64º período de sesiones

4 a 22 de julio de 2016

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Lista de cuestiones y preguntas relativas a los informes periódicos octavo y noveno combinados del Uruguay

Marco legislativo e institucional y acceso a la justicia

Se menciona en el informe (CEDAW/C/URY/8-9) que el Instituto Nacional de las Mujeres ha elaborado un anteproyecto de ley de igualdad de género que incorpora el concepto de discriminación contra la mujer en consonancia con la Convención (párrs. 4 a 6) . Sírvanse indicar si el proyecto de ley se ha presentado ante el Parlamento y también las estrategias aplicadas para facilitar su aprobación.

Sírvanse ofrecer información sobre los mecanismos y procedimientos de que disponen las mujeres para proteger sus derechos, según lo recomendado por el Comité en sus observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto a séptimo combinados del Estado parte (CEDAW/C/URY/CO/7, párr. 13). Expliquen por favor cómo han repercutido en el acceso de la mujer a los recursos judiciales las actividades de capacitación de la judicatura acerca de la protección de los derechos humanos de las mujeres (párr. 8).

Según el informe, en el contexto de la reforma del Código Penal, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia presentaron ante la Cámara de Representantes la propuesta de penalizar la violación en el matrimonio o concubinato, con o sin declaración judicial (párrs. 28 y 29). Sírvanse proporcionar información actualizada sobre la situación en que se encuentra la aprobación del proyecto de Código Penal desde su aplazamiento en diciembre de 2014 e indicar si en él se han incluido otras enmiendas orientadas a mejorar la protección de las mujeres que son víctimas de violencia.

Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer

Sírvanse indicar los resultados de los esfuerzos mencionados en el informe (párr. 18) por crear mecanismos institucionales para el avance y la integración de los derechos de la mujer desde 2007. Describan por favor los efectos de la presupuestación con perspectiva de género en la aplicación efectiva de los mandatos de género de diversos departamentos del Gobierno. En particular, indiquen su repercusión en el presupuesto nacional. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que el mecanismo nacional de igualdad de género del Uruguay, el Instituto Nacional de las Mujeres, disfrute de mayor autonomía y disponga de un presupuesto adecuado e independiente para llevar a cabo su mandato de manera eficaz y sostenible.

Estereotipos y prácticas nocivas

En el informe (párrs. 30 a 38 y 163) se indica que se creó el Consejo Consultivo Permanente de la Diversidad Sexual que se encarga de la deliberación, el asesoramiento y propuestas en materia de políticas públicas encaminadas a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género y la introducción de programas de concienciación dentro de los distintos ministerios. También se menciona que el canal de televisión nacional elaboró un código de ética relativo a la identidad de género y la orientación sexual. Sírvanse indicar la repercusión de esas iniciativas para eliminar los estereotipos sociales contra las mujeres lesbianas y transgénero. Informen por favor sobre las medidas adoptadas o previstas para prevenir la violencia y el acoso contra ellas, ofrecerles protección frente a todas las formas de discriminación y garantizar que los autores rindan cuentas de sus actos.

Los informes de que dispone el Comité señalan que los estereotipos discriminatorios acerca de las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad provocan que las mujeres y las niñas opten por campos de estudio tradicionales, lo cual refuerza la división del trabajo en función del género en los ámbitos público y privado. Rogamos que indiquen las medidas previstas o adoptadas por el Estado parte para garantizar que se haga frente a estos papeles y estereotipos asignados a cada género, que están profundamente arraigados, y que aumente la participación de las niñas y las mujeres en campos de estudio y empleo no tradicionales, como la ciencia y la tecnología.

Violencia contra la mujer

De acuerdo con el informe, la primera encuesta nacional sobre la violencia generacional y por razón de género (2013), que estableció una base de referencia sobre la magnitud y las características de este fenómeno, reveló que el 68,8% de las mujeres uruguayas mayores de 15 años habían sufrido alguna forma de violencia por razón de género en algún momento de su vida (párrs. 62 y 63). Sírvanse ofrecer información sobre las medidas previstas para reforzar la respuesta del sistema judicial, incluidas la provisión de recursos, la concienciación y la creación de capacidad, para garantizar que las sentencias tengan en cuenta las cuestiones de género. Indiquen por favor las propuestas existentes que penalicen el feminicidio.

Según la información recibida, algunos tribunales especializados en violencia doméstica dejan abierta la posibilidad de mediación o conciliación, lo que implica la participación directa del presunto autor en el proceso. Sírvanse facilitar más información a este respecto en vista del escaso poder de negociación de las mujeres.

Se indica en el informe que la creación del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica ayudó a impulsar y coordinar la acción pública contra la violencia y que el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica ha sido un hito muy importante en la aplicación de las políticas públicas sobre este fenómeno (párrs. 39 a 41). Sírvanse proporcionar información sobre los recursos asignados al Consejo para que pueda desempeñar sus funciones con eficacia. Asimismo, indiquen qué efectos ha tenido el Plan Nacional.

Trata y explotación de la prostitución

Según la información ofrecida en el informe (párrs. 71 a 82), en octubre de 2014 el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto núm. 588/2014, que incorpora las directrices estratégicas sobre el desarrollo de un sistema de protección y asistencia para las víctimas de trata elaborado por la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual. Además, la Comisión Ministerial de trabajo para el abordaje de Trata y Tráfico de Personas, creada en 2012 dentro del Ministerio del Interior, elaboró un plan de acción nacional para el período 2014-2015. Se creó la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, se aplicaron campañas informativas y de sensibilización y se impartieron actividades de capacitación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación sobre migración. Sírvanse indicar la naturaleza de los servicios de asistencia y reparación al alcance de las víctimas con arreglo al plan de acción nacional, los mecanismos existentes para supervisar los efectos de los servicios y los resultados logrados hasta la fecha. Especifiquen la forma en que se recopilan los datos y estadísticas oficiales y los protocolos que se utilizan para procesar los delitos de trata y explotación sexual.

Participación en la vida política y pública

El Comité acoge con agrado la información facilitada por el Gobierno el 10 de enero de 2012 como seguimiento de las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto a séptimo combinados, con respecto a las medidas especiales de carácter temporal adoptadas por el Estado parte para reducir las desigualdades en la sociedad (véase CEDAW/C/URY/CO/7/Add.1). En el informe, el Estado parte indicó que una ley de promoción de la participación de personas de ambos sexos en la política incorporaba medidas especiales y medidas especiales de carácter temporal que se aplicarían por única vez en las elecciones nacionales y municipales 2014-2015 (párr. 85). Sírvanse indicar el resultado de los debates del Parlamento, según se señala en el informe del Estado parte (párr. 85), para extender el sistema de cuotas a todas las elecciones en el futuro. Además, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en el Parlamento, en puestos ministeriales y en cargos de alto nivel de la administración pública y la judicatura, y carecen de toda representación en el Tribunal Supremo. Sírvanse facilitar información sobre las medidas vigentes para superar estos obstáculos y las disposiciones específicas que se adoptarán para alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la vida política y pública, así como en los niveles superiores de la judicatura.

Educación

En el informe se señala que, conforme al censo web de 2012, de los 85.905 estudiantes de las universidades públicas, el 68,3% son mujeres y el 36,2% son hombres. En los estudios de posgrado se observó la misma proporción (párrs. 96 a 99). Sírvanse proponer medidas que se puedan establecer en el sistema educativo para lograr una mejor correlación entre el alto nivel de certificación de las mujeres y su participación en las esferas política y económica. Según la información de que dispone el Comité, el porcentaje de niñas adolescentes que abandonan el sistema de educación formal debido al embarazo es mayor entre las familias más pobres y las personas que viven en zonas rurales. Esto las sitúa en gran desventaja con respecto a los logros educativos, lo que redunda a su vez en desventajas importantes para las mujeres a la hora de conseguir autonomía económica. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas, incluidas las especiales de carácter temporal, que se han contemplado para impedir que las adolescentes rurales y afrouruguayas abandonen la escuela por motivo de embarazo en la adolescencia. Sírvanse ofrecer información sobre los planes previstos para impartir educación sexual adecuada a la edad a los adolescentes de ambos sexos. Indiquen por favor las medidas concretas que se han adoptado, incluida la creación de una estrategia intersectorial, para abordar la prevención del embarazo en la adolescencia de tal manera que la rendición de cuentas al respecto no corresponda solo al sector sanitario.

Empleo

La información de la que dispone el Comité muestra que las tasas de empleo de las mujeres han permanecido un 20% por debajo de las de los hombres y que las tasas de desempleo en el caso de las mujeres son mucho más altas que en el de los hombres. Aunque, según se informa, el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor sí que se respeta en el sector público, la compensación por traslados, turnos de noche y horas extraordinarias genera diferencias de ingresos entre hombres y mujeres. La persistente desigualdad salarial entre hombres y mujeres, sobre todo en el sector privado, también ignora este principio. La mayor desigualdad salarial, que asciende al 26,5%, se encuentra en los niveles educativos más elevados (nivel de posgrado) (párr. 103). Sírvanse ofrecer información sobre las actuaciones específicas previstas por el Estado parte, incluidas las medidas especiales de carácter temporal en consonancia con el artículo 4 de la Convención y con la Recomendación general núm. 25 (2004) del Comité relativa a las medidas especiales de carácter temporal, para eliminar las diferencias en el empleo y poner fin a las desigualdades salariales entre hombres y mujeres.

En el informe (párr. 114) se señala un aumento considerable de trabajadoras domésticas inscriptas, que pasaron del 21,8% en 2009 al 49% en 2013. La información de que dispone el Comité muestra que las tasas de desempleo más elevadas y las mayores brechas entre los géneros afectan a las mujeres afrodescendientes. Según esta información, la quinta parte de todas las mujeres afrodescendientes son trabajadoras domésticas. Sírvanse indicar si existen programas específicos para concienciar sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y ofrecer protección a este grupo. Rogamos que faciliten datos desglosados sobre el efecto producido por las políticas en el ámbito del empleo para las mujeres afrodescendientes.

Salud

Según dice el informe (párr. 128), se prevé la objeción de conciencia en el decreto reglamentario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012) y el 30% de los ginecólogos empleados en el Sistema Nacional Integrado de Salud se acogen a esa objeción. Esto provocó grandes dificultades en un departamento donde todos los profesionales se acogieron a la objeción. Sírvanse ofrecer información sobre medidas concretas que se estén adoptando para superar las dificultades generadas por la objeción de conciencia y para velar por el acceso al aborto en todo el país de las mujeres que reúnan las condiciones para este servicio. Sírvanse asimismo presentar información, incluidos datos desglosados, sobre la repercusión de las políticas de salud sexual y reproductiva en las mujeres rurales y las mujeres que pertenecen a minorías étnicas, en particular las mujeres afrodescendientes.

En el informe consta que la incidencia del VIH ha mostrado un aumento constante, en particular entre las poblaciones vulnerables (párr. 137). Sírvanse facilitar información actualizada sobre las gestiones realizadas para velar por una protección eficaz de las mujeres en situación de vulnerabilidad en relación con el VIH/SIDA, incluidas las consumidoras de drogas, las trabajadoras sexuales y las mujeres detenidas.

Mujeres rurales

El informe incluye información y datos sobre los progresos logrados con respecto a la situación de las mujeres rurales, como se solicitó en las anteriores observaciones finales (CEDAW/C/URY/CO/7, párr. 43), en particular la elaboración de políticas y programas integrales destinados al empoderamiento económico de las mujeres rurales (párrs. 141 a 153). Se ha reconocido que existen dificultades. Indiquen de qué dificultades se trata y qué medidas específicas, incluidas las medidas especiales de carácter temporal, se han considerado para afrontarlas.

Mujeres desfavorecidas

Mujeres con discapacidad. En su informe el Estado parte hace referencia a los progresos realizados al incorporar la dimensión de discapacidad en las iniciativas de lucha contra la violencia por razón de género, como por ejemplo, la elaboración de materiales de sensibilización sobre derechos y prevención, algunos de los cuales se han imprimido en braille (párr. 43). Sírvanse ampliar detalles sobre los efectos que han producido este tipo de medidas y las deficiencias que se hayan podido detectar. Sírvanse informar sobre si las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia tienen acceso a los recursos necesarios para solicitar reparación. Presenten también datos desglosados sobre las mujeres con discapacidad, el nivel de acceso al sistema educativo y al trabajo y la forma en que el Estado vela por sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de personas.

Mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se están adoptando para aprobar y aplicar una estrategia orientada a identificar, prevenir y abordar las situaciones de violencia sexual y por razón de género que afectan a las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. Indiquen por favor las medidas que se están tomando para garantizar que los procedimientos para determinar la condición de refugiado tengan totalmente en cuenta las cuestiones de género, en particular que a las mujeres y niñas solicitantes de asilo se asignen agentes e intérpretes que también sean mujeres y que se adopten directrices sobre la persecución por razón de género y la persecución por la orientación sexual y la identidad de género para los funcionarios de asilo de primera instancia. Indiquen asimismo las medidas adoptadas para garantizar que se elabore y aplique una política o estrategia global del Estado para velar por la integración local de los refugiados y brindar la asistencia adecuada en este sentido, con inclusión de medidas para empoderar a las mujeres mediante oportunidades de trabajo y generación de ingresos.

Mujeres detenidas. Conforme a la información recibida, las necesidades de la población penitenciaria femenina sigue siendo un reto, puesto que escasean los recursos, especialmente en los centros de detención situados fuera de la capital y aquellos que prestan poca atención a las necesidades específicas en función del género. Sírvanse facilitar información sobre las políticas y los programas previstos para asegurar que los centros de detención no sigan funcionando como instituciones dominadas por hombres en las que la mayoría de los agentes del orden y directores de prisión sean hombres.

Mujeres afrodescendientes. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para agilizar la aprobación del proyecto de ley que pretende ampliar la aplicabilidad de la Ley núm. 18476 referente a la acción afirmativa en favor de las mujeres afrodescendientes. Especifiquen también la forma en que la ley aprobada en 2013 ha conseguido reducir las desigualdades en la esfera del empleo para las mujeres afrouruguayas. Sírvanse describir los programas de capacitación dirigidos a las mujeres afrouruguayas con la intención de potenciar su papel y prepararlas para ocupar cargos con responsabilidad decisoria.

Matrimonio y relaciones familiares

Se afirma en el informe que la edad mínima para contraer matrimonio se aumentó hasta los 16 años tanto para hombres como mujeres en virtud de la Ley núm. 19075. Por otra parte, el Código Civil prohíbe que las viudas y las divorciadas vuelvan a casarse si no han transcurrido 300 días desde la muerte del marido o el divorcio (párrs. 167 y 168). Sírvanse ofrecer información sobre las medidas que se están tomando para modificar el Código y eliminar esa prohibición. Indiquen también si se prevé aplicar medidas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio hasta los 18 años con el fin de armonizar la legislación con lo dispuesto en la Convención.