I.Introducción

1.El presente es el décimo informe periódico del Estado de Cabo Verde que se presenta al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y contiene tanto información sobre la aplicación de las recomendaciones recibidas del Comité en julio de 2019 (CEDAW/C/CPV/CO/R.9), que fueron fundamentales para impulsar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en todos los niveles de gobierno, como los resultados alcanzados en un período de 4 años, desde julio de 2019 hasta julio de 2023.

2.Las respuestas se prepararon bajo la coordinación del Instituto Caboverdiano para la Igualdad y la Equidad de Género (ICIEG), en consulta con la Comisión Interministerial para la Elaboración de los Informes Nacionales de Derechos Humanos, con la participación y las contribuciones de todas las partes interesadas pertinentes.

3.El informe proporciona información sobre las medidas aplicadas por Cabo Verde en respuesta a las recomendaciones recibidas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

II.Aplicación de las recomendaciones

Recomendación 1

Visibilidad de la Convención y los protocolos

4.El Gobierno hace referencia regularmente a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y sus directrices están alineadas con el programa de la octava legislatura del Gobierno, en vigor de 2021 a 2026. Fue el documento de referencia básico para la preparación del Plan Nacional de Igualdad de Género (PNIG 2022-2026) y el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2022-2026 (PEDS II). Asimismo, se tomó en consideración para fundamentar la sesión informativa ofrecida al Gobierno en el 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en el 73º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para debatir el noveno informe periódico del país.

5.En 2021, el Consejo de Ministros aprobó el quinto Plan Nacional de Igualdad de Género, que es el documento rector de las políticas públicas de género y se ha elaborado de acuerdo con las directrices del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

6.En mayo de 2022, el ICIEG, el organismo nacional que promueve las políticas públicas para la igualdad de género, organizó talleres con todos los sectores gubernamentales para garantizar la incorporación de las cuestiones de género en los programas sectoriales, como parte de la preparación del segundo Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (PEDS 2022-2026). En ese proceso, el documento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se consideró un referente de excelencia.

7.En mayo de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (CNDHC), como parte de la preparación del PEDS II, organizó diferentes talleres con varios sectores para integrar las cuestiones de derechos humanos y ciudadanía que incluían, por ejemplo, formación para las ONG sobre la presentación de informes paralelos, y que sirvieron para analizar los principales instrumentos para la promoción de los derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y, en última instancia, debatir las recomendaciones del Comité recibidas por Cabo Verde en 2013.

8.En junio de 2023, en el marco del taller de la Comisión de Género, los nuevos puntos focales para cuestiones de género gubernamentales y no gubernamentales recibieron información sobre los compromisos internacionales asumidos por Cabo Verde en materia de igualdad de género, a saber, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, centrándose en el ODS 5 y la integración de las dimensiones de género en los demás ODS.

9.Obviamente, se consideró oportuno compartir con los puntos focales para cuestiones de género las recomendaciones recibidas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para el año 2019.

Recomendación 2

Acceso a la justicia

10.En el marco de la ampliación del servicio de información jurídica que ofrece el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Política de Justicia, se ha puesto en marcha una red de cercanía para dar a conocer entre la población toda la legislación vigente en Cabo Verde (leyes nacionales y convenios), así como sensibilizar e informar a la ciudadanía, especialmente a los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, para que tengan los conocimientos básicos y necesarios para defender y hacer valer sus derechos e intereses legalmente protegidos, y así poder recurrir a los mecanismos de defensa adecuados cuando sus derechos e intereses sean vulnerados.

11.En este contexto, la descentralización del servicio de información jurídica pasó a ser una prioridad con el objetivo de prestar un servicio más cercano a los ciudadanos, especialmente en los barrios considerados periféricos y con los sectores más vulnerables de la población, brindando información y servicios de calidad, tales como acceso a la justicia, arbitraje y mediación como medio alternativo para la solución de conflictos, y promoción de una justicia alternativa comunitaria y rápida, que contribuya así a la reducción de los litigios y la delincuencia en las comunidades, en particular la violencia de género y otras desviaciones del comportamiento asociadas al alcoholismo y al consumo de otras drogas.

12.Además, cabe destacar las asociaciones entre el Ministerio de Justicia, las asociaciones comunitarias y los consejos municipales, que han facilitado el acceso de los ciudadanos al servicio de información jurídica prestado por profesionales del derecho, como abogados, abogados en prácticas y peritos judiciales. En este sentido, destacamos la firma de un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Asociación Caboverdiana de Lucha contra la Violencia de Género que, entre otros objetivos, pretende establecer marcos de colaboración para la promoción y la concienciación sobre los derechos humanos y, en consecuencia, el acceso de la sociedad a la justicia.

13.Además, cabe señalar que el Gobierno ha instituido el acceso libre y gratuito al Boletín Oficial electrónico, como medio de permitir el conocimiento masivo de la legislación vigente y de las medidas oficiales del país.

14.En 2020, el Consejo Superior de la Judicatura puso en marcha la base de datos de jurisprudencia de los Tribunales de Cabo Verde (https://jurisprudencia.cv/), de libre acceso, que ya cuenta con cientos de sentencias publicadas sobre causas penales, incluidas las de violencia de género, así como civiles, laborales y administrativas, del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales de Apelación de Barlavento y Sotavento.

15.Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de aquellos que no disponen de los recursos económicos necesarios, el Gobierno de Cabo Verde, a través del Ministerio de Justicia, ha asegurado el beneficio de la asistencia jurídica, que incluye la exención total o parcial del pago de las tasas judiciales, así como la puesta a disposición de profesionales que puedan asistir técnicamente a sus representados ante los tribunales.

16.En este contexto, la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género mereció una especial atención por parte del Gobierno, y para ello se aprobó el Decreto-Ley 8/2014, de 27 de enero, con disposiciones que regulan específicamente la asistencia jurídica que se prestará a las víctimas de delitos de violencia de género.

17.Se adoptaron varias medidas para acelerar el enjuiciamiento de los delitos de violencia contra las mujeres; por ejemplo, concederles prioridad y fijar un plazo de 180 días para su resolución.

18.La cuestión de la discriminación ha recibido especial atención en el país. En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (CNDHC) presentó a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Especial contra la Discriminación, que propone un marco jurídico general para prevenir, prohibir y combatir todas las formas de discriminación, concretamente por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. La propuesta, presentada en marzo de 2022, contempla el desarrollo de directrices y acciones que promuevan la protección igualitaria y efectiva contra todo tipo de discriminación, especialmente por motivos de orientación sexual o identidad de género, de las entidades que operan en el sector de la justicia. Según la propuesta, estas cuestiones deberían incluirse en los planes de formación de todo el personal encargado de hacer cumplir la ley o en las políticas de reinserción social.

19.Por su parte, la preocupación expresada sobre la necesidad de desglosar los datos de violencia por sexo fue aceptada por los órganos judiciales; gracias a ello, se dispone de las cifras de delitos de violencia de género de los últimos años desglosadas por el sexo de las víctimas, como se muestra en la siguiente tabla.

Casos de violencia de género - Año Judicial 2021-2022

		Registrados	Completados	Pendientes	Sexo de las víctimas
Tribunales		16	15	1	F
Ribeira Grande		16	16	0	F
Porto Novo		8	8	0	F
Paul		13	13	0	F
1 er Tribunal Penal de SV		10	7	3	F
2º Tribunal Penal de SV
São Nicolau
Tribunal Penal de Sal
	Procedimiento ordinario común	45	29	16	F
	Proceso abreviado	5	4	1	F
Tribunal Penal de Boa Vista		5	3	2	F
Maio
1 er Tribunal Penal de PR
2º Tribunal Penal de PR
3 er Tribunal Penal de PR		38	37		F
4º Tribunal Penal de PR
Tribunal Penal de Santa Cruz		25	12	13	F - 24; M - 1
Tribunal Penal de Sta. Catarina		37	13	24	F
São Domingos		5	5	0	F - 3; M - 2

	Procedimiento ordinario común	10	8	2	F
	Proceso abreviado	16	12	2	F
Tribunal Penal de Tarrafal
Tribunal Penal de São Filipe		33	24	0	F
Mosteiros		8	7	0	F
	Suspensión provisional	1	1
Brava		8	8	0	F

20.Posteriormente, también se impartió formación a diversas instituciones sobre la atención a víctimas de violencia de género, con la participación de magistrados y agentes de la Policía Nacional, destacando la 2ª mesa de diálogo para la elaboración del plan de acción nacional, en el marco de la auditoría participativa para la aplicación de la Ley de Violencia de Género - Proyecto “Djuntu pa igualdade” (juntos por la igualdad).

21.Para hacer frente a los impactos de la COVID-19, se creó el Programa de Ingreso de Inclusión Social de Emergencia mediante el Decreto-Ley núm. 33/2022, que establece la concesión de una prestación en efectivo temporal a los hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad social, de 3 a 12 meses, con especial atención a las madres cabeza de familia. Hasta la fecha, unas 29.000 familias se han beneficiado de esta prestación.

22.Además, se puso en marcha el Programa de Inclusión Productiva para promover oportunidades a través de actividades generadoras de ingresos, reforzando las competencias técnicas y profesionales, el espíritu empresarial, la educación financiera y las competencias para la vida, especialmente para las mujeres de hogares con niños de hasta 15 años.

23.La Ley de Paridad (Ley núm. 68/IX/2019, de 28 de noviembre) fomenta la representación paritaria en los puestos directivos de la Administración Pública.

24.La nueva Ley Básica del Empleo Público, aprobada por la Ley núm. 20/X/2023, de 24 de marzo, garantiza el principio de igualdad retributiva y prohíbe a los funcionarios y agentes presionar, amenazar o acosar moral o sexualmente a otros funcionarios y agentes, así como a subordinados y usuarios.

25.En virtud del Decreto Reglamentario núm. 3/2023, de 17 de abril de 2020, se aprobaron los Estatutos del Fondo Autónomo de Apoyo a las Víctimas de la Violencia de Género para permitir una mayor operatividad y eficacia de su misión.

26.En 2021, el país fue elegido miembro de pleno derecho de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para el período 2022-2026. Así, se centrará en el tema “Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y programas relativos al cambio climático, el riesgo ambiental y la reducción de desastres”.

Recomendación 3

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

27.Los nuevos miembros del Gobierno de la 10ª legislatura separan las funciones del Ministerio de Familia e Inclusión Social, nombrado ahora Ministerio de Familia, Inclusión y Desarrollo Social (MFIDS), de las funciones del Ministerio de Educación. De este modo, es responsabilidad exclusiva de ese ministerio la observación de las cuestiones de igualdad de género en la definición y aplicación de políticas destinadas a perseguir los objetivos de igualdad de género y promover la integración de la perspectiva de género en las políticas y programas sectoriales. En este contexto, el Ministerio de Familia, Inclusión y Desarrollo Social es el departamento gubernamental que tiene la misión ce definir, conducir y aplicar políticas de desarrollo social, de lucha contra la pobreza y la exclusión social y de protección y apoyo a la familia, a los niños y adolescentes, así como a las personas mayores y discapacitadas. Además, su misión es promover la seguridad social, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, así como contribuir eficazmente a la igualdad de género y al desarrollo y aplicación de políticas para la integración de los inmigrantes.

28.De esta manera, la igualdad de género se convierte en una prioridad y una cuestión transversal en la agenda de gobernanza; el Programa de Gobierno presenta un capítulo titulado “Más Igualdad, Equidad de Género e Inclusión”, donde asume que “el Gobierno reforzará la transversalidad de las políticas de promoción de la igualdad de género, principalmente a través del principio de diferenciación positiva a favor de las mujeres” (página 36) y el 2º Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (2022-2026) que afirma lo siguiente: "Para 2030, aspiramos a un Cabo Verde sin discriminación de género, que invierta en la igualdad de oportunidades y capitalice las contribuciones de mujeres y hombres para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país” (página 126).

29.El Programa de Igualdad y Equidad de Género, uno de los 28 programas sectoriales que componen el PEDS II, surge como resultado de una armonización y sincronización entre el PEDS II y el Programa de Gobierno. Así, la igualdad de género gana protagonismo en la visión de Cabo Verde para el período 2030 (“Ambición 2030 para Cabo Verde”) y es fundamental para la efectiva operacionalización de este primer ciclo de la Ambición 2030, particularmente en este contexto de recuperación económica y social pospandémica. Por lo tanto, la igualdad de género, además de aparecer como un programa específico, ejerce una función transversal en todos los programas del PEDS II.

30.En este contexto, el Instituto Caboverdiano para la Igualdad y la Equidad de Género (ICIEG) se destaca como la entidad responsable de la elaboración e implementación de las medidas de políticas públicas de género, que orienta sus acciones según las prioridades definidas en el PNIG 2022/2026, a saber, “la plena institucionalización del enfoque de género como estrategia para consolidar los logros y sostener los avances”. Las opciones estratégicas para su aplicación permiten combinar las medidas políticas, el marco jurídico presupuestario que conecta los procesos de planificación nacional, sectorial y local, y el uso de un enfoque y una presupuestación con perspectiva de género.

31.Las acciones que promueve se rigen por la promoción de la autonomía de las mujeres y están armonizadas con las medidas políticas definidas por el Programa de Gobierno 2021-2025. También introduce aspectos omitidos.

Cuadro 1. Alineación entre la política de género y los documentos estratégicos (2021 a 2026) y el ODS 5.

MEDIDAS DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL 2021/2025	ODS 5	PNIG 2022-2026
Reforzar la integración de las políticas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, en particular mediante el principio de diferenciación positiva en favor de las mujeres.	5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 5.a Otorgar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales.	Asigna responsabilidades específicas a diferentes sectores y prioriza el desarrollo y la aplicación de acciones que contribuyan directamente a la promoción de la igualdad de género.
Reforzar las inversiones destinadas al empoderamiento económico de las mujeres, en particular en la agricultura, la pesca y el comercio.	Eje de empoderamiento económico de las mujeres Incluye los sectores mencionados en el Programa de Gobierno e introduce la necesidad de redoblar esfuerzos en esferas innovadoras y estratégicas para el desarrollo del país: transición energética, preservación del medio ambiente y desarrollo rural, TIC y turismo. Del mismo modo, considera necesario continuar con la ampliación del sistema de protección social obligatoria. Aplicación del sistema de cuidados y fomento de la responsabilidad compartida en el cuidado familiar.
Adaptación de las políticas e inversiones para responder a la carga demográfica de una población que envejece, incluidas las respuestas del Sistema Nacional de Salud, la Protección y Seguridad Social y el Sistema Nacional de Cuidados.	5.4. Reconocer y valorar el trabajo doméstico de cuidados no remunerado mediante la provisión de servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, así como la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.
Reforzar las acciones de lucha contra la violencia de género a través de la prevención, la alerta, la atención, la asistencia, la protección, la sensibilización social y la proyección territorial.	5.2. Eliminar todas las formas de violencia en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como los matrimonios precoces, forzados e infantiles y la mutilación genital femenina.	Eje de la autonomía del cuerpo como base de la emancipación Fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, pero desde una perspectiva de género y generacional, y reforzar la lucha contra la violencia de género. Promover los derechos de las personas LGBTQI+ como una de las cuestiones prioritarias.
Continuación de la atención especial a la salud sexual y reproductiva, en términos de información y sensibilización en los servicios de divulgación en todos los municipios del país.	5.6 Garantizar el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Se compromete a una buena gobernanza democrática, pero no se pronuncia sobre el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.	5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.	Eje de la autonomía en la toma de decisiones Incluye la ejecución de acciones para promover cambios positivos en el ejercicio del poder en las esferas privada y pública, y la necesidad de promover, con base en las disposiciones de la Ley de Paridad, un aumento de la participación de las mujeres en los mandos medios de la administración pública, en la toma de decisiones en el sector privado y en las organizaciones de la sociedad civil.

Recomendación 4

Institución nacional de derechos humanos

32.La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (CNDHC) se creó en 2004, mediante el Decreto-Ley núm. 38/2004, de 11 de octubre. Desde su creación, ha podido responder favorablemente a su mandato, con el apoyo de asociados nacionales, internacionales y regionales. Para ello, la CNDHC ha promovido la educación en derechos humanos a nivel nacional mediante formación; sesiones de sensibilización en escuelas y en comunidades; publicaciones en su red social y en su sitio web, y en diversos contextos; y producción de vídeos y anuncios informativos, en diversos formatos. Además, recibe las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos y se ocupa de tramitar y transmitir dichas denuncias; también dirige recomendaciones al Gobierno y participa en la definición y aplicación de políticas públicas en materia de derechos humanos, incluida la equidad de género y los derechos de la mujer.

33.La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (CNDHC) presentó a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Especial contra la Discriminación, que propone un marco jurídico general para prevenir, prohibir y combatir todas las formas de discriminación, concretamente por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, para su consideración como iniciativa legislativa. La propuesta, presentada en marzo de 2022, aborda el desarrollo de directrices y acciones que promuevan la protección igualitaria y efectiva contra todas las formas de discriminación, especialmente por motivos de orientación sexual o identidad de género, para las entidades que operan en el sector de la justicia. Según la propuesta, estas cuestiones deberían incluirse en los planes de formación de todo el personal encargado de hacer cumplir la ley o en las políticas de reinserción social.

34.La CNDHC, una institución con casi 19 años de trayectoria, tiene aún un estatuto que no está en consonancia con la dinámica y los requisitos actuales; por ello, requiere una modificación urgente para garantizar el cumplimiento institucional de las directrices internacionales, en particular los Principios de París, y mejorar además su disposición para responder a los desafíos actuales. Asimismo, con una mayor inversión en recursos financieros y humanos, desempeñaría con mayor eficacia y adecuación sus funciones como institución nacional de derechos humanos.

35.La realidad institucional ha demostrado la imperiosa necesidad de renovar la plantilla del CNDHC y mejorar las condiciones de trabajo de su equipo técnico. En este sentido, con vistas a acelerar el proceso de adecuación de sus Estatutos a los Principios de París, la Comisión ha entablado conversaciones con el Gobierno, que ha prestado especial atención a esta cuestión y ha garantizado que el proceso estará completado en 2023.

36.También cabe mencionar que, junto con la CNDHC, el Defensor del Pueblo, órgano constitucional independiente elegido por mayoría de dos tercios del Parlamento, tiene fuertes atribuciones en el ámbito de los derechos fundamentales, especialmente en la prevención y reparación de ilegalidades e injusticias contra los poderes públicos, que afectan especialmente a las minorías (sociales, económicas, religiosas y de género) y a los ciudadanos más vulnerables.

Recomendación 5

Medidas especiales de carácter temporal

37.El Estado de Cabo Verde se compromete a adoptar medidas especiales de carácter temporal para promover la participación política de las mujeres y su participación en la toma de decisiones en pie de igualdad con los hombres.

38.En cuanto al marco regulatorio, se han desarrollado varios instrumentos reguladores, a saber:

39.La Ley núm. 68/IX/2019, de 28 de noviembre, comúnmente conocida como Ley de Paridad, contempla tanto la paridad en la representación política en los cargos elegibles como en los cargos directivos de la Administración Pública.

40.La Ley de Paridad en su Capítulo IV sobre “Sensibilización, Seguimiento y Evaluación”, más concretamente en su artículo 8, establece que los partidos políticos, incluidas sus asociaciones de mujeres y juventudes, deberán promover acciones de sensibilización, formación y concienciación de sus militantes, simpatizantes, afiliados y, en general, de la sociedad civil con vistas a una efectiva participación igualitaria en los órganos electivos y decisorios. En este contexto, se llevaron a cabo varias acciones de sensibilización con diversos públicos destinatarios (cargos electos municipales, mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes) con el objetivo de difundir la Ley, promover la participación e inclusión de estas mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones y contribuir a la promoción de la igualdad de género y, en consecuencia, contar con una representación democrática cada vez más inclusiva y participativa.

41.Instrumentos legales de apoyo a la protección social, como la regulación del acceso a las tarifas sociales de agua y electricidad y vivienda (2018 y 2019), así como la adopción de criterios de discriminación positiva en favor de las mujeres cabeza de familia.

42.La modificación de la Ley Básica del Sistema Educativo (2018) elimina las barreras de acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, entre los 6 y los 17 años, determinando la gratuidad del acceso y la escolarización hasta el 12º curso. También establece el principio de acceso universal a la educación preescolar y la implantación de la educación básica hasta el 8º curso.

43.El Decreto-Ley 41/2020 establece la Renta de Inclusión Social, instituyendo así una nueva prestación social destinada a garantizar una renta mínima a los hogares en situación de extrema pobreza, que atiende a criterios de discriminación positiva para los hogares encabezados por mujeres.

44.La Ley Básica de Presupuestos del Estado, que desde 2019 instituyó el uso de los bienes y recursos públicos de forma igualitaria para ambos sexos, a través de la obligatoriedad de elaborar y ejecutar presupuestos con perspectiva de género.

45.El Régimen Excepcional de Regularización Extraordinaria de Extranjeros, establecido por el Decreto-Ley 72/2021, de 18 de octubre, permite la presentación de la solicitud de regularización en una unidad familiar, eximiendo de la presentación de la acreditación de la situación económica de sus miembros.

46.El Decreto Ley núm. 79/2021, que define las condiciones de acceso y ejercicio de la profesión de puericultor, se aplica a todas las personas que deseen ejercer la profesión en el hogar, por cuenta propia o ajena, y en instituciones públicas y privadas. También define las condiciones para obtener una licencia profesional para el cuidado de niños de 0 a 3 años y las condiciones mínimas que deben cumplirse en los casos de cuidado en el domicilio del cuidador. El título regula la práctica del cuidado, que en principio parece tradicional, y que recae en la utilización del tiempo de trabajo no remunerado que aportan de forma significativa mujeres y niñas (familiares o vecinas), permitiendo la mejora de la calidad de vida de las familias y la posibilidad de ejercer esta profesión de forma digna.

47.Aumentaron las subvenciones a ONG en más de 21.000 escudos, ampliando así el ámbito de beneficiarios de 10 a 14 ONG, a partir de 2021, con el objetivo de promover una política de autonomía e integración total en la sociedad de las personas con discapacidad, creando todas las condiciones necesarias para el funcionamiento de las organizaciones que trabajan con ellas.

48.El Gobierno anunció la modificación del Código Laboral y asumió el compromiso político de ampliar las licencias de maternidad y paternidad al sector privado, lo que supone 90 días para las mujeres y 10 días para los hombres.

49.El Gobierno, a través de la Ley Básica del Empleo Público (Ley núm. 20/X/2023, de 24 de marzo), amplió la licencia de maternidad de 60 a 90 días e introdujo 10 días laborables de licencia de paternidad, que ahora se pretende extender al sector privado.

50.El Gobierno, a través del MFIDS/ICIEG, en colaboración con la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organizó talleres de sensibilización acerca del Convenio núm. 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, reuniendo a interlocutores sociales, parlamentarios, miembros del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cabo Verde, representantes de entidades públicas y privadas con intervención en este ámbito, artistas y activistas. Entre los aspectos tratados, el objetivo es la ratificación del Convenio núm. 156, así como el fomento de la responsabilidad compartida en el cuidado y una mayor implicación de los hombres, y también, en una fase piloto, la elección por parte de los padres del disfrute de la licencia parental, permitiendo que los hombres también participen en esta experiencia.

51.El país aprobó, a través de la Ley núm. 26/X/2023, de 8 de mayo, el Estatuto de la Persona Mayor, que tiene como objetivo promover los derechos y la protección de las personas mayores, con el fin de garantizar su autonomía, integración y participación efectiva en la sociedad.

52.El Gobierno aprobó la resolución núm. 35/202, de 8 de mayo de 2023, que tiene por objeto definir las competencias, la composición y el modo de funcionamiento del Consejo Nacional de Medio Ambiente y Acción por el Clima, en adelante CNAAC.

Recomendación 6

Estereotipos y prácticas nocivas

53.El estudio previsto en el Segundo Plan de Acción sobre Inmigración e Inclusión Social de los Inmigrantes (2018-2020) sobre prácticas culturales y relaciones de género en las comunidades de inmigrantes no se ha realizado en el período previsto debido a las limitaciones presupuestarias y de servicios relacionadas con el período de pandemia.

54.La Alta Autoridad para la Inmigración prevé, durante este año, la elaboración de un Estudio sobre Género, Inmigración y Prácticas Nocivas en Cabo Verde, con especial atención a la mutilación genital femenina.

55.El Plan de Actividad de la Alta Autoridad para la Inmigración para 2023 establece como uno de los objetivos la promoción de una cultura de igualdad y equidad de género en las comunidades de inmigrantes que viven en Cabo Verde.

56.En Cabo Verde, el matrimonio legal no está permitido para los menores de 18 años, y su práctica está “reconocida institucional e internacionalmente como un atentado contra la infancia y la adolescencia y un obstáculo para el empoderamiento de las niñas”.

57.Según el Código Civil de Cabo Verde (Decreto-Ley 31 - A/199), la regla establece que el matrimonio debe contraerse a partir de la mayoría de edad, que está fijada en 18 años y sigue criterios estrictos en cuanto a su validez, a saber, la comprobación previa de la capacidad jurídica, para que pueda inscribirse en el registro civil, en los términos del 1561 y siguientes del Código Civil. En este sentido, el propio Código Civil prevé una excepción a la regla, que es la emancipación por matrimonio de los menores de edad, con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, con consentimiento paterno, con el efecto de conferir al menor la plena capacidad de ejercicio de los derechos, permitiéndole gobernar y exponer libremente su persona y sus bienes, tal y como establecen los artículos 141 y 142.

58.La unión civil es también una de las fuentes de las relaciones jurídicas familiares, reconocidas por el ordenamiento jurídico caboverdiano, para cuya eficacia deben observarse ciertos requisitos legales, a saber, la mayoría de edad, ya que la unión civil equivale a un matrimonio según los términos de los artículos 1560 y 1710 en relación con el artículo 1562, párrafo 5, del Código Civil.

59.Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Cabo Verde (INECV) (Censo 2021, V Censo General de Población y Vivienda: Niños y Adolescentes) se constató que el 1,4 % de los niños de 15 años o más vivían en unión civil. No obstante, desde el punto de vista jurídico, esta unión civil no cumple las condiciones exigidas legalmente.

60.Esta práctica preocupa al Gobierno a todos los niveles, no solo por su tendencia creciente, sino especialmente por las importantes repercusiones que tiene en los niños, sobre todo en las niñas, que son las más afectadas. Esta práctica constituye un factor de desigualdad de género y las coloca en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

61.Los programas internos llevados a cabo por el Instituto Caboverdiano de la Crianza y la Adolescencia (ICCA) desempeñan un papel clave en las intervenciones sobre riesgos y vulnerabilidad social. Las acciones de sensibilización, orientación y comunicación, llevadas a cabo por los trabajadores sociales y psicólogos de la institución con los niños y adolescentes y sus familias, son la función principal en este sector de protección.

62.Cabe señalar que en el marco del Proyecto de Intervención y Divulgación Proactiva en la Comunidad, durante el año 2022 se llevaron a cabo 2.766 acciones de sensibilización en las que participaron unos 9.326 niños y adolescentes, 1.360 familias y varios asociados, a saber, el Ministerio de Educación (escuelas), el Ministerio de Sanidad, la Policía Nacional, los ayuntamientos, los medios de comunicación, las ONG y las asociaciones locales. El desarrollo de estas iniciativas de intervención se centró en prevenir y combatir las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los niños y adolescentes a nivel nacional.

63.Las acciones de sensibilización con las comunidades, las escuelas y los socios, así como el refuerzo de las políticas sociales públicas, se definieron y marcaron como eje primordial en el año 2023.

Recomendación 7

Violencia de género contra las mujeres y las niñas

La eliminación de la violencia de género sigue siendo uno de los principales retos para la igualdad de género en el país.

64.De 2019 a 2022 han aumentado los casos de denuncias por violencia de género. De 2019 a 2020 hubo un aumento de 33 casos, esto es, en 2019 hubo 1.634 denuncias y, en 2020, 1.667 denuncias. De 2020 a 2021 hubo un aumento de 445 denuncias. De 2020 a 2022 hubo un aumento de 334 denuncias. Esto puede considerarse positivo, ya que significa que la gente confía más en las autoridades o que los mecanismos de denuncia funcionan mejor. Solo se puede actuar con denuncias, por lo que su aumento permite conocer los casos y garantizar la asistencia necesaria a las víctimas.

65.En este contexto, a nivel nacional, se realizaron talleres de sensibilización en colaboración con los ayuntamientos, ONG locales y otras instituciones del Estado, como la Unión de Gestión de Proyectos Especiales (UGPE), la Dirección Nacional de Educación, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, donde se tratan temas como la violencia de género, la violencia en las citas, la Ley de Violencia de Género, los mecanismos de denuncia, los delitos sexuales (explotación y abuso sexual) o el acoso moral y sexual.

66.Desde 2022, se ha introducido el módulo de igualdad de género en la formación profesional; se han celebrado ocho sesiones de capacitación en los distintos cursos del CERMI y del IEFP, se han impartido varias formaciones a nivel nacional que han llegado a unas 5.000 personas entre estudiantes de secundaria, profesores, mujeres beneficiarias de la renta social de inserción, técnicos del ecosistema financiero, estudiantes de formación profesional, juristas, reclutas de las fuerzas armadas o profesores pertenecientes a los sindicatos (SINPROF). Asimismo, se organizaron formaciones en Praia y Mindelo con profesionales de la salud que tratan el problema del VIH/sida (concretamente, tres en Praia y dos en Mindelo). También se celebraron sesiones de capacitación con estudiantes de periodismo y relaciones internacionales. Desde 2019 hasta la fecha, se han organizado capacitaciones anuales para la Policía Nacional y magistrados, en el marco de la aplicación de la Ley de Violencia de Género, en todo el territorio nacional. También se llevaron a cabo acciones de sensibilización en las escuelas bajo el lema “violencia en las citas” y “ciberacoso”.

67.Del mismo modo, para difundir información sobre la violencia de género, se emitió un anuncio en televisión y se organizaron acciones de sensibilización en las comunidades sobre “género y violencia de género”.

68.Se introdujo la asignatura “igualdad de género” en la formación profesional y se celebró un curso de formación de formadores sobre igualdad de género y violencia de género para la formación profesional.

69.En relación con las personas LGBTIQ+, se está trabajando en un marco de actuaciones que promuevan acciones de sensibilización y prevención dirigidas a contribuir a la reducción de prejuicios y estigmas y a la construcción de un mundo inclusivo, donde todas las personas que nacen libres e iguales puedan serlo efectivamente en dignidad y derechos, independientemente de quiénes sean. En este contexto, se llevaron a cabo una serie de actividades, entre ellas: i) firma de un memorando de entendimiento en colaboración con el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) con el objetivo de ofrecer formación profesional a personas de la comunidad LGBTI de Cabo Verde, con el fin de dotarlas de herramientas que los capaciten para la búsqueda de un empleo digno; ii) firma de un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Turismo y Transportes con el objetivo de trabajar por un Cabo Verde más inclusivo y celebración de jornadas de sensibilización con operadores turísticos y personal técnico del Ministerio; iii) organización de una Conferencia sobre Género y Derechos Humanos de las personas LGBTQI+, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (CNDHC); firma del plan de trabajo conjunto con asociaciones y activistas LGBTI de Cabo Verde, con el objetivo de promover los derechos humanos de esta comunidad en Cabo Verde; iv) evaluación de capacidades de las organizaciones y activistas de la comunidad LGBTI en varias islas del país, celebrando viajes y reuniones de grupos focales en las islas de Sal, Boavista, Fogo, São Vicente y Santiago con el objetivo de conocer la capacidad real de las organizaciones y activistas caboverdianos para encontrar la mejor manera de empoderarlos, y definición de la línea de base sobre las condiciones socioeconómicas de las personas de la comunidad LGBTI en Cabo Verde; v) Día Mundial contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Actividades de sensibilización en la plaza central de Plateau, en Praia, la capital del país, en colaboración con la Asociación LGBTI de Praia, la Cooperación Española y la Unión Europea para conmemorar “Mayo, el mes de Europa”. Actividad de sensibilización en el Liceu de Várzea, en Praia, a petición del instituto, con alumnos de los cursos del 10º al 12º. Semana de formación para asociaciones y activistas LGBTI en Cabo Verde, con el objetivo de empoderarlos para desarrollar solicitudes de financiación y proyectos de forma independiente. La celebración del mes de junio, centrada en el Día Internacional del Orgullo Gay, tuvo como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la lucha contra la homofobia para la construcción de una sociedad libre de prejuicios y equitativa, independientemente del género sexual.

70.La existencia de un sistema informático de denuncias en la Policía Nacional denominado IOMS (Sistema Integrado de Denuncias), que fue desarrollado para dar respuesta oportuna a los procesos relacionados con los casos y los consecuentes resultados estadísticos, dispone de un cuestionario específico dirigido a los casos que implican denuncias por violencia de género, gracias al cual es posible evaluar el nivel de peligrosidad en que se encuentran las víctimas y tomar acciones inmediatas, de acuerdo a la información obtenida. La plataforma también permite introducir y comprobar los casos en el sistema centralizado, así como consultar datos estadísticos actualizados, en tiempo real y en cualquier lugar, mediante un acceso controlado. El sistema promueve un mayor y mejor intercambio de información entre todas las comisarías y mandos regionales del país, independientemente de su ubicación geográfica.

71.En 2023, el Consejo de Ministros aprobó y publicó en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto del Fondo de Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género para garantizar, en el plazo más breve, una cantidad económica que permita a estas víctimas hacer frente a los gastos urgentes derivados de la agresión, además de financiar el mantenimiento de los Centros de Apoyo a Víctimas y Casas de Acogida y la puesta en marcha de programas de recuperación, apoyo psicológico y psiquiátrico, educación y prevención de la violencia de género. La aprobación del Fondo permitirá: i) garantizar la asistencia material, social, psicológica, psiquiátrica y jurídica a las víctimas de delitos de violencia de género y a las personas a su cargo; ii) garantizar el apoyo médico y farmacológico a las víctimas; iii) garantizar una cantidad pecuniaria para cubrir los gastos urgentes en que incurran las víctimas y las personas a su cargo como consecuencia de la agresión; iv) garantizar la puesta en marcha y el mantenimiento de las Casas de Acogida, los Centros de Apoyo a Víctimas y los técnicos asignados a estos; v) cubrir los gastos de publicación de anuncios en periódicos de actos procesales derivados de procedimientos civiles que estén directa o indirectamente relacionados con la situación de violencia de género; vi) financiar programas de educación y concienciación para agresores; vii) financiar programas de prevención, formación y detección precoz de la violencia de género; viii) garantizar la producción/actualización de material de apoyo sobre esta cuestión.

72.Actualmente, el país cuenta con casas de acogida en los municipios donde hay una mayor incidencia de casos de violencia de género y con protocolos para la implantación de instalaciones de transición con unidades hoteleras, tal como prevé la Ley de Violencia de Género, a saber: 2 casas en Praia, 1 en São Vicente, 1 en Fogo y 1 en la isla de Sal. Sin embargo, a las víctimas de la violencia de género se les garantizan plenos derechos en todas las islas.

73.Además, las medidas de protección y los protocolos interinstitucionales firmados destacan como instrumentos alternativos de colaboración, que pretenden garantizar respuestas reforzadas a las víctimas. En este contexto, se estableció un protocolo con el Centro de Apoyo Psicológico para proporcionar atención psicoterapéutica, psiquiátrica y neurológica a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos a nivel nacional; y dos más, uno con la Asociación de Mujeres Abogadas para garantizar la asistencia jurídica y otro con la Asociación Chã de Matias para la puesta en marcha de una casa de acogida.

74.Se reactivó el teléfono gratuito 800 18 18 con servicios adicionales a la denuncia de casos de violencia de género, pues sirve también como servicio de apoyo, derivación e información y presta asistencia especializada a víctimas de violencia de género. Pretende dar respuesta a todas aquellas personas que buscan apoyo psicológico, asesoramiento, información y orientación en relación con el delito de violencia de género, ya sean víctimas, familiares, conocidos o interesados en este tema. Se trata de una línea gratuita y confidencial, accesible desde todas las redes nacionales fijas y móviles, que funciona de 8:00 a 20:00 horas los días laborables, que se encuentra en fase experimental.

Recomendación 8

Trata y explotación de la prostitución

75.Una de las acciones del primer Plan Nacional Contra la Trata de Personas fue la creación del Observatorio de la Trata de Personas, integrado por instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada con intervención en la materia (véase más adelante). La Dirección General de Política de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, es el órgano responsable de la coordinación del Observatorio, así como de la orientación, evaluación y ejecución de los Planes Nacionales contra la Trata de Personas.

76.Asimismo, se elaboró un Manual de Procedimiento Operativo contra la Trata de Personas en Cabo Verde. Este Manual de Procedimiento Operativo es un documento estratégico para todas las partes interesadas en la lucha contra la trata de personas en Cabo Verde, con especial atención a la trata de niños. Su objetivo es mejorar la eficacia de todos los asociados gubernamentales y no gubernamentales para proteger a las víctimas de la trata.

77.En relación con la trata de personas, la Resolución núm. 40/2018, de 9 de mayo de 2018, creó el Observatorio de Vigilancia e Identificación Rápida de Situaciones de Trata de Personas, que integra varias instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada. Además de actuar preventivamente en la identificación y el seguimiento de manifestaciones sospechosas que puedan, de alguna manera, indicar la práctica de la trata, es un mecanismo institucional y formal que asume los objetivos de promover el intercambio y la gestión eficiente y eficaz de información o datos, con la posibilidad de promover y facilitar la articulación y coordinación entre los diferentes actores con responsabilidad en la implementación y gestión de planes contra la trata de personas.

78.El Observatorio de Vigilancia e Identificación Rápida de Situaciones de Trata de Personas ha establecido un acuerdo bilateral y de cooperación con el Observatorio de la Trata de Personas de Portugal. En este contexto, se realizó una visita de estudio en la que participaron algunos miembros del Observatorio de Cabo Verde.

79.El Gobierno ya ha elaborado el segundo Plan Nacional contra la Trata de Personas, cuya aprobación está pendiente.

Recomendación 9

Participación en la vida política y pública

80.En 2019, Cabo Verde adoptó el principio de democracia paritaria en el ejercicio del poder político formal, que asume la necesidad de una representación equilibrada de ambos géneros en las funciones decisorias de la política como condición previa para el disfrute pleno e igualitario de la ciudadanía.

81.En noviembre de 2019 se aprobó la Ley de Paridad, que “tiene por objeto garantizar la igualdad efectiva de derechos y deberes entre hombres y mujeres, con el fin de eliminar toda forma de discriminación y ofrecer las mismas oportunidades, concretamente en la participación política y en el desempeño de puestos de decisión, para lograr una sociedad más justa y equilibrada”.

82.La ley estableció una representación mínima del 40 % para cada uno de los sexos en las listas de candidatos a los órganos colegiados del poder político, apuntando así a un nuevo escenario en la arena política de Cabo Verde. El artículo 4 de la ley respectiva establece lo siguiente: i) “(...) una representación mínima del 40 % de cada sexo en las listas de candidatos a los órganos colegiados del poder político, a saber, la Asamblea Nacional, el Consejo Municipal, la Asamblea Municipal y otros órganos supramunicipales o inframunicipales”; ii) Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, los dos primeros puestos de las listas de candidatos presentadas deberán ser ocupados por candidatos de distinto sexo, no pudiendo figurar consecutivamente más de dos candidatos del mismo sexo en la lista de los restantes puestos”.

83.Con las elecciones celebradas en 2020 se logró la paridad tanto en los órganos ejecutivos, de los cuales resultaron electos 56 mujeres (41 %) y 82 hombres (59 %), como en el poder legislativo, que está integrado por 143 mujeres (42 %) y 199 hombres (58 %). Para la Presidencia de las Asambleas Municipales fueron elegidos 9 mujeres (40,9 %) y 13 hombres (59,1 %). Ninguna mujer ha sido elegida nunca para la presidencia de los ayuntamientos, aunque una ocupa este cargo por fallecimiento del titular.

84.En las elecciones legislativas de 2021, los resultados fueron positivos, pero no se alcanzó el objetivo. Resultaron elegidos 27 diputadas (37,5 %) y 45 diputados (62,5 %) para la Asamblea Nacional. Sin embargo, la composición actual del Gobierno no es equilibrada entre hombres y mujeres (0,563): está compuesto por 9 mujeres (5 ministras y 4 secretarias de Estado) y 16 hombres (11 ministros y 5 secretarios de Estado).

85.El artículo 7, por su parte, establece que los Consejos de Administración y otros cargos de designación en la Administración Pública, las empresas públicas, las empresas estatales y los institutos públicos tendrán una representación paritaria. El artículo 9 de la ley elige un comité de seguimiento encargado de evaluar y revisar el impacto de la ley en la promoción de la paridad de género.

86.En este contexto, y tal como se estipula en el artículo 8, era esencial llevar a cabo acciones de formación y sensibilización continua dirigidas a las partes interesadas con responsabilidades en el contexto de la aplicación de la Ley de Paridad (partidos políticos, incluidas sus asociaciones de mujeres y juventudes, OSC que promueven la igualdad de género, universidades), con el fin de garantizar una buena comprensión de la importancia de la participación de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones. En este contexto, se llevaron a cabo acciones de sensibilización con diversos públicos destinatarios para una mejor comprensión de la ley y de los entresijos de su aplicabilidad, entre las que destacan: i) una acción de sensibilización en colaboración con la Asociación Nacional de Municipalidades dirigida a los cargos electos de los municipios de Santiago Norte y Sur en una primera fase, dejando la región de Barlavento para una segunda fase. En esta sesión estuvieron representados nueve Consejos Municipales (asambleas ejecutivas y municipales) con representación de todos los partidos políticos, totalizando cuatro representantes (hombres y mujeres) por cada Consejo, dos en representación de los Consejos y otros dos en representación de las Asambleas Municipales; ii) en colaboración con la Asociación Caboverdiana para la Promoción e Inclusión de las Mujeres con Discapacidad (APIMUD), se celebró un taller sobre “El papel del liderazgo y la Ley de Paridad en la promoción de la participación política de las mujeres”, dirigido a mujeres con discapacidad, que permitió a este colectivo adquirir conocimientos sobre las herramientas jurídicas que posibilitan la participación de las mujeres en política, con especial atención a la Ley de Paridad. Cabe destacar también que la Ley de Paridad fue traducida al sistema braille para garantizar la inclusión de las personas con deficiencias visuales, permitiendo el acceso al documento y una mejor utilización; iii) celebración de dos talleres sobre “Derechos, deberes y herramientas para la participación democrática”, uno dirigido a mujeres inmigrantes de la isla de Santiago residentes en Praia y otro para mujeres inmigrantes de la isla de Sal, procedentes de Guinea-Bissau, el Senegal, el Brasil, Nigeria, Ghana y Santo Tomé y Príncipe. Los actos pretendían fomentar la participación e inclusión de estas mujeres en los ámbitos públicos de toma de decisiones y contribuir a la promoción de la igualdad de género y, por extensión, de una representación democrática inclusiva y participativa. También sirvió para abordar conceptos y conocimientos clave sobre derechos y herramientas y habilidades jurídicas importantes en el proceso de participación política, como, por ejemplo, los derechos y deberes que permiten/habilitan la participación de los inmigrantes; los medios de participación democrática de los inmigrantes; la importancia de las asociaciones en el proceso de toma de decisiones en los espacios públicos; la importancia de la abogacía en la lucha por la causa de las mujeres inmigrantes y el papel de la Ley de Paridad en el fomento de la participación activa de las mujeres en la política.

Recomendación 10

Nacionalidad

87.Aunque Cabo Verde no ha ratificado las Convenciones mencionadas, dispone de un marco jurídico que previene y combate explícitamente la apatridia con disposiciones que intentan dar respuesta a estos casos y situaciones.

88.La Ley de Nacionalidad (Ley 80/III/1990 de 29 de junio) en su artículo 7, apartados c y d, al establecer la nacionalidad de origen, establece como caboverdiano de origen a: a) las personas físicas nacidas en Cabo Verde y que no tengan otra nacionalidad; b) las personas nacidas en Cabo Verde de padre y madre apátridas o de nacionalidad desconocida residentes en Cabo Verde.

89.Los casos considerados “apátridas” en las estadísticas oficiales se refieren a personas que, en el momento de la recogida de datos, aún no habían adquirido una nacionalidad pero que, en la práctica, tienen derecho a ella.

90.Si tenemos en cuenta la definición utilizada en el art. 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, que define al apátrida como “toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”, estos casos no se considerarían realmente apátridas porque tienen derecho a una nacionalidad, pero aún no la han adquirido por diversos motivos (embajadas y consulados en otros países, etc.).

Recomendación 11

Educación

91.La visión de la “Ambición 2030 para Cabo Verde” señala que el desarrollo del capital humano es uno de los principales aceleradores del desarrollo sostenible, centrándose en la educación de excelencia.

92.La educación destaca como uno de los principales pilares del desarrollo del capital humano y una importante herramienta para luchar contra la pobreza, promover una vida sana y reforzar la democracia y la participación ciudadana en el proceso de desarrollo. De hecho, en estos 45 años de independencia, la educación ha sido uno de los sectores más exitosos y uno de los mayores vectores de desarrollo humano.

93.El Sistema Nacional de Educación está formado por una importante red pública de establecimientos, que comprende 398 escuelas primarias y 44 escuelas secundarias, distribuidas por todo Cabo Verde, y 10 instituciones de enseñanza superior, estas últimas con sede en las islas de Santiago y São Vicente. La mayoría de las escuelas primarias y secundarias (78,7 %) están conectadas a la red eléctrica pública, lo que facilita el acceso y el uso de las TIC y garantiza el acceso en el 46 % de las escuelas, principalmente con fines educativos.

94.Como resultado de esta notable trayectoria, el país tiene hoy una cobertura de cerca del 80,2 % de niños en preescolar, una tasa de alfabetización superior al 90 % y una tasa neta de matriculación del 92,3 % en educación básica obligatoria y del 53,7 % en educación secundaria.

95.“La gratuidad y la exención de tasas académicas en la educación secundaria responden directamente a una de las causas de abandono escolar más presentes: las dificultades económicas. La reforma curricular de la educación básica y el actual proceso de reforma curricular de la enseñanza secundaria han contribuido a reducir el fracaso escolar, otra de las causas del abandono escolar”.

96.El Plan de Apoyo Social a la Educación y Formación de las Adolescentes y Mujeres Jóvenes (2023-2026) tiene como objetivo contribuir a la matriculación en la educación segundaria y la formación profesional, la asistencia a las clases y su finalización por parte de las adolescentes y jóvenes pertenecientes a hogares en situación de pobreza. En su eje 2, titulado “medidas específicas de apoyo a las estudiantes embarazadas”, establece que “...se debe garantizar que las niñas que cursan la educación secundaria no abandonen los estudios por estar embarazadas”. Y para garantizar la aplicación de las medidas de apoyo social y escolar a las adolescentes embarazadas y madres en el marco del Decreto-Ley (Decreto-Ley 47/2017), el Plan elige las siguientes acciones, a saber: i) establecer un sistema de señalización y seguimiento de las estudiantes embarazadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y las recomendaciones del estudio “Ella estudia por dos”; ii) elaborar un plan de recuperación/sustitución de clases para las alumnas que hayan causado baja por maternidad; iii) garantizar el acceso de las madres y los padres adolescentes y sus hijos a centros de cuidado (guarderías y centros de enseñanza preescolar); sensibilizar a los adolescentes y a sus familias sobre la importancia de la educación y la finalización de los estudios para garantizar el acceso a un empleo digno; iv) informar y derivar a las adolescentes embarazadas al servicio de atención de la salud sexual y reproductiva y de atención al adolescente para su seguimiento.

97.La inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) ha cobrado mayor relevancia en el marco de la política educativa, con la aplicación de la medida de política para el libre acceso y permanencia en la educación de alumnos con discapacidad en todos los niveles educativos, la cartografía de estudiantes con señales y la implementación de centros de recursos en delegaciones y la creación de equipos multidisciplinarios para apoyar la educación inclusiva en las sedes de los agrupamientos escolares.

98.En el sector de la educación formal, en preescolar y primaria, hay paridad de género y el país está muy cerca de lograr la universalidad de la educación básica obligatoria. En la enseñanza secundaria, existe una brecha en detrimento de los chicos, y la tendencia se mantiene en la enseñanza superior, donde la tasa bruta favorece a las chicas. Existen disparidades en la formación técnica y profesional, como se desprende de los datos que se describen a continuación.

99.En 2019/2020, en educación infantil (4-5 años), la tasa de admisión total fue del 81,2 %, (84,4 % en niñas y 78,1 % en niños). En la enseñanza primaria obligatoria (1º- 8º curso), la tasa neta de escolarización (6-13 años) fue del 91,4 %, (90,4 % para las niñas y 92,3 % para los niños). Ese año, las tasas de éxito fueron del 90,9 % (93,8 % entre las chicas y 88,2 % entre los chicos). La tasa de abandono escolar fue del 1,4 % (1,2 % entre las niñas y 1,6 % entre los niños).

100.En la educación secundaria, incluida la enseñanza técnica, la tasa neta de escolarización en la población de 14 a 17 años es del 54,4 %, lo que indica una brecha de género desfavorable para los chicos (62,0 % para las chicas y 46,8 % para los chicos). Las tasas de éxito académico ascienden al 75,2 % (el 77,9 % eran chicas y el 71,9 %, chicos). La tasa bruta de escolarización es del 72,2 % (78,8 % para las chicas y 65,6 % para los chicos). El porcentaje de abandono escolar representó el 1,8 %, correspondiendo el 1,7 % a las chicas y el 1,9 % a los chicos.

101.La matriculación en la enseñanza técnica, por su parte, refleja un marcado desequilibrio (38,1 % de chicas y 61,9 % de chicos).

102.En 2020 asistieron a cursos de formación profesional 3.241 jóvenes, de los cuales 1.366 (42,1 %) eran hombres y 1.875 (57,8 %), mujeres. Las mujeres jóvenes son mayoría en los cursos ofrecidos por la EHTCV (70 %) y en algunas esferas de los cursos ofrecidos por el IEFP (57,2 %). En el CERMI, la matrícula es mayoritariamente masculina (un 74 %).

103.En este contexto, el Gobierno ha implantado y sigue desarrollando el “Programa de Enseñanza Técnica y Profesional para Jóvenes y Adultos” que, además de la Estrategia Nacional de Erradicación de la Extrema Pobreza (ENEPE), tiene como objetivo posibilitar que aquellos jóvenes y adultos que no hayan concluido un determinado ciclo de formación tengan acceso a la enseñanza técnica, creando así condiciones básicas para la inserción en el mercado de trabajo. El programa pretende ser un medio de reinserción profesional de los jóvenes que, por determinadas circunstancias, han estado en conflicto con la ley, así como dar una salida a los jóvenes que han abandonado los estudios por diversos motivos, incluido el embarazo adolescente. La participación en el programa otorga a jóvenes y adultos un diploma o certificado equivalente a los que se conceden en la educación formal, escolar y profesional.

104.El uso de castigos corporales correctivos contra los niños sigue practicándose en el país, a pesar de su prohibición legal. El Código Civil prohíbe el castigo corporal (artículo 128) y el Código Penal lo prohíbe y castiga (artículo 133), el que se infringe tanto en casa como en la escuela. En cuanto al castigo corporal y la potestad correctiva de los padres, el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) establece que los padres deben tener siempre presente el derecho del niño y del adolescente a una educación libre de violencia, castigos corporales, daños psicológicos y otras medidas contra la dignidad, que son inadmisibles (artículo 31). A su vez, garantiza que los niños que hayan sufrido daños en su integridad física se beneficien de programas de atención institucional (artículo 124).

105.En cuanto al castigo corporal en las escuelas, el ECA establece que las políticas y reglamentos disciplinarios de las escuelas deben tener una función primordialmente pedagógica, y se prohíbe expresamente la aplicación de sanciones físicas o humillantes contra niños o adolescentes, en particular en el caso de las alumnas que se hayan quedado embarazadas (artículos 17 y 51).

Recomendación 12

Empleo

106.Según los datos de la Encuesta Continua Multiobjetivo 2022 del INE, el mercado laboral de Cabo Verde se caracteriza esencialmente por la informalidad. En el momento de la encuesta, en Cabo Verde había 95.708 personas trabajando en el sector informal (incluidos la agricultura y la pesca), lo que representa el 53,8 % de los empleos a nivel nacional (57,2 % hombres y 49,6 % mujeres).

107.La actividad económica informal sigue siendo el mayor nicho de empleo en el sector rural, donde acoge al 73,3% de los asalariados (67,6 % mujeres y 76,8 % hombres). El medio urbano, sin embargo, acoge al 48,7 % (45,9 % mujeres y 51,3 % hombres) de la población empleada.

108.Los datos sobre informalidad muestran que las mujeres son mayoría en las actividades informales, que realizan de forma autónoma y sin personas a su servicio, lo que las hace extremadamente vulnerables —sus ingresos dependen única y exclusivamente de su iniciativa y actividad constante—, precisamente porque no están dadas de alta en la Seguridad Social y, cuando lo están, los costes son mayores debido a la modalidad de “trabajo por cuenta propia”, que les atribuye una cotización del 19,5 %.

109.Las ramas de actividad con mayor representación de trabajadoras son Comercio, Hostelería, Administración Pública y Defensa, Seguridad Social, Educación y Empleo Doméstico, que en conjunto representan el 69,3 % de la población ocupada femenina. El comercio es el sector que más empleo proporciona en Cabo Verde y absorbe el 16,5 % de la mano de obra, representando el 22,3 % de la población empleada femenina y solo el 11,6 % de la masculina. El empleo doméstico, por su parte, ocupa al 12,9 % de las mujeres y solo al 0,3 % de los hombres. La educación emplea al 10,4 % de las trabajadoras y solo al 4,2 % de los trabajadores. En el curso 2019/20, el Anuario del Ministerio de Educación indica que había 2.834 profesoras y 1.353 profesores en educación primaria y 964 profesoras y 1.057 profesores en educación secundaria. En la enseñanza superior había 571 profesoras y 890 profesores.

110.Esta información indica que el mercado laboral reproduce los estereotipos ocupacionales de género: las mujeres tienen mayor presencia en áreas de actividad vinculadas a la reproducción social, cuidado doméstico, educación y salud. También revela que el comercio representa un nicho importante en el mercado laboral para las mujeres, y que este comercio es generalmente informal.

Recomendación 13

Trabajadoras domésticas

111.La mejora de las condiciones de acceso al empleo digno y al sistema de protección social de las trabajadoras domésticas es el segundo resultado del proyecto “Promoción del empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cabe señalar que durante la fase de preparación del diagnóstico en el diseño del proyecto, se celebraron varias reuniones con la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Cabo Verde. Este contacto se ha incrementado considerablemente en fechas más recientes, pues se han organizado encuentros con el personal del propio Ministerio de Familia, Inclusión y Desarrollo Social, que supervisa el ICIEG, y se han tomado en consideración las medidas aplicadas y otras reformas políticas complementarias para responder a las directrices del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la OIT.

112.Ya hay en marcha una serie de actividades con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, que en general se centran en: i) reforzar sus competencias y cualificación profesional; ii) regular la práctica laboral de las trabajadoras domésticas; iii) diseñar el perfil de las trabajadoras domésticas, que se concretan en las siguientes actividades; iv) llevar a cabo acciones de sensibilización sobre los derechos y deberes de las trabajadoras domésticas, así como medidas de acceso a la seguridad social y permanencia en el sistema. El proyecto mencionado garantizará los siguientes resultados para 2024: a) creación de una propuesta de perfil para las trabajadoras domésticas con el Sistema Nacional de Cualificaciones y la DGIS y su presentación pública; b) regulación del trabajo de las empleadas de hogar; c) acciones de formación técnica (150 h) sobre higiene, atención a personas dependientes, seguridad laboral y competencias digitales básicas; d) creación, implementación y difusión de una campaña de sensibilización sobre los derechos y deberes de las trabajadoras domésticas y socialización de la Asociación de Trabajadoras Domésticas; e) desarrollo e implementación de una Plataforma Virtual de Inserción Laboral para trabajadoras domésticas en colaboración con la Dirección Nacional de Inclusión Social (DGIS); f) acciones formativas (75 h) con la Asociación de Trabajadoras Domésticas en planificación estratégica y asesoramiento jurídico y laboral.

113.En este contexto, ya se han llevado a cabo algunas actividades, como: i) reuniones de trabajo con los asociados, a saber, el Sistema Nacional de Cualificaciones; la Dirección General de Empleo; la Inspección General de Trabajo, el Instituto de Empleo y Formación Profesional, la Organización de Mujeres Caboverdianas, la Asociación de Apoyo a la Autopromoción de la Mujer en el Desarrollo, la Dirección General de Inclusión Social, la Asociación de Trabajadoras Domésticas y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, Hogar y Servicios (SNTDS), para la constitución de un grupo de trabajo que tenga por fin la revisión de la guía del trabajador doméstico; ii) reuniones de trabajo exclusivas con el Sistema Nacional de Cualificaciones para el diseño del perfil de las trabajadoras domésticas y de la formación para el desarrollo de capacidades; ya están preparados los términos de referencia y se está conformando una Comisión de Trabajo y Seguimiento; iii) reuniones de trabajo con un abogado para iniciar el proceso de la propuesta de regulación del trabajo de las empleadas de hogar; iv) reuniones de trabajo con el Instituto Nacional de Seguridad Social para la firma de un memorando de entendimiento para el desarrollo de acciones de sensibilización sobre acceso y permanencia al régimen contributivo de seguridad social, el diseño y la ejecución de una campaña sobre los derechos y deberes de las trabajadoras del hogar y también capacitación para multiplicadores a nivel nacional con las comunidades locales; v) reuniones de trabajo con el Instituto de Empleo y Formación Profesional y la Asociación de Trabajadoras Domésticas con el objetivo de acelerar el proceso de preparación de la formación de 150 horas sobre higiene, cuidado de personas dependientes, seguridad en el trabajo y competencias digitales básicas para trabajadoras domésticas, cuyo inicio está previsto para agosto en Praia, Santa Catarina y Santa Cruz y en las islas de São Vicente y Santo Antão.

114.En este contexto, ya se han adoptado las siguientes medidas políticas: a) creación exclusiva del Régimen del Servicio Doméstico por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuya cotización mensual se fija en un 23 % que debe repartirse: el 15 % corresponde a la parte del empleador (cotizante) y el 8 % es la cuota del trabajador (asegurado). Así, se recibe el derecho a jubilación; b) aumento del salario mínimo a 14.000 escudos caboverdianos, garantizado en el artículo 13 de la Ley núm. 16/X/2022, que aprueba el presupuesto del Estado, modificando el artículo 4 sobre el valor del salario mínimo mensual garantizado del Decreto-Ley núm. 6 /2014, de 29 de enero, que crea y regula el salario mínimo mensual para los empleados, sujetos al régimen del Código Laboral; c) revisión del Código Laboral (en curso); d) conversaciones en curso para ampliar la cobertura nacional del propio sistema de cotización a la seguridad social y, en consecuencia, las prestaciones por desempleo para las trabajadoras domésticas; e) declaración y compromiso político del Gobierno para extender la ampliación de la licencia de maternidad de 60 a 90 días y la introducción de la licencia de paternidad de 10 días laborables tras el nacimiento del hijo al sector privado y autónomos, incluida la cobertura de las trabajadoras domésticas.

115.A pesar de estas reformas (en curso) y de las medidas introducidas, el ICIEG ya había desarrollado un proyecto denominado “Refuerzo de las capacidades nacionales para la promoción de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres”, financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo era reforzar las capacidades de las trabajadoras domésticas para promover el trabajo decente. Como resultado, el proyecto permitió sensibilizar y reforzar las competencias sobre los derechos y deberes de 87 trabajadoras domésticas, así como sobre la iniciativa empresarial femenina, en los municipios de Praia, São Domingos, Assomada y Mindelo.

Recomendación 14

Salud

116.La Dirección Nacional de Salud, a través del Programa de Salud del Adolescente, viene trabajando para ampliar los espacios específicos de atención integral a la salud del adolescente, incluyendo la atención en salud sexual y reproductiva, a todos los municipios del país (20 espacios/34 centros de salud, en la mayoría de los municipios) y, donde no hay espacios específicos, los servicios de salud sexual y reproductiva garantizan la atención a los adolescentes.

117.Se han realizado varias capacitaciones para profesionales de la salud sobre atención integral a la salud de los adolescentes, con énfasis en: a) garantizar el acceso de los adolescentes a la información sobre derechos y atención en salud sexual y reproductiva, con distribución de materiales informativos y acciones de capacitación para estos grupos, charlas en las escuelas para docentes y adolescentes sobre anticoncepción y prevención del embarazo adolescente no deseado, prevención de infecciones de transmisión sexual, violencia de género, violencia en las citas, promoción de la salud mental, estilos de vida sanos, elecciones asertivas y seguras, etc.; b) conceder acceso gratuito a la atención postaborto en los establecimientos de salud. Sin embargo, el servicio de interrupción voluntaria del embarazo todavía no es gratuito y sigue realizándose en los hospitales centrales y regionales para garantizar su ejecución segura y tratar las complicaciones que puedan surgir eventualmente; c) garantizar el acceso de las mujeres que viven en zonas rurales a la atención en salud sexual y reproductiva y a los anticonceptivos modernos y gratuitos mediante la descentralización de la atención por parte de los centros y puestos sanitarios, incluyendo a las mujeres con discapacidad.

118.Del mismo modo, se garantiza el refuerzo de las acciones de prevención de las ITS-VIH/sida por parte de las estructuras sanitarias, con la distribución de preservativos masculinos y femeninos, con instituciones asociadas que trabajan en este ámbito, a saber, VERDEFAM, MORABI o asociaciones comunitarias, entre otras; el esfuerzo del país por dar curso a la respuesta para obtener la certificación de la eliminación vertical del VIH; el diagnóstico y tratamiento de todas las personas que viven con VIH/sida; el refuerzo del apoyo psicosocial a las personas con VIH/sida que reúnan los requisitos necesarios; el fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y adolescentes de Cabo Verde en la promoción de la salud frente al VIH; y el aumento de las intervenciones que mitigan la estigmatización y la discriminación y promueven los derechos humanos en la atención a las personas con VIH/sida y las poblaciones clave.

119.La aprobación y difusión de la Ley núm. 7/X/22 sobre la atención integral del VIH, que elimina las barreras de acceso a los servicios para las poblaciones clave y vulnerables.

120.A pesar de los avances, aún existen desafíos relativos al incremento de los recursos humanos para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades; el empoderamiento y la motivación de los proveedores de atención de salud; la autonomía de la población para mitigar la vulnerabilidad socioeconómica con un impacto directo en la salud, especialmente en las mujeres; la representación de las mujeres en la toma de decisiones sanitarias, en la prevención y gestión de epidemias sanitarias, especialmente las transmitidas por vectores, está garantizada por el Ministerio de Sanidad (la Dirección Nacional de Sanidad), los respectivos programas y las delegaciones de salud.

121.El Ministerio de Sanidad se ha esforzado por hacer que el Sistema Nacional de Salud (SNS) sea más inclusivo y accesible para las mujeres con discapacidad en cuanto a los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva. Se ha invertido en el acceso a la información de la población con discapacidad mediante la producción y difusión de anuncios en medios audiovisuales con lengua de señas y materiales gráficos en sistema braille. En materia de violencia de género, el Ministerio de Sanidad ha garantizado la formación de técnicos en igualdad de género, la difusión de la Ley sobre violencia de género, la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas, velando por la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Los procedimientos de esterilización de mujeres, especialmente aquellas con alguna discapacidad, se llevan a cabo con consentimiento libre, informado y firmado, y son un procedimiento habitual en las instituciones sanitarias.

122.El Ministerio de Sanidad celebró la segunda edición de la Conferencia Internacional de Asociados para el Desarrollo, que tuvo como objetivo movilizar recursos para la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (PEDS II 2022-2026) respecto al tema “La salud en todas las políticas: un camino en Cabo Verde”.

123.Finalmente, en 2022, se elaboró un estudio sobre el ejercicio de la ciudadanía en materia de salud en Cabo Verde.

Recomendación 15

Cambio climático y desastres naturales

124.La República de Cabo Verde ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 29 de marzo de 1995. La Convención entró en vigor el 22 de junio de 1995.

125.El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAA) se encarga de coordinar las cuestiones y actividades relacionadas con el cambio climático y es el punto focal de la CMNUCC y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Desde entonces, se han realizado esfuerzos considerables para promover la lucha contra el cambio climático, con el fin de cumplir los requisitos de la Convención y mejorar la cooperación intersectorial para garantizar la integración de las cuestiones relacionadas con el cambio climático en los documentos de estrategia sectorial y los objetivos nacionales de desarrollo.

126.El Gobierno es consciente del estado de emergencia climática en el que se encuentra el mundo y aboga por una actitud responsable y respetuosa con las generaciones actuales y futuras. Cabo Verde debe seguir preparándose y generando resiliencia para hacer frente a los fenómenos asociados a estos cambios (Programa de Gobierno de la décima legislatura). El Gobierno establece también las competencias, la composición y el modo de funcionamiento del Consejo Nacional de Medio Ambiente y Acción por el Clima (CNAAC).

127.En cuanto al nexo entre género y cambio climático, en Cabo Verde, al igual que en otros PEID, es más probable que el cambio climático afecte de forma diferente a mujeres y hombres, sobre todo por razones biológicas, normas sociales y de comportamiento y la falta de recursos básicos tras un desastre. Las mujeres caboverdianas, especialmente las que viven en zonas rurales, tienen más probabilidades de estar sobreexpuestas a los riesgos del cambio climático debido a múltiples factores vinculados a normas culturales que perpetúan la desigualdad de género, entre ellos: 1) disparidades en los ingresos y la productividad; 2) disparidades en el acceso a los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones; 3) acceso limitado a la información y al desarrollo de capacidades, incluidas las actividades que pueden permitir la sustitución de prácticas insostenibles (por ejemplo, recogida de arena, recogida de leña); 4) no reconocimiento o infravaloración de los conocimientos y prácticas tradicionales de las mujeres sobre su entorno y la gestión de los recursos naturales; y 5) la falta de datos desglosados y la consiguiente infravaloración del papel y las contribuciones de las mujeres en la mitigación y adaptación a los peligros del cambio climático (REFLOR).

128.En cuanto a la participación, las mujeres siguen estando por debajo en participación en puestos influyentes y procesos de toma de decisiones. Solo el 11 % de las ONG y asociaciones comunitarias están dirigidas por mujeres, mientras que las mujeres que ocupan cargos ministeriales representan apenas el 14,3 % (DSG-REFLOR).

129.Se han puesto en marcha varios proyectos, planes y programas para hacer frente al cambio climático, que han contribuido a la aplicación de medidas en favor de la igualdad de género. Cabe señalar que existe una mayor sensibilidad hacia las cuestiones de género y que muchos proyectos han interiorizado la preocupación por la integración de la perspectiva de género. A continuación, enumeramos algunos resultados o propuestas de medidas sugeridas por estos proyectos: con la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación y Mitigación del Sector Forestal en Cabo Verde (REFLOR), se elaboró un diagnóstico social y de género y se detectaron importantes sesgos sociales y de género en las comunidades beneficiarias. Además, es importante subrayar que el proyecto intervino en un contexto de escasez extrema de agua, derivada de los efectos de cuatro años acumulados de sequía, desde 2017, agravada por la pandemia de COVID-19. Aunque la población de Cabo Verde, en comparación con la de otros países africanos, está bien posicionada en términos de acceso a la energía, el agua y la educación, la pandemia ha demostrado que las emergencias económicas y sanitarias se han visto agravadas y profundizadas por la triple crisis de la escasez de recursos, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, especialmente para la sociedad rural de Cabo Verde. Uno de los objetivos de este proyecto era comprender mejor i) el papel de las mujeres y los hombres como usuarios de los recursos forestales, ii) la dinámica social de género en el acceso a los recursos productivos, los servicios (en particular, la silvicultura) y las instituciones locales, la capacidad de los hombres y las mujeres para influir en la toma de decisiones (voz) y beneficiarse de los recursos naturales y las oportunidades económicas para mejorar su bienestar individual y familiar (institución), y iii) las necesidades, derechos e intereses de los hombres y las mujeres y todas las partes interesadas en la gestión forestal. A través del mencionado diagnóstico social y de género, se detectaron importantes prejuicios sociales y de género en las comunidades beneficiarias, sobre todo en términos de acceso al agua, acceso a la tierra y control sobre ella. Se trata de sesgos que tienen una importante dimensión de género, especialmente en la documentación de la propiedad, incluso por parte del Estado (acuerdos a largo plazo), que tiende a atribuirse a los hombres considerados cabezas de familia. Se ha comprobado que los problemas de tenencia afectan a las inversiones que pueden hacer hombres y mujeres, pero la incidencia es mayor sobre las mujeres, que tienen menos probabilidades de registrarse como titulares de las propiedades que los hombres. También se detectaron sesgos de género en la participación y la toma de decisiones. Un aspecto al que las diferentes instituciones del país deben seguir prestando atención, a pesar de la publicación de la Ley núm. 68/IX/2019 sobre paridad, es la cuestión de la participación, especialmente a nivel comunitario, pues constituye un desafío que condiciona una mayor autonomía de las mujeres.

130.En los programas de emergencia y mitigación de sequías y malos años agrícolas implementados durante los cuatro años de sequía (2017-2021) se aplicó una medida de discriminación positiva consistente en dar prioridad a las mujeres cabezas de familia en materia de creación de empleo para las familias afectadas. En este marco, entre las medidas adoptadas destaca el fortalecimiento de la resiliencia de familias y comunidades, cuyo objetivo era la creación de empleo público para mejorar la accesibilidad, las calles y la conservación del suelo. Con esta medida, se crearon 14.602 empleos, de los cuales 6.279 (43 %) fueron para mujeres cabeza de familia (empleos creados hasta el 31 de diciembre de 2020). También se promovieron varias actividades generadoras de ingresos a nivel de procesamiento y producción de regadío, de las que se beneficiaron 25 mujeres cabeza de familia. En 2021/2022, se apostó fuertemente por la creación de obra pública en 18 municipios, lo que permitió la creación de 5.581 empleos (4.800 empleos previstos), de los cuales 2.846 (51 % del empleo) son para mujeres cabeza de familia, mediante la construcción de infraestructuras de servicios públicos, duraderas y con un impacto muy positivo en la calidad del medio ambiente y el bienestar de la población.

131.A través del programa de oportunidades económicas en el medio rural (POSER), se implementó un componente que trabajó para apoyar a los pequeños agricultores en la adaptación al cambio climático. Con el fin de reforzar la resiliencia del país al cambio climático y la de los pequeños agricultores a sus efectos en las zonas de intervención del programa, la financiación adicional reforzó las actividades destinadas a mejorar la movilización y gestión del agua para uso agrícola; la protección de las cuencas; y la infiltración del agua en el suelo. Además, el programa instaló y mejoró la red de distribución de agua de pozos y depósitos en las parcelas de los agricultores. El objetivo de desarrollo del programa era mejorar los ingresos de los pequeños agricultores, incluidas las mujeres, y crear empleos sostenibles para los pobres de las zonas rurales, especialmente las mujeres y los jóvenes en el contexto del cambio climático.

132.Durante el período 2020-2021, se ejecutaron 48 proyectos, de los cuales 31 se consideraron proyectos de estructuración, 17 proyectos de creación de empleo y 10 proyectos de conservación del suelo y el agua, en las islas de Brava (9 proyectos), Fogo (8), S. Nicolau (3) y Santiago (28). En total se beneficiaron 1.537 personas, 1.079 hogares, de los cuales 655 estaban encabezados por hombres y 424 por mujeres. El número total de mujeres beneficiarias es de 638 (42 %).

133.De 2019 a 2023, el ICIEG, en alianza con el Programa de Promoción de Oportunidades Socioeconómicas Rurales (POSER) del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), fortaleció sus actividades de capacitación y sensibilización con mujeres y jóvenes de zonas rurales, contribuyendo significativamente al empoderamiento económico de mujeres y jóvenes —en zonas rurales— y a la constitución de una sociedad más igualitaria y equitativa. Las esferas prioritarias de intervención son la autonomía económica, la participación y los procesos de toma de decisiones y, en los dos últimos años, la integración en el plan de actividades de la autonomía corporal, con un enfoque sobre la violencia de género y las masculinidades positivas que pretende sensibilizar y crear condiciones favorables para la promoción de la igualdad con el fin de cambiar las relaciones de género y de poder dentro de las comunidades.

134.Así, entre las acciones de formación y sensibilización destacan el desarrollo de capacidades y el refuerzo de habilidades en las esferas de educación financiera y alfabetización digital; formación en Get Ahead —A Step Forward—, una metodología desarrollada por la OIT que está especialmente dirigida a la iniciativa empresarial de las mujeres y tiene como objetivo desarrollar la confianza de las mujeres en sí mismas, mejorando sus habilidades empresariales y personales y reforzando sus capacidades de gestión; MESUN (Mejore su Negocio) es un programa de formación en gestión diseñado por la OIT que se centra en la creación y mejora de pequeñas empresas como estrategia para crear más empleo de calidad para mujeres y hombres, especialmente en las economías emergentes.

135.Destacamos que la integración de las cuestiones de género en POSER, que trabaja en los sectores de la economía azul y verde con la intención de reforzar sus cadenas de valor, es el tema clave de ICIEG hasta la fecha. De hecho, esta es la razón por la que las acciones del plan de trabajo más reciente (2022-2023) se centraron en la integración de la perspectiva de género con el fortalecimiento de i) las habilidades que mejoran las condiciones para la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en sus comunidades en las islas de Fogo, Santo Antão, Santiago, São Nicolau y São Vicente, con un enfoque en las habilidades de liderazgo y comunicación; ii) la capacidad de las delegaciones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAA), de las dependencias técnicas de POSER y de los beneficiarios en materia de igualdad y equidad de género, como forma de garantizar la durabilidad en el propio MAA.

136.La participación de las mujeres y los jóvenes en los procesos de toma de decisiones y la representación equilibrada de género en los espacios públicos y privados fue una de las dimensiones trabajadas, en complementariedad con la autonomía económica y emocional de las mujeres y las jóvenes, a pesar de que persisten aún algunos desafíos en términos de representatividad de las mujeres en los órganos de decisión y, en general, en los espacios públicos de toma de decisiones. Este reto es evidente en casi todos los sectores de la sociedad caboverdiana debido a un conjunto de factores sociales y culturales que se están deconstruyendo.

137. Entre 2019 y 2023, la asociación entre el ICIEG y POSER permitió que las acciones de formación y sensibilización centradas en la integración de la perspectiva de género beneficiaran a 1.685 mujeres (especialmente madres y cabezas de familia) y jóvenes, concretamente en las islas de Santiago, Fogo, Brava, São Nicolau y Santo Antão.

138.En el contexto de la preparación de la contribución determinada a nivel nacional, se informa a la Comisión de que el documento se actualizó en 2020. La actualización profundiza y va más allá del conjunto inicial de acciones y compromisos en lo que respecta a la ambición sectorial, el equilibrio de las acciones de mitigación y adaptación y la justicia climática. En esta versión actualizada hay muchos compromisos relacionados con la igualdad de género. La contribución determinada a nivel nacional indica que la definición de grupos vulnerables ante el cambio climático, así como los vínculos entre género y política y planificación climática, aún no están suficientemente establecidos o institucionalizados en Cabo Verde. Está claro que los desastres pueden adquirir proporciones considerables en todo el país. También se señala que Cabo Verde necesita estrategias inclusivas y sensibles al género para aumentar la capacidad de adaptación de todas sus comunidades y sectores económicos, en particular la producción de alimentos y el turismo. La contribución determinada a nivel nacional reconoce que las mujeres y los jóvenes están infrarrepresentados en los órganos decisorios y sobrerrepresentados en el desempleo y la emigración, y disponen de menos bienes o recursos financieros. Para esta contribución, los sectores de la energía, el agua, el uso de la tierra/agricultura, la economía azul y el turismo deberían ser el centro de atención de la igualdad de género. Aunque Cabo Verde ha alcanzado muchos objetivos en materia de igualdad de género, los roles de género siguen negando a las mujeres la plena igualdad y el acceso a los recursos. Los problemas clave que encierran a la mayoría de las mujeres en la pobreza y la baja productividad son su falta de tiempo y financiación. La clave para el próximo gran avance de la igualdad de género en Cabo Verde es el empoderamiento económico de las mujeres y su participación en los distintos niveles de la toma de decisiones.

139.Por ello, existe una creciente sensibilidad hacia la inclusión del enfoque de género en las diferentes medidas previstas en la implementación del Plan Nacional de Adaptación (PNAD). Desde su diagnóstico, el PNAD revela el uso de datos económicos y sociales que indican que el cambio climático afecta especialmente a las mujeres y a las familias monoparentales representadas por mujeres, niños y ancianos en situaciones desfavorables, como las personas con discapacidad, que tienen menos capacidad de adaptación, ya que tienen más dificultades para acceder a la financiación, al mercado y a los servicios de asistencia relacionados con la iniciativa empresarial o la información, entre otros. En el caso de las mujeres, los empleos que ocupan también suelen ser más precarios. El PNAD se basa en la contribución determinada a nivel nacional y en el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres e incluye, entre otros, los principios de equidad social, igualdad de derechos y paridad para garantizar la representación de las mujeres en los órganos de decisión y gestión del cambio climático.

140.El Programa de Acción Climática (PAC), financiado por la Cooperación de Luxemburgo, reconoce en su documento de proyecto que el cambio climático aumenta las desigualdades y vulnerabilidades ya existentes relacionadas con cuestiones de género, socioeconómicas y geofísicas, mientras que las capacidades de adaptación y los mecanismos de respuesta no están distribuidos de manera uniforme. El objetivo de la intervención del PAC es contribuir a aumentar la resiliencia climática de Cabo Verde. Dadas las especiales circunstancias de Cabo Verde, la mayor parte de los recursos de intervención se dedican a la adaptación. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, familias y comunidades se enfrentan a efectos diferentes en función de su nivel de vulnerabilidad, preparación y resiliencia frente a los riesgos climáticos.

141.Los medios de subsistencia, la situación socioeconómica, la ubicación geográfica, la religión y el sexo pueden afectar a su vulnerabilidad al cambio climático. En lo que respecta a las mujeres y las niñas, las costumbres socioculturales son responsables de las desigualdades de género en varios ámbitos, lo que hace que persistan las disparidades en los ingresos, las oportunidades de empleo y el acceso a los servicios esenciales. La “feminización” de la pobreza en las zonas urbanas y rurales, especialmente en los hogares encabezados por mujeres, amplía así la brecha de pobreza.

142.La pobreza que sufren las mujeres y la búsqueda de medios de subsistencia las lleva a menudo a hacer un uso intensivo e irracional de los recursos naturales, como los materiales inertes o la leña, porque a menudo son los únicos recursos que garantizan la supervivencia de estas mujeres y de sus familias, poniendo a menudo en peligro su salud y su vida.

143.Es importante destacar que las vulnerabilidades sociales y económicas de los grupos más vulnerables y su baja participación en la toma de decisiones a diferentes niveles, con énfasis en la definición e implementación de políticas públicas en materia de mitigación del cambio climático, hace que muchas veces las medidas definidas no se correspondan con la realidad que vive gran parte de la población, comprometiendo su éxito en el aumento de la resiliencia climática y social.

144.Por lo tanto, la intervención del PAC también apoyará a la contraparte nacional en la aplicación de medidas específicas de género presentes en la CDN y el PNAD y estará en consonancia con la política nacional de género. Esta acción deberá liderarla el Departamento de Clima, recientemente creado en el MAA y el Ministerio de Familia, Inclusión y Desarrollo Social, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el ICIEG. Estas medidas pretenden empoderar a las mujeres en cuestiones climáticas para reducir su vulnerabilidad.

145.El proyecto de Cuarta Comunicación Nacional y Primera Actualización Bienal para la República de Cabo Verde prevé la preparación de un Plan de Acción sobre Género y Cambio Climático y un estudio en profundidad sobre los diferentes papeles de hombres y mujeres en las intervenciones de adaptación y mitigación a nivel comunitario, en el desarrollo de políticas y en la toma de decisiones.

146.El Sistema Nacional de Protección Civil (Componente de Reducción de Riesgos y Desastres), la dirección que tiene la responsabilidad de la reducción de riesgos y desastres, está formado por una sola persona de sexo masculino, que también es el director del servicio. Esta junta ha tenido tres miembros: dos hombres y una mujer. Tomando en cuenta que los trabajos de reducción de riesgos y desastres requieren de la experiencia de diversas áreas y sectores, los equipos de trabajo se conforman de acuerdo con la especificidad del trabajo encomendado y con la implicación de diversas instituciones (considerando que no existe toda la capacidad técnica en la gestión), siempre tomando en cuenta el Sistema Nacional de Protección Civil. Las mujeres siempre han formado parte de los grupos de trabajo, lo que puede comprobarse consultando la ficha de los colaboradores que participaron en la redacción de la estrategia nacional para la reducción del riesgo de desastres. Además, en el ámbito de la protección civil, se llevó a cabo una consultoría nacional denominada “Preparación de un proyecto de análisis e integración de la perspectiva de género”, a la que siguieron una sesiones de formación para el personal de protección civil. También se llevaron a cabo acciones de formación y sensibilización en municipios y escuelas, entre otros.

Recomendación 16

Mujeres y empoderamiento económico

147.El PNIG 2022-2026 asigna responsabilidades específicas a diferentes sectores y prioriza el diseño y la aplicación de acciones que contribuyan directamente a la promoción de la igualdad de género. El Eje de Empoderamiento Económico de las Mujeres incluye: a) los sectores esbozados en el Programa de Gobierno e introduce la necesidad de fortalecer los esfuerzos en áreas innovadoras y estratégicas para el desarrollo del país, esto es, transición energética, preservación del medio ambiente y desarrollo rural, TIC y turismo; b) también considera necesario continuar con la ampliación del sistema de protección social obligatoria; c) aplicación del sistema de cuidados y fomento de la responsabilidad compartida en el cuidado familiar.

148.El Gobierno ha adoptado una serie de iniciativas, que enumeramos a continuación: a) la aprobación de la Estrategia Nacional de Erradicación de la Extrema Pobreza 2022-2026, mediante la Resolución núm. 4/2023; b) la creación del Programa Integrado de Apoyo a la Familia, que tiene como objetivo el acompañamiento familiar y la prestación de asistencia social a la población en situación de riesgo, a través de la transferencia de recursos financieros para garantizar el acceso a servicios mínimos (salud, alimentación, actividades generadoras de renta, formación profesional) - 42.000.000 CVE; c) la ejecución del proyecto “Empoderamiento Económico - Promoción de la Mujer” del ICIEG y POSER, que tiene como objetivos contribuir a aumentar el empoderamiento social y económico de las mujeres y jóvenes en las zonas rurales y crear las condiciones para cambiar las relaciones de género y las relaciones de poder dentro de las comunidades, así como fortalecer la capacidad de las delegaciones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, las dependencias técnicas de POSER y los beneficiarios en materia de igualdad y equidad de género. Entre 2019 y 2023 se beneficiaron 1.685 personas en las islas de Santiago, Fogo, Brava, São Nicolau y Santo Antão.

149.La ejecución del proyecto “Promoción del Empoderamiento y la Autonomía Económica de las Mujeres” promovido por el ICIEG tiene como objetivos mejorar el acceso de las mujeres en situación de vulnerabilidad a un empleo digno, alentar actividades generadoras de ingresos y favorecer el acceso a la economía formal. Se beneficiaron de este programa 111 personas, 103 mujeres y 8 hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 56 años. El proyecto tiene ocho municipios en su radio de acción, habiendo llegado hasta ahora a seis, a saber: Praia, Santa Cruz, Santa Catarina de Santiago, Ribeira Grande de Santo Antão y São Vicente. La ejecución del proyecto ”Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres” tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las trabajadoras domésticas para promover el trabajo decente, y ha beneficiado a 87 trabajadoras domésticas que recibieron información sobre sus derechos y se formaron en emprendimiento femenino. Se ha aplicado en los municipios de Praia, São Domingos, Assomada y Mindelo. La puesta en marcha del proyecto “Reconversión de la actividad minera de las mujeres de Ribeira da Barca", ejecutado por el Ayuntamiento de Santa Catarina y el ICIEG, tenía por objetivo promover alternativas a las mujeres cabeza de familia para ayudarlas a cambiar su “línea de vida” (extracción de arena). Como resultado, 20 mujeres recibieron formación en “Gestión de pequeñas empresas y preservación del medio ambiente”. La puesta en marcha del proyecto “50 millones de mujeres tienen la palabra”, ejecutado por el ICIEG, y que tenía por fin brindar información crucial sobre creación y gestión de empresas a las empresarias caboverdianas inscribiéndolas en una plataforma digital dirigida específicamente a mujeres del continente africano. Este proyecto benefició a 140 mujeres, de las cuales 50 recibieron formación en Get Ahead: creación y gestión de pequeñas empresas; 40 participaron en el Taller Café Empreende y 50 en el “Youth Speak Forum”. La ejecución del proyecto “Contribución a la creación y el acceso al trabajo decente para las mujeres”, aplicado por el ICIEG con el objetivo de crear y mejorar el acceso al trabajo en la esferas de los servicios de cuidados para las mujeres de los municipios de Porto Novo, Paul, Boa Vista y Sal. Como resultado, se formó a 166 personas como cuidadores de niños y dependientes; se profesionalizó el trabajo de cuidados mediante el Decreto-Ley núm. 63/2020; se elaboró una guía lúdica y pedagógica para guarderías y se preparó y actualizó la Carta Social.

150.En 2022, se estableció un protocolo para apoyar la implementación de la Estrategia de Género en la Pesca (2022-2026), implementada por el ICIEG en colaboración con la FAO y el Ministerio del Mar, con el objetivo de desarrollar y poner en marcha al menos un plan de igualdad de género en las empresas del sector y promover la formalización del trabajo y la protección social en el subsector de la pesca en pequeña escala y la producción de conocimiento y gestión de la información del sector pesquero con perspectiva de género, a través de la elaboración de una campaña de sensibilización para la visibilidad y el reconocimiento profesional de las mujeres en la cadena de valor de los productos de la pesca en pequeña escala para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en Cabo Verde. Como resultado, ya se ha concienciado a seis empresas, que han mostrado su voluntad de contar con un plan de igualdad cuyo desarrollo y posterior implantación se encuentra ya en curso.

151.Según el Boletín Estadístico del Sistema de Protección Social 2016-2020 de Cabo Verde, desde 2014 se ha producido un aumento significativo de la cobertura de la protección social, que se debe también a la integración de los trabajadores domésticos del régimen REMPE, mediante la formalización de su actividad y el acceso al sistema de seguridad social de los trabajadores vulnerables. En 2020, más del 50 % de los caboverdianos estaban cubiertos por al menos un régimen de protección social: en la Administración Pública, el 50 % son hombres y el 50 % mujeres; entre los trabajadores del régimen REMPE, el 51 % son hombres y el 49 % mujeres; entre los empleados, el 57 % son hombres y el 43 % mujeres; entre los trabajadores domésticos, el 95 % son mujeres y el 5 % hombres.

152.El sistema contributivo de la seguridad social se ha ampliado significativamente en los últimos años, pasando de una cobertura del 39,5 % en 2015 al 58,9 % en 2022 (+19,4 p.p.). El marco jurídico e institucional existente es favorable en la medida en que abarca los principales segmentos considerados de difícil cobertura, en particular las microempresas y las pequeñas empresas, los trabajadores domésticos y los trabajadores autónomos. Las prestaciones sociales, especialmente a nivel de la red de seguridad, desempeñan un papel importante en la lucha contra la pobreza, pero también en su extensión a grupos que no tienen capacidad para estar en el sistema contributivo. Los regímenes complementarios de protección social desempeñan un papel importante en la cobertura de un estrato más pobre y pueden ser mecanismos transitorios, complementarios de los regímenes convencionales de seguridad social (microfinanciación y microseguros; mutuas y seguros privados).

153.El actual marco institucional en materia de género permite combinar medidas políticas, como el marco jurídico presupuestario que vincula los procesos de planificación nacional, sectorial y local, la utilización de un enfoque de género y la presupuestación con perspectiva de género. Las acciones que promueve se rigen por la promoción de la autonomía de las mujeres y están armonizadas con las medidas políticas definidas por el Programa de Gobierno 2021-2025. El marco jurídico general es favorable a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y los instrumentos que definen las medidas políticas nacionales hacen amplia referencia a la promoción de la igualdad de género. También se refieren a la extensión de la seguridad social obligatoria como uno de los pilares de la intervención económica social, a la que se hace referencia en el Programa de Gobierno, el PEDS II y el PNIG.

Recomendación 17

Mujeres rurales

154.En 2015, según datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (IDRF), el umbral de pobreza extrema en Cabo Verde era de 49.699 y 49.205 escudos al año en zonas urbanas y rurales, lo que equivale a 136 escudos al día o menos de 135 escudos al día en zonas rurales y menos de 452 y 447 dólares al año, respectivamente. Unas 54.395 personas (el 10,6 % de la población) vivían en hogares extremadamente pobres, es decir, con niveles de consumo inferiores a estos umbrales. La extrema pobreza es un fenómeno en esencia rural y afecta especialmente a las mujeres. Cerca del 68,1 % de la población en situación de pobreza extrema vive en zonas rurales, donde esta situación de privación afecta al 20,3 % de la población, frente al 5,3 % de la población urbana. Los municipios de Santa Cruz y Praia fueron los municipios con mayor incidencia de pobreza extrema, con el 14,6 % y el 11,9 %, respectivamente, seguidos por los municipios de São Filipe y Santa Catarina, con cerca del 11 % de la población en esta situación de privación.

155.En la mayoría de los municipios, las mujeres constituían la mayoría (53,6 %) de la población en situación de extrema pobreza, excepto en los municipios de Paul, Ribeira Brava, Sal, Maio, São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, Mosteiros y Ribeira Grande de Santiago. Además, cerca del 42 % de la población muy pobre eran niños, menores de 15 años, con un 14,5 % menores de 5 años, y cerca del 5 % de la población en esta situación eran ancianos, de 65 años o más.

156.La erradicación de la pobreza extrema es una prioridad y un desafío para el país, y es necesario construir mecanismos más flexibles que respondan a las demandas de la realidad de los diferentes grupos/perfiles de la población pobre. Se ha apostado por conceder prioridad a los más pobres en la política de protección social no contributiva, especialmente con la puesta en funcionamiento del Registro Social Único.

157.El Gobierno se ha fijado como reto principal la lucha contra el empobrecimiento y la erradicación de la pobreza extrema para 2026, a través del Pacto para la Transición de las Familias en Extrema Pobreza 2022-2026, operacionalizado, a nivel central, por el Programa de Protección Social del PEDS II; a nivel sectorial, por el Plan Estratégico de Protección Social 2022-2026 y, a nivel local, por los Planes Estratégicos Municipales de Desarrollo Sostenible (PEMDS). El pacto para la transición de los hogares en situación de pobreza extrema 2022-2026 será un mecanismo de base territorial dirigido a estos grupos sociales, pues las personas muy pobres viven en hogares en situación de pobreza extrema.

158.En este contexto, el gobierno elaboró la ENEPE (Estrategia Nacional para la Erradicación de la Extrema Pobreza en Cabo Verde), un documento que define las acciones estratégicas necesarias para combatir la extrema pobreza que se implementarán en el ámbito de la nueva PEDS 2022-2026 y que aporta nuevas evidencias sobre los datos de la extrema pobreza en Cabo Verde. Este documento asume como escenario de referencia los datos más recientes del INE en los que la pobreza extrema era del 13,1 % en 2020, lo que corresponde a unos 12.184 hogares y 63.355 individuos. De este contexto y del análisis de las tablas del Registro Social Único se desprende que, entre los adultos, hay más mujeres afectadas por condiciones de pobreza, pues representan el 85 % de los hogares del Grupo 1. Estas mujeres suelen tener trabajos informales, que constituyen la única fuente de ingresos de la familia. En concreto, suelen dedicarse al trabajo doméstico no remunerado y no valorado, a la agricultura de secano o al comercio informal, especialmente en las zonas rurales. La ENEPE 2022-2026 tiene muy bien definido el objetivo de este grupo 1 del Registro Social Único, a saber, niños, personas con discapacidad, ancianos y jóvenes desempleados que no están matriculados en el sistema educativo ni en la formación profesional. La intervención propuesta por esta estrategia identifica tres ejes de intervención, que son la ampliación de los programas de transferencia de ingresos orientados a la lucha contra la extrema pobreza, la articulación institucional y la intervención integrada de las diferentes medidas de protección social y, finalmente, el fortalecimiento de la capacidad institucional, técnica y financiera para habilitar, supervisar y evaluar la ENEPE. También debe garantizar dos factores indispensables: a) extensión de las medidas de protección social a todas las familias en situación de extrema pobreza; y b) aumento del nivel de ingresos de estas familias, ya sea a través del empleo, de actividades informales o de prestaciones sociales que garanticen que se sitúan por encima del umbral de pobreza definido. El Gobierno considera que la intervención integrada entre los tres ejes descritos debe tener resultados que se traduzcan en la reducción gradual de la pobreza extrema a medida que mejoren los ingresos y las condiciones de vida de estas familias y reitera el compromiso de erradicar la pobreza extrema para 2026.

159.Además, en el contexto de la lucha contra la pobreza rural, el Programa de Promoción de Oportunidades Socioeconómicas Rurales (POSER) firmó un protocolo de cooperación con el ICIEG para profundizar en la lucha contra los estereotipos de género y promover una mayor y mejor participación de las mujeres en la toma de decisiones y en las actividades generadoras de ingresos. En el ámbito de este protocolo, el ICIEG impartió formación a las mujeres beneficiarias del programa en dos aspectos: i) refuerzo de sus capacidades empresariales y de gestión de pequeños negocios, y ii) en materia de género y autoestima, con especial atención a la participación en asociaciones de desarrollo comunitario y comisiones regionales de asociados.

Recomendación 18

Mujeres con discapacidad

160.Según los datos del Censo 2021 del Instituto Nacional de Estadística de Cabo Verde (INE-CV), la mayoría de la población de 5 años y más con discapacidad son mujeres (del total del 10,6 % de la población con discapacidad, cerca del 62,5 % frente al 37,5 % en las zonas urbanas y el 60,1 % frente al 39,9 % en las zonas rurales). Las mujeres son mayoría en todos los tipos de discapacidad o ámbitos funcionales: visión (19.054 mujeres frente a 9.751 hombres), audición (4.522 mujeres frente a 3.293 hombres), movilidad (7.765 mujeres frente a 5.183 hombres), cognición (5.920 mujeres frente a 3.612 hombres), cuidado personal (3.235 mujeres frente a 2.265 hombres) y comunicación (1.855 mujeres frente a 1.833 hombres).

161.Las mujeres con discapacidad se enfrentan a discriminación múltiple, debida al género, al estigma social asociado a la discapacidad y a las consecuencias de esta condición: bajo nivel educativo y bajos ingresos. El Estudio Bioconductual sobre la Vulnerabilidad de las Personas con Discapacidad frente al VIH/sida (2018) indica que el 45 % de los hombres y mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia, de los cuales el 14,4 % verbal, el 10,4 % física y el 4,7 % económica. Los casos de violencia se producen predominantemente en el vecindario (31,2 %), en el hogar (28 %) y en la calle (17,2 %). Más de la mitad de las personas con discapacidad que han sufrido violencia no la denuncian (buscan ayuda, se quejan, etc.). El componente cualitativo del estudio confirma que sufren principalmente violencia física, psicológica y sexual.

162.El trabajo del ICIEG se basa en los esfuerzos para integrar el enfoque de género a nivel sectorial y en el trabajo con una amplia red de asociaciones, con organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la promoción de la igualdad (OMCV, MORABI), en particular aquellas que representan a grupos específicos (mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes, mujeres con VIH/sida, asociación de personas LGBTI, etc.), hombres (White Ribbon Network) o grupos profesionales específicos (mujeres abogadas, mujeres empresarias, mujeres trabajadoras domésticas, mujeres parlamentarias); asociados institucionales para el desarrollo (ICCA, CIGEF y CNDHC), incluida la cooperación bilateral y multilateral; y grupos sindicales, en particular los que representan a las trabajadoras, como el Sindicato de Trabajadoras Domésticas.

163.En este contexto, el ICIEG, en colaboración con la Asociación Caboverdiana para la Promoción y la Inclusión de las Mujeres con Discapacidad (APIMUD), organizó un taller para mujeres con discapacidad, cuyo objetivo era fomentar la participación y la inclusión de estas mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones y contribuir a la promoción de la igualdad de género y la representación política inclusiva y participativa. El taller permitió a este grupo adquirir conocimientos sobre herramientas y competencias jurídicas importantes en el proceso de participación política, tales como el papel del liderazgo y la Ley de Paridad en la promoción de la participación activa de las mujeres en la política.

Recomendación 19

Mujeres migrantes

164.La problemática de las mujeres migrantes siempre ha merecido una atención especial por parte del Estado, a través de la Alta Autoridad para la Inmigración (antigua Dirección General de Inmigración), especialmente en lo relativo a la regularización como elemento esencial para el proceso de integración.

165.Teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes, en particular las mujeres inmigrantes en lo referente a la regularización (que se basa en la acreditación de las condiciones económicas de subsistencia en el país), y el hecho de que muchas no tienen una relación laboral estable, en 2021 se estableció un Régimen Excepcional de Regularización Extraordinaria de extranjeros mediante el Decreto-Ley núm. 72/2021, de 18 de octubre, que permitió la presentación de una solicitud de regularización por unidad familiar, eximiendo de la presentación de la prueba de la situación económica de sus miembros.

166.En cuanto a las dificultades de las mujeres inmigrantes para acceder a los servicios educativos y sanitarios, debido a las barreras lingüísticas, se informa de que la Alta Autoridad para la Inmigración ha iniciado la implantación de un sistema integrado de atención a inmigrantes a nivel nacional, con estaciones y unidades locales de atención, que se complementa con un servicio de interpretación telefónica, cuya implantación también está en marcha. El sistema de interpretación telefónica superará las barreras lingüísticas y facilitará la comunicación entre los inmigrantes y las instituciones caboverdianas proporcionando interpretación en las cinco lenguas principales habladas por los inmigrantes en Cabo Verde (criollo de Guinea-Bissau, inglés, wolof, francés y mandarín). Además, cabe señalar que el Plan de Actividades de la Alta Autoridad para la Inmigración para 2023 también prevé la implantación de un curso de lengua portuguesa que tiene por fin facilitar el acceso de los inmigrantes a la educación y la formación.

167.En cuanto a las dificultades para acceder a los servicios educativos y sanitarios, por razones de coste, se señala que, en virtud del artículo 68 de la Ley de Extranjería de Cabo Verde (Ley núm. 19/IX/2017, de 13 de diciembre de 2017), los extranjeros en posesión de un permiso de residencia tienen derecho a la educación y al acceso a la sanidad, sin necesidad de autorización especial y en las mismas condiciones garantizadas a los caboverdianos. Este último derecho, en los términos combinados de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Básica del Servicio Nacional de Salud (Ley núm. 41/VI/2004, de 5 de abril, modificada por la Ley núm. 76/IX/2020, de 2 de mayo de 2020) está garantizado a todos, incluidos los extranjeros, independientemente de su condición económica.

168.La mutilación genital femenina en Cabo Verde fue tipificada como delito (introducida en la Ley núm. 117/IX/2021, de 11 de febrero, del Código Penal) en 2021, se castiga con una pena de 4 a 10 años de prisión, y su preparación también es punible. Consciente de que la tipificación por sí sola no es suficiente para eliminar esta práctica, la Alta Autoridad para la Inmigración viene desarrollando actividades de sensibilización contra la mutilación genital femenina entre las comunidades inmigrantes, destacando la conferencia celebrada en agosto de 2022 sobre el tema “ Inmigración, género y prácticas nocivas: ¿por qué hablar de mutilación genital femenina en Cabo Verde?”.

169.En 2021, la Alta Autoridad para la Inmigración promovió una serie de conversaciones en torno a la inmigración en Cabo Verde para tratar el tema de la mutilación genital femenina, con el objetivo de servir como estrategia de información o sensibilización de la sociedad civil y promover reflexiones y debates sobre el tema.

170.Además, como parte de la difusión de información, la Alta Autoridad para la Inmigración creó espacios informativos mensuales en radios comunitarias, en Praia y Sal (Santa María), para informar a los inmigrantes sobre sus derechos, deberes y servicios pertinentes para su estancia e integración en la sociedad caboverdiana, con el fin de promover el diálogo intercultural y el respeto mutuo y prevenir la discriminación. En febrero de 2022 y febrero de 2023, los programas desarrollados en Praia se centraron en los efectos de la mutilación genital femenina en la salud de las mujeres y el marco de la mutilación genital en la legislación caboverdiana, respectivamente, como forma de informar y sensibilizar sobre esta práctica.

171.Además, el Plan de Actividades de la Alta Autoridad para la Inmigración, con el fin de continuar la sensibilización sobre la mutilación genital femenina durante el año 2023, establece entre sus principales objetivos la promoción de una cultura de igualdad y equidad de género dentro de las comunidades de inmigrantes residentes en Cabo Verde, en el que prevé la finalización de la elaboración del proyecto sobre mutilación genital femenina y la movilización de alianzas para su aplicación.

172.También está prevista, durante 2023, la elaboración de un estudio sobre género, inmigración y prácticas nocivas (especialmente mutilación genital femenina) en Cabo Verde, insertado en un proyecto más amplio, en el que, además de mejorar el conocimiento sobre este fenómeno, se prevé la información, sensibilización y formación de representantes de instituciones de diversas esferas, especialmente en el área de la salud.

Recomendación 20

Matrimonio y relaciones familiares

173.En relación con el propio fenómeno de la poligamia, el cambio de actitudes y prácticas es un trabajo a largo plazo que requiere una atención continuada a las iniciativas de educación para la igualdad, ya sea en el contexto educativo o a nivel comunitario. Estas acciones, como ya se ha mencionado, ya están en curso, incluso con las comunidades inmigrantes. Aunque no hay estudios que cuantifiquen el alcance de la poligamia, está claro que ha ido disminuyendo con los años en el país. Es importante señalar que los avances de Cabo Verde en términos de empoderamiento de la mujer (niveles educativos, acceso a la información sobre sus derechos, autonomía económica, etc.) han provocado un cambio de actitud hacia la poligamia, reduciendo su aceptabilidad social. La situación tiende a recaer igualmente en la práctica de la poliandria, configurándose en prácticas perjudiciales para la estabilidad familiar.

174.Los derechos y responsabilidades de las personas casadas y las implicaciones económicas del matrimonio, así como las cuestiones sucesorias, se rigen por el Código Civil (Libro IV - Derecho de Familia), que otorga a mujeres y hombres la misma capacidad jurídica. En la sección dedicada al matrimonio, el capítulo VIII trata los efectos del matrimonio. Los efectos sobre las personas (Sección 1) se rigen por el principio de igualdad, y el matrimonio se basa en la plena igualdad de derechos y deberes de los cónyuges (artículo 1624); la gestión y representación de la familia corresponderá a ambos cónyuges, que acordarán la orientación de su vida en común, en aras del bienestar de la familia y la defensa y promoción de sus intereses recíprocos y los de sus hijos (artículo 1625); el gobierno doméstico corresponderá a ambos cónyuges, quienes podrán acordar la atribución del gobierno doméstico a uno de ellos, según sus costumbres y condición (artículo 1626); el apartado 3 del mismo artículo establece que ambos cónyuges deben contribuir, en proporción a sus ingresos o ganancias, a los gastos de la vida familiar correspondientes a la condición económica y social de la familia y, el apartado 4, que la contribución a los gastos de la vida familiar puede provenir del trabajo dedicado al hogar o al mantenimiento y educación de los hijos (entendiendo por tal el denominado trabajo reproductivo, de carácter no remunerado). Los artículos siguientes estipulan, sobre la base del principio de igualdad entre marido y mujer, el derecho al nombre, el derecho a la libertad de elección y ejercicio de la profesión, el derecho a la libertad de constitución y explotación de depósitos bancarios y la reciprocidad de deberes. El régimen económico (Sección IV) puede ser elegido por la pareja en el momento del matrimonio, a saber, el régimen de comunidad de bienes adquiridos, el régimen general de comunidad y el régimen de separación de bienes. El régimen supletorio, que se aplica en ausencia de elección por parte de la pareja, es el régimen de comunidad de adquisiciones. Con algunas excepciones, los matrimonios en Cabo Verde se celebran bajo este régimen. El artículo 1682 define los bienes comunes, que forman parte de la comunidad: a) el producto del trabajo de los cónyuges; y b) los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio, que no estén exceptuados por la ley (esencialmente bienes anteriores de uno de los cónyuges, bienes donados o heredados, entre otros). El artículo 1688 sobre la participación de los cónyuges en la sociedad conyugal establece que los cónyuges participan por mitad en el activo y el pasivo de la comunidad, siendo nula cualquier estipulación en contrario. El artículo 1642, sobre las disposiciones después del fallecimiento, estipula que cada cónyuge tiene derecho a disponer, después del fallecimiento, de sus bienes y de su parte en los bienes comunes. En cuanto a la separación y el divorcio, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio y las causas no alteran los derechos y deberes de cada cónyuge en este contexto, y la separación de personas y bienes está prevista en pie de igualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a la administración y disposición de bienes, la Sección II sobre los efectos del matrimonio en los bienes de los cónyuges establece que cada cónyuge administra sus bienes y, si el otro cónyuge le ha conferido formalmente esta facultad, los bienes del otro cónyuge; además, cada cónyuge está facultado para realizar actos de administración ordinaria en relación con los bienes comunes de la pareja, pero se requiere el consentimiento de ambos cónyuges para otros actos (artículo 1635), como la disposición de bienes muebles (artículo 1638) o la disposición/arrendamiento de bienes inmuebles (artículo 1639); también corresponde a cada cónyuge administrar los ingresos percibidos por su trabajo (artículo 1635, apartado 2, letra a)).

175.Las dificultades que surgen en Cabo Verde no se refieren al marco jurídico en materia de sucesiones ni a la claridad en cuanto a los bienes matrimoniales, sino más bien a la cultura de la informalidad que existe en el país en la transmisión de bienes, en particular inmuebles, incluso en los casos de sucesión por causa de fallecimiento, debido en gran parte a la excesiva burocracia y a las cargas en términos de tasas e impuestos, así como al desconocimiento del marco jurídico aplicable. Cabe señalar que no hay pruebas que sugieran que esta informalidad afecte de manera diferente a mujeres y hombres.

176.No existe ningún estudio sistemático sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en situaciones de separación y divorcio, pero la práctica cotidiana apunta a dificultades vinculadas a la situación socioeconómica: es habitual que las parejas separadas conserven la misma casa, evitando la división de bienes y la concesión de una pensión, debido a la imposibilidad económica; a menudo no hay recursos para que un abogado acompañe la división de bienes, lo que ayudaría a garantizar que la división sea justa; solo las personas con ingresos inferiores a 20.000 CVE podrán acogerse a la justicia gratuita, las que tengan ingresos más altos pero modestos tendrán que pagar abogado y tribunal, dos elementos que implican un desembolso económico elevado. Es posible que estas dificultades afecten más a las mujeres que a los hombres, dado su mayor grado de dependencia económica.

177.El Código Civil define la unión civil como la convivencia estable, singular y seria de cama, mesa y casa entre dos personas de distinto sexo con capacidad legal para contraer matrimonio, por un período mínimo de tres años, que pretenden formar una familia mediante una plena comunión de vida (artículo 1560). El artículo 1562, sobre la formalización del matrimonio, establece en su apartado 5 que el reconocimiento de una unión civil equivale a la formalización del matrimonio. El reconocimiento de una unión civil es un reconocimiento notarial (artículo 1711), realizado ante el Secretario, siempre que la convivencia entre el hombre y la mujer reúna los requisitos necesarios, que son básicamente los mismos que se aplican al matrimonio (con ambos solicitantes en plena posesión de sus facultades mentales y sin impedimentos matrimoniales entre los solicitantes), que ambos solicitantes sean mayores de 19 años y que se concluya que la vida en común de los solicitantes garantiza la estabilidad, unicidad y seriedad propias del matrimonio. El apartado 2 de este mismo artículo también introduce la posibilidad de reconocer la unión civil, independientemente del período de convivencia, cuando existan uno o más descendientes comunes de la pareja (es decir, antes de los tres años de convivencia en estos casos). Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 1716, una unión civil reconocida equivale a un matrimonio a todos los efectos legales, surtiendo efecto desde la fecha de inicio de la unión. Por lo tanto, se aplica el marco jurídico expuesto anteriormente, que reconoce los mismos derechos y deberes a ambos miembros de la pareja (mujer y hombre) y las mismas consecuencias económicas y patrimoniales, y cuando se unen los dos miembros de la pareja pueden elegir el régimen patrimonial de la unión, como en el caso del matrimonio. En las situaciones de divorcio de una unión reconocida, las disposiciones relativas a la custodia de los hijos, la manutención de los hijos y el reparto de bienes son las mismas que para el matrimonio, ya que son situaciones jurídicamente equivalentes.

178.Sin embargo, la gran mayoría de las uniones en Cabo Verde no están reconocidas, dado el carácter informal de esta forma de relación, así como el desconocimiento del marco jurídico aplicable a las uniones civiles. El Código Civil incluye varias disposiciones para responder a la realidad sociocultural de las uniones informales. Concretamente, el artículo 1719 introduce la noción de unión civil reconocible, aunque no esté reconocida, y, en caso de extinción de una unión civil que cumpla los requisitos para ser reconocida (unión reconocible), cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que se le garantice el derecho a la pensión alimentaria; el derecho a su parte de los bienes comunes, como si se tratara de un divorcio (en cuyo caso se aplica el régimen patrimonial supletorio, es decir, el régimen de comunidad de adquisiciones); y el derecho a vivir en el domicilio familiar si los hijos menores de la pareja están a su cargo. El apartado 2 del mismo artículo establece que, en caso de fallecimiento de uno de los convivientes, la parte de los bienes comunes podrá ser reclamada por los herederos legítimos, que en Cabo Verde son generalmente los hijos; y el apartado 5 establece un plazo de 3 años, a partir de la asignación de la pareja de hecho no reconocida pero reconocible, para que los antiguos convivientes reclamen sus derechos. También existe la posibilidad de extinción de la pareja de hecho reconocible por mutuo consentimiento, que no requiere procedimiento judicial: los antiguos convivientes pueden establecer, en el plazo de un año desde la extinción, mediante escritura pública o escrito privado aprobado por el juez por simple término en él establecido, acuerdos relativos al ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores de la pareja, los bienes adquiridos durante la unión y el domicilio familiar, aplicando en todo, con las adaptaciones necesarias, las normas que rigen el divorcio por mutuo consentimiento (artículo 1721).

179.En cuanto a los recursos de que disponen las mujeres tras la disolución de la unión civil, son la información jurídica y la asistencia letrada. La representación legal está garantizada por el Colegio de Abogados de Cabo Verde (OACV) para las personas sin condiciones económicas, requiriendo únicamente una copia de un documento de identidad y una prueba de insuficiencia económica. La información jurídica la facilitan las ONG y los 22 municipios en virtud de protocolos firmados con el Ministerio de Justicia.

Recomendación 21

Reunión de datos

180.El Instituto Nacional de Estadística, en todas sus operaciones, recoge y publica datos desglosados por sexo, edad, municipio y zona de residencia (urbana y rural) a fin de responder a los compromisos nacionales e internacionales (PEDS, ODS 2030 y la Agenda 2063 de la Unión Africana) y al objetivo de “no dejar a nadie atrás” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030). Por otro lado, para erradicar todo tipo de desventajas en el mundo, el INE, en el ámbito del Censo General de Población y Vivienda de 2021 (V RGPH), de forma similar al IV RGPH de 2010, recogió, analizó y publicó datos sobre discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades, ha priorizado y diseñado operaciones estadísticas para dar respuesta a esta y otras cuestiones, así, la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2022 (IV IDRF), actualmente en curso, está recogiendo datos sobre esta cuestión.

Recomendación 22

Asistencia técnica

181.Cabo Verde, a lo largo de los años, ha destacado en el fortalecimiento de las capacidades técnicas nacionales y, en los últimos años, ha aprovechado estas habilidades para el diseño de estrategias y políticas nacionales relativas a la igualdad de género y, por supuesto, relativas a la aplicación de las Convenciones.

182.Sin embargo, en paralelo y en el marco de la puesta en marcha de una serie de acciones, el Estado también ha recurrido a la asistencia técnica internacional que trabaja conjuntamente con la experiencia nacional.

Recomendación 23

Ratificación de otros tratados

183.En 2021, Cabo Verde adoptó la resolución que aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En 2022, Cabo Verde aprobó las siguientes resoluciones: a) Resolución núm. 56/X/2022, que aprueba la adhesión al Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños; b) Resolución núm. 57/X/2022, por la que se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de diciembre de 2006; c) Resolución núm. 58/X/2022, por la que se aprueba la adhesión a la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior, adoptada el 25 de noviembre de 2019 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en París, del 12 al 27 de noviembre de 2019, todo ello recogido en el Boletín Oficial núm. 50, serie I, de 25 de mayo de 2022.

Recomendación 24

Seguimiento de las observaciones finales

184.Una de las limitaciones experimentadas por Cabo Verde en el período que se examina y que llevó al país a no presentar información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones enunciadas en los párrafos 22 a), 26 a), 29 c) y 33 a) de las observaciones finales del Comité (CEDAW/C/CPV/CO/R.9) se refiere al confinamiento del país en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, que lo llevó a redefinir el marco de acción programática para brindar asistencia de emergencia a las poblaciones, especialmente las más desfavorecidas y vulnerables.

185.La información solicitada figura en las recomendaciones 7, 9, 21 y 13, respectivamente.