Comité de Derechos Humanos

144º período de sesiones

Ginebra, 23 de junio a 25 de julio de 2025

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Respuestas de Letonia a la lista de cuestiones relativa a su cuarto informe periódico * **

[Fecha de recepción: 24 de febrero de 2025]

Respuestas a la lista de cuestiones relativa al cuarto informe periódico de Letonia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el período comprendido entre 2014 y 2019

1.Las respuestas de Letonia a la lista de cuestiones relativa a su cuarto informe periódico fueron elaboradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Bienestar Social, la Fiscalía General, la Administración Penitenciaria, la Guardia Estatal de Fronteras, la Policía Estatal, la Inspección Estatal del Trabajo, la Oficina de Seguridad Interna, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Comité Electoral Central, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Oficina del Defensor del Pueblo.

A.Marco constitucional y jurídico

Mecanismos de aplicación de las observaciones finales y los dictámenes del Comité

2.De conformidad con los artículos 11.2 y 12.5 del Reglamento núm. 121 del Consejo de Ministros, relativo a la representación de Letonia ante las instituciones internacionales de derechos humanos, de 7 de marzo de 2021, la Oficina del Representante de Letonia ante las Instituciones Internacionales de Derechos Humanos difunde las observaciones finales del Comité entre las autoridades nacionales competentes. Asimismo, publica en su sitio web oficial dichas observaciones finales, junto con su traducción al letón, el informe correspondiente y las respuestas a la lista de cuestiones. En lo que respecta a los dictámenes del Comité en el marco de los procedimientos previstos en el Protocolo Facultativo del Pacto, la oficina publica las conclusiones del Comité en su sitio web oficial; si el Comité determina que se ha producido una vulneración del Pacto, la oficina también publica una traducción al letón del dictamen y presenta al Consejo de Ministros un informe sobre las medidas necesarias para dar cumplimiento a las conclusiones formuladas por el Comité.

3.Con arreglo al artículo 89 de su Constitución, Letonia reconoce y protege los derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución, en la legislación nacional y en los acuerdos internacionales vinculantes para el país. En este sentido, las opiniones del Comité se utilizan a menudo como herramienta interpretativa para delimitar el alcance de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución (anexo 1). Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, el Tribunal Supremo tuvo en cuenta el Pacto en al menos 40 resoluciones. Asimismo, si tras la adopción de un dictamen del Comité una persona solicita la reapertura de un procedimiento interno —conforme a lo previsto en el marco jurídico nacional—, el órgano jurisdiccional competente otorga un peso significativo a dicho dictamen.

Actividades de concienciación

4.La educación jurídica general y la capacitación especializada para jueces, fiscales, abogados, investigadores y otros profesionales del derecho comprenden amplios debates sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, que incluyen un análisis del Pacto y de la jurisprudenciadel Comité (anexo 1). La Academia de Justicia, a la que se hace referencia en el párrafo 59 del presente documento, también ofrecerá cursos sobre derechos humanos.

Marco jurídico y recursos para las actividades del Defensor del Pueblo

5.La Oficina del Defensor del Pueblo ha recibido la máxima acreditación de categoría “A” del Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 8 de febrero de 2021, disponen que ese cargo no podrá ser ejercido por la misma persona durante más de dos mandatos consecutivos. Esas mismas modificaciones también establecen que el Defensor del Pueblo será elegido por la Saeima (el Parlamento) a propuesta de un mínimo de diez de sus miembros. Sin embargo, en caso de destitución, podrá ser propuesta por un mínimo de un tercio de los miembros de esa misma cámara. El 15 de enero de 2025, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Públicos del Parlamento debatió la introducción de nuevas modificaciones a la Ley del Defensor del Pueblo, que en estos momentos se encuentran en tercera lectura en la cámara legislativa. Sin embargo, esas modificaciones están relacionadas con la implementación de la función del Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención en relación con las visitas a centros penitenciarios y otros lugares de privación de libertad, y no afectan a cuestiones como el mandato, la protección frente a responsabilidades penales o civiles, o la estructura orgánica de la Oficina del Defensor del Pueblo.

6.En 2017, se encomendó al Defensor del Pueblo la función de mecanismo nacional de prevención previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El 1 de marzo de 2018 se creó una División de Prevención en la Oficina del Defensor del Pueblo, cuyo principal cometido consiste en realizar visitas periódicas a instituciones en las que la libertad de las personas esté o pueda estar restringida, con el objetivo de prevenir el riesgo de que se produzcan malos tratos. El Protocolo Facultativo entró en vigor para Letonia el 9 de enero de 2022. En el anexo 2 se ofrece información sobre los recursos de los que dispone la Oficina del Defensor del Pueblo.

Aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo

7.Las medidas para garantizar la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo por parte de las autoridades se detallan en el anexo 2, cuadro 2. La tasa anual de aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo nunca ha sido inferior al 72 %.

B.Medidas de lucha contra la corrupción

Aplicación del Plan de Acción para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción

8.En el anexo 3 se ofrece información detallada sobre la aplicación del Plan de Acción para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (2023-2025), así como estadísticas relativas a los casos de corrupción. Las estadísticas no incluyen datos desglosados sobre los procedimientos en los que están implicados altos funcionarios públicos y miembros de la judicatura. El artículo 5 del Decreto núm. 199, de 11 de abril de 2023, establece que las instituciones responsables de la aplicación de las medidas incluidas en el plan de acción presenten a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, antes del 1 de febrero de 2025, información sobre los progresos realizados hasta la fecha, y a más tardar el 31 de diciembre de 2025, información sobre los resultados logrados en la aplicación durante todo el período. Por lo tanto, la información actualizada sobre el progreso en la aplicación de las medidas en 2024 estará disponible probablemente en marzo de 2025. Actualmente se está elaborando el Plan de Acción para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (2026‑2027). A partir de 2027, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción prevé redactar un nuevo documento de planificación de la política anticorrupción a largo plazo para 2028‑2036.

Marco institucional de lucha contra la corrupción

9.En el anexo 3, cuadros 3 a 5, se ofrece información detallada sobre las mejoras introducidas en el marco institucional de lucha contra la corrupción y las capacidades de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la Oficina de Seguridad Interna entre 2020 y 2024.

Ley de Transparencia de la Representación de Intereses

10.La Ley de Transparencia de la Representación de Intereses entró en vigor el 1 de enero de 2023. En 2024 se presentó al Consejo de Ministros un informe de evaluación ex post de dicha ley. Se está trabajando para crear un registro y sistema de declaración de la representación de intereses que, conforme a lo dispuesto en la ley, deben entrar en funcionamiento el 1 de septiembre de 2025. Si bien aún no existe ningún registro, están en vigor unas normas generales de representación de intereses. De conformidad con el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la ley, el Consejo de Ministros evaluará en su informe de 2025 la necesidad de prever sanciones administrativas en caso de infracción de la ley.

C.No discriminación

Modificaciones del Código Penal

11.Además de las modificaciones mencionadas en el cuarto informe, el 6 de julio de 2021 se modificó el artículo 48, párrafo 1, subpárrafo 14), del Código Penal para ampliar su ámbito de aplicación e introducir la “animadversión social” como circunstancia agravante de un delito. El concepto de “animadversión social” abarca la hostilidad hacia las minorías sexuales. También se modificó el artículo 150 del Código Penal para reformular el párrafo 1 como sigue: “Toda persona que cometa un acto orientado a incitar al odio o a la animadversión por motivos de género, edad, discapacidad o cualquier otra característica, cuando esos actos causen un perjuicio considerable”. “Cualquier otra característica” abarca la orientación sexual y la identidad de género.

Labor de prevención y sanción de los delitos de odio

12.Desde 2022, la Fiscalía General y la Policía Estatal han participado en numerosos cursos de capacitación, debates y seminarios (anexo 4). En 2023, la Academia de Policía Estatal elaboró materiales metodológicos y varias sesiones de capacitación, mientras que, en 2023 y 2025, el Ministerio de Justicia emitió una circular dirigida a todas las autoridades policiales y judiciales sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de odio. Las sesiones de capacitación y los materiales metodológicos se prepararon en el marco del proyecto CALDER, organizado por la Universidad de Letonia, varias ONG, la Fiscalía General, la Administración de Justicia y la Policía Estatal. El 1 de enero de 2023 se creó en el seno de la Policía Estatal una unidad especial para la investigación de delitos de odio. Las estadísticas sobre los delitos de odio y el discurso de odio figuran en el anexo 4.

13.El Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Letonia desempeña un importante papel en la prevención del discurso de odio en el país. Es el órgano de autogobierno de los medios de comunicación encargado de promover el desarrollo de prácticas éticas en el sector, incluida la garantía de que el material publicado no contenga ningún discurso de odio. Está integrado por los principales medios informativos y su junta directiva está compuesta por periodistas y otros profesionales del sector. El Consejo atiende quejas y actúa como instancia de mediación en controversias relacionadas con declaraciones difundidas en los medios de comunicación, aunque sus dictámenes no son vinculantes. Además, el Defensor de los Medios de Comunicación Públicos vigila que los programas de los medios de comunicación públicos cumplan el Código de Ética adoptado por el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Letonia.

Residentes no ciudadanos y modificaciones de la Ley de Inmigración

14.En primer lugar, Letonia reitera la información facilitada en su documento básico común relativa al restablecimiento de la independencia de Letonia y a la creación de la condición de no ciudadano (HRI/CORE/LVA/2017, párrs. 200 y 201). Habida cuenta de la serie de derechos que tienen los no ciudadanos en virtud de la legislación nacional, no pueden equipararse ni se equiparan a los ciudadanos, los extranjeros o los apátridas.

15.El 22 de septiembre de 2022, en vista de la necesidad de reforzar la seguridad nacional y promover la integración, el Parlamento introdujo modificaciones en la Ley de Inmigración. En virtud de dichas modificaciones, se suprimió el artículo 24, párrafo 1, subpárrafo 8, de la Ley de Inmigración, que ofrecía a los extranjeros residentes en Letonia que, antes de adquirir la ciudadanía de otro Estado, fueran ciudadanos de Letonia o no ciudadanos de Letonia, la posibilidad de obtener un permiso de residencia permanente. Estas modificaciones establecían que los permisos de residencia permanente expedidos de conformidad con el artículo 24, párrafo 1, subpárrafo 8, de la Ley de Inmigración, antes de la entrada en vigor de las modificaciones, eran válidos hasta el 1 de septiembre de 2023. Para obtener un permiso de residencia permanente después del 1 de septiembre de 2023, el extranjero debe acreditar conocimientos básicos de letón (nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia) y responder a las preguntas formuladas por las autoridades. A este respecto, Letonia señala a la atención del Comité la sentencia del Tribunal Constitucional en el asunto núm. 2023‑04‑01-06, de 15 de febrero de 2024, en la que este determinó que las disposiciones de las modificaciones de la Ley de Inmigración eran conformes con la Constitución (anexo 5). Cabe señalar que entre el momento en que se incoó el asunto y el momento en que se dictó la sentencia, el reglamento se modificó en varias ocasiones a fin de, entre otras cosas, ampliar el plazo de validez de los permisos de residencia permanente, hacer más gradual la transición al nuevo régimen e introducir un derecho temporal especial de residencia de hasta dos años para dar tiempo suficiente a prepararse para las pruebas de idioma letón a aquellos solicitantes que hayan intentado superar la prueba pero hayan suspendido. El número de extranjeros que se ven afectados por los cambios legislativos se recoge en el anexo 5, cuadro 2.

16.En lo que respecta a las garantías procesales y las vías de recurso de que disponen las personas que no han obtenido el derecho a residir en Letonia, las personas objeto de una decisión de expulsión (retorno voluntario o decisión de expulsión) tienen derecho a recurrir esa decisión. La decisión de expulsión adoptada por la Guardia Estatal de Fronteras de conformidad con el artículo 46, párrafo 5, de la Ley de Inmigración está sujeta a recurso administrativo y, en caso de que este resulte desfavorable para el interesado, a revisión judicial por el Tribunal Administrativo de Distrito, cuya decisión puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, la decisión de expulsión de una persona con arreglo al artículo 50, párrafo 1, de la Ley de Inmigración se suspende mientras dura el recurso administrativo, y el interesado puede solicitar a los tribunales administrativos la suspensión de la expulsión, de conformidad con el artículo 1851, párrafo 1, del Código de Procedimiento Administrativo. Las personas sujetas a expulsión tienen la posibilidad de presentar alegaciones sobre cuestiones como el Estado al que serán expulsadas, el itinerario, el modo de transporte y cualquier necesidad especial en materia de salud. El proceso de expulsión está supervisado por la Oficina del Defensor del Pueblo. Las disposiciones pertinentes de la Ley de Inmigración, el Código de Procedimiento Administrativo y el Reglamento núm. 454 del Consejo de Ministros, relativo al retorno forzoso de extranjeros, al documento de viaje normalizado y a su expedición, figuran en el anexo 5, cuadros 3 a 5.

Medidas y programas para abordar las supuestas barreras a las que se enfrentan los romaníes

17.En 2022, Letonia aprobó el Plan de Aplicación de Medidas del Marco Estratégico para la Población Romaní (2022-2023), seguido, en 2024, por el Plan de Aplicación de Medidas del Marco Estratégico para la Población Romaní (2024-2027). Ambos planes prevén medidas para promover la participación de los romaníes en diversos ámbitos de la vida pública y garantizar su acceso a los servicios en los ámbitos de la educación, el empleo, la atención de la salud y la vivienda, entre otros. El último plan se elaboró teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de un estudio, encargado en 2023, sobre los problemas a los que se enfrenta la comunidad romaní en Letonia desde 2015. El estudio señaló los retos a los que deben hacer frente los romaníes en materia de acceso a una vivienda adecuada y a la atención de la salud.

18.En lo que se refiere a los programas específicos relacionados con la inclusión de los romaníes, el Ministerio de Cultura sigue ejecutando el proyecto Plataforma Romaní de Letonia en el marco del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea (UE). En la actualidad, se está ejecutando la séptima fase del proyecto, y en mayo de 2025 dará inicio la octava fase, que tendrá una duración de dos años. En el marco del proyecto se siguen llevando a cabo diversas actividades destinadas a reforzar la coordinación y la aplicación de medidas normativas relacionadas con la integración de los romaníes a nivel nacional, regional y local. La práctica de los mediadores romaníes, ofrecida en el marco del proyecto, sigue garantizando la cooperación y el diálogo efectivos entre las familias romaníes y los organismos municipales y estatales a nivel local, con lo cual se mejora el acceso de los romaníes a la educación, el empleo, la vivienda y los servicios de atención sanitaria. Los servicios de los mediadores romaníes se ofrecen en ocho municipios del país.

D.Estado de emergencia

Decreto núm. 518, de 10 de agosto de 2021

19.Desde el verano de 2021, Letonia, Lituania y Polonia se enfrentan a una gran afluencia de nacionales de un tercer país en sus fronteras con Belarús, instrumentalizados por este último Estado con fines políticos. A 21 de noviembre de 2021, habían entrado de forma no autorizada en los territorios de Letonia, Lituania y Polonia 7.831 nacionales de un tercer país procedentes de Belarús, frente a 257 en todo el año 2020. Además, la UE había impedido 42.741 intentos de cruce fronterizo, y hasta 10.000 migrantes más permanecían en territorio bielorruso.

20.El 10 de agosto de 2021, tras la aparición de un gran número de nacionales de un tercer país cerca de las fronteras exteriores de la UE en la región y el aumento de los intentos de entrada ilegal, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto núm. 518, aplicable del 11 de agosto de 2021 al 10 de noviembre de 2021, mediante el cual se declaró el estado de emergencia en cuatro municipios fronterizos con Belarús (anexo 6). El Decreto núm. 518 se aprobó en virtud del artículo 6, párrafo 1, subpárrafo 2, de la Ley del Estado de Emergencia y el Estado de Excepción (anexo 6). Posteriormente, el estado de emergencia fue objeto de revisiones periódicas y se prorrogó hasta el 10 de agosto de 2023. En un primer momento, el artículo 6 del Decreto núm. 518 establecía que la Guardia Estatal de Fronteras no podía admitir solicitudes de asilo presentadas en los territorios administrativos afectados por el estado de emergencia. Sin embargo, cualquier persona podía dirigirse a los tribunales administrativos de Letonia y solicitar la admisión de su solicitud de protección internacional. El 6 de abril de 2022, se modificó el artículo 6 del Decreto núm. 518 a fin de disponer expresamente que las solicitudes de asilo pueden presentarse en los pasos fronterizos oficiales de los territorios administrativos, así como en el centro de alojamiento para extranjeros detenidos de Daugavpils, gestionado por la Guardia Estatal de Fronteras (anexo 6). Letonia subraya que las autoridades nacionales, plenamente conscientes de la magnitud y los retos sin precedentes que plantea la situación provocada por la ofensiva híbrida bielorrusa, siguieron atentamente la evolución de la situación a escala regional e internacional. El marco jurídico nacional y la práctica de Letonia tuvieron en cuenta en todo momento los requisitos del marco jurídico de la UE, incluida la Directiva 2013/32, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición), las obligaciones consagradas en los tratados de la UE, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el Pacto. Así se desprende de los informes explicativos que complementan el Decreto núm. 518 y los instrumentos jurídicos conexos (anexo 6).

21.Las medidas se adoptaron en vista de la situación sin precedentes a la que se enfrentaban Letonia y sus países vecinos a consecuencia de la ofensiva híbrida iniciada por Belarús, y el estado de emergencia se declaró con arreglo a la legislación nacional y a las condiciones establecidas en ella. Esas medidas se ajustaron plenamente a las obligaciones contraídas por Letonia en virtud del presente Pacto y, por lo tanto, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19, no se consideró necesaria ninguna medida de suspensión con arreglo al artículo 4 del Pacto.

E.Igualdad de género

Ley de Igualdad de Género y Comité para la Igualdad de Género

22.El principio de igualdad de género y no discriminación está consagrado en el artículo 91 de la Constitución y se plasma en varias leyes sectoriales, como la Ley del Trabajo, la Ley de Educación y la Ley de Seguridad Social, entre otras. La aplicación de esta garantía constitucional está encomendada a las autoridades competentes del sector correspondiente y a los tribunales nacionales.

23.El Comité para la Igualdad de Género se creó con el propósito de formular y supervisar políticas de igualdad de género y facilitar la cooperación entre ministerios, ONG, interlocutores sociales, municipios y otras partes interesadas. El comité desempeña un papel fundamental en la definición de las prioridades y las medidas de política en el ámbito de la igualdad de género, así como en el seguimiento de la aplicación de las políticas en esta materia en otras políticas sectoriales. El comité depende del Ministerio de Bienestar Social y se reúne, por lo general, cada tres meses.

Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres

24.La aplicación del Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres (2021-2023) finalizó en 2023. En total, el plan comprendía 62 indicadores del desempeño, de los cuales 34 se lograron, 4 se lograron de forma parcial, 10 no se lograron y 11 se incorporaron al nuevo plan (2024-2027), que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de junio de 2024. El nuevo plan se elaboró en estrecha colaboración con otros ministerios y las ONG pertinentes (anexo 7).

Directrices para el Empleo Inclusivo (2015-2020) y medidas para combatir la brecha salarial

25.Las Directrices para el Empleo Inclusivo (2015-2020), que se aplicaron hasta 2020, se han sustituido por las Directrices para la Política de Protección Social y del Mercado de Trabajo (2021-2027). En las directrices más recientes se señaló que los indicadores del desempeño establecidos en las directrices anteriores se habían logrado o se habían logrado de forma parcial en 2020. También se observó que la brecha salarial entre mujeres y hombres había seguido en aumento (en 2019, había alcanzado el 21,2 %), por lo que se requerían medidas adicionales. Las medidas adoptadas desde 2020 han tenido efectos positivos, y la retribución de las mujeres ha mejorado de manera notable en los últimos años (anexo 7, cuadros 2 y 3). Según la Oficina Central de Estadística, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo del 22,3 % en 2020 al 16,5 % en 2023.

26.En lo que respecta a las próximas medidas normativas para reducir aún más la brecha salarial, Letonia transpondrá, antes del 7 de junio de 2026, la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento, que prevé toda una serie de disposiciones adicionales que garantizarán una aplicación aún más eficaz del principio de igualdad de retribución en la práctica. Además, el Ministerio de Bienestar Social está planificando un proyecto piloto dirigido a las empresas letonas sobre la mejor manera de incorporar mecanismos de transparencia salarial con el fin de reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como actividades de información y concienciación sobre este tema destinadas a empresarios y trabajadores.

Lucha contra los estereotipos y prejuicios relativos a las funciones sociales y familiares

27.El Ministerio de Bienestar Social, en cooperación con interlocutores sociales —la Confederación de Empresarios de Letonia y la Confederación de Sindicatos Libres de Letonia—, ejecutó desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2022 el proyecto Balance for All (B4A), financiado por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la UE. En total, se adoptaron 95 medidas de concienciación para promover el papel del padre en el cuidado de los hijos y el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres (anexo 7, cuadro 4). Además, el Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres (2024-2027) incluye diversas actividades de concienciación para luchar contra los estereotipos de género, en especial entre los jóvenes, los hombres y los niños.

F.Medidas para combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica

Labor para erradicar la violencia de género

28.El 30 de noviembre de 2023, Letonia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que entró en vigor para el país el 1 de mayo de 2024. Letonia también ha elaborado su primer Plan Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (2024-2029) (anexo 7, cuadro 5). Además, el Código Penal se modificó con el objetivo de ampliar las circunstancias que constituyen agravantes (artículo 48, párrafo 1, subpárrafo 15) e incorporar un nuevo tipo delictivo que prevé penas más severas para los actos de violencia, las amenazas de violencia y los atentados contra la libertad sexual cuando estos se cometan contra una persona con la que el autor tenga un vínculo de parentesco, que sea o haya sido su cónyuge, que mantenga o haya mantenido una relación íntima, o que comparta o haya compartido domicilio.

29.El 20 de enero de 2022, el Parlamento reformó la Ley de Policía para permitir que, ante una amenaza inminente de que una persona presente en una vivienda o en sus inmediaciones pueda causar daños a la vida, la libertad o la integridad física de una persona protegida, los agentes de policía puedan proceder a la separación inmediata del presunto agresor, sin necesidad de que medie una solicitud por escrito de la persona protegida. El 7 de noviembre de 2024, el Parlamento modificó el Código de Procedimiento Penal para reforzar la capacidad de las autoridades en el control del cumplimiento de las medidas de seguridad (orden de alejamiento, arresto domiciliario o vigilancia policial). Cuando existan motivos fundados para creer que la persona sospechosa o acusada representa un riesgo elevado de violencia hacia otra persona, podrá imponerse, por decisión judicial, una medida de supervisión electrónica continua mediante dispositivo telemático. Si bien la Policía Estatal no ha creado una unidad específica de investigación para los casos de violencia de género, estos son instruidos por agentes que han recibido capacitación especializada en la materia.

Actividades de concienciación y capacitación

30.En 2023, el Consejo del Poder Judicial, un organismo público autónomo del sistema judicial formado por jueces y fiscales y presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, detectó ciertas “deficiencias sistémicas” en el tratamiento de los casos de violencia doméstica. Para subsanar esas deficiencias, se organizó una capacitación sobre el enfoque centrado en las víctimas en el sistema de justicia. En ella participaron jueces, fiscales, investigadores y diversos interlocutores sociales, incluidos expertos de centros de crisis y profesionales de la justicia y las fuerzas del orden (anexo 7, cuadro 6). La capacitación seguirá impartiéndose en 2025 y se ofrecerá en la Academia de Justicia. Además, en 2023 se puso en marcha un curso en línea, del programa HELP del Consejo de Europa, sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Por otro lado, la Oficina del Defensor del Pueblo ha realizado un estudio y lo ha presentado al gran público en un debate sobre la eficacia del mecanismo de protección temporal contra la violencia doméstica.

31.En el ámbito de la prevención, entre 2022 y 2024, el Ministerio de Bienestar Social, junto con la ONG Centrs MARTA, organizó talleres y debates para jóvenes sobre la manera de establecer relaciones no violentas y respetuosas basadas en el principio de la igualdad de género. Se organizaron talleres en varias regiones de Letonia dirigidos a jóvenes de entre 15 y 19 años. Con la ayuda de métodos de educación informal, los mentores juveniles de la ONG Centrs MARTA hablaron sobre la construcción de relaciones saludables, los estereotipos de género y la manera de reconocer la discriminación y los comportamientos violentos en las relaciones. Cada año, el Ministerio de Bienestar Social organiza una conferencia internacional para especialistas que trabajan con los autores de actos de violencia y con las víctimas. En 2020, se elaboró una metodología para el trabajo social con las víctimas y con los autores. En el marco de esa metodología, se creó un curso de capacitación especializada, disponible de forma gratuita para los trabajadores sociales municipales. También se ha preparado un módulo en línea de 12 horas, impartido durante seis semanas en la plataforma de aprendizaje de la Escuela de Administración del Estado.

Medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres

32.Con el fin de fomentar la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres, en el marco de la campaña Mi Seguridad, la Policía Estatal ha creado materiales de fácil comprensión dirigidos a las víctimas de la violencia, con especial atención a la violencia contra las mujeres, en los que se explican los indicadores de las relaciones violentas y la forma de actuar para prevenir y denunciar los incidentes de violencia. En el cuarto informe se incluye información sobre el teléfono de asistencia del que disponen las víctimas de un delito. En el anexo 7, cuadro 7, se presentan datos relacionados con la respuesta penal a la violencia de género.

Servicios psicológicos, sociales, jurídicos y de rehabilitación para las víctimas

33.Letonia ha transpuesto la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Además de la Directiva, el 27 de septiembre de 2018 se modificó el artículo 961 del Código de Procedimiento Penal con el objetivo de reforzar la protección y los derechos específicos de las víctimas de actos de violencia o amenazas de violencia cuando el autor sea un familiar, cónyuge o persona con la que haya mantenido una relación íntima de larga duración. A este respecto, cabe señalar que, desde 2022, las víctimas de violencia sexual y de género tienen además derecho a recibir asistencia jurídica con cargo a los fondos públicos. Asimismo, desde el 1 de julio de 2023, las víctimas de violencia de género y de violencia doméstica tienen acceso a un centro de acogida (refugio) (anexo 7, cuadro 8).

G.Derecho a la vida

Medidas para reducir el riesgo de conductas suicidas entre la población reclusa

34.Entre 2020 y 2024 se registraron un total de 141 muertes en las prisiones (anexo 8). Se ha elaborado y puesto en marcha un nuevo programa de resocialización destinado a reclusos con conductas suicidas. El programa se desarrolló con la financiación del proyecto núm. 9.1.3.0/16/I/001 del Fondo Social Europeo, titulado “Mejora de la eficacia del sistema de resocialización”. El objetivo del programa es promover la capacidad de los reclusos para controlar las emociones y los pensamientos, autorregular la conducta y desarrollar la conciencia y las relaciones interpersonales reduciendo los factores de riesgo de las conductas suicidas (anexo 8, cuadro 2).

Ley de Protección de los Cadáveres y del Uso de los Tejidos y los Órganos Humanos en la Medicina

35.La Ley de Protección de los Cadáveres y del Uso de los Tejidos y los Órganos Humanos en la Medicina establece condiciones concretas en las que es obligatorio realizar un examen patológico post mortem. Se trata, entre otros, de los casos en que se sospecha que la muerte se debe a una enfermedad infecciosa, una afección médica no diagnosticada o complicaciones derivadas de un tratamiento. Además, los exámenes médicos forenses son preceptivos si los solicitan un investigador, un fiscal u otras autoridades competentes. Si bien la Ley de Protección de los Cadáveres y del Uso de los Tejidos y los Órganos Humanos en la Medicina exige la realización de un examen patológico o forense en determinados supuestos y no contempla expresamente la revisión ni el examen independientes de las muertes ocurridas en instituciones psiquiátricas, en la práctica puede interpretarse que dichas muertes podrían encuadrarse en la segunda categoría de afecciones o complicaciones no diagnosticadas (anexo 8, cuadro 3). De ello se desprende que determinados casos de fallecimiento ocurridos en instituciones psiquiátricas requieren una revisión independiente. Los centros médicos han suscrito un acuerdo con una institución independiente encargada de realizar exámenes patológicos post mortem, y de remitir al centro sus conclusiones. Además, si un familiar alberga dudas sobre la atención recibida por la persona fallecida, puede dirigirse a la Inspección de la Salud, que investiga la causa del fallecimiento.

H.Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La tortura como delito específico

36.En 2014 se reformó el Código Penal para incluir en él una nueva disposición, el artículo 1301, que tipifica la tortura como delito específico. Si bien el marco jurídico anterior permitía enjuiciar casos que respondían a situaciones arquetípicas de tortura —es decir, aquellas que implicaban la imposición de daños físicos— conforme a los artículos 124, 126 y 130 del Código Penal, que tipificaban los delitos de lesiones corporales intencionadas y consideraban la tortura como una circunstancia agravante, a la luz de los cambios en la definición internacional de tortura se introdujo un tipo penal autónomo que no exige la existencia de lesiones corporales como elemento constitutivo del delito (anexo 9).

Independencia de la Oficina de Seguridad Interna

37.Las funciones de la Oficina de Seguridad Interna se exponen en el cuarto informe. La Oficina de Seguridad Interna funciona al margen de la jerarquía institucional de la Policía Estatal, la Administración Penitenciaria y la Guardia Estatal de Fronteras u otras entidades, incluidas las instituciones municipales y los funcionarios encargados de tareas policiales. Por consiguiente, actúa con plena independencia respecto de los funcionarios a los que investiga. Además, aunque desde el punto de vista institucional la Oficina de Seguridad Interna está sujeta a la supervisión del Ministro del Interior, dicha supervisión se limita a los actos administrativos ilegales y a las actuaciones de facto. Todas las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios de la oficina en el marco de procedimientos penales están sometidas a la supervisión de la unidad especializada de la Fiscalía General en delitos cometidos por funcionarios.

Denuncias de malos tratos y de tortura bajo custodia

38.Las personas privadas de libertad, ya sean condenadas o detenidas, tienen derecho a entrevistarse sin restricciones con su abogado defensor o con una persona que les preste asistencia jurídica. Los condenados pueden hacer uso ilimitado del teléfono, siempre que sea para comunicarse con su abogado defensor o con una persona que les preste asistencia jurídica. Los detenidos pueden ponerse en contacto con su abogado defensor o con una persona que les preste asistencia jurídica, y comunicarse con ellos dentro de los límites de uso del teléfono establecidos por el funcionario responsable del procedimiento penal. Los detenidos pueden comunicarse de forma confidencial con su abogado defensor y con otras autoridades competentes, incluida la Oficina de Seguridad Interna. Además, desde 2017 se han simplificado los procedimientos de denuncia para facilitar que los reclusos puedan informar sobre actos de violencia o amenazas de violencia, y para que dichas denuncias puedan presentarse sin restricciones (anexo 9, cuadros 2 y 3). La correspondencia de las personas privadas de libertad con la Oficina del Defensor del Pueblo, las instituciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Públicos del Parlamento, la Fiscalía General, los tribunales nacionales, el funcionario responsable del procedimiento penal y los centros médicos, así como la correspondencia de personas extranjeras con sus respectivas misiones diplomáticas o consulares, no está sometida a supervisión. Los gastos derivados de dicha correspondencia corren a cargo del centro penitenciario.

Servicios comunitarios o servicios sociales alternativos para personas con discapacidad

39.Desde el 6 de noviembre de 2023, las personas con discapacidad mental pueden acceder a un servicio de toma de decisiones con apoyo personal financiado por el Estado, destinado a prestar apoyo en uno o varios de los siguientes ámbitos: protección de derechos e intereses, gestión financiera, vida cotidiana, atención sanitaria, asistencia social, creación de redes de apoyo, diversificación de los recursos disponibles para el grupo destinatario y promoción de la toma de decisiones informadas sobre su propia vida y necesidades. El servicio de toma de decisiones con apoyo es una de las formas de servicios sociales comunitarios que existen en Letonia. El servicio ha contribuido a reducir la necesidad de hospitalizaciones frecuentes y ha incrementado la autonomía de las personas con discapacidad, quienes, con el apoyo de su asistente personal, pueden realizar gestiones como el pago de facturas de servicios públicos o de telefonía, la solicitud de prestaciones y la resolución de asuntos relacionados con herencias.

40.En el ámbito de la atención social comunitaria, desde 2014 un total de 39 municipios ejecutan un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es mejorar el acceso a los servicios sociales de base comunitaria. En el marco de ese proyecto, se pusieron a disposición de las personas con discapacidad mental 145 proveedores de servicios sociales: 53 centros de día, 50 apartamentos compartidos, 34 talleres especializados y 8 servicios de respiro, lo cual representa una capacidad total de 2.080 plazas. Como resultado de las medidas adoptadas para promover los servicios comunitarios dirigidos a este grupo destinatario, el número de personas con discapacidad mental que residen en viviendas compartidas ha aumentado en un 45 %, y el número de personas que asisten a centros de día ha crecido en un 32 % desde 2018. En 2015, solo el 20 % de las personas con discapacidad mental accedían a servicios comunitarios, mientras que en 2022 ese porcentaje ascendía al 38 %.

Garantías jurídicas relativas al internamiento voluntario en instituciones psiquiátricas

41.Como norma general, el artículo 6, párrafo 1, de la Ley de Derechos del Paciente establece que el tratamiento médico solo puede llevarse a cabo si el paciente ha otorgado su consentimiento informado. Asimismo, el párrafo 4 del mismo artículo reconoce el derecho del paciente a rechazar el tratamiento antes de su inicio, a rechazar un método terapéutico específico sin renunciar al tratamiento en su conjunto, o a interrumpirlo en cualquier momento. Por su parte, el artículo 67 de la Ley de Tratamiento Médico dispone que la atención psiquiátrica debe prestarse conforme al principio de voluntariedad. Esa atención se proporciona en una institución de tratamiento médico psiquiátrico o en el departamento psiquiátrico de una institución médica únicamente cuando, por razones de salud del paciente, no pueda prestarse en régimen ambulatorio o en el lugar de residencia. El ingreso en una institución de tratamiento médico psiquiátrico requiere el consentimiento previo y por escrito del paciente, así como una decisión motivada de un psiquiatra que justifique la necesidad de examen médico, tratamiento o rehabilitación en dicho entorno.

42.El artículo 68, párrafo 1, de la Ley de Tratamiento Médico contempla dos supuestos en los que puede prestarse atención psiquiátrica sin el consentimiento del paciente: 1) cuando este haya amenazado con causarse lesiones a sí mismo o a terceros, o lo esté haciendo, o lo haya intentado, o haya incurrido o esté incurriendo en conductas violentas hacia otras personas, y un profesional médico determine que el paciente padece un trastorno mental que podría dar lugar a lesiones corporales graves a sí mismo o a terceros; o 2) cuando el paciente haya evidenciado o evidencie una incapacidad para atender sus propias necesidades básicas o las de las personas a su cargo, y un profesional médico determine que padece un trastorno mental que podría conllevar un deterioro grave e inevitable de su salud. El párrafo 2 del mismo artículo establece que, en los supuestos anteriores, deberá informarse al paciente, siempre que sea posible, sobre la necesidad de recibir atención psiquiátrica.

43.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 607, párrafo 3, del Código de Procedimiento Penal, la solicitud de anulación o modificación de medidas médicas obligatorias impuestas por resolución judicial podrá ser presentada ante el tribunal por la persona sometida a dicha medida, su representante legal o un familiar cercano. En tales casos, el órgano judicial recabará un informe de evaluación del centro médico competente sobre el estado de salud de la persona. Además, el artículo 607, párrafo 6, del Código de Procedimiento Penal establece que el tribunal tiene la obligación de revisar periódicamente dichas decisiones. Este mecanismo de revisión tiene por objeto garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar que las medidas coercitivas se apliquen únicamente cuando resulten necesarias y estén debidamente justificadas. Asimismo, la Inspección de Salud lleva a cabo supervisiones periódicas de los centros médicos psiquiátricos, tanto mediante inspecciones programadas como a raíz de las denuncias presentadas por los pacientes o sus familiares.

I.Libertad y seguridad de la persona

Prisión provisional

44.Los datos sobre el número de personas detenidas figuran en el anexo 10. Letonia no recopila información sobre la duración de la detención. Con el objetivo de reducir la frecuencia del recurso a la prisión preventiva, desde 2017 el país ha llevado a cabo diversas actividades de concienciación y capacitación dirigidas a los agentes del orden, con el fin de fomentar el uso de la libertad bajo fianza y de otras medidas no privativas de libertad como alternativas a la prisión preventiva (anexo 10, cuadros 2, 3 y 8).

Medidas no privativas de la libertad

45.En el Código de Procedimiento Penal se contemplan varias medidas de seguridad no privativas de la libertad (anexo 10, cuadros 1, 2 y 7). Entre ellas, pueden imponerse a una persona menor de edad, como medidas de seguridad: 1) la supervisión por parte de los progenitores o tutores y 2) el internamiento en una institución educativa correccional de carácter social.

Garantías de los detenidos

46.De conformidad con el artículo 602, párrafos 1 y 3, del Código de Procedimiento Penal, los detenidos disponen de múltiples garantías destinadas a asegurar que se les informe adecuadamente sobre el proceso penal y que puedan ejercer su derecho a consultar con un abogado defensor (anexo 10, cuadros 4 y 5). Según lo dispuesto en el párrafo 4 del mismo artículo, desde el momento en que la persona adquiere el derecho a la defensa, la información relativa a sus derechos —incluidos los derechos de las personas detenidas— debe ser entregada de forma inmediata por escrito y, en caso necesario, explicada por el funcionario encargado del procedimiento. La persona debe confirmar mediante su firma que ha recibido y se le ha explicado dicha información. Aunque diversas autoridades de investigación utilizan en la práctica grabaciones audiovisuales de las entrevistas, estas no se proporcionan ni se ordenan en todos los casos.

J.Eliminación de la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas

Capacitación y concienciación de las fuerzas del orden y de otros profesionales

47.En el anexo 11 se presentan datos estadísticos sobre las víctimas, los procedimientos penales iniciados y las penas impuestas en relación con la trata de personas. La lista de actividades de capacitación dirigidas a funcionarios, así como de concienciación, figura en el anexo 11, cuadros 7 a 9. Se ha elaborado un programa de formación de formadores en el Colegio de la Guardia Estatal de Fronteras, que incluye directrices sobre la actuación de los funcionarios en la identificación de las víctimas de la trata. Asimismo, el plan de estudios de la Academia de Policía Estatal incorpora una asignatura dedicada a las formas de la trata de personas y a su prevención. Las actividades de capacitación relacionadas con la prevención de la trata seguirán incluyéndose en los programas de estudio de la Academia de Justicia. Las actividades de concienciación, además de las descritas en el cuarto informe, se detallan en el anexo 11, cuadro 10.

Apoyo a las víctimas

48.Los planes de apoyo a las víctimas de la trata se describen en los párrafos 56, 63 y 64 del cuarto informe. Los criterios para el reconocimiento de una persona como víctima de la trata se establecen en el Reglamento núm. 344 del Consejo de Ministros, relativo a los procedimientos mediante los cuales las víctimas de la trata de personas acceden a servicios de rehabilitación social. Este reglamento contempla la denominada “vía social”, por la que los criterios no están condicionados al reconocimiento formal de la persona como víctima en el marco de un procedimiento penal (anexo 11, cuadros 3 a 5). Esta vía ha permitido que un mayor número de personas acceda a servicios de rehabilitación y ha contribuido a fomentar la participación de las víctimas en los procedimientos penales.

Plan de Prevención de la Trata de Personas (2021-2023)

49.De las 31 medidas previstas en el Plan de Prevención de la Trata de Personas (2021‑2023), 22 se han aplicado plenamente, 4 se han aplicado de forma parcial y 5 no se han aplicado (anexo 11, cuadro 11). Si bien aún no se ha establecido un mecanismo nacional centralizado de remisión ni se ha designado un relator especial, se ha debatido su creación con vistas a establecer dicha institución en el segundo semestre de 2026.

Medidas de investigación, enjuiciamiento y castigo

50.Las medidas pertinentes se describen en los párrafos 53 a 62 del cuarto informe. Asimismo, varias de las reorganizaciones y reformas llevadas a cabo tanto en la Policía Estatal como en la Fiscalía revisten importancia para la detección, la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de casos de trata de personas (anexo 11, cuadro 8). La capacitación en materia de prevención de la trata forma parte del programa de educación superior profesional de ciclo corto de la Academia de Policía Estatal, en el marco del plan de estudios de la especialidad “Trabajo policial”, dentro del módulo temático “Delitos contra la libertad, el honor y la dignidad de las personas”.

51.En todos los casos en que la Guardia Estatal de Fronteras o la Inspección Estatal del Trabajo detectan indicios de que una persona podría ser víctima de la trata, las autoridades competentes lo notifican a la Policía Estatal. El número de casos investigados y enjuiciados, el número de autores sancionados y las indemnizaciones concedidas a las víctimas figuran en el anexo 11, cuadro 3.

K.Trato dispensado a los extranjeros, incluidos los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo

52.Letonia subraya que, conforme al derecho internacional, los Estados tienen el derecho de regular la entrada, la permanencia y la expulsión de extranjeros de su territorio. No obstante, los Estados deben garantizar un acceso real y efectivo a vías legales de ingreso que permitan a todas las personas que se enfrentan a persecución solicitar protección internacional. Cuando existan tales mecanismos, los Estados podrán, en el ejercicio legítimo de su potestad de control fronterizo, exigir que las solicitudes de dicha protección se formulen conforme a la normativa interna vigente. Esta posición es coherente con la opinión expresada por el Comité, según la cual corresponde al Estado determinar a quién admite en su territorio, y el consentimiento de entrada puede estar supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones. Por consiguiente, los Estados pueden denegar el ingreso en su territorio a personas extranjeras, incluidos potenciales solicitantes de asilo, que hayan incumplido, sin justificación razonable, dichas disposiciones al intentar cruzar la frontera de manera irregular. Letonia ha garantizado en todo momento un acceso real y efectivo a los canales legales de entrada para la presentación de solicitudes de protección internacional. El 6 de abril de 2022, se modificó el artículo 6 del Decreto núm. 518 a fin de establecer expresamente que las solicitudes de asilo pueden presentarse en los pasos fronterizos oficiales de los territorios afectados por el estado de emergencia, así como en el centro de alojamiento. Antes de la entrada en vigor de esas modificaciones, los agentes de la Guardia Estatal de Fronteras destacados en dichos puestos estaban facultados para expedir visados de entrada única o visados de duración limitada por razones humanitarias (véanse también los párrafos 19 a 21).

53.Además de los cauces nacionales para presentar denuncias ante las autoridades —como la solicitud dirigida a la Policía Estatal, la Oficina del Defensor del Pueblo o los tribunales nacionales— Letonia ha reconocido diversos mecanismos internacionales que consagran el derecho de petición individual. En consecuencia, cualquier alegación de malos tratos puede someterse a distintos mecanismos, incluidos aquellos que están facultados para iniciar de oficio una investigación independiente. La Oficina de Seguridad Interna llevó a cabo una investigación general, exhaustiva y sustantiva en relación con los presuntos malos tratos infligidos a migrantes que intentaron cruzar la frontera entre Letonia y Belarús entre el 10 de agosto de 2021 y el 10 de febrero de 2022. Tras recabar y analizar un gran volumen de información —incluida aquella de dominio público, las declaraciones de las personas entrevistadas, entre ellas los propios migrantes, así como material fotográfico y videográfico—, la Oficina de Seguridad Interna concluyó la investigación el 12 de noviembre de 2022, sin haber identificado casos de malos tratos por parte de las autoridades letonas contra los migrantes. La información relativa al número de solicitantes de asilo detenidos figura en el anexo 12.

L.Reducción de la apatridia

Medidas para reducir la apatridia y el número de “no ciudadanos”

54.Letonia señala a la atención del Comité la información facilitada en su documento básico común relativa al restablecimiento de la independencia de Letonia y la creación de la condición de no ciudadano (HRI/CORE/LVA/2017, párrs. 200 y 201). Letonia subraya enfáticamente que los no ciudadanos no son personas apátridas, ya que gozan del derecho de residencia en Letonia en virtud de la ley, y de un conjunto de derechos y obligaciones que, en términos generales, exceden los previstos en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, incluida la protección frente a la expulsión. En consecuencia, los “no ciudadanos” pueden considerarse personas a quienes no resulta aplicable dicha Convención.

55.Además de la información incluida en su cuarto informe, Letonia continúa organizando, como en años anteriores, jornadas informativas destinadas a explicar las condiciones y los procedimientos de naturalización. Estas jornadas se celebran en las dependencias regionales de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración en Riga, Liepāja, Daugavpils y Ventspils. Asimismo, la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración ha elaborado diversos materiales informativos que facilitan la preparación para los exámenes de ciudadanía y la adquisición de los conocimientos de letón requeridos. Desde 2021, el sitio web también incorpora una herramienta de autoevaluación que abarca todas las materias necesarias para obtener la ciudadanía letona (anexo 13, cuadros 6 y 7). Los datos relativos al número de personas apátridas y de residentes no ciudadanos se presentan en el anexo 13, cuadros 1 a 5.

56.La Ley de Derogación de la Condición de No Ciudadano de los Niños constituye un avance significativo en la reducción del número de no ciudadanos en Letonia. Como resultado de su aplicación, los 142 niños nacidos en 2020 de progenitores no ciudadanos adquirieron automáticamente la ciudadanía letona. Desde 2019, se ha observado una disminución notable del número de no ciudadanos en el grupo etario de 0 a 4 años. En 2024, solo se registraban 29 no ciudadanos en dicho grupo de edad (anexo 13, cuadros 3 y 5).

Modificaciones de la Ley de Ciudadanía de abril de 2022

57.El 21 de abril de 2022, el Parlamento aprobó una serie de modificaciones de la Ley de Ciudadanía por las que introduce un nuevo supuesto de revocación de la ciudadanía letona. En concreto, esta podrá ser revocada si el nacional de Letonia ha prestado apoyo —por medios financieros, materiales, tecnológicos, propagandísticos o de otra índole— a un Estado o a una persona que haya cometido actos de genocidio, agresión, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, o si ha participado directamente en tales actos. Las modificaciones también establecen expresamente que la revocación de la ciudadanía solo podrá efectuarse si con ello la persona afectada no deviene apátrida. Hasta la fecha, se han adoptado tres decisiones de revocación de la ciudadanía en aplicación de estas modificaciones.

M.Acceso a la justicia, independencia del poder judicial y juicio imparcial

Independencia e imparcialidad del poder judicial

58.En su informe sobre la evaluación de la reforma territorial de los tribunales, aprobado por el Consejo del Poder Judicial, el Grupo de Trabajo sobre el Refuerzo de la Eficacia de los Tribunales señaló que dicha reforma había generado varios resultados positivos, lo cual se había traducido en un aumento de la eficiencia del sistema judicial (anexo 14, cuadro 4). En lo que respecta a los recursos financieros asignados al sistema judicial, véase el anexo 14, cuadros 1 a 3. El Consejo del Poder Judicial ha considerado adecuadas las partidas presupuestarias asignadas anualmente, con cargo al presupuesto del Estado, al Tribunal Supremo y a los tribunales del sistema judicial ordinario entre 2014 y 2024.

59.El 15 de septiembre de 2020, el Parlamento reformó la Ley del Tribunal Constitucional con el objetivo de reforzar la independencia de sus jueces, mediante la introducción de garantías de estabilidad en el cargo, una administración judicial permanente y la previsión de que el presupuesto del Tribunal sea adecuado para asegurar el ejercicio efectivo del control constitucional y la independencia institucional. El propio Tribunal Constitucional calificó estas enmiendas como una mejora de su autonomía presupuestaria. El 24 de octubre de 2024, el Parlamento modificó la Ley del Poder Judicial en lo relativo a la carga de trabajo judicial, a efectos de la asignación de expedientes. Estas modificaciones permiten tener en cuenta la carga de trabajo de un juez más allá de sus funciones principales.

Centro de capacitación centralizado para jueces, investigadores y fiscales

60.El 24 de octubre de 2024, el Parlamento aprobó la Ley de la Academia de Justicia. La academia está en funcionamiento desde el 1 de enero de 2025. Su objetivo es establecer un centro unificado de capacitación para el perfeccionamiento de las competencias de jueces, fiscales, asistentes de fiscalía e investigadores en cuestiones interdisciplinarias esenciales para una administración de justicia eficaz. La Academia implementará programas de capacitación, incluida la creación de un modelo único de educación permanente a largo plazo.

Nombramiento de jueces del Tribunal Supremo

61.Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Parlamento, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo y previa recomendación del Consejo del Poder Judicial. En relación con la decisión del Parlamento de no nombrar a un determinado juez para integrar el Tribunal Supremo, dicho juez fue nuevamente propuesto para su nombramiento y resultó elegido por mayoría parlamentaria en octubre de 2023. Todos los jueces posteriores, recomendados por el Consejo del Poder Judicial, han sido nombrados por el Parlamento.

Pronunciamiento oportuno de las sentencias

62.Las estadísticas sobre la duración media de los procedimientos en cada instancia judicial figuran en el anexo 14, cuadros 5 a 8. El Consejo del Poder Judicial, en colaboración con entidades del sector privado, está ejecutando un proyecto destinado a mejorar la eficiencia del sistema judicial y la capacidad de planificación presupuestaria para las reformas estructurales. El proyecto “Mejora de la eficiencia del sistema judicial letón y de su planificación presupuestaria” se inició el 6 de septiembre de 2024 y se implementará hasta el 5 de marzo de 2026. En el marco del proyecto, se elaborará un informe de referencia, recomendaciones y una hoja de ruta para una reforma institucional del poder judicial. Asimismo, se creará un modelo estadístico para la evaluación de la carga de trabajo de los tribunales y la formulación presupuestaria, y se elaborarán pruebas metodológicas, actividades de capacitación y un manual sobre recopilación de datos, metodología y evaluación de la disponibilidad de recursos.

63.Se continúa avanzando en la digitalización del sistema judicial y en el desarrollo de la plataforma informática E-Case, con el objetivo de aumentar la eficiencia en la tramitación de los expedientes (anexo 14, cuadro 9). El Consejo de Supervisión de E-Case ha aprobado el Plan de Acción del Programa E-Case y ha prorrogado el período transitorio para la migración completa de todos los procedimientos hasta el 31 de mayo de 2026. En la actualidad, todos los tribunales de distrito tramitan las denuncias por infracciones administrativas en un entorno completamente digital. El Consejo del Poder Judicial prevé ampliar las categorías de expedientes digitalizados en 2025.

Justicia penal juvenil y privación de libertad de menores de edad

64.Letonia ha transpuesto la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. De conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, la privación de libertad de un menor de edad solo se aplica como medida de último recurso, tras haberse considerado todas las demás medidas de seguridad. Al seleccionar una medida que implique la restricción de la libertad de un menor de edad, se tendrá en cuenta su edad, los posibles riesgos para su desarrollo físico, mental y social, así como su capacidad de reintegración en la sociedad. En el anexo 10 se presentan datos sobre el tipo y la duración de las penas impuestas a menores de edad durante el período examinado. Desde el 22 de octubre de 2024, ya no es posible el internamiento de menores de edad en instituciones educativas sociales correccionales con fines de prisión preventiva, práctica anteriormente contemplada en el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal (anexo 10, cuadro 7).

N.Objeción de conciencia al servicio militar

Servicio alternativo

65.De conformidad con la Ley del Servicio de Defensa Nacional, las personas obligadas a cumplir con el servicio de defensa nacional que, por motivos de conciencia, convicciones o afiliación religiosa, no puedan realizar el servicio militar, pueden optar por el servicio alternativo. El servicio alternativo tiene la misma duración que el servicio militar (11 meses) y puede llevarse a cabo en una de las instituciones civiles subordinadas al Ministerio de Defensa (anexo 15). Las personas que prestan el servicio alternativo están bajo la autoridad del jefe de la institución correspondiente, quien determina sus funciones laborales.

Liberación anticipada de los objetores de conciencia

66.De conformidad con la Ley del Servicio Militar, los soldados del servicio profesional pueden rescindir su contrato en cualquier momento antes de su vencimiento, mediante acuerdo mutuo con las Fuerzas Armadas Nacionales. Asimismo, la ley establece que los soldados reservistas que no puedan cumplir con el servicio militar por motivos de conciencia, convicciones o creencias religiosas, así como los objetores de conciencia, pueden presentar una solicitud ante la Comisión de Control del Alistamiento, exponiendo las razones por las que solicitan un cambio en el tipo de servicio. Para acceder al servicio alternativo, el objetor de conciencia debe presentar una solicitud ante la Comisión de Control del Alistamiento, en la que exponga los motivos de su solicitud y adjunte los documentos que, a su juicio, sean pertinentes para el examen del caso y que respalden la veracidad de la información proporcionada. Hasta la fecha, la comisión ha recibido dos solicitudes de sustitución del servicio de defensa nacional por un servicio alternativo. Una fue aprobada; en el otro caso, dado que la persona fue declarada no apta para el servicio de defensa nacional por razones de salud, se dio por concluido el procedimiento. En caso de decisión denegatoria, la persona interesada tiene derecho a impugnar la resolución de la Comisión de Control del Servicio Militar ante un tribunal, conforme a los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo.

Formación militar en la Guardia Juvenil y en el Curso de Defensa Nacional

67.En primer lugar, Letonia señala que el ingreso en la Guardia Juvenil es voluntario. La mayoría de las asignaturas incluidas en el plan de estudios del Curso de Defensa Nacional y de la Guardia Juvenil están diseñadas para proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades prácticas en actividades al aire libre, primeros auxilios, educación cívica y defensa civil (anexo 15). Solo la asignatura “Manejo seguro de armas” incluye ejercicios con armas, y únicamente en el marco del plan de estudios de la Guardia Juvenil se prevé que los alumnos manipulen físicamente armas de fuego. Esa asignatura representa el 20 % (30 de 120 horas lectivas) del plan de estudios del Curso de Defensa Nacional y el 11 % (55 de 480 horas lectivas) del plan de estudios de la Guardia Juvenil. En el Curso de Defensa Nacional, las prácticas de tiro se limitan al uso de armas neumáticas y, aunque los alumnos se familiarizan con las armas y el equipo estándar de las Fuerzas Armadas Nacionales mediante material informativo, no se emplean armas de fuego reales en la enseñanza.

68.Con el fin de dar cabida a todos los alumnos, incluidos aquellos que, por motivos de conciencia, convicciones religiosas o filosóficas, u otras circunstancias objetivas, no puedan participar en una asignatura específica del Curso de Defensa Nacional —incluida la asignatura “Manejo seguro de armas”—, el Centro de la Guardia Juvenil, en colaboración con el Ministerio de Defensa, ha desarrollado planes de lecciones adicionales para clases alternativas. En estas clases, los alumnos adquieren conocimientos sobre los planes de protección civil de su municipio y sobre el concepto de “zona gris” en las relaciones internacionales. Cuando un alumno, por los motivos mencionados, no pueda participar en una parte específica de una asignatura o ejercicio incluido en el plan de estudios del Curso de Defensa Nacional, el instructor le ofrece un ejercicio alternativo modificado. Este ejercicio suele consistir en que el alumno se familiarice con uno de los temas del plan de estudios y presente su trabajo de investigación ante sus compañeros. El contenido del ejercicio alternativo modificado está diseñado para abordar cuestiones interdisciplinarias, incluidas competencias relacionadas con el uso de tecnologías. En lo que respecta a la Guardia Juvenil, el plan de estudios ordinario incluye algunos ejercicios con armas de fuego, centrados principalmente en el montaje, desmontaje y manejo seguro de dichas armas. Las prácticas de tiro se organizan en el cuarto —y último— nivel del curso, cuando el alumno tiene al menos 16 o 17 años, y se realizan exclusivamente con cartuchos de pequeño calibre. Además, de conformidad con el artículo 4, párrafo 6, de la Ley del Curso de Defensa Nacional y de la Guardia Juvenil, en su versión modificada de 13 de junio de 2024, el instructor puede elaborar un plan de estudios modificado cuando un ejercicio resulte inadecuado para un alumno en particular.

O.Libertad de expresión

Protección de los periodistas

69.El 12 de marzo de 2020 se firmó un memorando de entendimiento entre la Policía Estatal y la Asociación de Periodistas de Letonia para cooperar en la prevención de agresiones contra periodistas. En el memorando también se establece la designación de una persona de contacto a la que se debe informar en caso de amenazas.

70.El 10 de abril de 2024, el Ministerio de Cultura constituyó un grupo de trabajo con la participación de múltiples partes interesadas, con el objetivo de apoyar a los periodistas y elaborar un plan de acción orientado a fortalecer su seguridad, en consonancia con los puntos de acción del Espacio Mediático Seguro establecidos en las Directrices de Medios de Comunicación (2024-2027). El plan incluirá estudios sobre la seguridad de los periodistas en Letonia y en Europa, así como la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE. Asimismo, a mediados de 2024, el Ministerio de Cultura puso en marcha un estudio sobre la situación de la seguridad de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación en Letonia, en el que se identificaron los principales retos y riesgos en materia de seguridad, junto con recomendaciones para mejorar la aplicación de las directrices del Consejo de Europa y de la Comisión Europea en el marco jurídico nacional.

71.Además, Letonia participa en la campaña Los Periodistas Importan, del Consejo de Europa, y la Asociación de Periodistas de Letonia ha sido designada como punto focal nacional de dicha campaña. El sitio web de la asociación ha incorporado un botón de emergencia que permite a los periodistas denunciar actos de violencia o amenazas, y el punto focal supervisa los casos y, cuando es necesario, se comunica con las autoridades competentes. Para promover esta herramienta, se han creado cuentas en X, BlueSky, Facebook, Threads e Instagram.

72.El procedimiento penal relativo a las lesiones infligidas a L. Jākobsons fue concluido el 19 de febrero de 2025, ya que las autoridades no lograron identificar a los autores.

Salvaguardias en caso de revocación de las licencias de radiodifusión

73.En el contexto de la decisión del Consejo Nacional de Medios Electrónicos relativa a la revocación de una licencia de radiodifusión, Letonia señala que toda decisión en este sentido está sujeta a diversas salvaguardias administrativas y judiciales. Dicha decisión constituye un acto administrativo y, por tanto, puede ser objeto de revisión judicial por parte de los tribunales administrativos nacionales. En lo que respecta al caso concreto de la revocación de la licencia de radiodifusión de TV Rain, Letonia indica que, el 6 de diciembre de 2022, el Consejo Nacional de Medios Electrónicos revocó dicha licencia tras constatar el incumplimiento de la legislación nacional y de las condiciones establecidas en la licencia de radiodifusión. En su resolución, el consejo afirma que el canal: 1) no ofrecía una pista de idioma en letón, como exigía la normativa vigente; 2) difundía información inexacta, incluida la descripción de Crimea como parte de Rusia; y 3) alentaba a los espectadores a compartir información sobre soldados rusos movilizados, lo que constituía un apoyo indirecto a las fuerzas rusas en el conflicto armado con Ucrania. Estas acciones fueron consideradas por el Consejo Nacional de Medios Electrónicos como una amenaza para la seguridad nacional y el orden público. La decisión fue confirmada por el tribunal de primera instancia; sin embargo, en la actualidad, el caso se encuentra pendiente ante el Tribunal Regional Administrativo, y la sentencia aún no ha adquirido firmeza. Letonia subraya que corresponde a los tribunales nacionales pronunciarse sobre la legalidad de una decisión de revocación de una licencia de radiodifusión, así como ponderar los derechos de las personas afectadas y las obligaciones de las autoridades y de los medios de comunicación en el contexto específico. Por consiguiente, Letonia no formulará observaciones sobre un asunto aún en trámite, mientras no se haya dictado una sentencia con fuerza de cosa juzgada.

Modificaciones de la Ley de Medios de Comunicación Electrónicos

74.Las modificaciones de la Ley de Medios de Comunicación Electrónicos, que entraron en vigor el 24 de septiembre de 2022, introdujeron diversas medidas destinadas a reforzar la seguridad nacional y promover el uso del idioma del Estado. Entre las medidas orientadas a garantizar la transparencia en la propiedad de los organismos de radiodifusión, Letonia también estableció el requisito de que los programas que incluyan una pista de idioma en un idioma que no fuera oficial en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo debían incorporar adicionalmente una pista en letón. El objetivo de estas modificaciones es ampliar la oferta de contenidos en letón en los programas de los medios de comunicación electrónicos. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Medios de Comunicación Electrónicos, una pista de idioma se define como una pista de audio en un idioma distinto del idioma principal del programa, tal como se especifica en la licencia de emisión. Estas modificaciones no restringen, sino que fortalecen la diversidad de contenidos, al garantizar el acceso a través de opciones en letón, al tiempo que permiten la difusión de contenidos en su idioma original.

Plan de Seguridad Nacional

75.El Plan de Seguridad Nacional, de 28 de septiembre de 2023, es un documento normativo que prevé nuevas medidas legislativas y administrativas destinadas a reforzar la seguridad nacional de Letonia en el actual contexto geopolítico. El plan no contempla la prohibición de la producción de contenidos televisivos y radiofónicos en idiomas minoritarios, dado que la restricción en cuestión se aplica exclusivamente a los medios de comunicación públicos y no se extiende a los medios comerciales. Por consiguiente, los medios de comunicación comerciales conservan la libertad de emitir contenidos en cualquier idioma.

P.Participación en los asuntos públicos

Modificaciones de la Ley de Campañas Preelectorales

76.El 1 de enero de 2024 entraron en vigor las modificaciones de la Ley de Campañas Preelectorales, mediante las cuales se establecen requisitos aplicables al material de precampaña electoral pagado. Es decir, dichas modificaciones no afectan a otras actividades propias del período preelectoral. Durante dicho período, los materiales de campaña pagados deberán presentarse en el idioma del Estado, incluidos el latgaliano y el livonio. No obstante, la normativa permite que dichos materiales también se difundan en otro idioma, siempre que se trate de un idioma oficial de un Estado miembro de la Unión Europea. En actos presenciales, los candidatos podrán dirigirse oralmente a los electores en otros idiomas. El 13 de febrero de 2025, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el asunto núm. 2024‑06‑01, declarando que estas modificaciones se ajustan a la Constitución (véase, en detalle, el anexo 16).

Accesibilidad de los centros de votación

77.En primer lugar, Letonia destaca que, en su territorio, toda persona tiene derecho a ejercer el voto en cualquier centro de votación sin necesidad de solicitud previa, por lo que los electores pueden elegir el centro que les resulte más conveniente. En 2010, el 41 % de los centros de votación eran accesibles para usuarios de sillas de ruedas. Entre 2014 y 2019, el acceso a dichos centros se incrementó principalmente mediante dos medidas: en primer lugar, el traslado de los centros de votación a locales más accesibles; en segundo lugar, la reestructuración de los edificios en los que se ubican. Gracias a estas medidas, en 2014 dicho porcentaje aumentó al 53 %, y en 2018, al 67 %. En 2022, el 71 % de los centros de votación, y en 2024, el 79 %, eran accesibles para los usuarios de sillas de ruedas (véase el anexo 16, cuadro 2). El Plan de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (2024-2027) contempla futuras mejoras destinadas a garantizar la igualdad de acceso al sufragio (véase el anexo 16, cuadro 3).

Medidas destinadas a lograr la igualdad de representación de las mujeres en la vida política y pública

78.Actualmente, 30 de los 100 miembros del Parlamento son mujeres. Desde el 15 de septiembre de 2023, el cargo de Primera Ministra de Letonia es ejercido por una mujer. El Consejo de Ministros está integrado por 15 titulares, de los cuales 6 son mujeres. El 20 de septiembre de 2023, la Sra. D. Mieriņa asumió el cargo de Presidenta del Parlamento. En lo que respecta a las autoridades del gobierno local, tras las elecciones municipales de 2017, el 34 % de los miembros electos eran mujeres. Posteriormente, tras las elecciones al Ayuntamiento de Riga de 2020 y las elecciones generales municipales de 2021, el 30,5 % del total de miembros de los gobiernos locales eran mujeres (véanse el anexo 16, cuadros 4 y 5).

79.En 2021 y 2022, los Premios al Liderazgo de la Mujer reconocieron a mujeres cuyo liderazgo ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la sociedad a nivel regional. La Red de ONG de Mujeres de Letonia concede anualmente un total de seis galardones: cinco destinados a mujeres líderes de las regiones históricas letonas de Riga, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme y Latgale, y uno a una mujer líder de la diáspora letona.

Q.Derechos de las minorías

80.Letonia señala que ya ha proporcionado, en su cuarto informe, una lista de actividades destinadas a garantizar una transición gradual e inclusiva hacia el letón como idioma de enseñanza, así como información sobre la capacitación impartida al personal docente (véase también el anexo 17, cuadro 1). El 29 de septiembre de 2022, el Parlamento aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Educación y a la Ley de Educación General, mediante las cuales se estableció completar progresivamente la transición hacia la enseñanza exclusivamente en letón en un plazo de tres años. De conformidad con dichas modificaciones, desde el 1 de septiembre de 2023, en el nivel de educación preescolar y en los cursos 1º, 4º y 7º; desde el 1 de septiembre de 2024, en los cursos 2º, 5º y 8º; y a partir del 1 de septiembre de 2025, en los cursos 3º, 6º y 9º, la enseñanza en los centros educativos de Letonia se impartirá únicamente en letón. Paralelamente, los alumnos pertenecientes a minorías nacionales en los niveles de educación preescolar y primaria tienen derecho a solicitar a la autoridad gubernamental local que les proporcione oportunidades para aprender su idioma y su historia cultural como parte de los programas de educación no formal. El Estado, junto con los gobiernos locales, participa en la financiación de los salarios del personal docente que imparte estos programas, así como en la adquisición del material didáctico correspondiente. En consecuencia, los niños pertenecientes a minorías nacionales pueden continuar aprendiendo y preservando su lengua, cultura y tradiciones.

81.En 2024, el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias relativas a esta fase de la reforma educativa en los centros escolares públicos y privados (véanse el anexo 17, cuadros 2 y 3). Las cuestiones planteadas en las preguntas del Comité se abordan en detalle en dichas sentencias. Letonia destaca que el proceso legislativo incluyó la participación de un amplio abanico de partes interesadas que representaban a los grupos afectados por las modificaciones. Los proyectos de ley se debatieron en ocho sesiones de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia del Parlamento, con la participación de las partes interesadas pertinentes, incluidos directores y personal docente de instituciones educativas que anteriormente impartían programas dirigidos a minorías.