Comité contra la Tortura

51 er período de sesiones

Acta resumida (parcial)* de la 1171 ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 28 de octubre de 2013, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención.

Informe inicial de Mozambique

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas .

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Informe inicial de Mozambique (CAT/C/MOZ/1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Mozambique toma asiento a la mesa del Comité.

2.La Sra. Levi (Mozambique) dice que la situación de Mozambique se ha estabilizado desde los acuerdos generales de paz de 1992, que pusieron fin a una guerra devastadora que duró años. Hasta el momento, el país ha hecho todo lo posible por reforzar el estado de derecho y proteger los derechos de todos sus ciudadanos. Según la Constitución, todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes, con independencia de su raza, su lugar de origen, su género o sus creencias políticas o religiosas. El Estado parte ha firmado la mayor parte de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y ha hecho progresos considerables en la promoción de la libertad económica, la transparencia y el buen gobierno.

3.Junto con la creación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se espera adoptar, en un futuro próximo, un plan nacional de derechos humanos. El Estado parte ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ha facultado a la Comisión para realizar visitas regulares a los lugares de detención. Su labor complementará la de la policía y la Oficina del Fiscal General. Las cárceles ya son accesibles para las organizaciones no gubernamentales, en particular para la Liga de Derechos Humanos.

4.La Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte, el empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La legislación nacional está siendo revisada, pero en la actualidad, las personas declaradas culpables de hacer un uso excesivo de la fuerza o de practicar la tortura se enfrentan a sanciones penales, civiles y disciplinares, especialmente si son funcionarios públicos. Las causas judiciales relacionadas con estos delitos son, por norma general, públicas. Todos los programas de formación y de fomento de la capacidad destinados a los agentes del orden, el personal penitenciario y los funcionarios de justicia incluyen un componente de derechos humanos.

5.Aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de las actuaciones policiales y las condiciones de las cárceles. La Ley de Policía, aprobada recientemente, representa un paso importante en los esfuerzos por mejorar la conducta policial. El Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento penitenciario en virtud del cual los guardias recibirán formación sobre gestión penitenciaria, conducta del personal y derechos humanos. Los recursos materiales y humanos asignados al Servicio de Prisiones se han incrementado. En consecuencia, el nivel de higiene general de las prisiones ha mejorado. Se han construido nuevas cárceles de distrito y se han reformado otras. Se ha introducido la formación profesional para los reclusos en todas las cárceles, con miras a su rehabilitación y su reinserción en la sociedad. En la provincia de Maputo, se ha abierto un centro educacional correccional para menores en conflicto con la ley. En un esfuerzo por reducir el hacinamiento, los reclusos que se acercan al final de su condena son trasladados a establecimientos penitenciarios de régimen abierto. Además, una vez reformado, el Código Penal preverá alternativas a las penas de cárcel.

6.El Instituto de Representación y Asistencia Jurídica se creó con el objetivo de dar asistencia jurídica a los demandados y los delincuentes condenados que no puedan pagar los servicios de un abogado. Su red abarca el 90% del territorio del país, incluidas todas las capitales de provincia. Se están adoptando medidas para reforzar la independencia del poder judicial. Desde el año 2000, el Estado ha destinado una gran cantidad de recursos a la formación de jueces y fiscales. Cada año, se forman alrededor de 35 magistrados, y muchos de ellos trabajan en las capitales de provincia y los distritos. Como parte de un proyecto piloto, se han construido nuevos palacios de justicia en diversos distritos, que reúnen los tribunales, las oficinas de la fiscalía y de investigación penal y los servicios de asistencia jurídica bajo un mismo techo, haciendo la justicia más accesible a todas las personas. Se construirán más centros en otros distritos y capitales de provincia.

7.La legislación aprobada recientemente sobre el derecho de familia, la violencia doméstica y los derechos del niño contiene disposiciones destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y los niños y las costumbres dañinas como el matrimonio precoz. El Ministerio del Interior ha creado centros de acogida para las víctimas de violencia, con 260 sedes en comisarías de policía de todo el país. También se han establecido unidades especiales en las capitales de provincia y en algunos distritos, y se está formando a policías especializados en esas cuestiones.

8.Es cierto que el Estado parte todavía no ha incluido una definición de tortura en su Código Penal. Hasta el momento, tampoco ha podido elaborar el tipo de estadísticas desglosadas que solicitó el Comité. Queda mucho por hacer para combatir la delincuencia organizada.

9.El Sr. Mariño Menéndez (Relator para el país) dice que el Estado parte manifiesta buena voluntad al embarcarse en una reforma legislativa. Desearía obtener más información sobre los mandatos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Defensor del Pueblo, y sobre la aplicación por el Estado parte del Protocolo Facultativo de la Convención.

10.El Relator pregunta por qué, si la tortura está expresamente prohibida por la Constitución, el delito no se ha definido en el Código Penal y si, en ausencia de tal definición, la Constitución puede ser invocada ante los tribunales. Existen numerosas pruebas del uso generalizado de la violencia por parte de las fuerzas del orden y el personal penitenciario. Desearía saber si el código de conducta de la policía va a ser actualizado y, en caso afirmativo, cuándo. Pregunta si es verdad que las denuncias sobre el uso de la tortura por parte de agentes de la policía son investigadas por la propia policía y que las acusaciones de ese tipo dirigidas contra funcionarios solo pueden ser investigadas con la autorización del Ministro del Interior. Esa situación favorecería claramente la impunidad de los autores. El hecho de que el Estado parte no suministre información detallada invita a pensar que esos delitos nunca se investigan. ¿Es eso lo que sucede?

11.El Relator desea obtener más información sobre los procedimientos de arresto y detención policial, y sobre si se lleva o no un registro de las detenciones en las comisarías de policía. Por ley, parece que la prisión preventiva no debe superar los cinco días y, sin embargo, el Comité ha recibido información fidedigna sobre personas que han estado detenidas durante mucho más tiempo. Desearía saber cómo se supervisa el uso de la prisión preventiva. También pregunta en qué medida hay hacinamiento en las cárceles, si se investigan las muertes en prisión y, en caso afirmativo, con qué resultados. Se pregunta si el establecimiento del Instituto de Representación y Asistencia Jurídica ha servido para compensar la escasez de abogados fuera de Maputo y otras ciudades importantes.

12.Los informes indican que, en la actualidad, hay unos 4.500 refugiados y 10.000 solicitantes de asilo en el territorio de Mozambique. El Relator pregunta si, de hecho, los extranjeros gozan del derecho legal de solicitar asilo en el Estado parte y si este último contempla la posibilidad de retirar sus reservas a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Según la información de que dispone el Comité, se sabe que algunos solicitantes de asilo han esperado nada menos que ocho años a que se estudiasen sus solicitudes. Además, según otros informes, algunos solicitantes de asilo han padecido malos tratos en la frontera. Desearía saber si se aplica el principio de no devolución y si los solicitantes de asilo gozan de algún tipo de protección para no ser devueltos a un país donde haya razones fundadas para temer que sean torturados o asesinados. ¿Han confirmado los tribunales u otros órganos el principio de no devolución en algún caso específico? Parece que las competencias en materia de inmigración se reparten entre un número excesivo de órganos, entre otros, el Departamento de Inmigración del Ministerio de la Mujer y la Acción Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Desea saber si Mozambique es parte en algún tratado regional de extradición y si la ley prevé las medidas que se adoptarán en caso de que un extranjero acusado de haber cometido actos de tortura en el exterior se encuentre en el territorio de Mozambique.

13.El Relator solicita que se aclare cuáles son los órganos facultados para valorar las demandas de compensación de las víctimas de tortura, y si los organismos gubernamentales investigan las prácticas tradicionales nocivas, como el matrimonio precoz, los ritos de iniciación, la práctica de empeñar a los niños para saldar deudas, la prostitución infantil y los obstáculos que encuentran las viudas para acceder a la herencia. ¿Podría la delegación comentar la aparente negativa del Estado parte a seguir las recomendaciones que se le hicieron durante su examen periódico universal acerca de la protección de los derechos de los homosexuales?

14.El Presidente, hablando en su calidad de Relator para el país, dice que desearía saber si el artículo 40 de la Constitución ha sido aplicado directamente por los tribunales. Pregunta qué se está haciendo para reducir el uso de la prisión preventiva, qué recursos se han asignado a las medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles y cuándo se introducirán penas alternativas al encarcelamiento. Desearía saber si todas las formas de abuso sexual constituyen delitos en virtud de la legislación aprobada recientemente sobre la violencia doméstica, y si el Estado parte prevé despenalizar todas las relaciones sexuales consentidas entre adultos. El Comité agradecería que se le facilitaran estadísticas sobre la violencia doméstica y la discriminación por motivos de orientación sexual. Pregunta qué se ha hecho para aplicar la legislación contra la trata de seres humanos. ¿Se ha llevado a los delincuentes ante la justicia? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado?

15.El orador pregunta si se ha prohibido la violencia contra los niños, incluidos los castigos corporales en todos los ámbitos, y si se han establecido mecanismos para investigar esos actos y sancionar a sus autores. Desea saber si se han creado mecanismos de investigación independientes para investigar las alegaciones de tortura y tratos inhumanos por funcionarios del Estado, y si se ha impartido formación sobre derechos humanos y prevención de la tortura dentro de las iniciativas del Estado parte para combatir el terrorismo. Pregunta si existen manuales de capacitación y guías sobre métodos de investigación de sospechosos, y si se han fijado normas para la introducción de técnicas modernas de investigación a escala nacional.

16.Volviendo al asunto de la extradición, el orador pregunta si el Estado parte ha confiado alguna vez en las garantías diplomáticas a la hora de devolver a una persona a otro Estado, y si en alguna ocasión se ha anulado una decisión de extradición por motivos relacionados con esas garantías. Habida cuenta de que el Estado parte no extradita a sus nacionales, desearía saber si existen disposiciones para investigar y encausar a los ciudadanos de Mozambique que hayan cometido actos de tortura en otros Estados, y si esas disposiciones se aplican también a la investigación y el enjuiciamiento por actos de tortura cometidos por no nacionales.

17.En relación con la formación de jueces y fiscales, el orador pide a la delegación que dé más detalles de los materiales utilizados para formar a los funcionarios públicos en los derechos humanos y la prevención de la tortura, y que explique si se ha introducido un sistema para evaluar la eficacia de dicha formación. También desea saber si la formación es obligatoria, si se han previsto medidas, como la concesión de días de permiso pagados, para fomentar la asistencia, si han intervenido organizaciones de la sociedad civil y cuántas personas han participado.

18.Observando los informes que denuncian linchamientos y ejecuciones extrajudiciales perpetrados por agentes de la policía y del ejército, el orador pregunta si se ha iniciado alguna investigación y, en caso afirmativo, si esta ha dado lugar a enjuiciamientos o sanciones. Desea saber qué medidas específicas se han introducido para erradicar esas prácticas.

19.Volviendo a la prisión preventiva, el orador pide a la delegación que aclare cuáles son las circunstancias especiales en las que las personas pueden permanecer detenidas sin cargos, y que exponga si se planea introducir un órgano independiente para supervisar las detenciones y las investigaciones. Desea saber si el Estado parte prevé modificar el Código de Procedimiento Penal para introducir un sistema de justicia acusatorio, en lugar de inquisitivo, y si los detenidos en prisión preventiva permanecen separados de los condenados. A la luz de la información sobre la impunidad penal de los funcionarios públicos, pregunta si el Estado parte ha establecido un procedimiento de seguimiento para supervisar el progreso de las denuncias relativas a actos de tortura cometidos por funcionarios públicos. El orador pide datos sobre la investigación y los resultados de esas denuncias, en particular en casos relacionados con detenidos en prisión preventiva, y desea saber si se informa a todos los detenidos de su derecho a presentar denuncias. Por último, pregunta qué porcentaje del presupuesto nacional se destina a prestar asistencia jurídica y si se dispone de suficientes abogados para que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia.

20.El Sr. Bruni pide a la delegación que facilite más información sobre los actos de tortura mencionados en el informe del Estado parte, entre otras cosas, sobre las medidas adoptadas para investigar y enjuiciar esos casos. Pide que se aclare la discrepancia entre los datos que figuran en los párrafos 92 y 141 del informe, relativos al tamaño de la población penitenciaria, y pregunta qué medidas se han adoptado para paliar el hacinamiento en las cárceles y en qué medida han sido eficaces.

21.El Sr. Gaye pregunta si lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención sobre la prohibición de invocar las órdenes de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura se ha plasmado en la legislación nacional y, en caso afirmativo, cómo. ¿Existe alguna medida para proteger de represalias a los funcionarios del Estado que se nieguen a obedecer?

22.El orador pide que se aclare si, en Mozambique, las extradiciones se realizan siguiendo un procedimiento judicial, y si las órdenes de expulsión son dictadas por una autoridad gubernamental. En caso afirmativo, ¿qué autoridad es responsable de dictar las órdenes de expulsión? ¿Existe algún procedimiento de apelación?

23.El orador solicita a la delegación que suministre más información sobre el recurso a la jurisdicción universal para penalizar actos de tortura y desearía saber qué pena se ha impuesto a los tres agentes de policía mencionados en el párrafo 153 del informe, condenados por llevar a cabo ejecuciones sumarias. Aunque felicita al Estado parte por sus medidas para dar formación a los jueces sobre cuestiones relacionadas con la Convención, desearía saber si esa formación se ha ampliado para incluir a los magistrados. Pregunta qué medidas existen para asegurar la independencia del poder judicial y si se ha establecido un órgano de supervisión independiente.

24.El Sr. Domah pregunta cuántos casos de tortura en que estén implicados miembros de la policía o funcionarios de prisiones han dado lugar a condenas y cuáles han sido las penas impuestas. Pide información actualizada sobre el número de casos de tortura relacionados con la justicia ejercida por patrullas ciudadanas y sobre las medidas adoptadas para poner fin a esa práctica. Invita a la delegación a facilitar más información sobre el Plan Estratégico Integrado destinado a paliar la debilidad estructural del sistema de justicia y desea saber qué formación reciben los funcionarios judiciales para poder sensibilizar e informar a la ciudadanía. En cuanto a la imparcialidad del poder judicial, pide a la delegación que cite al menos dos ejemplos en que los tribunales hayan fallado en favor del ciudadano en un caso en que estuviese implicado el Estado.

25.La Sra. Belmir pregunta qué medidas se prevén para remediar los retrasos administrativos en el sistema penitenciario, causantes de que personas vulnerables permanezcan recluidas durante largos períodos, y qué medidas se han adoptado para que la asistencia jurídica sea accesible a todas las personas que la necesiten.

26.La Sra. Sveaass pregunta qué medidas se han adoptado para proporcionar rehabilitación a las víctimas de la tortura de conformidad con la observación general núm. 3 relativa a la aplicación del artículo 14 por los Estados partes. Desea saber si el sistema diseñado para rehabilitar a los exniños soldados abarca también a las personas que han sufrido tortura en la cárcel y a las víctimas de la trata. Pregunta si el personal médico y sanitario recibe formación sobre métodos de rehabilitación para las víctimas de la tortura conforme a las disposiciones del Protocolo de Estambul y por qué todavía no se ha formulado una política de prevención de la tortura que proteja a las personas detenidas si, según parece, ya se han desarrollado programas de formación.

27.Aunque felicita al Estado parte por haber aprobado la Ley sobre la Violencia Doméstica en julio de 2009, la oradora desea saber qué medidas se han adoptado para investigar a los autores de ese tipo de delitos. En cuanto a la violencia y el acoso sexual en las escuelas, pregunta qué iniciativas se han tomado para juzgar a las personas responsables y proteger y rehabilitar a las víctimas. Pregunta si el Estado parte prevé enmendar los artículos sobre la violación recogidos en el Código Penal para elevar a 16 años la edad legal que determina la violación de un menor, incluir tanto a niños como a niñas en la definición, y eliminar la referencia a la seducción de entre las condiciones para definir el delito. También desearía saber qué medidas se han adoptado para investigar y enjuiciar a personas que hayan ejercido violencia contra niños y qué medidas de rehabilitación se han puesto a disposición de las víctimas.

28.El Sr. Tugushi, observando que el porcentaje del presupuesto nacional asignado a la salud mental es reducido y que no existe una política en este ámbito, pide a la delegación que proporcione información sobre el número de personas internadas en instituciones de salud mental y sobre cuáles son sus condiciones de internamiento. Desearía saber si se realiza algún examen jurídico de los internamientos forzosos y si los especialistas en salud mental reciben formación sobre la Convención. Pregunta qué parte del presupuesto se destinará a la Oficina del Defensor del Pueblo para la protección contra la tortura cuando esté plenamente operativa y qué recursos se pondrán a su disposición. Refiriéndose al hacinamiento en las cárceles, pide a la delegación que facilite información actualizada sobre la violencia entre reclusos, incluidas las estadísticas disponibles. ¿Qué medidas se han adoptado para erradicar esa violencia? ¿Se ha establecido algún mecanismo de supervisión?

29.La Sra. Gaer pide a la delegación que presente estadísticas sobre la incidencia de la violencia sexual en las cárceles. Desearía saber si es exacta la información según la cual los detenidos tienen que pagar un abogado para obtener asistencia letrada y, en caso afirmativo, qué medidas se han adoptado para solucionar este asunto. La oradora observa que los casos de violencia sexual y violación suelen solucionarse a través del sistema de justicia informal, o de manera privada mediante transacciones financieras, y desearía saber qué medidas se han adoptado para extender el alcance del sistema de justicia formal en relación con esos asuntos. A la vista de los informes que señalan que algunos alumnos padecen abusos y acoso sexual por parte de profesores, pregunta si el Estado parte ha investigado esas denuncias y si los culpables han sido castigados. Por último, desearía saber si las niñas secuestradas para que ejerzan como esclavas sexuales siguen excluidas de los programas de rehabilitación y, en caso afirmativo, si se ha adoptado alguna medida para solucionar esta situación.

30.El Presidente, hablando en su calidad de Relator para el país, pregunta si el Estado parte prevé revisar su posición con respecto a las reparaciones como parte de sus actuales intentos de reformar el sistema jurídico. También desearía saber en qué circunstancias se responsabiliza al Estado del daño causado por los actos ilícitos de sus agentes en el ejercicio de sus funciones, si se han llevado ante los tribunales casos de esta naturaleza y, en caso afirmativo, si se ha proporcionado reparación a las víctimas.

31.La Sra. Levi (Mozambique) se disculpa por el retraso en la presentación del informe de su país y señala que este ha experimentado grandes dificultades y obstáculos desde la independencia y la guerra civil. La reconstrucción del país sigue siendo un objetivo fundamental del Gobierno, pero este mantiene su compromiso de aplicar la Convención y procurará responder a las preguntas del Comité de la manera más completa posible.

El debate abarcado por el acta concluye a las 17.00 horas.