COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
45º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1235ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el jueves, 24 de mayo de 2007, a las 10.00 horas
Presidente: Sra. LEE
SUMARIO
Examen de los informes presentados por los Estados Partes (continuación)
Segundo informe periódico del Uruguay
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La presente acta podrá ser objeto de correcciones.
Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.
Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un único documento que se publicará poco después de finalizado el período de sesiones.
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (tema 6 del programa)(continuación)
Segundo y informe periódico del Uruguay (CRC/C/URY/2 y CRC/C/URY/Q/2 y Add.1; HRI/CORE.1/Add.9/Rev.1)
1.Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación del Uruguay toman asiento a la mesa del Comité.
2.La Sra. MARTÍNEZ (Uruguay) presenta el segundo informe periódico de su país (CRC/C/URY/2) y dice que en 2002 el Uruguay sufrió la peor crisis económica de su historia. La pobreza entre los niños de menos de cinco años subió al 57 por ciento, mientras que otros indicadores sociales mostraron un incremento pronunciado de la pobreza y el desempleo. El nuevo Gobierno, que llegó al poder en 2005, ha aplicado una política económica que ha hecho posible facilitar una recuperación productiva, reducir la deuda externa y cancelar la deuda del Uruguay con el Fondo Monetario Internacional; también ha aplicado métodos sostenibles para gestionar las cuentas del Estado. Desde 2005 la tasa de crecimiento del Uruguay ha superado las previsiones y el Uruguay ha alcanzado el producto interior bruto (PIB) más alto de su historia.
3.La recuperación económica ha hecho posible que el Gobierno se centrara en varias prioridades bien definidas, como las urgencias sociales, la educación, la salud, la infraestructuras, el sistema judicial y la seguridad pública. El Plan de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Social ha hecho posible responder a las necesidades de más de 400.000 personas dentro de una población total de 3.240.000 habitantes. El Plan comprende un programa de alimentos para las familias, un programa de atención de la salud, programas para las personas sin hogar, programas de asistencia a niños y familias y programas de empleo. A consecuencia de ellos los indicadores de pobreza han disminuido considerablemente, en especial entre las personas de menos de 17 años. En 2007 el Plan se sustituirá por el Plan Nacional de Igualdad, que promoverá la igualdad generacional, territorial y de género y la igualdad de oportunidades.
4.El Uruguay se ha esforzado también en desarrollar instituciones democráticas y garantizar el respeto por los derechos civiles y las libertades. El Gobierno, enfrentado con el oneroso legado de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, está intentando restaurar los valores de la verdad y la justicia. Al mismo tiempo procura ampliar el ámbito de los derechos civiles, económicos y sociales para todos los uruguayos. A este fin ha creado la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda Otra Forma de Discriminación y ha adoptado iniciativas en materia de derechos de género, de niños y adolescentes.
5. El Sr. GIORGI (Uruguay) dice que, si bien el segundo informe periódico fue preparado por la anterior administración, se ha presentado sin cambios para evitar más retrasos. El actual Gobierno se muestra muy crítico hacia la estructura, formato y contenido del informe. El Uruguay no ha adoptado medidas para armonizar su legislación o sus prácticas institucionales durante el período informado, pero ha mejorado la comprensión general de las disposiciones de la Convención. La aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en septiembre de 2004, después de casi cuatro años de deliberaciones, ha sido un paso importante en relación con la incorporación de las disposiciones de la Convención en la legislación interna. El actual Gobierno ha asignado recientemente fondos a la aplicación del Código.
6.Ha habido algunas evoluciones especialmente positivas: la reforma legislativa, una mayor coordinación entre los órganos públicos encargados de aplicar la Convención y la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Se han asignado fondos adicionales a las medidas de protección del niño, y se ha creado un órgano especial entre organismos para prevenir la violencia contra niños.
7.La PRESIDENTA dice que el Comité se enfrenta con una difícil situación, porque el informe fue preparado por el anterior Gobierno. Es lamentable que no se haya dispuesto de traducciones de las respuestas por escrito a tiempo para la sesión.
8. El Sr. ZERMATTEN (Relator del país) elogia los cambios positivos que ha habido en el Uruguay, incluida la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, el establecimiento del Consejo Nacional Consultivo Nacional, y la ejecución del Plan de Emergencia Social. Acoge con satisfacción la ratificación por el Uruguay del Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional y los dos protocolos optativos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
9. El informe es de difícil comprensión, porque es poco claro y está en gran parte desfasado. Si bien las respuestas escritas ofrecen algunos esclarecimientos, el Uruguay está todavía en proceso de reforma, lo que dificulta la tarea del Comité de evaluar la situación con objetividad. Preocupa que el Uruguay no haya aplicado algunas recomendaciones que el Comité formuló después del examen del informe inicial del Uruguay (CRC/C/3/Add.37); la recomendación en cuestión se refería a la coordinación entre las instituciones que se ocupan de la promoción y protección de los derechos de los niños, la vigilancia independiente de los derechos de los niños, la violencia contra los niños, la salud de los adolescentes y la explotación sexual. El orador desea saber la función exacta del Consejo Consultivo Honorario Nacional y si tiene alguna autoridad. Se pregunta si el Estado que informa presta suficiente atención a la necesidad de armonizar las legislación nueva y la existente.
10. El Relator acoge con agrado el establecimiento del Ministerio de Desarrollo social que incorpora el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay pero señala que no está clara la función del Ministerio, del Instituto y del Programa Infancia, Adolescencia y Familia (INFAMILIA). Pregunta qué sucederá cuando llegue a su fin la financiación de INFAMILIA por el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien se han creado el Plan de Emergencia Social y otros programas para reducir la pobreza, hay una necesidad urgente de disponer de un plan nacional.
11. Lamenta la falta de datos estadísticos en el informe, porque esta información es esencial para una formulación eficaz de políticas. Pregunta si el Uruguay tiene un instituto nacional de estadística para reunir datos desglosados, a fin de poder hacer comparaciones entre muchachos y muchachas, grupos de edad, y zonas rurales y urbanas. Es evidente por el informe que ha habido falta de coordinación entre los ministerios. El Estado parte debería difundir más ampliamente el informe.
12. La Sra. ORTIZ (Relatora suplente del país) solicita información sobre la función del Consejo Consultivo Honorario Nacional. Parece ser que el Estado Parte no dispone de un órgano eficaz de coordinación encargado de garantizar la aplicación del Código por todo el país. El Uruguay no parece que tenga una estrategia o plan nacional claros para aplicar la Convención, y la relatora suplente se pregunta si le falta la voluntad política para hacerlo. La delegación debería explicar si el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay dispone de suficientes recursos financieros para cumplir su mandato.
13. Le complace saber que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una función importante en la aplicación de la Convención. La oradora sugiere que los generosos recursos financieros asignados al Ministerio de Desarrollo Social podrían utilizarse para fortalecer un sistema amplio de protección de la infancia.
14. La Sra. ALUOCH pide que la delegación indique cómo se define la tortura en la legislación del Uruguay. Ha habido informes de que en 2006 jóvenes de unos centros de rehabilitación sufrieron malos tratos y la oradora pregunta si el Gobierno ha respondido o tiene previsto responder a las recomendaciones hechas en 2003 por la Organización Mundial contra la Tortura sobre la manera de mejorar las condiciones en los centros de detención de delincuentes juveniles en el Uruguay.
15. El Sr. CITARELLA pregunta cómo se define el niño en el Uruguay y solicita información actualizada sobre la duración de la enseñanza obligatoria. Desea saber si el Gobierno tiene intención de aumentar la edad mínima de matrimonio para hombres y mujeres. Las respuestas por escritas a la lista de cuestiones del Comité (CRC/C/URY/Q/2/Add.1) se referían a los centros de detención de delincuentes juveniles, lo que al parecer contradice la afirmación del segundo informe periódico de que la edad de responsabilidad penal es de 18 años.
16. La Sra. SMITH lamenta que el segundo informe periódico no informe mucho y que las respuestas escritas no se hayan traducido. Pregunta si hay voluntad política real de mejorar la situación socioeconómica de los niños. En relación con la libertad de expresión, desea saber si los niños pueden expresar libremente sus opiniones en los medios de comunicación y si pueden ejercer su derecho a la libertad de asociación.
17. El Sr. KRAPPMANN dice que cuando el Comité examinó el informe inicial del Uruguay observó que el país no ofrece oportunidades adecuadas a los niños para que se les pueda oír en los procesos judiciales y administrativos que les afectan. Habida cuenta de los principios contenidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, desea saber qué se ha hecho o se hará para rectificar esta situación. Pide información sobre las opiniones de los niños en los establecimientos educativos y de los niños que viven en instituciones. Los padres están legalmente obligados a tener en cuenta las opiniones de los niños y a respetar su derecho a ser oídos, por lo que desea saber qué sucede en la práctica. La delegación debería comentar los informes según los cuales las opiniones de los niños no se tienen debidamente en cuenta en la administración de la justicia juvenil*.
18. El Sr. PARFITT pregunta si el Uruguay tiene el equivalente de una comisión nacional de derechos humanos y una oficina del defensor del pueblo. Si no hay ningún mecanismo independiente de vigilancia de los derechos humanos y de denuncias sobre ellos, se pregunta si el Gobierno tiene previsto crearlo, de conformidad con los Principios de París y la Observación General nº 2 del Comité. Recuerda que estos mecanismos deberían ser fácilmente accesibles a los menores. Pregunta si es cierto que el Comisionado Parlamentario para las Cárceles no tiene jurisdicción sobre los centros de detención de delincuentes juveniles.
19. La Sra. KHATTAB pide a la delegación que comente informes según los cuales el Registro Civil y los tribunales del Uruguay discriminan de modo rutinario contra los padres no casados y sus hijos. Pregunta si es cierto que a los niños nacidos fuera de matrimonio se les dan apellidos que comportan un estigma social. Desea saber qué está haciendo el Gobierno para prevenir los embarazos de adolescentes. Pregunta si se denuncian los casos de castigos corporales siempre que se aplican y de ser así de qué datos se dispone sobre este tema.
20. El Sr. SIDDIQUI pregunta qué proporción del presupuesto del Estado se asigna a los niños. Se pregunta si se consulta a los niños, a ONG relacionadas con los niños y a órganos locales elegidos democráticamente cuando se preparan los presupuestos del Estado. En caso negativo, pregunta si el Gobierno tiene previsto consultarlos en el futuro.
21. El Sr. KOTRANE pide esclarecimientos sobre el estatuto de la Convención en la legislación interna y pide ejemplos de jurisprudencia nacional en los que los tratados de derechos humanos han tenido precedencia sobre la legislación interna. Pregunta si los padres, jueces y sacerdotes están informados adecuadamente sobre las disposiciones de la Convención.
22. El Sr. POLLAR pregunta si hay un plan nacional de acción sobre los derechos del niño y en caso afirmativo cómo se ha preparado. Pide esclarecimientos sobre la coordinación de la formulación de políticas entre el Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente y el Instituto del Niño y Adolescente. Desea saber cómo se vigila y quién vigila la aplicación de los derechos de los niños. Se pregunta si el Uruguay ha aplicado medidas de concienciación sobre los derechos del niño y sobre la Convención en particular. Pregunta en qué medida se consulta a las ONG sobre política relacionada con los niños y hasta qué punto se les consultó cuando se preparó el segundo informe periódico.
23. La Sra. HERCZOG pregunta si los adolescentes casados se definen como niños o como adultos en el Uruguay y si hay algún programa del Estado para disuadir de casarse a las personas menores de 18 años. En relación con el Código de la Niñez y la Adolescencia, pregunta qué distinción legal se establece entre una disciplina adecuada, que puede incluir castigos corporales, y la violencia doméstica o el abuso contra niños.
La sesión se suspende a las 11.15 horas y se reanuda a las 11.40 horas
24. La Sra. MARTÍNEZ (Uruguay) dice que, si bien el Código de la Niñez y la Adolescencia constituye una gran mejora en relación con el Código de Niños de 1934 todavía tiene muchas deficiencias. Además, se han presentado a la legislatura un gran número de enmiendas al Código de la Niñez y Adolescencia, así como a otras leyes sobre cuestiones de la niñez. Se está intentando actualmente armonizar estas enmiendas sobre la base del principio general del respeto por el interés superior del niño.
25. Una enmienda propuesta al Código Civil eliminaría la disposición que permite actualmente a los padres o tutores disciplinar “moderadamente” a los niños, porque esta disposición podría interpretarse como permiso para los castigos corporales.
26. El Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente, que se creó el 12 de febrero de 2007, está formado por funcionarios de los niveles más altos del Gobierno y representantes de la sociedad civil. Su función primaria es promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales relativas a niños y adolescentes.
27. La PRESIDENTA desea saber quién decide, cuando los padres recurren al castigo corporal, si este castigo es suficientemente “moderado”.
28. La Sra. MARTÍNEZ (Uruguay) dice que la disposición en cuestión del Código Civil se remonta a unos 150 años. La enmienda propuesta prohíbe expresamente a padres, tutores legales y todas las personas que se ocupan de la atención, tratamiento, educación o tutoría de niños utilizar castigos físicos o tratos humillantes en forma de correctivo o de disciplina de niños o adolescentes. Los menores pueden presentar denuncias a la policía o al Instituto del Niño y Adolescente, pero no hay ningún órgano específico encargado de recibir denuncias de abusos de niños y adolescentes. Sin embargo, el Parlamento está considerando actualmente un proyecto de ley sobre el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos que recibiría denuncias de grupos de personas.
29. El Sr. BANGO (Uruguay) dice que desde 2004 ha habido un cambio fundamental en la filosofía en que se basa la política social del Uruguay. En aquel año, hubo un acuerdo general en el sentido de que las políticas sociales, en especial las políticas sociales para niños, no estaban bien coordinadas. El enfoque adoptado por el nuevo Gobierno es combinar la política social y económica en una estrategia conjunta de desarrollo que considera al niño como sujeto de derechos. La política social para los niños se consideró no sólo desde el punto de vista de la prestación de servicios sino también como una oportunidad para alentar la participación social de los niños.
30. Con arreglo al nuevo enfoque, la función del Estado es garantizar los derechos de los niños, formular políticas y establecer una relación con la sociedad civil a fin de aprovechar sus vastos conocimientos sobre cuestiones de la niñez. El Gobierno está en proceso de reestructurar sus instituciones para que reflejen la nueva política para niños basada en los derechos. El primer paso de este proceso ha sido la creación del Ministerio de Desarrollo Social, cuyos objetivos son solucionar la pobreza y coordinar la política social, incluida la política sobre la infancia. Como parte de este nuevo enfoque, se ha transferido INFAMILIA al Ministerio de Desarrollo Social, donde podrá desempeñar mejor su función de coordinación, además de fortalecer la capacidad institucional del Instituto del Niño y Adolescente. Uno de los objetivos centrales de INFAMILIA es promover la creación de capacidades en órganos que ejecutan una política social.
31. El Sr. ZERMATTEN (Relator del país) desea saber por qué INFAMILIA no se ha fusionado con el Instituto del Niño y Adolescente, lo que tendría la ventaja de evitar duplicaciones y de garantizar la financiación del programa cuando se hayan agotado los fondos procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo.
32. La Sra. SMITH pregunta si se asignan suficientes recursos a las necesidades de los niños en el Uruguay, porque los ministerios que se ocupan de estas cuestiones tienen que competir por fondos con otros ministerios. Habida cuenta la distribución desigual de la riqueza en el Uruguay, la oradora sugiere que podría disponerse de fondos adicionales gravando con impuestos a quienes pudiesen pagar más.
33. La Sra. ORTIZ pregunta qué medidas se han adoptado para formar en derechos del niño al personal judicial y a los funcionarios de otras instituciones del Estado. Pregunta si se enseñan en instituciones educativas los principios de la Convención. La delegación debería explicar cómo se está mejorando la reunión de datos. Pregunta por qué no se ha formulado un plan nacional para los niños.
34. La PRESIDENTA sugiere que el Uruguay debería considerar la posibilidad de establecer un órgano permanente interministerial que vigile todo el proceso de formulación de políticas y que promueva y coordine las actividades de todos los sectores.
35. El Sr. BANGO (Uruguay) dice que el Gabinete Social coordina todas las políticas sociales. En lugar de un plan nacional para los niños, el Gobierno ha preparado una estrategia nacional para niños y adolescentes basada en los cuatro derechos fundamentales definidos en la Convención. La siguiente fase será informar a la sociedad civil, generar un debate público y aprobar oficialmente la estrategia.
36. Los sistemas de información en el Uruguay están totalmente obsoletos y no permiten vigilar ni evaluar los programas para niños. Existen estadísticas actualizadas sobre los niños, pero es preciso desarrollar sistemas más complejos para que las instituciones puedan compartir estas estadísticas y tener acceso a ellas. El Gobierno está actualmente preparando un sistema nacional de información que quedará finalizado en enero de 2008.
37. El Sr. GIORGI (Uruguay) dice que el mandato del Instituto del Niño y Adolescente es garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía por los niños y jóvenes. Si bien el Instituto ha cambiado recientemente de nombre, conserva la estructura organizativa del Instituto Nacional del Menor, que se fundó en 1988. El Gobierno se enfrenta con la difícil tarea de reestructurar el Instituto y de formular nuevas políticas para desempeñar su mandato. A este fin ha realizado un estudio de los organismos y especialistas que se ocupan de los niños a fin de evaluar la aplicación en todo el país de los derechos de los niños. Los resultados del estudio han demostrado que el derecho de los niños a la protección no se ha cumplido por determinadas razones, entre ellas la poca eficacia de las instituciones del Estado y la ruptura de la unidad familiar.
38. Se ha iniciado también un proceso de creación de capacidades institucionales, con el apoyo de INFAMILIA. El proceso ha incluido la formación en derechos humanos del personal existente y la contratación de nuevo personal. El proceso de creación de capacidades ha supuesto también el mejoramiento de los sistemas de información, como el Proyecto del Sistema Nacional de Información sobre la Niñez y la Adolescencia. El Proyecto es un instrumento útil para proporcionar información general sobre la situación de los niños en el Uruguay, pero no está basado en derechos. El proyecto se transformará progresivamente en un mecanismo para vigilar el cumplimiento de los derechos del niño en el país.
39. El Sr. ZERMATTEN dice que la pobreza es un problema importante en el Uruguay, porque afecta en particular a los niños. Parece ser que a partir de 2006 ha habido un ligero mejoramiento de la situación. El orador pide información sobre los resultados de la estrategia nacional de reducción de la pobreza en el Uruguay y pregunta si las diferentes partes interesadas han adoptado un enfoque coordinado para resolver el problema.
40. La Sra. ORTIZ pregunta cómo coopera el Gobierno con la prensa y los medios de comunicación a fin de difundir la Convención y de concienciar al público sobre los derechos de los niños. Pregunta qué medidas se han adoptado para prevenir la explotación de los niños por la pornografía en Internet.
41. Pregunta si el objetivo de la nueva legislación sobre la adopción es eliminar progresivamente la adopción simple, que no salvaguarda el interés superior del niño. También pregunta si la nueva legislación permite a los niños seguir con su familia biológica hasta la finalización de los trámites de adopción. Desea saber si los notarios desempeñan un papel en estos trámites.
42. El Sr. SIDDIQUI dice que es importante determinar las causas fundamentales de la extensa pobreza en el Uruguay. Se pregunta si la pobreza puede atribuirse a la incapacidad de sucesivos Gobierno de llevar a cabo la reforma agraria, establecer un sistema fiscal progresivo y diversificar la economía nacional.
43. El Sr. PURAS pregunta qué medidas ha adoptado el Estado Parte para garantizar la integración de los niños discapacitados en la sociedad. Desea saber si los padres de los niños discapacitados pueden escoger entre escuelas especiales o integradas y si el Estado o la sociedad civil organiza grupos de apoyo para padres de niños discapacitados.
44. El orador pregunta si se dispone de servicios amplios de atención de la salud mental, porque es importante tratar los problemas psicológicos y de comportamiento de los niños antes de que tengan consecuencias más graves. El Gobierno debería distribuir las partidas presupuestarias para el sector de la salud de modo equitativo entre las distintas esferas sanitarias. La delegación debería suministrar ejemplos sobre cómo el Gobierno tiene previsto desarrollar sectores de salud mental, salud pública y salud preventiva, que son importantes para la protección de los derechos de los niños.
45. El Sr. CITARELLA dice que el informe no suministra suficiente información sobre la administración de la justicia juvenil. Pregunta si hay procedimientos especiales para tratar la delincuencia juvenil y si hay tribunales y jueces juveniles. Pide información adicional sobre la detención y sobre cómo funcionan los centros de detención. No está claro qué delitos pueden incurrir en la máxima pena de cinco años de prisión. Pregunta si hay medidas alternativas a la detención.
46. La Sra. AL-THANI pregunta qué acceso tienen los niños discapacitados a los centros y servicios públicos en sectores distintos de la educación, como el transporte, el recreo y la cultura. En relación con la atención de la salud pregunta qué iniciativas ha adoptado el Gobierno para reducir las disparidades entre las diferentes regiones y entre los sectores público y privado. También pregunta cómo tiene previsto el Gobierno ocuparse de la malnutrición crónica y del aumento del abuso de drogas entre los jóvenes.
47. El Sr. POLLAR desea saber la edad mínima de reclutamiento en el ejército. Pregunta si los miembros de las fuerzas armadas reciben formación en protección de los derechos de los niños.
48. La Sra. KHATTAB dice que le preocupa la incidencia de los embarazos de adolescentes y el hecho de que sea difícil contabilizar las tasas de mortalidad porque el aborto es ilegal. Otra preocupación es la explotación sexual de los niños. Según un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones, los niños de algunas ciudades del Uruguay venden sexo por sólo un peso. Al parecer este comportamiento se considera aceptable y no se denuncia a la policía. Pregunta qué medidas adopta el Gobierno para combatir el problema.
49. Con arreglo al derecho del Uruguay la pornografía infantil es un delito punible. Por lo que se sabe, no hay políticas del Estado para prevenir la pornografía infantil ni campañas del Estado o de la sociedad civil para concienciar sobre el problema. De modo semejante, no se presta suficiente atención a la trata de muchachas jóvenes. Se han recibido informes en 2006 según los cuales se realiza la trata en Italia de muchachas uruguayas de barrios pobres de Montevideo. La oradora pregunta si el Gobierno tiene intención de aplicar las recomendaciones contenidas en el estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños.
50. La Sra. AIDOO dice que la pobreza entre los niños del Uruguay es alarmantemente elevada lo que socava seriamente el ejercicio de sus derechos. Pregunta si hay un sistema para vigilar la pobreza infantil, porque de este modo se podría dirigir la asistencia a los niños que más la necesitan.
51. La oradora pregunta si hay coordinación entre los organismos del Estado que se ocupan de la salud, la educación y el trabajo para solucionar el problema de la pobreza infantil. Algunas de las consecuencias de esta pobreza son las tasas elevadas de repetición en las escuelas primarias y las tasas elevadas de abandono en las escuelas secundarias. La tasa de abandono es bastante más elevado para muchachos que para muchachas y no es coincidencia que haya más muchachos que muchachas en el subempleo de los menores.
52. La información sobre el trabajo infantil que suministra el Estado parte está desfasada, por lo que pide si están en curso de realización estudios sobre el trabajo infantil, y qué iniciativas ha emprendido el Estado para cumplir sus obligaciones con arreglo al Convenio No. 182 de la OIT.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas
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