Naciones Unidas

E/C.12/2010/SR.5

Consejo Económico y Social

Distr. general

13 de enero de 2011

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

44º período de sesiones

Acta resumida (parcial)* de la quinta sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 5 de mayo de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de informes

a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16y 17 del Pacto ( continuación )

Quinto informe periódico de Colombia (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de informes

a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Quinto informe periódico de Colombia (continuación)(E/C.12/COL/5; E/C.12/COL/Q/5 and Add.1; HRI/CORE/1/Add.56/Rev.1)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Colombia toman asiento a la mesa del Comité.

2.La Sra. Gaitán García (Colombia) dice, en respuesta a las preguntas formuladas la víspera por el Comité, que Colombia está ejecutando unos 11 proyectos de cooperación internacional con, entre otros, los Estados Unidos de América, España, la Unión Europea, Alemania, los Países Bajos, Suecia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Japón, Canadá, China y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya financiación asciende, en total, a 547.000 dólares de los Estados Unidos. Estos proyectos guardan relación con aspectos específicos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ejemplo, la protección del medio ambiente, la lucha contra el tráfico de drogas, la reconciliación y la buena gobernanza.

3.Con respecto a la cuestión de los desplazados internos, en 1995 se estableció un registro, al reconocer el Gobierno la magnitud del problema. En 2010, figuran inscritos en el registro de desplazados internos 774.994 hogares, con un total de 3,8 millones de personas. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional sigue diversas estrategias para hacer frente a la situación, incluido el mantenimiento de un registro separado para las personas imposibilitadas de presentar identificación. El Consejo de Estado ha decidido que las personas imposibilitadas de formular una declaración de identidad inmediatamente podrán hacerlo en una etapa ulterior. Entre los que han declarado su situación, un poco más de la mitad son hombres y, de las mujeres, casi la mitad son cabezas de familia. De todos los inscritos en el registro, el 33,8% han asistido a la escuela primaria y se han hecho algunos progresos para mejorar esa proporción. En 2002, solo el 60% de los niños iban a la escuela, pero esta cifra aumentó al 85% en 2009. En cuanto a la atención de la salud, las cifras correspondientes son del 32% para 2002 y el 81% para 2009. El Gobierno dispone de los recursos necesarios para asegurar que los desplazados internos tengan acceso a servicios de atención de la salud y de enseñanza, pero un problema con que se tropieza es el desplazamiento de la población, lo cual hace difícil que una persona pueda completar su educación académica. El Gobierno se ha esforzado por mejorar la situación, sobre todo en vista de que la Corte Constitucional decidió que la asistencia debía prestarse dentro de un plazo fijo. Con tal fin, se incluyó en la Ley Nº 387 de 1997 una disposición por la cual la asistencia debía prestarse dentro de los tres meses o, excepcionalmente, dentro de los seis meses. Cuarenta mil hogares, que son más de la mitad de los inscritos, han pedido y recibido asistencia.

4.A finales de 2009, se dictó un nuevo decreto para distribuir viviendas entre los desplazados. Hasta la fecha se han presentado 100.000 solicitudes de vivienda. Existe una nueva política en vigor en cuanto a los desalojos forzados y las correspondientes indemnizaciones. La política debe superar grandes obstáculos y exigirá introducir cambios en las leyes y en los futuros compromisos de gastos públicos en tierras y restitución. El Gobierno recibe actualmente asesoramiento técnico del PNUD en la ejecución de proyectos experimentales relacionados con el registro de tierras.

5.La Sra. Fonseca Jaramillo (Colombia) dice que el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, encabezado por el Vicepresidente, tiene por objeto ayudar al Presidente a proteger los derechos humanos y coordinar las actividades conexas. Muchos de los programas que se describieron al Comité han sido dirigidos o coordinados por el Programa Presidencial.

6.El Sr. Herrera (Colombia) dice que otro aspecto de la política de derechos humanos es el de mejorar las relaciones entre los diversos sectores de la sociedad y el Gobierno y resolver cualquier problema que surja. Ante todo, el fin perseguido es prevenir las violaciones de los derechos humanos y lograr una mayor eficacia de las iniciativas para conseguirlo, iniciativas en que participan la sociedad civil, las Iglesias y las organizaciones no gubernamentales. Otro objetivo perseguido es aumentar el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con la participación de autoridades regionales y locales. El Ministerio del Interior y Justicia está colaborando con el Programa Presidencial para asegurarse de que dichas iniciativas puedan llevarse a la práctica. En una tentativa de lograr participación popular, las actividades de derechos humanos se han descentralizado en todo el país.

7.La Sra. Gaitán García (Colombia) dice que se han puesto en marcha planes integrados a nivel local, siguiendo la política de descentralización, con el fin, en primer lugar, de prevenir el desplazamiento y, en segundo lugar, de permitir el ejercicio del derecho a la salud, la alimentación, la identidad, la reunificación familiar, la generación de ingresos, la vivienda y la tierra. Los planes se encuentran en sus etapas iniciales, pero el propósito es desarrollarlos a lo ancho de todo el país, observando el principio de subsidiaridad a todos los niveles.

8.La Sra. Ariza (Colombia) dice, en relación con la cuestión de la reforma del mecanismo empleado por el Gobierno para distribuir recursos entre los diversos organismos, que esta reforma se llevó a cabo en 2001 y 2008. Algunos miembros del Comité expresaron su inquietud por la reducción de los recursos destinados a la enseñanza, la atención de la salud y el agua potable. Sin embargo, eso no es así. Desde 2001 los gastos en la educación han aumentado un 67%, en la atención de la salud, un 42%, y en la esfera del agua y el saneamiento, un 14%. Un resultado de estos aumentos de los gastos ha sido el aumento concomitante de las tasas de matrícula en las escuelas primarias y secundarias en un 18,2%, y en un 111% en la enseñanza superior.

9.Otra pregunta que se ha hecho es si la tributación afecta más a los pobres que a los ricos. Los datos sobre recaudación de impuestos indican que los pobres pagan menos impuestos. En realidad, el sistema tributario de Colombia es el más progresivo de la Comunidad Andina. Sin embargo, se necesitan nuevas reformas. En un estudio de los gastos públicos en Colombia se procuró calcular quiénes recibían los recursos públicos; su delegación proporcionará al Comité un documento en el que se menciona un programa en particular que ha reducido la desigualdad en la sociedad colombiana: el que proporciona subsidios a los sectores más pobres de la sociedad. Es preciso destinar más fondos a las pensiones y a la enseñanza superior, pero, en términos generales, se ha llegado a la conclusión de que los gastos públicos redujeron la pobreza en un 10,9% en 2003 y en un 14,4% en 2008. La desigualdad se redujo, gracias a los gastos públicos, en un 4,8% en 2003, y en un 5,11% en 2008. Esto demuestra que el Gobierno ha mejorado el encauzamiento de sus recursos.

10.En cuanto al presupuesto federal para la seguridad, la oradora aclara que de los 19.800 millones de pesos destinados a la seguridad en el país, 10.900 millones (55%) se dedican a actividades distintas del combate. Entre ellas cabe mencionar las relacionadas con la atención de la salud y la vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas y los programas de prevención ejecutados por las Fuerzas Armadas y la policía nacional.

11.La Sra. Fonseca Jaramillo (Colombia) aclara que el concepto de desarrollo sostenible, tal como se usa en el informe del Estado parte, puede definirse como desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. La fuente primaria de esa definición es la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

12.La Sra. Ariza (Colombia) dice que la delegación aclarará por escrito la forma en que el Gobierno prevé hacer participar a las comunidades indígenas y afrocolombianas en la negociación de acuerdos de libre comercio.

13.La Sra. Fonseca Jaramillo (Colombia) dice que Colombia ratificó, por Ley Nº 800 de 2003, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención. Además de ratificar esos instrumentos y de promulgar la Ley Nº 985 de 2005 sobre la trata de personas, el Gobierno ha puesto en marcha una nueva estrategia nacional para combatir la trata de personas. La estrategia abarca el período comprendido entre 2007 y 2012 y descansa en cuatro pilares: prevención mediante campañas de sensibilización, apoyo a las víctimas, enjuiciamiento de los responsables y cooperación internacional.

14.El tráfico de drogas y la trata de personas no están directamente relacionados y existe un marco jurídico aparte para el tráfico de drogas. La cuestión de los intermediarios que transportan la droga, o "mulas", se trata dentro de este marco. Se considera que el turismo sexual constituye una forma de explotación y se clasifica en la misma categoría que los delitos de trata de seres humanos. La Ley Nº 679 de 2001 tiene por objeto prevenir el turismo sexual y combatir la pornografía, sobre todo cuando afecta a menores.

15.La Sra. A riza (Colombia) dice que la Fiscalía General de la Nación y el Defensor del Pueblo siguen muy de cerca la aplicación de la ley de cuotas mediante un examen anual. En muchas esferas se ha superado la cuota del 30% para la participación de la mujer en cargos directivos, y el Gobierno se propone seguir aumentando la participación de la mujer.

16.El Sr. Herrera (Colombia) explica que, de acuerdo con el Código Civil, una persona debe tener 18 años de edad o más para poder casarse, a menos que obtenga el permiso de sus padres o representante legal, en cuyo caso la edad mínima es de 14 años para los varones y 12 para las niñas. La edad de 14 años deriva de la antigua tradición jurídica romana, que ha servido de base al ordenamiento jurídico de Colombia, y se considera que es, por término medio, la edad en que el niño llega a la pubertad. En 2004 la Corte Constitucional dictaminó que esa diferencia de trato para varones y niñas era inconstitucional porque violaba el derecho de las niñas a la igualdad. En 2008 se presentó un proyecto de ley para prohibir el casamiento de menores pero no llegó a convertirseen ley.

17.La Sra. Fonseca Jaramillo (Colombia) subraya que en el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, que se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, se trata a los niños como titulares de derechos. Está prohibido por ley que los niños sirvan en las Fuerzas Armadas. En el año que corre también se ha aceptado el principio de la objeción de conciencia como motivo para la exención del servicio militar obligatorio. Con ayuda de la comunidad internacional, se ha librado a 3.800 niños del servicio en grupos paramilitares y el Gobierno se esfuerza por prevenir el reclutamiento de niños por dichos grupos; se ha establecido una comisión intersectorial con tal fin. En diciembre de 2008, Colombia aceptó voluntariamente que se estableciera en el Estado parte el mecanismo de supervisión y presentación de informes sobre los niños en los conflictos armados a que se hace referencia en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad.

18.No es la política de las fuerzas militares del Gobierno utilizar a niños como informantes, si bien ha habido casos aislados que posteriormente fueron investigados. El Ministerio de Defensa ha dictado una orden que prohíbe el uso de menores en operaciones de inteligencia.

19.Se presta apoyo a los niños de la calle gracias a programas establecidos en colaboración con la Unión Europea y se les proporciona refugio en instituciones especializadas.

20.El Sr. Herrera (Colombia), refiriéndose al tema de los pueblos indígenas, cita diversas normas en vigor para regular el acceso a los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. También se regulan los permisos para realizar investigaciones biológicas sobre biodiversidad. Se necesita el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para poder ejecutar estos proyectos de investigación en las comunidades indígenas y antes de emplear los conocimientos tradicionales con fines comerciales. Las comunidades indígenas también deben tener acceso a los beneficios y utilidades de la comercialización de los conocimientos tradicionales y debe velarse por la distribución equitativa de los recursos. Actualmente se está examinando la cuestión de qué formas de conocimiento, exactamente, abarca ese requisito. El Gobierno viene trabajando desde 2006 para establecer su política sobre los pueblos indígenas y la cuestión de los conocimientos tradicionales se aborda en dicha política.

21.La Sra. Ariza (Colombia) dice que los beneficiarios de los subsidios estatales de vivienda no pueden destinar los subsidios a nada que no sea vivienda pues no reciben el dinero directamente. En su lugar, los órganos que otorgan los subsidios tratan con las instituciones financieras encargadas de conceder hipotecas o vender propiedades. La política de vivienda también está encaminada a generar ingresos para los trabajadores de la industria de la construcción. De esa manera, los trabajadores que construyen vivienda subvencionada también adquieren los medios para comprar su propia casa. Al mismo tiempo, las firmas de construcción están obligadas a dedicar parte de sus recursos comerciales a la construcción de viviendas subvencionadas. Se está trabajando para mejorar los distritos residenciales, ayudando así a crear empleos y a ampliar las zonas urbanas disponibles para la creación de vivienda. El Gobierno procura asegurarse de que la construcción de viviendas tenga lugar legalmente y en terrenos debidamente preparados y con servicios de agua potable. En 1993 solo el 54,7% de los hogares tenían una vivienda adecuada, cifra que aumentó al 73% en 2005.

22.La Sra. Fonseca Jaramillo (Colombia) dice que la libertad de trabajo está consagrada por ley. En efecto, existe legislación que castiga a las personas implicadas en la destrucción y eliminación de herramientas, bases de datos, instalaciones, equipo, o materias primas, o que les causen daños. Un paro causado por estos actos constituye una circunstancia agravante. Sin embargo, las leyes también protegen la libertad de asociación y el derecho de reunión y castigan a las personas que tratan de interrumpir o perturbar las reuniones legales, entorpecer el ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación laboral o tomar represalias como reacción a huelgas, reuniones o el establecimiento de asociaciones legítimamente constituidas.

23.La Sra. Gaviria (Colombia) dice que las leyes aprobadas en 2009 han hecho más severas las penas para castigar las tentativas de causar perturbaciones o tomar represalias.

24.Refiriéndose a cuestiones de la atención de la salud, dice que se han hecho campañas de vacunación en las zonas urbanas y rurales, incluidas las regiones más remotas. Entretanto, la mortalidad materna se redujo en un 10% entre 2002 y 2008. El Estado ha implantado políticas de atención de la salud preventiva para las mujeres embarazadas y las adolescentes. Se han reforzado los servicios encaminados a reducir la mortalidad materna en 34 centros de salud en todo el país y en 15 departamentos se sigue de cerca la morbilidad materna grave. Además, 1.147 trabajadores de la salud, de los sectores público y privado, han recibido capacitación adicional. Se ofrecen servicios gratuitos de diagnóstico prenatal del VIH y se ha preparado una campaña de los medios de difusión para promover la conducta sexual responsable. En una reunión de expertos celebrada en abril de 2009 se llegó a la conclusión de que hacía falta una mejora general de la atención de la salud materna y, para lograrla, el Ministerio de Protección Social asignó el equivalente de unos 12,5 millones de dólares de los Estados Unidos en 2010. Por lo que hace a la nutrición, se ha adoptado una política de diálogo a nivel estatal, departamental y local, en el que participan interesados de la sociedad civil como las organizaciones internacionales y las universidades. El Ministerio de Protección Social también ha organizado una mesa redonda sobre el tema del aborto para expertos en atención de la salud e interesados de la sociedad civil. Se ha dado orientación a los medios de difusión en cuanto a la forma de sensibilizar al público en lo relativo a los problemas de la salud sexual y reproductiva y los ministerios de protección social y educación han aunado esfuerzos para educar a los niños en la materia.

25.La Sra. Ariza (Colombia) dice que no hay discriminación contra la mujer en cuanto al acceso a servicios públicos de atención a la salud o a la pensión. En 2009, el 90% de las trabajadoras tenían seguro médico, en comparación con el 85% de los trabajadores, en tanto que el 31,2% de las mujeres contribuían a un plan de pensiones, en comparación con el 29,4% de los hombres.

26.La Sra. Arias Otero (Colombia) dice que la planificación del desarrollo de la educación que tuvo lugar entre 2002 y 2010, conocida como la "Revolución de la educación", se ha centrado en los sectores más vulnerables de la sociedad: los desplazados internos, los niños con necesidades especiales, las minorías étnicas, los afrocolombianos y las poblaciones indígenas. La clave de la política gubernamental de educación es el ofrecimiento de enseñanza gratuita y de incentivos para alentar a los niños a no abandonar la escuela. Para tal fin, las escuelas reciben un subsidio adicional por cada alumno clasificado como vulnerable. En 2009, el subsidio se hizo extensivo a los alumnos de la enseñanza secundaria. En total, 5,23 millones de alumnos, o sea el 70% del número total matriculado, recibieron enseñanza gratuita ese año. Además, el programa escolar de nutrición proporcionó comidas gratuitas al 67% de los alumnos en 2008/09. La combinación de estas medidas ha alentado a los alumnos a seguir en la escuela. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación está tratando de mejorar la conectividad con Internet, no solo en sus oficinas, que ya están plenamente conectadas en línea, sino también conectando a todas las escuelas a Internet. Alrededor del 70% de las escuelas tienen acceso a Internet, aunque en las zonas rurales esta cifra es de solo el 43%, debido en gran medida a problemas de suministro de electricidad. Por término medio, las escuelas tienen una computadora por cada 22 alumnos, lo cual ha contribuido a la alfabetización informática y ha ayudado a los maestros, el 34% de los cuales han recibido formación en el uso de computadoras enel aula.

27.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que el acceso a Internet para la población en general aumentó del 4,6% en 2002 al 46,2% en 2009. La conexión de banda ancha ha aumentado, de cerca de cero a principios de la década, al 43,4%. Actualmente más del 93% de la población utiliza teléfonos móviles, cifra que, para los dos quintiles inferiores de la población en función del ingreso, es de casi el 77%. Esta evolución permitirá ofrecer servicios más baratos y mejores a la población y constituye la clave de la estructuración de un segmento más amplio de la economía.

28.La Sra. Ariza (Colombia), contestando las preguntas sobre la participación en las actividades culturales y el acceso a estas, dice que en 2007 se elaboró una política para promover la participación en las actividades culturales. En ella se insistía especialmente en la promoción de la industria cinematográfica colombiana, así como en la importancia de mantener las diferentes características culturales al fomentar y preservar el patrimonio cultural del país. Se estaba procurando mejorar el acceso a todos los aspectos de la vida cultural. Se presentará al Comité mayor información por escrito sobre las actividades del Ministerio de Cultura.

29.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que el umbral de pobreza de Colombia es de dos a tres veces más elevado que el umbral de pobreza internacional fijado por el Banco Mundial.

30.Uno de los problemas con que se ha tropezado en la concesión de subsidios de vivienda es que las personas desplazadas que recibieron esos subsidios no han podido juntar el resto del dinero necesario para comprar una casa. Colombia ha decidido, por consiguiente, seguir el ejemplo de Panamá subvencionando las tasas de interés, a fin de proporcionar a la gente no solo vivienda sino también un mayor acceso público a los servicios bancarios. En 2009 se llevó a cabo un programa con arreglo al cual el Estado se hacía cargo del pago del 5% de la tasa de interés para las viviendas de un valor tasado por debajo de los 20.000 dólares de los Estados Unidos y del 4% para las viviendas de un valor tasado entre los 20.000 y los 40.000 dólares de los Estados Unidos. El programa se ampliará para complementar los subsidios de vivienda directos facilitando el acceso al crédito. La tasa de inflación es baja y se han dado facilidades de préstamo, lo cual permite un mayor acceso a las hipotecas.

31.Pasando a la cuestión del acceso al crédito agrario, el orador dice que, si bien es cierto que algunos terratenientes acaudalados han abusado del programa existente, la mayoría de los recursos disponibles con arreglo al programa se han destinado a préstamos, en términos ventajosos, a pequeños agricultores. Estos préstamos no se limitan a la producción para la exportación y solo se pueden otorgar a las explotaciones agropecuarias pequeñas y medianas.

32.Entre el 30% y el 40% de la población participa en el régimen estatal de pensiones. La pensión mínima es igual al salario mínimo. Sin embargo, como hay gran número de personas que trabajan en la economía no estructurada, al Estado le resulta difícil financiar sus pensiones. Además, el pago de pensiones asciende al 4% del producto interno bruto pero no llega a los sectores más pobres de la sociedad. Se ha establecido un nuevo programa para permitir a las personas sin un ingreso fijo que hagan aportaciones periódicas a un plan de pensiones.

33.La tutela constituye un recurso jurídico que permite a una persona solicitar la protección de los tribunales si piensa que se han violado o están amenazados sus derechos fundamentales. El procedimiento de la tutela fue implantado por la Constitución de 1991 y con él se garantiza el acceso de todo el mundo a la justicia.

34.Alrededor del 7% de las personas de más de 15 años de edad son analfabetas. El Estado se esfuerza por conseguir que los escolares de la actual generación aprendan a leer y escribir. Existe un programa de comidas escolares gratuitas para los niños de familias pobres, que tiene por fin darles un incentivo para mantener a los niños en la escuela; ha aumentado, además, el número de niños con acceso a la enseñanza gratuita.

35.Se han promulgado nuevas leyes sobre ciencia, tecnología e innovación, que incluyen disposiciones sobre la adquisición de conocimientos científicos. El Instituto Colombiano de Desarrollo para la Ciencia y la Tecnología se independizó en 2009 y ahora informa directamente al Presidente de la República.

36.Se ha establecido un sistema para llevar a cabo encuestas nacionales sobre los niveles de vida. Los resultados se clasificarán de conformidad con el Índice de Desarrollo Humano del PNUD y se utilizarán para decidir las asignaciones de gastos públicos. Se presentará por escrito al Comité información sobre la influencia del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en el precio de los medicamentos.

37.El Sr. Sadi dice que el Estado parte debería tener presentes las Observaciones generales Nos. 11, 13 y 14 del Comité cuando considere los derechos a la atención de la salud y la educación de los desplazados internos. Al orador le preocupa especialmente que Colombia no haya enmendado la disposición legal sobre la edad mínima para contraer matrimonio y señala que, puesto que el derecho internacional tiene precedencia sobre la legislación interna, mientras no se haya enmendado esa disposición, deberían aplicarse las normas internacionales sobre la edad mínima para contraer matrimonio.

38.La Sra. Barahona Riera dice que si bien se han hecho progresos en la tarea de incorporar al sector estructurado a trabajadores del sector no estructurado, así como en el aumento de la cobertura de las pensiones, todavía queda mucho por hacer. El nivel de pobreza absoluta del Estado parte sigue siendo motivo de grave inquietud.

39.El Presidente agradece a la delegación de Colombia sus respuestas a las preguntas del Comité e insta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar cuanto antes el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

40.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que su Gobierno presentará oportunamente y por escrito información adicional en respuesta a las preguntas del Comité y se esforzará por poner en práctica las recomendaciones del Comité.

41. La delegación de Colombia se retira.

El debate abarcado por el acta resumida concluye a las 12.05 horas.