Comité de Derechos Humanos

97° período de sesiones

Acta resumida de la 2664 a sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 16 de octubre de 2009, a las 10.00 horas

PresidenteSr. Iwasawa

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (continuación)

Sexto informe periódico de la Federación de Rusia (continuación)

Se declar a abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (tema 6 del programa) (continuación)

Sexto informe periódico de la Federación de Rusia (HRI/CORE/1/Add.52/Rev.1; CCPR/C/RUS/6; CCPR/C/RUS/Q/6; CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1)

1 . Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación rusa vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

2. El Presidente invita a la delegación rusa a responder a las cuestiones planteadas por los miembros del Comité en la sesión precedente.

3. El Sr. Davidov (Federación de Rusia) agradece a los miembros del Comité sus preguntas tan numerosas como pertinentes, que demuestran su elevado nivel de competencia y su interés por la situación en la Federación de Rusia. Por su parte, se concentrará en las preguntas relacionadas con la administración de la justicia. Cuando parece que el Convenio Europeo de Derechos Humanos se ha violado en el marco del examen de un caso penal por un tribunal nacional, el Presídium del Tribunal Supremo está facultado por la ley para anular la sentencia dictada, habida cuenta de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado, las comprobaciones del Comité solo implican la revisión de una decisión adoptada por una jurisdicción nacional cuando la violación del Pacto comprobada por el Comité incide en la legalidad y la validez de la decisión en cuestión. Las opiniones del Comité sobre la interpretación y aplicación del pacto desempeñan, no obstante, un papel relevante en cuanto que pueden señalar a la atención del legislador y de los responsables de la aplicación de la ley posibles lagunas en la legislación o en su aplicación y, de esa manera, permitir que se les ponga remedio. Las víctimas de violaciones de los derechos protegidos por el Pacto pueden igualmente tomar como base las constataciones del Comité para motivar sus solicitudes de reparación.

4. El Código de Procedimiento Penal dispone que un sospechoso tiene derecho a tomar contacto con un abogado o recurrir a un abogado de oficio en las tres horas siguientes a su detención, y a informar a los miembros de su familia acerca de su situación en las 12 horas siguientes a su detención. Si bien es cierto que, antes de la adopción del nuevo Código de Procedimiento Penal en 2001 y de su entrada en vigor en 2002, estas garantías no existían, lo mismo que tampoco existían mecanismos rápidos y eficaces de control judicial del arresto y la detención, las mejoras introducidas desde 2002 deberían permitir pasar definitivamente esta página sombría de la historia de la Federación de Rusia.

5. Sir Nigel Rodley ha insinuado que la pena de muerte podía y debía abolirse aun cuando la opinión pública no fuera favorable a esa decisión. El Sr. Davidov no comparte esta opinión y estima que es deber del Jefe del Estado y del Parlamento tener en cuenta los sentimientos de la población que los ha colocado en el poder y no provocarla tratando de imponerle algo a lo que se opone firmemente. La evolución de la opinión pública sobre una cuestión tan delicada requiere necesariamente tiempo. No hay que olvidar que entre la adopción del Pacto, que permite la aplicación de la pena de muerte para los crímenes más graves, y la del Protocolo facultativo destinado a abolir la pena de muerte, han transcurrido más de 20 años. Hace más de 10 años que no se han producido ejecuciones ni condenas a muerte en la Federación de Rusia, y la situación se prolongará hasta que la pena de muerte sea abolida por la ley.

6. Los jueces no sólo no se oponen a la reforma del sistema judicial sino que la alientan, como demuestran los numerosos proyectos de ley que se han elaborado por iniciativa suya. Desde la puesta en marcha de la reforma, el Presídium del Tribunal Supremo ha presentado algunas propuestas para mejorar el funcionamiento de la justicia. Se han adoptado textos fundamentales en ese sentido, en particular la Ley sobre el estatuto de los jueces, que regula el nombramiento y la destitución de los jefes y refuerza su independencia, la Ley constitucional federal sobre los tribunales y las revisiones del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. El cuerpo judicial se ha reforzado igualmente y cuenta en la actualidad con 31.000 jueces. El número de acciones civiles ha aumentado considerablemente, habiendo pasado de aproximadamente 1,5 millones en 1991 a 11 millones en 2008. En total, los tribunales de derecho común tramitan cada año unos 17 millones de casos. En los dos o tres años próximos debería emprenderse una reforma en profundidad de las jurisdicciones de segundo grado. Está igualmente prevista una reestructuración completa del sistema de control jurisdiccional, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado en varias ocasiones incompatible con los principios de la seguridad jurídica. El acceso a la justicia no está en principio limitado en ningún sentido. Todo ciudadano puede recurrir a los tribunales previo pago de una módica suma de 100 rublos, el equivalente de unos tres dólares. Los ciudadanos pueden también dirigirse directamente al Tribunal Supremo, que examina las denuncias con respecto al fondo de la cuestión y toma las decisiones de procedimiento pertinentes. En el marco de un proyecto piloto sobre la organización de la justicia de menores, en 2004 y 2005 se establecieron tres tribunales de menores en la región de Rostov. La experiencia ha resultado convincente y se ha ampliado a otras regiones del país. El Presidente ha pedido que estas actividades se prolonguen y en noviembre de 2009 tendrá lugar en el Parlamento un debate sobre la justicia de menores.

7. Algunos miembros del Comité han expresado dudas en cuanto a la independencia de los jueces con respecto a los fiscales. Para quien no conoce suficientemente bien el funcionamiento del procedimiento penal en la Federación de Rusia, la tasa tan baja de veredictos de absolución —menos del 1% de las decisiones penales— puede suscitar interrogantes; ahora bien, para interpretar correctamente esa cifra, hay que tener en cuenta otros factores. En primer lugar, el procedimiento penal implica dos etapas —instrucción preliminar y examen por el juez—, y en aproximadamente el 50% de los casos penales se llega a una transacción penal, es decir, el acusado reconoce los hechos que se le inculpan a cambio de una reducción de la pena. Es obvio que, en casos semejantes, la absolución es imposible. Por el contrario, en los procesos con jurado la proporción de absoluciones alcanza el 20%. El Comité debe saber además que no todos los casos terminan necesariamente con una condena y que, en muchos de ellos, se pone simplemente término al procedimiento por diferentes motivos previstos en la ley. El juez, la defensa y la acusación tienen un papel claramente definido por la ley, y la posición del juez no está dictada en absoluto por la del fiscal, excepto cuando el fiscal abandona los procedimientos, en cuyo caso el juez dicta la absolución.

8. Se han manifestado preocupaciones acerca de las medidas disciplinarias que pueden tomarse con respecto a los jueces y del peligro que podrían representar para su independencia, en particular por el peligro de deposiciones arbitrarias. El Colegio Superior de Calificación de Jueces es el único órgano facultado por la ley para iniciar un procedimiento disciplinario contra un juez. Elegido en el Congreso de Jueces, consta de 29 miembros, a saber, 18 magistrados, 10 representantes de la sociedad civil designados por la Cámara Alta del Parlamento y un representante del Presidente. Las decisiones de deposición dictadas por este órgano pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal Supremo, que conoce de las denuncias de los jueces en cuanto jurisdicción de primera instancia. A fin de reforzar la objetividad del examen de las denuncias presentadas por los jueces, en 2009 se creó un nuevo órgano de examen de esas denuncias, integrado por tres jueces del Tribunal Supremo y tres jueces del Tribunal Superior de Arbitraje.

9. El Sr. Sizov (Federación de Rusia), respondiendo a la pregunta relativa a los derechos que pueden limitarse en aplicación de la Ley Federal relativa a la lucha contra el terrorismo, enumera las medidas que pueden aplicarse en un territorio sometido al régimen jurídico de una operación antiterrorista mientras dura esa operación. En particular, es posible controlar los documentos de identidad de una persona y, en ausencia de dichos documentos, presentar al interesado ante los órganos del Ministerio del Interior para la verificación de su identidad; alejar a las personas y a los vehículos de determinados lugares; intensificar el mantenimiento del orden y la protección de los objetos sometidos a la protección del Estado, de los objetos vitales para la población y de las obras de especial importancia material, histórica, científica, artística o cultural particular; vigilar las comunicaciones telefónicas y otras informaciones transmitidas por los medios de telecomunicación o por correo a fin de aclarar las circunstancias de un acto terrorista y localizar a los autores, o prevenir otros actos terroristas; suspender la prestación de servicios de comunicación a personas físicas o jurídicas o reducir la utilización de los medios de comunicación; desplazar temporalmente a un lugar seguro a las personas que residen en el territorio sometido al régimen jurídico de una operación antiterrorista; y limitar los desplazamientos de los vehículos y de los peatones.

10. Se ha planteado igualmente una pregunta acerca de la Ley relativa a la modificación de varios textos legislativos sobre la lucha contra el terrorismo. Esta ley modifica diferentes disposiciones relativas a la calificación de infracciones como los actos terroristas, los secuestros o el sabotaje. Sanciona el encubrimiento de infracciones como el secuestro, la organización de grupos armados ilegales o la participación en tales grupos así como a la fuga por vía terrestre, aérea o naval. Asimismo, limita la competencia del tribunal federal de jurisdicción general dotado de un jurado encargado de los asuntos penales relacionados con actos de terrorismo. La Ley modifica igualmente el Código de Procedimiento Penal a fin de precisar la composición de los tribunales encargados de la reglamentación de los diferentes tipos de asuntos. Finalmente, modifica la Ley Federal relativa a la lucha contra el terrorismo, cuya definición de los agentes de lucha contra el terrorismo contenía lagunas, a fin de incluir entre ellos a los jueces de instrucción de la Fiscalía. No introduce ningún cambio en textos no legislativos. Conviene distinguir entre la Ley Federal relativa a la lucha contra el terrorismo y la Ley Federal relativa a la lucha contra las actividades extremistas, pero en ambas se dispone que toda persona que se encuentre en territorio de la Federación de Rusia, sea rusa, extranjera o apátrida, y que realice actos de carácter terrorista o extremista, según el caso, incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa. El Código Penal prevé penas de prisión y el Código de Infracciones Administrativas prevé multas. Una infracción administrativa no puede sancionarse con privación de libertad, salvo en la circunstancia contemplada en el párrafo 29 del artículo 20 del Código correspondiente: la difusión de información o documentos de carácter extremista con fines comerciales; en ese caso se trata de una pena de "detención administrativa", cuya duración es de 15 días. Una organización es declarada terrorista o extremista mediante decisión judicial. El tribunal es convocado por el fiscal y se basa en los elementos de prueba recopilados por las autoridades encargadas de la instrucción. La decisión puede ser objeto de apelación. Solo las organizaciones así calificadas figuran en la lista de las organizaciones prohibidas, establecida y publicada por los servicios de seguridad federales. En consecuencia, esta lista no puede estar sometida a interpretación. Figuran también en ella las personas físicas que son objeto de una decisión judicial por las mismas razones. A este respecto, hay que precisar que no figura en ella ninguna organización del Cáucaso del Norte; las organizaciones religiosas de esta región que han sido objeto de denuncia cometieron delitos de difamación. No es cierto que las organizaciones del Cáucaso del Norte sean objeto de particular atención por parte de las autoridades judiciales.

11. Se han solicitado precisiones acerca de lo que se entiende por "impedir" a las organizaciones —religiosas o de otra índole— realizar actividades de carácter extremista o difundir informaciones de esa naturaleza. El objetivo de la ley es ante todo prevenir tales actos pero, si los hechos se repiten, se dictará una prohibición. También en este caso, la decisión puede ser objeto de apelación. Igualmente, se han solicitado informaciones más precisas sobre el sentido de los "grupos sociales", sobre todo en relación con el caso Terentieva. Los actos relacionados con un grupo social determinado son reprimidos de hecho por el Código Penal. Se trata de una disposición reciente, pero se han dictado ya varias decisiones judiciales al respecto. El tribunal determina, de acuerdo con un peritaje sociológico, si el grupo en cuestión puede o no ser considerado como un "grupo social" en el sentido de la ley.

12. A propósito de los homicidios cometidos en el Cáucaso del Norte, hay que recordar que la situación en esa región es compleja, ya que cohabitan en ella un centenar de nacionalidades, pero no se puede decir que las personas originarias de Asia central sean objeto de mayor atención que otras. El ministerio público dispone de estadísticas sobre los extranjeros víctimas de crímenes violentos y estas no permiten extraer esa conclusión.

13. El Sr. Mashoha (Federación de Rusia) explica que el Comité de Instrucción es un nuevo órgano con una tarea compleja. Consta de una dirección principal de instrucción en Moscú y de administraciones equivalentes en cada uno de los sujetos federales, dotadas de administraciones de instrucción especializadas —en particular, en materia militar—, y la misma estructura se reproduce en los distritos y ciudades. La dirección central se encarga de los asuntos más delicados o relacionados con intereses comunes a varias regiones. El juez instructor es independiente y goza siempre de un amplio margen de maniobra. Así, puede decidir la forma en que se va a organizar la investigación y puede incoar acciones por propia iniciativa. No obstante colabora con diversas instituciones, en particular con la Fiscalía General y el Ejército. Investiga a petición del fiscal las infracciones penales graves. Desde su creación, el Comité de instrucción ha prestado especial atención a los delitos de carácter terrorista y a los atentados contra civiles en el Cáucaso del Norte. En esa región, las cifras de criminalidad son abrumadoras, pero la situación tiende a mejorar. En Chechenia, el número de secuestros ha pasado de unos 500 anuales a comienzos de los años 2000 a solo 12 en 2008. Por invitación del Consejo de Europa, algunos jueces del Comité de instrucción han seguido en Estrasburgo un curso de formación para familiarizarse con la experiencia de las autoridades británicas en la lucha contra el IRA. Se ha concedido especial atención a las víctimas y a sus familiares, en particular en los casos de desaparición. Cuando hay militares o policías implicados en un caso, estos no están exentos ni de la acusación ni de los procesos.

14. El Sr. Matyushkin (Federación de Rusia) dice que desde 2005 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha examinado 118 casos relacionados con Chechenia; en la mayoría de los ocasiones, se trataba de desapariciones de civiles. Conviene recordar a este propósito que los hechos tuvieron lugar en general entre 2000 y 2002, es decir, durante la fase activa de las operaciones de lucha contra el terrorismo, y que esas decisiones están basadas en el supuesto de que la persona desaparecida ha muerto, pero no es un hecho comprobado. Además, continúan las investigaciones nacionales sobre esos asuntos; algunas quizá se hayan suspendido provisionalmente, pero eso no significa que se den por cerradas. Finalmente, hay que precisar que han fallecido algunos miembros de las fuerzas de seguridad que habrían podido testimoniar. En cualquier caso, la Federación de Rusia aplica debidamente las decisiones del Tribunal Europeo, en particular por lo que se refiere a la indemnización.

15. La Sra. Kurovskaya (Federación de Rusia) dice que el Gobierno presta gran atención a la violencia contra la mujer. Este problema exige un planteamiento global, y se han adoptado ya numerosas medidas. Los servicios sociales en favor de la mujer y el niño ayudan a las víctimas de la trata de personas, de violencia o de tratos crueles, en particular ofreciéndoles ayuda para la readaptación y actividades de formación profesional. Estos servicios colaboran estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, que administran unos 50 hogares de acogida. Todavía no se han establecido mecanismos jurídicos para la indemnización de las víctimas; el Consejo encargado de esas gestiones está trabajando en ello.

16. En cuanto a la lucha contra la discriminación, conviene subrayar que la legislación no permite ya restringir los derechos de los ciudadanos, con inclusión de los miembros de las minorías nacionales, en materia de educación, de trabajo, de libre circulación, etc. Por otro lado, ya no es necesario indicar la nacionalidad en los formularios de empleo. Toda persona que considere que sus derechos se infringen debido a su pertenencia a una minoría puede recurrir al fiscal en virtud del artículo 136 del Código Penal, que sanciona esa forma de discriminación con prisión que puede durar hasta cinco años. No obstante, estos casos son raros: en 2008 hubo solo tres. La discriminación basada en la orientación sexual está también prohibida, y la Ley garantiza la igualdad de todos en ese ámbito. Por ello, la prohibición de las Gay Pride Parades se debió exclusivamente a razones de logística y de seguridad. La sociedad mantiene ciertamente una actitud bastante negativa con respecto a las personas de orientación sexual no tradicional, pero el Gobierno no considera que esas personas representen un grupo vulnerable que exija medidas de acción positiva.

17. Los abusos de poder cometidos por agentes de la fuerza pública se reprimen de manera eficaz. Representan menos del 2% del total de las denuncias presentadas contra agentes de la fuerza pública. Conviene precisar que las cifras suministradas en el informe del Estado parte a este respecto son datos generales de la contabilidad estadística pública, que no se refieren únicamente a los agentes federales de la fuerza pública sino también al personal de otros órganos e instituciones del conjunto de sujetos federales de Rusia. En 2007, los tribunales examinaron 284 casos referentes a agentes de la fuerza pública que habían cometido actos ilegales y, en 2008, se examinaron 374. En ese tipo de casos, el porcentaje de condenados en relación con el número de asuntos remitidos a los tribunales es de más del 80%. El órgano encargado de instruir los casos es el Comité de Instrucción de la Fiscalía, con el cual las víctimas cooperan en general activamente. La legalidad de las acciones de este órgano es objeto de controles, efectuados sobre todo por la Fiscalía General, que envía sus observaciones a los fiscales de los sujetos federales de la Federación de Rusia y al Ministerio del Interior.

18. La Federación de Rusia se niega a expulsar a extranjeros en ejecución de una decisión si los hechos por los que han sido objeto de investigación no son calificados como infracciones en el Código Penal ruso y si, cuando se solicita la extradición, la persona reclamada ha obtenido el estatuto de ciudadano de la Federación de Rusia. Algunas veces, la decisión se toma por el hecho de que la persona reclamada ha presentado una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De 2007 a 2009, 40 personas han formulado denuncias de ese tipo al Tribunal Europeo, que ha declarado admisibles 30 de ellas, y ha solicitado la suspensión de la ejecución de la extradición en cumplimiento del artículo 39 de su reglamento (medidas provisionales). En cuanto a los nacionales de Uzbekistán perseguidos por actos extremistas y terroristas, el Tribunal Europeo dictó en abril de 2008 una sentencia desfavorable a Rusia, considerando que su extradición a Uzbekistán era ilegal.

19. La Sra. Kurunova (Federación de Rusia) evoca las competencias y actividades del Comisario de Derechos Humanos en la Federación de Rusia y del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. En virtud de la Ley Federal sobre el estatuto del Comisionado de Derechos Humanos de la Federación de Rusia este puede recurrir directamente a las autoridades judiciales. El número de denuncias presentadas al Comisario ha disminuido a partir de 2006, no porque su autoridad se haya debilitado sino porque la situación económica del país mejoró considerablemente entre 2006 y 2008. Los ingresos han aumentado, el paro ha disminuido y los salarios y las pensiones de jubilación se han pagado puntualmente, lo que ha supuesto una reducción considerable del número de denuncias acerca de la violación de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, que constituyen el grueso de las denuncias formuladas ante el Comisionado de Derechos Humanos. Es de temer que, con la crisis económica y financiera actual, este número aumente de nuevo. También conviene señalar que la educación jurídica de los ciudadanos ha mejorado y que el sistema judicial es ahora más eficaz.

20. El Consejo presidencial encargado de las cuestiones referentes a la sociedad civil y los derechos humanos fue creado en 2000 mediante Decreto Presidencial del Presidente Putin y su composición fue renovada en 2009 por el Presidente Medvedev, con lo que ha recibido una nueva dinámica. La presidencia del Consejo ha correspondido siempre a la misma persona, la Sra. Pamfilova. El Consejo es un órgano de expertos, que asesora al Presidente sobre las cuestiones más actuales y le presenta recomendaciones y propuestas.

21. La Sra. Levitskaya (Federación de Rusia) explica que el Ministerio Ruso de Educación y Ciencia ha establecido un programa estratégico nacional en favor de la tolerancia y de la concordia entre los ciudadanos, cuyo objetivo es sensibilizar a la población y, en particular, a los jóvenes sobre la necesidad de la tolerancia en una sociedad multicultural. Este programa, puesto en marcha en 2001, ofrece instrumentos y técnicas socioculturales eficaces, que sirven para elaborar métodos de formación y reciclaje de los pedagogos y docentes. En el contexto de este programa se han redactado manuales sobre la tolerancia y la prevención de comportamientos destructivos y se han puesto en marcha programas de formación sobre la tolerancia y el espíritu de paz destinados a los funcionarios públicos, las fuerzas del orden, los órganos administrativos públicos, los medios de comunicación y los responsables de la enseñanza pedagógica y profesional. El programa tendrá continuidad, ya que se ha probado un nuevo programa quinquenal, que comenzará en 2001.

22. Desde hace tres años, el Ministerio de Educación se ha dedicado también a establecer nuevas normas en materia de educación, que favorecen sobre todo el principio pluricultural de la educación y la formación ética y moral, así como el respeto de los valores ciudadanos, de las tradiciones y de una cultura pluriconfesional, sin olvidar el aspecto de la realización personal. Estos cinco últimos años, se ha iniciado en uno de los sujetos federales de la Federación de Rusia, la República de Osetia del Norte-Alania, un proyecto piloto relativo a un nuevo modelo educativo bilingüe y pluricultural, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Educación y la UNESCO. Esta experiencia, analizada por especialistas del Ministerio de Educación y en asociación con la UNESCO, va a dar lugar en breve a un gran proyecto experimental que se aplicará en varias regiones, entre ellas Chechenia y Tatarstán con el fin de elaborar un modelo educativo pluricultural referente a la formación de la identidad nacional, que se aplicará en las escuelas de la Federación de Rusia. Después de esta fase experimental, el modelo se extenderá al conjunto de la Federación de Rusia. El 1º de septiembre de 2008, día de la reincorporación escolar y Jornada Nacional del Conocimiento, el Presidente Medvedev preparó una lección sobre el tema de la tolerancia destinada a todos los alumnos de la Federación.

23. El Sr. Matyushkin (Federación de Rusia) dice que se han conseguido notables progresos en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad. En particular, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia reconoció, en el caso Shtukaturova, que las decisiones precedentes de la justicia referentes el internamiento psiquiátrico del interesado no eran compatibles con la Constitución. El expediente se ha reabierto y el asunto sigue su curso, lo que indica claramente que es posible hacer revisar los casos. Cabe señalar que existe un proyecto de ley para la modificación del Código de Procedimiento Civil y la Ley de asistencia psiquiátrica.

24. La comunidad internacional ha reconocido que, en agosto de 2008, las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas presentes en Osetia del Sur habían sufrido una agresión por parte de Georgia. Cuando las tropas rusas respondieron a la agresión de Georgia y los grupos georgianos comenzaron a retroceder, se produjo un vacío en la retaguardia, ya que todos los soldados rusos estaban ocupados en el frente. Los presuntos autores de violaciones de los derechos humanos que se habían cometido entonces en la retaguardia fueron entregados a la parte osetia. Por lo que se refiere a las alegaciones de las infracciones que habrían cometido los militares, se están ocupando de ellos las autoridades competentes. La Federación de Rusia ha presentado ya información detallada por escrito sobre las violaciones cometidas por la parte georgiana en el conflicto. Se ha presentado un millar de testimonios de osetios al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la fiscalía de la Corte Internacional de Justicia, para que proceda a su examen. En cuanto a la devolución de las personas de origen georgiano, la Federación de Rusia reconoce a los refugiados el derecho de la devolución, siempre que se cumplan tres condiciones: el regreso debe ser voluntario, sin peligro y sin pérdida de la dignidad. Se están llevando a cabo consultas con participación de todas las partes interesadas; son las llamadas consultas de Ginebra. En cuanto al aspecto humanitario de la cuestión, las personas de origen georgiano que residen en la Federación de Rusia continúan ocupando un lugar importante en la vida de la sociedad, en el mundo de los negocios, del arte, de la cultura y de los deportes y hasta en la función pública, y no se han advertido signos de discriminación en su contra. Durante el conflicto, la escuela georgiana de la calle Rustaveli en Tskhinvali, capital de Osetia del Sur, continúa abierta y funciona todavía en la actualidad, lo que demuestra la tolerancia existente dentro de la sociedad. No obstante, deberán pasar años hasta que se curen las heridas provocadas por el aventurismo político de algunos.

25. El Sr. Thelin dice que ha tomado nota de las explicaciones sobre el bajo porcentaje de absoluciones (1%) en los casos presentados ante los tribunales. Estas explicaciones disipan un poco la posible impresión de colusión entre los jueces y los fiscales. Es satisfactorio comprobar que el poder judicial ha tomado una serie de iniciativas de reforma, en particular para eliminar la corrupción. Los antiguos tiempos de la justicia por teléfono, en el que el poder ejecutivo dictaba las sentencias a los magistrados, son solo un recuerdo. El aumento del número de casos civiles desde 1991 es también una buena señal. De hecho, su número se ha multiplicado por 10. Es también reconfortante saber que las cuestiones disciplinarias referentes a los magistrados son tratadas por cámaras colegiales de jueces en que hay una proporción importante de miembros de la sociedad civil. Convendría saber si los casos de corrupción flagrante son tratados de la misma manera o si se aplica el procedimiento habitual. El orador pregunta de nuevo si la nueva ley contra la corrupción se ha aplicado con éxito y desearía disponer de cifras al respecto; desea también información más precisa sobre las circunstancias de dos casos de jueces destituidos, ya que el orador ha podido saber que una magistrada moscovita, Olga Kudeshkina, fue destituida por hacer declaraciones acerca de las presiones ejercidas sobre los jueces y otros mecanismos de corrupción encaminados a obligar a los magistrados a pronunciar determinados veredictos. Desearía también más información sobre el caso de otra magistrada, Marianna Lukyanovskaya, de Volgogrado, destituida recientemente por haber puesto en libertad a un detenido arrestado en condiciones ilícitas. El 27 de agosto de 2009, el tribunal del juez Davidov rechazó la apelación presentada por esa magistrada y confirmó la decisión tomada en primera instancia. El Sr. Thelin pregunta también cuál es el número de magistrados que han sido objeto de sanciones disciplinarias en el total de más de 30.000 magistrados con que cuenta el sistema judicial ruso. En cuanto al Comité de Instrucción, el orador desearía saber si existe un mecanismo especial para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos cometidos por la policía, conocer las medidas adoptadas por el mediador cuando se le presentan denuncias y saber si es exacto que este no ha recibido autorización para intervenir ante la Duma.

26. En cuanto a la extradición (pregunta núm. 16), el Sr. Thelin desearía saber qué repercusión pueden tener en los asuntos uzbecos los acuerdos concluidos en 2001 en el marco de la Organización de Shanghai para la Cooperación, que sellan la cooperación entre Rusia, China y, en particular, Uzbekistán en diversos ámbitos, como la lucha contra el terrorismo y, en virtud de los cuales, los agentes de uno de esos Estados pueden intervenir en el territorio de los otros Estados por razones de eficacia. Se pregunta si estos acuerdos implican disposiciones sobre la extradición y sobre la cadena de responsabilidad cuando un agente de un Estado miembro de la Organización que se encuentra en territorio de otro Estado miembro comete violaciones del Pacto.

27. El Sr. Amor dice que desea ocuparse de la cuestión de la pena de muerte. La delegación ha dicho que el Gobierno debía tener en cuenta la opinión pública, que es hostil a su abolición. No obstante, es un hecho sabido que la opinión pública es en general conservadora a este respecto; por ello, no sería antidemocrático que un Estado, más que seguir la opinión pública, se adelante a ella y trate de modificarla. El papel del Estado es muy importante, ya que tiene la posibilidad, en virtud del derecho, de transformar la sociedad y las mentalidades. Sería interesante conocer las medidas adoptadas por el Gobierno, además de las acciones realizadas por la sociedad civil, para preparar el terreno a un cambio semejante, sobre todo en el plano de los programas escolares y de los medios de comunicación. Hace 13 años que no ha habido ninguna ejecución y hace 10 años que el Tribunal Constitucional decretó una moratoria sobre las condenas a muerte, en aplicación del artículo 20 de la Constitución que ofrece una orientación al respecto. ¿No sería posible considerar que la no aplicación de la pena capital significa que, desde el punto de vista del derecho, esta pena ha caído en desuso? En caso negativo, sería interesante saber si la moratoria decretada puede retirarse jurídicamente.

28. El Sr. O’Flaherty agradece a la delegación sus detalladas respuestas. No obstante, desearía información más precisa sobre la cuestión planteada en la sesión precedente, a la que no pudo darse respuesta inmediata dado que no figuraba en la lista de cuestiones. La delegación ha reconocido que en Rusia, como en muchos países, existen prejuicios contra las personas pertenecientes a una minoría sexual. El Comité desearía comprender, a la luz del comentario de la delegación que ha afirmado que las garantías de igualdad y de no discriminación previstas por la ley se aplican sin reservas a las minorías sexuales, por qué razón el artículo 282 del Código Penal que prohíbe la incitación al odio contra los grupos sociales no contempla a esos grupos. Parecería que los homosexuales y las otras minorías sexuales no gozan del estatuto de "grupo social", que se concedería no obstante a muchos otros grupos de la sociedad, en particular a la policía. En cuanto a la libertad de reunión, las informaciones de que dispone el Comité indican que en los cuatro últimos años no se ha aprobado ni una sola solicitud de autorización para los Gay Prides u otras manifestaciones de ese tipo. No obstante, al parecer, cuando reciben solicitudes sobre la organización de manifestaciones que pueden generar problemas de orden público, como las manifestaciones políticas, las autoridades tienen la costumbre de proponer otros lugares para celebrar la manifestación. En cambio, no hacen lo mismo en el caso de los Gay Prides, y sería interesante saber por qué. Además, los medios de comunicación han publicado en varias ocasiones declaraciones del alcalde de Moscú en las que afirma que no autorizaría manifestaciones de ese género. En particular, en un discurso pronunciado en diciembre de 2008 en Belgrado habría declarado que los homosexuales gozaban de libertad para divertirse en Moscú, y la única restricción era que no estaban autorizados a manifestarse en las calles. Parece que este rechazo absoluto a autorizar las manifestaciones de minorías sexuales no tiene mucho que ver con la justificación relativa al mantenimiento del orden público presentada por la delegación. Esta quizá podría explicar por qué considera que el orden público justifica el rechazo sistemático de las solicitudes de autorización de manifestaciones de ese tipo.

29. La Sra. Keller solicita información más detallada acerca de la Ley sobre la lucha contra el terrorismo. La delegación ha descrito las numerosas medidas que pueden adoptarse con ocasión de las operaciones antiterroristas, entre las que figuran restricciones importantes a las libertades, como la vigilancia de las comunicaciones. Sería interesante saber si la aplicación de esas medidas es de duración limitada y si existen garantías para evitar que los resultados puedan utilizarse indebidamente. Por ejemplo, si parece que una persona que ha sido objeto de vigilancia telefónica no es un terrorista, ¿qué puede hacer el interesado para garantizar que se destruyan las grabaciones realizadas? En cuanto a la Ley sobre la lucha contra el extremismo, parecería que el grupo de expertos desempeña un papel muy importante. Sería interesante saber qué se hace para garantizar la imparcialidad de sus orientaciones, habida cuenta en particular del artículo 14 del Pacto. La Sra. Keller no cree haber recibido respuesta clara a la pregunta que formuló sobre los grupos sociales. Convendría tener una definición precisa de un concepto tan esencial para la aplicación de la ley.

30. La Sra. Wedgwood agradece a la delegación sus detalladas respuestas. No obstante, resulta curioso que una delegación oficial de la Federación de Rusia no consiga dar respuesta a algunas preguntas, y en particular que no pueda explicar por qué razones los defensores de los derechos humanos y los periodistas son muchas veces blanco de actos de violencia, por qué no se resuelven tantos casos y qué podría hacerse para corregir esa situación.

31. Por lo que se refiere a Georgia, la cuestión planteada por la Sra. Wedgwood no trataba tanto de determinar quién comenzó la guerra sino de subrayar un punto importante: el hecho de que las personas que se contratan en el marco de las operaciones militares no sean miembros del ejército no exonera a este de su responsabilidad en cuanto a sus actos. Así, el hecho de que las milicias que siguieron al ejército ruso estuvieran integradas por osetios del sur no dispensa a Rusia de la obligación de vigilar sus actos.

32. Finalmente, la Sra. Wedgwood desearía recibir informaciones acerca del Sr. Paul Jayal, víctima de un tiroteo en el condado de Prince George.

33. Sir Nigel Rodley agradece a la delegación rusa las detalladas respuestas que ha facilitado a las numerosas preguntas de los miembros del Comité. No obstante, hay un punto que todavía no se ha aclarado, a saber, si el Estado parte reconoce que las violaciones constatadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un gran número de casos de desaparición en relación con las operaciones llevadas a cabo en la República Chechena eran sintomáticos de la existencia de un problema real. El jefe de la delegación ha objetado que esas decisiones se basaban en el supuesto de que la persona desaparecida había sido dada por muerta. Ello no impide que en muchos casos el Tribunal haya establecido que las víctimas habían desaparecido después de haber sido detenidas por las autoridades —caso Bazorkina—, o que las autoridades estaban directamente implicadas en actos de tortura —casos Chitayev y Chitayev . La delegación ha insistido en que un gran número de militares que habrían podido facilitar informaciones importantes para aclarar los hechos han fallecido. Pero, evidentemente, no todos han muerto, entre ellos el antiguo jefe de la Oficina de Operaciones de la policía y de investigaciones núm. 2, que, según una carta del Presidente checheno dirigida a Amnesty International, habría sido trasladado en julio de 2007. El Comité está convencido de que muchos otros viven todavía y podrían ser objeto de interrogatorios útiles.

34. No se ha presentado ninguna explicación para justificar que no se haya realizado ninguna investigación con el fin de identificar los cuerpos enterrados en fosas comunes, aclarar las circunstancias de la muerte de las víctimas e informar a sus familias. Toda precisión que la delegación pueda aportar a este respecto será bienvenida. Según ciertas informaciones, algunas personas que parecían tener lazos de parentesco con terroristas o presuntos extremistas habrían sido objeto de represalias, que se habrían visto fomentadas por las incitaciones al odio de representantes políticos en los medios de comunicación. Estas alegaciones son muy preocupantes y el Comité esperará con interés los comentarios de la delegación.

35. Las respuestas facilitadas por la delegación sobre la pregunta núm. 16 de la lista de cuestiones se han referido fundamentalmente a las extradiciones, pero las informaciones recibidas por el Comité hacían también referencia a traslados oficiosos que, en algunos casos, se habrían llevado a cabo con tanta rapidez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no habría tenido tiempo de solicitar la suspensión provisional de la decisión de expulsión. No se entiende cómo un procedimiento tan expeditivo pueda ser compatible con la aplicación de los mecanismos necesarios para garantizar a las personas en cuestión la posibilidad de recurrir contra su expulsión y la obligación que recae sobre el Estado parte de no expulsar a una persona a un país donde esté expuesta a graves violaciones de sus derechos.

36. La Sra. Motoc agradece a la delegación sus exhaustivas respuestas. Parece que la pregunta sobre la violencia contra la mujer no se incluye entre las prioridades del Gobierno en este momento, y sería interesante saber si la delegación estima que el problema debe incluirse en la lista de cuestiones prioritarias. Sería igualmente útil saber si las víctimas de actos de violencia, como las mujeres y las personas pertenecientes a una minoría étnica, disponen de medios efectivos para recurrir.

37. El Sr. Matyushkin (Federación de Rusia) dice que la cuestión de los derechos de las minorías sexuales no está relacionada con la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se trata más bien de un problema de discriminación y que se han dado respuestas sobre este tema en las explicaciones sobre la justificación de las medidas tomadas por la policía. Ninguno de los instrumentos internacionales en los que es parte Rusia implica una obligación de promover los derechos de esas subculturas. Los Gay Prides no están prohibidos. Son las autoridades locales las que deben decidir si conviene o no autorizar una manifestación, habida cuenta del contexto, las tradiciones y la opinión pública en la región pertinente. Las autoridades locales, que reciben su mandato de la población, deben tener en cuenta su sentimiento. No pueden tomar decisiones contrarias a la opinión de la población. Las decisiones de las autoridades de no permitir los Gay Prides, particularmente en Moscú, están basadas por lo tanto en la opinión pública y tienen como objetivo garantizar la seguridad de la población, sobre todo de las personas que podrían participar en esas manifestaciones. Se ha afirmado que estos desfiles están sistemáticamente prohibidos. No es cierto: recientemente se organizó un Gay Pride en San Petersburgo, que es la segunda ciudad del país y tiene más de 5 millones de habitantes. Cabe señalar también que hay una organización activa de homosexuales registrada en conformidad con la ley.

38. En cuanto a las muertes de defensores de los derechos humanos y de periodistas que se ha mencionado, conviene señalar que el Presidente Medvedev recibió con intensa emoción el anuncio de la muerte de la Sra. Estermirova y que condenó y deploró ese acto. Se dieron las instrucciones pertinentes a los órganos encargados de hacer aplicar la ley. Es obvio que las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para realizar en el menor plazo posible investigaciones en profundidad sobre delitos tan graves como los de homicidio, en particular en el caso de defensores de los derechos humanos y de periodistas.

39. En cuanto a la pregunta de Georgia, en contra de lo que se ha dicho, es importante saber quién comenzó la guerra ya que esta tiene un comienzo y unos responsables. Se han incoado procedimientos internacionales para determinar los hechos relativos a estos acontecimientos trágicos ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que parece prematuro debatir este problema con mayor detalle.

40. Se ha formulado una pregunta acerca del asesinato del Sr. Joyal. La delegación cree entender que los hechos ocurrieron en Washington, pero no dispone de ninguna información a ese respecto.

41. El Presidente agradece a la delegación sus respuestas a las preguntas del Comité y dice que el diálogo continuará en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.