* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Información suministrada por Filipinas relativa al seguimiento de las observaciones finales sobre su noveno informe periódico *
[Fecha de recepción: 30 de marzo de 2026]
I.Introducción
El Gobierno de la República de Filipinas reafirma su compromiso con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y acoge con satisfacción las observaciones finales del Comité aprobadas en sus sesiones 2003ª y 2004ª, celebradas el 11 de octubre de 2023.
Este informe se presenta de conformidad con el párrafo 58 de las observaciones finales, en el que se solicita que, en un plazo de dos años, se facilite información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de los párrafos 14 a) y b), relativas al marco legislativo; 36 a) y b), relativas a las mujeres defensoras de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente y las periodistas; y 44 c), relativo a la salud.
El informe fue elaborado por la Comisión Filipina de la Mujer, junto con la Secretaría del Comité Presidencial de Derechos Humanos, en su calidad de mecanismo nacional de aplicación, presentación de informes y seguimiento, y en estrecha colaboración con el Departamento de Relaciones Exteriores, el Departamento de Justicia, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, el Departamento de Salud y la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. Asimismo, se solicitaron aportaciones a la Comisión de Mujeres de Bangsamoro, de la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán.
De conformidad con sus obligaciones, contraídas en virtud de los artículos 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de eliminar la discriminación adoptando medidas legislativas y de política, Filipinas ha tomado las medidas que figuran a continuación.
II.Información de seguimiento de las observaciones finales (CEDAW/C/PHL/CO/9)
A.Información relativa a los párrafos 14 a) y b)
Proyecto de ley integral contra la discriminación
Durante el período del que se informa se presentaron varios proyectos de ley para reforzar las medidas de protección frente a la violencia contra las mujeres y la violencia de género. El proyecto de ley del Senado núm. 2766, el proyecto de ley integral contra la discriminación, llegó a la segunda lectura en el Senado en agosto de 2024. Estas medidas respaldan los artículos 2 y 5 a) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que exigen a los Estados que prohíban la discriminación y aborden las normas sociales y culturales discriminatorias.
En la Cámara de Representantes, la medida siguió siendo examinada por el Comité de Derechos Humanos. Con la transición al 20º Congreso tras las elecciones de mitad de período celebradas en mayo de 2025, se prevé que los proyectos de ley del 19º Congreso que están pendientes, incluidos los que promueven la igualdad de género y la no discriminación, se vuelvan a presentar para seguir debatiéndolos.
Paralelamente a las iniciativas legislativas, la Coalición para Poner Fin a la Discriminación, una red de organizaciones de derechos humanos, ha venido presionando activamente para que se apruebe el proyecto de ley integral contra la discriminación. Parte del trabajo de la Coalición consiste en apoyar la aprobación de ordenanzas locales contra la discriminación e impulsar las iniciativas de promoción para promover la legislación.
A 2023, el Estado ha registrado 73 ordenanzas promulgadas contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género, 69 de las cuales están en vigor en barangáis, ciudades y provincias. Estas medidas protegen a unos 36 millones de filipinos reforzando la igualdad, los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Proyecto de ley de igualdad en materia de orientación sexual y de expresión de la identidad de género
En consonancia con la Carta Magna de la Mujer, se presentó el proyecto de ley de igualdad en materia de orientación sexual y de expresión de la identidad de género, que en diciembre de 2022 obtuvo el apoyo de 19 senadores tras ser aprobado por el Comité del Senado sobre la Mujer, la Infancia, las Relaciones Familiares y la Igualdad de Género. Aunque la propuesta sigue pendiente ante el Congreso, el Estado sigue impulsando un enfoque pangubernamental para prohibir la discriminación por motivo de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
Estas iniciativas abarcan a múltiples organismos gubernamentales y grupos de la sociedad civil que han creado una red de vigilancia sobre cuestiones de orientación sexual e identidad y expresión de género. El 23 de diciembre de 2023, el Estado promulgó el Decreto núm. 51, por el que se reforzaba el Programa de Diversidad e Inclusión, se reconstituía el Comité Interinstitucional sobre Diversidad e Inclusión y se creaba un Comité Especial sobre Asuntos LGBTQIA+, subrayando así su compromiso de combatir la discriminación y promover los derechos de todos los filipinos, independientemente de su género u orientación sexual.
Estas iniciativas son acordes con lo dispuesto en el artículo 2 d) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obliga a los Estados a abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer, así como con la recomendación general núm. 28 (2010), que detalla las obligaciones fundamentales de los Estados en virtud del artículo 2 de la Convención.
A través de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, el Estado intensificó iniciativas de sensibilización como la campaña “No More Missing Out”, que afirmaba que las víctimas de delitos de odio no son estadísticas sino personas con vidas y voces propias. La campaña promueve el reconocimiento de todos los filipinos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, y sirve de base para los esfuerzos por desmantelar las estructuras que permiten la persecución y la victimización, impulsando así la aplicación del artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al cuestionar los estereotipos y las normas sociales discriminatorias.
La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas como Defensoría de Género
El Estado, a través de la Comisión de Derechos Humanos, cumple su mandato de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas, lo que incluye la adopción de medidas eficaces para promover los derechos humanos e investigar todas las formas de violación de estos. A través de la Carta Magna de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas creó su Centro para la Igualdad de Género y los Derechos de la Mujer para elaborar y aplicar programas y actividades que aboguen por la protección de la dignidad de todas las personas, así como para vigilar y combatir otras formas de violencia contra la mujer.
El Informe de la Defensoría del Género de 2023 evaluó la situación de los derechos humanos de las mujeres durante el primer semestre en virtud de la Carta Magna de la Mujer y destacó la Ley de la República núm. 11313 (la Ley de Espacios Seguros), que amplió la protección contra el acoso sexual por razón de género en las calles, los espacios públicos y las plataformas en línea. La Ley establece una protección jurídica más firme para las mujeres y amplía estas salvaguardias a los miembros de la comunidad LGBTQIA+.
A 2023 se habían registrado 473 violaciones de la Ley de Espacios Seguros cometidas entre 2019 y 2022. Los organismos encargados de la aplicación han redoblado sus esfuerzos para adaptar las directrices y los mecanismos al contexto local a fin de subsanar las deficiencias, en particular mediante la creación de oficinas de atención a los casos de violencia contra la mujer y de lucha contra el acoso sexual en 37.686 de los 42.045 barangáis (el 89,6 %), la difusión de materiales de información, educación y comunicación, y el refuerzo de la remisión de casos y la coordinación entre organismos.
La Ley de Espacios Seguros también es acorde con la recomendación general núm. 35 (2017) del CEDAW relativa a la violencia de género, que insta a los Estados a tipificar como delito el acoso sexual y combatirlo en todos los entornos.
En su calidad de Defensoría de Género, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas lleva a cabo investigaciones sobre los casos que gestionan sus 16 oficinas regionales. La resolución núm. A96-005 de esta Comisión le atribuye el mandato de investigar las violaciones de los derechos civiles y políticos e identificar a sus autores, de conformidad con sus directrices de investigación y su manual de gestión de casos, donde se establecen los procedimientos de reparación en los casos que afectan a mujeres y a personas LGBTQIA+.
La Comisión Filipina de la Mujer como órgano de formulación de políticas y coordinación
Durante el 19o Congreso, el Estado, a través de la Comisión Filipina de la Mujer, impulsó la Ley de Igualdad en materia de orientación sexual e identidad y expresión de género en el marco de la Agenda Legislativa Prioritaria para las Mujeres. La Comisión Filipina de la Mujer publicó informes de políticas basados en datos y derechos destinados a los legisladores, la sociedad civil y otras partes interesadas, en los que se exponían los fundamentos del proyecto de ley, la necesidad de tipificar como delito la discriminación, y recomendaciones para su aplicación y reparación.
Con la transición al 20o Congreso tras las elecciones de mayo de 2025, el Estado sigue comprometido a volver a presentar y aprobar oportunamente el proyecto de ley. El Estado también sigue reforzando la capacidad gubernamental en cuestiones de orientación sexual e identidad y expresión de género, entre otras cosas poniendo en marcha un módulo de formación en sensibilidad de género dirigido a autores de delitos contra la Ley de Espacios Seguros. Estas iniciativas contribuyen al cumplimiento de los artículos 10 c) y h) de la Convención promoviendo la educación para eliminar los estereotipos de género en todas las instituciones.
Se celebró un curso de formación de tres días, en el que participaron 20 agentes de la Policía Nacional de Filipinas, 12 miembros de la entidad Men Opposed to Violence against Women Everywhere, de Aklan, y representantes de la Comisión Filipina de la Mujer, para ampliar el grupo de formadores para la sensibilización en materia de género destinada a los autores de delitos contra la Ley de Espacios Seguros. Gracias al curso se reforzaron las competencias de facilitación, se perfeccionó el borrador del módulo, se elaboraron materiales de apoyo y se produjo un plan para la implementación en el seno de la Policía Nacional de Filipinas y la entidad Men Opposed to Violence against Women Everywhere, de Aklan.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos continuos del Gobierno por integrar la perspectiva de género, velando por que las políticas y los programas tengan en cuenta toda la gama de identidades y expresiones de género.
B.Información relativa a los párrafos 36 a) y b)
Sobre la protección de las mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas, incluida Maria Ressa, frente al acoso, la vigilancia o las restricciones indebidas, la detención arbitraria y el enjuiciamiento arbitrario
En 2020, Maria Ressa fue declarada culpable de difamación cibernética debido a un reportaje de investigación publicado en 2012. Dos semanas después, se revocó la licencia de Rappler. Estos asuntos han sido objeto de procedimientos judiciales en los que la Sra. Ressa ha interpuesto varios recursos y en los que diversas organizaciones de vigilancia y coaliciones se han sumado a ella para recurrir la decisión judicial. En 2023, los tribunales absolvieron a Ressa y a Rappler del quinto y último cargo de evasión fiscal, con lo que desestimaron todos los aspectos civiles y penales del caso. Este resultado demuestra la independencia del poder judicial y del estado de derecho en Filipinas.
Estas medidas de protección están vinculadas al artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que garantiza la participación de las mujeres en la vida pública, incluida la libertad de expresión y de asociación, y a la recomendación general núm. 33 (2015), relativa al acceso a la justicia.
En el 19o Congreso, el Estado ha introducido medidas clave para proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas. En particular, el proyecto de ley núm. 2521 del Senado tiene por objeto despenalizar la difamación, en particular para apoyar el periodismo comunitario en entornos vulnerables.
El mencionado proyecto de ley del Senado elimina las penas de prisión por difamación y aclara la competencia judicial para las acciones civiles conexas, a fin de armonizar la legislación filipina con las normas internacionales de libertad de prensa. El proyecto de ley del Senado núm. 2335 propone también un seguro y prestaciones de carácter obligatorio para los periodistas, incluidos los autónomos, para ofrecerles protección y apoyo en situaciones peligrosas.
El proyecto de ley sobre defensores de los derechos humanos, presentado en 2021 y remitido al Comité de Justicia y Derechos Humanos del Senado en 2023, tiene por objeto proteger a los defensores de los derechos humanos y combatir la impunidad. En consonancia con la Carta Magna de la Mujer y la Ley contra las Desapariciones Forzadas, afirma la obligación del Estado de proteger a los defensores de los derechos humanos conforme al artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Un proyecto de ley paralelo presentado en la Cámara de Representantes en 2022 sigue pendiente de aprobación ante el Comité de Derechos Humanos.
Las instancias legislativas de la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán han presentado un proyecto de ley para proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos donde se definen sus derechos y libertades, incluido el derecho a un recurso efectivo y al acceso a una reparación económica y no económica completa en caso de infracciones. Asimismo, el proyecto de ley tiene por objeto crear un Comité de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos para garantizar la rendición de cuentas, fomentar la coordinación interinstitucional y crear mecanismos para el seguimiento y la presentación de informes de carácter sistemático.
En 2023, el Estado aprobó un Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad de diez años de duración para abordar de forma proactiva los factores que causan los conflictos armados y responder al mismo tiempo a las necesidades interrelacionadas de las mujeres, las niñas y los jóvenes. Filipinas es el primer país de Asia en adoptar un plan completo que integra las intervenciones de las administraciones nacional y local en los planes, presupuestos e informes de resultados sobre género y desarrollo, tal y como exige la Carta Magna de la Mujer.
El Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad establece medidas para apoyar a las mujeres que trabajan en la consolidación de la paz y a las defensoras de los derechos humanos. La acción 8 refuerza las capacidades de las organizaciones comunitarias de mujeres, las mujeres que trabajan en la consolidación de la paz y las defensoras de los derechos humanos en materia de ciberseguridad y consolidación de la paz en el ámbito digital. La acción 12.8 prevé la asistencia jurídica para las defensoras de los derechos humanos acusadas o detenidas y garantiza la protección de los testigos que declaran en nombre de estas.
El Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad se estructura en torno a dos resultados principales extraídos de las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 1) protección y prevención, y 2) empoderamiento y participación. Estos se sustentan en dos resultados facilitadores: a) promoción e integración, y b) seguimiento y evaluación.
Sobre la base del Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, el Estado elaboró el Plan de Acción Regional de la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, en el que se destaca el papel eficaz de las mujeres en la consolidación, el establecimiento y el mantenimiento de la paz, se da prioridad a la prevención de conflictos enmarcando a las mujeres, la paz y la seguridad como una cuestión de derechos humanos, se promueve la justicia transicional y se combate el extremismo apoyando a las mujeres dedicadas a la consolidación de la paz.
El Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad pone en práctica los artículos 3 (desarrollo y adelanto de las mujeres) y 7 (participación en la vida pública) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, integrando al mismo tiempo las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sobre la observancia de las debidas garantías procesales en la investigación y el enjuiciamiento de todos los actos de acoso, violencia de género, discriminación, intimidación y represalias contra las defensoras de los derechos humanos
El Estado hace hincapié en las debidas garantías procesales en virtud del artículoIII, sección 1, de la Constitución filipina de 1987, que garantiza la vida, la libertad, la propiedad y la igual protección de la ley, en consonancia con el artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la recomendación general núm. 33 de la CEDAW, relativa al acceso de las mujeres a la justicia.
De conformidad con las disposiciones de la Carta Magna de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas aprobó en 2016 las Directrices de la Defensoría de Género, que establecen los tres protocolos principales para la aplicación de la Carta Magna de la Mujer y las leyes conexas sobre derechos de la mujer, concretamente sobre la investigación de casos para proteger los derechos de la mujer.
El Cuarto Plan Filipino de Derechos Humanos subraya la prioridad del Estado de reforzar los mecanismos nacionales de rendición de cuentas para hacer frente a graves violaciones de los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, así como la mejora de las condiciones en las prisiones y los programas de rehabilitación para las personas privadas de libertad.
El Estado ha publicado una nota orientativa regional sobre la prevención de la violencia de género y la respuesta a ella, que esboza los principios rectores para los principales actores haciendo hincapié en el respeto, la confidencialidad, la seguridad y la no discriminación. El protocolo de atención a las supervivientes de la violencia de género establece un enfoque gradual para el cumplimiento de la ley centrado en las supervivientes: 1) preparación, 2) acogida, 3) escucha, 4) facilitación de información, 5) derivación y 6) cierre.
Además, la vía de derivación multidisciplinar que se destaca en el documento tiene por objeto ofrecer orientación y asesoramiento a los supervivientes o testigos de situaciones relacionadas con la protección de la infancia y la violencia de género describiendo los tipos de malos tratos, abandono y explotación que deben ser denunciados por la comunidad.
C.Información relativa al párrafo 44 c)
Filipinas observa la recomendación del Comité de modificar los artículos 256 a 259 del Código Penal Revisado para legalizar el aborto por motivos concretos: peligro para la vida o la salud, violación, incesto o malformación fetal grave, y para despenalizarlo en otros casos.
La Ley de Paternidad y Maternidad Responsables y Salud Reproductiva de 2012 garantiza el acceso a la planificación familiar, a los métodos anticonceptivos modernos y a la atención posterior al aborto, y la Ley de Atención Sanitaria Universal amplía los servicios de salud materna y reproductiva, incluida la atención prenatal y posnatal, con el fin de promover el bienestar de las mujeres y las familias.
Las medidas mencionadas cumplen lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, que requiere que los Estados eliminen la discriminación en el acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de planificación familiar, y se ven reforzadas por la recomendación general núm. 24 (1999), relativa a la mujer y la salud.
El aborto, cuando es practicado por la propia mujer o por terceros con su consentimiento, sigue siendo punible en virtud de las leyes vigentes en Filipinas. Pese a esta prohibición, la Constitución de 1987 establece la protección igualitaria de la vida de la madre y la del feto desde el momento de la concepción.
En el caso Imbong c. Ochoa (Registro General núm. 204819, 8 de abril de 2014), el Tribunal Supremo de Filipinas dictaminó que, cuando la vida de la madre corre peligro, los médicos deben hacer todo lo posible por salvar ambas vidas, pero pueden llevar a cabo procedimientos necesarios que pongan en peligro la vida del feto, incluso si estos entran en conflicto con las creencias religiosas del profesional.
En virtud de la Ley de Paternidad y Maternidad Responsables y Salud Reproductiva, el Estado adoptó una política nacional de prevención y gestión de las complicaciones del aborto con el fin de reducir la mortalidad materna y garantizar una atención posterior al aborto segura y digna. Esta política guía la integración de la prevención y gestión de las complicaciones del aborto en los servicios de salud reproductiva públicos y privados. Las iniciativas de atención posterior al aborto también responden al énfasis de la Convención en la salud materna y a la garantía establecida en el artículo 12 de que se presten servicios a las mujeres, especialmente en casos de complicaciones.
En 2018, el Departamento de Salud emitió la Orden Administrativa núm. 2018‑0003, la Política Nacional sobre la Prevención del Aborto Ilegal y Peligroso y la Atención de las Complicaciones Posteriores al Aborto, que permite a los centros de atención primaria gestionar casos relacionados con el aborto, proporcionar medicamentos que salvan vidas y atención inmediata tras el aborto, y derivar a las pacientes a hospitales de nivel superior cuando sea necesario, reforzando al mismo tiempo los servicios de planificación familiar y ofreciendo orientación técnica a los proveedores públicos y privados para prevenir el aborto en condiciones de riesgo y garantizar una atención posaborto de calidad.
Como parte de sus esfuerzos continuos, el Estado lleva a cabo un examen y una investigación constantes de opciones de políticas y medidas sanitarias que garanticen de forma segura la protección de la vida de la madre y el hijo.
D.Seguimiento de otras recomendaciones del Comité
Más allá de estas esferas de seguimiento, el Estado sigue abordando otras recomendaciones del Comité, entre ellas:
a)Reforzar la Comisión Filipina de la Mujer. El nombramiento de una Presidenta a tiempo completo de la Comisión Filipina de la Mujer con rango de Subsecretaria, tras una vacante de dos años, supone un paso importante en el refuerzo de la capacidad institucional del Consejo. Se están tomando medidas para devolver la supervisión de la Comisión Filipina de la Mujer del Departamento del Interior y de Administración Local a la Oficina del Presidente, a fin de reforzar la influencia normativa, mejorar la coordinación y reafirmar el compromiso del Gobierno con la incorporación de la perspectiva de género. Este cambio también reforzará la representación internacional de Filipinas y apoyará sus compromisos con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su pertenencia a la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres;
b)Apoyar a las mujeres rurales, indígenas y de Bangsamoro. El Programa de Medios de Subsistencia Sostenibles de la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán, dirigido por el Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo, fomenta los medios de subsistencia sostenibles a través de la iniciativa “Punla” (plántula), que ofrece formación práctica, grupos de apoyo, planificación de microempresas, subvenciones y asistencia técnica. Sus beneficiarios incluyen a mujeres Taduray, esposas de agricultores y pescadores, y viudas de miembros del Frente Moro de Liberación Islámica. Una evaluación realizada por el Instituto Filipino de Estudios sobre el Desarrollo concluyó que el programa había aumentado la participación en la fuerza de trabajo, los ingresos, el gasto en consumo y la seguridad alimentaria de las mujeres destinatarias.Estas iniciativas aplican directamente el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que insta a los Estados a abordar los problemas específicos de las mujeres rurales y garantizar su participación en el desarrollo;
c)Integrar el género en los programas sobre el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Entre 2021 y 2022, la Comisión Filipina de la Mujer y el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales se han asociado para institucionalizar el género y el desarrollo en todos los programas del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, centrándose en la colaboración, el fomento de la capacidad, la asistencia técnica para su agenda sobre género y desarrollo e integrando las perspectivas de género en cursos de supervisión y gestión. Además, la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, junto con la Comisión sobre el Cambio Climático, el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Filipina de la Mujer, llevaron a cabo un examen jurídico de las leyes sobre el clima y el medio ambiente para determinar disposiciones discriminatorias y subsanar las lagunas, ambigüedades e incoherencias que afectaban a las mujeres y las niñas.
Estas medidas ponen en práctica la recomendación general núm. 37 (2018) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa al género y al cambio climático, que hace hincapié en la integración de las perspectivas de género en la legislación y las políticas ambientales.
III.Conclusión
El Estado reafirma su compromiso con la Convención y con las recomendaciones del Comité, promoviendo la igualdad sustantiva para las mujeres y las niñas en virtud de la Carta Magna de la Mujer, el Plan de Desarrollo de Filipinas, el Plan de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y colaborando al mismo tiempo con el Comité, los órganos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y las partes interesadas para lograr un progreso inclusivo y sostenible.
En particular, Filipinas reafirma sus obligaciones en virtud de los artículos 2, 12 y 14 de la Convención y seguirá informando sobre las medidas adoptadas para dar respuesta a las observaciones finales del Comité.