COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

88º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 2411a SESIÓN

celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el jueves 26 de octubre a las 10.00 horas

Presidenta:Sra. CHANET

más tarde:Sra. PALM (Vicepresidenta)

más tarde:Sra. CHANET

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación)

Tercer informe periódico de la República de Corea (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)

Tercer informe periódico de la República de Corea (CCPR/C/KOR/2005/3; CCPR/C/KOR/Q/3) (continuación)

1. Por invitación de la Presidenta, la delegación de la República de Corea vuelve a tomar asiento a la mesa del Comité.

2.La PRESIDENTA invita a la delegación de la República de Corea a responder a las preguntas que los miembros del Comité plantearon oralmente en la sesión anterior.

3.El Sr. KIM Chong‑hoon (República de Corea), en relación con las dificultades que obstaculizanla puesta en marcha de las recomendaciones del Comité respecto a las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo Facultativo, dice que una parte de estas dificultades se debe a la incompatibilidad de las medidas recomendadas por el Comité con las disposiciones legislativas en materia de indemnización. Sin embargo, el Gobierno ha iniciado el examen de los medios para conciliar, en la medida de lo posible, la legislación interna con las recomendaciones del Comité.

4.Se han presentado tres proyectos de ley relacionados con la lucha contra el terrorismo a la Asamblea General en marzo de 2005, julio de 2005 y junio de 2006, respectivamente. Actualmente están siendo examinados por una comisión parlamentaria. Sus disposiciones prevén que sólo sepuede llevar a cabo el allanamiento de morada, las escuchas telefónicas, la intercepción de comunicaciones o la deportación de una persona si se cumplen las condiciones que requiere la Ley de procedimiento penal y la Ley de protección de la intimidad en las comunicaciones.

5.El Sr. KIM Young‑me (República de Corea) dice que el proyecto de ley sobre el empleo que se ha presentado a la Asamblea Nacional distingue tres categorías: los trabajadores bajo contrato de duración determinada, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores atípicos. Asimismo, el proyecto de ley prevé que los trabajadores, independientemente de su categoría, no pueden ser despedidos excepto por un motivo justificado.

6.Por lo que respecta a la exposición de trabajadores extranjeros ("irregulares") a sustancias tóxicas en la fábrica que manufactura compuestos plásticos, es conveniente señalar que el Gobierno abrió una investigación sobre este asunto en 2004, tras la cual el director general de la fábrica en cuestión fue detenido y los trabajadores expuestos a las sustancias tóxicas recibieron tratamiento médico durante un año, conforme a la Ley de seguro en caso de accidente industrial, antes de enviarles a sus casas.

7.En relación con el aumento de la red de guarderías, que permitiría aplicar mejor la Ley de igualdad entre los géneros en materia de empleo, es necesario señalar que el Estado no dispone de un mecanismo que permita promover esta igualdad en el sector privado. Sin embargo, recientemente las autoridades han aprobado un plan de medidas correctivas para las empresas públicas de más de 500 empleados. El fomento del empleo de las mujeres pasa sin duda por el aumento de la red de guarderías y las autoridades prevén asimismo instaurar un sistema de prestaciones familiares.

8.El Sr. KANG Ji‑sik (República de Corea), respondiendo a una pregunta sobre la transferencia de la nacionalidad a los hijos, indica que la ley anterior se basaba en un sistema patrilineal pero que, desde la revisión de la Ley de nacionalidad de 13 de diciembre de 1997, el niño posee la nacionalidad coreana si en el momento de su nacimiento uno de sus dos padres al menos es nacional de la República de Corea. También se reconoce el sistema matrilineal. El niño que, gracias a uno de sus dos padres, tiene derecho a la nacionalidad de otro Estado tiene que escoger, al alcanzar la edad de 22 años, entre esa nacionalidad y la nacionalidad coreana.

9.Sobre la posibilidad de modificar la legislación relativa al matrimonio de manera que se incorpore el concepto de violación marital, el Sr. Kang Ji‑sik indica que la legislación actual no reconoce la violación conyugal pero que la Asamblea Nacional debe examinar próximamente un proyecto de ley que tiene previsto modificar esta situación. El nuevo sistema de registro familiar ya no se basará en el concepto de cabeza de familia y del hogar, como anteriormente, sino en la persona. Todos los datos personales que se refieren a una persona, desde su nacimiento hasta su muerte, se registrarán en virtud de este nuevo sistema. Se han presentado tres proyectos de ley a la Asamblea Nacional sobre este tema, y deben ser aprobados en breve. Las autoridades han llevado a cabo dos programas en los que han recogido la opinión pública sobre el nuevo sistema y, si se aprueban los proyectos de ley, las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil seguirán con su actividad de sensibilización de la población en cuanto a las ventajas del nuevo sistema.

10.El Sr. LEE Moon‑han (República de Corea), respondiendo a una pregunta relativa al fallecimiento de un acusado durante una investigación de asesinato, dice que la Oficina del Fiscal ha abierto una investigación, tras la cual se ha declarado culpables a tres investigadores, entre otras infracciones, de actos de tortura y actualmente cumplen penas de cárcel cuya duración va de los 24 a los 30 meses. Se ha juzgado al Fiscal que estaba al cargo del asunto y ha sido condenado a 18 meses de cárcel, y el recurso que ha presentado ante el tribunal de apelación está actualmente pendiente. El Ministerio de Justicia y el Fiscal General han dimitido, y el Presidente de la República ha presentado sus disculpas al país en relación con este asunto.

11.El Sr. LEE Sang‑yong (República de Corea) dice que el acceso a un abogado por parte de los acusados está organizado con arreglo a normas estrictas, que prevén que un acusado pueda solicitar el asesoramiento de un abogado durante los interrogatorios, solicitud sobre la cual se tiene que pronunciar el responsable de comisaría. Se pueden imponer restricciones a este derecho, especialmente en los asuntos relativos al crimen organizado, el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas, para asegurar el respeto del secreto de instrucción, o en caso de probabilidad seria de obstrucción o de riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo, un proyecto de reforma de la Ley de procedimiento penal prevé autorizar, en principio y salvo que se indique lo contrario, el acceso del acusado a un abogado. En lo relativo al período a partir del cual el acusado puede disponer de asistencia letrada, las modificaciones previstas por la Ley de procedimiento penal y también las directivas vigentes que se aplican a la policía y a los servicios del Fiscal prevén que, en principio, el acusado puede contar con un abogado desde el momento en que se abre la investigación, sin restricciones.

12.Por lo que respecta a la presentación del acusado ante el juez, es preciso observar que la legislación prevé tres tipos de detención: la detención criminal, la detención de urgencia y la detención con orden de detención. La detención criminal no requiere una orden del juez y, en el caso de un procedimiento de urgencia, por definición no hay tiempo para solicitar una orden. En todos los casos puede decretarse custodia para el acusado durante 48 horas como máximo, tras las cuales, en ausencia de orden judicial, debe ser puesto en libertad. Según la Ley de procedimiento penal, cuando se dicta una orden de arresto o de detención contra un acusado, éste, su abogado o un miembro de su familia pueden solicitar al juez que examine la legalidad de la medida; a continuación, el juez debe interrogar sin demora al acusado y pronunciarse. En el resto de casos, si una orden de detención se ha dictado después de 48 horas de custodia, el acusado puede solicitar su comparecencia ante el juez, que examina la legitimidad de la medida. Así, el derecho de los acusados a ser presentados ante el juez queda plenamente garantizado. Asimismo, conviene precisar que el 80% de los casos de detención de acusados son sometidos al examen del juez.

13.Un miembro del Comité se ha preguntado si la duración de la prisión preventiva no era excesiva, en especial en los asuntos en los que la seguridad del Estado se ve comprometida. Después de haber interrogado al acusado, el juez puede prolongar la custodia en 10 días, a petición de las autoridades de la policía o del Fiscal. La policía sólo puede pedir una prórroga, mientras que el Fiscal puede pedirla para un segundo período de 10 días. En los asuntos que pongan en riesgo la seguridad del Estado, la policía puede solicitar una nueva prórroga de la detención, y el Fiscal puede pedirla dos veces, pero ningún caso la detención puede sobrepasar los 50 días. Entre 2002 y 2006 sólo se han producido tres casos de violación de la Ley de seguridad del Estado. En los asuntos ordinarios, los casos de detención que se prolongan más allá de 10 días a petición de la policía sólo constituyen como media el 10% del conjunto de los casos de prisión preventiva desde 2001; esto representa que aproximadamente el 90% de los acusados pasan menos de 20 días en prisión preventiva.

14.La cuestión de la reforma de la Ley de procedimiento penal se ha confiado a un comité presidencial, que ya ha terminado sus trabajos después de haber recogido la opinión de los diferentes actores de la sociedad coreana. Se ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional y la cuestión está actualmente en manos de los diputados.

15.En relación con las medidas adoptadas para prevenir los malos tratos en las instalaciones de custodia o de interrogatorio, el Sr. Lee Sang‑yong dice que la ley contiene disposiciones claras sobre este tema. Cualquier denuncia de violación de derechos humanos en este contexto implica una investigación interna, bajo la supervisión del Jefe adjunto de la Oficina del Fiscal, quien a su vez recurre al Ministerio de Justicia si es necesario. Además, existe en el seno de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia un organismo de control que también vela por el respecto de los derechos de los acusados. Las personas que hayan sufrido una violación de sus derechos pueden obtener reparación sin demora. Por lo que respecta a las confesiones obtenidas mediante coacción, la Ley de procedimiento penal vigente prevé que no se pueden aplicar en el procedimiento judicial. El juez puede descartar cualquier declaración sobre la que exista alguna duda en este sentido.

16.En lo referente a los poderes del Fiscal en materia de investigación, el registro de los interrogatorios depende del Fiscal pero los elementos que contiene sólo pueden ser considerados pruebas por parte del juez si el acusado está de acuerdo. Si el acusado o su abogado rebaten el contenido del registro, en ningún caso se podrá utilizar éste en el procedimiento. Además, el acusado o su abogado no tienen que argumentar su denuncia.

17.Un miembro del Comité ha señalado la elevada cantidad de detenciones en el marco de un procedimiento de urgencia, y se ha preguntado si este tipo de detención no era susceptible de implicar violaciones de derechos humanos. El procedimiento de detención de urgencia se somete a un control riguroso y, por otra parte, cada vez se aplica menos. Se han solicitado datos estadísticos a las autoridades competentes, y la delegación de la República de Corea los hará llegar al Comité. En este momento, puede afirmarse que como media el 30% de los acusados detenidos en el marco de una detención de urgencia es puesto en libertad en las 48 horas siguientes a su detención y, por lo tanto, no se puede considerar que la situación sea problemática. Por otra parte, la detención con fines de investigación que se prolonga más allá de las 48 horas se somete a normas estrictas. Como punto de referencia, los servicios competentes de la justicia penal de los Estados Unidos de América han indicado que, en 2005, de cada 100.000 habitantes de los Estados Unidos de América, 4.700 habían sido objeto de una detención. En ese mismo año, la cifra fue de 1.300 en la República de Corea y sólo 129 acusados habían sido retenidos en custodia más de 48 horas.

18.El Sr. LEE Moon‑han (República de Corea) dice que, en relación con las medidas disciplinarias en los centros de detención, las autoridades penitenciarias tienen que respetar normas estrictas pero también aplicarlas con la mayor moderación posible. Las comisiones disciplinarias deciden las sanciones conforme a la Ley de administración penitenciaria.Diversas estructuras, especialmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos velan también por el respeto de los derechos de los detenidos y de su familia. La aplicación de medidas coercitivas, por ejemplo las esposas o las ataduras, tiene en cuenta diferentes criterios como la edad de la persona en cuestión, sus antecedentes, etc. Este tipo de sanciones responden al principio de estricta necesidad y se aplican bajo supervisión de la administración penitenciaria. Por otra parte, no se ha registrado ninguna violación de derechos humanos debida a una medida coercitiva. En cualquier caso, si se aplica una medida de este tipo a un detenido durante más de siete días, se debe informar del asunto al responsable de la administración penitenciaria a escala regional y se puede proceder a una solicitud de examen sobre la adecuación de la medida. Asimismo, sus servicios efectúan con regularidad inspecciones de los establecimientos que les permiten asegurarse del respeto de las normas aplicables.

19.El Sr. KIM Chong‑hoon (República de Corea), respondiendo a una pregunta sobre la protección de los derechos de las personas que padecen trastornos psíquicos en los establecimientos psiquiátricos, dice que el Gobierno ha decidido reforzar la capacitación del personal de estos establecimientos. En este contexto, especialistas en cuestiones de derechos humanos colaboran al menos una vez al año con los responsables de los establecimientos a escala provincial y municipal. Asimismo, la entrada y la permanencia de una persona en una institución psiquiátrica, así como la salida de la institución, están reglamentadas de manera estricta. En caso de violación de los derechos de los interesados, se adoptan medidas conformes con la ley. De igual manera, las autoridades fomentan la puesta en marcha de órganos consultivos, en los que participan especialistas en derechos humanos, pacientes y familiares de éstos, con el fin de supervisar la situación en las instituciones psiquiátricas. Las autoridades se reúnen con regularidad con los miembros de estos órganos para examinar las mejoras que se pueden aportar. Los pacientes así como sus cónyuges tienen el derecho de tener acceso a su historia médica y a obtener una copia de ella, salvo que esto vaya en contra del interés del paciente, y el médico debe dar curso a dicha petición.

20.El Sr. LEE Seong‑ryong (República de Corea) dice que la República de Corea tiene la intención de retirar la reserva al artículo 22 del Pacto y que la Ley sobre la organización y la gestión de sindicatos de docentes, la Ley sobre los sindicatos de funcionarios y el acuerdo tripartito del 11 de septiembre de 2006 representan sendos pasos en este sentido. La ley prohíbe todo trato injusto contra trabajadores extranjeros y un empleador que ejerza una discriminación por cuestión de nacionalidad de un trabajador está sujeto a una multa de 5 millones de won. Porlo que respecta a la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, las administraciones y las empresas privadas con menos de 50 empleados aplican el sistema de cuota previsto por la ley en relación con la contratación de esas personas. En caso de no respetar la ley, las empresas privadas están sujetas a una multa. Se fomenta la contratación de personas con discapacidad en las administraciones y con regularidad se llevan a cabo investigaciones para determinar el número de personas con discapacidad que están empleadas. A finales de 2005, 51.862 personas con discapacidad trabajaban en el sector público y en empresas privadas con menos de 50 empleados. Se fomenta que ocupen puestos de consultor aunque el Gobierno también ha adoptado medidas de promoción para ayudarles a encontrar empleos en todos los sectores de la economía. Con este fin destina subvenciones y propone programas de formación profesional.

21.El Sr. LEE Sung‑ju (República de Corea) dice que el artículo 32 de la ley penal militar castiga con un año de cárcel la sodomía entre los militares homosexuales y heterosexuales, con vistas a mantener el orden en las casernas. Los homosexuales pueden realizar el servicio militar y se les trata como a los otros soldados; asimismo, se aplican directivas en las casernas para los reclutas. No existe ninguna disposición concreta para los suboficiales pero la República de Corea tiene previsto aprobar alguna disposición de ese tipo.

22.Sir Nigel RODLEY desea saber qué autoridad, en el sistema vigente o en el previsto por el proyecto de reforma de la ley de procedimiento penal, está facultada para decidir si un abogado no puede ver a un detenido, si esta decisión es susceptible de recurso y si existen medidas compensatorias para que el detenido se beneficie del mismo tipo de protección que la que recibiría de un abogado. El orador cree entender que una vez finalizada la custodia, el acusado puede solicitar ver a un juez y pregunta por qué la comparecencia no es automática, conforme al párrafo 3 del artículo 9 del Pacto. En lo relativo a la prolongación de la detención, que puede llegar a los 50 días si así lo solicitan los investigadores o la acusación, desea saber si es un juez quien concede dicha prórroga, si el acusado se presenta ante el juez y si se le detiene en la comisaría o en otro lugar. El orador ha tomado nota de la presencia de un abogado desde el inicio de la investigación pero desea saber si esto significa que se llama al abogado en el momento en que la persona es detenida. Asimismo, desearía contar con detalles sobre las confesiones, especialmente saber si están sujetas a normas diferentes de las aplicables al acta del interrogatorio. Dado que la delegación ha indicado que las confesiones son inadmisibles si no se han obtenido con arreglo a la ley, el orador pregunta si la carga de probar la ilegalidad de las confesiones corresponde al acusado o si, por el contrario, es la acusación la que debe demostrar que se han obtenido de manera legítima. En cuanto a las medidas de protección, desea saber si existe un organismo independiente encargado de inspeccionar los lugares de detención.

23.Finalmente, Sir Nigel Rodley señala a la atención de la delegación el hecho de que el Comité no ha planteado ninguna pregunta sobre el índice de población penitenciaria como tal y considera la comparación con los Estados Unidos de América poco oportuna, ya que aquel país encarcela a un número de personas tres o cuatro veces mayor que los otros países del mundo.

24.El Sr. LEE Sang‑yong (República de Corea) responde que el jefe de la comisaría y después, en la fase siguiente, el Fiscal encargado de la investigación están capacitados a limitar la presencia de un abogado. Según la ley, estas decisiones son susceptibles de apelación ante un tribunal de primera instancia, un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema. Por lo que respecta a la custodia, el mandato de detención se expide dentro de las 48 horas o inmediatamente después de la detención. La legitimidad del mandato de detención se puede rebatir, en cuyo caso el juez debe conversar con el acusado e interrogarle. Si se expide un mandato de detención al finalizar las 48 horas de custodia, el acusado puede solicitar al tribunal que se examine esta decisión. Asimismo, el juez puede llamar a comparecer al acusado ante el tribunal. Dicho esto, no todos los acusados son interrogados sistemáticamente. El proyecto de reforma de la ley de procedimiento penal prevé que el juez podrá interrogar al acusado antes de su reclusión, si lo considera necesario, con independencia de si presenta la solicitud o no. Si el Fiscal desea prolongar la detención más allá de 10 días, debe dirigir al juez todas las actas de la investigación y los documentos necesarios y solicitar el acuerdo del tribunal. Si se rechaza la solicitud, el acusado debe ser objeto de una inculpación o ser liberado de inmediato. Durante la custodia, el acusado está detenido en la comisaría; posteriormente, si se expide un mandato de detención, se le traslada a un centro de detención. El acusado puede solicitar ver a un abogado desde el momento en que se registra su detención.

25.El contenido de las confesiones es el único criterio pertinente, independientemente de la forma en que se consignan. Las actas de interrogatorio redactadas por los investigadores y la declaración escrita del acusado forman parte de las confesiones. Si las confesiones se han obtenido mediante coacción y el acusado presenta al tribunal elementos que hacen levantar sospechas justificadas, incumbe a los responsables de la investigación probar que estas confesiones se han obtenido de manera legítima. Finalmente, la delegación ha utilizado las estadísticas penitenciarias de los Estados Unidos de América dado que son las únicas disponibles y apela a la comprensión del Comité.

26.El Sr. LEE Moon‑han (República de Corea), respondiendo a la pregunta 18, dice que no existe en la actualidad ningún órgano de inteligencia o de investigación encargado de llevar a cabo escuchas telefónicas, seguimiento ni cualquier tipo de vigilancia ilegal. La ley establece en dos meses la duración de las escuchas telefónicas si se trata de una investigación penal ordinaria y en cuatro meses si se trata de proteger la seguridad nacional. En caso de urgencia, la intervención de los teléfonos se puede ordenar durante un período de 36 horas sin autorización del tribunal pero se debe interrumpir inmediatamente si éste no expide la autorización. El Estado controla estrictamente la producción, la distribución y la posesión de equipo que permita practicar las escuchas telefónicas mediante un sistema de licencias y de registro y las escuchas telefónicas ilegales se castigan duramente según el Código Penal y la Ley de protección de las comunicaciones privadas. Asimismo, esta ley prevé que las administraciones se sometan a inspecciones e investigaciones y que el número de escuchas telefónicas ilegales se notifique con regularidad a los comités de la Asamblea Nacional, por lo que el Gobierno ha considerado inútil crear un órgano independiente. Finalmente, para evitar cualquier arbitrariedad por parte de los organismos de investigación, se ha puesto en marcha un sistema de mandato para las escuchas telefónicas autorizadas con fines de investigación.

27.El Sr. LEE Sung‑ju (República de Corea), respondiendo a la pregunta núm. 19, dice que de 2000 a 2006, se ha juzgado o puesto a disposición judicial a 3.665 objetores de conciencia y que el 86% de ellos han sido o están encarcelados; la mayoría han sido condenados a penas de 18 meses a dos años de privación de libertad. En el 99% de los casos, la objeción estaba motivada por convicciones religiosas. Si el Comité lo desea, puede consultar el cuadro que figura en las respuestas presentadas por escrito para obtener más detalles sobre esos casos. Actualmente se está estudiando un servicio alternativo, civil o dentro de la institución militar, teniendo en cuenta el elevado número de personas que se niegan a prestar el servicio militar. Con este fin, en abril de 2006 se creó un comité conjunto encargado de revisar las políticas relativas a la objeción de conciencia. En virtud de la Ley del servicio militar, las personas de 18 a 28 años de edad inscritas para el servicio activo se pueden alistar pero las mujeres no pueden ofrecerse voluntarias. Por el contrario, no existen restricciones para las mujeres oficiales o suboficiales (4.086 en enero de 2006). Las mujeres representarían en 2006 aproximadamente el 10% del total de los alumnos-oficiales (10% en el ejército de tierra y en el ejército de aire y algo más en la marina).

28.El Sr. LEE Moon‑han (República de Corea), respondiendo a la pregunta núm. 20, dice que las propuestas de reforma o revocación de la Ley de seguridad nacional que se han presentado en diversas ocasiones a la Asamblea Nacional desde 2000 todavía están examinándose ya que, teniendo en cuenta la situación de la península, la opinión pública está dividida en cuanto a si es pertinente o no derogar este texto. Sin embargo, los artículos que han planteado problemas en el pasado se han aplicado ya con prudencia y la ley no deja margen para ningún abuso. El orador invita al Comité a consultar el cuadro que figura en las respuestas presentadas por escrito para obtener más detalles.

29.La Sra. KWON Gun‑a (República de Corea), respondiendo a la pregunta núm. 12, dice que las reuniones públicas se autorizan siempre que se haya informado a la comisaría en cuestión y que no vayan en contra de la Ley sobre reuniones y manifestaciones, en virtud de la cual son ilegales las manifestaciones que representan una amenaza a la seguridad y el orden público y aquellas durante el curso de las cuales se cometan actos contrarios a esta ley. Estos actos se enuncian en el párrafo 1 del artículo 5 de la ley y son especialmente la violencia masiva, la intimidación, la destrucción y el incendio premeditado. Si se prohíbe una manifestación, una autoridad de la policía puede ser objeto de examen durante los 10 días siguientes a la recepción de la negación y se puede intentar presentar un recurso administrativo contra la comisaría. El jefe de la comisaría tiene 24 horas para responder por escrito a la objeción. Si se considera que la prohibición de manifestarse es ilegal o está injustificada, la reunión o manifestación se podrá celebrar, de conformidad con la notificación inicial a la policía, a reserva de que se informe al jefe de la comisaría con 24 horas de antelación.

30.El Sr. CHUNG Hyoung‑woo (República de Corea), respondiendo a la pregunta núm. 22 relativa a la libertad de asociación, dice que la Ley sobre la organización y la gestión de los sindicatos se promulgó el 27 de enero de 2005 y entró en vigor el 28 de enero de 2006 para garantizar a los funcionarios la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva de sus salarios y sus condiciones de trabajo con las autoridades y firmar acuerdos colectivos. Sin embargo, para asegurar la continuidad del servicio público, los funcionarios no tienen derecho de huelga, como en muchos países. Para compensar esta restricción, se ha creado un Comité de Mediación encargado de las relaciones profesionales de los funcionarios, que es un organismo neutro, en el seno de la Comisión Nacional encargada de las relaciones profesionales. Los funcionarios hasta el grado seis tienen el derecho a sindicarse. Se imponen restricciones a las categorías siguientes: militares, policías y miembros del aparato judicial que estén al cargo de mantener la justicia, de la seguridad nacional y de la protección de la vida y seguridad física de los ciudadanos, funcionarios que ocupen puestos de dirección o de supervisión y funcionarios encargados de los recursos humanos y del pago de los salarios, para garantizar un equilibrio en la autonomía y el poder de negociación del sindicato.

31.No existe discriminación de cara a los trabajadores migrantes en materia de libertad de asociación (pregunta núm. 23). Los trabajadores extranjeros que residan legalmente en la República de Corea están protegidos por el Código del Trabajo, especialmente la Ley sobre normas laborales, la Ley de seguridad industrial y salud y la Ley de accidentes industriales. Nadie puede objetar que, contrariamente a las garantías relacionadas con el pago de los salarios y la indemnización en caso de accidente industrial que representan una necesidad para los trabajadores extranjeros en situación irregular, no exista para los trabajadores el derecho de crear un sindicato para defender o mejorar sus condiciones laborales. La Ley sobre reuniones y manifestaciones no prevé ninguna restricción especial para los extranjeros y los trabajadores migrantes tienen el derecho de reunirse, excepto si la reunión constituye una actividad ilegal.

32.La Sra. PARK Min‑jeong (República de Corea), respondiendo a la pregunta núm. 24, dice que las observaciones finales del Comité relativas al examen del segundo informe periódico de la República de Corea figuran en los sitios web del Ministerio de Justicia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha consultado a las organizaciones no gubernamentales en el marco de los trabajos preparatorios para la elaboración del informe y, en la medida de lo posible, sus opiniones se han reflejado en el informe final. Los ministerios y las autoridades competentes deben organizar la aplicación de las recomendaciones del Comité y sus progresos se examinarán con regularidad según las modalidades que el Gobierno definirá próximamente. A su vez, el Gobierno abordará los medios para mejorar la apertura y la transparencia de los procesos de elaboración de informes periódicos y de la puesta en marcha de las recomendaciones del Comité.

33.La Sra. PALM (Vicepresidenta) ocupa la presidencia.

34.El Sr. SHEARER, retomando el tema de la práctica de escuchas telefónicas ilegales (pregunta núm. 18), pregunta a qué categorías profesionales corresponden las personas inculpadas por este motivo y si es verdad que los servicios nacionales de inteligencia han recurrido a esta práctica antes de 2003. En lo que se refiere a las escuchas telefónicas ilegales, entiende de las respuestas por escrito que el juez debe dictar un mandato. Asimismo, sería de agradecer información complementaria sobre el procedimiento de expedición este mandato. La delegación afirma que en la República de Corea ya no tienen lugar las escuchas telefónicas ilegales. Los equipos de escuchas telefónicas se venden libremente en comercios especializados y, en agosto de 2006, un miembro del Parlamento ha sido declarado culpable de haber escuchado ilegalmente a uno de sus oponentes. Por lo tanto, sería interesante saber qué medidas considera oportunas el Gobierno para acabar con este tipo de injerencias en la vida privada.

35.Por lo que respecta a las estadísticas que figuran en las respuestas presentadas por escrito, el Sr. Shearer pregunta si las personas recluidas por haberse negado a realizar el servicio militar cumplen su pena en las mismas condiciones que el resto de reclusos o si se benefician de un tratamiento menos riguroso. Asimismo, desearía conocer la composición del Comité conjunto encargado de examinar la posibilidad de instaurar formas alternativas de servicio para los objetores de conciencia así como el plazo en el que debe presentar sus conclusiones. En relación con el derecho de las mujeres de incorporarse a las fuerzas armadas, extrae de las estadísticas que figuran en las respuestas por escrito que la proporción de mujeres entre los alumnos-oficiales es aproximadamente del 10% tanto en la escuela del ejército de tierra como en las del ejército del aire y de la marina, lo que llevaría a pensar que el reclutamiento de mujeres en las fuerza armadas está sujeto a una cuota. Convendría que la delegación se explicara al respecto. Asimismo, en las respuestas presentadas por escrito se indica que las mujeres no pueden ofrecerse voluntarias para el servicio activo. El orador pregunta qué abarca exactamente la expresión "servicio activo" y si se debe entender que las mujeres no pueden combatir, y, en caso afirmativo, en qué consiste entonces su función en el ejército.

36.Por lo que respecta a la Ley de seguridad nacional (pregunta núm. 20), el Sr. Shearer acoge con satisfacción el hecho de que actualmente el Parlamento esté examinando propuestas de reforma, especialmente en relación con el artículo 7 de la ley, cuya incompatibilidad con el Pacto había sido señalada por el Comité. Sin embargo, es necesario precisar que, el 26 de mayo de 2006, un profesor de sociología, el Sr. Kang Jeong‑koo fue condenado por violar la Ley de seguridad nacional con motivo de sus opiniones sobre la guerra de Corea y el orador pregunta por los motivos que se han invocado para justificar esta condena. El cuadro sobre los casos de violación de la Ley de seguridad nacional muestra un número de arrestados ("arrested") inferior al de acusados ("charged"), algo que exige precisiones sobre qué hay que entender como "arrestados" en este contexto.

37.En cuanto al derecho de reunión pacífica y a la libertad de asociación, el Sr. Shearer constata que si bien la ley relativa a las reuniones y manifestaciones no se ha modificado, la escasa proporción de solicitudes de permiso a las autoridades que se rechazan parece indicar, no obstante, que su aplicación se ha relajado considerablemente. El orador pide a la delegación aclaraciones al respecto. También desea saber si es verdad que se puede considerar a los manifestantes como responsables de actos de violencia cometidos durante una manifestación en la que hayan participado sin que, sin embargo, sean ellos mismos los autores de estos actos.

38.En relación con la difusión de las observaciones finales del Comité relativas al segundo informe periódico de la República de Corea, el Sr. Shearer teme que el hecho de que éstas no se puedan consultar en inglés en los sitios web del Ministerio de Justicia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos impida que una gran parte de la población pueda tener acceso a ellas y pregunta si el Gobierno tiene la intención de adoptar las medidas necesarias para asegurar en el futuro la difusión de las observaciones finales del Comité y de otros órganos de protección de los derechos humanos en coreano. La delegación ha indicado que se ha consultado a organizaciones no gubernamentales antes de establecer el informe. Sería útil saber si esta participación estaba abierta a las organizaciones no gubernamentales en general o si estaba limitada a ciertas organizaciones seleccionadas previamente.

39. La Sra. Chanet (Vicepresidenta) vuelve a ocupar la presidencia.

40.El Sr. SOLARI‑YRIGOYEN recuerda que la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho que el Comité reconoce expresamente como garantizado por el artículo 18 del Pacto y que la República de Corea, como parte en el Pacto, tiene la obligación de respetar. El orador desearía saber si la detención de los objetores de conciencia tiene lugar cuando se abre la investigación en cuestión o después, si se pueden beneficiar de una medida de amnistía, si pueden trabajar en la función pública o si el hecho de no haber realizado el servicio militar constituye un factor redhibitorio, si es cierto que en el sector privado las personas que no han realizado el servicio militar se enfrentan a dificultades para encontrar un empleo, si los reservistas pueden hacer valer una objeción de conciencia y si está previsto modificar la legislación de manera que se garantice el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y que se organice una forma alternativa de servicio.

41.El Sr. O’FLAHERTY pregunta si se pueden ejercer los recursos ante los tribunales en caso de que la policía rechace la celebración de una reunión. Asimismo, desearía saber por qué motivos el Estado ha rechazado reconocer legalmente el KGEU, sindicato de los empleados de la función pública, y obtener detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el cierre de diversas oficinas locales de este sindicato en septiembre de 2006. El orador acoge con satisfacción la promulgación de la Ley sobre la organización de los funcionarios y la gestión de los sindicatos pero se inquieta por las restricciones que esta impone al derecho de los funcionarios más allá del grado seis de adherirse a un sindicato. Además, parecería que la prohibición de participar en actividades políticas que se aplica a los migrantes, y, por lo tanto, a los trabajadores migrantes, en virtud de la Ley sobre el control de la migración, tuviera también por objeto la prohibición de la expresión de opiniones políticas; esto constituiría una violación del derecho a la libertad de expresión garantizada por el Pacto. Convendría que la delegación se explicara al respecto. Asimismo, según algunas fuentes, el Estado ha rechazado reconocer legalmente el sindicato de los trabajadores migrantes. ¿Confirma la delegación esta información y, de ser así, puede indicar las razones que han motivado el rechazo?

42.La PRESIDENTA propone suspender la sesión para permitir que la delegación organice sus respuestas.

Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a las 12.05 horas.

43.El Sr. LEE Moon‑han (República de Corea) confirma que, hasta 2003, los servicios nacionales de inteligencia dirigieron operaciones de escuchas telefónicas ilegales. En 2006, dos antiguos dirigentes de estos servicios fueron inculpados por su papel en estas actividades. Ha habido otras inculpaciones. Para algunos empleados el proceso está en curso; otros han sido condenados a una pena de cárcel de 18 meses. Para instalar legalmente escuchas telefónicas, se debe obtener obligatoriamente un mandato judicial. La venta de equipos de escuchas telefónicas está reglamentada por un estricto régimen de licencias. Cualquier venta realizada que viole las normas definidas por este régimen está penada por la ley. Asimismo, la compra de equipos vendidos ilegalmente está sujeta a sanciones.

44.Por lo que respecta al Sr. Kang Jeong‑koo, sus declaraciones en las que describía la guerra de Corea como una guerra de reunificación y denunciaba la intervención de los Estados Unidos de América le han supuesto una condena de dos años de cárcel con suspensión. El condenado apeló y el procedimiento está en curso. La legislación coreana prevé que la expresión de ideas que amenacen el orden constitucional puede ser objeto de restricciones. Las ideas difundidas por el Sr. Kang Jeong‑koo durante varios años eran de esta naturaleza y éste es el motivo de su condena. En el cuadro que figura en las respuestas presentadas por escrito, los "arrestados" se deben entender como personas detenidas.

45.El Sr. LEE Sung‑ju (República de Corea) hace hincapié en el hecho de que la posición de la República de Corea en relación con la objeción de conciencia está estrechamente relacionada con la guerra civil y la amenaza permanente que la República Popular Democrática de Corea hace pesar sobre la seguridad nacional. El Comité Conjunto encargado de examinar la posibilidad de instaurar formas alternativas de servicio para los objetores de conciencia debería haber terminado sus trabajos en junio de 2007. Dicho comité está compuesto por profesores, abogados, miembros de organizaciones no gubernamentales, representantes religiosos (monjes, sacerdotes, etc.), así como miembros del Ministerio de Defensa.

46.No existe una cuota que limite al 10% la proporción de mujeres en las tropas de las fuerzas armadas. El servicio activo se entiende como el servicio militar obligatorio, que no se aplica a las mujeres. En el ejército permanente, las mujeres tienen acceso a todos los puestos, incluidos los de mando. Los objetores de conciencia son detenidos desde el principio de la investigación; se les trata de la misma manera que al resto de reclusos, pero en el caso de los que cumplen su primera condena se pueden beneficiar de la liberación condicional una vez han cumplido los dos tercios de la pena. La condena queda registrada en sus antecedentes penales y este hecho impide que los objetores de conciencia puedan aspirar a un puesto en la función pública. A los objetores que se niegan a seguir el entrenamiento para fuerzas de reserva también se les sanciona. Actualmente se está estudiando incorporar un servicio civil alternativo, en el marco de un procedimiento que terminará en junio de 2007. Ya han culminado tres etapas: el Gobierno ha comenzado por consultar a algunos objetores de conciencia y después a expertos que tenían opiniones divergentes sobre la cuestión, antes de efectuar una investigación pública para determinar si existe un consenso social sobre este asunto.

47.El Sr. KIM Chong‑hoon (República de Corea) dice que las observaciones finales del Comité se han publicado en los sitios web del Ministerio de Justicia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo mismo se hará con las observaciones relativas al tercer informe periódico, que se publicarán en coreano e inglés. En cuanto a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración del informe, es conveniente indicar que el Gobierno siempre ha estado abierto a recibir sus comentarios. En el futuro, el proyecto de informe se examinará dentro del marco de un debate público con la sociedad civil cuyas opiniones se integrarán en el documento final.

48.La cuestión del servicio militar y de la objeción de conciencia es uno de los temas más delicados del plano social y político. Por ejemplo, es preciso saber que todos los candidatos que aspiren a un puesto de ministro o de juez en la Corte Suprema deben presentar no sólo sus propias hojas de servicios militares sino también las de sus hijos. Pese a que el Gobierno está dispuesto a adaptarse a las normas internacionales en este ámbito, el problema no es sencillo.

49.El Sr. LEE Hwa‑jin (República de Corea) explica, en referencia al tema de la libertad de asociación de los funcionarios, que un sindicato sólo puede contar con un estatuto legal que se constituya de acuerdo con la ley. El Sindicato de Empleados Públicos (KGEU) lleva a cabo actividades, especialmente de carácter político, que son contrarias a las disposiciones de la Ley sobre los sindicatos de funcionarios. Concretamente, ocupa ilegalmente oficinas que se habían puesto a disposición de los funcionarios por parte de la administración local para acoger a asociaciones profesionales y no a secciones sindicales. Éste es el motivo por el que en septiembre de 2006 se cerraron estas oficinas, al vencer un preaviso concedido al KGEU para que las cerraran voluntariamente. El Gobierno está abierto al debate con los sindicatos legales: actualmente son 58 los que han solicitado la apertura de procesos de negociación colectiva.

50.El Sr. LEE Seong‑ryong (República de Corea) añade que los funcionarios de alto rango (grado cinco y superiores) no están autorizados a afiliarse a un sindicato debido a la naturaleza de sus funciones, que a menudo implican su participación en la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta el hecho de que el sistema coreano de la función pública está muy jerarquizado. Sin embargo, el Gobierno tiene previsto seguir la recomendación de Organización Internacional del Trabajo que tiene como objetivo que los funcionarios a partir del grado cinco puedan al menos adherirse a asociaciones profesionales.

51.La Sra. KWON Gun‑a (República de Corea), respondiendo a la pregunta relativa a las detenciones de manifestantes, indica que sólo se puede inculpar a las personas que cometen directamente actos de violencia, así como a aquellas que las incitan o las organizan, según el principio que prevé que los cómplices se sancionen al igual que los autores.

52.El Sr. Chong‑hoon (República de Corea) añade que todas las prohibiciones de reunión se notifican por adelantado a los organizadores, que pueden rebatir la decisión ante el Tribunal Administrativo.

53.El Sr. Byoung‑chul (República de Corea) pasa a la cuestión de los migrantes y dice que el párrafo 2 del artículo 17 de la Ley sobre el control de la migración, que prohíbe a los extranjeros el ejercicio de actividades políticas, de ningún modo tiene como objetivo restringir el derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 19 del Pacto y en el artículo 21 de la Constitución. Se trata a los extranjeros de la misma manera que a los nacionales, con la única diferencia de que, en virtud del principio de la soberanía nacional, determinados derechos, como el derecho a votar y a ser elegido, de trabajar en la función pública o de participar en referendos, se reservan a los nacionales del país.

54.El Sr. LEE Seong‑ryong (República de Corea) añade que por este motivo, en junio de 2005, la oficina regional del trabajo de Seúl rechazó reconocer un sindicato de trabajadores migrantes, entre cuyos miembros, además, se contaban algunos clandestinos.

55.El Sr. O’FLAHERTY destaca que la soberanía nacional está subordinada a las obligaciones que se derivan de los tratados que el país ha ratificado libremente. Por otra parte, si bien el artículo 25 del Pacto reconoce en efecto que determinados derechos políticos están reservados a los nacionales, esto no se aplica a la libertad de expresión, que queda garantizada para todos sin excepción. Sería un hecho muy preocupante que se expulse a un trabajador migrante simplemente porque haya expresado una opinión política.

56.El Sr. KIM Chong‑hoon (República de Corea) asegura que los trabajadores migrantes en Corea son libres de expresar sus opiniones políticas. Por ejemplo, diversos grupos se han manifestado delante de su embajada para reclamar una mejora del respeto de los derechos humanos en su país. Asimismo, los migrantes expresan su opinión sobre otros temas como la salud o la educación.

57.La PRESIDENTA agradece a la delegación sus respuestas y le recuerda que dispone de un plazo de tres días para proporcionar, si procede, información complementaria por escrito. El Comité constata con satisfacción que ya no se utiliza el concepto de "cabeza de familia" en la sociedad coreana y que el niño puede adoptar el apellido de su madre; este hecho constituye un paso hacia un reparto más igualitario de las responsabilidades parentales. Asimismo, constata que el Gobiernofomenta la participación de las organizaciones no gubernamentales y vela por difundir ampliamente las observaciones del Comité.

58.Por lo que respecta a las reservas del Pacto, no basta la promesa de retirarlas, también es preciso poner en marcha esta intención. En concreto, la reserva al párrafo 5 del artículo 14 parece superflua, como el propio Estado parte ha constatado. La delegación ha explicado que el Pacto se había integrado en la Constitución y que tiene rango de legislación interna, pero no ha citado un solo asunto en el que los tribunales lo hayan invocado. Asimismo, la delegación también ha sido bastante poco clara en cuanto al seguimiento dado a las comunicaciones, en especial aquellas que hacen referencia a la Ley de seguridad nacional. Se ha anunciado una reforma de esta ley y las autoridades aseguran que su aplicación no da pie a ningún abuso, pero el caso del Sr. Kang Jeong‑koo contradice esas afirmaciones. De acuerdo con ello, cabe temer que las preocupaciones del Comité sobre este punto no varíen.

59.En relación con la detención, la delegación asegura que está prevista la presencia de un abogado durante los interrogatorios pero que está sujeta a restricciones, aunque no se ha especificado cuáles son estas restricciones. Asimismo, la delegación se contenta con indicar, sin aportar más detalles, que se han facilitado instrucciones estrictas para limitar el régimen de aislamiento, cuya renovación continua puede constituir un trato cruel e inhumano. Además, las instrucciones no bastan: es preciso contar con normas por escrito y un mecanismo de recurso independiente. La duración de la custodia, que es de 10 días renovables cuatro veces, también es excesiva. Finalmente, la delegación no ha respondido a la pregunta sobre la definición de terrorismo. El Comité formulará recomendaciones sobre estas cuestiones con vistas a ayudar al Estado parte en su proceso de reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

60.El Sr. KIM Chong‑hoon (República de Corea) agradece al Comité el diálogo constructivo que ha mantenido con la delegación de la República de Corea. Tras el examen del segundo informe periódico, que tuvo lugar en 1997, el Gobierno ha adoptado medidas importantes, especialmente por lo que se refiere al procedimiento penal, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de asociación y las organizaciones de defensa de derechos humanos, y procederá de la misma manera cuando se concluya el presente examen. Asimismo, el Gobierno seguirá esforzándosepor promover y proteger los derechos humanos en Corea y reforzar la cooperación con la comunidad internacional en este ámbito.

61 . La delegación de la República de Corea se retira.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

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