Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

76º período de sesiones

Acta resumida de la 1982ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 22 de febrero de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Kemal

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 12º y 13º de Guatemala (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (tema 6 del programa) (continuación)

Informes periódicos 12º y 13º de Guatemala (continuación) (CERD/C/GTM/12-13; CERD/C/GTM/Q/12-13; respuestas escritas a la lista de cuestiones que han de abordarse, documento sin signatura distribuido en sesión, exclusivamente en español)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Guatemala toma asiento como participante a la mesa del Comité.

2.El Sr. Bolvito (Guatemala) dice que la visión del mundo de los mayas se fundamenta principalmente en un calendario astronómico complejo, en una producción cultural y artística que comprende el vestuario, un sistema educativo específico y un conjunto de principios y valores. Por exponerlo de manera esquemática, hay un calendario solar o agrícola, cuyo primer día cae, en este año, el 22 de febrero, y un calendario lunar o sagrado. Los ciclos de 20 días corresponden, cada uno, a una energía, suave o fuerte, que se denomina "nahual". Todo maya debe aprender a vivir con esas distintas energías si quiere sacar provecho de ellas.

3.A fin de preservar el saber tradicional, Guatemala ha promulgado, ante todo, la Ley Nº 19-2003 de idiomas nacionales, en la que se oficializa el uso de los idiomas maya, xinca y garífuna. El Estado debe no solo autorizar el uso de los idiomas indígenas sino también reconocerlos, respetarlos y promoverlos. Se ha encomendado a la Comisión de Oficialización de los Idiomas Indígenas un proyecto de cartografía lingüística destinado a elaborar un atlas lingüístico nacional. El Gobierno ha creado una Comisión para la Definición de los Lugares Sagrados y el Ministerio de Cultura y Deportes ha promulgado un decreto de reglamentación del acceso a los lugares, monumentos, complejos y yacimientos arqueológicos considerados sagrados. El citado ministerio ha creado la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, que se encarga, sobre todo, de promover la incorporación de las cuestiones culturales en las políticas públicas y de reforzar la participación de la sociedad civil y las comunidades lingüísticas, a fin de garantizar la viabilidad de las políticas y los planes de desarrollo reconociendo, al mismo tiempo, la diversidad cultural.

4.El Consejo Nacional de Áreas Protegidas cuenta con un Departamento de Pueblos Indígenas y Sociedad Civil que lo ayuda a atender mejor las demandas de los pueblos indígenas maya, xinca y garífuna relativas a la gestión de la diversidad biológica y al sistema guatemalteco de áreas protegidas. El citado departamento ha realizado una síntesis del saber colectivo que poseen las comunidades lingüísticas maya, poqomochi, achi, kaqchikel y mam en diversos ámbitos (agricultura, silvicultura, gastronomía, medicina, lugares sagrados, danzas y ritos) en una publicación titulada Guatemala y su Biodiversidad.

5.La expresión "lugares sagrados" designa los espacios físicos que, según los mayas, están cargados de energías positivas y, por tanto, son objeto de culto y de reconocimiento. Estos espacios o lugares pueden ser montañas, gargantas, cuevas, ríos, lagos, piedras o peñas que, dada su energía positiva, contribuyen al bienestar de la comunidad y de cada uno de sus integrantes.

6.En la Constitución guatemalteca se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres, así como el derecho de todos a practicar su religión. En Guatemala se reconoce también la práctica de la espiritualidad maya. El país se ha adherido al Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

7.El Ministerio de Cultura y Deportes ha creado una Unidad de Lugares Sagrados y el Instituto de Antropología e Historia ha inscrito 2.257 yacimientos arqueológicos en un registro de lugares sagrados.

8.El proyecto de ley de lugares sagrados, que estudia una de las comisiones del Parlamento, tiene por objeto aplicar mejor los artículos 13 a 16 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los que se hace referencia expresa a las cuestiones relativas a la tierra, a fin de que se respete el ejercicio del derecho a la consulta permitiendo a los pueblos indígenas defender mejor su derecho a la propiedad y evitar, así, el expolio de sus tierras ancestrales. Guatemala facilitará ulteriormente información sobre las medidas destinadas a garantizar que se respeten los lazos entre los pueblos indígenas y la tierra.

9.A los efectos de elaboración del informe que se examina, Guatemala organizó en mayo, junio y julio de 2008 unas consultas entre organizaciones indígenas, asociaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, de ámbito regional, así como consultas entre todos los ministerios competentes. Esas consultas adoptaron la forma de talleres y encuentros regionales en ocho departamentos.

10.Uno de los objetivos importantes de los Acuerdos de Paz es hacer de Guatemala un Estado pluriétnico, pluricultural y plurilingüe. A tal fin, se ha adoptado una amplia gama de medidas para reforzar la aplicación del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, entre las que figuran la incorporación de la variable étnica en el presupuesto de las instituciones del Estado, la elaboración de un proyecto de ley de creación de la Universidad Maya, la aprobación de una ley de desarrollo rural y aplicación de una política de desarrollo rural integral y la aplicación de un proyecto de catastro en algunos departamentos. El Fondo Nacional para la Paz ha invertido más de un millón de dólares de los Estados Unidos en proyectos productivos (formación y asistencia técnica, construcción de silos, material destinado a la agricultura y a la artesanía, etc.) que beneficiarán a 35.994 personas y 83 comunidades. En 2009, el programa ProRural permitió emprender una amplia gama de proyectos agrícolas en seis departamentos, en favor de 945.155 beneficiarios.

11.En el marco de su programa en favor de la inserción de las mujeres mayas, garífunas y xincas, la Defensoría de la Mujer Indígena ha desempeñado una función de primer orden colaborando con las instancias fundamentales del Estado, como los alcaldes, los jueces de paz y las comisiones departamentales. Se organizó una mesa redonda sobre la emancipación económica de la mujer para trazar un programa económico nacional de promoción de la igualdad de género en el ámbito económico. El Sr. Bolvito refiere la lista de las demás medidas concretas que ha adoptado el Gobierno guatemalteco: la aplicación del Programa Especial de Protección a Empleadas de Casa Particular, con el que se pretende, sobre todo, conceder prestaciones por maternidad y prestaciones familiares a esa categoría de trabajadoras; la creación de un servicio de salud para los pueblos indígenas y de interculturalidad en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; la creación de una oficina de coordinación de las cuestiones relativas a la paridad y a los pueblos maya, garífuna, xinca y ladino dentro del Instituto Nacional de Estadística; la fijación de un calendario de aplicación de los Acuerdos de Paz en el período 2008-2012. El representante menciona también las medidas de promoción del atuendo tradicional y de los tejidos indígenas, a fin de favorecer el resurgimiento de las culturas indígenas y de la economía local, así como la creación de escuelas de arte por parte del Ministerio de Cultura y Deportes.

12.Se ha realizado una campaña nacional en favor de la diversidad cultural y de la armonía para sensibilizar a la sociedad con respecto a la necesidad de redoblar la lucha contra la discriminación y el racismo en Guatemala. Los medios de difusión nacionales y locales han divulgado información sobre esas cuestiones en diversos idiomas indígenas. Se han creado unos juzgados de paz comunitarios para mejorar la administración de justicia en algunos municipios en que no había, hasta ahora, ninguna estructura judicial. La Defensoría de la Mujer Indígena ha organizado unas actividades de formación y de asesoramiento que van dirigidas a las encargadas indígenas pertenecientes a los consejos de desarrollo y cuyo fin es que las indígenas tengan mejor representación en esos consejos. Entre 2008 y 2009, se han remitido al ministerio público 10.118 expedientes relativos a las víctimas del conflicto armado interno, a fin de esclarecer la verdad. Se han elevado al Congreso muchos proyectos de ley, entre los que figuran el proyecto de ley de lugares sagrados, el proyecto de ley de derechos de los pueblos indígenas de Guatemala, el proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto de ley de medios de comunicación comunitaria, el proyecto de ley marco de desarrollo rural y el proyecto de ley del régimen nacional de desarrollo rural integral. En octubre de 2009, el Gobierno creó el programa "Mi Comunidad Produce", que se aplicará en los 185 municipios más pobres del país y en virtud del cual se otorgarán alrededor de 45.000 microcréditos a mujeres. Con arreglo al programa "Mi Familia Progresa", el Gobierno se compromete a pagar a las familias una asignación mensual de 37,5 dólares a condición de que se escolarice a sus hijos y se les haga un seguimiento médico. Quedan excluidas del programa las familias que reciban remesas del extranjero y los propietarios de viviendas dignas. El programa "Escuelas Abiertas", iniciado en julio de 2008, ofrece, para los fines de semana, actividades artísticas, culturales y deportivas a los jóvenes susceptibles de caer en la delincuencia. A finales de octubre de 2009, el país tenía 185 escuelas abiertas que acogían a más de 180.000 jóvenes.

13.Guatemala se ha adherido a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y suscribe plenamente los artículos 3 y 4 de esta, según los cuales esos pueblos tienen derecho a la libre determinación, derecho en virtud del cual determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. En ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

14.Guatemala se ha propuesto reducir el analfabetismo por medio de su Comité Nacional de Alfabetización. En 1986, la tasa de analfabetismo de los mayores de 15 años de edad era del 52%, es decir, que había unos 2,6 millones de analfabetos, la gran mayoría de los cuales (77%) vivían en el medio rural. En ese mismo año, el 44% de los analfabetos eran hombres y el 56%, mujeres. La lucha contra el analfabetismo ha dado fruto, ya que en 2009 la tasa de analfabetismo era del 21,05% del total de la población (el 18,29% de los analfabetos eran hombres y el 23,53%, mujeres).

15.El Sr. Bolvito dice que en los Acuerdos de Paz firmados en 1996, sobre todo en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, se insiste en que hay que emprender la reforma del sistema educativo nacional y se definen las líneas generales de esa reforma en lo que respecta al bilingüismo y la interculturalidad. Sus objetivos son la educación pluricultural e intercultural para todos, el afianzamiento de la identidad de cada pueblo y comunidad lingüística, la promoción de la unidad dentro de la diversidad y la promoción del plurilingüismo mediante la enseñanza de idiomas indígenas o extranjeros. En el acuerdo gubernamental de implantación general de la educación bilingüe, pluricultural e intercultural se prevén diversas estrategias para conferir obligatoriedad a la enseñanza y la práctica de la pluriculturalidad y de la interculturalidad en los sectores público y privado. Se ha ideado un modelo educativo bilingüe e intercultural que sirva de base a la elaboración de los programas escolares de los diversos pueblos indígenas del país. En la política lingüística del programa nacional de estudios básicos del nivel primario se prevé la enseñanza de tres idiomas: el materno, el español y el inglés.

16.El Ministerio de Educación ha puesto en marcha un plan nacional intercultural cuya finalidad es tomar en consideración las diferentes comunidades educativas y permitir que se desarrollen unas prácticas de interculturalidad encaminadas a construir la unidad dentro de la diversidad. Se han publicado textos escolares en versión bilingüe (español e idiomas indígenas) y en 16 idiomas indígenas. Hay 22 escuelas de magisterio en las que se forma a docentes bilingües e interculturales. El sistema educativo nacional tenía 6.500 docentes bilingües en 2004 y 5.500 más en 2007. Además, en 2007 el Gobierno puso en marcha el programa de promoción del bilingüismo, gracias al cual 16.446 docentes recibieron un suplemento de sueldo para que mejoraran sus conocimientos lingüísticos y pudieran impartir una enseñanza bilingüe.

17.En la Ley de idiomas nacionales se dispone que el idioma oficial de Guatemala es el español y que el Estado reconoce, fomenta y respeta los idiomas maya, garífuna y xinca-español. Dado que el Estado vela por que los servicios públicos se presten respetando los idiomas de las diversas comunidades lingüísticas, en los sectores público y privado, mediante esa ley se pretende facilitar, en el plano lingüístico, el acceso de todos los miembros de las diversas comunidades lingüísticas a los servicios de salud, educación, justicia y seguridad, con el objetivo de ampliar progresivamente esa disposición a otros servicios. El objetivo de la ley es que las comunidades lingüísticas nacionales utilicen sin restricción los idiomas nacionales, en los sectores público y privado y en los ámbitos educativo, universitario, social, económico, político y cultural.

18.Por lo que atañe a las licencias de explotación minera, el Ministerio de Energía y Minas ha fijado procedimientos administrativos para garantizar que se respeten las disposiciones relativas a la explotación de los recursos naturales. Desde 1996, este ministerio ha concedido 169 licencias de explotación, 54 de ellas en municipios cuya población está constituida, en su mayoría, por indígenas, y solo tres proyectos han sido proyectos de explotación de minerales metálicos.

19.Varias consultas, organizadas generalmente por los propios municipios, se han llevado a cabo sin asesoramiento jurídico interno, en contra de las prescripciones de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República en las que se prevé que no haya un procedimiento prefijado, a fin de respetar el espíritu del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de proteger las costumbres y los intereses de las poblaciones. Las comunidades interesadas tienen que poder tomar decisiones libres y con conocimiento de causa.

20.El Estado guatemalteco ha entablado un diálogo sobre la explotación de los recursos naturales con las autoridades departamentales, municipales y comunitarias. Por lo que atañe al proyecto minero de explotación de minerales metálicos, se ha implantado un sistema de información con la participación de los dirigentes de las comunidades. La empresa explotadora y el Estado guatemalteco han tomado en consideración las preocupaciones expresadas por las comunidades que viven cerca del lugar en que se ejecuta el proyecto. Se han realizado investigaciones sobre el terreno para esclarecer la pertinencia de las denuncias y se ha informado a las comunidades de los resultados obtenidos. En un orden de cosas más general, el Gobierno ha creado un espacio de diálogo con los diversos sectores, dentro de una iniciativa denominada "Gobernando con la Gente". Este diálogo tiene por finalidad llegar a una solución de compromiso entre los diversos interlocutores y en él se tratan diversos temas, como el medio ambiente, la educación, la salud o las infraestructuras. En este ámbito, el Presidente ha tenido la ocasión de escuchar cuál era la voluntad de los pueblos que se oponían a la realización de determinados proyectos mineros en su territorio y ha tomado en consideración su punto de vista.

21.La moratoria sobre las licencias de explotación minera está ligada a las controversias que han tenido lugar en varias comunidades indígenas preocupadas por proyectos mineros de gran envergadura. Los procedimientos administrativos de concesión de licencias mineras están en vías de reforma, a fin de respetar las normas ambientales o las relativas a la responsabilidad social y a la participación ciudadana. Dado que, desde julio de 2008, ninguna solicitud ha cumplido los criterios, se siguen estudiando los procedimientos.

22.El Estado guatemalteco estudia un proyecto de ley sobre la explotación minera en el que se incorpora la experiencia internacional en materia de respeto de las normas ambientales, sociales y económicas y se insiste en los intereses nacionales, el desarrollo económico y el respecto de las comunidades afectadas por los proyectos de explotación. Tiene cuatro ejes principales: el medio ambiente, la economía, la sociedad y el afianzamiento institucional. En el plano social, se prevén procedimientos de consulta popular para la concesión de licencias. En el plano institucional, se fijan normas más estrictas de tributación y supervisión por parte del Estado y se prevé crear un consejo de política minera con la participación de las autoridades locales interesadas en los proyectos de explotación.

23.En cuanto al proyecto de explotación minera de San Juan Sacatepéquez, el Sr. Bolvito explica que una sociedad anónima presentó, en 2006, a la Dirección General de Minería, una solicitud de explotación de diferentes minerales en el término de ese municipio y el Ministerio de Energía y Minas le concedió, en 2007, un derecho de explotación, porque respetaba los criterios fijados por ley. El proyecto abarcará un terreno de 900 h, incluido el término municipal de San Juan de Sacatepéquez, pero no lo explotará enteramente, y preservará sus bosques. La planta de elaboración y la zona de extracción solo ocuparán 64 h.

24.Al hilo del proceso de información y diálogo que está en curso, la citada sociedad ha llevado a cabo un estudio, dentro de las comunidades afectadas, acerca de los efectos económicos, sociales y culturales de las actividades de explotación, de conformidad con las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A instancias de esas comunidades, el estudio de los efectos ambientales presentado por la sociedad se ha remitido a un gabinete de especialistas internacionales que ha ratificado la parte técnica y ambiental, pero ha considerado que hay lagunas en el plano social que habría que remediar.

25.El Consejo Municipal de San Juan Sacatepéquez ha aprobado el decreto en el que se convoca a las comunidades indígenas que viven cerca del lugar de ejecución del proyecto, para que participen en las consultas relativas a la concesión de licencias de explotación, y en el que se precisa que se requiere, al menos, la participación del 20% de los habitantes del municipio. Ulteriormente, el Consejo Municipal anuló la convocatoria, aduciendo que no se habían cumplido los requisitos legales. Pero un grupo de habitantes celebró una consulta con 8.000 personas que se oponían al proyecto. La comisión nombrada por el Consejo de la República para examinar ese asunto no pudo verificar que todos los participantes en la consulta fueran mayores de edad, condición necesaria para que los resultados se consideraran acordes con la ley. Ulteriormente, la Corte de Constitucionalidad pidió al Congreso de la República que aprobara, sin dilación, unas normas sobre ese derecho. Habida cuenta de ello, Guatemala prosigue el diálogo con las comunidades acatando la decisión de la Corte y las recomendaciones de la comisión del Congreso.

26.En los procesos judiciales relativos a los conflictos que tuvieron lugar en San Juan Sacatepéquez en 2008 se ha trazado una distinción entre los actos de violencia, en particular el linchamiento colectivo, cometido en determinados municipios, y la resistencia pacífica a las decisiones de las autoridades del Estado. La Comisión de Transparencia, que investiga las denuncias de violencia, ha descubierto que existen probablemente grupos armados clandestinos. En 2008 se incoó un proceso contra unas personas sospechosas de haber puesto una bomba que había destruido parcialmente un puente de San Juan Sacatepéquez y se detuvo a una de esas personas. A raíz de ello, numerosos habitantes se manifestaron para exigir la liberación de ese sospechoso, lo que obligó a las autoridades a movilizar a varios centenares de agentes para dispersarlos y dio lugar a la detención de 17 personas. Ulteriormente, el detenido principal fue condenado a pagar una multa y puesto en libertad.

27.Guatemala aún no ha organizado consultas para la concesión de licencias de explotación minera. Las consultas que han organizado las autoridades municipales o convocado las comunidades han respetado las normas prescritas en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se han denegado nueve licencias en localidades cuyo ayuntamiento había organizado consultas y cuya comunidad había rechazado los proyectos. Los titulares de licencias de prospección concedidas después de que se hubiera ratificado el Convenio Nº 169 se han abstenido de realizar prospecciones mineras para no suscitar conflictos y han dejado intactas las zonas de prospección.

28.En la ley vigente se prevé la obligación de hacer un estudio de los efectos ambientales para poder realizar un proyecto de explotación minera. Esos estudios son obligatorios para obtener una autorización y garantizar la incoación del procedimiento administrativo.

29.Por lo que atañe al carácter no vinculante de las consultas, el Sr. Bolvito dice que hay varios dictámenes de la Corte de Constitucionalidad sobre el particular. En uno de 2005, la Corte determinó que las consultas populares constituían mecanismos importantes de expresión popular y permitían ejercer los derechos reconocidos en la Constitución, pero que esos procedimientos consultivos debían inscribirse en un marco jurídico muy preciso. Las autoridades encargadas de organizar las consultas deben velar por que estas no tengan carácter vinculante. En un dictamen de 2009, la Corte se ratificó en su resolución de 2005 con respecto al recurso de amparo presentado por varios representantes de las comunidades de San Juan Sacatepéquez y resolvió que era obligatorio celebrar consultas.

30.Por otra parte, la Corte se refirió a la postura del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, que había visitado Chile y redactado una lista de los criterios aplicables a las consultas, a saber, realizarse con antelación y de buena fe para infundir confianza, contar con la participación de las instituciones representativas de los indígenas, tener carácter sistemático y transparente y no ser vinculantes. Además, dictaminó que, en caso de oposición de las comunidades indígenas a una iniciativa de explotación minera, el derecho a ser consultadas no equivale a un derecho de veto de las decisiones públicas, toda vez que el Gobierno tiene que respetar los derechos fundamentales de la población. En el ordenamiento jurídico de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad es la autoridad suprema en lo que respecta a la interpretación y la aplicación de las leyes.

31.En 2009, la Comisión de Pueblos Indígenas presentó un proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas que se sometió a la consideración de varias instancias representativas de esos pueblos. Después de esas consultas, la Comisión emitió, en octubre de 2009, un dictamen favorable al proyecto de ley, que tenía por objeto reglamentar el ejercicio del derecho a ser consultado y reconocer el carácter obligatorio de ese derecho. Se creó un Consejo de Consultas Indígenas para garantizar la aplicación de la futura ley. Se trataba de una entidad autónoma compuesta por representantes de las comunidades, que actuaría como intermediaria entre el Estado y los pueblos indígenas en materia de consultas y que se encargaría, ante todo, de determinar qué medidas administrativas y legislativas deberían someterse a consulta, de aconsejar a las comunidades y de realizar estudios o informes sobre los proyectos objeto de consulta.

32.En virtud del proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas, incumbirá al Estado organizar dichas consultas e indicar, de antemano, las cuestiones sobre las que tratarán. Habida cuenta que en dicho proyecto se prevé crear una institución autónoma, el Consejo de Consultas Indígenas, su aprobación requerirá los dos tercios del Congreso de la República.

33.El iom b'e y el k'amalb'e de los derechos humanos eran colaboradores del Procurador de los Derechos Humanos que velaban por la promoción y la defensa de los derechos humanos de los indígenas, participaban en la resolución de sus litigios e intervenían en caso de que se lesionaran sus derechos. Los titulares de esos cargos, que se crearon en 2005, cesaron en sus actividades en la segunda mitad de 2007, por falta de recursos.

34.En su programa de fomento y supervisión del ejercicio efectivo del derecho al trabajo en materia de salud, seguridad y asistencia social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene varios proyectos entre los cuales se cuenta uno de asistencia a los pueblos indígenas. El Sr. Bolvito invita a los miembros del Comité que deseen información más amplia sobre la cuestión, así como sobre las condiciones de trabajo y las medidas adoptadas para sancionar las infracciones contra el derecho al trabajo en las maquiladoras del país, a que consulten los párrafos 205 a 209 del informe que se examina (CERD/C/GTM/12-13). Además, los miembros del Comité podrán remitirse a los párrafos 218 y siguientes en todo lo que respecta al mandato y la composición de la Inspección General de Trabajo del citado ministerio.

35.La razón de ser de los juzgados de paz comunitarios es garantizar el acceso de los pueblos indígenas a jueces que tengan sensibilidad hacia su cultura. Estos juzgados, que se han creado en los municipios carentes de cualquier otro tipo de órgano jurisdiccional, están compuestos por tres miembros, designados generalmente por la comunidad y nombrados por la Corte Suprema de Justicia, los cuales poseen conocimientos jurídicos pero, ante todo, deben conocer los usos y las costumbres locales. Esos jueces suelen adoptar generalmente una línea intermedia entre la del derecho escrito y la del derecho consuetudinario. Son competentes para celebrar audiencias de conciliación y aprobar los acuerdos que emanen de ellas, tomar la primera declaración a los acusados, imponer medidas coercitivas y ordenar el levantamiento de cadáveres en ausencia de un representante del ministerio público de la región de que se trate.

36.El Sr. Bolvito reconoce que Guatemala no ha logrado garantizar el acceso de la población a la justicia en condiciones de igualdad, a pesar de haberse creado centros de justicia en los que trabaja personal bilingüe en las regiones pobladas principalmente por indígenas, y ello por falta de recursos y de formación intercultural.

37.El Sr. Bolvito reconoce, asimismo, que la discriminación racial y el racismo no se han tipificado como delito, pero afirma que Guatemala sí lucha contra la discriminación en general. Prueba de ello es el artículo 202 bis del Código Penal, en el que se califica de "discriminación" toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido. Quien infrinja el citado artículo, de manera intencionada o no, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de 1.500 a 3.000 quetzales. La pena se agravará cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica; cuando el hecho sea cometido por una persona que difunda, apoye o incite ideas discriminatorias, y cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo.

38.En el artículo 14 bis del Código de Trabajo se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica, en los establecimientos de asistencia social, educación o cultura que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores, en las empresas o sitios de trabajo de propiedad particular, o en los que el Estado cree para los trabajadores en general, y se decreta que el acceso que los trabajadores pueden tener a esos establecimientos no puede condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen.

39.En el artículo 89 del mismo Código, se consagra el principio de "a trabajo igual, salario igual". Además, en las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que la remuneración se corresponde con las responsabilidades de la demandante.

40.En el artículo 1 de la Ley de difusión y promoción de la no discriminación se dispone que es responsabilidad de los ministerios promover el respeto y la tolerancia entre todos los integrantes de la nación guatemalteca, que es pluricultural, plurilingüe y pluriétnica.

41.Por último, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas elabora actualmente un anteproyecto de ley de prevención y eliminación de la discriminación y el racismo en Guatemala, en el que se penalizan los actos discriminatorios y racistas.

42.Se ha creado recientemente una unidad alternativa de mediación y resolución de conflictos que ofrece a la población un medio gratuito, rápido y extraoficial de resolver sus conflictos en los ámbitos civil, penal, comercial, familiar y laboral. El objetivo de esa unidad es favorecer la paz social, lograr que la justicia sea rápida, eficaz y accesible a todos, incluidos los indígenas, y descongestionar los tribunales. Algunos de los mediadores nombrados son indígenas y conocen, por tanto, los principios y los valores de los indígenas, así como las formas tradicionales de solución de conflictos.

43.Se levantará un nuevo censo de población en 2012. A fin de comparar sus resultados con los del anterior, el Instituto Nacional de Estadística mantendrá muchas de las preguntas que se formularon en este pero consultará a los representantes de los pueblos indígenas, en concreto los mayas, los garífunas, los xincas y los ladinos, para determinar qué temas deberían ser objeto de preguntas precisas.

44.Las diferencias entre las estadísticas de población indígena que figuran en el informe que se examina (CERD/C/GTM/12-13) y las que figuraban en el anterior se explican por el hecho de que este se basa en el censo de 1994, levantado cuando la población indígena representaba el 42,38% de la población total, mientras que el otro utiliza las estadísticas obtenidas en 2002, cuando la población indígena representaba el 39,45%. El censo de 2012 debería permitir calcular mejor la cifra de esta población.

45.Para evaluar de manera fiable y objetiva los efectos de las políticas relativas a los pueblos indígenas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas ha emprendido la medición de los indicadores principales utilizados en América Latina, a saber, la población, la tasa de fecundidad/mortalidad, la distribución territorial y las migraciones internas, la educación oficial, la cultura y el idioma, las características socioeconómicas, la vivienda y las infraestructuras de saneamiento básico y, por último, la familia.

46.Los departamentos en que los indígenas representan el 35% o más de la población (Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango) se han beneficiado del incremento de las inversiones públicas. Además, se ha puesto en funcionamiento un programa de desarrollo económico en favor de las zonas rurales para favorecer la obtención de créditos y el desarrollo de las infraestructuras y los medios de producción reforzando, al mismo tiempo, la gestión pública en el plano territorial y facilitando la concertación de acuerdos entre el sector público y el privado.

47.El Sr. Bolvito subraya que Guatemala realiza actualmente una gran campaña que tiene por objeto alentar a los padres a que escolaricen a sus hijos ofreciéndoles incentivos como las becas. Otra medida del Gobierno guatemalteco se dirige a promover una mayor participación de la población en la vida política en todos los niveles, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural.

48.Guatemala carece de estadísticas sobre las tierras que poseen los pueblos indígenas. El Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios y el catastro disponen de estadísticas sobre la propiedad inmobiliaria, pero se refieren exclusivamente a las tierras cuyos propietarios son agricultores. No obstante, se remitirán estas estadísticas al Comité.

49.La Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado es una instancia política de coordinación y consulta, compuesta por representantes de las instituciones del Estado, en su mayoría pertenecientes al poder ejecutivo, y cuyo mandato es la atención específica a los pueblos indígenas. Sus miembros no son obligatoriamente indígenas.

50.A fin de combatir el odio racial, se han realizado campañas para promover la convivencia pacífica de los pueblos que conforman la diversidad cultural del país y se ofrecen programas de formación al personal de los servicios de prensa y televisión. Además, hay directrices del Ministerio de Educación en las que se insta a los funcionarios de este a que se abstengan de emplear expresiones racistas o discriminatorias.

51.Los integrantes de la Alianza contra el Racismo, que son representantes del Estado, universitarios y miembros de la sociedad civil, han creado el Observatorio Racismo en los Medios para construir un espacio público inclusivo.

52.El 14 de enero de 2008, el Presidente Álvaro Colom anunció la apertura de un diálogo nacional en el curso del cual el Gobierno recogería información, celebraría consultas y concertaría acuerdos con los agentes de la vida nacional, para permitir que los guatemaltecos decidieran, por sí mismos, el futuro de su país. La Comisión presidencial creada para coordinar esta actividad se compone de una dependencia tributaria, una dependencia de asuntos políticos y una dependencia de relaciones entre el Gobierno y los agricultores. Otras dependencias se ocupan del desarrollo territorial, las relaciones con los pueblos indígenas y la consulta con ellos, la gestión democrática del país y, asimismo, las prioridades para 2010.

53.Paralelamente, el Congreso de la República ha invitado a los jefes de los grupos parlamentarios a que reflexionen sobre los aspectos legislativos de las prioridades para 2010 y ha invitado a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a que participen en debates temáticos sobre algunas leyes relativas al desarrollo rural integral, a los lugares sagrados y a la consulta con los pueblos indígenas y los medios de difusión. Entre los resultados positivos de esos nuevos espacios de debate, figuran la aprobación de la política pública de desarrollo rural integral, la elaboración de un proyecto de ley de servicio civil y la aplicación de un programa de creación de 80.000 puestos de trabajo en el medio rural.

54.El Sr. de Gouttes desea saber qué medidas pretende tomar el Estado parte para luchar contra los estereotipos que denigran a las poblaciones indígenas, en qué estado se halla el proyecto de reforma de la Ley de minería y si en este se prescribe el carácter vinculante de la celebración de consultas con las comunidades indígenas previa a la entrada en funcionamiento de todo proyecto minero. También desea saber si los juzgados comunitarios garantizan la complementariedad de los regímenes de justicia indígena y del régimen de derecho común, cuál es su composición y en qué ámbitos son competentes. Por último, pregunta si está previsto restituir el cargo del colaborador del Procurador de los Derechos Humanos.

55.El Sr. Thornberry observa que hay numerosas leyes y políticas que están en espera de aprobación desde hace muchos años, como el proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas o el proyecto de reforma de la Ley de minería. Desearía saber en qué plazos podrían aprobarse esas leyes y políticas y cuáles son, en su caso, los impedimentos para aprobarlas.

56.El Sr. Thornberry agradecería que se le informara de si se han solicitado dictámenes técnicos dentro de la elaboración de la Ley de consulta a los pueblos indígenas, sobre todo a las organizaciones internacionales competentes en la materia.

57.Señalando que, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de febrero de 2009, parecía que la situación de los derechos humanos era muy delicada y que los responsables de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los indígenas eran objeto de agresiones particularmente graves, el Sr. Thornberry pregunta cómo será el proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas y de protección de los indígenas que elabora actualmente el Gobierno guatemalteco.

58.La Sra. Dah está segura de que el censo de 2012 permitirá demostrar que los pueblos indígenas son muy mayoritarios en Guatemala, lo que pondrá fin a las guerras de cifras sobre el particular. Al estar convencida de que el interés de un censo de población radica en el proceso de realización, la Sra. Dah desea saber cómo se prepara Guatemala para realizarlo y tener una idea de las preguntas que se formularán a la población. Subraya que se trata de un punto tanto más importante cuanto que Guatemala ha adoptado ya el principio de la autoidentificación. Las preguntas que formulen a estos efectos deberán ser, a la vez, pertinentes y lo suficientemente variadas como para permitir a cada encuestado identificarse con la categoría apropiada.

59.La Sra. Dah desea, además, aclaraciones sobre la política de interculturalidad a que se ha referido la delegación guatemalteca en su exposición oral y, en particular, sobre la manera en que se manifiesta la política en el campo educativo. A este respecto, desearía saber si todos los guatemaltecos pueden elegir cursar una enseñanza bilingüe, sobre todo en idioma maya, y si los no mayas tienen la posibilidad de escolarizar a sus hijos en un establecimiento en que se enseñen el idioma y la cultura mayas.

60.Por lo que respecta a la enseñanza de la historia, la experta desea saber cómo se presenta y explica la conquista española en los libros de texto y si se enseña el mismo programa de historia en las escuelas ordinarias y en las bilingües. Pregunta si se introducen matices según la cultura a la que pertenezcan los muchachos.

61.Por lo que respecta al proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas (CERD/C/GTM/12-13, párr. 166), la Sra. Dah espera que su ámbito de aplicación no se limite al sector minero, sino que se extienda a todos los sectores de la economía. Juzga inquietantes algunas declaraciones del Estado parte que dan a entender que los imperativos del desarrollo económico justifican, en ocasiones, pasar por alto el consentimiento previo de las comunidades indígenas para conceder licencias de explotación y aprovechar los recursos naturales y que las autoridades pueden ejercer su derecho de veto para autorizar la realización de proyectos de desarrollo a los que se oponen las comunidades indígenas. Sin embargo, aunque el desarrollo económico sea un argumento de batalla de los países en desarrollo, no puede permitir al Estado hacer caso omiso de los intereses y derechos legítimos de los pueblos indígenas que vivan en las zonas afectadas por los proyectos de desarrollo. Al igual que el Sr. Thornberry, la Sra. Dah estima que el interés nacional es, sobre todo y ante todo, el interés de todos, y no el de unos pocos.

62.El Sr. Diaconu lamenta que en el informe que se examina no figure ninguna información, salvo la referencia al artículo 202 bis del Código Penal (ibíd., párrs. 144 y 145) en que se penaliza la discriminación, acerca de las leyes en que se tipifica como delito la difusión de ideas fundadas en las nociones de superioridad u odio raciales y la incitación a la discriminación racial, de conformidad con el artículo 4 de la Convención. Además, considera que Guatemala debe resolver urgentemente el problema de la suspensión y el aplazamiento incesantes de la tramitación de textos jurídicos que revisten gran importancia en relación con la Convención.

63.La brecha que hay entre el derecho de un Estado al desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas es un problema recurrente de los países en desarrollo, e incumbe a las autoridades encontrar un equilibrio entre el interés nacional y el interés de los pueblos que vivan en las zonas en que se pretendan ejecutar proyectos de desarrollo. Así pues, no se pueden sacrificar los intereses de estos últimos en nombre de un falso "interés general" definido in abstracto por funcionarios anónimos en unas dependencias ministeriales. Los proyectos de desarrollo no deberían realizarse sin tener en cuenta debidamente los intereses de las comunidades indígenas que vivan en las zonas afectadas; si la realización de un proyecto pone en peligro la existencia y las condiciones de vida de determinados grupos de población, debe ofrecerse a estos otras posibilidades e indemnizaciones, para que gocen de unas condiciones de vida parecidas a aquellas de las que hubieran gozado anteriormente.

64.El Sr. Amir dice que siempre es delicado para un Estado elegir, en lo que respecta a la política de urbanización y desarrollo, entre renovación y restauración. Muy a menudo, las poblaciones cuyas tierras son objeto de proyectos de desarrollo económico no tienen otro remedio que desplazarse, lo que provoca eventualmente la extinción de su cultura, la alteración de su modo de vida y la modificación de sus usos ancestrales, que suelen estar íntimamente ligados a la tierra que ocupan. Por consiguiente, las autoridades guatemaltecas deberían reflexionar detenidamente sobre cuál sería la política de sociología urbana y rural que respondería mejor a esas preocupaciones.

65.La Sra. Crickley desea saber cómo se respetarán concretamente los derechos de los pueblos indígenas en virtud de la Ley de consulta a los pueblos indígenas. Declarándose impresionada por la lista de proyectos de ley que se han elevado al Parlamento, desea saber cómo pretenden las autoridades medir los efectos que tendrán esos proyectos en la práctica, una vez aprobados, y qué criterios emplearán para ello.

66.La Sra. Crickley acoge, con satisfacción, el anuncio que ha hecho la delegación guatemalteca de que se aplicará el principio de la autoidentificación en el censo de población que se elaborará en 2012 y la voluntad de las autoridades de aprovechar los datos desglosados por etnia que se recopilen gracias a dicho censo para elaborar unas políticas sociales mejor adaptadas a las necesidades de los diversos grupos étnicos y sociales del país. Además, dado que las autoridades guatemaltecas han reconocido que hay desigualdades, así como hábitos y actitudes racistas, que, a lo largo de la historia de su país han contribuido a crear discriminación étnica y social, la Sra. Crickley desearía aclaraciones sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para que los miembros de las comunidades indígenas sepan que podrán identificarse como tales en el censo de 2012 sin que ello les reporte perjuicio alguno.

67.El Sr. Lindgren Alves pide a la delegación guatemalteca que indique si los mayas, y sobre todo los que no hablan español, se consideran guatemaltecos. Citando el primer párrafo de la introducción del informe que se examina, según el cual "[c]omo componente esencial de esas transformaciones [políticas, económicas y culturales emprendidas a partir de la firma de los Acuerdos de Paz], destaca la visión de transformar el aún Estado nacional homogéneo a uno que represente y refleje la Nación multicultural y multinacional del país", desea saber qué significa concretamente el concepto de "nación multinacional" y si implica el abandono del principio de la "nación guatemalteca".

68.La Sra. Soberanis (Guatemala) considera que aun cuando el informe periódico de su país y el informe alternativo de las organizaciones no gubernamentales parezcan, a priori, divergentes, en realidad son complementarios. Como ha señalado el Relator para el país y han subrayado esas organizaciones, hay que realizar cambios en los planos normativo y sociocultural, algo de lo que el Gobierno es plenamente consciente, como lo es de las lagunas que presenta la aplicación de las políticas públicas y las leyes en el territorio del Estado.

69.Ciertamente se han elevado numerosos proyectos de ley al Congreso, entre ellos el proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas y el proyecto de ley sobre los procesos de consulta a pueblos/comunidades indígenas para la concesión de licencias de explotación minera (ibíd., párr. 275). En el primero se prevé que una licencia de prospección y de explotación minera no pueda concederse sin que las comunidades que vivan en las tierras en que haya de realizarse el proyecto hayan sido consultadas debidamente, sobre todo con respecto a la pertinencia y la importancia del proyecto que se estudie y a sus posibles repercusiones negativas en las comunidades que vivan en las zonas afectadas. Esta disposición la ha elaborado expresamente la Vicepresidencia de la República.

70.El Congreso revisa unos proyectos de ley que atañen al sector minero, para comprobar que sus disposiciones se ciñan a las del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales y agilizar su aprobación por ambas cámaras.

71.El Sr. Bolvito (Guatemala) añade que su país remitirá por escrito al Comité las respuestas a las preguntas a las que su delegación no ha podido contestar en la sesión en curso. Reafirma que Guatemala es consciente de las responsabilidades que le incumben en cuanto a instituir mecanismos internos de lucha contra el racismo y respetará sus compromisos en su condición de Estado parte en la Convención.

72.El Sr. Murillo Martínez (Relator para Guatemala) celebra el talante de apertura y diálogo de que ha hecho gala la delegación guatemalteca. No obstante, subraya que sigue habiendo preocupación con respecto a los derechos de las poblaciones indígenas que viven en el Estado parte, debido, sobre todo, a las noticias de que se asesinó a más de 24 jefes indígenas en 2008. Celebra las numerosas medidas que han tomado las autoridades del país para mejorar la situación de los indígenas y velar por que se respeten mejor sus derechos, así como los esfuerzos que se han hecho en el plano nacional para garantizar que esas personas se integren mejor en el tejido social guatemalteco. En el futuro, el Comité deseará, sin duda, saber qué medidas legislativas se habrán adoptado para poner en vigor esas medidas y estar informado acerca de la reforma constitucional que habrá que aprobar para institucionalizar el diálogo intercultural. El principio de la consulta previa a los pueblos indígenas sobre todo proyecto de desarrollo que los afecte es esencial, ya que el interés de estos pueblos es, asimismo, el de todo el país.

73.El Presidente da las gracias a la delegación guatemalteca por la calidad de su diálogo con los miembros del Comité y dice que, así, este ha terminado la primera parte del examen de los informes periódicos 12º y 13º de Guatemala.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.