno no tenía la intención de anunciar iniciativas concretas en respuesta a los citados informes. La Comisión y el Consejo tienen la responsabilidad de llevar a efecto las recomendaciones apropiadas como parte de sus funciones normales.

Investigación nacional sobre la separación de los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres de sus familias

102.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades realizó una importante investigación durante el período del presente informe acerca de la separación de los niños aborígenes e isleños de sus familias. La investigación se necesitaba para examinar la evolución de la práctica histórica de separar por la fuerza a los niños indígenas de sus familias, y los efectos de esa separación. El 11 de mayo de 1995 se publicó el mandato formal para la investigación, que fue revisado en agosto de 1995.

103.Con arreglo al mandato, la Comisión tenía que:

"a)Estudiar la evolución y los efectos de las leyes, prácticas y políticas anteriores que habían dado lugar a la separación de niños aborígenes e isleños de sus familias por la fuerza, o mediante coacción o influencia indebida;

b)Examinar la conveniencia y necesidad de cualesquiera modificaciones de las leyes, prácticas y políticas actuales en relación con los servicios y procedimientos actualmente a disposición de esas personas aborígenes e isleñas que se vieron afectadas por la separación forzosa, o mediante coacción o influencia indebida de los niños aborígenes e isleños de sus familias, inclusive, pero sin que ello constituya limitación alguna, las leyes, prácticas y políticas actuales relacionadas con el acceso a los expedientes y registros individuales y familiares, y a otras formas de asistencia para localizar y reunificar las familias;

c)examinar los principios en virtud de los cuales se decide si se debe indemnizar a las personas o comunidades afectadas por tales separaciones;

d)examinar las leyes, usos y políticas vigentes en cuanto a la colocación y cuidado de los hijos de aborígenes e isleños del estrecho de Torres y asesorar con respecto a cualesquiera modificaciones que sean necesarias, teniendo en cuenta los principios de la libre determinación de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres.

En el cumplimiento de las funciones que le incumben con arreglo a su mandato, la Comisión debe llevar a cabo amplias consultas con la comunidad australiana, especialmente con las comunidades aborígenes y de isleños del estrecho de Torres, con las organizaciones no gubernamentales pertinentes y con las autoridades federales, estatales y territoriales interesadas y, cuando sea procedente, examinar la legislación, usos y políticas de otros países que hagan al caso e informar al respecto."

104.El informe sobre la investigación, Volver a casa: investigación nacional de la separación de su familia de los hijos de aborígenes e isleños del estrecho de Torres, se presentó al Parlamento de Australia el 26 de mayo de 1997. El informe contiene información detallada de la historia de las leyes de los Estados, los territorios y Australia en general aplicables a los niños indígenas, al bienestar general de la infancia y a la adopción. A partir de 1900, en todos los Estados y territorios de Australia, se promulgaron leyes sobre los niños indígenas, de conformidad con la política de asimilación y protección. En esas normas se detallaban los procedimientos y criterios en virtud de los cuales los niños indígenas podían pasar a ser pupilos del Estado y ser separados de su familia. Durante los decenios de 1950 y 1960 se fueron derogando gradualmente las leyes sobre el bienestar de los niños indígenas.

105.En la investigación se llegó a la conclusión de que esas leyes eran discriminatorias por motivos de raza, puesto que establecían regímenes jurídicos para los niños indígenas y sus familias que eran distintos e inferiores a los aplicables a los niños y familias no indígenas. También se comprobó que muchos de los usos discriminatorios generados por esas leyes se habían mantenido incluso tras promulgarse las leyes sobre el bienestar general de la infancia en los Estados y en el Territorio del Norte. En la investigación se llegó a la conclusión de que, entre 1910 y 1970, entre uno de cada tres y uno de cada diez niños indígenas fueron separados de su familia y su comunidad.

106.En el informe se hicieron 54 recomendaciones sobre la responsabilidad de los Gobiernos de Australia, los Estados y los territorios, así como de los organismos no gubernamentales, recomendaciones que cabe agrupar en tres categorías: la reparación o indemnización de las personas separadas, sus familias, comunidades y descendientes; la reunificación, la salud y otros servicios prestados a los afectados por las anteriores políticas y usos; y las medidas para hacer frente a las prácticas actuales de separación, en particular las leyes sobre la adopción, el bienestar infantil y los procedimientos de justicia de menores. En el informe se llegó a la conclusión de que "la necesidad más urgente de las familias separadas es que se les ayude a reunirse" (pág. 347).

107.El Gobierno de Australia respondió oficialmente al informe el 16 de diciembre de 1997. En su respuesta se ocupó sobre todo de la cuestión fundamental de la separación familiar y sus repercusiones, asignando fondos por valor de 63 millones de dólares repartidos en cuatro años para iniciativas encaminadas a facilitar la reunificación familiar y a prestar ayuda a la población indígena para que pudiera superar la tribulación y el trauma causados por la separación. En la respuesta del Gobierno se reconoce también el legado dejado por usos anteriores y se complementa el objetivo fundamental de su política en asuntos indígenas que consiste en reparar los efectos de las graves desventajas socioeconómicas de que han sufrido muchos indígenas. Entre las iniciativas anunciadas por el Gobierno de Australia figuran las siguientes.

108.Hacer posible la reunificación familiar. Se han asignado más de 11 millones de dólares a la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres para crear una red nacional de centros de reunificación familiar, en los que los indígenas podrán conseguir información sobre familiares desaparecidos y establecer un primer contacto con sus parientes. También se prestarán servicios iniciales de asesoramiento. Para contribuir a este proceso, se han asignado 2 millones de dólares al Archivo Nacional de Australia a fin de levantar índices y copiar y conservar miles de expedientes en poder del Gobierno de Australia con objeto de hacer más fácil la consulta de los archivos pertinentes.

109.Mejorar los servicios de asesoramiento y apoyo. Se han asignado más de 30 millones de dólares para nombrar 50 nuevos asesores y para ampliar los servicios de asistencia clínica prestados a las personas afectadas por el trauma y la ansiedad emocionales debidos a la separación familiar o al proceso de reunificación.

110.Mejorar el apoyo a la familia. El Gobierno de Australia reconoce que el hecho de que muchos indígenas separados de sus familias no tengan ninguna vida familiar es un factor de la desventaja entre generaciones que aqueja a muchos de ellos. En consecuencia, se han asignado 6 millones de dólares para seguir desarrollando los programas de asistencia a las familias y apoyo a los padres indígenas.

111.Además, se han dedicado fondos a la conservación, recuperación, sostenimiento y desarrollo de los idiomas indígenas y a un proyecto de historia oral que permitirá a los indígenas y a otras personas exponer las circunstancias de su separación familiar.

112.Tanto en Australia como en el extranjero, el informe ha despertado notable interés en los medios de comunicación y en el público en general, centrado sobre todo en la recomendación 5, en la que se pide a todos los parlamentos de Australia que reconozcan los actos cometidos por sus predecesores en cuanto a las leyes, políticas y usos de separación por la fuerza a los niños indígenas de sus familias y que presenten las correspondientes excusas. Aunque el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres han manifestado su hondo pesar personal por las injusticias infligidas a los indígenas con los usos de las generaciones anteriores, el Gobierno del país no es partidario de presentar excusas oficiales con carácter nacional, ya que ello significaría que las generaciones actuales son responsables y deben rendir cuenta por los actos cometidos en otros tiempos, que estaban permitidos por las leyes de entonces vigentes.

113.En lo que se refiere a las recomendaciones del informe sobre la indemnización de los indígenas separados de sus familias, el Gobierno de Australia respondió en la investigación que no sería procedente disponer una indemnización pecuniaria, sobre todo puesto que las prácticas en cuestión estaban sancionadas por las leyes vigentes entonces; que tenían por finalidad ayudar a las personas que resultaron afectadas; y que sería muy difícil llegar a un arreglo de indemnización equitativo y viable. Esta posición no se ha modificado y el Gobierno considera que las necesidades actuales deben atenderse aportando fondos a iniciativas encaminadas a facilitar la reunificación familiar y a aplicar programas para alcanzar determinados resultados en materia de salud, vivienda, educación y empleo.

114.Conforme a la Constitución de Australia, las cuestiones que ahora suscita la separación de los niños indígenas, a saber, la adopción, el bienestar infantil y la justicia de menores, son de competencia de los gobiernos de los estados y territorios. En la reunión de agosto de 1997 del Consejo Ministerial para Asuntos de los Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres se acordó que las recomendaciones sobre legislación que había formulado la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades se estudiarían Estado por Estado y no a nivel nacional. Algunos Estados ya han respondido oficialmente al informe, o publicado respuestas provisionales, y se espera que para fines de 1998 lo hayan hecho todos los Estados y territorios. El Consejo Ministerial de Asuntos de los Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres seguirá de cerca las respuestas y el proceso de aplicación.

Genocidio

115.A raíz de las comunicaciones sobre presuntas violaciones históricas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio remitidas por la Secretaría Nacional de Servicios Jurídicos para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, la Real Comisión de Investigación de los fallecimientos de indígenas detenidos consideró que la política de separación de los hijos no equivalía a genocidio, puesto que se adoptó "no con el propósito de exterminar a una población, sino para preservarla". La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, discrepó en su informe de esta opinión de la Real Comisión, señalando lo que calificó de "una investigación mucho más amplia" (pág. 273), sin entrar en detalle al respecto, y llegó a la conclusión que la finalidad primordial de las políticas de separación de los menores indígenas era la supresión de sus culturas como entidades distintivas, lo cual equivalía a un genocidio cultural.

116.En la Convención sobre el Genocidio se entiende por actos de genocidio el traslado de niños de un grupo a otro por la fuerza. No obstante, tales actos han de haberse perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo, nacional, étnico, racial o religioso. El Gobierno no admite que las antiguas políticas estuvieran animadas por el propósito de destruir a la población indígena.

117.La cuestión del genocidio cultural fue examinada por los redactores de la Convención sobre el Genocidio, quienes decidieron excluir el concepto de genocidio cultural de dicho instrumento. El término genocidio tiene un sentido jurídico específico que no comprende las repercusiones ni las perturbaciones que pueda sufrir una cultura.

118.Los tribunales australianos se ocuparon de esta cuestión en la causa de Kruger c. Australia (1997) 146 A LR126. Todos los magistrados del Tribunal Superior que examinaron si la política de separación de los menores aplicada en otro tiempo en los Territorios del Norte constituía genocidio llegaron a la conclusión de que dichos actos no correspondían a la definición de genocidio.

2.4.Los australianos migrantes

Ley de migración

119.El compromiso del Gobierno de acabar con la discriminación racial queda demostrado en parte por las disposiciones legislativas en materia de migración. En ellas no se prevén facultades amplias ni discrecionales injustificadas para denegar una petición de visa. Por el contrario, los solicitantes que cumplan con determinados criterios para la obtención de cierto tipo de visa pueden hacer valer legalmente su derecho a esa visa. De esta manera, se garantiza en particular que a todos los solicitantes, cualquiera sea su origen racial, y siempre que cumplan con los criterios fundamentales, tienen derecho a que se les conceda la visa que solicitan.

120.También la Ley de migración contiene disposiciones, como la que figura en el artículo 501, por las que se faculta a las personas debidamente autorizadas a denegar o anular una visa por motivos generales de carácter. Con esa disposición se trata de no permitir la entrada, o de expulsar de Australia, a las personas cuya conducta o cuyas relaciones con personas u organizaciones sea de tal naturaleza que su presencia en el país sea contraria al interés de la comunidad australiana o de algún sector de ella. Uno de los fundamentos de la facultad discrecional de denegar o anular visas es que el Ministro o su representante estén convencidos de que la persona de que se trate difamaría a un sector de la comunidad australiana o incitaría a la discordia en dicha comunidad o en un sector de la misma.

La comunicación de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades al Consejo Nacional Asesor en Asuntos Multiculturales

121.En marzo de 1998, respondiendo a un documento político del Ministerio Federal de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Australia multicultural: el camino hacia delante, la Comisión presentó un documento de amplio alcance en apoyo de que el Gobierno federal mantuviera la política de multiculturalismo. En el documento se determinaban las obligaciones internacionales de Australia en materia de diversidad racial y étnica, haciendo referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Una vez examinadas las comunicaciones del Consejo Nacional Asesor en Asuntos Multiculturales, se espera que, a mediados de 1999, se formulen recomendaciones al Gobierno federal.

Los informes sobre el estado de la nación

122.En el período que abarcan los informes décimo, undécimo y duodécimo, el Comisionado sobre la Discriminación Racial presentó cuatro informes sobre el estado de la nación en los que se examinaba la situación de la población australiana que no es de lengua inglesa. En los informes se ponía de relieve las persistentes desventajas que encuentran quienes no son de lengua inglesa en materia de empleo, vivienda, educación, sanidad, cuidados geriátricos y administración de justicia. En los informes sobre el estado de la nación se formularon recomendaciones al Gobierno que ahora está aplicando el Comisionado sobre la Discriminación Racial, quien a su vez también ha presentado varias comunicaciones al Gobierno y a las comisiones parlamentarias sobre cuestiones que interesen a la población que no es de lengua inglesa.

Informe sobre el estado de la nación de 1995 - Vigésimo aniversario de la Ley sobre discriminación racial de 1975

123.En 1995 el vigésimo aniversario de la promulgación de la Ley sobre discriminación racial brindó la oportunidad de presentar el tercer informe sobre el estado de la nación en el que se evaluaban los progresos de la población que no es de lengua inglesa durante esos 20 años en lo que respecta a la salud, la justicia, la policía, la educación, la capacitación y el empleo. En él se decía que se había registrado una evolución favorable, sobre todo en los programas de estudio, que, en general, eran ahora de cierta diversidad e incluían actividades antirracistas. No obstante, en otras esferas, como el empleo y la salud (y el acceso a los intérpretes) se avanzaba con lentitud o no se avanzaba. Durante el año del vigésimo aniversario se ejecutaron algunos proyectos contra el racismo financiados por la Comisión sobre la Discriminación Racial.

Artículo 2, inciso a), apartado ii)

Medidas legislativas, judiciales y administrativas de los gobiernos de los Estados contra la discriminación racial (véase más adelante en relación con el artículo 5)

Nueva Gales del Sur

Política y marco jurídico del Estado

124.La discriminación por motivos de raza está prohibida en Nueva Gales del Sur con arreglo a la Ley contra la discriminación de 1977. En 1989 se enmendó la Ley para incluir las disposiciones sobre la difamación racial que entraron en vigor el 1º de octubre de 1989.

125.En agosto de 1994 se introdujeron diversas enmiendas en la Ley contra la discriminación de 1977, a fin de que los órganos representativos pudieran presentar denuncias de actos de discriminación en nombre de particulares. La enmienda es importante para las personas contra quienes se discrimina por motivos de raza y no tienen suficiente conocimiento del inglés para hacer la denuncia por sí mismas.

126.Las enmiendas de las disposiciones sobre la discriminación racial ampliaron la definición de raza para abarcar el elemento "étnico-religioso" y la "ascendencia". También se introdujo una enmienda a esas disposiciones a fin de dar una definición más amplia de las "medidas especiales" y otra para aumentar la pena máxima por difamación racial grave.

127.La Comisión de Asuntos Étnicos está encargada de aplicar la Ley sobre la Comisión de Asuntos Étnicos de 1979, en su forma enmendada. Una modificación importante de la Ley promulgada en 1997 es la inserción de cuatro principios de diversidad cultural, a saber:

-todos los habitantes de Nueva Gales del Sur deben tener las mayores oportunidades posibles de contribuir a todos los aspectos de la vida pública y de participar en ella.

-las personas y las instituciones públicas deben respetar y dar cabida a la cultura, el idioma y la religión de los demás en un marco jurídico e institucional australiano en el que el inglés es el primer idioma.

-todas las personas deben tener las mayores oportunidades posibles de hacer uso de las actividades y programas pertinentes administrados por el Gobierno de Nueva Gales del Sur y de participar en ellos.

-todas las instituciones públicas de Nueva Gales del Sur deben reconocer la riqueza lingüística y cultural de la población del Estado en tanto que recurso valioso y promoverlo para alcanzar el máximo desarrollo del Estado.

128.En la ley se señala la necesidad de dar cabida a la cultura, el idioma y religión de los demás en el marco institucional de Australia. De esta manera, se sienta, entre otras cosas, la base para la aplicación práctica de medidas destinadas a asegurar que no se institucionalizará el racismo en esferas de gran importancia tales como el suministro de bienes y servicios por los organismos públicos de Nueva Gales del Sur en una sociedad con diversidad de culturas. En la ley también se hace recaer la responsabilidad de la aplicación de estos principios en los principales funcionarios de los organismos públicos de Nueva Gales del Sur.

129.El programa de la Declaración de Prioridades en Materia Étnica es el medio principal de aplicación de los principios de diversidad cultural. Conforme al programa, que empezó a aplicarse en 1997, unos 190 organismos públicos de Nueva Gales del Sur deben participar en la elaboración de un plan de la Declaración sobre la manera como cada organismo pone en práctica los principios de diversidad cultural. También se exige a los organismos que informen sobre sus actividades y que, en sus informes anuales al Parlamento, presenten planes en el marco del programa de la Declaración.

Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole adoptadas para luchar contra la discriminación

130.Uno de los fallos judiciales que más han contribuido a la evolución de las leyes y la política es el que se dictó en la causa Phillips c. el Servicio Jurídico para los Aborígenes (1993). En este caso el Tribunal de Igualdad de Oportunidades falló que ser judío constituye una identidad racial. Fue la primera vez que un tribunal se pronunció en materia étnico-religiosa, y a su vez el fallo influyó en la enmienda de 1994 de la definición de raza.

131.Otro fallo importante que repercutió notablemente en las cuestiones de discriminación racial fue el dictado en Lamb c. Samuels Real State Pty Ltd (1995). Esta fue la primera causa en la que se negó alojamiento a un aborigen por motivos de raza y se dictó un fallo en favor del demandante. El tribunal llegó a la conclusión de que el empleador respondía del comportamiento de sus empleados, que debía tener una política clara de servicio no discriminatoria y que debía aplicar dicha política. Como resultado del fallo, la Junta contra la Discriminación colaboró estrechamente con el Instituto de la Propiedad Inmueble de Nueva Gales del Sur para elaborar estrategias con miras a eliminar la discriminación en el sector inmobiliario. También se estableció una política de alquileres que deben aplicar por todos los agentes inmobiliarios del Estado.

Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole para erradicar el odio racial

132.Durante el período abarcado por el informe se dictaron dos importantes fallos judiciales que han contribuido a erradicar los actos de odio racial. En el caso Grupo de Acción Aborigen Wagga Wagga y Ors c. Eldridge (1995), el Tribunal de Igualdad de Oportunidades señaló que no era necesario demostrar que el autor de los comentarios difamadores se hubiera propuesto instigar un desprecio racial grave y falló en favor de los demandantes. Era la primera vez que los tribunales acogían una denuncia por difamación racial. En el segundo caso, Patten c. el Estado de Nueva Gales del Sur (1995), el tribunal falló en favor del denunciante los actos de discriminación y difamación por motivos de raza. Como resultado del fallo, el Defensor de los aborígenes de Nueva Gales del Sur emprendió una nueva investigación sobre el trato que daba la policía a los aborígenes.

Igualdad y pleno disfrute de la igualdad de trato ante la ley, en particular en el acceso a los servicios e instalaciones públicos

133.Particular importancia reviste la prestación de servicios de interpretación ante los tribunales. Para garantizar la igualdad de trato ante la ley, el Gobierno de Nueva Gales del Sur ofrece servicios gratuitos de interpretación a los demandados que comparecen en acciones penales. Las personas que no son de lengua inglesa y que recurren a los centros jurídicos comunitarios a fin de recibir asesoramiento tienen asimismo derecho a la asistencia gratuita de intérpretes financiada por el Estado de Nueva Gales del Sur, en las entrevistas iniciales o en las cuestiones relacionadas con el derecho de Nueva Gales del Sur.

134.En el programa de la Declaración de Prioridades en Materia Étnica ya descrito anteriormente se trata del acceso a los servicios e instalaciones públicos. Dicho acceso se facilita gracias a la política del Gobierno de Nueva Gales del Sur de prestar servicios de interpretación a todos los usuarios de los organismos públicos del Estado que no sepan inglés o no lo sepan bien. Asimismo, se estimula a los organismos a que consulten con las comunidades étnicas para asegurarse de que sus programas son adecuados y accesibles al grupo al cual se dirigen.

135.La Junta contra la Discriminación ha adoptado una serie de iniciativas a fin de facilitar que los aborígenes, los isleños del estrecho de Torres y las personas pertenecientes a las comunidades étnicas (de las que se trata más adelante) puedan hacer valer las disposiciones de las leyes contra la discriminación. Los principales elementos de las medidas adoptadas para que tengan igual acceso a los recursos de la ley las comunidades indígenas y étnicas son las consultas con las comunidades y sus representantes, la información adecuada desde el punto de vista cultural, los recursos y la formación, los funcionarios encargados de la conciliación con los indígenas que atienden las denuncias sobre discriminación, la formación en materia de sensibilización intercultural ofrecida a todo el personal de la Junta y los servicios de interpretación.

Panorama de los mecanismos y procedimientos de denuncias de la discriminación racial

136.Con arreglo a la Ley contra la discriminación de 1977, se investigan las denuncias de discriminación para comprobar si en efecto se ha violado la ley. En caso afirmativo, el personal de la Junta trata de llegar a una conciliación con el denunciante, lo que significa que todas las partes llegan a un acuerdo o arreglo privado para resolver el caso. Los arreglos pueden consistir en la presentación de disculpas, la indemnización pecuniaria, la reposición en el puesto o la promoción, la prestación de los bienes y servicios exigidos o un conjunto de estas soluciones. Sólo una pequeña proporción de los casos se remite a la División de Igualdad de Oportunidades del Tribunal de Decisiones Administrativas para que ésta los resuelva.

Campañas de información y educación públicas para luchar contra la discriminación y promover la tolerancia y el entendimiento

137.Durante todo el período del que trata el informe, la Junta contra la Discriminación ha desempeñado un papel muy activo en la publicación de informaciones y en las campañas educativas contra la discriminación racial dirigidas a los patronos, los proveedores de servicios y bienes, los clubes registrados, las instituciones educativas, los grupos comunitarios y los grupos de promoción. Como parte de su programa para eliminar la discriminación racial y la difamación, la Junta aplica dos importantes programas de acción.

138.Con el programa de acción destinado a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, creado en 1992, la Junta ha establecido una firme relación con las comunidades aborígenes y de isleños del estrecho de Torres en Nueva Gales del Sur. El programa permite prestar servicios culturales adecuados y recursos informativos a las comunidades en relación con sus derechos y deberes conforme a la ley. Todos los años se llevan a cabo consultas y reuniones educativas con las comunidades aborígenes y de isleños del estrecho de Torres de Nueva Gales del Sur. Como parte del programa de alcance, el Comité Asesor de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres celebró recientemente consultas con los grupos interesados más importantes sobre dos importantes esferas de discriminación: la prestación de servicios de salud a las comunidades de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres y el trato dado a los miembros de esas comunidades en los hoteles de Nueva Gales del Sur.

139.Uno de los logros del programa, en el marco del cual se nombran funcionarios de conciliación con los indígenas encargados de ejercer buenos oficios en las denuncias de discriminación presentadas por aborígenes e isleños del estrecho de Torres , ha sido el notable aumento del número de denuncias de discriminación que presentan a la Junta las comunidades de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres.

140.El otro programa importante es el Programa de Acción Étnico, que se creó en 1992 mediante la red de comunidades étnicas de la Junta, y que se debía a la preocupación que inspiraba el hecho de que muchos miembros de las comunidades étnicas no conocieran o no hicieran valer plenamente la Ley contra la discriminación. El programa ha permitido consultar con los trabajadores sociales de las comunidades étnicas, determinar las necesidades especiales de información de las diversas comunidades e impartir capacitación sobre los derechos a distintas comunidades étnicas y grupos de promoción. El Programa de Acción Étnico también ha publicado hojas plurilingües de divulgación sobre la discriminación.

Queensland

Política y marco jurídico del Estado

141.La Política de Asuntos Étnicos de Queensland se aprobó en 1992 como orientación general del Gobierno con objeto de seguir construyendo una sociedad unida y armoniosa. En la política se reconocen también los derechos de todas las personas a beneficiarse de los recursos y oportunidades que ofrece Queensland y de contribuir al desarrollo del estado sin prejuicios discriminatorios.

142.En 1996 se llevó a cabo un examen independiente de los asuntos étnicos en Queensland. El Gobierno aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas en el examen y elaboró un nuevo marco de acción denominado Política de Asuntos Étnicos y Multiculturales de Queensland, en la cual se destaca la importancia de mantener relaciones comunitarias positivas y de prestar servicios de manera equitativa. El Gobierno de Queensland también ha abierto una Oficina de Asuntos Étnicos y Multiculturales para coordinar el desarrollo y planificación de todas sus políticas en lo que atañe a las cuestiones étnicas y multiculturales. La Oficina sustituyó al Negociado de Asuntos Étnicos. El Consejo de Comunidades Étnicas de Queensland, órgano superior de representación de las organizaciones étnicas y de la población étnica del Estado, sostenido con fondos del estado de Queensland, tiene por misión enriquecer la vida comunitaria de Queensland gracias a la participación de la población de distintas extracciones. El Consejo, que desempeña funciones de promoción, representación y consulta y, si procede, planifica y presta servicios, se muestra especialmente activo en cuestiones de justicia social y derechos humanos. Promueve asimismo la acción conjunta y la cooperación entre grupos y organizaciones étnicos en las cuestiones de interés común y vela por la participación efectiva de las comunidades étnicas en cuestiones que les afectan. El Consejo está afiliado a los Consejos comunitarios federales de Australia y se vale de ese medio a fin de plantear cuestiones de importancia nacional para las comunidades étnicas.

143.El Gobierno de Queensland se ha comprometido a aplicar las recomendaciones de la Real Comisión sobre el fallecimiento de aborígenes detenidos. Se han establecido diversos mecanismos de ayuda en la aplicación de las recomendaciones de la Real Comisión, entre ellos el Consejo Asesor de Asuntos Indígenas que asesora a nivel ministerial sobre una amplia gama de esas cuestiones, además de supervisar las reformas que se refieren a los fallecimientos de personas detenidas. Presta apoyo a estas actividades el Foro de funcionarios ejecutivos principales que promueve la mejora de la coordinación de los diversos programas del Gobierno dedicados a los indígenas.

144.En Queensland una de las principales iniciativas surgidas de las conclusiones de la Real Comisión fue la creación, en el marco de un programa alternativas a la detención, de instalaciones que permitan a la policía tratar a los aborígenes isleños del estrecho de Torres ebrios, que representan un riesgo para sí mismo y para los demás, sin necesidad de detenerlos. Desde que se pusieron en funcionamiento estas instalaciones no se ha producido ningún fallecimiento en las celdas especiales de la policía establecidas en cuatro centros de Queensland. En relación con esta iniciativa se financia un programa de visitas a las celdas especiales, que permite ofrecer apoyo y asesoramiento a los indígenas retenidos en ellas.

145.La prevención y la eliminación de la discriminación es parte importante del marco de relaciones industriales de Queensland y se reconoce como finalidad principal de la Ley de relaciones en el lugar de trabajo de Queensland, de 1997. En dicha Ley se entiende por discriminación la que se lleva a cabo por los motivos señalados en la Ley contra la discriminación de 1991. En la Ley de relaciones en el lugar de trabajo de 1997 se dispone lo siguiente:

-La Comisión de Relaciones Industriales de Queensland, en el ejercicio de sus facultades en relación con la discriminación en el empleo, debe tener presente la Ley contra la discriminación de 1991. Los principios que sigue la Comisión para fijar los salarios requieren la eliminación de las disposiciones discriminatorias en acuerdos y contratos así como la inclusión de una cláusula tipo contra la discriminación;

-Se requiere que, habida cuenta de sus necesidades específicas, se explique de manera adecuada a los distintos grupos de empleados los efectos del acuerdo certificado sobre el lugar de trabajo que se haya propuesto. Las personas que no son de lengua inglesa constituyen uno de esos grupos, y con esta disposición se asegura que podrán participar plenamente y sin desventaja en la negociación colectiva. Además, la Comisión debe negarse a aceptar un acuerdo si considera que contiene una disposición discriminatoria;

-El Comisionado de Empresa debe aprobar los acuerdos sobre el lugar de trabajo de Queensland. El Defensor del Empleo debe investigar y rectificar toda presunta infracción de los acuerdos sobre el lugar de trabajo de Queensland. En el ejercicio de sus funciones el Defensor del Empleo ha de tener presentes las necesidades de los trabajadores en situación de desventaja en la negociación, entre ellos los que no son de lengua inglesa.

146.El 12 de junio de 1991 entraron en vigor la Ley sobre tierras indígenas de 1991 y la Ley sobre tierras de los isleños del estrecho de Torres de 1991. En ambas se prevén procedimientos mediante los cuales los indígenas pueden lograr la propiedad de tierras, con los correspondientes procesos de transferencia y de reclamación. Por el procedimiento de transferencia es posible transferir a los indígenas los títulos de cesión en fideicomiso y las reservas de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres sin necesidad de formular una reclamación. Hasta la fecha se han entregado 58 terrenos con una superficie total aproximada de 154.674 hectáreas, y se está investigando la transferencia de otros 1,2 millones de hectáreas. El procedimiento de reclamación, sólo puede seguirse cuando se trate de parques nacionales o de tierras del estado sin asignar o que puedan reclamarse conforme a la ley. Hasta la fecha existen 2.787.657 hectáreas reclamables, de las que se han reclamado unos 2,7 millones.

147.Con el programa de Iniciativas de Justicia Local de Queensland se presta apoyo a iniciativas organizadas a nivel de la comunidad, tales como los grupos de justicia comunitaria integrados por ancianos que se ocupan en sus comunidades de la prevención del delito, especialmente en relación con los jóvenes. El programa ha tenido cierto éxito en reducir el número de delincuentes juveniles que comparece ante los tribunales y en promover sentencias que no entrañen penas de prisión para los infractores a los que presta apoyo la comunidad.

148.La Estrategia de desarrollo económico de los indígenas e isleños del estrecho de Torres de Queensland emprendida en 1998 tiene por objeto crear un marco de fomento de la actividad económica y dar las oportunidades sostenibles de empleo en favor de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres de Queensland así como permitir una coordinación e integración más estrechas entre los diversos programas de apoyo al desarrollo económico.

Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole encaminadas a superar la discriminación

149.La Ley contra la discriminación de Queensland de 1991, prohíbe, entre otras cosas, la discriminación fundada en la raza o en la relación con una persona determinada por motivos de raza, en el empleo, la educación, el suministro de bienes y servicios, las pensiones y seguros, el alojamiento, las disposiciones sobre tierras, la participación en clubes, la administración de las leyes y programas del Estado y el gobierno local. En esta ley se define la "raza" de una manera amplia que abarca el color, la ascendencia, la etnia u origen étnico y la nacionalidad u origen nacional, y se prohíbe la discriminación directa o indirecta.

150.En la ley no sólo se prohíbe la discriminación por motivos de raza, sino también la fundada en la raza de una persona con la que se relacione el interesado. Por ejemplo, si a alguien que se halle en compañía de un indígena australiano se le niega la entrada en un local sin motivo aparente, no sólo el indígena sino también su acompañante tendrán derecho a entablar una acción.

151.Una de cada cinco denuncias de discriminación presentadas a la Comisión contra la discriminación de Queensland se refiere a la discriminación racial, correspondiendo el mayor número a cuestiones de trabajo (alrededor del 65% de todas las denuncias de discriminación se refieren estas cuestiones). La definición de lo que en la ley se entiende por "trabajo" es muy amplia y abarca no sólo el trato recibido mientras se está empleado, sino también los antecedentes antes de conseguir el empleo, es decir el trato recibido en el proceso de selección. Además, el término comprende el empleo a jornada completa o a jornada parcial, el empleo aleatorio, el empleo permanente y temporal, el trabajo con arreglo a un contrato de servicios, el trabajo por encargo, el trabajo por nombramiento a un cargo, la formación profesional y la experiencia laboral o el trabajo con carácter voluntario o sin remunerar, el trabajo en talleres acogidos a protección y el trabajo correspondiente a un programa de orientación, los programas de aprendizaje y otra capacitación o perfeccionamiento laboral.

152.Figuran en la ley determinadas excepciones de acción positiva para promover la diversidad. Por ejemplo, hay excepciones para excluir el acceso a lugares de importancia religiosa o cultural de quienes no sean de una raza, edad o sexo determinados. De igual manera existe la excepción general de "en medidas de bienestar social" y "medidas de igualdad de oportunidades".

153.En la Ley contra la discriminación de Queensland de 1991 figuran también disposiciones para fomentar la diversidad y prohibir la discriminación racial.

-En el artículo 126 se tipifica como delito la incitación al odio religioso o racial. Cometen un delito quienes, al propugnar el odio o la hostilidad racial o religiosa, inciten a la discriminación ilícita a otra infracción de la ley.

-Otra disposición por la que se promueven prácticas laborales no discriminatorias es la que establece la responsabilidad de los empleadores por hechos ajenos, que figuran en el artículo 133. Se impone a los empleadores la obligación de crear un ambiente laboral sin discriminaciones. Si los empleadores no están en condiciones de cumplir el deber que les impone la ley y de demostrar que adoptaron todas las medidas apropiadas para evitar la discriminación en el lugar de trabajo, se les puede tener por responsables de la infracción. Con esta disposición se trata de que los empleadores asuman la responsabilidad por la cultura laboral que permiten en su empresa.

-Con lo dispuesto en el artículo 124 (información innecesaria) y el artículo 127 (anuncios discriminatorios) se promueve la no discriminación en las prácticas de contratación y la selección. Pueden imponerse sanciones por los anuncios discriminatorios.

Igualdad y plena igualdad ante la ley, en particular acceso a los servicios e instalaciones públicos

154.El programa de Estructuras de Administración Alternativas se creó en 1995 para proporcionar a las comunidades indígenas recursos con que emprender la planificación comunitaria e implantar estructuras de adopción de decisiones más adecuadas, así como para llevar a cabo posibles cambios en el sistema de gobierno local en las comunidades constituidas con arreglo a los títulos de cesión en fideicomiso.

155.Con el programa se trata de dar más oportunidades de autonomía efectiva a las comunidades indígenas, de manera compatible con su gradual autonomía en la gestión de sus propios asuntos. Hasta la fecha se ha ayudado a 11 comunidades indígenas en la planificación de base comunitaria de una serie de asuntos relativos a la creación de estructuras más eficaces de adopción de decisiones. Se ha establecido en Aurukun un consejo de ancianos para tratar de las leyes sobre las bebidas alcohólicas, que determina el suministro y el consumo de alcohol en esa comunidad, y que cuenta con respaldo legislativo.

156.El Gobierno de Queensland, por medio de la Oficina de Asuntos Étnicos y Multiculturales, ha organizado un proyecto experimental de relaciones comunitarias en colaboración con los gobiernos locales, que tiene por objeto establecer prototipos de gestión de las cuestiones relativas a las relaciones comunitarias a nivel local y que se ha aplicado en cooperación con los Consejos de Gold Coast e Ipswich. Como resultado del proyecto, el Gobierno de Queensland público un Manual de relaciones comunitarias: guía para los gobiernos locales.

157.Con la Ley de igualdad de oportunidades en el empleo de 1992 se promueve la igualdad de oportunidades en el sector público en favor de determinados grupos, entre ellos los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres y las poblaciones que no son de lengua inglesa. Los distintos ministerios del Gobierno de Queensland aplican una serie de programas de igualdad de oportunidades en el empleo en los cuales se estimula el desarrollo de programas de apoyo a esos grupos de población.

158.El Ministerio de Capacitación y Relaciones Industriales tiene a su cargo dos programas con los que se reconoce la necesidad de ofrecer oportunidades y así como de llevar a cabo actividades de sensibilización y formación en lo que respecta a la población indígena de Australia. El programa de desarrollo y capacitación en la gestión para aborígenes e isleños del estrecho de Torres, que se inició en 1993 y tiene una duración de 12 meses, tiene por objeto mejorar las oportunidades de carrera profesional de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres empleados en la función pública de Queensland. Por otra parte, el programa Mura Ama Wakaana es un conjunto de medidas de capacitación y sensibilización en relación con la cultura indígena destinada al sector público de Queensland. Se ha elaborado en consulta con los representantes de las comunidades aborígenes y los organismos del sector público de todo el Estado. En el programa se facilita una amplia introducción a las cuestiones que se plantean en el entorno intercultural de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. La formación está a cargo de instructores indígenas y abarca aspectos tales como las experiencias de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, las relaciones de comunicación, el trabajo en las comunidades locales y la labor común.

159.Las cuestiones relativas a los indígenas se integraron asimismo en un examen de la estrategia de justicia social de la Comisión de Formación Profesional y Empleo de Queensland y en el desarrollo y respaldo de una política de acceso e igualdad de condiciones en el sector de la formación profesional y la capacitación en 1998, garantizando así que los servicios y programas de formación profesional y capacitación de Queensland se adapten a las necesidades de todos sus ciudadanos.

160.El Ministerio de Capacitación y Relaciones Industriales sigue prestando apoyo también al Comité Permanente de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (Nagi Binanga) creado por la Comisión de Formación Profesional y Empleo de Queensland en 1992. Nagi Binanga asesora a la Comisión en las cuestiones estratégicas y de política que afectan a la participación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres en los programas de la Comisión. El plan estratégico para 1998-2000 se desarrolló con objeto de centrar y orientar el asesoramiento prestado cada año por el Nagi Binanga a la Comisión de la Formación Profesional y el Empleo de Queensland en la planificación y asignación de recursos. Como parte de la dotación de un marco estructurado para los servicios de formación profesional y capacitación prestados a los pueblos de aborígenes e isleños del estrecho de Torres de Queensland, se presentó a la Comisión, a fin de integrarlo en su plan anual, el plan de capacitación indígena correspondiente a 1999.

161.En Queensland, con arreglo a un programa de gestión de tierras y recursos naturales, se presta asistencia a las organizaciones de aborígenes e isleños del estrecho de Torres y tiene por objeto hacerlos más capaces de administrar, por sí solos o en colaboración, las tierras y recursos naturales de que son propietarios o administradores, de manera que aumenten al máximo los beneficios sociales, culturales o económicos. Esto se consigue:

-prestando ayuda para organizar un plan de control de la gestión de tierras o los recursos naturales en las zonas de las que sean propietarios o administradores o con la cual tengan una relación tradicional o histórica; o

-prestando ayuda para negociar los derechos exclusivos o conjuntos a las tierras o los recursos naturales; o

-prestando ayuda para negociar la indemnización por el uso de las tierras o los recursos naturales.

162.Con el programa de oficinas exteriores se ayuda a los aborígenes e isleños del estrecho de Torres que así lo deseen a regresar a territorios que tienen para ellos importancia social, cultural o económica, proporcionándoles fondos a fin de que hagan frente al costo de las infraestructuras y servicios básicos que no provean de otra manera los ministerios y organismos del Estado de Queensland. El territorio podrá pasar al dominio indígena con arreglo a las leyes que rigen el derecho de tierras en Queensland, por compra por parte de la Compañía de Territorio indígena o por cesión en fideicomiso.

Examen de los mecanismos y procedimientos de denuncia de la discriminación racial

163.Hasta diciembre de 1996, la Ley contra la discriminación estuvo administrada por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de Australia, como agente del Estado de Queensland y conforme a un arreglo intergubernamental. El acuerdo expiró en diciembre de 1996 y se creó una nueva Comisión del estado, financiada por éste, con mayor presencia regional, de forma que ahora se dispone de oficinas en pleno funcionamiento en Brisbane, Cairns, Townsville y Rockhampton, mientras que la Comisión nacional sólo tenía antes oficinas en Queensland en Brisbane, Cairns y Rockhampton.

164.Con arreglo a la ley, la Comisión tiene dos funciones principales. En primer lugar es el órgano ante el cual se presentan las denuncias de discriminación racial. En segundo lugar, está encargada de promover la aceptación y el debate de los derechos humanos en el estado. En el desempeño de esta última función, la Comisión emprende iniciativas de educación y programas de capacitación y, en general, formula comentarios sobre las cuestiones de su incumbencia.

Campañas de información y educación pública encaminadas a luchar contra la discriminación y a promover la tolerancia y el entendimiento

165.En el sector de la educación de Queensland se ha elaborado una política contra el racismo para alumnos y empleados de las escuelas del Estado a fin de sensibilizarlos ante las cuestiones del racismo y de enseñarles a hacerles frente. Con arreglo a esta política los directores y administradores deben organizar y aplicar procedimientos que permitan dar a conocer a todo el personal y el alumnado sus derechos y deberes en lo que respecta a la lucha contra el racismo. La política se definió a partir de las pruebas llevadas a cabo en 1996-1997 en varios distritos escolares de todo el Estado. Para asistir a las escuelas en la aplicación de esta política se ha preparado una carpeta de materiales que lleva por título "Lucha contra el racismo en las escuelas de Queensland".

166.La Comisión contra la Discriminación de Queensland desarrolla una serie de actividades destinadas a promover una sociedad integrada, como la producción de un nuevo cartel sobre la discriminación racial, la participación en la Semana del refugiado y la pronta determinación de las publicaciones educativas de la Comisión que es preciso traducir. Además, la Comisión se ha comprometido a emprender cada año un importante proyecto de investigación. El proyecto del año actual se refiere al racismo en las escuelas y se ha consignado un crédito en el presupuesto para su realización.

Australia Occidental

Política estatal y marco jurídico

167.La Oficina de Intereses Multiculturales, el Departamento de Asuntos Aborígenes y el Comisionado para la Igualdad de Oportunidades elaboran y ejecutan diversas políticas. Entre las principales iniciativas adoptadas por estas organizaciones para combatir el racismo a nivel estatal cabe mencionar las siguientes:

-Examen del alcance y la frecuencia de los casos de racismo en cinco lugares de trabajo distintos. Sobre la base de los resultados, se ha preparado material para explicar la manera de elaborar directrices para identificar los casos de racismo y hacerles frente;

-Examen inicial de las denuncias de los aborígenes, para determinar por qué en su caso el número de denuncias que quedan fuera de plazo es superior al de las que presentan otras categorías de personas;

-Asesoramiento sobre políticas, vigilancia de la repercusión de las políticas y los programas del Gobierno para las personas de distintos orígenes culturales, lingüísticos y religiosos, y establecimiento de enlaces con una amplia gama de particulares, organizaciones del Gobierno y de la comunidad;

-Un Directorio de Servicios para Inmigrantes, que informa a las personas sobre sus derechos y les da el nombre y el número de teléfono de los organismos competentes;

-Colaboración con los organismos competentes del Estado y del Gobierno de Australia para promover una comunidad armoniosa y un acceso equitativo a los recursos de la comunidad para los habitantes de Australia Occidental que son de orígenes culturales, lingüísticos y religiosos distintos;

-Patrocinio conjunto con el Servicio de Traducción e Interpretación de Australia de un curso de capacitaciones para empleados del sector público con objeto de que aprendan a utilizar más eficazmente los servicios de los intérpretes;

-Colaboración con el Servicio de Policía de Australia Occidental y con organismos no gubernamentales para organizar y desarrollar un seminario de dos días de duración, con alojamiento para los asistentes, destinado a mejorar las relaciones entre los jóvenes de distintos grupos étnicos y la policía;

-Proyecto conjunto con el Servicio de Educación para inmigrantes adultos para producir una guía de los servicios para inmigrantes y facilitar el acceso de la comunidad étnica a servicios del Gobierno de Australia, del Estado y de entidades gubernamentales y no gubernamentales;

-Colaboración con los miembros de las comunidades étnicas, los departamentos del Gobierno y las organizaciones de la comunidad para elaborar una estrategia encaminada a promover la armonía en las comunidades;

-En diciembre de 1995 la Oficina convocó un Comité sobre la Estrategia en materia de Relaciones Comunitarias, integrada por representantes de la comunidad étnica, los departamentos competentes del Gobierno y los servicios no gubernamentales, para elaborar una estrategia en materia de relaciones comunitarias como parte de la política multicultural de Australia Occidental

168.En el documento básico titulado Provision of Services to Aboriginal People in Western Australia (Suministro de servicios a la población aborigen de Australia Occidental), el Grupo de Referencia para la revisión de la legislación sobre los aborígenes propone un plan de acción para un enfoque integrado del Gobierno que constituirá la base de la nueva legislación sobre los aborígenes.

169.Se considera que el fortalecimiento de la cultura de los aborígenes constituye una estrategia importante para reducir los conflictos en el sistema de justicia y mejorar los resultados sociales y sanitarios. Mediante el establecimiento de la Comisión de Ancianos se reconoce la condición de los ancianos en la comunidad aborigen como elemento de referencia para que las decisiones del Gobierno relativas a los asuntos aborígenes sean más pertinentes.

170.La participación de los aborígenes en los procesos de adopción de decisiones se logra por los medios siguientes:

-suministro de servicios de secretaría y apoyo a las políticas para el Consejo de Cuestiones Judiciales Aborígenes y establecimiento y apoyo para siete consejos regionales;

-asistencia a ocho comunidades remotas para mejorar la eficacia del plan de normas de la Ley de comunidades aborígenes;

-prestación de apoyo a las comunidades aborígenes para mejorar las operaciones y la eficacia de las 11 patrullas comunitarias;

-promoción de la condición y el papel de la Comisión de Ancianos a través de reuniones estatales y regionales y facilitación del examen directo con el Gobierno de las cuestiones clave.

171.Las actividades relativas a los aborígenes se observan de la siguientes manera:

-negociación de un plan de acción para observar con los organismos estatales, en particular mediante la presentación de informes más concretos, la aplicación de las recomendaciones de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos;

-mejoramiento del seguimiento de los resultados de las actividades del Gobierno en las regiones a través de la creación de consejos de cuestiones judiciales aborígenes y la elaboración de indicadores sociales y de salud ambiental para las comunidades remotas;

-fomento del establecimiento de normas de referencia para los servicios prestados a las comunidades aborígenes, particularmente sobre la proporción de estudiantes aborígenes en el sistema educativo; y

-producción y distribución de boletines de información derivados de la base de datos específicos sobre los aborígenes.

Medidas legislativas - legislación contra la discriminación

172.En virtud de la Ley sobre igualdad de oportunidades de Australia occidental de 1984 (enmendada en 1988 y 1992) es ilegal la discriminación por motivos de raza y el hostigamiento racial.

173.La raza se define teniendo en cuenta el color, el linaje, el origen étnico o nacional o la nacionalidad. El hecho de que una raza comprenda una o más razas distintas no impide que sea una raza a los fines de la ley. Las esferas de la vida pública a las que ésta se aplica son el empleo, la educación, el alojamiento, el suministro de bienes, servicios e instalaciones, la pertenencia a clubes, el acceso a lugares y vehículos, las solicitudes, los anuncios las jubilaciones y los seguros.

Descripción del mecanismo de presentación de denuncias sobre discriminación racial

174.Los procesos en virtud de los cuales las personas pueden presentar denuncias sobre discriminación racial y hostigamiento racial son los mismos que se utilizan en relación con otros motivos de discriminación como el sexo, el hostigamiento social, las responsabilidades familiares y la edad. En Australia occidental, en virtud de un acuerdo de cooperación con las autoridades nacionales, el Comisionado se ocupa de las investigaciones y de las denuncias presentadas en virtud de la Ley sobre discriminación racial de Australia de 1975.

175.Las facultades y funciones del Comisionado para la igualdad de oportunidades de Australia occidental se estipulan en la parte VII de la Ley sobre igualdad de oportunidades de 1984. En pocas palabras, en virtud del artículo 84 el Comisionado tiene que investigar todas las denuncias presentadas por individuos que aleguen ser víctimas de discriminación ilegal. El Comisionado también debe investigar las denuncias presentadas por un sindicato en nombre de uno o varios de sus afiliados.

176.En virtud del artículo 94, el Comisionado delega facultades específicas a los oficiales de conciliación en relación con los procesos de investigación y conciliación. En lo que respecta a estos procesos, las facultades del Comisionado incluyen el derecho a obtener la información y los documentos pertinentes (art. 86) y convocar reuniones a las que es obligatorio asistir (arts. 87 y 91).

177.El párrafo 2) del artículo 93 de la ley dispone que si el Comisionado opina que no puede haber conciliación respecto de una denuncia y la remite al tribunal, deberá prestar asistencia para la presentación de la denuncia al Tribunal de igualdad de oportunidades, si así lo solicita el denunciante.

Suministro de información pública y campañas para combatir la discriminación racial y promover la tolerancia y la comprensión

178.Entre las actividades destinadas a promover el conocimiento de las disposiciones relativas a la raza de la Ley sobre igualdad de oportunidades de 1984 y fomentar la tolerancia y la comprensión cabe mencionar las siguientes:

-documentos de información sobre la discriminación y el hostigamiento raciales;

-un calendarios sobre los aborígenes (que contiene dibujos de aborígenes o muestra ciertas situaciones en que suelen encontrarse los aborígenes) que se distribuye en todo el Estado;

-anuncios en la Radio de Información 990AM sobre la igualdad de oportunidades y los servicios del Comisionado;

-una guía sobre la ley redactada en forma sencilla en inglés para los aborígenes;

-un foro para los trabajadores de la comunidad que ayuda a esos trabajadores a comprender en qué consiste la discriminación; se trata sobre todo de llegar a los trabajadores que se ocupan de personas de distintos orígenes lingüísticos y culturales;

-un boletín trimestral, que tiene una amplia difusión, sobre cuestiones relativas a la discriminación; incluye resúmenes de las decisiones de los tribunales y los resultados de las conciliaciones;

-servicios en distintas regiones para informar a la población acerca de las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades y la discriminación;

-formación de empleadores, encargados de recursos humanos y empleados sobre las disposiciones de la ley y la manera de elaborar políticas que no sean discriminatorias.

179.Las actividades encaminadas a promover la tolerancia y la comprensión en relación con los aborígenes comprenden la aceptación explícita de políticas que permitan que los aborígenes tengan acceso a su pasado. En esta esfera, las iniciativas de información pública comprenden servicios de bibliotecas, archivos, historia de las familias y las comunidades y registro de los sitios para los clientes a través de la elaboración de una política clara de "acceso a la información"; la producción de vídeos y folletos como parte del material destinado a crear conciencia acerca de la historia de las familias y las comunidades; el suministro de acceso a bibliotecas a las oficinas regionales mediante CD-ROM y la Internet; y la formación en todas las regiones para crear servicios sobre la historia de las familias.

180.Otra iniciativa de información pública es el mejoramiento de la comunicación con los aborígenes sobre las cuestiones relativas a los títulos de propiedad de la tierra y el uso de la tierra, por los medios siguientes:

-elaboración y distribución de material informativo accesible para las distintas culturas sobre las cuestiones relativas a la tierra;

-realización de foros para aborígenes que tengan experiencia en relación con el uso de la tierra en las regiones de Kimberley sudoccidental y occidental;

-suministro de información y educación sobre los programas y servicios relativos a la tierra como parte del memorando de entendimiento con el Departamento de Administración de Tierras;

-realización de un programa de capacitación conjunto de Australia y de los Estados sobre los servicios esenciales.

181.Se ha logrado que las comunidades conocieran y comprendieran mejor las culturas tradicionales y contemporáneas de los aborígenes por los medios siguientes:

-elaboración y presentación al público de la experiencia interactiva "El túnel del tiempo" sobre la historia, la cultura, las cuestiones de actualidad y los logros de los aborígenes;

-elaboración y preparación, para su entrega, de premios para los programas de los medios de comunicación que contribuyan a un debate positivo y bien documentado sobre las cuestiones aborígenes; y

-presentación de un tema aborigen en actos como la Exposición Real de Perth, la Semana de la minería y la energía, los Juegos de las escuelas del Pacífico, la Semana nacional de los aborígenes y los isleños y el Festival de Perth de 1997.

182.Se ayudó a las comunidades aborígenes a promover su cultura y su arte de la manera siguiente:

-elaboración de un documento de política sobre la cultura y las artes aborígenes para su examen por el gabinete del Estado;

-realización de seminarios regionales para las comunidades aborígenes sobre el papel de los organismos del Estado en las artes, los idiomas y el turismo cultural; y

-contribución a la elaboración de una estrategia nacional sobre el turismo aborigen.

Australia del Sur

Política estatal y marco jurídico

183.El Gobierno de Australia del Sur trata de prevenir y eliminar el racismo y la discriminación y superar las posibles barreras a fin de velar por que toda la población tenga un acceso equitativo a los servicios del sector público, la educación y las oportunidades de empleo. El enfoque del Gobierno se basa en la legislación sobre igualdad de oportunidades y difamación racial, y las políticas del Gobierno encaminadas a velar por que toda la población de Australia del Sur tenga las mismas oportunidades en materia de adelanto, seguridad y remuneración independientemente del sexo, la raza, el color o la religión.

184.El Gobierno ha expresado su firme voluntad de resistir a las fuerzas racistas, impedir la difusión de sentimientos o comportamientos racistas en la comunidad y afirmar su apoyo al multiculturalismo y a los beneficios de la diversidad cultural.

185.En diciembre de 1996 se inició el Plan Estratégico para una Australia del Sur de carácter multicultural 1996‑1999 que refleja la intención del Gobierno de ese Estado de establecer una comunidad productiva, justa y unida en la que se apoye y valore la diversidad cultural, lingüística y religiosa. En el Plan se definen las esferas en que es preciso alcanzar resultados: unidad social, desarrollo económico, justicia social, identidad cultural y consulta, y se reconoce el derecho de todos los habitantes de Australia del Sur a expresar y compartir sus patrimonios culturales en el marco jurídico y social del Estado.

186.El Comisionado para la Igualdad de Oportunidades se encarga de la administración de la ley sobre igualdad de oportunidades y sus facultades comprenden lo siguiente:

-promover y alentar las actitudes abiertas y sin prejuicios con miras a eliminar la discriminación ilegal; e

-investigar las denuncias de discriminación ilegal y hacer todo lo posible por resolverlas mediante la conciliación.

187.La División de Asuntos Aborígenes del Estado, del Departamento de Medio Ambiente, Patrimonio y Asuntos Aborígenes (ex Departamento de Asuntos Aborígenes del Estado) trata de lograr una mayor cooperación y encontrar la manera de coordinar los servicios que el Gobierno del Estado brinda a los aborígenes. Uno de sus objetivos consiste en proporcionar asesoramiento normativo para la coordinación y prestación de servicios y promover la igualdad de oportunidades esforzándose por eliminar las barreras como la discriminación y los prejuicios.

188.En virtud de la Ley sobre la Comisión de Asuntos Étnicos y Multiculturales de Australia del Sur, de 1980 (en su forma enmendada), se estableció la mencionada Comisión, cuyas funciones primordiales son las siguientes:

-crear más conciencia y comprensión de la diversidad étnica de la comunidad de Australia del Sur y las consecuencias de esa diversidad, y

-asesorar al Gobierno y a la autoridades públicas acerca de todas las cuestiones relacionadas con la promoción de los asuntos multiculturales y étnicos, y prestarles asistencia en esa materia.

189.La Oficina de Asuntos Multiculturales e Internacionales es una dependencia administrativa creada en virtud de la Ley de gestión del sector público de 1995. Los objetivos de la Oficina son los siguientes:

-asesorar al Ministro y al Gobierno sobre las cuestiones relativas al multiculturalismo, los asuntos étnicos, la inmigración y las cuestiones internacionales amplias;

-elaborar, aplicar y coordinar políticas y programas relacionados con la promoción y el adelanto del multiculturalismo;

-promover el papel de Australia del Sur como lugar de destino de la inmigración;

-promover los asuntos, las políticas y las prácticas multiculturales en otros organismos del Gobierno, entre otras cosas suministrando asesoramiento a los organismos sobre la aplicación de la estrategia sobre acceso y equidad, la formación sobre distintas culturas, de utilización de servicios de interpretación y traducción, y de otros servicios, según proceda;

-facilitar la comunicación entre el Gobierno y los grupos de las comunidades étnicas;

-promover los beneficios económicos, sociales y culturales del multiculturalismo para todos los habitantes de Australia del Sur;

-proporcionar apoyo administrativo a la Comisión de Asuntos Étnicos y Multiculturales de Australia del Sur.

Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole destinadas a eliminar la discriminación

190.Las principales disposiciones legislativas destinadas a eliminar la discriminación figuran en la Ley sobre igualdad de oportunidades. Los artículos 51 a 63 de esa ley prohíben la discriminación por motivos de raza en esferas como el empleo, los órganos de calificación, los clubes y asociaciones, las autoridades educativas, la tierra, el alojamiento y el suministro de bienes y servicios.

191.Algunas otras leyes refuerzan esta prohibición general de la discriminación. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley sobre los servicios para los niños de 1985 dice claramente que el Ministro, los comités y las personas que actúen en virtud de esa ley tienen que alentar el suministro de servicios para niños que no discriminen en contra o a favor de cualquier persona por motivos de religión, raza o nacionalidad, excepto en la medida necesaria para ayudar al niño a superar las desventajas resultantes de su religión, raza o nacionalidad; y velar por que el carácter multicultural y multilingüe de la comunidad se refleje en la planificación, ejecución y estructura de los programas y servicios para los niños y sus familias.

192.El artículo 5 de la Ley de gestión del sector público de 1995 dispone que los organismos del sector público "impedirán la discriminación por motivos de raza contra las personas que busquen empleo en el sector público, y velarán por que no haya ninguna forma de discriminación injustificable contra las personas que buscan empleo".

193.El artículo 4 de la Ley relativa a la Oficina de las Personas de Edad, de 1995, dispone que un objetivo de la Oficina es velar por que el carácter multicultural de la comunidad se refleje en la planificación y ejecución de programas y servicios destinados a las personas de edad o que las afecten.

194.En mayo de 1997, el Parlamento aprobó una moción en la que se pedía la reconciliación con respecto a la generación robada, a la que se debía pedir disculpas. La moción se aprobó con apoyo de ambos partidos y se dispuso lo siguiente:

"El Parlamento de Australia del Sur expresa su profundo y sincero pesar por la separación forzada de algunos niños aborígenes de sus familias y hogares que ocurrió antes de 1964, pide disculpas a los aborígenes por estas acciones pasadas y reafirma su apoyo a la reconciliación entre todos los australianos."

195.El Comité Asesor en Cuestiones Judiciales Aborígenes es un foro independiente que vigila la aplicación por el Gobierno de las recomendaciones de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos. El Comité hace participar a la comunidad aborigen en la vigilancia de la aplicación de las recomendaciones, que abogan por la justicia social, la justicia penal y los derechos humanos en nombre de la población autóctona de Australia del Sur para alcanzar la equidad.

196.Además, el Gobierno ha establecido el Comité Interdepartamental de Cuestiones Judiciales Aborígenes que se encarga de vigilar la aplicación por el Estado de las recomendaciones del informe nacional sobre los fallecimientos de aborígenes detenidos y responder a las cuestiones planteadas por el Comité Asesor. El Comité Interdepartamental ha establecido grupos de trabajo que se centran en cuestiones como el mantenimiento del orden, la imposición de penas no privativas de la libertad y ciertas cuestiones relativas a los jóvenes aborígenes.

Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole destinadas a erradicar el odio racial

197.Durante todo el período sobre el que se informe, Australia del Sur ha adoptado medidas encaminadas a combatir la difamación racial y las actividades racistas.

198.En 1994, el Consejo Legislativo aprobó una moción por la que condenaba las actividades racistas de determinados elementos de la comunidad y exhortaba a los habitantes de Australia del Sur a sumarse a la condena del racismo en su sociedad.

199.En 1995, se organizó un foro de relaciones de la comunidad sobre el tema de la difamación racial.

200.En 1996, se promulgó la Ley sobre la difamación racial, por la cual se considera un delito la difamación racial cuando ese acto incluye una amenaza grave contra una persona o contra bienes. La ley define la difamación como un acto que incita a "odiar, expresar un gran desprecio o poner totalmente en ridículo a una persona o grupo de personas por motivo de su raza". Sólo se refiere a los actos públicos. Se han previsto sanciones penales porque se considera que los individuos o los grupos que promueven la violencia racial o amenazan con utilizar la violencia ya no responden a las medidas de conciliación ni a la educación.

201.La ley faculta al tribunal que haya condenado a una persona por un delito de esa índole a obligarla a pagar una indemnización (incluso una indemnización punitiva). La ley también prevé un nuevo recurso civil que permitirá que la persona que sufra un menoscabo por ser víctima de discriminación racial reclame una indemnización ante un tribunal. Para ello se crea un nuevo tipo de daño. Por "menoscabo" se entienden los daños causados por la intimidación, el hostigamiento o la humillación.

202.Algunas comunidades étnicas han señalado que la discriminación y el hostigamiento raciales son un problema grave del que es preciso ocuparse. Por lo tanto, el Gobierno ha establecido un proyecto de lucha contra el racismo que se ejecuta en colaboración con diversas entidades. Ese proyecto tiene por objeto potenciar a los habitantes de Australia del Sur que están más expuestos a ser víctimas de hostigamiento o discriminación debido a su raza, color, linaje u origen nacional o étnico proporcionándoles información sobre sus derechos. Se aplican las siguientes medidas:

-velar por que los inmigrantes recién llegados tengan conocimiento de las leyes contra el racismo y de la manera de ejercer sus derechos en virtud de esa legislación;

-capacitar a las comunidades étnicas para que reconozcan la discriminación y el hostigamiento raciales ilegales y sepan cómo ejercer sus derechos; y

-difundir y publicar información sobre los derechos en relación con el racismo.

203.Además, la Oficina de Asuntos Multiculturales e Internacionales trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de la comunidad y organismos del Gobierno para reducir al mínimo los casos de comportamiento racista y mejorar la comprensión de la legislación relativa al racismo. La Oficina colabora con organismos gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones de la comunidad para desarrollar un conjunto de iniciativas de lucha contra el racismo en todo el Estado.

204.El Gobierno, a través del programa de lucha contra el racismo del Departamento de Educación, también trata de que los alumnos de las escuelas del Estado conozcan mejor la legislación contra la discriminación y el hostigamiento raciales. Se ha elaborado un programa en esa materia para los estudiantes de los cursos sexto a décimo.

205.A nivel local, algunos comités de prevención del delito han señalado que el racismo es un problema en sus comunidades. Como resultado de ello, han elaborado programas sobre cuestiones como la difamación racial en las escuelas, han determinado en qué medida existe el racismo entre los jóvenes, han creado centros de referencia sobre el racismo para los jóvenes y han alentado una mayor tolerancia y reconocimiento de la diversidad cultural.

Pleno derecho a la igualdad ante la ley, incluido el acceso a lugares y servicios destinados al uso público

206.La División de Asuntos Aborígenes del Estado se encarga de coordinar los servicios de las autoridades estatales para los aborígenes. Supervisa los resultados de los servicios y programas del Gobierno del Estado destinados a los aborígenes y asesora al Ministro.

207.El Servicio de Apoyo a los Presos y Delincuentes Aborígenes ha elaborado recientemente un enfoque de reinserción social a cargo de diversos organismos. Se trata de adoptar un enfoque coordinado de la prestación de servicios a la comunidad aborigen a través de organizaciones del Gobierno y de las comunidades. El fin último consiste en corregir las causas subyacentes y fundamentales de la situación desigual y desfavorable de la población autóctona. En un principio, el programa debía centrarse en los presos aborígenes que están a punto de ser liberados y en sus familias y comunidades para reducir los casos de reincidencia y nuevo encarcelamiento. Sin embargo, el programa todavía está evolucionando y es posible que ahora se transforme en un modelo de aplicación más amplia.

208.En diciembre de 1995 se proclamó la Declaración de Principios para una Australia del Sur de carácter multicultural que apoya las políticas, prácticas y actividades de todos los organismos estatales de Australia del Sur. Los organismos deben demostrar su dedicación a los principios de la Declaración y velar por que la diversidad cultural y lingüística sea parte integrante de las prácticas, políticas y servicios de gestión. La Declaración se ha traducido a 14 idiomas y se ha distribuido a los grupos comunitarios.

209.El Gobierno ha realizado una evaluación de las condiciones de acceso y de equidad en todo el sector público. En 1996, a solicitud del Primer Ministro, la Comisión de Asuntos Étnicos y Multiculturales de Australia del Sur realizó una evaluación de las condiciones de acceso y equidad en todo el sector público del Estado. Esa evaluación se realizó para determinar la medida en que todos los habitantes tienen acceso sin dificultad a los programas y servicios, independientemente de cuál sea su primer idioma o de su origen cultural, racial o religioso. Se reunió información a través de 50 de consultas efectuadas en zonas metropolitanas, regionales y rurales de Australia del Sur. El Gobierno del Estado está elaborando estrategias para velar por que los servicios de los organismos del sector público se ofrezcan en general en forma accesible y equitativa a todas las personas que puedan tener desventajas por motivo de su idioma, cultura, raza o religión.

210.En marzo de 1997, la Oficina de Asuntos Multiculturales e Internacionales organizó un foro sobre el tema: "Acceso igual a los organismos del Gobierno para las mujeres de orígenes culturales y lingüísticos diversos: ¿hay posibilidades de mejora?". Ese foro permitió que las mujeres de orígenes culturales y lingüísticos distintos determinaran en qué medida las políticas en materia de acceso y de equidad habían satisfecho sus necesidades.

211.También se han iniciado programas de sensibilización cultural en varios departamentos del Gobierno para que los empleados tengan un mejor conocimiento de las características culturales y presten servicios de calidad. Se han establecido programas especiales destinados a alcanzar un nivel excelente en los servicios que se prestan a las distintas culturas y tener en cuenta la diversidad cultural. Además, se han organizado programas de sensibilización cultural para la judicatura con objeto de que los funcionarios judiciales comprendan mejor las cuestiones aborígenes al escuchar declaraciones de acusados aborígenes y que consideren la posibilidad de no imponer penas distintas de las penas de prisión.

Descripción de los mecanismos y procedimientos de presentación de denuncias de discriminación racial

212.La Ley sobre igualdad de oportunidades dispone que es ilegal discriminar por motivos de raza en determinadas circunstancias. Por raza se entiende la nacionalidad, el país de origen, el color o el linaje de la persona o de las personas con que el interesado resida o esté asociada. Cuando un asunto se remite al Tribunal de igualdad de oportunidades éste escucha los argumentos y las declaraciones y decide si la denuncia está fundamentada o debe desestimarse. Si el Tribunal decide que la denuncia está fundamentada, determinará cuál es la solución apropiada.

213.Durante el período sobre el que se informa, no ha habido cambios importantes en el mecanismo de presentación de denuncias establecido en virtud de la ley. Sin embargo, se ha efectuado un examen interno del proceso de tramitación de las denuncias dentro de la Oficina del Comisionado para la Igualdad de Oportunidades debido al volumen acumulado de denuncias y las demoras excesivas. En el nuevo proceso hay una mayor intervención y orientación de los funcionarios superiores en las primeras etapas de la tramitación de la denuncia, se examina cada dos semanas la situación de los casos de que se ocupan los oficiales de conciliación y se vigila y controla más estrictamente el tiempo que se asigna a los demandantes y los demandados para llegar a una solución.

214.Esos cambios tendrían las ventajas siguientes:

-la seguridad de que los denunciantes y los denunciados son tratados sin favoritismo ni prejuicio;

-un sistema más racionalizado de remisión de casos y de adopción de decisiones para que las denuncias puedan tramitarse pronta y eficazmente;

-una remisión más pronta de los casos al Tribunal; y

-una integración más estrecha de la conciliación con las funciones de capacitación y educación.

215.En 1996-1997 el Comisionado para la Igualdad de Oportunidades recibió 617 denuncias. De éstas, en un 19% de los casos se alegaba discriminación por motivos de raza. De las denuncias de discriminación racial que se recibieron, un 43% tenían que ver con el empleo y un 35% con bienes y servicios.

Organización de campañas de información y educación del público para combatir la discriminación racial y promover la tolerancia y la comprensión

216.Durante todo el período sobre el que se informa, el Gobierno ha realizado o patrocinado muchas campañas de información y educación para combatir la discriminación racial y promover la tolerancia y la comprensión. Esas campañas forman parte de las funciones propias del Comisionado para la Igualdad de Oportunidades y la Comisión de Asuntos Étnicos y Multiculturales de Australia del Sur.

217.El Comisionado para la Igualdad de Oportunidades tiene publicaciones generales sobre la cuestión de la discriminación racial. La Oficina se encarga de la educación a nivel de la comunidad y también ha preparado una carpeta de capacitación, Race Discrimination Legislation: Implications for the Workplace (Legislación sobre la discriminación racial: Consecuencias sobre los centros de trabajo).

218.Hay un servicio de educación especial para las comunidades que está dirigido a los aborígenes, los isleños del estrecho de Torres, y las personas de habla camboyana y española, a fin de dar a estas comunidades acceso a la información sobre sus derechos y responsabilidades en virtud de la Ley sobre igualdad de oportunidades, y puedan ejercerlos. Entre las estrategias se cuentan la producción y distribución de los recursos educativos necesarios, la organización de cursos de capacitación y charlas sobre la legislación contra la discriminación, la difusión de informaciones a través de los diversos medios, y las redes activas de participación. Estas comunidades reciben cada vez más información sobre las leyes y los servicios que existen contra la discriminación a través de una red de personas especializadas que sirven de contacto con las comunidades.

219.La Comisión de Asuntos Multiculturales y Étnicos de Australia del Sur organiza regularmente foros multiculturales para Fomentar el entendimiento mutuo entre las distintas culturas y fortalecer y ampliar la comprensión de los beneficios que representa la diversidad cultural y lingüística de una sociedad.

Victoria

Medidas legislativas para suprimir la discriminación

220.En 1993 el Comité Parlamentario de Vigilancia de las Leyes y Reglamentos de Victoria emprendió un análisis amplio de la Ley sobre igualdad de oportunidades de 1984, y recomendó una serie de cambios y mejoras sustanciales. En 1995 se dictó una nueva ley que derogó y reemplazó a la Ley de 1984. Esta Ley sobre igualdad de oportunidades de 1995 ("la Ley"), mantuvo todos los motivos de discriminación prohibidos en la Ley de 1984, entre ellos la raza, y estableció nuevos motivos de discriminación.

221.La ley prohíbe la discriminación por motivos de raza en determinados sectores de la vida pública, como por ejemplo el empleo y los sectores relacionados con él, la educación, el suministro de bienes y servicios y el alojamiento. En la ley figura un número limitado de exenciones.

222.La Comisión de Igualdad de Oportunidades ("la Comisión"), de Victoria, que se ocupa de aplicar la ley, recibe las denuncias presentadas en virtud de la ley, y trata de solucionarlas mediante conciliación. Cuando fracasa la conciliación, el denunciante puede pedir que el asunto se remita al Tribunal de Discriminaciones para que éste dictamine. La Comisión también tiene funciones educativas y de investigación y, conforme a la ley está encargada de difundir información destinada a instruir al público en general con respecto a la supresión de la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades.

223.En 1996 y 1997 la Comisión nombró a un coordinador de servicios de extensión para los grupos étnicos y estableció un programa de extensión a fin de ofrecer servicios de información y educación, así como recursos, a las personas que son de lengua inglesa. En 1997 la Comisión también desempeñó una función importante al organizar una manifestación con el tema "Opóngase al racismo", que atrajo a más de 40.000 victorianos.

224.La ley prescribe que el funcionario responsable de su aplicación (el Procurador General de Victoria) llevará a cabo un examen de toda la legislación de Victoria a fin de determinar las disposiciones que son o pueden ser causa de discriminación contra cualquier persona. La Comisión está realizando actualmente ese examen en nombre del Procurador General.

Otras medidas para suprimir la discriminación

225.En febrero de 1998 el Departamento de Educación de Victoria presentó en consulta un proyecto de estrategia contra el racismo. Entre los elementos del proyecto de estrategia figuran una política contra el racismo, procedimientos de denuncia, directrices y materiales para los programas de estudio, materiales de práctica, programas para estudiantes, evaluación y perfeccionamiento profesional. Se esperaba que la estrategia estaría lista para mediados de 1998 y se aplicaría a fines de ese año.

226.En una campaña de tarjetas postales se celebraron debates sobre el valor de la diversidad y la tolerancia en la sociedad australiana en los que participaron alumnos del décimo y undécimo año escolar. La campaña estuvo basada en dos tarjetas postales con imágenes que representaban aspectos de la diversidad cultural de Victoria. Se pidió a los estudiantes que pensaran en esas imágenes y completaran las frases "Si pudiera hacer algo, esto es lo que haría…" y "Ser australiano significa…". Respondieron más de 7.100 estudiantes y se otorgaron premios.

227.El objetivo de la política multicultural es inculcar para el año 2006 a todos los alumnos desde la escuela primaria hasta el duodécimo año, perspectivas multiculturales en todos los sectores importantes del aprendizaje e incorporarlas en todos los aspectos de la vida escolar. Ya ha comenzado a trabajarse con varias estrategias para aplicar esta política.

228.Una nación de inmigrantes: la diversidad. En una carpeta se presentan hechos y cifras sobre la influencia de la inmigración en Australia y en Victoria, y sobre las ventajas de la diversidad cultural. El material ha sido diseñado para una amplia audiencia, en particular las escuelas primarias y secundarias.

229.La Ley de la Comisión de Asuntos Étnicos, promulgada el 25 de mayo de 1993, creó la Comisión de Asuntos Étnicos de Victoria. En marzo de 1996 se cambió el nombre de la Comisión a Comisión Multicultural de Victoria. La Comisión tiene los siguientes objetivos:

-promover la plena participación de los grupos étnicos de Victoria en la vida social, económica, cultural y política de la comunidad;

-facilitar el acceso de los grupos étnicos de Victoria a los servicios prestados por organismos gubernamentales y por otros organismos;

-alentar a todos los grupos étnicos de Victoria a mantener y expresar su identidad social y su patrimonio cultural;

-fomentar la cooperación entre los órganos interesados en asuntos étnicos;

-promover la unidad entre los grupos étnicos de Victoria;

-mejorar el entendimiento mutuo de los grupos étnicos de Victoria en el seno de la comunidad.

Territorio de la Capital de Australia

230.En las Normas del Servicio Público del Territorio de la Capital de Australia se prescribe que en materia de servicios públicos nadie estará en desventaja por motivos de raza, religión u origen. Esas normas se basan en un marco jurídico en el cual se prevén diversos procedimientos de recursos y revisión. Después del último informe presentado por Australia al CERD, el Gobierno del Territorio de la Capital de Australia ha tratado de mejorar este marco mediante la Ley sobre la gestión del sector público (1994) y la Ley sobre la discriminación (1991).

Medidas para suprimir la discriminación

231.La Ley sobre la discriminación de 1991 del Territorio de la Capital de Australia entró en vigor el 20 de enero de 1992. La ley declara ilícita la discriminación basada en 11 motivos, entre ellos la raza, en esferas como el empleo, la educación, el acceso a locales, bienes, servicios e instalaciones y clubes. En dicha ley la definición de "raza" comprende las siguientes características:

-color, ascendencia, origen étnico nacional, y nacionalidad; y

-dos o más razas distintas que sean conocidas o consideradas como una raza.

232.El Consejo Consultivo Multicultural del Primer Ministro, el Consejo de Comunidades Étnicas del Territorio de la Capital de Australia y el Centro de Recursos Inmigrantes de Canberra y de Queanbeyan, mediante el programa mixto de consulta, proponen al Gobierno del Territorio de la Capital estrategias para suprimir la discriminación y mejorar la igualdad de acceso a los servicios. Los departamentos y organismos públicos se ocupan de los problemas planteados por las comunidades étnicas de Canberra en estos foros.

233.Se han tomado diversas iniciativas en el sistema judicial para hacer frente a las necesidades de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, por ejemplo:

-Según una recomendación de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos, el Territorio de la Capital de Australia ha completado prácticamente el proceso de establecer un Comité Asesor en cuestiones judiciales aborígenes del Territorio de la Capital. En este marco las cuestiones judiciales de los aborígenes se solucionarán principalmente mediante el desarrollo de un plan estratégico de justicia.

-El Comité Asesor controlará toda la justicia penal y las cuestiones relativas a la ejecución de la ley que afecten a la comunidad indígena local y que servirán de base para el desarrollo del plan estratégico de justicia. Entre estas cuestiones figuran las relaciones entre los indígenas y la policía, los indígenas y la privación de la libertad, los menores indígenas en el marco de la justicia penal, medidas precautorias y penas alternativas y reforma legislativa.

-Las funciones del Comité Asesor han sido parcialmente desempeñadas por el Grupo de Trabajo sobre fallecimientos de detenidos, un subcomité del Consejo Consultivo de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres.

-Según la Ley Penal del Commonwealth, de 1914, todos los aborígenes detenidos por la Policía Federal Australiana por una infracción penal grave deben asistir a las audiencias acompañados por un "amigo", la delegación de la Policía Federal en el Territorio de la Capital de Australia ha ampliado esta disposición a todos los delitos que tengan relación con aborígenes. Por consiguiente, en el presupuesto del Territorio de la Capital de Australia correspondiente a 1997‑1998 se asignaron 75.000 dólares a fin de preparar una lista de voluntarios de la comunidad aborigen que pudieran desempeñar esta función.

Medidas para eliminar el odio racial

234.En la Ley sobre la discriminación, de 1991 del Territorio de la Capital de Australia se declara ilícita la difamación racial, para la cual se admite una acción civil, y tipifica como delito la difamación racial grave (que implica la incitación a cometer un daño físico contra una persona o una propiedad). Según esta ley la difamación racial es "un acto público, la incitación al odio, el desprecio o la ridiculización graves de una persona o grupo de personas por motivos de raza, sea de la persona o de los miembros del grupo".

235.En octubre y noviembre de 1996 el Gobierno del Territorio de la Capital de Australia dictó varias medidas contra el racismo:

-La Asamblea Legislativa aprobó por unanimindad la propuesta del Primer Ministro de apoyar la reconciliación de los aborígenes y el multiculturalismo, y condenó toda forma de intolerancia racial;

-Durante el año escolar de 1997 se comenzó a aplicar la política contra el racismo del Departamento de Educación del Territorio. Se procedió al nombramiento en cada escuela de Canberra de un funcionario encargado de los casos de racismo al que pueden recurrir los estudiantes así como el personal del Departamento;

-En junio de 1997 se estableció una tarjeta de información para permitir la rápida denuncia de incidentes de racismo. La tarjeta de información contiene datos para poder

tomar contacto con los jefes de las comunidades, la Oficina de Derechos Humanos del Territorio de la Capital de Australia, la Policía Federal Australiana y la Oficina de Asuntos Multiculturales e Internacionales. Se publica en árabe, chino, hebreo y vietnamita.

-Se han coordinado los servicios de asesoramiento que prestan los departamentos y organismos públicos a fin de prestar rápidamente apoyo a las víctimas de abuso o discriminación racial; y

-En caso necesario, el Gobierno del Territorio, por intermedio de la Oficina de Asuntos Multiculturales e Internacionales, ayuda a las organizaciones de comunidades étnicas a solucionar las cuestiones que pueden ser discriminatorias.

236.El Departamento de Educación y Capacitación y la Oficina de Servicios para la Familia, la Juventud y la Niñez aplican una política de educación para los aborígenes e isleños del estrecho de Torres según la cual cada escuela pública del Territorio de la Capital de Australia tiene un maestro que sirve de contacto con los estudiantes aborígenes.

237.Las escuelas públicas del Territorio de la Capital de Australia deben luchar contra el racismo mediante el programa de estudios, aplicando en todos sus sectores perspectivas de educación multicultural y de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. Con estas perspectivas se promueve la enseñanza de los puntos de vista, conocimientos y técnicas de distintas culturas en todos los sectores del programa de estudios.

Medidas para garantizar la igualdad ante la ley, incluido el acceso a los servicios e instalaciones públicas

238.En la Ley sobre la discriminación, de 1991, del Territorio de la Capital de Australia, se declara ilícita la discriminación en el suministro (sea oneroso o no) de bienes, servicios e instalaciones.

239.Cuando el Gobierno de la Capital de Australia actúa como empleador, todo funcionario que considere haber sido objeto de discriminación, hostigamiento o difamación racial tiene diversos medios, oficiales y oficiosos, para resolver la situación, conforme a lo establecido en la Ley de Administración del Sector Público y a las normas pertinentes.

240.En agosto de 1996 se introdujo en el Territorio de la Capital una tarjeta de interpretación para facilitar a las personas que hablan poco o nada de inglés el acceso a los servicios públicos del Territorio. La tarjeta de interpretación se halla disponible en 60 idiomas y es gratuita. Se han distribuido más de 3.000 tarjetas a organizaciones étnicas de Canberra, así como a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En diciembre de 1997 se realizó una evaluación independiente de esta tarjeta, y se llegó a la conclusión de que servía para facilitar el acceso a los servicios de las personas que no tuvieran suficiente conocimiento del inglés.

241.En diciembre de 1997 también se inició una capacitación en conocimientos transculturales, que se está aplicando en todos los organismos y departamentos públicos del Territorio. Éste y otros programas de atención al público garantizan que los funcionarios públicos del Territorio de la Capital de Australia están capacitados para atender en igualdad de condiciones a todo el público.

242.En 1996 el Gobierno del Territorio de la Capital de Australia publicó un folleto titulado Bienvenido al Territorio de la Capital de Australia, Canberra: Folleto de información para los recién llegados a fin de poner en conocimiento de los nuevos inmigrantes los servicios comunitarios y públicos existentes. El folleto, que se publica en ocho idiomas, tuvo una amplia difusión y se actualizó en diciembre de 1997.

243.El Gobierno ha aplicado las recomendaciones formuladas por la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos que eran pertinentes al Territorio de la Capital de Australia. Conforme a la sugerencia de la Comisión, el Gobierno ha aceptado informar anualmente sobre la aplicación de las recomendaciones. Hasta la fecha el Territorio de la Capital de Australia ha preparado cuatro informes.

244.El Gobierno del Territorio financia servicios para los indígenas, como la Asociación Juvenil para Aborígenes de Gugan Gulwan y el Servicio Sanitario para Aborígenes de Winnunga Nimmityjah. Ambos servicios son muy utilizados por los indígenas del Territorio de la Capital de Australia.

Reseña de los mecanismos y procedimientos para las denuncias de racismo

245.En virtud de la Ley sobre la discriminación, de 1991, del Territorio de la Capital de Australia, quien considere que ha sido objeto de discriminación por motivos de raza puede presentar una denuncia por escrito al Comisionado para la Discriminación. El Comisionado investiga las denuncias y puede tratar de resolverlas por conciliación. Cuando el Comisionado rechaza la denuncia o no puede resolverla por conciliación, el denunciante tiene derecho a presentarse ante el Tribunal de Discriminación en audiencia pública. El Tribunal está presidido por un magistrado. No se prevén límites a la indemnización que puede formar parte de la sanción en un caso de discriminación.

246.El programa de consultas con la comunidad del Gobierno del Territorio de la Capital de Australia, constituye un importante medio de vigilar los problemas raciales individuales y comunitarios. En 1997 este proceso de consultas se realizó mediante debates con más de 50 organizaciones de las comunidades étnicas, a fin de determinar sus problemas y sirvió para asesorar a la organización que correspondiese sobre los mecanismos y procedimientos del Territorio para las denuncias de racismo.

Campañas de educación y de información pública para luchar contra el racismo y fomentar el entendimiento mutuo

247.Una parte importante de la labor del Comisionado para la Discriminación y otros funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos del Territorio de la Capital de Australia es encargarse de la educación de las comunidades en cuestiones de discriminación. Se facilitan folletos informativos sobre diversas cuestiones de discriminación, muchos de ellos en los idiomas de las 11 comunidades. Esta educación y estas publicaciones son gratuitas.

248.En cada escuela pública del Territorio los estudiantes tienen un contacto para los casos de racismo, una persona cuya función tiene un elemento educativo y otro de promoción y gestión de los procedimientos de denuncia. Existe un programa de capacitación para los funcionarios.

249.Se ofrece capacitación profesional a los maestros para ayudarlos en sus actividades docentes y en las estrategias de enseñanza para luchar contra el racismo.

250.En 1996 el Gobierno del Territorio de la Capital de Australia apoyó una manifestación contra el racismo organizada por el Consejo de Comunidades Étnicas del Territorio.

251.En 1997 se difundieron varios programas de radio destinados a las comunidades con el fin de dar a conocer los servicios públicos y no gubernamentales a las comunidades étnicas de Canberra. Una publicación trimestral del Gobierno, Comunicado, se utiliza también para difundir a más de 100 organizaciones étnicas dentro del Territorio información sobre las medidas contra la discriminación.

252.La Guía de Recursos Multiculturales del Territorio de la Capital de Australia, publicada en 1998, es una valiosa fuente de información sobre redes comunitarias, y sirve de orientación a los departamentos y organismos públicos del Territorio en materia de comunicación con las personas que tienen dificultades con el idioma inglés.

253.Una actividad importante de la estrategia contra el racismo del Gobierno del Territorio de la Capital de Australia ha sido la propaganda por televisión destinada a fomentar el multiculturalismo y la tolerancia racial.

254.El Gobierno del Territorio de la Capital de Australia ha asignado 2,5 millones de dólares a la creación de un centro cultural para los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. Se trata de un centro de información para las comunidades indígenas, que permitirá también a quienes no son indígenas que aprendan a conocer las culturas indígenas y puedan acercarse a ellas en un entorno propicio. Está organizando el centro un grupo de trabajo indígena.

255.El Gobierno del Territorio reconoce la importancia de colaborar y participar en las celebraciones de la semana del Comité de Conmemoración del Día Nacional del Isleño y el Aborigen. El Gobierno ayuda financieramente desde hace años al Comité en la realización del programa. El Gobierno vigila que toda la semana se icen las banderas de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres en las principales calles de Canberra.

256.El Gobierno del Territorio participa en el "Día de la Aflicción", como se recomendó en el informe titulado Bringing them Home.

Territorio del Norte

Política estatal y marco jurídico

257.El Gobierno del Territorio del Norte promulgó una Ley contra la discriminación en el Territorio del Norte, que entró en vigor el 1º de agosto de 1993 y que representa un elemento clave del marco jurídico para luchar contra el racismo a nivel territorial. Además, en un conjunto de principios, "Principios para una sociedad culturalmente diversa" y en una declaración ministerial sobre la "Política del Gobierno en asuntos étnicos", se resumen las opiniones políticas del Gobierno del Territorio del Norte a este respecto.

Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro tipo para suprimir la discriminación

258.La Ley contra la discriminación es el marco legislativo encaminado a suprimir la discriminación. La legislación tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades en el Territorio, protegiendo a las personas contra toda discriminación injusta. La ley indemniza a las víctimas de la discriminación, y establece un proceso educacional para garantizar que el pueblo del Territorio conozca su deber de mantener una conducta no discriminatoria.

259.Los Principios para una sociedad culturalmente diversa se aplicarán a las políticas y actividades del Gobierno, y a su conducta frente al sector no gubernamental. Los organismos públicos del Territorio del Norte informarán sobre la aplicación de estos principios, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de empleo y gestión en el sector público, mediante sus informes anuales. La Oficina de Asuntos Étnicos, en colaboración con el Comisionado para el Empleo Público, vigilará la aplicación de estos principios.

Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro tipo para suprimir el odio racial

260.Si bien no existen disposiciones legislativas específicas que se refieran al odio o la difamación, el hostigamiento por motivos de raza está prohibido por la Ley contra la discriminación. Los diversos procesos y procedimientos de esta ley ayudarán a luchar contra este tipo de conducta.

Igualdad e igualdad de trato ante la ley, en particular el acceso a los servicios públicos y las instalaciones públicas

261.La Ley contra la discriminación constituye el marco legislativo para eliminar toda forma de discriminación racial en materia de educación, trabajo, alojamiento, suministro de bienes, servicios e instalaciones, participación en clubes, y contratación de seguros.

262.La Ley contra la discriminación se suma a la legislación pertinente del Commonwealth. En el párrafo 1 del artículo 4 de esta ley se establece que la palabra raza comprende:

-la nacionalidad, el origen étnico o nacional, el color, la ascendencia o el linaje de una persona; y

-que la persona sea o haya sido inmigrante.

263.Una persona puede alegar haber sido objeto de discriminación por motivos de raza aunque además de ser de esa raza, sea también de otras razas.

264.Para que exista discriminación no es necesario que la raza sea el motivo único o preeminente del trato menos favorable, o que la persona que discrimina considere ese trato como menos favorable. El motivo que tenga la persona que presuntamente ha discriminado contra otra no es un factor pertinente.

265.Aunque la Ley contra la discriminación no contiene una disposición expresa para llevar a la práctica el compromiso de no fomentar o apoyar la discriminación racial practicada por grupos o personas, se prohíbe la discriminación por motivos de raza en determinados sectores de actividad.

266.La Ley de empleo y gestión del sector público, de 1993, impone obligaciones con respecto a la gestión de los organismos estatales y la conducta de los empleados públicos y de los funcionarios públicos de alto nivel.

267.El inciso b) del artículo 3 de la norma reglamentaria del empleo y la gestión del sector público establece que:

Toda medida de gestión de los recursos humanos se adoptará de manera tal que excluya… la discriminación injustificada e ilícita, por cualquier motivo, con respecto a toda persona que esté empleada o busque empleo en el sector público.

268.En el párrafo 2 del artículo 4 de la Instrucción de Empleo Nº 13 - Código de Conducta del Empleo en el Sector Público e Instrucciones de Gestión del Empleo se establece que el incumplimiento del artículo 3 constituirá una falta disciplinaria, según lo dispuesto en el inciso p) del artículo 49 de la Ley de empleo y gestión del sector público. El artículo 16 requiere que todos los empleados cumplan con las disposiciones de la Ley contra la discriminación en sus relaciones con los demás empleados y con el público en general.

Reseña del mecanismo y el procedimiento de denuncias por discriminación racial

269.El Comisionado contra la Discriminación Racial está encargado de la aplicación de la Ley contra la discriminación. Según esta norma las personas tienen el derecho a presentar una denuncia cuando consideran que han sido tratadas en forma no equitativa o que se ha discriminado contra ellas.

270.Se han diseñado formularios de denuncia para facilitar el trámite de las personas que no hablan inglés. También cuentan con la ayuda de la Comisión de Asistencia Legal, la Asistencia Jurídica del Aborigen, grupos de defensa, la Asistencia Jurídica de la Comunidad, y la Oficina de Asuntos Étnicos.

271.Después de una investigación completa realizada por personal de la Comisión, un delegado del Comisionado toma una primera decisión sobre si la conducta ha sido o no discriminatoria. La decisión se remite por escrito a ambas partes y, de ser necesario, se traduce.

272.El asunto se somete luego a la conciliación, y si la conciliación fracasa, se remite al Comisionado para una audiencia. El Comisionado puede dictar órdenes, entre ellas una orden de indemnización.

Información al público y campañas de educación para luchar contra la discriminación racial y fomentar la tolerancia y el entendimiento mutuos

273.Una de las funciones fundamentales del Comisionado para luchar contra la discriminación en el Territorio es emprender programas de educación pública, capacitación, consulta e investigación. El Comisionado debe ayudar a las organizaciones públicas y no gubernamentales a que elaboren y apliquen estrategias destinadas a suprimir los actos y prácticas discriminatorios ilícitos e informar al Gobierno del Territorio del Norte acerca de las leyes y reglamentos del Territorio, para asegurarse que sean compatibles con las disposiciones de la Ley contra la discriminación. El Comisionado prepara y publica directrices y códigos para ayudar a los particulares y a las organizaciones a cumplir con la Ley.

274.El Comisionado ha preparado un vídeo en que se informa de sus derechos a los indígenas de las comunidades remotas. Este vídeo se ha producido en nueve lenguas aborígenes, iniciativa única en el Territorio del Norte. Se preparan hojas y folletos de información en siete lenguas europeas y asiáticas. Se organizan reuniones de educación pública para grupos de idiomas y culturas propias, con la colaboración y la ayuda de los principales órganos que se ocupan de esos indígenas y los inmigrantes.

275.Las metas y los objetivos de la Ley contra la discriminación también se promueven mediante emisiones de radio indígenas y étnicas.

276.Además, el Gobierno del Territorio del Norte ha establecido la Oficina de Asuntos Étnicos del Territorio del Norte, que coopera con el Consejo de las Comunidades Étnicas y el Consejo de Radiodifusión Multilingüe, y el Comisionado para luchar contra la Discriminación en la realización de programas de educación pública y demás programas de promoción, a fin de luchar contra la discriminación racial y fomentar la tolerancia y el entendimiento mutuos.

Tasmania

277.Según la legislación que ha promulgado el Gobierno de Tasmania, debe prestarse atención a los vínculos étnicos y culturales en los casos de menores comprendidos en las disposiciones sobre protección de la infancia (Ley del menor y de la familia, de 1997), o en los casos de menores que cometan infracciones o delitos (Ley de justicia de menores, de 1997). La legislación trata de que los menores permanezcan en su grupo familiar, cultural o étnico en vez de trasladarlos a otro grupo cultural. La legislación aplica el principio del alojamiento del menor aborigen, según el cual debe consultarse con la comunidad aborigen antes de tomar una decisión sobre el menor que está bajo la tutela del Estado.

278.En 1997 el Gobierno de Tasmania, reconociendo los beneficios del multiculturalismo, hizo aprobar en el Parlamento el Código de Ética del Gobierno Federal.

279.La Ley de tierras aborígenes, de 1995, tiene por objeto promover la reconciliación con la comunidad aborigen de Tasmania mediante la cesión de determinadas parcelas de tierra de importancia cultural o histórica. Al entrar en vigor la ley se otorgaron 12 parcelas de tierra al Consejo Tasmanio de Tierras Aborígenes. Éste es un órgano cuyos miembros son elegidos por la comunidad aborigen para encargarse de la administración de sus tierras.

280.En 1994 el Gobierno aceptó los Principios Tasmanios para una Sociedad Culturalmente Diversa.

281.A fin de luchar contra el racismo en la escuela, el Departamento de Educación y de Desarrollo de la Comunidad y la Cultura está haciendo lo posible por adoptar una estrategia contra la discriminación.

282.El Gobierno de Tasmania presentó recientemente al Parlamento el proyecto de ley contra la discriminación de 1998. Conforme al mismo se prohibiría, por ejemplo, la discriminación por motivos de raza y sus disposiciones se aplicarían a los sectores del empleo, la educación y la capacitación, el suministro de instalaciones, bienes y servicios, el alojamiento, y la participación en clubes. La ley también prohibiría la incitación al odio, las manifestaciones graves de desprecio, y las burlas contra una persona o grupo de personas por motivos, entre otras cosas, de su raza o de la raza de un miembro del grupo. La ley fue promulgada en noviembre de 1998.

283.En agosto de 1997 el Gobierno de Tasmania recibió el informe sobre la investigación nacional realizada por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades acerca de la separación de los hijos de aborígenes e isleños del estrecho de Torres de sus familias. Si bien en Tasmania ya se han adoptado algunas medidas y estrategias, se reconoce la necesidad de seguir modificando la política y las actitudes que afectan a los aborígenes. A continuación se mencionan algunas de las medidas aplicadas:

-En vista de las cuestiones planteadas en el informe, el Departamento de Salud y Servicios de la Comunidad nombró un funcionario de políticas para las cuestiones aborígenes, quien está encargado de vigilar que las políticas y los procedimientos del Departamento que afectan al bienestar de los niños y las familias aborígenes sean correctas y de que se aplique el principio de la libre determinación de los aborígenes. El funcionario también se encargará de elaborar una política marco y de establecer protocolos y procedimientos que aseguren a los aborígenes el debido acceso a información personal del Departamento y de otros organismos.

-En la reciente Cumbre Ministerial sobre el fallecimiento de aborígenes detenidos, Tasmania se ha comprometido a corregir la elevada proporción de indígenas involucrados en casos penales mediante planes estratégicos preparados en colaboración con los indígenas. Los planes estarán orientados a cuestiones sociales, económicas y culturales subyacentes; cuestiones judiciales; el derecho consuetudinario; la reforma legislativa; y niveles de financiación. Los planes constarán de un objetivo jurisdiccional, a fin de reducir la elevada proporción de indígenas involucrados en casos penales; mecanismos de planificación; y métodos de vigilancia y evaluación de la prestación de servicios.

-El apoyo de Tasmania a este proceso facilitará la aplicación de las recomendaciones del informe sobre el fallecimiento de aborígenes detenidos y permitirá seguir con la revisión del trato que reciben los niños indígenas en el sistema de justicia penal.

284.En marzo de 1997 el Gobierno de Tasmania inició un plan para modificar el comportamiento en el lugar de trabajo. Este plan fue elaborado para suprimir el hostigamiento y luchar contra la discriminación; se aplica en toda la administración y los organismos deben informar dos veces por año al Gabinete sobre los progresos alcanzados en la aplicación del plan. Además, el Gobierno estatal ha identificado los grupos a los que debe aplicar la igualdad de oportunidades de empleo. Estos grupos han sido objeto de discriminación a este respecto y están muy mal representados en la administración pública o concentrados en determinados sectores de bajo nivel. Entre ellos figuran aborígenes e isleños del estrecho de Torres, y personas que proceden de un entorno de habla no inglesa. Cada organismo debe elaborar y aplicar un plan de gestión que comprenda programas para lograr la igualdad de oportunidades de empleo y los organismos deben señalar en sus informes anuales la cantidad de personas empleadas, trasladadas y ascendidas que pertenecen a esos grupos.

Apartado b) del artículo 2

Medidas especiales y concretas tomadas en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizarles en condiciones de igualdad el pleno disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 2

2.5.Derechos a la tierra

285.La continuación de la asequibilidad de las tierras siempre ha sido un elemento importante para la supervivencia de la población autóctona. Todos los Estados y territorios de Australia tienen alguna forma de legislación en relación con la asequibilidad o la devolución de tierras a los aborígenes. El buen sentido jurídico indica que por lo general se preservan los derechos de los aborígenes al ceder tierras en virtud de las leyes de derechos a la tierra.

286.El 15% del continente australiano ahora es de propiedad o está bajo el control de los aborígenes. Los gastos del Gobierno del Commonwealth (además de los de varios gobiernos de Estados o territorios) en títulos a la tierra y títulos de los aborígenes asciende a 164 millones de dólares por año, comprensivos de 45 millones anuales para la adquisición de tierras.

287.La Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres es la entidad del Commonwealth que está encargada de asesorar en cuestiones de administración de las tres leyes del Commonwealth y otras propuestas de ley sobre derechos a la tierra. La legislación del Commonwealth a este respecto procura reconocer y facilitar a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres sus derechos y necesidades en relación con la tierra. Esa legislación incluye la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras (Territorio del Norte) de 1976, la Ley de concesión de tierras a los aborígenes (Territorio de Jervis Bay) de 1986 y la Ley de tierras aborígenes (lago Condah y bosque de Framlingham) de 1987. Estas leyes disponen los derechos a la tierra en el Territorio del Norte, el Territorio de Jervis Bay en Nueva Gales del Sur y las regiones del lago Condah y del bosque de Framlingham en Victoria, respectivamente.

288.En diciembre de 1995, el parque nacional y los jardines botánicos de Jervis Bay fueron devueltos al consejo de la comunidad aborigen de la bahía de Wreck en virtud de la Ley de concesión de tierras a los aborígenes (Territorio de Jervis Bay) de 1986. Esta ley dispone que se vuelvan a arrendar esas zonas al director de parques nacionales y fauna para que las administren conjuntamente los aborígenes y el Organismo Australiano de Conservación de la Naturaleza, conocido ahora como Environment Australia.

289.La Ley de tierras aborígenes (lago Condah y bosque de Framlingham) de 1987 estipula la concesión de algunas tierras en Victoria a los aborígenes y dispone facultades para dictar ordenanzas municipales.

290.La Ley de derechos de los aborígenes a las tierras (Territorio del Norte) de 1976 (Ley de derechos de los aborígenes a las tierras) estipula la concesión de títulos inalienables de propiedad absoluta, con derechos exclusivos de posesión y entrada en las tierras, de tierras aborígenes en fideicomiso en el Territorio del Norte. Esos derechos son comparables a otras formas de propiedad absoluta y equivalen a la disposición legislativa más firme en materia de derechos a las tierras concedidos a los aborígenes en Australia. Esos derechos se conceden sobre la base del reconocimiento de la vinculación tradicional ininterrumpida con la tierra o en los casos en que las tierras constituían una misión aborigen o una reserva aborigen especial. En el caso de estas reclamaciones, se exige que los aborígenes demuestren sus lazos tradicionales con la tierra.

291.En particular, la Ley de derechos de los aborígenes dispone que el Comisionado de Tierras de los Aborígenes investigue y decida las reclamaciones tradicionales a terrenos desocupados de la Corona o algunas tierras en posesión de los aborígenes o poseídas en nombre de éstos. Esta ley dispone que el Ministro de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres tiene la facultad de acceder a las recomendaciones del Comisionado de Tierras de los Aborígenes de conceder terrenos cuando se demuestre la validez de una reclamación tradicional.

292.Desde que entró en vigor la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras el 26 de enero de 1977, en virtud de ella se ha concedido casi la mitad de las tierras en el Territorio del Norte fideicomisos aborígenes como consecuencia de reclamaciones. Hasta el 19 de febrero de 1998, estaban pendientes de resolución 122 reclamaciones de tierras, 8 reclamaciones reiteradas estaban pendientes de examen por el Comisionado de Tierras de los Aborígenes y se estaban terminando dos informes. Después del 4 de junio de 1997 no se ha presentado ninguna nueva reclamación de tierras en conformidad con el apartado A del párrafo 2 del artículo 50 de la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras (la "cláusula de prescripción").

293.En 1987 se enmendó esta ley para introducir una "cláusula de prescripción". La intención del Gobierno al enmendarla en 1987 para incorporar la prescripción era dar cierta seguridad al proceso de reclamación de tierras. La cláusula de prescripción entró en vigor el 4 de junio de 1997 e impide que el Comisionado de Tierras de los Aborígenes investigue las solicitudes formuladas después de esa fecha y rinda cuentas al respecto.

294.En los últimos años, el Gobierno del Territorio del Norte ha acordado registrar ciertas zonas (en particular, las de propiedad de los aborígenes arrendadas para pastos) reclamadas sin que el Comisionado tenga que examinar las reclamaciones.

295.La Ley de pastos de 1992, del Territorio de Norte, dispone la división del arrendamiento de pastos para compensar a los aborígenes que no puedan reclamar tierras en calidad de propietarios tradicionales, pero puedan demostrar que tienen un vínculo de larga data con esas zonas. En 1989, los Gobiernos del Commonwealth y del Territorio del Norte firmaron un memorando de acuerdo relativo a las zonas de residencia de comunidades en los distritos de pastos del Territorio del Norte. Después de la firma del memorando, para fines del último ejercicio económico se habían concedido 89 zonas de residencia comunitaria sobre caminos para el ganado y reservas ganaderas en el Territorio del Norte.

296.En 1995 el Commonwealth y el Territorio del Norte llegaron al acuerdo de enmendar la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras si el Territorio del Norte aceptaba las propuestas del Commonwealth de enmendar la Ley de pastos de 1992. El propósito de estas enmiendas es facilitar la concesión expedita de zonas para la vivienda de comunidades (divisiones) en los pastos arrendados. Las enmiendas del Commonwealth a la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras darán efecto a una enmienda anterior encaminada a impedir hacer reclamaciones sobre caminos y reservas ganaderos. Se introdujo en el Parlamento el anteproyecto de enmienda de 1997, del Commonwealth, de la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras (Territorio del Norte); sin embargo, caducó en 1998. Se espera que se introduzca un nuevo anteproyecto en el presente período de sesiones del Parlamento. Se proyecta que las enmiendas relativas a los caminos ganaderos puedan entrar en vigor al mismo tiempo que las enmiendas del Territorio del Norte a su Ley de pastos de 1992.

297.La Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres sigue vigilando y fomentando medidas legislativas o de otra índole que reconozcan y faciliten las necesidades de tierras de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres en los Estados y territorios.

298.La importancia de las tierras para los aborígenes australianos también se ha reconocido en varias leyes estatales, comenzando por Australia meridional en 1966. En las partes septentrional y occidental de Australia meridional, se han devuelto vastas zonas a sus propietarios tradicionales en virtud de títulos absolutos inalienables. Se están tramitando reclamaciones de tierras en virtud de leyes de Nueva Gales del Sur (1983) o de Queensland (1991). En estos Estados y el resto de Australia, muchas zonas de antiguas reservas también han sido devueltas en virtud de alguna forma de título a las comunidades que las ocupaban. El Gobierno de Tasmania también introdujo en 1995 una legislación que facilita la devolución de tierras.

Reforma de la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras

299La Ley de derechos de los aborígenes a las tierras no ha sido objeto de enmiendas importantes desde 1983. El 16 de julio de 1997, el Ministro de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, el senador John Herron, anunció la reforma de esta ley, que en octubre de 1997 se confió al Sr. John Reeves.

300.Después de un extenso proceso de consultas, con los aborígenes inclusive, el 20 de agosto de 1998 se presentó al Ministro de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres el informe Building on Land Rights for the Next Generation (Aprovechar los derechos a la tierra para la próxima generación) relativo a la reforma de la Ley de derechos de los aborígenes a las tierras (Territorio del Norte) de 1976. Se sometió al Senado durante su receso el 21 de agosto de 1998. El informe es exhaustivo y contiene recomendaciones para modificar sustancialmente dicha ley. El Gobierno examinará detenidamente el informe para cerciorarse de que se han tenido en cuenta como es debido los intereses de todas las partes, entre ellos los aborígenes.

2.6.Títulos de propiedad de los aborígenes

Decisión en el caso Mabo

301.El 3 de junio de 1992, el Tribunal Superior de Australia sostuvo en el caso Mabo c. Queensland (Nº 2) que el common law de Australia reconoce los títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes. El Tribunal Superior rechazó la noción de que Australia era "terra nullius" (una tierra que no pertenecía a nadie) en el momento de asentarse los europeos y, al determinar que los meriam del estrecho de Torres tenían derecho a la posesión, ocupación, uso y disfrute de la mayoría de las islas de Murray en el estrecho de Torres, permitió que puedan seguir teniendo validez los títulos de los aborígenes cuando éstos o los isleños del estrecho hubiesen seguido vinculados a sus tierras durante los años del asentamiento europeo, siempre y cuando decretos legítimos del Gobierno no los hayan extinguido. Por otro lado, el Tribunal decidió que el contenido de los títulos -los derechos que señalan- se determinará de acuerdo con las leyes y costumbres tradicionales de quien posea el título.

La Ley de títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes de 1993

302.La Ley de títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes de 1993, que el Parlamento australiano aprobó a fines de diciembre de 1993 y entró en vigor el 1º de enero de 1994, formó parte de la respuesta del Gobierno del Commonwealth a la decisión en el caso Mabo. En resumen, la ley:

-reconoció los derechos contenidos en los títulos de los aborígenes y estableció algunos principios básicos con relación a esos títulos en Australia;

-dispuso la validación de los decretos oficiales previos a la entrada en vigor de la legislación que hubiesen podido carecer de validez dada la existencia de títulos de los aborígenes;

-dispuso un régimen de "decretos futuros" en virtud del cual se protegerían los derechos contenidos en esos títulos y se impondrían condiciones para dar decretos que afectasen las tierras y aguas comprendidas en los títulos de los aborígenes;

-dispuso un proceso mediante el cual se pudiesen establecer los derechos en virtud de esos títulos y pagar una indemnización y se pudiese decidir si es posible hacer futuras concesiones o tomar disposiciones respecto de tierras y aguas comprendidas en los títulos de los aborígenes; y

-dispuso una serie de otras cuestiones, entre ellas el establecimiento de órganos financiados por el Commonwealth para representar los títulos de los aborígenes para que ayudasen a los poseedores de dichos títulos.

303.Al promulgar la ley, se supuso, basándose en la propia decisión en el caso Mabo, que había prescrito el título aborigen a la propiedad arrendada y que dentro de relativamente poco tiempo, los procesos de titulación de las tierras de los aborígenes conducirían al registro de los correspondientes intereses para poder hacer fácilmente gestiones futuras con respecto a esas tierras.

Primeras enmiendas a la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes

304.La experiencia demostró que era preciso enmendar esta ley. A fines de 1995, el Gobierno sometió enmiendas al Parlamento con respecto a las cuestiones constitucionales planteadas en un caso pendiente ante el Tribunal Superior (el caso Brandy) que tuvieron el efecto de que el Tribunal Federal tomase disposiciones con respecto a la titulación en vez del Tribunal Nacional de Títulos de los Aborígenes (tal como disponía la Ley de títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes).

305.Los fallos judiciales también habían menoscabado la prueba de aceptación destinada a impedir reclamaciones fútiles o fastidiosas y no había ninguna seguridad jurídica de llegar a un acuerdo entre quien posee título y las otras partes.

306.El Gobierno del Commonwealth prometió conservar la Ley de títulos de los aborígenes, reservándose el derecho de enmendarla para poder aplicarla, respetar las disposiciones de la Ley de discriminación racial y cerciorarse de que se celebrasen consultas extensas antes de enmendar la Ley de títulos.

307.En junio de 1996, el Gobierno presentó a la Cámara de Representantes del Commonwealth un anteproyecto de enmienda de los títulos y en octubre del mismo año propuso hacer varias otras enmiendas al anteproyecto, en particular con respecto al derecho de negociar y la responsabilidad de los órganos de representación de títulos de propiedad de los aborígenes. La esencia del anteproyecto y las demás enmiendas se incorporó en el anteproyecto de enmienda de 1997.

La decisión en el caso de los wik

308.En una larga y muy compleja decisión relativa a cinco fallos distintos, en diciembre de 1996 el Tribunal Superior de Australia decidió en el caso de los wik que la concesión de derechos particulares de arrendamiento de pastos en virtud de la legislación de Queensland no concedía posesión exclusiva a los arrendatarios y que no necesariamente prescribían los títulos de los wik y thayorre a las tierras.

309.Como fue promulgada en 1993, la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes no disponía la coexistencia de los títulos de los aborígenes y de otros intereses sobre las tierras (por ejemplo, el arrendamiento de pastos) porque se suponía que en estos casos prescribía el título. A raíz de la decisión en el caso de los wik, podían invalidarse las medidas tomadas en los pastos arrendados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en enero de 1994. Además, como no se consideraba necesario asegurar que esas medidas pudiesen tomarse en virtud de la Ley de títulos, ésta no contenía ningún medio para tomar disposiciones gubernamentales lícitas con respecto a los pastos arrendados.

310.Esto significaba que muchos trámites rutinarios con respecto a las tierras (permisos para el aprovechamiento del agua o de construcción o la concesión de una nueva posesión de antiguos pastos arrendados) podrían resultar ilícitos y, por lo tanto, no podían llevarse a cabo sin enmendar la ley.

Enmienda de 1998 de la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes

311.En resumen, en 1998 se enmendó la Ley de títulos de propiedad para:

-validar aquellas disposiciones que hubiesen podido tomarse y no tener validez en el supuesto de que el arrendamiento de pastos extinguía los títulos de los aborígenes;

-establecer por primera vez una prueba eficaz de aceptación de las reclamaciones en virtud de los títulos de los aborígenes;

-resolver las dificultades constitucionales resultantes del fallo del Tribunal Superior en el caso Brandy;

-reconocer más ampliamente el papel de los órganos representativos de los títulos de los aborígenes y especificar sus funciones y responsabilidades;

-dar seguridad jurídica a los acuerdos negociados voluntariamente con respecto a títulos de los aborígenes y fomentar su uso; y

-basarse en la decisión en el caso de los wik.

312.La Ley excluye la prescripción general de los títulos de los aborígenes para el arrendamiento de pastos (más del 40% de la extensión territorial de Australia) y, conforme al common law definido en la decisión en el caso de los wik, limita la prescripción para el arrendamiento de pastos a los derechos comprendidos en los títulos de los aborígenes que no estén acordes con los que se hayan concedido a los arrendatarios. En lo sucesivo sólo podrán prescribir mediante acuerdo con quien posea un título a tierras de los aborígenes o mediante adquisición obligatoria sin discriminación. Podrá reivindicarse el título de los aborígenes respecto de más del 79% de las tierras de Australia, compuestas de tierras aborígenes, tierras de propiedad de la Corona y tierras arrendadas para pastos.

313.El nuevo artículo 7, en virtud de la enmienda de 1998 de la Ley de títulos de los aborígenes, estipula que esta ley deberá leerse e interpretarse teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de discriminación racial de 1975. El nuevo artículo es un fiel trasunto del artículo 7 de la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes, que dice que ésta deberá leerse e interpretarse teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de discriminación racial. Al igual que el antiguo artículo, el nuevo artículo 7 deja sentado que no está destinado a anular las normas concretas prescritas en la Ley de títulos con relación a los decretos que afecten los títulos de los aborígenes. Es decir, la Ley de discriminación racial no podrá invalidar ninguna disposición que afecte esos títulos, ya se trate de una antigua disposición, de una disposición tomada durante un período intermedio o de una disposición futura, que tenga validez en virtud de la Ley de títulos.

314.La Ley de discriminación racial tendrá pertinencia únicamente para interpretar los términos ambiguos de la Ley de títulos de los aborígenes. Esto significa que la Ley de discriminación racial seguirá aplicándose al desempeño de las funciones y al ejercicio de las atribuciones conferidas o autorizadas en virtud de la Ley de títulos, lo que no impide el desempeño de funciones ni el ejercicio de atribuciones, pero puede afectar el modo de desempeñarlas o de ejercerlas.

315.Además, la ley protege los títulos de los aborígenes mediante un régimen más firme de no discriminación para adquisiciones obligatorias. Ni la ley original ni su versión enmendada permiten que los Estados o territorios (encargados de la gestión de las tierras en Australia) adquieran obligatoriamente tierras a favor de terceros; simplemente reconocen que tal es el caso en algunas jurisdicciones en virtud de sus propias leyes.

316.El Gobierno decidió su respuesta a la decisión en el caso de los wik después de estrechas consultas con todas las partes interesadas en las tierras, hasta los aborígenes, industrias que dependen de los recursos, pastores y campesinos, los Gobiernos de los Estados y los territorios, y el Gobierno local. El proceso legislativo del Gobierno equivalía a una avenencia entre esos intereses dando la mayor certidumbre a todas las partes mientras se reconocía la posibilidad de coexistencia de los títulos de los aborígenes sobre los pastos arrendados.

Petición del Comité

317.En agosto de 1998, el Comité pidió información a Australia en virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención. La petición se refería principalmente a la enmienda de 1998 de la Ley de títulos de los aborígenes, pero también comprendía el papel del Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y la modificación de la política relativa a los derechos a la tierra.

Reclamaciones en virtud de títulos de propiedad de los aborígenes

318.Hasta el 13 de octubre de 1998, se había formulado un total de 3.702 solicitudes al Tribunal Nacional de Títulos de los Aborígenes, que comprendían 878 peticiones de determinación de esos títulos. Este número abarca reclamaciones de los aborígenes que han sido aceptadas y que se encuentran en diversas etapas de examen ante el Tribunal, las que aún no han sido aceptadas, las que han sido remitidas al Tribunal Federal y las que han sido rechazadas, retiradas o desestimadas.

319.Además de la determinación original del título a cargo del Tribunal Superior en el caso Mabo, los tribunales han decidido varios otros casos de títulos de los aborígenes, entre ellos tres por consentimiento a favor de los dunghutti en Crescent Head en la costa septentrional de Nueva Gales del Sur; la población de Hopevale en el extremo norte de Queensland, y, últimamente, la población de Yalanji occidental también en el extremo norte de Queensland, y la población de las islas Moa y Saibai en el Estrecho de Torres. La decisión en el caso Yorta Yorta dispuso que los yorta, que no pudieron demostrar un vínculo pertinente con la zona, no tenían un título aborigen ni a la tierra ni a las aguas en Victoria o en Nueva Gales del Sur.

El Fondo de Tierras Indígenas

320.La segunda parte de la respuesta del Gobierno al fallo del Tribunal Superior en el caso Mabo c. Queensland (Nº 2) fue la creación de un Fondo de Tierras Indígenas, un fondo permanente con financiación propia que proporciona a las comunidades indígenas los medios de adquirir tierras. El Fondo procura ayudarlos a adquirir y administrar las tierras, reconociendo que muchos aborígenes australianos no podrán justificar que aún poseen títulos de propiedad de la tierra. Por esta razón, el Gobierno actual mantiene el Fondo de Tierras de un valor de 1,3 millardos de dólares para la adquisición de tierras por la suma de 45 millones de dólares cada año.

321.El Fondo de Tierras fue establecido inicialmente en virtud de la Ley de títulos de los aborígenes, que disponía el establecimiento del Fondo Nacional de Tierras de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres para comprar tierras y administrar las tierras adquiridas de modo que los aborígenes e isleños obtuviesen beneficios económicos, ambientales, sociales o culturales. La Ley de 1995 (enmienda de la Ley del Comisionado de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres) del Fondo Agrario y la Empresa Agraria Aborigen, aprobada el 29 de marzo de 1995, estableció el Fondo Agrario y la Empresa Agraria Aborigen. El propósito de esta empresa es ayudar a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres a adquirir tierras y a administrar las que poseen para que obtengan beneficios económicos, ambientales, sociales o culturales. Las atribuciones y facultades de la empresa son comprar tierras, administrarlas y todo lo propio o conducente al desempeño de las atribuciones.

2.7.Medidas sociales, económicas y culturales a favor de los indígenas australianos

Enseñanza y formación

322.Según la Constitución de Australia, los gobiernos de los Estados y territorios tienen competencia sobre todas las cuestiones relacionadas con la enseñanza escolar, técnica y superior. No obstante, el referendo de 1967 otorgó al Gobierno del Commowealth competencias especiales sobre los asuntos indígenas.

323.En octubre de 1989 el Gobierno del Commowealth y los de los Estados y territorios aprobaron la política nacional para la educación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, que entró en vigor el 1º de enero de 1990. En esta política se establecían 21 objetivos a largo plazo con la finalidad de que en el año 2000 los indígenas australianos alcanzaran la igualdad en materia de educación. Concretamente, la política nacional establece como modelo para la población indígena el nivel de acceso a la educación, de participación y de resultados de la población no indígena.

324.En febrero de 1993 el Consejo Ministerial de Educación, Empleo, Formación y Juventud acordó examinar los resultados de la política nacional en su primer trienio de aplicación, para determinar en qué medida había servido para mejorar el acceso de los indígenas a la enseñanza, su participación en ella y los resultados de ella obtenidos. El examen nacional de la educación de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres concluyó en 1994 con la propuesta de una estrategia para el período 1997-1999. En mayo de 1995, como resultado del examen, el Consejo Ministerial confirmó su apoyo a la política nacional y se comprometió a hacer lo posible por aumentar los fondos destinados a mejorar la educación de los indígenas. Además en diciembre de 1995 el Consejo Ministerial estableció varias prioridades y acordó orientar su labor a la obtención de resultados.

325.El Gobierno del Commowealth apoya la política nacional para la educación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres por medio de varios programas complementarios, como el Plan de complemento de ingresos de los programas de ayuda a los aborígenes, el Programa de iniciativas estratégicas para la educación de los indígenas, el Programa de asistencia directa para la educación de los indígenas, el Programa de apoyo para la educación superior y los planes de financiación de la enseñanza y formación profesional.

326.Los programas de ayuda a los aborígenes se crearon en 1969 como medida especial para corregir la desigualdad tradicional de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres en materia de educación. Mediante la Ley de ayuda a los estudiantes y los jóvenes, de 1973, y los proyectos de ley de asignación presupuestaria, se da dinero y otras ayudas según sus necesidades a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres que cursan estudios primarios, viven con sus familias y tienen 14 años o más el 1º de enero del curso escolar, y también a los que cursan estudios secundarios y universitarios a tiempo completo. También existen prestaciones complementarias para los adultos que cursan estudios secundarios y universitarios a tiempo parcial. En el presupuesto del Gobierno del Commowealth para 1998-99 se asignaron a estos programas de ayuda 132,5 millones de dólares.

327.En 1990 el Gobierno del Commowealth dio nuevo apoyo a la política nacional para la educación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres creando el programa de iniciativas estratégicas para la educación de los aborígenes y varios programas de asistencia directa en el marco de la Ley de educación de los indígenas (asistencia complementaria), de 1989. En 1991 estos programas se refundieron en el Programa de asistencia directa para la educación de los aborígenes y se fusionaron con otras partidas especiales de la financiación concedida por el Commowealth a las instituciones de enseñanza superior.

328.En 1996, de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el examen nacional de la política nacional para la educación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, se modificó la Ley de educación de los indígenas (asistencia complementaria), de 1989, reestructurándose el entonces Programa de iniciativas estratégicas para la educación de los aborígenes. Desde enero de 1997, el Programa de iniciativas estratégicas para la educación de los indígenas financia los centros de enseñanza y formación preescolar, escolar y profesional mediante tres instrumentos: la asistencia periódica complementaria, la asistencia para proyectos de transición, y los proyectos de resultados estratégicos.

329.En el presupuesto del Gobierno del Commowealth para 1998-99 se asignan 118,4 millones de dólares al Programa de iniciativas estratégicas para la educación de los indígenas. La mayoría de los fondos se destina a asistencia periódica complementaria en función de una tasa per cápita basada en el número de alumnos matriculados, asignándose cantidades suplementarias a los centros de zonas aisladas.

330.El Programa de iniciativas estratégicas para la educación de los indígenas tiene la característica especial de basarse en indicadores de ejecución y objetivos predeterminados para los estudiantes indígenas en armonía con los 21 objetivos de la política nacional para la educación de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Los gobiernos de los Estados y territorios y las instituciones de enseñanza que reciben los fondos del programa de iniciativas estratégicas han fijado indicadores de resultados para medir los progresos logrados en el trienio 1997-1999 y han establecido datos básicos y objetivos de mejora en áreas fundamentales, como las tasas de alfabetización, aptitud aritmética elemental y retención escolar, para cada año del trienio.

331.El año 1997 fue el primero sobre el que, con arreglo al Programa de iniciativas estratégicas, aproximadamente 170 centros educativos presentaron un informe sobre sus indicadores de ejecución y sus objetivos anuales. El análisis preliminar de los datos recibidos de los centros escolares indica que éstos tienen más en cuenta las necesidades de los estudiantes indígenas, pues ha crecido la oferta de planes de estudio más apropiados culturalmente y más plurales, la contratación de profesores indígenas y la promoción de la participación de los padres indígenas y de los miembros de las comunidades indígenas.

332.El Programa de asistencia directa para la educación de los indígenas consta de tres elementos: el Plan de tutorías para aborígenes, el Plan de orientación profesional y educativa para aborígenes, y el Programa de apoyo a los estudiantes aborígenes y de sensibilización de sus padres. En el presupuesto del Gobierno del Commowealth para 1998-99 se asignan 60,2 millones de dólares al Programa de asistencia directa para la educación de los indígenas.

333.El Plan de tutorías para aborígenes ofrece clases complementarias y otros tipos de ayuda académica a los alumnos de todos los niveles educativos, desde la enseñanza primaria hasta la media y universitaria, pasando por la técnica y permanente y por otros programas de enseñanza reglada. La finalidad del Plan de tutorías para aborígenes es ayudar a éstos a lograr los mismos resultados que el resto de los australianos.

334.El Plan de tutorías para aborígenes pone a disposición de los alumnos indígenas que precisan ayuda en sus estudios profesores particulares competentes. Sufraga tutorías individuales y en pequeños grupos y el funcionamiento de centros de ayuda para realizar los trabajos escolares en los domicilios, con el fin de aumentar los porcentajes de participación y éxito de los alumnos en la enseñanza y formación y a mejorar sus resultados académicos.

335.Con el Programa de apoyo a los estudiantes aborígenes y de sensibilización de sus padres se financian diversas actividades de los comités escolares de padres cuyo objetivo es mejorar las oportunidades educativas de los alumnos indígenas de preescolar y de la enseñanza primaria y secundaria. La finalidad del Programa es aumentar la participación y asistencia de los alumnos indígenas, aumentar la participación de sus padres en la adopción de decisiones en materia de educación y ayudar a las escuelas a adaptarse mejor a las necesidades y aspiraciones académicas del alumnado.

336.Los comités escolares de padres están constituidos por los padres de los alumnos indígenas de la escuela o el jardín de infancia, un representante de la escuela, alumnos (en las escuelas secundarias) y miembros de la comunidad indígena local, si lo desean. Los comités que se establezcan en virtud del programa han de presentar un formulario de solicitud en el que especifican las actividades previstas para el curso. Los comités se encargan de administrar los fondos que reciben y de realizar las actividades previstas. En 1998 había aproximadamente 3.800 comités de esta clase, que comprendían alrededor de 105.000 alumnos indígenas. En las actividades de estos comités pueden participar alumnos y profesores indígenas y no indígenas.

337.Con el Plan de orientación profesional y educativa para aborígenes se financian actividades destinadas a mejorar los coeficientes de retención escolar y a orientar en materia de educación permanente, formación profesional y posibilidades de empleo. El Plan proporciona ayudas a organizaciones patrocinadoras para:

-realizar proyectos en favor de los alumnos indígenas de enseñanza secundaria y sus padres;

-realizar proyectos en favor de los presos indígenas que fomenten una actitud positiva hacia la participación en la educación; y

-facilitar información que ayude a los alumnos indígenas de la enseñanza secundaria y a sus padres a examinar las posibilidades de seguir estudios superiores o escoger una profesión.

Enseñanza superior

338.En general, desde que en1990 comenzó a aplicarse la política nacional para la educación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres sigue aumentando el número de indígenas que cursan estudios superiores. En 1997 el 1,2% aproximadamente de los estudiantes universitarios australianos eran indígenas. A pesar de este aumento, los indígenas siguen estando insuficientemente representados en la enseñanza superior, ya que, según el censo de población de 1996, representan el 1,7% de las personas de edad comprendida entre los 15 y los 64 años. Además, los resultados académicos y los coeficientes de retención de los alumnos indígenas son bastante inferiores a los de otros grupos.

339.En 1998 cursaban estudios superiores 7.789 indígenas. El Gobierno proporciona fondos a las instituciones de enseñanza superior para que se adapten a las necesidades especiales de los alumnos indígenas. En 1998-99 se facilitarán con este fin 21.950.000 dólares, a través del programa de financiación del apoyo a los indígenas, con el que se pretende que los alumnos indígenas tengan un grado de participación y unos resultados comparables a los de los alumnos universitarios en general. El programa proporciona servicios de apoyo, como preparación académica, asesoramiento y centros de estudio.

340.Se proporcionan a instituciones de enseñanza superior fondos específicos de apoyo a los indígenas para que se adapten a las necesidades especiales de los alumnos indígenas y promuevan los objetivos de la política nacional para la educación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. De conformidad con los planes de financiación, se exige a las instituciones que establezcan objetivos para los alumnos indígenas y que elaboren estrategias para su educación. En la asignación de fondos de apoyo se tiene en cuenta la necesidad de que las instituciones obtengan buenos resultados en los índices de acceso, participación, éxito y retención de los alumnos.

341.Además de los fondos de apoyo a los indígenas, el Gobierno anunció en 1996 que destinaría 8,8 millones de dólares, en tres años, a la creación de cinco centros indígenas de enseñanza superior. Se espera que los centros fomenten la investigación y la excelencia académica en la comunidad indígena y contribuyan a mantener y promover el patrimonio cultural indígena de Australia. Los centros impartirán las materias siguientes:

-Salud, Derecho y Medio Ambiente Indígenas, en la Universidad de Newcastle;

-Recursos Naturales y Culturales Indígenas, en la Universidad del Territorio del Norte;

-Investigación y Desarrollo Indígenas, en la Universidad de Tecnología de Curtin, especializada en la formación superior en salud, ciencia y tecnología;

-Historia y Arte Indígena, en la Universidad de Australia Occidental, y

-Un centro de excelencia de enseñanza superior indígena, en la Universidad de Australia del Sur, especializado en el fomento de la investigación, los planes de estudios, la formación de directivos y la salud integral indígenas.

342.En 1997 se asignó otra partida de 1,5 millones de dólares, en tres años, para crear un sexto centro indígena de enseñanza superior especializado en salud pública indígena, que será administrado por un consorcio entre la Universidad de Queensland y la Universidad de Tecnología de Queensland.

343. La campaña titulada Living in Harmony (Vivir en armonía) es una iniciativa del Gobierno del Commonwealth que representa ante todo un programa de educación comunitaria que financia proyectos que fomentan la armonía en la comunidad y combaten el racismo y la intolerancia. La iniciativa se divide en tres elementos conexos: un programa comunitario de ayudas, un programa de creación de asociaciones y una estrategia de información pública destinada a promover y explicar el concepto en general. En cuanto al programa comunitario de ayudas, el Gobierno de la nación ha asignado 2,5 millones de dólares a prestar ayuda económica a grupos y organizaciones comunitarias, incluidos los grupos indígenas y las comunidades étnicas. Por medio del programa de creación de asociaciones, el Gobierno del Commonwealth colaborará con un reducido número de organizaciones para elaborar proyectos experimentales sobre los distintos modos de mejorar la cohesión social, luchar contra el racismo o fomentar la comprensión, el respeto y la cooperación entre personas de distinto origen. La campaña de información pública tiene por finalidad fomentar y reforzar la aceptación y la equidad de nuestra comunidad en la teoría y en la práctica. Aprovechará para ello la firme creencia previa de que los australianos ya viven en armonía y deben celebrar que han logrado crear una sociedad armoniosa.

344.A finales de 1996 Australia financió varios proyectos de enseñanza a distancia que debían llevarse a cabo en el período 1997-1999:

-Se asignaron 750.000 dólares para estudiar las ventajas de facilitar una enseñanza a distancia a los indígenas recluidos en instituciones penitenciarias y después de su puesta en libertad. Se ha encargado al Instituto Australiano de Criminología que dirija y evalúe la experiencia piloto, y se ha subcontratado al Servicio de Enseñanza a Distancia de Australia para que supervise la educación transmitida;

-Se asignaron 1.750.000 dólares al Servicio de Enseñanza a Distancia de Australia para realizar proyectos de enseñanza de este tipo que ayuden a los universitarios indígenas. Los proyectos tienen por finalidad crear:

-Programas educativos adaptados a los alumnos indígenas que abarquen muy diversos temas, entre ellos, cursos destinados a ayudar a los futuros alumnos a adquirir los conocimientos básicos necesarios para cursar estudios universitarios, cursos del tercer ciclo, como cursos de justicia social y cuestiones jurídicas, y cursos especiales de cultura e idiomas; y

-Una red electrónica que conecte a los alumnos graduados y profesores universitarios indígenas de toda Australia y les ayude con apoyos en las áreas de la enseñanza, la investigación, la comunicación, la publicación y las tecnologías de la información, además de facilitar las especiales relaciones que los universitarios indígenas mantienen con sus comunidades.

Enseñanza y formación profesional

345.En la Estrategia nacional de enseñanza y formación profesional para el período 1994-1997 se indicaba que la población indígena era un grupo desfavorecido en el sistema de formación y capacitación profesional porque no siempre se tenían en cuenta sus necesidades en los programas de formación y capacitación profesional y en su ejecución. En 1997, el 2,6% de los participantes en los programas de enseñanza y formación profesional eran indígenas.

346.En febrero de 1995 la Dirección Nacional de Formación de Australia creó el Consejo Consultivo para la Formación de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres con la misión de asesorar a la Dirección en las principales cuestiones normativas relacionadas con la enseñanza y formación profesional de los indígenas. En mayo de 1998 los ministros del Commonwealth y de los Estados y territorios responsables de la enseñanza y la formación profesional pactaron la nueva Estrategia nacional de enseñanza y formación profesional para 1998‑2003, cuyo principal objetivo es lograr en este tema la igualdad de resultados. La Estrategia comprende diversas medidas para atender a las demandas de equidad de grupos como los indígenas australianos. La Dirección Nacional de Formación, con cargo a los fondos que el Commonwealth entrega a los Estados y territorios, ofrece apoyo a la enseñanza y formación profesional de los indígenas por medio de iniciativas como el Programa de infraestructura (sección de aborígenes e isleños del estrecho de Torres). En virtud de este Programa, se han asignado 15 millones de dólares en el período 1996-1998 a apoyar el desarrollo de infraestructura para los proveedores independientes, indígenas y comunitarios, de toda Australia.

Proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad

347.El Plan de proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad se puso en marcha en 1977 cuando las comunidades aborígenes pidieron que se crearan empleos locales y se atendiera especialmente al desarrollo de la comunidad. El Plan es voluntario, y permite a las organizaciones de aborígenes e isleños del estrecho de Torres participantes contratar indígenas a tiempo parcial. En virtud del Plan, que es especialmente importante en zonas aisladas donde el trabajo es escaso, los indígenas australianos renuncian a las prestaciones de desempleo para trabajar en proyectos comunitarios basados en las prioridades de desarrollo, económicas, sociales y culturales de la comunidad.

348.Siguiendo las recomendaciones del Informe Miller de 1985, el Plan se ha extendido a las organizaciones comunitarias rurales y urbanas de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. Desde 1986, la política nacional de promoción del empleo de los aborígenes presta especial atención al Plan, que es una importante iniciativa comunitaria de empleo.

349.El Plan es financiado y apoyado por la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres y la Dirección Regional del Estrecho de Torres. Se facilitan fondos a las organizaciones comunitarias indígenas para que den empleo a miembros de la comunidad y como ayuda para las labores de administración y obtención de capital necesarias para emprender actividades laborales. Los programas de trabajo incluyen la promoción y el desarrollo de infraestructura comunitaria y viviendas, servicios comunitarios, artes y oficios, empresas, actividades de protección de la cultura, desarrollo periférico y cuidado de la tierra. El objetivo de la participación en el Plan es facilitar a los indígenas una cualificación laboral que se reconozca en el mercado ordinario de trabajo. El Plan proporciona otros muchos beneficios a nivel comunitario e individual, pues aumenta la cohesión social, el amor propio y las oportunidades de formación, aparta del consumo de drogas y de la delincuencia y, cuando las organizaciones participantes en el Plan consiguen obtener beneficios, permite aumentar los ingresos.

350.Actualmente el Plan engloba a 248 organizaciones, financiadas y apoyadas por la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres, con 30.057 participantes, 19.681 de ellos en zonas aisladas de Australia y 10.376 en zonas no aisladas. En el estrecho de Torres hay 17 organizaciones y 1.655 participantes. El Plan da empleo en la actualidad al 25% aproximadamente de la mano de obra aborigen e isleños del estrecho de Torres.

351.Aunque el Plan proporciona numerosos empleos y oportunidades de formación, no puede por sí solo solucionar el problema del desempleo indígena. En un informe encargado por la Comisión se decía que, por su crecimiento, la población indígena podía pasar de 280.000 personas en 1991 a 400.000 en 2006. Según el censo de 1996, la población indígena era de 353.000 personas. Esto significa que en 2006 la población indígena será mucho más numerosa de lo previsto. La población crece más de un 2% anual, mientras que el empleo indígena aumenta menos de un 1% anual. Según el censo de 1996, el índice de desempleo indígena era del 23%, pero la Comisión no considera real esta cifra porque había entonces muchos desempleados que participaban en programas públicos de trabajo. (El índice de desempleo de los australianos que no son indígenas es actualmente del 8,1%.) De no ser por el Plan, el índice de desempleo indígena sería aproximadamente el 40%. Para que esta situación mejore, el empleo indígena tendrá que aumentar, cosa que nunca ha sucedido. El índice de desempleo de los indígenas es cuatro veces mayor que el del resto de la población. Las causas principales son la falta de cualificación laboral y de oportunidades de empleo a nivel local.

352.En 1995 el Comisario de Discriminación Racial de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades inició el examen de la política y la legislación del Plan de proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad, como consecuencia de la inquietud manifestada por las comunidades de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres por las supuestas desventajas económicas de los participantes en el Plan en comparación con otros perceptores de rentas bajas. En el informe correspondiente, presentado al Parlamento en abril de 1998, se concluye que el Plan no parece plantear problemas importantes de discriminación racial, aunque sí algunas anomalías en el trato a quienes en él participan, en comparación con los beneficiarios de la seguridad social. La finalidad del informe era fomentar un debate fundado y contribuir a la elaboración de políticas y procedimientos equitativos. Cuando se publicó el informe, los problemas planteados por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades ya estaban siendo abordados, aunque por cauces distintos de los propuestos en el informe de dicha Comisión, como consecuencia de las recomendaciones del Examen Spicer y de la medida adoptada en el presupuesto de 1998-99 que se resume a continuación.

353.En el presupuesto de 1997-1998 el Gobierno anunció que se examinaría el Plan de proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad, prestándose especial atención a su eficacia para formar a los participantes para la obtención de otros empleos y a la flexibilización de las relaciones laborales. El examen, dirigido por el Sr. Ian Spicer, concluyó en diciembre de 1997. Aun destacando la gran utilidad de los proyectos del Plan para la comunidad indígena, se recomendaron algunas mejoras, como excluir del Plan a quienes no fueran trabajadores y elaborar estrategias para aumentar la capacidad del Plan para crear empleo no subsidiado.

354.El Gobierno ha acordado también tomar medidas, en el marco del presupuesto de 1998-99, para corregir el desfase entre las prestaciones que reciben los beneficiarios de ingresos complementarios y los participantes en el Plan de proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad. Desde marzo de 1999, los trabajadores de renta baja del Plan recibirán un suplemento quincenal de 20 dólares como el que obtienen los participantes en el programa general de trabajo a cambio de subsidio de desempleo. Se calcula que esta medida costará 14,3 millones de dólares, que en parte se compensarán gracias a un régimen de ingresos más uniforme para los participantes en el Plan de proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad. Además, esta medida presupuestaria dará acceso a los trabajadores del Plan a ayudas complementarias de la seguridad social, como subsidios de alquiler, para gastos de farmacia y por fallecimiento de familiares, y las tarjetas de asistencia sanitaria automática, además de eliminar las anomalías en el régimen de ingresos de los pensionistas del Plan, con lo que se lograrán resultados más equitativos para todos los participantes en éste. La finalidad de otros ajustes del Plan es ofrecer más puestos de trabajo a los indígenas que quieren trabajar. Asimismo, el Gobierno ha decidido equiparar el Plan a otros similares, aplicando a sus beneficiarios desde julio de 1998 la desgravación fiscal correspondiente. De este modo, 7 millones de dólares se quedarán en las comunidades indígenas, y se reducirán al máximo, además, los costos para los participantes, que ya no tendrán que hacer la declaración de la renta.

Consecuencias

355.De acuerdo con las consultas mantenidas con las comunidades participantes en el Plan, una de las prioridades principales es fomentar el desarrollo económico. El Plan puede servir de base para el desarrollo económico y actualmente se utiliza para apoyar a empresas indígenas y empresas mixtas.

356.El Gobierno mantiene su firme compromiso con el Plan como instrumento de creación de empleo y ha dejado a los participantes actuales a salvo de las medidas de ahorro de 1996. En 1998-99 se asignarán al Plan 402 millones de dólares, de los cuales 380,7 millones se destinarán a la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres y 21,1 millones a la Dirección Regional del Estrecho de Torres. Se calcula que al final del período 1998-99 serán 33.083 los indígenas que participarán en el Plan. Si éste no existiera, buena parte del costo lo soportaría la seguridad social, que tendría que pagar las prestaciones de desempleo correspondientes.

357.Está en fase experimental un nuevo programa, el Programa de preparación empresarial, recomendado en el Examen Spicer. La finalidad de este Programa es sentar las bases para que las organizaciones integradas en el Plan de proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad creen empresas y faciliten el paso de quienes en él participan al mercado de trabajo en general.

358.Los objetivos del Plan cambiaron el 1º de julio de 1998. El Plan se centrará especialmente en ofrecer trabajo y cualificación, lo que lo reforzará, y de él se eliminará a los que no trabajen, que estarán en mejor situación económica como beneficiarios del sistema de seguridad social.

359.Los cambios introducidos en los planes generales de asistencia al empleo beneficiarán notablemente a los indígenas. La modificación de muchos de los programas centrados anteriormente en el mercado de trabajo para que sirvan de apoyo al nuevo régimen del mercado de servicios de empleo dará lugar a un servicio de empleo más ajustado y eficaz. Los indígenas obtendrán buena parte de los puestos disponibles en virtud de una asistencia intensiva al empleo, en reconocimiento de las múltiples desventajas con que acceden al mercado laboral. Las personas que participan en los proyectos de empleo para el desarrollo de la comunidad, al igual que las que reciben el subsidio "newstart" también pueden participar en los nuevos planes de asistencia al empleo. Además, el Programa de estrategias de empleo para los indígenas australianos complementa los planes generales, ya que establece medidas de asistencia a la contratación y de promoción profesional pactadas con empleadores públicos y privados y con organizaciones regionales y comunitarias.

360.El Gobierno está resuelto a ofrecer más oportunidades a los indígenas australianos para que adopten medidas que les ayuden a lograr su independencia económica. Los programas económicos del Gobierno para los indígenas australianos les proporcionarán casi 43 millones de dólares en 1998-99. El Programa de desarrollo empresarial, de la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres, comprende el Programa de incentivos a las empresas indígenas y el Plan de financiación de empresas.

La Administración Pública australiana

361.En 1991 el Gobierno ordenó a todos sus departamentos y organismos que revisaran las necesidades de los indígenas en materia de empleo y mejora de las perspectivas profesionales y que las integraran en sus organizaciones de acuerdo con los objetivos de la Política nacional de promoción del empleo de los aborígenes. La finalidad general de esta política es que en el año 2000 los indígenas hayan logrado la paridad de ingresos y de empleo por medio de políticas aplicadas a todos los aspectos del empleo público y privado.

362.En 1994-95 se puso en conocimiento de la Comisión de la Administración Pública que todos los organismos participantes de la Administración Pública australiana habían adoptado estrategias para aumentar al máximo las oportunidades de contratación y mejora de las perspectivas profesionales de los aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres. Estas estrategias tienen por finalidad velar por que en el empleo público se refleje ampliamente la composición de la población australiana en general, de manera que la función pública responda a los valores y aspiraciones de toda la comunidad.

363.Un elemento de este plan es el Programa de contratos de aprendizaje de indígenas, cuyo fin es ayudar a los organismos de la Administración Pública a contratar indígenas. Según este Programa, los indígenas son contratados a prueba mientras terminan sus estudios y pasan a ser funcionarios cuando terminan aquéllos y el período de formación.

Policía y servicios penitenciarios

364.El 11 de julio de 1995 la Policía Federal Australiana puso en marcha una estrategia de contratación de indígenas y mejora de sus perspectivas profesionales. La estrategia, financiada conjuntamente con el Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud, pretende que el empleo indígena alcance el 2% de la fuerza de trabajo en el año 2000.

365.El Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud también ha proporcionado asistencia a los gobiernos de los Estados y territorios para emprender iniciativas que, de acuerdo con el componente de estrategias de empleo del Programa de capacitación para los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, fomenten cambios culturales duraderos en los servicios penitenciarios. Se han creado programas de sensibilización multicultural para los funcionarios de policía y prisiones con la finalidad específica de favorecer y mejorar las relaciones entre la policía y los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres.

366.El Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud proporcionó fondos, por medio del Programa de capacitación para los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, al Movimiento de defensa de los derechos de los aborígenes de Australia del Sur, con objeto de que creara un programa de formación de tres días para aborígenes e isleños del estrecho de Torres, que acudirían a las prisiones para prestar asistencia a los reclusos indígenas.

367.En 1996, como parte del Programa de capacitación, el Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud llevó a cabo el Proyecto de transición de empleo y formación. Este Proyecto, creado como respuesta directa a la recomendación 310 de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos, tiene por finalidad dar mayor acceso al empleo, la educación y la formación a los reclusos indígenas en el período inmediatamente posterior a su puesta en libertad. En 1996 se difundieron por todo el país las directrices del proyecto. En Queensland del Norte funciona un proyecto modelo financiado conjuntamente por los Gobiernos del Commonwealth y de Queensland y destinado a los delincuentes juveniles indígenas. El Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud de Victoria negocia actualmente con el Gobierno de ese estado un proyecto de ayuda a los reclusos indígenas que quedan en libertad.

Medios de difusión e industria cinematográfica

368.Por medio de un acuerdo del Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud con la Asociación Nacional de Medios de Difusión Indígenas de Australia se elaboraron y aplicaron estrategias de empleo y formación con el Koori Mail y la Asociación de Medios de Difusión Indígenas de Brisbane (4 AAA Radio). El Departamento firmó también un acuerdo separado con la cadena de televisión WIN para la contratación y formación de tres aborígenes en Nueva Gales del Sur y Queensland.

369.En cuanto a la industria cinematográfica, la iniciativa principal fue la firma de acuerdos de empleo separados con las cuatro grandes empresas cinematográficas nacionales: Film Australia; Australian Film Commission; Australian Film Finance Corporation, y Australian Film, Television and Radio School. En estos acuerdos se decidió patrocinar las reuniones trimestrales de un comité directivo interinstitucional para contribuir a crear lazos dentro de la industria, y por medio de ellos se financió una serie de reuniones técnicas de sensibilización multicultural para el personal de las cuatro empresas, coordinadas por la Australian Film, Television and Radio School.

Otras estrategias relacionadas con la industria

370.El Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud ha financiado estrategias de empleo en las empresas culturales, turísticas y de atenciones sociales y rurales a fin de aumentar el número de indígenas empleados en esos sectores. La financiación se ha destinado a subsidios salariales para contratos de aprendizaje, ayuda a la promoción de las perspectivas profesionales y sensibilización cultural.

371.Se han aplicado estrategias de empleo en colaboración con organizaciones como Tjupakai Aboriginal Cultural Park, de Cairns, donde los aborígenes del lugar son los propietarios de la tierra en que se encuentra el parque y tienen una gran participación en la empresa; South Australian Hospitality Group Training Inc.; Western Australian Hospitality and Tourism Employment and Training Council, y Daiwul Gidja Aboriginal Corporation in the Kimberley. Además, el Departamento ha financiado consultas y evaluaciones de proyectos.

Cámara de Industria y Comercio Australiana

372.La Cámara de Industria y Comercio Australiana, por medio de su Proyecto de empleo indígena, ha seguido acercándose a diversos sectores, como los de seguridad, comercio minorista y productos farmacéuticos, para fomentar la contratación de indígenas. De acuerdo con las condiciones del Proyecto de empleo indígena, el Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud financia una red de directores de programas indígenas cuyo trabajo consiste en:

-establecer lazos sólidos y duraderos entre las empresas de toda Australia y las comunidades de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres mediante la colocación de trabajadores aborígenes e isleños del estrecho de Torres en el sector privado;

-establecer contactos periódicos de alto nivel entre las asociaciones empresariales, incluida la Cámara de Industria y Comercio Australiana, los dirigentes empresariales y la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres y los dirigentes de las comunidades de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres; y

-aumentar el número de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres contratados con carácter permanente en el sector privado.

Gobierno local

373.El Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud apoyó acuerdos conjuntos de financiación de los oficiales de política aborigen que trabajan en las asociaciones de administraciones locales a nivel nacional, estatal y territorial. Como parte de sus funciones, estos oficiales alientan a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres a que participen en sus consejos locales, sea como votantes o como candidatos, fomentan el empleo en los consejos y asesoran a éstos para que den respuestas culturalmente apropiadas a las cuestiones de política indígena.

Comités locales de promoción del empleo de aborígenes

374.En el informe de 1992 se dio cuenta de la creación y el funcionamiento de comités locales de promoción del empleo de aborígenes. Desde entonces, la mayoría de estos comités se han integrado en comités de coordinación de zona. Éstos se crearon como parte de una estrategia de mejorar la atención del Servicio Nacional de Empleo a los empleadores locales y los mercados de trabajo regionales, así como los vínculos del Servicio con las organizaciones regionales de desarrollo.

375.En 1996/97 funcionaron plenamente 61 comités de coordinación de zona. En 28 de ellos estaban representados los aborígenes o los isleños del estrecho de Torres. El actual Gobierno ha prometido seguir financiando los comités para contribuir a que se elaboren estrategias de empleo a largo plazo en sus regiones.

Servicios regionales

376.En 1994 el Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud creó el Servicio de zonas aisladas, cuyo fin es ayudar sobre el terreno a los usuarios de esas zonas. Aunque se ha ocupado de las necesidades de empleo y formación de todos los usuarios de zonas aisladas, ha atendido especialmente a los usuarios y las comunidades aisladas de aborígenes y de isleños del estrecho de Torres. Más tarde ha prestado especial atención a las necesidades de formación de la recién creada red del Servicio de zonas aisladas. En algunas oficinas del Servicio Nacional de Empleo se crearon dependencias de educación de los aborígenes y se nombraron oficiales de contacto aborígenes para atender a las necesidades específicas de los usuarios indígenas. El Servicio recibió fondos para contratar a 106 funcionarios sobre el terreno, el 70% de ellos aborígenes o isleños del estrecho de Torres, en 30 oficinas.

377.El Servicio siguió funcionando con 60 puestos cubiertos, de los 110 creados específicamente para indígenas australianos. El traspaso de los oficiales del Servicio a la nueva estructura del Departamento como oficiales de fomento del empleo ha contribuido a unir las secciones de empleo y educación indígenas del Departamento a nivel de Estados y territorios en el camino hacia la creación de una red de empleo.

Proyectos de infraestructura

378.El Departamento de Empleo, Educación, Formación y Juventud y la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres han pactado estrategias y planes de prestación de servicios destinados a mejorar al máximo los resultados de formación y empleo de las comunidades participantes en los proyectos comunitarios de fomento del empleo, por medio de proyectos financiados por el Plan de proyectos prioritarios de infraestructura de salud y la estrategia nacional para la salud de los aborígenes. El Departamento ha centrado su ayuda en la formación reconocida por las empresas, como pasantías y contratos de aprendizaje. También se ha prestado ayuda por medio del Plan de tutorías para aborígenes.

379.A continuación se da cuenta de algunos proyectos importantes apoyados por el Departamento:

-Proyecto de Formación de Bamaga (Queensland). El Departamento ha subvencionado 11  contratos dentro del plan de formación del gremio de la construcción para mejorar la cualificación de los obreros de la comunidad de isleños del estrecho de Torres de Bamaga, en la península del Cabo York.

-Proyecto de viviendas e infraestructuras de Bardia (Australia occidental). Se impartieron dos cursos de construcción de muros con tierra estabilizada a 14 miembros de la comunidad. Trece cursillistas los completaron y algunos de ellos fueron contratados por el contratista.

-Proyecto de infraestructura de la isla Cape Barren (Tasmania). Se financió un curso homologado de instalación de cañerías destinado a contratar a 12 cursillistas para la instalación de cañerías de abastecimiento de agua y de desagüe.

-Proyecto de viviendas e infraestructura de Julalikari (Territorio del Norte). Se facilitaron fondos al Consejo de Julalikari para que elaborara una estrategia de empleo para los aborígenes de la región de Barkly. Se dio un curso de formación preprofesional de 12 semanas de duración a 30 miembros de la comunidad, que lo acabaron como aprendices en diversas obras de construcción de la región.

-Proyecto de viviendas e infraestructura de Nambucca Heads (Nueva Gales del Sur). Doce aborígenes del lugar fueron contratados como aprendices de carpintero y albañil.

380.En 1996/97 se negociaron acuerdos de asistencia a otros seis proyectos en el Territorio del Norte, Queensland y Nueva Gales del Sur. Se espera que estos proyectos comiencen a principios de 1997/98 y den empleo a 165 aprendices y 12 trabajadores de la construcción con el apoyo del Programa de capacitación.

Programas de evaluación

381.El Departamento mantiene su compromiso de comprobar los resultados de sus programas y servicios. En particular, trata de medir la adecuación y eficacia de los programas y servicios destinados a los grupos desfavorecidos, como los indígenas australianos.

382.Desde 1993 el Departamento ha publicado los informes de evaluación siguientes: Evaluación de los elementos de la red del programa de formación para aborígenes (1994); Examen de las estrategias de empleo para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres (1994), e Informe de la evaluación de los programas de ayuda a los aborígenes de 1994 (1998). Al evaluar los programas de ayuda a los aborígenes se observó que entre 1989 y 1993 aumentó mucho el número de los beneficiarios de la ayuda en instituciones superiores, lo que se corresponde con el notable incremento de los indígenas en la enseñanza superior. Al mismo tiempo, la proporción de solicitantes de ayuda se mantuvo relativamente estable en torno al 90%. Se observó que la ayuda no económica también era importante para mejorar el coeficiente de retención, por lo que se prestó este tipo de ayuda por medio de programas que proporcionaban otras formas de apoyo a la educación, especialmente tutorías y ayuda para llevar a cabo los deberes escolares en casa.

383.Actualmente se evalúa el Programa de apoyo a los estudiantes aborígenes y de sensibilización de sus padres, se examina la adecuación de los planes de formación especialmente destinados a los indígenas y se realiza un estudio longitudinal de los demandantes de empleo aborígenes e isleños del estrecho de Torres. El estudio longitudinal de los demandantes de empleo indígenas se preparó en consulta con la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres. Que nosotros sepamos, es el primer estudio de esta clase que se hace en Australia. Sus resultados se publicarán en una serie de informes que se elaborarán por concurso público en 1998. Los datos ofrecen una imagen detallada de las experiencias laborales de los demandantes de empleo aborígenes e isleños del estrecho de Torres en un período de dos años. Se analizará la adecuación y eficacia de las diversas formas de asistencia en relación con el mercado de trabajo y, en particular, en qué medida la asistencia sirve para reciclar a los usuarios.

384.Se examinaron los programas de ayuda a los aborígenes en el marco de los planes del Gobierno de ofrecer subsidios a los jóvenes a partir del 1º de julio de 1998. Para ello se celebraron consultas con los indígenas y sus comunidades y organizaciones, así como con instituciones de enseñanza, y se prepararon comunicaciones escritas.

Proyecto de ley de protección del patrimonio

385.La vigente Ley de protección del patrimonio de los aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres, de 1984, tenía sólo carácter provisional. Como consecuencia de la interposición de varios recursos contra la ley, el Gobierno del Commonwealth entonces en funciones encargó en octubre de 1995 a la Sra. Elizabeth Evatt, ex magistrada de los tribunales federales, que la revisara. La Sra. Evatt presentó el informe correspondiente en agosto de 1996. Tras muchas consultas, en abril de 1998 el actual Gobierno presentó el proyecto de ley de protección del patrimonio de los aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres. La Cámara de Representantes lo aprobó, pero el Senado lo devolvió cuando se convocaron las elecciones de 1998. En noviembre de 1998 se presentó un proyecto de ley modificado que tenía en cuenta los intereses de los indígenas.

386.El proyecto de ley tiene el mismo propósito que la ley inicial, es decir, crear un mecanismo en virtud del cual la protección del patrimonio cultural indígena (fundamentalmente lugares y objetos) sea, en primer lugar, competencia de los Estados y territorios que, en Australia, son los encargados de tomar las decisiones relativas a la ordenación de tierras. El Gobierno del Commonwealth tendrá competencias residuales. El proyecto de ley trata de mejorar los regímenes de protección del patrimonio de los Estados y territorios mediante el establecimiento de criterios de reconocimiento de dichos regímenes por el Gobierno del Commonwealt. El régimen del Commonwealth seguirá en vigor donde no se haya reconocido el de los Estados o territorios. Cuando éste haya sido reconocido, el Gobierno de la nación mantendrá la facultad de proteger los lugares u objetos de interés nacional.

2.8.Medidas sociales, culturales y económicas destinadas a los inmigrantes

Estrategia nacional integrada de asentamientos

387.La planificación de los servicios destinados a acelerar el asentamiento y la integración de los inmigrantes en la sociedad australiana se realiza en el marco de la Estrategia nacional integrada de asentamientos. Por medio de la cooperación de organismos públicos de todos los niveles, la planificación y las actividades de coordinación de los asentamientos se centran en mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios para los inmigrantes.

388.La Estrategia conecta diversos comités estatales y territoriales de planificación de asentamientos, asegurando así la posibilidad de examinar y abordar cuestiones de interés local, regional, estatal, territorial y nacional. Los organismos que participan en las actividades de planificación de los asentamientos son los que se ocupan de la salud, la vivienda, la educación, la formación, el empleo y otros servicios sociales.

389.En 1998 los ministros del Commonwealth, y de los Estados y territorios acordaron que debía darse preferencia a la planificación y la prestación de servicios en los temas siguientes: enseñanza del inglés, acceso al mercado de trabajo, vivienda, servicios de traducción e interpretación, apoyo de patrocinadores, servicios de integración para los recién llegados por razones humanitarias y ayuda a los ancianos de minorías étnicas.

Programa humanitario

390.El Gobierno de Australia ayuda a los refugiados y a las personas cuyos derechos humanos han sido gravemente vulnerados. Desde 1990/91, más de 80.000 personas se han asentado en Australia como inmigrantes humanitarios con arreglo al Programa humanitario. El Programa no es discriminatorio y ayuda a los necesitados de todo el mundo.

391.Para 1997/98 el Programa humanitario ofrece 12.000 plazas: 10.000 para refugiados y personas que se encuentran en el extranjero y tienen la necesidad de reasentarse en Australia por razones humanitarias, y 2.000 para personas que ya se encuentran en Australia y que se considera que necesitan protección por estar comprendidas en la definición de refugiado de la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

392.Actualmente, las zonas de origen que el Programa de reasentamiento considera preferentes son los países de la ex Yugoslavia, Oriente Medio y África. Los solicitantes pueden acogerse a los siguientes componentes del Programa:

-El Programa de refugiados: para personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad o de su lugar habitual de residencia y sufren persecución en su país de origen (4.000 plazas en 1997/98).

-El Programa humanitario especial: para personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad o de su lugar habitual de residencia y han sufrido o temen sufrir discriminación grave, equiparable a la vulneración grave de los derechos humanos (4.067 plazas); y

-La categoría de asistencia especial: para personas que se encuentran en situación vulnerable en el extranjero y tienen alguna relación con Australia. Actualmente se incluyen en esta categoría los ciudadanos de la ex Yugoslavia, los birmanos de Tailandia, los sudaneses, los ahmadis del Pakistán, los vietnamitas y los ciudadanos de Sri Lanka (1.933 plazas en total).

393.Los recién llegados en virtud del Programa humanitario tienen especiales necesidades, que son atendidas por el Gobierno de Australia en asociación con organismos comunitarios.

394.Por medio del Plan comunitario de reasentamiento de refugiados, grupos de voluntarios ayudan a los refugiados y sus familias durante los seis meses siguientes a su llegada y los ponen en contacto con los servicios que precisen. Los grupos de voluntarios reciben un subsidio para poder hacer frente a los gastos iniciales de asentamiento de las familias.

395.El Programa de alojamiento de los recién llegados proporciona un primer alojamiento subsidiado de corta duración (máximo 13 semanas) en apartamentos públicos y privados a los refugiados recién llegados y a las personas recién llegadas por motivos humanitarios que cumplen ciertos requisitos. Se les ofrece un programa de orientación y se les pone en contacto con los servicios de asentamiento. Hay además, un subsidio de alquiler que ayuda a los recién llegados a hacer frente a los gastos iniciales de mudarse a otra vivienda de alquiler.

396.El Gobierno del Commonwealth comparte con los servicios sociales de los Estados los gastos de asentamiento de los menores que llegan a Australia en virtud del Programa humanitario y cuyos padres no se encuentran en el país.

El Plan comunitario de servicios de asentamiento y los centros de recursos para los inmigrantes

397.Por medio del Programa comunitario de subvenciones se financian dos servicios: el Plan comunitario de servicios de asentamiento y los centros de recursos para los inmigrantes. El Plan ofrece ayuda económica a organizaciones comunitarias étnicas o de otra clase para que presten servicios de asentamiento a los nuevos inmigrantes y a las personas recién llegadas por motivos humanitarios, a fin de que obtengan el máximo provecho de su asentamiento en Australia.

398.Una de las funciones de los centros de recursos para los inmigrantes es contribuir a que la comunidad conozca las necesidades de los inmigrantes y promover así la oferta de servicios para éstos.

Servicios para mujeres inmigrantes

399.El Departamento de Educación y Asuntos Multiculturales colabora con otros departamentos y organismos de la nación para atender a las necesidades de las mujeres inmigrantes y refugiadas. Tiene además diversas iniciativas propias. Por ejemplo, vigila el patrocinio de entradas en serie y su íntima relación con los actos de violencia doméstica por medio de su sistema de tramitación de patrocinios y entradas temporales, que se adoptó en agosto de 1996 para obtener datos sobre el patrocinio de entradas permanentes.

400.En abril de 1997 el Departamento publicó el vídeo titulado "Marrying and migrating… you have to work at it" (casarse y emigrar… hay que pensarlo), cuyo fin es ayudar a las personas a contraer matrimonio con alguien de otra cultura con conocimiento de causa. Se ofrece información sobre cuestiones que hay que tener en cuenta antes de inmigrar; algunos aspectos del asentamiento y de la vida en Australia, y temas y servicios vinculados a las relaciones familiares. El vídeo, disponible en inglés, árabe, chino mandarín, tailandés y anamita, se ha facilitado gratuitamente a grandes proveedores de servicios y a muchos particulares interesados.

401.Como parte de las nuevas iniciativas de lucha contra la violencia en el hogar anunciadas en noviembre de 1997 en la cumbre nacional sobre la violencia en el hogar, el Departamento está realizando un estudio sobre el acceso a los antecedentes personales de violencia en el hogar y sobre su divulgación a terceros vinculados con el proceso de inmigración.

Programa de inglés para inmigrantes adultos

402.El Gobierno de Australia, de conformidad con la Ley de inmigración (educación) de 1971, financia y coordina un programa de enseñanza del inglés para ayudar a los inmigrantes recién llegados que no son de habla inglesa a adquirir la competencia lingüística necesaria para asentarse efectivamente en Australia. En 1997/98 participaron en el programa 35.968 personas. La asignación presupuestaria fue de 94,9 millones de dólares, más 10,4 millones que aportaron los participantes en el programa.

Personas que no son de habla inglesa

403.Por medio del Programa de alfabetización y enseñanza del inglés en el lugar de trabajo se financian cursos de esa clase tanto para personas que no son de habla inglesa como para las que sí lo son.

404.La alfabetización y el conocimiento del inglés son considerados requisitos previos para una participación plena y equitativa en el lugar de trabajo.

Artículo 3

3.1.Condena de la segregación racial y el apartheid

405.El Gobierno de Australia estima que la política de apartheid constituye ante todo una afrenta a la dignidad del hombre y una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales. En consecuencia, ha asignado alta prioridad a la abolición del apartheid en Sudáfrica.

406.De acuerdo con el calendario convenido en la Reunión de Jefes de Gobierno de los Países del Commonwealth, celebrada en Harare en 1992, Australia en septiembre de 1993 levantó las sanciones comerciales y financieras contra Sudáfrica.

407.El Gobierno de Australia siguió de cerca los acontecimientos de Sudáfrica que culminaron en las elecciones democráticas de abril de 1994. Facilitó a la Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica servicios técnicos y algunos nacionales suyos actuaron como observadores internacionales en las elecciones. Las sanciones militares que aún subsistían fueron levantadas en junio de 1994, tras haber sido suprimidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

408.En mayo de 1994 se estableció en Sudáfrica un Gobierno de transición de unidad nacional sin discriminación por motivos de raza para aplicar un programa quinquenal de transición. El Gobierno de Australia facilitó una amplia gama de servicios a este proceso de transición, en particular tratándose de las reformas constitucionales, judiciales y del sector público. En abril y mayo de 1999, al terminar el período de transición, Australia habrá visto convertida en realidad su prolongada voluntad de poner fin al apartheid.

Artículo 4 - Medidas adoptadas para eliminar el odio y la discriminación raciales

4.1.Ley sobre el odio racial de 1995

409.El Gobierno de Australia examinó la cuestión del establecimiento de disposiciones penales y civiles en relación con el odio y la difamación raciales. En 1995 se presentó en el Parlamento de Australia un proyecto de ley relativo al odio racial, en el que figuraban disposiciones penales y civiles, y fue objeto de un importante debate. Las disposiciones penales del proyecto proponían tratar las amenazas de violencia física o las amenazas de destrucción de la propiedad por motivos de raza, color u origen nacional o étnico de la víctima, así como la incitación intencionada al odio racial, mediante la promulgación de enmiendas a la Ley de delitos de 1914 (Cth).

410.La preocupación por el derecho a la libertad de expresión llevó al Senado a rechazar las modificaciones propuestas a la Ley de delitos de 1914. Las disposiciones penales fueron eliminadas del proyecto de ley y, en 1995, el Parlamento aprobó la Ley sobre el odio racial, en la que figura la prohibición civil de toda conducta ofensiva, insultante, humillante o intimidatoria por motivos de raza. La Ley sobre el odio racial entró en vigor el 31 de octubre de 1995 y constituye un importante mecanismo de queja ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades para las personas afectadas por una conducta ofensiva desde el punto de vista racial. La ley llega a un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar libre del temor a la violencia y al odio raciales. Nada de lo que se diga o haga razonablemente y de buena fe, en el curso de una declaración, publicación, estudio o debate realizado o celebrado con fines universitarios, artísticos o científicos, o con cualquier otro propósito de interés público, en particular la información imparcial y precisa y los comentarios objetivos, puede ser objeto de queja con arreglo a la ley.

411.El Gobierno ha supervisado la observancia de la prohibición de la conducta ofensiva, insultante, humillante o intimidatoria por motivo de raza. El Gobierno considera que la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales del sistema democrático de Australia y estima que todas las medidas que restrinjan esta libertad deben delimitarse minuciosamente. Cada vez que sea claramente necesario restringir este derecho en el interés público, o cuando existan razones de diplomacia internacional, el Gobierno federal ha prohibido o suprimido la propaganda y así lo hará en el futuro.

412.Si bien no existe una prohibición general de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia propugnando el odio nacional, racial o religioso a nivel nacional, hay algunas restricciones a la incitación al odio o la violencia raciales.

413.El apartado a) del artículo 7 de la Ley federal de delitos de 1914 dispone que es delito incitar, exhortar, ayudar o alentar, o imprimir o publicar cualquier obra que incite, exhorte, ayude o aliente a cometer delitos en contra de una ley federal o territorial o a llevar a cabo cualquier acción destinada a cometer esos delitos.

414.La Ley de delitos de 1914 tipifica también los delitos de sedición, que comprende el asesoramiento, el consejo o el intento de lograr que se lleve a cabo una actividad sediciosa. La "actividad sediciosa" se define como las actividades llevadas a cabo con el propósito de promover "sentimientos de mala voluntad y hostilidad entre distintas clases de súbditos de Su Majestad de modo que pongan en peligro la paz, el orden o el buen gobierno de Australia". (Se prevén excepciones en el caso de determinadas acciones realizadas de buena fe.)

415.La Ley de delitos de 1914 contiene también disposiciones que permiten al Fiscal General Federal solicitar al Tribunal Federal que declare ilegal a una asociación. Entre ellas figuran las organizaciones que, por medio de la propaganda, defiendan o alienten la realización de todo acto que tenga por objeto o pretenda tener por objeto llevar a la práctica una intención sediciosa. También es un delito que una persona, mediante actos de violencia, o de amenazas o intimidación de cualquier tipo, obstaculice o perturbe el libre ejercicio o realización de cualquier derecho u obligación políticas por cualquier persona.

4.2.Reservas al artículo 4

416.Habida cuenta de que el apartado a) del artículo 4 tiene por objeto tipificar una infracción penal, el establecimiento de recursos civiles no cumple con los requisitos de este artículo. Las sanciones penales contra la difamación racial no se han convertido en ley a nivel federal ni en otras jurisdicciones. El Gobierno, por consiguiente, no está en condiciones de suprimir la reserva. Las opiniones del Gobierno sobre las sanciones penales relativas a la difamación racial se han examinado anteriormente.

4.3.Reconciliación

417.La creación del Consejo para la Reconciliación con los Aborígenes (véase el artículo 2, supra) ha sido una medida positiva que ha contribuido a la erradicación del odio y la discriminación raciales.

Artículo 5 - Igualdad ante la ley e igualdad en el disfrute de los derechos humanos

5.1.Igual acceso a la ley

Acceso de las comunidades étnicas de Australia a la revisión administrativa

418.El informe Nº 34 del Consejo de Revisión Administrativa al Fiscal General sobre el acceso de los miembros de las comunidades étnicas de Australia a la revisión administrativa (el Informe) se presentó a la Cámara de Representantes el 12 de septiembre de 1991 y al Senado el 8 de octubre de 1991.

419.En el Informe se recomendaba que las dependencias de revisión administrativa facilitasen el acceso a los grupos desfavorecidos, entre ellos las comunidades étnicas, por intermedio del Ombudsman (mediador) y de técnicas básicas de mercadotecnia. Las recomendaciones se referían también a la comunicación, la recopilación de datos, la utilización de intérpretes, la formación y los recursos.

420.La recomendación de que se diera al Ombudsman un papel más importante en la promoción de la revisión administrativa fue examinada por el Comité Permanente sobre Finanzas y Administración Pública del Senado en su informe Análisis de la institución del Ombudsman de Australia. La respuesta del Gobierno al informe se presentó al Senado el 15 de diciembre de 1992. En la respuesta se asignaban fondos adicionales para dar a conocer la oficina del Ombudsman entre la población de bajos ingresos y menos favorecida, incluidas las comunidades étnicas, así como para que el Ombudsman llevara a cabo un estudio sobre el conocimiento que el público tiene de la Oficina.

421.En 1995, la reacción del Gobierno anterior al informe, como parte de la estrategia nacional de la Declaración de Justicia para mejorar el acceso al sistema judicial, fue apoyar la mayoría de las recomendaciones del Consejo de Revisión Administrativa.

El informe sobre el multiculturalismo y la ley

422.Como parte del Programa Nacional para una Australia Multicultural, el Fiscal General remitió a la Comisión de Reforma Jurídica la cuestión de saber si el derecho australiano es adecuado para una sociedad multicultural. El informe de la Comisión de Reforma Jurídica, titulado El multiculturalismo y la ley (el Informe) se terminó en marzo de 1992.

El derecho penal

423.Cuando, en 1995, el anterior Gobierno dio a conocer su respuesta al Informe, ya había aplicado, o estaba examinando, la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de Reforma Jurídica relativas al derecho y procedimiento penales.

424.A continuación se reseñan algunas de las medidas especiales adoptadas a nivel federal a fin de prestar asistencia a los grupos que pudieran resultar desfavorecidos por motivos de raza u origen étnico en el acceso a la administración de justicia. Estas medidas complementan el derecho penal y otras formas de protección de todos los ciudadanos australianos.

425.En la parte 1 C de la Ley de delitos de 1914, que se promulgó en 1991, se establecen medidas de protección para las personas detenidas por delitos de ámbito federal o por delitos más graves con arreglo al derecho del Territorio de la Capital de Australia y se prescriben medidas concretas para proteger a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. En la ley la "detención" se define en un sentido muy general y abarca a las personas que se hallen en compañía de los oficiales de investigación y que, si bien no han sido oficialmente detenidas, estiman que no se les permitiría retirarse si quisieran hacerlo.

426.En estas circunstancias, la ley exige que se instruya de sus derechos a los sospechosos en un idioma que puedan entender y que se informe a la persona detenida sobre su derecho a ponerse en contacto con un amigo o pariente o un abogado y su derecho a que un abogado asista al interrogatorio. Estas son medidas de protección adicionales para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres que tienen derecho a que un amigo se encuentre presente durante la entrevista (que puede ser un abogado, un pariente, un asistente jurídico aborigen u otra persona elegida por la persona detenida). Además, debe notificarse la detención a una organización de asistencia jurídica aborigen. Tras las recomendaciones de la Real Comisión de Investigación acerca de los fallecimientos de aborígenes detenidos se dotó de fondos adicionales a los servicios jurídicos aborígenes para permitir que facilitasen nuevos servicios, por ejemplo estar a disposición de los aborígenes e isleños detenidos.

427.En términos generales, siempre que sea posible debe grabarse toda confesión o aceptación de los hechos de parte de los sospechosos. Cuando no es posible grabar, la ley exige que el interrogatorio durante el cual se obtenga la aceptación o confesión quede registrado por escrito para leerlo al sospechoso que tiene la posibilidad de negar cualquier cosa que figure en el texto. Este procedimiento debe registrarse en cinta. En la práctica se suele utilizar la grabación en vídeo que es la mejor demostración posible del nivel de comprensión de la persona.

428.En el common law existen pocas medidas de protección para las personas que no hablan ni entienden bien el inglés y que, en consecuencia, han aceptado o parecen haber aceptado durante el interrogatorio policial elementos que les perjudican. A falta de una disposición legal concreta, no hay norma del common law que indique que esta prueba no es admisible. El tribunal, naturalmente, tiene la obligación de garantizar un juicio justo y las normas generales aplicables a las pruebas establecen la exclusión discrecional de la prueba cuando resulte parcial admitirla o cuando sea de interés público excluir la prueba obtenida de forma injusta, ilegal o inadecuada. En la actualidad no se dispone de información sobre la forma en que se aplica este criterio cuando un acusado ha admitido ciertos hechos sin contar con los servicios de un intérprete.

429.En la parte 1 D de la Ley de delitos de 1914 (la Ley), que se promulgó en julio de 1998 y que entrará en vigor en enero de 1999, se establecen medidas de protección para las personas que aceptan someterse a un procedimiento médico forense o a las que se les ordena hacerlo. En término generales, un procedimiento forense implica obtener una muestra de la persona de quien se sospecha que ha cometido un delito conforme al derecho de Australia. Las medidas de protección prescritas en la ley protegen a los sospechosos vulnerables como los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, las personas que no hablan inglés, los niños y las personas incapacitadas. Una violación de las disposiciones de protección de los derechos de estos sospechosos puede significar que todas las pruebas obtenidas en un procedimiento forense sean rechazadas durante los trámites judiciales.

430.Tratándose de los sospechosos aborígenes o isleños del estrecho de Torres, la ley dispone que antes de pedirles a estos sospechosos que accedan a someterse a un procedimiento forense, debe notificarse a una organización aborigen de asistencia judicial, en caso de que el interesado no tenga ya un representante legal. También debe estar presente un "amigo" durante el interrogatorio cuando se pide a un aborigen o isleño que se someta a un procedimiento forense y durante el desarrollo del mismo. Este amigo se define como un pariente u otra persona elegida por el sospechoso, el representante legal del sospechoso, un representante de una organización de asistencia jurídica aborigen o una persona cuyo nombre figure en una lista de amigos para el interrogatorio que el Ministerio de Justicia y Aduanas debe mantener. Cuando un sospechoso aborigen o isleño no habla bien inglés, debe disponer también de un intérprete. Por último, cuando se decide ordenar un procedimiento forense, un juez de paz o un oficial de policía (con el rango de sargento o superior) debe preguntar, y luego tenerlo en cuenta, acerca de las creencias culturales de los sospechosos aborígenes e isleños.

431.La ley contiene además medidas de protección para los sospechosos que no hablan inglés. Siempre que la ley exija que se comunique información al sospechoso, esto debe hacerse en un idioma o lenguaje en que el sospechoso pueda comunicarse con fluidez razonable, incluido el lenguaje de signos o el sistema braille. La policía debe proporcionar un intérprete cuando esto sea necesario para una comunicación efectiva. Al igual que con los sospechosos aborígenes o isleños la ley exige también que al decidir si se ha de ordenar un procedimiento forense, el juez o el oficial de policía deben tener en consideración el origen cultural del sospechoso. Esta medida de protección garantiza que se tendrá en cuenta la sensibilidad cultural al ordenar, por ejemplo, un procedimiento forense que pueda considerarse molesto.

Derecho de familia

432.En lo que respecta al derecho de familia, en el informe se había recomendado que se modificara el inciso bb) del párrafo 1 del artículo 64 de la Ley de 1975 sobre el derecho de familia para garantizar que se tuviera en cuenta durante el proceso de adopción de decisiones la conveniencia de que el niño mantenga sus vínculos con la cultura de cada uno de sus padres o de su tutor. En 1995 el Gobierno anterior respondió a esta recomendación derogando el inciso bb) del párrafo 1 del artículo 64 y añadiendo el inciso f) del párrafo 2 del artículo 68 f) que dispone que al determinar el interés superior del niño, el tribunal debe considerar la madurez, el sexo y los antecedentes del niño (incluida la necesidad de mantener vínculos con su forma de vida, su cultura y las tradiciones de los pueblos aborígenes o de los isleños del estrecho de Torres) y cualquier otra característica del niño que se estime pertinente.

433.Además, habida cuenta de que en algunas comunidades los acuerdos prematrimoniales sobre los bienes son de uso normal y se toman muy en serio, en el informe se recomendó que los contratos prematrimoniales sobre la distribución de los bienes sean ejecutorios en caso de disolución del matrimonio, salvo que un tribunal decida que la ejecución del contrato sea causa de manifiesta injusticia. En la actualidad el Fiscal General estudia propuestas para reformar la ley que reglamenta los bienes matrimoniales.

5.2.Servicios de interpretación y traducción

434.A nivel federal, se ha iniciado un programa especial para mejorar el acceso de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres a los servicios de intérpretes. El Departamento del Fiscal General ha asignado fondos para mejorar el acceso a la justicia de los australianos autóctonos, mediante programas de intérpretes de los idiomas de los isleños y aborígenes. Estos programas han aumentado la cantidad de intérpretes de estos idiomas de que disponen los tribunales.

435.El Departamento del Fiscal General facilitó asimismo fondos para emprender programas de sensibilización a la necesidad del servicio de intérpretes, destinados a jueces, miembros de los tribunales y el personal de los juzgados federales. El objeto del programa era facilitar a jueces, miembros y personal de los tribunales información y conocimientos sobre la forma más eficaz de trabajar con intérpretes. Se han preparado materiales de formación destinados a los funcionarios judiciales, que comprenden un vídeo, un manual y una guía de referencia. Estos materiales se han distribuido ampliamente en los tribunales.

Los intérpretes en el interrogatorio policial

436.La Ley de delitos de 1914 dispone que una persona que no habla inglés tiene derecho a disponer de un intérprete durante el interrogatorio policial. Cuando el oficial de investigación tenga motivos suficientes para creer que el acusado no puede comunicarse con fluidez razonable, el interrogatorio y la investigación no podrán iniciarse ni continuar mientras no esté presente un intérprete. Se han adoptado medidas para confeccionar una lista de personas dispuestas a actuar como intérpretes o ayudar a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres detenidos o en curso de investigación por delitos federales.

437.También se han adoptado medidas legislativas en Australia del Sur, Victoria y el Territorio de la Capital de Australia que prescriben el empleo de intérpretes durante el interrogatorio policial. En Australia del Sur, las personas detenidas que no hablen con fluidez el inglés tienen derecho a la asistencia de un intérprete durante el interrogatorio policial. La policía no puede interrogar a esta persona hasta que se le haya informado de su derecho a tener un intérprete y se le haya dado la oportunidad de ponerse en contacto con un amigo, pariente o abogado. En Victoria, se exige que la policía consiga un intérprete antes de interrogar a una persona en detención preventiva que no tenga conocimientos suficientes de inglés. En el Territorio de la Capital de Australia las disposiciones de las leyes australianas que se han descrito anteriormente se complementan con el derecho a tener un intérprete en una investigación de faltas, y a tener intérpretes en la investigación de delitos. En la actualidad, la policía de Queensland está preparando por escrito una normativa relativa a la utilización de intérpretes para interrogar a los aborígenes o a los isleños.

Los intérpretes en los tribunales

438.El Gobierno de Australia ha adoptado medidas para mejorar el acceso a los intérpretes en los procedimientos federales. La Ley de pruebas de 1995 dispone que todos los testigos tienen derecho a prestar declaración a través de un intérprete, salvo que tengan conocimientos suficientes de inglés que les permitan entender las preguntas y contestarlas correctamente. El derecho a disponer de un intérprete se aplica a todos los procedimientos de los tribunales federales y a los tribunales del territorio de la capital de Australia, pero los acusados no tienen derecho a la interpretación de todo el procedimiento. En cualquier caso, habida cuenta de que en la actualidad prácticamente todos los asuntos penales de Australia se presentan en los tribunales estatales y territoriales, las disposiciones de la ley no se aplican a la mayoría de los procedimientos penales con arreglo a las leyes australianas. Además de estas medidas, Australia ha facilitado financiación adicional a los tribunales y juzgados federales para sufragar el costo de los intérpretes.

439.El Tribunal de Familia facilita intérpretes sin costo alguno a las partes en el curso de las sesiones de asesoramiento o mediación. Es posible obtener los servicios de un intérprete cuando una de las partes lo solicita o cuando un asesor o mediador considera que una de las partes no entiende ni habla correctamente el inglés. El Tribunal de Familia también ha adoptado medidas para llevar un registro de los miembros bilingües del personal de la sección de mediación o asesoramiento y de los empleados que, quienes, si así se solicita, actúan como asistentes del asesor o mediador en las cuestiones relativas al idioma o culturales. El personal de los tribunales federales se encarga de conseguir los servicios de intérpretes para las partes o testigos que estuvieran en desventaja por falta de conocimientos suficientes de inglés y no hayan adoptado las medidas necesarias para conseguir esos servicios. El personal de la secretaría también prestará asistencia a las personas con conocimientos limitados de inglés que se presenten en la secretaría de los tribunales federales, ya sea recurriendo al personal multilingüe, o bien organizando el acceso a un servicio de intérprete por teléfono.

440.En algunos Estados se han promulgado leyes para garantizar el derecho a disponer de un intérprete. En el territorio de la capital de Australia, las partes y los testigos tienen derecho a la asistencia de un intérprete si no pueden comunicarse adecuadamente en inglés. En Victoria, la ley establece el derecho a tener un intérprete para los testigos y partes en los procedimientos del Tribunal de Menores y en los juzgados de paz para los acusados de delitos castigados con pena de cárcel, si el tribunal comprueba que la persona no tiene suficientes conocimientos de inglés. En Australia del Sur, los testigos de un juicio o asunto tienen derecho a disponer de un intérprete cuando su lengua materna no es el inglés y sus conocimientos del inglés son insuficientes. En Nueva Gales del Sur también se cuenta con intérpretes en los tribunales (véase el párrafo 133).

441.El Comité Permanente de Fiscales Generales ha venido estudiando la propuesta de que se promulguen leyes uniformes para garantizar a las personas que no hablan inglés el derecho a tener un intérprete. La continuación de los trabajos depende de la creación de un sistema nacional de registro y acreditación de intérpretes, cuestión que el Ministerio de Asuntos Étnicos está estudiando.

Intérpretes en los tribunales

442.El derecho a disponer de un intérprete en los tribunales federales no está establecido por ley. No obstante, varios tribunales tienen normas o directrices, en virtud de las cuales suelen proporcionarse servicios de intérpretes cuando son necesarios. El Tribunal de Apelación Administrativa facilita estos servicios a todo solicitante o demandado que lo pida. En las diligencias previas a la audiencia, se pueden utilizar los servicios de los intérpretes para facilitar información a las partes que no estén representadas en los procedimientos del Tribunal de Apelación Administrativa, así como en las reuniones previas a la audiencia, las mediaciones y las audiencias. La política del Tribunal de Apelación Administrativa consiste en organizar el servicio de intérpretes acreditados por el organismo nacional de acreditación de traductores e intérpretes (NAATI). En los idiomas para los que no hay acreditación del NAATI, debe obtenerse un certificado de reconocimiento expedido por éste. En caso necesario, el Tribunal de Apelación Administrativa se encarga de hacer traducir los documentos. La información relativa a este tribunal (en forma de folletos, vídeos y cintas de audio) se publica en diez idiomas de la comunidad. Además se puede disponer de material de información para determinadas competencias (por ejemplo, la deportación de delincuentes) en las lenguas importantes de la comunidad. Las directrices del Tribunal de Apelaciones de la Seguridad Social reconocen la necesidad y la importancia de los intérpretes e indican la forma en que deben facilitarse los servicios correspondientes. En el formulario de solicitud, los solicitantes pueden indicar su deseo de contar con un intérprete en el tribunal. Cuando piden una cita por teléfono se les vuelve a preguntar si necesitan un intérprete. Hay una base legal, aunque no un derecho, a tener un intérprete en el Tribunal de Examen de los Refugiados. El presidente de este tribunal puede decidir que la comunicación con la persona que se presenta ante él se realice mediante un intérprete cuando la persona no domina el inglés. En la práctica, el tribunal se encarga de conseguir los servicios de intérpretes cada vez que se necesitan o que parecen ser necesarios.

443.Tras las modificaciones introducidas en 1995 a la Ley de migración de 1958, entraron en vigor nuevas disposiciones en relación con el empleo de intérpretes por el tribunal. De conformidad con estas disposiciones, una persona que se presente ante el tribunal para prestar declaración puede solicitar que el tribunal nombre a un intérprete a efectos de comunicarse con el tribunal. Cuando la solicitud la presenta una persona, el tribunal debe acceder, salvo que considere que ésta tiene conocimientos suficientes de inglés. No obstante, si el tribunal considera que la persona que se presenta para prestar declaración no conoce de manera suficiente el inglés, debe nombrar a un intérprete, aunque la persona no haya presentado una solicitud oficial.

Servicio de traducción e interpretación

444.Los servicios de traducción e interpretación del Gobierno de Australia (TIS) siguen contribuyendo de forma considerable a la aplicación de los principios de acceso y equidad, enunciados en la carta del servicio público en una sociedad culturalmente diversificada. El servicio de traducción e interpretación presta asistencia a los residentes de Australia cuyos conocimientos de inglés son limitados a fin de permitirles la igualdad de acceso a los servicios del Gobierno y de los organismos de la comunidad. En particular, el TIS presta servicios de interpretación telefónica, las 24 horas del día, todos los días de la semana, mediante un sistema de llamadas locales habilitado en todo el país. También se pueden obtener servicios de interpretación personal en horas laborables, y fuera de esas horas cuando se trata de servicios de emergencia. Cabe destacar que los servicios de interpretación del TIS son gratuitos para determinadas organizaciones sin fines de lucro, dependientes de la comunidad, así como para los profesionales de la medicina en las consultas médicas cubiertas por las prestaciones de asistencia social.

445.Muchos organismos gubernamentales utilizan los servicios de traducción de documentos del TIS para publicar información en otros idiomas, además del inglés. A fin de facilitar los asentamientos, el TIS facilita a los nuevos pobladores traducciones gratuitas de extractos de los documentos importantes que requieran.

5.3.Igualdad de acceso al empleo

Ley sobre relaciones laborales de 1996

446.La legislación federal sobre las relaciones laborales ha permitido prestar protección contra la discriminación en los centros de trabajo durante el período comprendido en el presente informe.

447.La Ley de relaciones industriales de 1988 contenía disposiciones en virtud de las cuales la Comisión de Relaciones de Trabajo de Australia debía tener en cuenta los principios incorporados a la Ley sobre discriminación racial de 1975. En 1994 se enmendó la Ley de relaciones industriales de 1988 a fin de añadir una serie de disposiciones antidiscriminatorias, entre otras cosas. Con arreglo a las modificaciones se incorporó en el principio rector de la ley el propósito de impedir y eliminar la discriminación en el trabajo por distintos motivos, entre ellos la raza, el color, el sexo y el origen nacional, y se introdujeron disposiciones sustantivas sobre la discriminación en los laudos, los acuerdos y los despidos. La ley quedó considerablemente modificada y se le dio el nombre de Ley de relaciones laborales de 1996. Las disposiciones sobre la discriminación en materia de laudos, acuerdos y despidos se mantuvieron con algunas modificaciones.

448.La Ley de relaciones laborales de 1996 está en vigor en Australia desde principios de 1997. En ella se insiste en la importancia de evitar la discriminación. El objetivo es el respeto y la valoración de la diversidad de la mano de obra, impidiendo y eliminando la discriminación por motivos de raza y varios otros motivos indicados (apartado j) del artículo 3).

449.El principal objetivo se complementa con disposiciones que obligan a la Comisión de Relaciones de Trabajo de Australia a tener en cuenta los principios enunciados en las tres leyes antidiscriminatorias, entre ellas la Ley sobre discriminación racial de 1975, relativa a la discriminación en el empleo (art. 93).

450.Una serie de disposiciones tiene por objeto impedir y eliminar la discriminación en materia de laudos. Estas disposiciones imponen a la Comisión de Relaciones de Trabajo de Australia tener en cuenta la necesidad de impedir y eliminar la discriminación basada en los motivos indicados en el desempeño de sus funciones de determinación de salarios (apartado e) del párrafo 3 del artículo 88B) .

451.La Comisión de Relaciones de Trabajo de Australia tiene la obligación de garantizar que los nuevos salarios mínimos, las variaciones en los salarios y las órdenes que afectan a los salarios no contengan disposiciones discriminatorias por los motivos indicados (apartados f) y c) del párrafo 1 del artículo 143).

452.Como parte de un proceso de simplificación de los laudos, éstos serán revisados para garantizar que no contienen disposiciones discriminatorias por los motivos indicados anteriormente. Si la Comisión de Relaciones de Trabajo de Australia determina que un laudo no obedece a este criterio, puede adoptar las medidas que considere necesarias para resolver el asunto.

453.En el apartado a) del artículo 88 de la Ley de relaciones laborales se exponen a grandes rasgos los objetivos, entre otros, de tratar de alcanzar la Comisión de Relaciones de Trabajo de Australia en sus funciones de determinación de salarios. Uno de los objetivos es que los sueldos estén en consonancia con la realización eficiente del trabajo, conforme a las necesidades de un determinado lugar de trabajo o empresa (inciso c) del apartado A del artículo 88). Este artículo permite que los salarios se determinen de forma que guarden relación con las necesidades de los trabajadores con necesidades diversas y se adapten a ellas, por ejemplo, mediante la flexibilidad en materia de permisos por motivos culturales o familiares (inciso g) del párrafo 2 del artículo 89 A). La Ley de relaciones laborales también tiene por objeto garantizar que los salarios se determinen de forma de fomentar los acuerdos a nivel de las empresas (inciso d) del párrafo 88 A), fomentando así los acuerdos que guardan relación con las necesidades de los trabajadores con necesidades diversas y se adaptan a ellas.

454.La Ley de relaciones laborales contiene además disposiciones destinadas a impedir y eliminar la discriminación, tanto en los acuerdos certificados como en los acuerdos de trabajo de Australia.

455.En lo que respecta a los acuerdos certificados, concertados entre empleadores y sindicatos o directamente entre empleadores y empleados, la Comisión de Relaciones de Trabajo de Australia debe negarse a certificar un acuerdo cuando éste discrimina a un empleado por cualquiera de los motivos indicados (párrafo 5 del artículo 5 I 70LU).

456.En lo que respecta a los acuerdos de trabajo de Australia concertados directamente entre los empleadores y los distintos empleados, los empleadores deben asegurarse de que el acuerdo contenga las disposiciones antidiscriminatorias que prescriben las leyes. Si el acuerdo no las incluye, deben adoptarse las medidas para incluirlas (párrafo 1 del artículo 170VG). Si un empleado estima que su acuerdo es discriminatorio por motivos de raza, puede presentar una denuncia a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

457.Una serie de disposiciones conexas permite también garantizar que los acuerdos se aplican de forma imparcial y sin discriminación lo que, en el caso de los acuerdos certificados, supone que los empleadores deben tener en cuenta las circunstancias y necesidades especiales de los empleados, entre otros de los que proceden de comunidades en que no se habla inglés (párrafo 7 del artículo I 70LT). En lo que respecta al acuerdo de trabajo, no se aprobarán los acuerdos que no hayan sido propuestos y no se prevea proponer, en las mismas condiciones a todos los empleados de funciones comparables, cuando al hacerlo el empleador haya actuado de forma parcial o poco razonable (apartado e del artículo I 70VPA). Además, no se aprobará un acuerdo si el empleador no lo ha explicado a los empleados interesados y si éstos no han expresado claramente su consentimiento (párrafos 1 y 2 del artículo I 70VPA).

458.El Defensor del Empleo, que tiene entre otras funciones la de aprobar los acuerdos de trabajo, debe tener especialmente en cuenta en el ejercicio de sus funciones las necesidades de los trabajadores que en la negociación se encuentren en situación desventajosa, por ejemplo, los que proceden de comunidades en que no se habla inglés (apartado a) del párrafo 2 del artículo 83 BB).

459.De conformidad con la Ley de relaciones laborales, el despido por cualquiera de los motivos discriminatorios, entre ellos la raza, es ilegítimo (apartado f) del párrafo 2 del artículo I 70CK).

460.El Ministro debe dar cuenta ante el Parlamento de los efectos que han tenido los contratos sobre el empleo (incluidos los salarios y las condiciones de trabajo) concertados con los grupos menos favorecidos, en particular los que proceden de comunidades en que no se habla inglés (apartado d) del párrafo 1 del artículo 358A).

El derecho a formar sindicatos y a adherirse a ellos

461.Varias disposiciones de la Ley de relaciones laborales de 1996 tratan el tema de la discriminación por el hecho de pertenecer o no pertenecer a un sindicato. Estas disposiciones hacen efectivos los principios de la libertad de asociación (el derecho de adherirse o no adherirse a una asociación de empleados o empleadores) y de la igualdad ante la ley.

462.Las disposiciones sobre la libertad de asociación tienen por objeto garantizar que los empleadores, los empleados y los contratistas por cuenta propia tengan libertad de afiliarse o no a las organizaciones profesionales (apartado a) del artículo 298A) y no sean discriminados ni tratados injustamente por el hecho de ser o de no ser miembros de estas asociaciones (apartado b) del artículo 298A).

463.Al empleador le está prohibido no aplicar los términos y condiciones de un acuerdo certificado a cualquier otro empleado que lo solicite y que estaría amparado por el acuerdo, en caso de: ser miembro del sindicato que es parte en el acuerdo; o de no ser miembro de un sindicato (o de un determinado sindicato) (artículo 1 70MDA).

464.Además en la parte XA de la Ley de relaciones laborales se prevé que los empleadores no pueden emprender ninguna de las acciones siguientes, ni amenazar con hacerlo, debido a la afiliación o a la no afiliación de una persona en un sindicato:

-Despedir a un empleado;

-Insultar a un empleado a su servicio;

-Cambiar la posición de un empleado en perjuicio suyo;

-Negarse a contratar a un nuevo empleado;

-Discriminar a otra persona en los términos y condiciones en los que el empleador ofrece contratar a la otra persona. En el artículo 298K se establece una protección análoga para los contratistas por cuenta propia.

465.Además, en la parte XA de la ley (art. 298L) se establece que ni el empleador ni otra persona autorizada, podrán tratar a un empleado en forma desfavorable (en ninguna de las formas que se han mencionado), porque un empleado:

-se haya negado a sumarse a una huelga;

-se haya negado a apoyar un acuerdo laboral;

-haya solicitado una votación secreta;

-tenga derecho a las prestaciones de determinado instrumento;

-haya reclamado ante una persona facultada para hacer cumplir la ley conforme a una ley laboral; o

-haya participado en un procedimiento, o haya prestado declaración, con arreglo a una ley laboral.

Estados y territorios

(Véase también el artículo 2 supra)

Nueva Gales del Sur

466.En la Ley de relaciones de trabajo de 1996 de Nueva Gales del Sur, que entró en vigor en septiembre de 1996, se prescribe que la Comisión de Relaciones de Trabajo de Nueva Gales del Sur, en el ejercicio de sus funciones, tendrá en cuenta los principios que figuran en la Ley de 1977 contra la discriminación. Uno de los objetivos de la ley es impedir y eliminar la discriminación en el lugar de trabajo y, en particular, garantizar una remuneración igual para los hombres y mujeres que realizan un trabajo del mismo valor o de valor comparable. La Comisión de Relaciones de Trabajo de Nueva Gales del Sur está autorizada a examinar y rectificar las cuestiones relativas a la discriminación en el lugar de trabajo ya sea por propia iniciativa o previa solicitud.

467.Uno de los propósitos de la Ley de relaciones de trabajo de 1996 es fomentar la participación en las relaciones laborales de organismos representativos de empleados y empleadores y fomentar la gestión responsable y el control democrático de estos organismos. La ley dispone también que una persona tiene derecho a ser miembro de una organización laboral, pero se le puede impedir que se afilie o que siga siendo miembro de la organización de conformidad con sus normas y que no se puede obligar a una persona a afiliarse o a seguir siendo miembro de una organización laboral.

Australia del Sur

468.Desde el informe anterior, Australia del Sur puso en vigor la Ley de 1996 de relaciones laborales y de los empleados. Los empleados que participan en los acuerdos de empresa en Australia del Sur están protegidos por la Ley contra la discriminación por varios motivos, entre ellos la raza. Uno de los objetivos de la ley es impedir y eliminar la discriminación de conformidad con la legislación del Estado y de Australia.

Queensland

469.La prevención y eliminación de la discriminación se reconoce como el objetivo principal de la legislación de relaciones laborales de Queensland, la Ley de 1997 de relaciones laborales (la Ley de 1997). La finalidad principal de la ley es facilitar "un marco de relaciones de cooperación en el trabajo que sirva de base para el bienestar y la prosperidad económica mediante… el respeto y la valoración de la diversidad de la mano de obra a fin de contribuir a impedir y eliminar la discriminación".

470.En virtud de la Ley de 1997 la discriminación comprende todos los motivos de discriminación previstos en la Ley contra la discriminación de 1991 de Queensland, que prohíbe la discriminación en el trabajo y en las zonas que guardan relación con el trabajo (Parte 4, División 2).

471.La Ley sobre relaciones laborales de 1997 obliga al Comisionado para Relaciones Industriales de Queensland a tener en cuenta la Ley contra la discriminación de 1991 relativa a la discriminación en el empleo al ejercer su jurisdicción (sección 280).

472.Las disposiciones contra la discriminación que figuran en la Ley sobre relaciones laborales de 1997 incluyen el sistema de adjudicaciones, los acuerdos certificados y los acuerdos sobre empleo en Queensland. La Ley sobre relaciones laborales de 1997 estipula que el efecto de un acuerdo propuesto debe explicarse a grupos determinados de empleados de modo adecuado teniendo en cuenta sus necesidades especiales, incluidas las personas procedentes de medios no anglófonos, para garantizar que puedan participar cabalmente en el proceso de negociación colectiva sin desventajas (s. 25 (5)). De modo semejante el Abogado del Empleo al desempeñar las funciones de su cargo debe tener en cuenta las necesidades de los trabajadores que están en una situación negociadora desfavorecida, incluidas las personas procedentes de medios no anglófonos (s. 372 (2) a)).

473.La Ley sobre relaciones laborales de 1997 protege a los empleados del despido ilegal, por ejemplo cuando se aduce un motivo que no es válido (s. 217). La discriminación, que infringiría la Ley contra la discriminación de Queensland de 1991, es un motivo inválido con arreglo a la Ley sobre relaciones laborales de 1997 (s. 21 (7) b) xi)).

474.En Queensland la Ley sobre organizaciones industriales de 1997 garantiza la libertad de integrarse o no integrarse en una organización industrial. La ley prohíbe negar la participación a una organización de empleados excepto por motivos específicos relacionados con el tipo de empleo, el cumplimiento de las normas de la organización o problemas de carácter personal.

Victoria

475.La legislación básica de Victoria, que apoya el compromiso del Estado con la no discriminación, comprende la Ley sobre igualdad de oportunidades de 1995 que entró en vigor el 1º de enero de 1996. Esta ley prohíbe la discriminación por determinados atributos entre ellos la raza y la actividad industrial. La discriminación es ilegal si se aplica a la vida pública de una persona, incluido su empleo.

476.Victoria transfirió algunos de sus poderes industriales al Commonwealth a partir del 1º de enero de 1997. Su alcance se basa en la Ley sobre relaciones laborales de 1996. Las disposiciones de esta ley se han citado anteriormente en relación con el Commonwealth. Antes de la fecha citada la protección a los trabajadores corría a cargo de la Ley sobre relaciones con los empleados de Victoria, de 1992, que protegía los derechos a la libertad de asociación. La protección contra la discriminación en el empleo y contra el hostigamiento en el trabajo (con arreglo a la Ley sobre igualdad de oportunidades de Victoria de 1995) todavía está incluida en la jurisdicción de Victoria. La actividad industrial es un atributo protegido con arreglo a la sección 6) de la Ley sobre igualdad de oportunidades de 1995.

Iniciativas para solicitantes de empleo migrantes

477.En diciembre de 1993 se inició la Estrategia para mejorar el servicio de los migrantes con el fin de mejorar las oportunidades de empleo para migrantes, especialmente los parados crónicos. El objetivo principal de la estrategia era reducir el nivel de desempleo de los migrantes e impedir que los migrantes cayeran en un desempleo a largo plazo. A este fin se eliminaron los obstáculos adicionales con que se enfrentaban las personas que buscan trabajo procedentes de medios no anglófonos.

478.La estrategia tenía tres elementos principales: el establecimiento de una Red Nacional de Funcionarios de Enlace con los Migrantes, el establecimiento de Comités de Asesoramiento a Migrantes y el mejoramiento de los servicios de interpretes.

479.La Red de Funcionarios de Enlace con los Migrantes estableció vínculos con comunidades locales étnicas para comprender mejor las necesidades especiales de estas comunidades en relación con el mercado del trabajo y suministrar información sobre los servicios y programas de empleo del Departamento de Empleo, Educación, Capacitación y Asuntos de la Juventud. La Red de Funcionarios de Enlace con los Migrantes también estableció contacto y celebró consultas con organismos pertinentes del Commonwealth, de los Estados y territorios y de la administración local y con organizaciones de base comunitaria para facilitar la prestación coordinada de servicios para migrantes en el mercado laboral. Con esto se obtuvo un centro de coordinación para cuestiones relativas a migrantes en el nivel operacional. La Red de Funcionarios de Enlace con los Migrantes vigiló el acceso a los programas y servicios y ayudó al personal de los departamentos a capacitarse para tratar con eficacia a sus clientes procedentes de medios no anglófonos.

480.Los Comités de Asesoramiento a los Migrantes se ocupaban principalmente de mejorar la comunicación con las comunidades étnicas, comprender sus necesidades y comunicar sus reacciones a la Administración sobre los servicios del Departamento de Empleo, Educación, Capacitación y Asuntos de la Juventud.

481.El Departamento de Empleo, Educación, Capacitación y Asuntos de la Juventud suministraba servicios de interpretación a los clientes con dificultades con el inglés mediante funcionarios bilingües, el Servicio de Traducción e Interpretación del Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales y otras empresas, según procediera.

482.Además el Programa de Preparación y Apoyo a los Solicitantes de Empleo y su predecesor el Programa de Intervención Especial facilitaba evaluaciones y capacitación en idioma inglés, alfabetización y otras materias preparatorias para aumentar las capacidades de los solicitantes de empleo a fin de que pudiesen competir y conseguir empleo. Los solicitantes de empleo con carencias especiales podían someterse inmediatamente a una evaluación a cargo del Programa de Intervenciones Especiales y también disponían de más asistencia a partir del primer mes de desempleo (el derecho a percibir asistencia de otros solicitantes de empleo empezaba después de tres meses de desempleo). La condición de la duración del desempleo para ingresar en los programas se eliminó cuando el Programa de Preparación y Apoyo a los Solicitantes de Empleo comenzó en octubre de 1996 y los solicitantes de empleo tuvieron derecho inmediatamente a percibir asistencia según fuera la necesidad y según otras condiciones de elegibilidad.

483.A partir del 1º de mayo 1998 el Gobierno estableció la Red de Empleo, que es un mercado de servicios de empleo plenamente competitivo. La Red de Empleo estará financiada aprovechando la mayor parte de las asignaciones destinadas anteriormente a programas sobre mercados laborales. La Red de Empleo es una nueva red nacional de organizaciones privadas, comunitarias y gubernamentales contratadas por el Gobierno para encontrar empleo a personas desempleadas, especialmente las de larga data. Empleo Nacional, la organización pública del empleo sucesora del servicio del Commonwealth es una de las más de 300 organizaciones de la Red de Empleo. Las organizaciones de la Red de Empleo ofrecen una asistencia más flexible y adaptada a los solicitantes de empleo según sea su nivel de necesidad. Las organizaciones de la Red de Empleo realizan encuestas con los empleadores para saber qué empleos están disponibles y los ofrecen a los solicitantes de empleo según sean sus características.

484.El Gobierno vigilará la labor de las organizaciones de la Red de Empleo para garantizar que se mantiene el porcentaje de asistencia prestada a grupos especiales como las personas procedentes de medios no anglófonos y los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. El Gobierno también vigilará la actividad de las organizaciones de la Red de Empleo incluidos los empleos que consiguen las personas pertenecientes a grupos especiales.

485.La continuación del elemento de las estrategias de empleo del Programa de Capacitación para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres hará posible aplicar un enfoque eficaz a la asistencia al empleo de los indígenas en zonas urbanas, rurales y remotas de Australia para los solicitantes de empleo aborígenes e isleños del estrecho de Torres en los sectores privado y público. Las dependencias especializadas de las estrategias para los indígenas, situadas en cada oficina de Estado y territorio del Departamento de Empleo, Educación, Capacitación y Asuntos de la Juventud, con sucursales en Townsville, Alice Springs y Orange, administrarán este programa reconociendo las necesidades especiales de los solicitantes indígenas de empleo.

486.Durante el proceso de licitación para la Red del Empleo, se pidió a las organizaciones que proponían la prestación de servicios en regiones donde había una gran proporción de grupos especiales de clientes (por ejemplo, personas procedentes de medios no anglófonos o aborígenes o isleños del estrecho de Torres) que demostraran cómo ayudarían a estos grupos. Además los licitantes debían concentrar sus licitaciones en grupos específicos de clientes.

487.Como parte del contrato de las organizaciones de la Red del Empleo se pide que garanticen que prestarán sus servicios de un modo que no incurra en ninguna discriminación ilegal, incluida la discriminación que infringe la Ley sobre discriminación racial de 1975.

488.Como parte de su contrato, las organizaciones de la Red del Empleo están obligadas a cumplir el código de conducta de la industria de los servicios de empleo. Este código dice entre otras cosas que las organizaciones deben encargarse de que:

-Los locales sean adecuados para los solicitantes de empleo y los empleadores con necesidades especiales, incluido por ejemplo indicaciones gráficas para personas procedentes de ambientes no anglófonos; y

-Se trate a los solicitantes de empleo de modo justo y ético. Esto comprende servir a todos los solicitantes de empleo y empleadores sin favoritismos ni prejuicios y presentar a los solicitantes de empleo a los empleadores sobre la base de su capacidad para el trabajo y no de características personales sin importancia.

489.En este contexto, el Departamento de Empleo, Educación, Capacitación y Asuntos de la Juventud está aplicando una estrategia de servicios de empleo para migrantes revisada a fin de cumplir el compromiso que el Gobierno ha contraído con los clientes migrantes de conformidad con la Red de Empleo. Esta estrategia comprende el establecimiento de una red de funcionarios de enlace con los migrantes basada en las oficinas de Estado o de territorio del Departamento que vigilará el acceso de los solicitantes de empleo migrantes a servicios de empleo y las tasas de cumplimiento y que establecerá enlaces con todo un conjunto de organizaciones étnicas, empresas prestatarias de servicios y otros organismos del Commonwealth y de los Estados.

490.El Programa avanzado de inglés para migrantes se creó atendiendo a la política australiana de idioma y alfabetización en 1992, como un programa para el mercado laboral del Departamento de Empleo, Educación, Capacitación y Asuntos de la Juventud dentro del cual se imparte capacitación avanzada en inglés como segundo idioma para ayudar a los migrantes solicitantes de empleo a superar los obstáculos individuales que les impiden participar en la formación profesional u obtener empleo. Este programa se mantendrá como un programa específico del Commonwealth y sus recursos no se transferirán puesto que satisface las necesidades en materia de inglés de los solicitantes de empleo migrantes. En 1998 se asignó financiación por un valor aproximado de 5,3 millones de dólares para prestar asistencia a unos 3.500 participantes.

Programa de participación de los trabajadores migrantes

491.El Programa de participación de los trabajadores migrantes era parte del Programa de reforma laboral y prácticas óptimas, más amplio, y estuvo administrado por el Departamento de Relaciones Industriales del Commonwealth desde fines de 1990 hasta 1994. El Programa promovía las cuestiones de justicia social como un elemento de la reforma laboral y su objeto era prestar asistencia a organizaciones, en forma de subvenciones, a fin de promover una comprensión más amplia de las cuestiones de la reforma laboral por parte de los trabajadores migrantes, especialmente los procedentes de medios no anglófonos, y mejorar su participación en el proceso de reforma laboral.

492.Después de la revisión de sus objetivos y de las enmiendas introducidas a la Ley sobre relaciones industriales del Commonwealth en 1993, el Programa de reforma laboral se modificó convirtiéndolo en mayo de 1994 en el Programa de negociación laboral. El proyecto de participación de los trabajadores migrantes se fundió en el Programa de negociación laboral. El Programa de negociación laboral dejó de existir en julio de 1996.

5.4.Acceso y equidad

El servicio público de Australia

493.La estrategia de acceso y equidad ha sido una iniciativa administrativa importante que garantiza un acceso equitativo a los servicios del Gobierno con independencia de los antecedentes culturales. La estrategia de acceso y equidad ha sido un elemento importante para cumplir con el compromiso de justicia social que figura en el Programa nacional en favor de una Australia multicultural, de 1989. La aplicación de la estrategia ha contribuido a garantizar una prestación equitativa de los servicios para todos los australianos, aunque anteriormente se consideraba como un medio para conseguir servicios especiales para los migrantes y como un añadido a la gestión normal del programa. También se manifestaron preocupaciones sobre la coherencia y calidad de los datos relativos a las personas desfavorecidas suministrados por el identificador conexo sobre orígenes no anglófonos.

494.En 1996, la estrategia de acceso y equidad se convirtió en una Carta del servicio público en una sociedad culturalmente diversa. Este cambio, si bien era una respuesta parcial a los problemas citados, también reflejaba un compromiso más amplio en favor de los clientes por parte de los prestatarios estatales de servicios. Se reconocía con ello que la base de clientes de Australia tiene necesidades diversas y que los prestatarios de servicios del Estado debían conocer estas necesidades, actuar con la suficiente flexibilidad y dar respuestas adecuadas. Los problemas relativos a la reunión de datos se están resolviendo mediante la preparación de un designador más adecuado para medir la relación entre la diversidad cultural y la situación desfavorecida.

Migrantes recién llegados: programas de acceso al idioma inglés

495.Australia tiene una larga historia de prestación de servicios de calidad a los inmigrantes recién llegados para asegurar su asentamiento eficaz en la sociedad australiana. Durante el período de que se informa ha habido algunos cambios que han repercutido mucho en la manera de prestar estos servicios a los nuevos migrantes, entre ellos un mayor uso de la licitación competitiva en los programas del Estado. La financiación de las actividades de capacitación en inglés a migrantes recién llegados ha sido uno de los programas que se ha sometido a una licitación competitiva.

496.El Gobierno de Australia ha introducido estas disposiciones con objeto de aportar beneficios importantes a los clientes, entre ellos la elección por los clientes, opciones más flexibles de prestación de los servicios, mayores oportunidades para aprender inglés en ambientes comunitarios y mejores métodos de aprendizaje.

497.El Gobierno tiene la esperanza de que los migrantes independientes muy capacitados investiguen sus perspectivas de empleo en Australia antes de tomar la decisión de emigrar. Un elemento de estas disposiciones es suministrar a los futuros migrantes información que los aliente a investigar sus perspectivas de empleo y los posibles modos de vida cuando examinen la posibilidad de emigrar a Australia. Por ejemplo los productos informativos se han actualizado desde mayo de 1998 para incorporar en ellos más información sobre los dos años de período de espera necesarios para la seguridad social, sobre condiciones de empleo y sobre el costo de la vida en Australia. Los productos de información comprenden cartas sobre concesión de visados y formularios normalizados de información.

5.5.Seguridad social

Generalidades

498.El sistema de seguridad social de Australia, que incorpora todo un conjunto de pagos de apoyo a los ingresos, tiene una aplicación universal y no discrimina contra personas de raza diferente. La posibilidad de que una persona perciba pagos de jubilación u otros pagos de apoyo a los ingresos, como la prestación por discapacidad, la prestación por desempleo o los subsidios familiares o al cuidador, depende del cumplimiento de un número determinado de criterios estipulados en los que no se hace referencia al origen racial. El determinante principal de la elegibilidad se basa en la definición de la residencia en Australia y la aplicación de una prueba sobre ingresos y bienes. La condición principal en la que se basa el acceso a cualquier forma de asistencia social dentro de Australia es la "necesidad demostrada" en la que se hacen todos los esfuerzos necesarios para garantizar que cualquier persona que lo necesite, con independencia de su origen racial, pueda tener acceso al sistema en plan de igualdad.

499.Todas las jurisdicciones de Australia disponen de medidas legislativas y administrativas para prevenir y penalizar prácticas discriminativas en todas las esferas de prestación de servicios incluidos los programas sociales. Los Gobiernos de Australia han establecido también un conjunto de medidas complementarias encaminadas a mejorar el acceso a los servicios del Estado por los australianos indígenas. Por ejemplo una iniciativa importante ha sido un programa educativo de mejoramiento del acceso de los beneficiarios indígenas de la seguridad social al sistema de recursos y apelaciones de la seguridad social.

500.Se define un residente australiano como una persona cuyo lugar normal de residencia es Australia y que es un ciudadano australiano o está en calidad de residente permanente. Excepto en el caso de los refugiados una persona tiene que haber sido residente en Australia durante un total de diez años antes de que pueda percibir una pensión de jubilación.

501.Puede darse el ejemplo de las disposiciones legislativas relativas a la jubilación cuyo objeto es proporcionar pagos adecuados de una red de seguridad de financiación pública a personas de edad que no pueden mantenerse completamente por sí mismas durante su jubilación. La jubilación introducida en 1909 consiste en una pensión pública mínima disponible para todas las personas que cumplen el requisito de residencia y que no están excluidas por las disposiciones relativas a la prueba de ingresos y bienes. Su objetivo primario es el alivio de la pobreza.

502.A partir de julio de 1992 y en aplicación de la Ley (administrativa) de 1992 sobre garantías de jubilación, todo residente en Australia que esté empleado puede acumular ahorros para su jubilación mediante ahorros obligatorios de fiscalidad reducida que se ingresan en una garantía de la jubilación para las pensiones privadas (jubilación) y que proceden de contribuciones de empleadores y empleados. Todo residente en Australia puede también hacer contribuciones voluntarias para una pensión privada (además de las contribuciones obligatorias indicadas) que también atraen todo un conjunto de concesiones fiscales, y otros ahorros privados.

Migrantes

503.La norma sobre residencia puede modificarse cuando existen acuerdos compartidos sobre responsabilidad de la seguridad social. Australia tiene actualmente acuerdos con algunos países de origen de emigrantes, como por ejemplo Austria, el Canadá, Chipre, España, Irlanda, Italia, Malta, los Países Bajos y Portugal. La norma puede modificarse también aplicando acuerdos antiguos sobre seguridad social con el "país receptor" que Australia tiene con el Reino Unido y Nueva Zelandia.

504.En marzo de 1997 Australia introdujo un requisito legislativo que imponía a los residentes recién llegados un período de espera de dos años antes de poder acceder a muchos tipos de pagos de la seguridad social. Algunos de estos pagos precisaban anteriormente un período de espera de seis meses.

505.Los refugiados, los migrantes por motivos humanitarios y sus familiares están exentos del período de espera al igual que lo están, en relación con la mayor parte de los pagos de la seguridad social, las parejas y los niños dependientes de ciudadanos australianos y de residentes de larga data.

506.La sección 4 de la Ley de 1997 que enmienda la legislación sobre la seguridad social (períodos de espera para residentes recién llegados y otras medidas) en la que figura la legislación que introduce el período de espera dispone que las disposiciones de la Ley sobre discriminación racial de 1975 deben prevalecer sobre las disposiciones de aquella ley y que ninguna disposición de aquella ley autoriza comportamientos que no sean conformes con las disposiciones de la Ley sobre discriminación racial de 1975.

507.El Comité Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado de Australia opinó que el proyecto de ley original que introducía esta legislación no discriminaba por motivos de raza ni infringía las obligaciones internacionales de conformidad con la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, pero se añadió la sección 4 a la ley para evitar ninguna duda sobre la cuestión.

Australianos indígenas

508.Al preparar programas sociales se tiene en cuenta siempre la pertinencia y las repercusiones de las diferencias culturales, que se acomodan dentro de los programas sociales del Estado para garantizar una igualdad de resultados. Por ejemplo se tienen en cuenta las mayores desventajas en el mercado laboral de los indígenas desempleados al aplicar pruebas de actividad sensibles a las diferencias culturales en el sistema de seguridad social.

509.Todos los niveles del Gobierno de Australia están colaborando para conseguir mejores perspectivas para las viviendas de los australianos indígenas. En abril de 1997 el Commonwealth y los Ministerios de la Vivienda de los Estados se comprometieron a establecer órganos de decisión independientes a cargo de los indígenas que administrarían todos los programas de la vivienda del Commonwealth y de los Estados y mejorarían la planificación y la prestación de servicios. En junio de 1998 se habían establecido ya nuevos órganos encargados de las viviendas de los indígenas en Australia occidental y el territorio septentrional y desde junio de 1998 se han establecido dos órganos más en Nueva Gales del Sur y Australia meridional. Están finalizando los preparativos para establecer órganos encargados de las viviendas de los indígenas en los restantes tres Estados y territorios.

510.Una preocupación especial para los gobiernos ha sido el establecimiento de una política de la vivienda para los indígenas coherente en el plano nacional. En las comunidades urbanas la prioridad ha consistido en garantizar que el pueblo indígena disponga de un acceso asequible y equitativo a todas las opciones normales de vivienda. En zonas remotas y aisladas el interés se ha centrado en suministrar viviendas seguras y adecuadas y en que la infraestructura sanitaria conexa se construya y mantenga según las normas nacionales. En junio de 1998 se estaba preparando un marco nacional para el diseño y mantenimiento de viviendas que actualmente está a punto de finalizar.

511.Desde junio de 1998 los Gobiernos de Australia han estado preparando un enfoque coherente en el plano nacional para la reunión de datos sobre vivienda e infraestructura. Un acuerdo nacional sobre datos y un conjunto mínimo de datos ayudará a asignar recursos según sean las necesidades cuantificables. Los Gobiernos están también trabajando con el sector indígena de viviendas comunitarias para conseguir prácticas eficaces de vivienda y de gestión de inquilinos a fin de ampliar la duración de las viviendas en comunidades remotas. Además de la preparación de una estrategia nacional de capacitación para los administradores de viviendas de comunidades indígenas, otra iniciativa importante ha sido la introducción de un programa voluntario de deducción de alquileres. El programa que empezó a fines de 1998 ha permitido a los administradores de viviendas mejorar los ingresos de los alquileres, que pueden servir para mantener y mejorar las viviendas, especialmente en zonas remotas y aisladas.

Artículo 6 - Protección eficaz contra la discriminación racial

6.1.Mecanismos del tratamiento de las demandas

512.La Ley sobre discriminación racial hace ilegal discriminar por motivos de raza, color, antepasados o por origen nacional o étnico en determinadas esferas (véase la exposición relativa al artículo 2 supra). La Ley sobre discriminación racial administra un mecanismo para tratar las demandas sobre discriminación ilegal de conformidad con la ley y para garantizar que las personas afectadas por esta discriminación dispongan de recursos adecuados (existen mecanismos semejantes con arreglo a la Ley de 1992 sobre discriminación de discapacitados y la Ley sobre discriminación sexual de 1984 para tratar las demandas relativas a actos ilegales que constituyen discriminación según estas leyes).

513.Se presenta primero una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos y de Igualdad de Oportunidades la cual transmite la demanda al Comisionado sobre discriminación racial en primera instancia. El Comisionado puede decidir no investigar el acto o si el Comisionado ya empezó a hacerlo puede renunciar si considera que el acto no es ilegal con arreglo a la Ley sobre discriminación racial, si considera que la persona agraviada por el acto no desea que se realice o que siga la investigación, si ha pasado un período de más de 12 meses desde que se cometió el acto, o si el Comisionado considera que la demanda es fútil, es injuriosa, está mal concebida o carece de fundamento. Una persona puede pedir al Presidente de la Comisión que se revise la decisión del Comisionado de no investigar o no seguir investigando. Si la demanda supera este punto, el Comisionado intenta llegar a un acuerdo de conciliación entre el denunciante y el supuesto discriminador. Si no se llega a una solución aceptable para ambas partes el Comisionado puede transmitir de nuevo la demanda a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades para una audiencia. Después de la audiencia la Comisión puede fallar si hubo discriminación ilegal y puede ofrecer un amplio conjunto de remedios, incluido el pago de una indemnización financiera al demandante. Sin embargo esta decisión de la Comisión no es vinculante para las partes.

514.Si el discriminador no cumple la decisión de la Comisión el demandante puede iniciar actuaciones ante el Tribunal Federal para que se cumpla. El Tribunal Federal oirá de nuevo la cuestión y ofrecerá sus propios dictámenes y remedios que pueden o no reflejar los de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

515.En relación con el artículo 2 supra se ofrece un panorama general de los mecanismos sobre demandas por discriminación racial en los Estados.

Demandas en virtud de la Ley sobre discriminación racial de 1975

516.Las demandas en virtud de la Ley de discriminación racial que recibió la Oficina Central de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades sumaron 154 en 1994-95 (las enmiendas sobre odio racial estuvieron en vigor durante nueve meses de 1994-95), 197 en 1995-96 y 375 en 1996-97. En 1997-98 la Oficina Central de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades recibió 197 demandas lo que supone una disminución en relación con las cifras de 1996-97.

517.La Ley sobre discriminación racial, que es una ley federal, está también a disposición de los litigantes en los tribunales ordinarios como medio para poner en entredicho acciones ejecutivas racialmente discriminadoras en todos los niveles del gobierno y leyes racialmente discriminadoras de los Parlamentos de los Estados o territorios de Australia.

518.En el período de que se informa se citó la Ley sobre discriminación racial en más de 36 casos durante pleitos ordinarios.

Demandas en virtud de la Ley sobre odio racial de 1995

519.La Ley sobre odio racial de 1995 entró en vigor el 13 de octubre de 1995. Al 30 de junio de 1996 se habían recibido 63 demandas. En los 12 meses que van de julio de 1996 a junio de 1997 la Comisión recibió 186 demandas sobre odio racial, 98 de las cuales llegaron a su conclusión.

520.Solamente se han adoptado cinco decisiones con arreglo a la parte II de la Ley sobre discriminación racial. Cuatro son decisiones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y una es un recurso al Tribunal Federal contra una decisión de la Comisión. No existe ninguna decisión relativa al significado del concepto odio racial que sienta precedentes en el derecho australiano.

521.Las dos decisiones principales hechas en virtud de la sección son la de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (Sir Ronald Wilson) en Bryant c. Periódicos de Queensland, 15 de mayo de 1997, que se ocupa del sentido de las palabras ofensivo, "en todas circunstancias" y la decisión del Tribunal Federal de Australia en Consejo Ejecutivo de los Judíos de Australia c. Olga Scully, de 13 de febrero de 1998, relativa al período para presentar una demanda.

6.2.Brandy c. la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

Efecto de la decisión del Alto Tribunal sobre el caso Brandy

522.En el caso Brandy c. la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (1995) 183 CLR 245, se pidió al Alto Tribunal que examinase la validez constitucional del antiguo régimen de aplicación según el cual las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades quedaban registradas en el Tribunal Federal de Australia. Si al cabo de un período determinado no se recurría contra las decisiones ni las revisaban los jueces del Tribunal Federal las decisiones actuarían como órdenes de ese tribunal.

523.El Alto Tribunal consideró que este régimen de cumplimiento infringía el principio constitucional de la separación de los poderes judicial y ejecutivo que está incorporado en el capítulo III de la Constitución Federal. Con arreglo a la Constitución un órgano administrativo no puede válidamente ejercer el poder judicial del Commonwealth. El Alto Tribunal consideró que las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades ‑un órgano administrativo-, una vez registradas en el Tribunal Federal y al actuar como órdenes de ese tribunal estaban actuando supuestamente como decisiones judiciales. Por este motivo las leyes que establecían el régimen de aplicación eran inválidas.

524.El efecto de la decisión del Alto Tribunal fue que las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades ya no podían cumplirse. El Gobierno del Commonwealth, como solución provisional, aprobó leyes para restaurar el antiguo régimen de aplicación que se describe supra. Sin embargo esto obligará a los demandantes a pasar por dos audiencias sobre la misma cuestión: una ante la misma Comisión y la otra ante el Tribunal Federal, con todos los costos, tanto financieros como no financieros, que ello implica.

Respuesta del Gobierno federal a la decisión sobre el caso Brandy

525.La respuesta del Gobierno federal a la decisión sobre el caso Brandy del Alto Tribunal fue la primera etapa de un proceso de reorganización y reforma de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. En diciembre de 1996 el Fiscal General presentó al Parlamento federal el proyecto de enmienda de la legislación sobre derechos humanos de 1996 (cuyo nombre actual es Proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre derechos humanos (Nº 1) de 1998). El proyecto de ley quedó sin aprobar cuando se prorrogó el Parlamento para las elecciones de 1998 y se ha vuelto a presentar ahora ante el actual Parlamento.

526.Con arreglo a las enmiendas propuestas en este proyecto de ley todavía podrán presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades las demandas sobre discriminación ilegal en virtud de la Ley sobre discriminación por discapacidad, la Ley sobre discriminación racial y la Ley sobre la discriminación por razones de sexo, y la función de la Comisión consistirá en investigar e intentar conciliar las demandas. La responsabilidad de la eficacia y prontitud del tratamiento de las demandas corresponderá al Presidente de la Comisión. Si la Comisión no puede conciliar una demanda el Presidente tendrá autoridad para finalizarla.

527.Las demandas que hayan finalizado por este motivo o por otros motivos determinados expuestos en el proyecto de ley podrán pasar al Tribunal Federal para que las oiga y dictamine. Se espera que el Tribunal Federal desempeñe sus funciones a este respecto con un mínimo de elementos oficiales y técnicos. Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (distintos del presidente) podrán pedir licencia para aparecer ante el Tribunal Federal y prestarle asistencia en relación con las demandas de discriminación ilegal. Cuando el Tribunal se haya decidido sobre la cuestión podrá formular todas las órdenes que considere adecuado, incluida la de pagar una indemnización financiera al demandante. Este proyecto de ley está actualmente esperando su aprobación en el Parlamento federal.

6.3.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

528.El Gobierno federal anunció en septiembre de 1997 la segunda etapa de la reorganización de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Esta etapa del proceso cambiará el nombre de la Comisión por el de Comisión de Derechos y Responsabilidades Humanas con una estructura mejorada y funciones principales más centradas. La estructura ejecutiva de la Comisión estará formada por un presidente y tres vicepresidentes, cada uno de los cuales estará encargado de proteger y promover los derechos humanos de todos los australianos. Cada uno de los vicepresidentes tendrá la responsabilidad general respecto de una esfera determinada: uno se ocupará de la justicia social y la raza, otro se ocupará de la discriminación por motivos de sexo e igualdad de oportunidades y otro se encargará de los derechos humanos y la discapacidad.

529.Las principales funciones de la Comisión, aparte de dar respuestas a las demandas, se centrarán en la educación, la difusión de información sobre los derechos humanos y la prestación de asistencia a las empresas y la comunidad: por ejemplo, mediante la preparación de directrices para ayudar a las personas a cumplir las leyes contra la discriminación. Como ya se ha dicho cada vicepresidente estará también encargado de prestar asistencia al Tribunal Federal, en calidad de amicus curiae, en los procesos incoados por demandas sobre discriminación ilegal en virtud de las leyes federales contra la discriminación.

530.El proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre derechos humanos (Nº 2) de 1998, que aplicará los cambios estructurales en la Comisión, fue presentada al Parlamento federal el 8 de abril de 1998. El proyecto de ley caducó cuando se prorrogó el Parlamento y actualmente está esperando su aprobación en el Parlamento federal.

531.Algunos dirigentes indígenas, entre ellos el antiguo comisionado Sr. Michael Dodson, han formulado la crítica de que la ley no exige que el cargo de comisionado de justicia social para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres sea un australiano indígena. El Gobierno en el proceso de examinar las propuestas de reestructuración de la Comisión examinó esta crítica.

532.El Gobierno no considera adecuado prescribir en la ley las calificaciones específicas de cada uno de los cargos de vicepresidente. El Gobierno considera más bien que cada uno de los vicepresidentes debería tener capacidades, conocimientos y experiencias básicas que permitan a la Comisión utilizar de modo más eficiente sus recursos en el desempeño de sus funciones legales.

533.Sin embargo el Gobierno reconoce la importancia de garantizar que las personas nombradas para los distintos cargos de vicepresidente posean las capacidades y conocimientos necesarios para sus responsabilidades designadas. Por este motivo la ley propuesta exigirá que las personas nombradas para los cargos de vicepresidente tengan "las calificaciones, conocimiento o experiencia adecuadas".

534.El Gobierno al examinar las posibles personas que podrían ocupar un determinado cargo de vicepresidente tendrá en cuenta las responsabilidades del cargo al evaluar las calificaciones o experiencia de estas personas. Por consiguiente las responsabilidades sobre justicia social para los indígenas de un determinado cargo de vicepresidente serán un factor pertinente claro al decidir a quién se nombra para este cargo.

Artículo 7

7.1. Publicaciones de la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres

535.La Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres produce una amplia gama de documentos destinados a la educación de la comunidad en general sobre los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres.

536.En febrero de 1998 la Comisión publicó As a matter of Fact: Answering the Myths and Misconceptions about Indigenous Australians (Los hechos: una respuesta a los mitos y conceptos erróneos sobre los indígenas australianos).

537.Cada sección de la publicación toma como punto de partida uno de los malentendidos o resentimientos comunes sobre los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres o un programa de asistencia del Gobierno. La obra presenta hechos y cifras e interpretaciones desde la perspectiva de los indígenas para demostrar que estas ideas son de hecho "mitos". Este documento puede comprarse a un precio económico y se ha distribuido ampliamente a la comunidad en general.

538.La Oficina del Ministro de Asuntos Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres ha publicado también una edición revisada de Rebutting the Myths (Refutación de los mitos). El folleto se ocupa de algunos de los mitos y falsedades inquietantes que circulan sobre los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres y sobre la administración de los asuntos indígenas.

539.Los temas de que se ocupa la obra Rebutting the Myths son:

-Financiación y responsabilidad en los asuntos indígenas;

-La función de la Comisión de Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres;

-Subvenciones del Estado;

-Acceso de los pueblos indígenas a los programas de educación y vivienda;

-El empleo y la actitud de los pueblos indígenas ante el trabajo; y

-Las reclamaciones de títulos de propiedad por los nativos.

7.2.Publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

540.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y el Comisionado de Discriminación Racial, desempeñan determinadas funciones con arreglo a las secciones 20 y 21 de la Ley sobre discriminación racial a fin de garantizar que se consigan progresos en la solución de las cuestiones de discriminación en Australia. El Comisionado de Discriminación Racial tiene la función de elaborar, ejecutar y promover programas de investigación y educación que fomenten las disposiciones y los fines de la Ley sobre discriminación racial. El Comisionado tiene una función activa en la realización de investigaciones y ha conseguido resultados importantes en algunas esferas básicas.

Estrategia nacional de relaciones con la comunidad

541.El Programa Nacional para una Australia Multicultural, que dio a conocer el Primer Ministro en julio de 1989, contiene el compromiso de preparar y ejecutar un programa tendiente a promover y fomentar el conocimiento de la importancia de unas relaciones armoniosas en la comunidad. A consecuencia de ello, la Comisión participó en un grupo de trabajo del Gobierno de base amplia encargado de preparar una estrategia de relaciones con la comunidad de ámbito nacional cuyos objetivos comprendían la reducción de la discriminación sistémica además de la discriminación directa contra personas de diferente raza, origen étnico, religión, cultura o idioma. El Grupo de Trabajo ha realizado esta tarea basándose extensamente en las investigaciones de la Comisión que figuran en el documento Investigación Nacional sobre la Violencia Racista, publicado en 1991.

542.Los siete proyectos iniciados dentro de la estrategia de relaciones con la comunidad son: Diferentes Colores y un Solo Pueblo; Código de Prácticas de la Propiedad Inmobiliaria; Compruebe sus Derechos; Liberar el Sistema; Proyecto Laboral; Reunión de Datos sobre las Motivaciones Racistas de los Delitos y una carpeta de capacitación para consejeros.

543.La Comisión ha iniciado un extenso conjunto de proyectos e investigaciones durante el período de seis años de que se informa en el presente documento. Se exponen a continuación algunos de estos proyectos.

La campaña Diferentes Colores y un Solo Pueblo

544.La campaña antirracista de 1992, Diferentes Colores y un Solo Pueblo, estaba dirigida específicamente a los jóvenes. Recibió la aprobación general por su estilo vivo y eficaz que recurría a personas muy conocidas de la música, la televisión y los deportes, personas admiradas por los jóvenes, a fin de ofrecer modelos de comportamiento para luchar activamente contra el racismo. La campaña Diferentes Colores y un Solo Pueblo fue promovida ampliamente por la Comisión y ejecutada por los departamentos de educación escolar de toda Australia.

La campaña Vivir en Armonía

545.La campaña antirracista Vivir en Armonía fue iniciada por el Gobierno en agosto de 1998. La campaña aprovecha la unidad de la sociedad australiana e hizo hincapié en que en Australia no puede haber lugar para el racismo. El elemento central de la campaña es un programa de subvenciones comunitarias que ayuda a las organizaciones a preparar proyectos para promover la armonía entre personas y grupos de diferentes orígenes culturales. Además, se creará una serie de asociaciones entre el Gobierno federal y organizaciones básicas de zonas importantes a nivel nacional para conseguir una mejor comprensión, respeto y cooperación entre personas de diferentes orígenes.

La Estrategia nacional de educación comunitaria e información pública

546.Después de aprobarse la Ley sobre odio racial de 1995, el Comisionado aplicó la Estrategia nacional de educación comunitaria e información pública. Los objetivos de esta estrategia eran concienciar al público sobre los derechos y responsabilidades derivadas de las enmiendas sobre odio racial, promover la tolerancia racial y desmentir el temor de que las leyes sobre odio racial constituyen una limitación importante de la libertad de expresión. Estrategias específicas se ocuparon de las siguientes esferas: las comunidades de orígenes no anglófonos para que sus miembros conocieran mejor sus derechos y responsabilidades con arreglo a las nuevas enmiendas; el Programa Nacional de Educación Comunitaria para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres; personas que trabajan en los medios de comunicación, con una campaña que incluía la producción de The Racial Hatred Act: A Guide for People Working in the Australian Media (La Ley sobre odio racial: una guía para personas que trabajan en los medios de comunicación australianos); el público en general, con el folleto Face the Facts (Enfrentémonos con los hechos) cuyo objeto es eliminar los mitos y la información equivocada; y la juventud mediante el comic Takin'a Stand (Plantar cara) distribuido en el ámbito nacional a escuelas y organizaciones de juventud durante 1997 y un CD-ROM The Making of Multicultural Australia (La formación de una Australia multicultural) que se puso a disposición de los estudiantes de tercer nivel.

Promoción de la concienciación laboral

547.Las demandas relacionadas con el empleo constituyen una mayoría evidente de las demandas oficiales por cuestiones de raza. Por este motivo la Comisión ha iniciado su labor en curso sobre proyectos encaminados a combatir el racismo en el trabajo proporcionando capacitación e información sobre la manera de gestionar la diversidad cultural en el sector público y privado. Por ejemplo en 1994/95, la Comisión emprendió un proyecto destinado a sindicatos y empleadores para concienciar sobre la discriminación racial que se centraba en facilitar información a los trabajadores sobre su derecho a presentar demandas e informaba a los empleadores sobre sus responsabilidades para minimizar los casos de discriminación en el trabajo. En otra iniciativa, la Comisión distribuyó durante 1997 a más de 800 organizaciones de empleadores, para que formulasen comentarios, un proyecto de Directrices para empleadores sobre la Ley de discriminación racial. Esto ha hecho posible producir un conjunto de "Directrices para el empleo" que estará a punto a primeros de junio de 1998.

7.3.Reconciliación

548.El establecimiento del Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes (véase en relación con el artículo 2 supra) ha sido una medida importante para luchar contra los prejuicios que conducen a la discriminación racial y promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los grupos étnicos de Australia.

549.Sigue a continuación una lista de trabajos preparados por el Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes:

-Caminando Juntos;

-Informe Anual del Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes, 1995-96;

-Calendario de la Reconciliación, 1997;

-Hoja de la Semana de Reconciliación con la Plegaria, 1997;

-Hoja de la Semana de Reconciliación, 1997;

-El Camino hacia la Reconciliación: Cuestiones sobre un Movimiento Popular;

-El Camino hacia la Reconciliación: la Renovación de la Nación;

-El Camino hacia la Reconciliación: la Respuesta del Pueblo;

-Hoja de la Convención sobre la Reconciliación de Australia;

-Folleto de la Convención sobre la Reconciliación de Australia;

-Cartel de la Convención sobre la Reconciliación de Australia;

-Adhesivo de la Convención sobre la Reconciliación de Australia;

-Hoja de Premios de la Convención sobre la Reconciliación de Australia;

-Cómo Aprovechar Mejor su Reunión;

-Convención sobre la Reconciliación de Australia: Hoja de los Actos Adicionales;

-Manual del Seminario de la Comisión sobre la Reconciliación de Australia;

-Programa de la Convención sobre la Reconciliación de Australia;

-Programa de premios de la Convención sobre la Reconciliación de Australia;

-Discurso Inaugural en Memoria de Vincent Lingiari;

-Acuerdos sobre Derechos Humanos y Documentos de Reconciliación;

-El Pueblo Indígena y la Constitución.

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