Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

47º período de sesiones

Acta resumida de la 44ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 23 de noviembre de 2011, a las 10.00 horas

Presidente : Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de la Argentina (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas .

Examen de los informes

a) Informes presentados por los Estados partes en virt ud de los artículos 16 y 17  del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de la Argentina (E/C.12/ ARG /3; E/C.12/ ARG /Q/3 y Add .1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de la Argentina toma asiento a la Mesa del Comité.

2.El Sr. Peláez (Argentina) reafirma el compromiso de la Argentina con la labor del Comité y con la promoción de los derechos humanos en general. La delegación está compuesta por un equipo de especialistas de muy alto nivel en los ámbitos abordados en el Pacto. Señaló que la Argentina es parte en los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, coopera plenamente con los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de derechos humanos pertinentes y también participa activamente en el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Se complace en informar al Comité de que el 24 de octubre de 2011 la Argentina depositó el instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto, y que es el quinto país en hacerlo.

3.La Sra. Perceval (Argentina), al presentar el tercer informe periódico de la Argentina (E/C.12/ARG/3), dice que su Gobierno acoge con satisfacción la oportunidad de informar al Comité, así como a otros órganos de derechos humanos, sobre los progresos alcanzados en la realización de los derechos humanos en la Argentina, en particular desde la grave crisis económica, social y política que sacudió al país en 2001. Su delegación espera con interés recibir las recomendaciones del Comité, en la convicción de que la promoción de los derechos humanos es un proceso de adaptación y en constante evolución que impone a los gobiernos la aplicación de políticas que mejoren la vida de su población y contribuyan al bienestar de las generaciones futuras.

4.Tras la crisis de 2001-2002 y las elecciones presidenciales de 2003, y por primera vez desde el retorno a la democracia en 1983, después de un largo período de terrorismo de Estado, se ha puesto un renovado hincapié en promover los derechos humanos en la práctica y fomentar la equidad y la justicia. Para ello, se ha enjuiciado a los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad, no en un espíritu de venganza, sino para promover la justicia y las garantías procesales y poner fin a la impunidad.

5.Se ha producido un cambio cultural, con el abandono de la actitud anterior de pesimismo sobre la capacidad del país para resolver sus problemas, lo que abarca la exclusión y la pobreza y una intervención mínima del Estado, dejando que los mercados rijan la economía. Se ha rechazado esa actitud de indiferencia hacia la creatividad, la innovación y la valentía. En el plano político también ha surgido una nueva conciencia de que un Estado respetuoso de la ley tiene que cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

6.A pesar de la incertidumbre de la situación internacional actual, y como consecuencia del abandono del sistema de tipo de cambio fijo en la Argentina después de la crisis, el sistema económico se ha transformado, y se observa un crecimiento en los ingresos del Estado. El Gobierno ha sido capaz de aumentar la inversión y promover los derechos sociales. La oficina tributaria federal supervisa el sector del petróleo y la minería para controlar las conmociones a la economía.

7.El programa de derechos humanos sienta las bases de las políticas y decisiones económicas, en la medida en que su Gobierno adopta un enfoque integral de los derechos humanos, en lugar de un enfoque centrado en los derechos individuales, con el fin de reducir las desigualdades y promover la cohesión social. El compromiso con los derechos humanos es un empeño de carácter permanente, compartido por todos los partidos políticos, y no limitado a las políticas de un gobierno en particular.

8.El crecimiento económico en los últimos ocho años ha sido de una media del 8%, y se prevé que alcance el 9% en el año en curso, a pesar de la situación económica internacional. La tasa de pobreza disminuyó del 48,5% en 2003 al 7,3% en 2011, mientras que en el mismo período la pobreza extrema disminuyó del 21% al 2,3%. Gracias al crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, el desempleo bajó del 20,7% al 7,3% entre 2003 y 2011. Los indicadores socioeconómicos han mostrado un progreso en la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini pasó de 0,475 en 2003 a 0,379 en 2011. La tasa de participación laboral aumentó al 48,1%. Como una prueba más de los progresos en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, el índice de desarrollo humano de la Argentina, a pesar de la crisis económica internacional, fue de 0,797, con lo que ocupa el lugar 45º en el mundo y es el segundo más alto en América Latina, detrás de Chile; se espera que mejore aún más, a 0,775, en la siguiente clasificación.

9.En el ámbito de la educación, en 2006 se aprobó una nueva Ley de educación nacional. La Ley requiere que se asigne a la educación el 6% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, como resultado del crecimiento económico, en la actualidad se asigna a la educación el equivalente a 6,7% del PIB, en comparación con solo el 1% en 2003. Se han adoptado numerosas leyes y políticas progresistas en ámbitos como la seguridad y el bienestar social, la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la eliminación de la violencia contra la mujer, la salud sexual y reproductiva y la salud mental. Todos los ministerios y departamentos cooperan para asegurar la promoción de los derechos humanos.

10.La Argentina también trabaja en el plano internacional para promover los derechos humanos y la dignidad. Dada su historia pasada, está profundamente interesada en la labor del Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada. Trabaja en el G‑20 y otros foros para promover las cuestiones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, fortalecer el papel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y subrayar la importancia de los derechos laborales para garantizar que todos los segmentos de la sociedad se beneficien del crecimiento económico. Recientemente, por iniciativa de la Argentina, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) solicitó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los niños migrantes. La Argentina tiene la intención de trabajar para que las Naciones Unidas aprueben un instrumento sobre los derechos de los adultos, y promoverá un acuerdo sobre derechos humanos y bioética en la próxima reunión del MERCOSUR en diciembre de 2011. Asume el liderazgo en los esfuerzos de MERCOSUR para combatir la trata de personas y está reforzando los mecanismos nacionales para castigar a los autores de ese delito.

11.Según el Banco Mundial, el PIB per c a pita de la Argentina en 2010, de 15.901 dólares, fue el más alto en la región. El Gobierno prosigue sus esfuerzos para distribuir mejor la riqueza y superar la trampa de la pobreza y la pobreza extrema. Ha sido importante que dejara de ser una economía basada en materias primas, abierta a la especulación y controlada por grupos de interés especiales. Como resultado de las políticas gubernamentales la Argentina ha dejado de ser principalmente un exportador de materias primas. En la actualidad el 35% de su producción procede del sector agroindustrial, el 31% de los productos industriales, el 22% de los productos básicos y el resto del sector de los combustibles y la energía.

12.El sistema educativo se ha visto gravemente afectado por la crisis, pero su Gobierno está firmemente comprometido a financiar la educación y promover los derechos humanos mediante la educación. Se hace especial hincapié en aumentar las tasas de terminación de los estudios. Para ello, además de una política de educación, se requiere también una política social más amplia. A tal efecto, se conceden subsidios escolares a los niños cuyos padres están desempleados o trabajan en el sector no estructurado y a las mujeres embarazadas, a partir del tercer mes de embarazo. La transferencia de esos recursos a las familias necesitadas se ha reflejado en un aumento del 25% en las tasas de finalización escolar. Añade que, a raíz de la mayor asistencia a la escuela, el número de niños que han recibido las vacunas básicas se ha incrementado significativamente; el número de enfermedades contra las que se proporcionaron vacunas ascendió de 6 a 26.

13.Con el fin de promover la educación y una sociedad basada en el conocimiento, el Estado parte aumentó la tasa de penetración de Internet, que era de 7% a 11% en 2003, al 66% en la actualidad, en comparación con las tasas regionales y mundiales, del 39,5% y el 28,7%, respectivamente. Esto se debió en parte a la creación de 5 millones de puestos de trabajo y la creciente prosperidad de la clase media, un proceso apoyado por las políticas del Estado orientadas a reducir la desigualdad. Su Gobierno ha decidido proporcionar 3 millones de computadoras a los estudiantes para asegurar que todos los niños, sin discriminación, tengan acceso a Internet durante los 13 años de la educación obligatoria.

14.Las comunidades indígenas en el norte y el sur también han adquirido acceso a Internet. Los jóvenes de esas comunidades sufren de los flagelos de la discriminación, la pobreza y la prostitución, pero en la actualidad disponen de nuevas oportunidades gracias a Internet. Su Gobierno ha adoptado una ley sobre los medios de comunicación audiovisuales, que alienta la creación de radios comunitarias, en particular en las comunidades indígenas, para ampliar su acceso a la información. La política de medios de comunicación también se aplica a la televisión y la radio convencional y digital. En el pasado, solo la clase media instruida que entendía inglés tenía acceso a Internet. Actualmente muchos más segmentos de la sociedad disfrutan de ese acceso, que les permite consultar múltiples fuentes de información sobre su país y el mundo.

15.En el ámbito de la salud, se han realizado grandes avances con respecto a la mortalidad infantil. Ante una situación en la que, a principios del siglo XXI, siete de cada diez niños sufren de desnutrición, en un país conocido por su industria de cereales y carne, como resultado de las decisiones de política tomadas en el pasado, se decidió cambiar la política y abordar la situación. Como resultado, la mortalidad infantil se redujo de 16,3 por 1.000 nacidos vivos en 2001, a 12,5 en 2008. Esos resultados no son ejemplos aislados e indican los grandes progresos realizados hacia la promoción y protección de los derechos humanos de la población en su conjunto, incluidos los pueblos indígenas.

16.El Sr. Kedzia (Relator para el país), tras citar al economista Amartya Sen, dice que es precisamente durante una recesión económica cuando se perciben realmente los efectos de una política de derechos humanos. Por consiguiente, deplora que el informe y las respuestas escritas a la lista de cuestiones (E/C.12/ARG/Q/3/Add.1) se hayan presentado tan tardíamente. Pregunta si las disposiciones del Pacto pueden invocarse ante los tribunales argentinos y si hay ejemplos de decisiones fundamentadas en el Pacto. Pide más comentarios sobre el impacto preliminar de las medidas publicadas recientemente relativas, en particular, a la salud mental, el matrimonio homosexual y la identidad con que se reconocen los afroargentinos. Desea saber qué medidas destinadas a contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica sobre el disfrute de los derechos enunciados en el Pacto han sido particularmente eficaces y cuáles fracasaron, y por qué, y qué curso se dio a la recomendación formulada en las observaciones finales anteriores del Comité relativa a las garantías de una pensión mínima adecuada (E/C.12/1/Add.38, párr. 33). Pregunta qué función desempeñó la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina durante la crisis y la posterior recuperación y su impacto actual sobre la promoción y protección de los derechos del Pacto. Por último, pide información sobre la aplicación de otros aspectos de las observaciones finales, en particular sobre: escrituras de las tierras comunales y explotación de los recursos en las zonas tradicionales indígenas, con especial referencia a los mapuches; el desempleo y el trabajo no estructurado y las condiciones análogas a la esclavitud que prevalece en algunos sectores; la falta de seguridad social para grupos como los trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad; la desigualdad de facto entre los géneros en el mercado laboral; la persistente escasez de viviendas y los desalojos forzosos, y la violencia contra las mujeres.

Artículos 1 a 5

17.El Sr. Ribeiro Leão pregunta en qué medida en las consultas con las comunidades indígenas se han respetado las disposiciones del Pacto y si hay casos recientes en que no hubo consultas.

18.El Sr. Schrijver solicita una evaluación del Estado parte de los efectos de la entrada en vigor del Pacto en el país, su sistema jurídico y los ciudadanos. Pregunta si es probable que los individuos invoquen directamente el Protocolo Facultativo y en qué medida este complementa las obligaciones asumidas anteriormente en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos. También agradecería una respuesta más completa acerca de los esfuerzos para defender los derechos de los indígenas, dado las violaciones manifiestas y continuas, en particular en relación con la confiscación de tierras.

19.La Sra. Shin insta al Estado parte a mostrar mayor cuidado y esmero en la preparación de los futuros informes. Pregunta si, además de los tribunales, hay un mecanismo que permita a los individuos presentar denuncias de violaciones de los derechos humanos, si la población conoce la existencia de la Defensoría del Pueblo, y cuál es el grado de actividad de este órgano. En ese sentido, solicita información sobre el número de reclamaciones tramitadas, desglosadas por grupo.

20.El S r. Texier, en referencia al caso específico de la población indígena en las Salinas Grandes, que luchan contra un proyecto de producción de litio en sus tierras, pregunta si se han celebrado consultas con la comunidad y si el Estado parte tiene previsto otorgar título de las tierras comunales tradicionalmente ocupadas por la comunidad y adoptar medidas para proteger sus recursos hídricos.

21.El Sr. Tirado Mejía dice que lamenta el retraso en la presentación del informe periódico y las respuestas escritas a la lista de cuestiones. Pregunta cuál es la condición del Pacto en el ordenamiento jurídico interno, en particular teniendo en cuenta que la Argentina es un Estado federal, y pregunta si la nueva legislación sustituye las leyes anteriores. Desea saber si hay un desfase temporal entre la aplicación de las leyes federales y las provinciales y, en caso afirmativo, qué medidas adopta el Estado parte para remediarlo. También pregunta si se imparte educación en las lenguas autóctonas, si el Estado parte está dispuesto a considerar una discriminación positiva temporal en favor de las minorías, a fin de promover la igualdad y garantizar una mayor representación, y si está tomando medidas para supervisar la venta de terrenos a empresas internacionales.

22.La Sra. Barahona Riera pregunta si, en su nuevo sistema estadístico, el Estado parte aplica los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, según lo establecido por la División de Estadística y, si no es así, si consideraría la posibilidad de hacerlo. Sería útil conocer la respuesta de la delegación a las críticas que se han hecho a las estadísticas oficiales del Estado parte.

23.Si bien los fallos de la Corte Suprema de Justicia del Estado parte relacionados con el Pacto han sentado una valiosa jurisprudencia para todo el continente, esas decisiones se han basado en interpretaciones de las disposiciones del Pacto, que amplían el contenido de las normas constitucionales. Desea saber si todos los tribunales del Estado parte pueden invocar directamente las disposiciones del Pacto y, en caso afirmativo, si la delegación puede dar detalles de los casos en que ello ha ocurrido. Sería interesante saber si se están adoptando medidas para fomentar la invocación directa del Pacto en los tribunales.

24.Agradecería recibir información sobre cómo el Estado parte logra equilibrar la necesidad de desarrollo económico y el derecho a la libre determinación consagrado en el artículo 1 del Pacto. En particular, sería útil saber de qué manera el Gobierno da cumplimiento al requisito establecido en el Convenio de la OIT relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 1989 (Nº 169) de celebrar consultas con las comunidades indígenas antes de emprender cualquier proyecto que pueda afectar a esas comunidades, así como a sus tierras o sus recursos naturales y ancestrales.

25.Pregunta si hay en el Estado parte una legislación específica en relación con la igualdad de género y si existe una ley que prohíbe la discriminación por todos los motivos enumerados en el Pacto.

26.El Sr. Sadi pregunta si se observó una falta de justicia económica y social durante el período de graves violaciones de los derechos humanos en el Estado parte en la década de 1970 y principios de 1980. Sería interesante saber si las disposiciones del Pacto han sido pertinentes en el proceso de superación de los acontecimientos de aquella época.

27.Teniendo en cuenta que fue la importancia del Protocolo Facultativo lo que permitió que se hicieran valer ante los tribunales las disposiciones del Pacto, sería útil saber qué medidas se están adoptando para alentar al poder judicial a que se invoque el Pacto directamente en los tribunales del Estado parte.

28.Pide más información sobre la educación en derechos humanos en el Estado parte, especialmente si es suficientemente amplia y si hay bastante fondos para que esa educación esté disponible de forma generalizada.

29.Entiende que los derechos indígenas no han ocupado un lugar importante en la política en el pasado y solo fue en 2007 que se celebró la primera reunión nacional de las comunidades indígenas, para pedir que se pusiera fin a la opresión y la discriminación.

30.El Sr. Riedel subraya la necesidad de que el Estado parte proporcione anualmente al Comité datos sobre los resultados de sus proyectos y programas destinados a aplicar los derechos consagrados en el Pacto. Sin esos datos, el Comité no puede determinar el progreso logrado por el Estado parte en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, ni hacer sugerencias sobre cómo se podría mejorar la situación.

Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a las 11.55 horas .

31.El Sr. Labarta Liprandi (Argentina) dice que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aplica los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales establecidos por la División de Estadística. Los expertos han expresado felicitaciones por el censo de 2010, calificándolo del mejor que ha tenido el país. Mientras que publicar todos los datos del censo de 2001 llevó cinco años, las estadísticas del censo de 2010 estuvieron disponibles en 2011. El censo de 2010 también costó bastante menos por habitante que los dos últimos censos. En 2012, el INDEC utilizará el censo de 2010 para llevar a cabo varias encuestas adicionales, incluida una sobre el acceso de los indígenas a la salud, la educación y otros servicios, y otra sobre la situación de las personas de ascendencia africana. El INDEC trabaja junto con las oficinas estadísticas provinciales, la oficina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios ministerios.

32.No hay un sistema nuevo en el INDEC. De los 100 programas estadísticos aplicados por el Instituto, solo recibió críticas severas sobre uno (el índice de precios al consumidor). No se han introducido cambios metodológicos en ese índice; en cambio, a partir de 2007, el Instituto comenzó a aplicar la metodología correspondiente, algo que lamentablemente el personal no había hecho hasta ese momento. La lista de productos que representan la cesta típica de bienes y servicios adquiridos por los hogares argentinos se actualizó y armonizó con la práctica internacional. Las estadísticas proporcionadas por el INDEC son fiables y de fácil acceso en el sitio web del Instituto.

33.La Sra. Carbone (Argentina) dice que, desde la década de 1990, se ha observado una tendencia creciente a hacer referencia a los instrumentos internacionales de derechos humanos en los tribunales provinciales y federales, incluido la Corte Suprema de Justicia. Se ha invocado el Pacto para defender los derechos en diversos ámbitos, en particular la salud, la vivienda, la seguridad social y el empleo. Dado que se ha puesto gradualmente la legislación nacional en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por su país, ha sido menos necesario invocar los instrumentos internacionales de manera directa.

34.El Sr. Dell'elce (Argentina) dice que llevó varias décadas lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en su país, pero el Gobierno ahora atribuye gran importancia a la naturaleza multiétnica e intercultural de la sociedad argentina. Después de dar una breve reseña histórica de la situación de las comunidades indígenas desde la conquista española, señala que en 2000 el Gobierno ratificó el Convenio Nº 169 y se introdujeron los derechos indígenas en la Constitución. En 2005, se creó el Consejo de Participación Indígena como mecanismo para fomentar la participación indígena en las políticas públicas. Está financiado por el Estado e integrado por representantes de todas las comunidades indígenas del país y de cada una de las provincias. La exigencia principal del Consejo ha sido la demarcación del territorio, que quedó reflejada en la Ley de propiedad indígena Nº 26160. La Ley estipula la declaración del estado de emergencia con el fin de regularizar la propiedad comunal de las comunidades indígenas. También impide el desalojo de las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales y establece un fondo de ayuda especial para la demarcación de las tierras de estas comunidades. Si bien la aplicación de la ley había sido problemática, ello se debe en parte al hecho de que la propia Ley ha sensibilizado aún más a las comunidades indígenas acerca de sus derechos. Unas 1.287 comunidades en la actualidad exigen la demarcación de sus tierras y la regularización de los títulos. Hasta la fecha, se ha delimitado alrededor del 40% de las tierras de las comunidades indígenas y unos 5 millones de hectáreas son ahora de propiedad colectiva. En la provincia de Jujuy solamente, el 35% de la tierra es de propiedad colectiva y, como tal, no puede ser transferida y es enajenable, imprescriptible e inembargable. A través de un proceso de diálogo intercultural, se han introducido los derechos indígenas en varias leyes federales, incluidas las relativas a la educación y los servicios audiovisuales. En 2010, la Presidenta estableció una comisión integrada por unos 400 representantes indígenas para preparar la legislación sobre la propiedad de las comunidades indígenas. El Gobierno está decidido a hacer efectivo el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa. Si este derecho no se respeta en el ámbito provincial, el Gobierno federal proporciona un servicio jurídico exhaustivo para garantizar que las consultas previas se lleven a cabo.

35.El Sr. Roma (Argentina) dice que las principales tareas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) son difundir lo más ampliamente posible los principios y disposiciones de la legislación sobre la erradicación de las prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas, y los resultados y recomendaciones de los estudios realizados en la zona; alentar y ayudar a la realización de campañas educativas y de sensibilización; continuar la lucha contra los actos de discriminación, xenofobia y racismo; recopilar, actualizar y difundir información sobre la legislación internacional contra la discriminación, recibir denuncias y llevar un registro sobre actos discriminatorios, xenófobos y racistas, y proporcionar un servicio de asesoramiento y orientación integral y gratuito a los individuos o grupos que han sido víctimas de tales actos.

36.La Sra. Perceval (Argentina) dice que el INADI presta un servicio valioso y aporta una contribución importante en los esfuerzos para prevenir todas las formas de discriminación, xenofobia y racismo. Su creación es, sin duda, algo más que una medida simbólica.

37.El Sr. Roma (Argentina) dice que el INADI ha establecido vínculos con los organismos gubernamentales pertinentes, con los que trabaja estrechamente para ayudar a formular las políticas públicas y dar asesoramiento y apoyo en la iniciación de acciones judiciales y la tramitación de quejas. Tiene una línea directa que funciona las 24 horas del día y está dedicada especialmente a recibir denuncias y ofrecer orientación y apoyo. La mayoría de las reclamaciones se refieren a la violencia de género y la discriminación, y la discriminación contra los migrantes, las personas con discapacidad y los jóvenes.

38.La Sra. Perceval (Argentina) dice que no hay discrepancias en la aplicación del Pacto a nivel nacional, regional y local en la Argentina, porque el marco jurídico en su conjunto está sujeto a las disposiciones de la Constitución nacional. Algunos países tienen una tradición de cultura de derechos humanos más larga que la Argentina, con más jurisprudencia, pero el país está empeñado en avanzar en el tema. Debido a su larga historia de injusticia, represión y federalismo, la Argentina heredó un legado de miedo, terror y vergüenza, que todos sus habitantes estuvieron obligados a soportar, pero ahora se encuentra en las vía del retorno a un sistema democrático.

39.El Sr. Ciaravino (Argentina), haciendo referencia a los efectos de la crisis económica sobre los grupos más vulnerables, dice que se han adoptado medidas para protegerlos. No se han hecho recortes en las prestaciones y se han aumentado los salarios para fortalecer la demanda e impulsar el mercado interno como medio para mantener la producción y evitar que la crisis económica se profundice aún más. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha puesto en marcha programas especiales para ayudar a las comunidades indígenas, que incluyen formación de aptitudes y sistemas educativos. Entre 2003 y 2011, el número de personas que se benefician de esos programas aumentó de 1.500 a 3.500. El Ministerio también ha firmado acuerdos con cada una de las comunidades para impartir formación profesional específica y ayudarles a desarrollar y mejorar las aptitudes ancestrales que ya poseen, por ejemplo, en construcción de embarcaciones. En lo que respecta a los trabajadores en el servicio doméstico, la mayoría son mujeres y no están registradas oficialmente como trabajadores. El Ministerio ha tratado de abordar el problema mediante la introducción de un sistema especial de prestaciones sociales para los trabajadores domésticos y un ajuste favorable de las tasas de impuestos para fomentar el registro de esos empleados. También se ha adoptado una legislación que exige a los empleadores que registren a los trabajadores domésticos y les concedan las prestaciones mínimas de que gozan los trabajadores registrados en relación con el horario de trabajo, vacaciones, licencia por enfermedad, prestaciones de enfermedad y maternidad. El Ministerio está tratando de ejercer presión sobre los empleadores para garantizar que cumplan esas obligaciones. Actualmente entre el 40% y el 45% de los empleados domésticos están inscritos, es decir, aproximadamente 1 millón de trabajadores.

40.En cuanto a la discriminación por motivo de género en el empleo, dice que el crecimiento general del empleo en la Argentina y las políticas dirigidas específicamente a las mujeres han dado lugar a un aumento del número de mujeres en el mercado laboral y el número de puestos de trabajo de calidad abiertos a las mujeres. En la década de 1990, la tasa de desempleo de las mujeres se había incrementado al 70%, pero ulteriormente se redujo al 21%. El género se aborda como un tema intersectorial en todos los ministerios y departamentos y en todos los niveles y ámbitos del gobierno. Su ministerio es un modelo en ese sentido, ya que más del 60% del personal son mujeres y más del 70% de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres. La diferencia salarial se ha reducido del 18% al 10% en los últimos seis años, gracias a los esfuerzos de la inspección del trabajo.

41.La Sra. Shin pide más información sobre el papel y el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y pregunta si ese órgano se ocupa de las denuncias. Si es así, pregunta cuántas quejas ha recibido de hombres, mujeres, trabajadores migrantes o indígenas.

42.La Sra. Barahona Riera pregunta qué medidas se han adoptado para garantizar que los pueblos indígenas disfrutan de su derecho a la consulta previa. Pregunta si esa consulta es obligatoria antes de que comiencen las obras sobre proyectos de desarrollo. Expresa su preocupación por la calidad y la transparencia de las estadísticas oficiales elaboradas por el INDEC, y el grado en que se aplican las normas internacionales, a pesar de que el Estado parte afirma que se observan los principios fundamentales establecidos por las Naciones Unidas a ese respecto.

43.El Sr. Tirado Mejía dice que está satisfecho con la respuesta a su pregunta sobre el cumplimiento de las disposiciones del Pacto en el Estado parte. No se trata de un problema de política o marco jurídico como tal, sino más bien de una cuestión de practicidad. En algunas regiones de la Argentina parece haber una legislación o prácticas que están en contradicción con la política nacional, y por lo tanto el país tiene dificultades para aplicar las disposiciones del Pacto, en particular con respecto a la propiedad de la tierra y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Pregunta qué medidas el Estado parte tiene intención de adoptar para garantizar que se cumplan las disposiciones del Pacto en todas las regiones.

44.El Sr. Ribeiro Leão pide aclaraciones sobre denuncias de que, en algunos conflictos de tierras que las autoridades jurídicas y políticas fueron incapaces de resolver, hubo enfrentamientos entre la policía armada y los indígenas que protestaban contra la violación de sus derechos territoriales. Si esos informes son exactos, desea saber qué medidas está adoptando el Estado parte para remediar la situación.

45.El Sr. Kedzia pregunta si los resultados del censo de 2010 se utilizarán en la formulación de la política del Estado. Desea saber qué lugar ocupa el Pacto en el sistema judicial. Pregunta si, según entiende, el Estado parte considera que, como la legislación nacional cubre todas los ámbitos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, los tribunales no tienen necesidad de invocar el Pacto. Si ese fuera el caso, desea saber qué significa en la práctica jurídica la declaración contenida en la Constitución, de que el Pacto prevalece sobre la legislación nacional.

Artículos 6 a 9

46.El Sr. Texier pide aclaraciones sobre las cifras actuales de desempleo total y de desempleo femenino que, por lo que ha entendido, son el 10% y el 21%, respectivamente. Pregunta si persiste el aumento de personas en el sector no estructurado y si existe una política sistemática para reducir la cantidad de empleos en ese sector, en beneficio del sector estructurado. Pregunta si el cálculo de la tasa de desempleo tiene en cuenta a todos los trabajadores, incluidos los del sector no estructurado. Desea saber si el salario mínimo actual es suficiente para asegurar a los trabajadores y sus familiares un nivel de vida digno, y si los trabajadores domésticos ganan menos que el salario mínimo. Pregunta si la Argentina la intención de ratificar el Convenio de la OIT sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos, 2011 (Nº 189). Por último, señala que se han producido algunas violaciones de los derechos sindicales con respecto a la libertad de asociación y el derecho a la huelga, y las decisiones dictadas por la Corte Suprema han exhortado a que dicho derecho se extienda a todos los trabajadores. Pregunta cuál ha sido la reacción del Gobierno ante esas decisiones, y si el Estado parte podría considerar la modificación de la legislación y las prácticas en materia de derechos sindicales a fin de que se aplique a todos los trabajadores, en lugar de limitarse a los casos particulares.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas .