La REMPA destaca la organización y participación en diversas actividades, entre las que destacan las siguientes:
Se han celebrado: Conferencia sobre la importancia de la mujer en los procesos de mediación de conflictos; Participación en la 14.ª edición del Curso de la ONU sobre Mujeres y Policía en materia de uso de las TIC en Uganda; Curso de Operaciones de Mantenimiento de la Paz para Mujeres en Brasil 2025; Curso de Oficiales Superiores en Perspectiva de Género 2025; y la Formación sobre Ciberdelincuencia - 8 agentes;
Angola impartió el Curso de Formadores de Operaciones de Apoyo a la Paz, en el curso de pre- despliegue/SAAST, en el curso de dispositivos de misiones de paz del IDN, en el Seminario sobre Integración de la Perspectiva de Género en la Policía; participaron 97 mujeres y 39 hombres en las formaciones sobre género en Zimbabue, Botsuana y Namibia.
Acceso a la justicia
Respuesta al párrafo 4a)
En el período analizado, 3.566 mujeres se beneficiaron de la asistencia jurídica prestada por el Estado, a través de las Oficinas de Acción Social, Familia e Igualdad de Género y de los Centros de Asesoramiento Familiar (CAF). Este apoyo incluye orientación jurídica, acompañamiento en procesos judiciales, mediación y derivación a servicios de protección social.
Respuesta al párrafo 4b)
Para garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres, el Estado aplica adaptaciones razonables para mujeres con discapacidad, medidas de protección para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y servicios de asistencia jurídica gratuita, incluyendo acompañamiento en casos de violencia de género. Se han promovido acciones de divulgación de la Ley n.º 21/12 (Personas con Discapacidad) y del Decreto n.º 27/16 (Accesibilidad). Durante este periodo, el Servicio de Migración y Extranjería registró 3.949 casos relacionados con mujeres migrantes por infracciones migratorias.
Respuesta al párrafo 4c)
El mecanismo de supervisión vigente para garantizar que las mujeres no sean obligadas a recurrir a procesos alternativos de resolución de disputas, sino que tengan una elección libre e informada para recurrir a la justicia formal y que estos no constituyan un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia formal en casos de violencia de género es la política nacional para la Igualdad y la Equidad de Género.
Respuesta al párrafo 5a)
El MASFAMU es responsable de la formulación y la aplicación de políticas públicas y programas.
Respuesta al párrafo 5b)
Dotación presupuestaria reciente (Presupuesto General del Estado):
Empoderamiento económico de la mujer: 14 %;
Apoyo a cuestiones de género y promoción de la mujer: 7 %;
Proyecto de apoyo a la mujer rural: 5 %;
Proyecto de la Línea SOS – Violencia doméstica y asesoramiento familiar: 5 %;
Premio Nacional a la Mujer Meritoria: 4 %;
Adquisición de kits para parteras tradicionales: 4 %.
Respuesta al párrafo 5c)
La Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género se encuentra en revisión, con un proyecto que propone directrices claras para programas de integración de género y el desarrollo de indicadores medibles sobre la autonomía femenina. La política busca consolidar mecanismos institucionales, alinearse con instrumentos nacionales e internacionales (PDN 2023-2027, Angola 2050 y ODS 5) y fortalecer la capacidad de la Dirección Nacional para la Equidad y la Igualdad de Género y de la Comisión Multisectorial de Género en todos los niveles de gobierno.
Respuesta al párrafo 5d)
El Ejecutivo angoleño ha adoptado medidas para reforzar el apoyo y la cooperación con organizaciones de mujeres y otros actores de la sociedad civil, entre ellas: alianzas con asociaciones y ONG para programas de capacitación, emprendimiento y protección social; la promoción de espacios de diálogo para integrar a la sociedad civil en la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas de género; la financiación y el apoyo técnico a proyectos de prevención de la violencia de género, empoderamiento económico y participación política de las mujeres; y acciones conjuntas de sensibilización con líderes comunitarios para ampliar el alcance e impacto de las políticas públicas.
Estas medidas tienen por objeto reforzar el papel del MASFAMU como Mecanismo Nacional Central de Promoción de la Mujer, fortaleciendo su capacidad institucional, técnica y financiera, garantizando la participación activa de las mujeres en todos los niveles de decisión y la aplicación efectiva de las políticas de igualdad de género.
Institución Nacional de Derechos Humanos
Respuesta al párrafo 6a)
La reciente aprobación de la Ley n.º 1/25, de 12 de marzo, ha traído consigo importantes novedades, entre las que destaca la consolidación de su independencia financiera, dejando de ser una unidad presupuestaria dependiente de lo Parlamento para pasar a ser un órgano presupuestario, tal y como se prevé en el apartado 2 de su artículo 2 y en el apartado 1 del artículo 21.
Se está llevando a cabo la revisión de la Ley n.º 29/20, de 28 de julio, Ley Orgánica del Estatuto del Defensor del Pueblo, para adaptarla a la CRA.
El estatuto actual del Defensor del Pueblo prevé la independencia frente a los poderes públicos, el carácter democrático de su elección, la informalidad procesal, la gratuidad y la celeridad.
Respuesta al párrafo 6b)
En cuanto a la cuestión de un mandato específico sobre los derechos de las mujeres, cabe destacar que el mandato del Defensor del Pueblo es genérico; su estructura de apoyo incluye un área temática, es decir, el Departamento de Segmentos Sociales Vulnerables, en el que se enmarcan las mujeres, debido a su vulnerabilidad.
En cuanto al número de reclamaciones sobre igualdad de género, en los últimos 6 años (2019-2024) y el primer trimestre de 2025, se presentaron ante el Defensor del Pueblo 28 161reclamaciones de diversa índole, tal y como se ilustra a continuación:
Cuadro de quejas de los últimos 6 años. Denuncias por género
|
Año |
Quejas |
Género |
||
|
Masculin o |
Femenino |
Colectivo/Grupo |
||
|
2019 |
505 |
346 |
74 |
85 |
|
2020 |
350 |
217 |
56 |
77 |
|
2021 |
719 |
435 |
169 |
115 |
|
2022 |
4 424 |
4 150 |
139 |
135 |
|
2023 |
7 386 |
– |
– |
– |
|
2024 |
10 353 |
– |
– |
– |
|
2025 ( primer semestre ) |
4 424 |
3 414 |
848 |
98 |
|
Total |
28 161 |
8 562 |
1 286 |
510 |
En los últimos 8 años se ha observado un aumento en el número de reclamaciones presentadas por mujeres, que asciende a más de 1.286. En general, los hombres siguen liderando el número de reclamantes.
Las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo formuladas por mujeres fueron de diversa índole, entre ellas solicitudes de pensión de jubilación, eludir la paternidad, pago de alimentos y aceleración de procesos.
Entre 2019 y el primer trimestre de 2025, el Defensor del Pueblo concedió 18.110 audiencias, según se muestra en la tabla y el gráfico siguientes:
Audiencias concedidas por el Defensor del Pueblo. Participaciones según el género
|
Año |
Audiencias concedidas |
G é n e r o |
||
|
Masculin o |
F e m e nin o |
Colectivo/grupo |
||
|
2019 |
233 |
194 |
50 |
19 |
|
2020 |
24 |
17 |
4 |
3 |
|
2021 |
239 |
160 |
70 |
9 |
|
2022 |
5 102 |
4 732 |
352 |
18 |
|
2023 |
4 631 |
3 783 |
721 |
127 |
|
2024 |
5 297 |
3 822 |
1349 |
– |
|
2025 (pr i mer semestre) |
2 584 |
1 812 |
701 |
59 |
|
Total |
18 110 |
14 520 |
3 247 |
235 |
Los datos del cuadro anterior evidencian una tendencia al alza en las audiencias solicitadas por mujeres, si bien persiste cierto temor a recurrir a los mecanismos de denuncia, especialmente en casos de violencia doméstica, así como a la defensa de sus derechos en general. Desde 2023, el Defensor del Pueblo dispone de oficinas en 12 provincias y ha iniciado la implementación de salas de audiencias virtuales en 26 municipios.
Medidas especiales temporales
Respuesta al párrafo 7a)
El Estado angoleño implementa medidas temporales para acelerar la igualdad de género, incluyendo la revisión de la legislación, el fortalecimiento de la autonomía y liderazgo femenino, la formación para puestos de decisión, campañas de sensibilización, coordinación con partidos e instituciones electorales para aplicar cuotas del 50 %, el refuerzo de la paridad en la administración pública y alianzas con sociedad civil y organismos internacionales para el empoderamiento político.
Respuesta al párrafo 7b)
Los resultados observables o avances registrados son: Aumento de la participación de las mujeres en cargos parlamentarios, gubernamentales y en los órganos judiciales en los últimos ciclos electorales; Ampliación de la red de mujeres líderes comunitarias y políticas, incluyendo la capacitación y la tutoría; Mejora gradual de la representación femenina en consejos de administración y órganos de gestión a nivel central y local, lo que refleja un impacto positivo de las medidas especiales temporales.
Respuesta al párrafo 7c)
Como medidas para los grupos desfavorecidos, el Estado ha hecho hincapié en la inclusión de las mujeres de grupos desfavorecidos, tales como: mujeres con discapacidad; mujeres del medio rural; mujeres de grupos minoritarios o económicamente vulnerables. Las acciones incluyen programas de formación específicos, asistencia técnica, tutorías e incentivos a la participación política y social.
Respuesta al párrafo 7d)
Podemos señalar como retos persistentes los obstáculos que impiden la plena aplicación de la paridad de género, a saber: los estereotipos socioculturales que limitan la aceptación del liderazgo femenino; algunas estructuras partidistas no aplican íntegramente las medidas de paridad a nivel provincial y municipal; La participación política de las mujeres con discapacidad y de las mujeres del medio rural sigue estando por debajo de la media nacional; Necesidad de un seguimiento continuo y de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de las medidas especiales de carácter temporal.
Estereotipos de género y prácticas nocivas
Respuesta al párrafo 8a)
El Estado angoleño ha reforzado el marco jurídico y programático para combatir la discriminación basada en estereotipos de género. La CRA establece en artículo 23 el principio de igualdad y no discriminación, prohibiendo cualquier forma de discriminación basada en el sexo, el origen, la condición social o cualquier otro criterio, en consonancia con la legislación específica. La Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (Decreto Presidencial n.º 222/13, de 24 de diciembre), define principios rectores y medidas concretas para la eliminación de los estereotipos de género. La Ley n.º 25/11, de 14 de julio, Ley contra la violencia doméstica, refuerza la protección de las mujeres y establece mecanismos para prevenir prácticas nocivas asociadas a las desigualdades de género.
Respuesta al párrafo 8b)
Los resultados observables, aunque varían por sector, incluyen el aumento de la participación de las mujeres en cargos parlamentarios, gubernamentales y en los órganos judiciales en los últimos ciclos electorales; la expansión de la red de mujeres líderes comunitarias y políticas, incluyendo la capacitación y la tutoría; y la mejora gradual de la representación femenina en consejos de administración y órganos de gestión central y local, lo que refleja un impacto positivo de las medidas especiales temporales.
Respuesta al párrafo 8c)
El Estado ha hecho hincapié en la inclusión de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, tales como: las mujeres con discapacidad; las mujeres de zonas rurales; las mujeres de grupos minoritarios o económicamente vulnerables. Las medidas incluyen programas de formación específicos, asistencia técnica, tutorías e incentivos para la participación política y social.
Respuesta al párrafo 8d)
El Estado reconoce la persistencia de obstáculos para la plena implementación de la paridad de género, entre ellos: estereotipos socioculturales que limitan el liderazgo femenino; la aplicación insuficiente de las medidas de paridad en algunas estructuras partidistas, especialmente a nivel provincial y municipal; la menor participación política de mujeres con discapacidad y del medio rural respecto a la media nacional; y la necesidad de reforzar el seguimiento y los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de las medidas especiales de carácter temporal.
Violencia de género contra las mujeres
Respuesta al párrafo 9a)
El Ejecutivo ha promovido la revisión de la Ley n.º 25/11 mediante consultas públicas en todas las provincias, para ampliar su alcance e incluir nuevas tipologías de violencia doméstica y de género. La reforma busca subsanar lagunas del marco vigente y ofrecer mecanismos más adecuados a la realidad social y a la justicia eficaz, cubriendo formas de violencia física, psicológica, económica, digital y estructural no contempladas integralmente en el Código Penal.
La Ley 25/11 no contempla un delito autónomo de violencia doméstica; solo define la violencia de género. La sanción depende del CPA. El CPA tipifica como delito diversas formas de violencia sexual, pero no abarca de manera exhaustiva todas las formas de violencia de género, tal y como exige la Recomendación General n.º 35.
Los esfuerzos del Gobierno en la revisión de la ley tienen por objeto agravar las penas, mejorar los mecanismos de protección de las víctimas y reforzar la respuesta a la violencia de género.
La Resolución n.º 5/08, de 18 de enero, del Consejo de Ministros formaliza los 11 Compromisos en favor de la Infancia, posteriormente integrados en la Ley n.º 25/12, de 22 de agosto, sobre la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, clasifica la violencia contra los niños en cinco tipos: negligencia, abuso, violencia física y psicológica, discriminación, trata, instrumentalización, trabajo infantil y explotación sexual.
Estas clasificaciones tienen su correspondencia en el CPA angoleño, que adopta un enfoque integral de los delitos contra las personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños.
La Ley 25/11 clasifica la violencia doméstica en seis tipos, a saber: violencia sexual; violencia patrimonial; violencia psicológica; violencia verbal; violencia física; abandono familiar. Estas clasificaciones están en consonancia con el CPA angoleño, que ofrece un tratamiento holístico a los tipos de violencia, que en su origen abarca a todas las personas, en la esfera pública y privada. En el Libro II, Título I de los Delitos contra las Personas, que tipifica y castiga en sus capítulos, secciones y artículos los delitos: contra la vida (homicidio y delitos contra la vida intrauterina): (a) contra la integridad física y psíquica; (b) contra la libertad de las personas; (c) sexuales; (d) contra la libertad sexual; contra la autodeterminación sexual; (e) de puesta en peligro de personas; (f) contra la dignidad de las personas; (g) de discriminación; (h) contra el honor; (i) cometidos a través de la prensa y contra la libertad de prensa; (j) contra la intimidad; (k) contra los bienes jurídicos personales (grabaciones, fotografías y películas ilícitas); (l) contra la familia (inexistencia de registro de nacimiento, parto supuesto, sustitución o sustracción de recién nacidos, ocultación del estado de filiación); (m) contra otros bienes jurídicos familiares (abandono de la asistencia, sustracción o negativa a entregar a un menor, sustracción o negativa a entregar a un menor).
Respuesta al párrafo 10a)
El Estado ha reforzado los recursos humanos, técnicos y financieros destinados a la lucha contra la violencia de género, garantizando la aplicación de las medidas. Se han reforzado los servicios de atención, incluida la línea gratuita 15020, gestionada por profesionales cualificados e integrada en el CISP, y los equipos multisectoriales que prestan apoyo psicológico, jurídico y social. Existen mecanismos de derivación adecuados y servicios accesibles, con especial atención a las niñas, las mujeres con discapacidad y las mujeres del medio rural.
A modo de ejemplo, en 2024, los Centros de Asesoramiento Familiar registraron 2.492 casos, de los cuales 1.773 fueron remitidos a las autoridades judiciales, lo que pone de manifiesto la eficacia de las estructuras de respuesta y apoyo a las víctimas. Se ha formado a activistas y dinamizadores en cuestiones de género y violencia.
Se han llevado a cabo campañas de los 16 días de activismo contra la violencia, así como conferencias nacionales sobre la mujer y la violencia de género.
La existencia de Centros Integrados de Acción Social en todas las provincias del país es una de las medidas destinadas a la protección de las víctimas de violencia doméstica.
Entre las medidas adoptadas en este sentido se encuentran:
La creación y el funcionamiento del Servicio de Denuncia SOS-Niño desde el año 2020, lo que ha permitido adoptar un conjunto de medidas de prevención y lucha contra la violencia contra la infancia, en todas sus formas de manifestación, incluido el uso de niños para controlar, coaccionar o perjudicar a sus madres;
La realización, entre 2022 y noviembre de 2025, de 1.832 actos de sensibilización, como charlas, seminarios y encuentros con niños para transmitirles conocimientos sobre sus derechos y formas de prevenir la violencia, así como con familias, miembros de confesiones religiosas, profesores, etc., cuyos temas tratados versaron sobre la prevención y la lucha contra la violencia, en los que participaron un total de 495 691 personas, de las cuales 167 616 eran adultos, 78 206 hombres y 89 410 mujeres; 328 075 niños, de los cuales 148 478 eran de sexo masculino y 179 597 de sexo femenino;
Se atendió en el ámbito del apoyo psicosocial a un total de 5.275 niños y varios centros de acogida de todo el país recibieron refuerzo de capacidades y competencias en materias relacionadas con la nutrición. Estos centros atienden a 9.870 niños víctimas de violencia. La atención a estos niños incluye apoyo con generosas provisiones de alimentos de primera necesidad.
Respuesta al párrafo 10b)
La plataforma contra la violencia doméstica se puso en marcha oficialmente el 2 de octubre de 2023 con el apoyo del UNFPA, con el objetivo de recopilar, almacenar y tratar datos estadísticos sobre violencia doméstica, apoyo, prevención, asistencia a las víctimas, denuncias y formulación de políticas públicas; permite presentar denuncias, acceder a información sobre prevención, buscar servicios de apoyo y protección a las víctimas, así como recibir orientación y derivación.
Existe en el país un mecanismo institucional para la sistematización de datos sobre violencia doméstica. Avance hacia el seguimiento y la respuesta estatal.
Respuesta al párrafo 10c)
La creación de la plataforma de datos (violenciadomestica.ao) representa un paso importante para sistematizar la información y monitorizar la violencia doméstica en el país.
Respuesta al párrafo 10d)
El Estado reconoce la violencia contra los niños utilizada para intimidar o controlar a las madres como una forma de violencia de género y ha adoptado medidas de protección específicas, a saber: aplicación conjunta de la Ley de Desarrollo Integral de la Infancia y de la Ley contra la Violencia Doméstica; intervención de equipos multisectoriales para la protección inmediata de los niños que son testigos de violencia; apoyo psicológico y social a través de los Centros de Asesoramiento Familiar; capacitación de la policía, los asesores y los operadores de la línea 15020 para identificar y derivar los casos; y campañas comunitarias para prevenir el uso de los niños como instrumento de agresión.
Las medidas de prevención, represión y protección relativas a la violencia contra los niños abarcan todas sus formas, causas e impactos, incluidas situaciones menos visibles, como la violencia indirecta ejercida sobre los niños con el propósito de castigar a la madre tras la ruptura de la relación conyugal. También se contemplan los casos de maltrato parental característicos del síndrome de Munchausen por poder (SMP) y la protección de los niños testigos de violencia doméstica, cuya intervención está garantizada por el Centro de Apoyo Psicosocial del INAC.
Los datos de los casos de violencia doméstica registrados a lo largo de los últimos tres años son los siguientes:
|
Tipo de violencia |
2023 |
2024 |
2025 hasta julio |
|
Violencia física |
2 294 |
696 |
1 403 |
|
V. Psicológica |
924 |
441 |
612 |
|
V. Sexual |
2 848 |
946 |
1 863 |
|
Patrimonial |
724 |
395 |
400 |
|
Falta de alimentos |
467 |
678 |
258 |
|
Amenazas |
947 |
422 |
848 |
|
Renegación de la paternidad |
443 |
||
|
Total |
8 204 |
4 021 |
5 384 |
Angola reconoce los retos que plantea la recopilación sistemática y desglosada de datos sobre prácticas nocivas, entre las que se incluyen: el matrimonio infantil y forzado, en virtud del derecho consuetudinario, la poligamia, la mutilación genital femenina (MGF), la esterilización forzada, las acusaciones de brujería y la violencia asociada.
Según la MICS 2021-2022 (INAC/INE/UNICEF), la tasa de matrimonio infantil en Angola se sitúa en el 30 % para las niñas menores de 18 años y en el 8 % para las menores de 15 años.
Los datos administrativos indican un número reducido de denuncias formales relacionadas con la poligamia y ninguna sobre la MGF.
Aún no existen estadísticas nacionales armonizadas sobre acusaciones de brujería contra mujeres y niños, aunque se registran casos de violencia o abandono asociados a creencias tradicionales.
El Estado está reforzando los mecanismos de recopilación y análisis de datos, incluyendo: la creación de bases de datos interministeriales, la formación de equipos provinciales para el registro de casos y la integración de indicadores específicos sobre prácticas nocivas en los sistemas de seguimiento de la violencia de género.
Respuesta al párrafo 10e)
El CPA de 2020 tipifica como delito las agresiones, los malos tratos, el abandono y los actos crueles cometidos bajo el pretexto de prácticas tradicionales o creencias.
Se han llevado a cabo múltiples campañas de sensibilización comunitaria con las autoridades tradicionales, recurriendo a radios comunitarias, escuelas, iglesias y administraciones locales, para desmitificar las creencias que dan lugar a la violencia y la exclusión.
Respuesta al párrafo 10f)
Angola ha adoptado medidas estructurales e interministeriales para proteger a las personas con albinismo, con especial atención a las mujeres y las niñas, que se enfrentan a una discriminación múltiple (género + albinismo), cuyas acciones de mayor relevancia se han centrado prioritariamente en: En la elaboración y aprobación del Plan de Protección de las Personas con Albinismo (PAPPA 2023-2027), un documento nacional que establece un marco de protección social, acceso a la salud, inclusión educativa y prevención del abuso y la discriminación.
Atención por parte del Sistema Nacional de Salud
En los últimos años, más de 2.000 personas con albinismo han sido acompañadas por el Sistema Nacional de Salud, con acceso a servicios de dermatología, oftalmología, apoyo psicológico y prevención del cáncer de piel. Asimismo, se han desarrollado campañas nacionales de sensibilización, lideradas por el Ejecutivo y sus interlocutores sociales, orientadas a combatir el estigma y promover la inclusión. Paralelamente, equipos móviles de salud intervienen en zonas rurales mediante evaluaciones médicas, distribución de protectores solares y sombreros, así como difusión de información preventiva. Destaca igualmente la integración institucional a través del PAPPA, que articula los sectores de salud, acción social, educación, justicia y administración local, garantizando un enfoque transversal en la protección de las personas con albinismo, en particular mujeres y niñas.
Trata de mujeres y niñas y explotación de la prostitución
Respuesta al párrafo 11a)
Angola trabaja en la prevención y la lucha contra la trata de personas a través de la CIERNDH y ha prestado asistencia a 45 víctimas, de las cuales 43 eran mujeres y 8 menores. Las víctimas recibieron apoyo por parte del Gobierno, la OIM y las embajadas de sus respectivos países.
No tenemos ningún caso registrado de trata de mujeres con albinismo.
Respuesta al párrafo 11b)
Información facilitada en la respuesta 11 a).
Respuesta al párrafo 11c)
Las causas de la prostitución de las mujeres son las generales, entre las que se incluyen el oficio y la pobreza como principales.
Participación en la vida política y pública
Respuesta al párrafo 12a)
La CRA establece el principio de igualdad de género y el deber del Estado de promover una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la vida pública y política.
En ámbitos como la defensa y la seguridad hemos logrado avances significativos. Por ejemplo, la participación de las mujeres policías en los procesos de toma de decisiones ha registrado un aumento en los últimos 5 años, concretamente en la categoría de oficiales comisarios, con un 0,01% de mujeres desempeñando funciones de mando y dirección; en la categoría de oficiales superiores, con un 0,05 %; oficiales subalternos, un 3 %; subjefes, un 3,7 %; y agentes, un 7,6 %; La PNA sigue defendiendo iniciativas que tienden a involucrar la participación de las mujeres en la labor policial de intervención;
Ha fomentado la participación de las mujeres en la labor policial, promoviendo la capacitación de las mujeres policías, con miras a alcanzar las aspiraciones que el contexto impone.
Respuesta al párrafo 12b)
El acceso de las mujeres a puestos de liderazgo en empresas públicas y privadas y en los órganos de defensa y seguridad está garantizado por ley, sobre la base del principio de igualdad y no discriminación; todos, independientemente de su género, pueden optar en igualdad de condiciones a puestos de liderazgo en instituciones públicas o privadas, siempre que cumplan con los requisitos de formación necesarios, y en el país crece el número de mujeres que ocupan puestos de dirección, jefatura y cargos con responsabilidad decisoria.
Defensores de los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil
Respuesta al párrafo 13
Los defensores de los derechos humanos son libres de llevar a cabo sus actividades con arreglo a lo dispuesto en las leyes que regulan la materia. Al tratarse de un derecho fundamental, gozan de una garantía constitucional establecida en los apartados 1 y 2 del artículo 50 de la CRA, que reconoce a los trabajadores la libertad de crear asociaciones sindicales para la defensa de sus intereses individuales y colectivos. El diálogo y la cooperación con la sociedad civil son abiertos y permanentes. La ENDH tiene, entre sus objetivos específicos, el refuerzo del diálogo con la sociedad civil y la considera un socio clave. El Ejecutivo establece sistemas de auscultación y consulta con las OSC, en particular: la sociedad civil forma parte del Consejo de la República, órgano consultivo del presidente, y de los Consejos de Auscultación y Concertación Social.
La libertad de expresión, de información y de prensa está consagrada en los artículos 40 y 44 de la CRA. En el ámbito interno, su protección se refuerza mediante la Ley de Prensa y la legislación vigente, garantizando los derechos de los profesionales de los medios de comunicación. El sector de los medios enfrenta retos derivados de la globalización y la aceleración tecnológica, lo que ha exigido ajustes normativos para adaptarse a las nuevas demandas de comunicación de la sociedad y de las industrias afines. En este contexto, el Estado angoleño ha impulsado reformas legislativas en el sector desde 2022. La Entidad Reguladora de la Comunicación Social de Angola (ERCA) y la Comisión de Acreditación y Ética de Periodistas operan regularmente dentro de un ecosistema de regulación y supervisión que involucra a asociaciones profesionales, sindicatos y ONG dedicadas a la defensa y protección de la libertad de prensa.
No se ha registrado ningún caso de detención, persecución o muerte de periodistas como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Nacionalidad
Respuesta al párrafo 14a)
Registro Civil –En el período comprendido entre 2020 y 2024, se inscribieron 6.823 333 ciudadanos angoleños.
Emisión de documentos de identidad (D.I.) En el período comprendido entre 2020 y 2024, se emitieron un total de 4.333.863 D.I., de los cuales:
De 0 a 5 años: se emitieron 939.147 B.I., de los cuales 466.360 eran hombres y 472.787 mujeres;
De 6 a 17 años: se emitieron 2.143.990 DNI, de los cuales 1.047.391 eran de hombres y 1.096.599 de mujeres;
De 18 a 29 años: 750.460 DI, de los cuales 357.016 son de hombres y 393.444 de mujeres;
De 30 a 55 años: se han expedido 422.767 DI, de los cuales 149.555 corresponden a hombres y 273.212 a mujeres;
A partir de los 56 años: se han expedido 77.499 DI, de los cuales 27.239 son hombres y 50.260 son mujeres.
Respuesta al párrafo 14b)
El registro de nacimiento hasta los 5 años de edad y la expedición del primer certificado están exentos de costes, de conformidad con la tabla de tasas del MINJUSDH y el Decreto Presidencial n.º 301/19, de 16 de octubre. Esta medida beneficia a las mujeres en situación de vulnerabilidad económica, habituales en las zonas rurales y entre las personas desplazadas, eliminando las barreras financieras que impiden el acceso al registro.
El Programa «Nascer com Registo», puesto en marcha en 2017, permite el registro inmediato de los recién nacidos directamente en los centros hospitalarios y de salud. En 2024, el Proyecto Njila, centrado en la instalación de puestos de registro en las maternidades, reforzó el proyecto lanzado en 2017. Esta medida simplifica el proceso para las madres y elimina la necesidad de desplazamientos posteriores. Es crucial para las mujeres rurales, que a menudo dan a luz en centros locales.
También se crearon brigadas móviles y se llevaron a cabo campañas de generalización de registros y documentos de identidad.
La Ley n.º 6/15, de 8 de mayo, Ley de Simplificación del Registro de Nacimientos, ha contribuido a reducir la burocracia y ha permitido simplificar el registro tardío.
El Decreto Presidencial n.º 267/24, de 28 de noviembre, adopta medidas para facilitar un acceso rápido y simplificado al DI, incluyendo procedimientos acelerados para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad
Educación
Respuesta al párrafo 15a)
El presupuesto del sector de la educación aprobado en el OGE 2025 asciende a 2.647.016 382.425,00 Kz, lo que representa el 6,5 % del OGE y supone un aumento nominal del 43,5 % con respecto a 2024. De conformidad con el artículo 83 de la CRA y el Decreto Presidencial n.º 187/17, el sector ha reforzado la inclusión escolar con: 1.664 escuelas inclusivas, 22 escuelas especiales y 297 aulas de recursos multifuncionales, garantizando las condiciones de acceso y adaptación para las niñas, incluidas aquellas con discapacidad y albinismo. Las niñas representan el 48,9 % de los alumnos del sistema educativo.
Para el curso escolar 2024/2025, se matricularon 4.510.482 niñas en la enseñanza general. Según el PLANIAPED (DP 217/23), el país cuenta con 44.918 alumnos con discapacidad, de los cuales 15.508 son niñas.
Respuesta al párrafo 15b)
Las tasas de abandono escolar son:enseñanza primaria 11,5 %, primer ciclo de enseñanza secundaria 10 %, segundo ciclo de enseñanza secundaria 12,1 %.
Medidas adoptadas por el sector: Clubes de Ciudadanía, Salud y Género, campañas de retorno a la escuela, educación sexual y reproductiva, prevención de la violencia y empoderamiento de las niñas, formación de 7.016 docentes en Educación Especial e Inclusiva, programas como el PAT II y el Proyecto de Empoderamiento Juvenil, que ya ha llegado a 200.251 adolescentes, con el objetivo de alcanzar los 300.000.
El INADE integra contenidos sobre derechos humanos, igualdad de género, ciudadanía democrática y prevención de la violencia en los materiales curriculares y los instrumentos pedagógicos.
Las causas del abandono escolar entre las niñas con discapacidad y otras vulnerabilidades incluyen: el embarazo precoz, la falta de información sobre escuelas inclusivas, el trabajo agrícola y el apoyo familiar, la falta de confianza de la familia en las capacidades de las niñas, las largas distancias entre el domicilio y la escuela y el acoso sexual.
Respuesta al párrafo 15c)
La revisión de los materiales escolares, en el marco de la adaptación curricular (2018- 2025), tiene como objetivo: eliminar los estereotipos de género, reforzar las representaciones positivas de las niñas, incluidas las niñas con discapacidad y con albinismo, y promover un enfoque inclusivo, equilibrado y culturalmente sensible. Los materiales actualizados se armonizarán con el Plan Nacional de Formación del Profesorado, garantizando la coherencia en su implementación.
Empleo
Respuesta al párrafo 16a)
Los órganos del poder ejecutivo han recibido y seguido casos de algunas trabajadoras de empresas, víctimas de acoso moral y sexual en el lugar de trabajo. Así, los empleadores se vieron obligados, por intervención de la Inspección General de Trabajo, a tomar medidas como la rescisión contractual de algunas trabajadoras extranjeras y el traslado de otras a puestos de trabajo distintos.
Respuesta al párrafo 16b)
El número de asegurados formalizados en 2025 asciende ya a 230.940 trabajadores. De ellos, 71.013 son mujeres y 159.927 hombres, amparados por el régimen de protección social en virtud del Decreto Presidencial n.º 295/20, de 18 de noviembre.
Respuesta al párrafo 16c)
El Ejecutivo ha reforzado el Presupuesto General del Estado para 2026 con el fin de apoyar a los colectivos vulnerables.
Respuesta al párrafo 16d)
El Plan de Acción Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (PANETI), aprobado por el Decreto Presidencial n.º 239/21, de 29 de septiembre, junto con el Decreto Presidencial n.º 83/25, de 15 de abril, Programa Nacional de Alimentación Escolar, tienen como objetivo la protección integral del niño, incluida la protección contra el trabajo doméstico.
Respuesta al párrafo 16e)
Angola ha logrado avances visibles hacia la plena adhesión al Convenio n.º 189 de la OIT sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos, consolidando su marco jurídico para proteger a este grupo de profesionales. El Convenio entrará en vigor en el país el 11 de junio de 2026.
La Inspección General del Trabajo ha reiterado que los trabajadores domésticos tienen derecho a un nuevo salario mínimo nacional, que se ha fijado en unos 100.000,00 kwanzas en determinados sectores o escalones, con el fin de combatir la explotación.
Se han firmado acuerdos para facilitar el registro y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social (INSS) de los trabajadores domésticos, garantizándoles protección en caso de jubilación y enfermedad. El Decreto Presidencial n.º 255/16, de 9 de agosto, aprobó el régimen jurídico del trabajador doméstico.
La Inspección General del Trabajo, junto con el MAPTESS, llevó a cabo campañas de sensibilización e inspección (Operación Trabajo Digno y Campaña Salario Justo), para garantizar el cumplimiento de las normas y de la nueva Ley General del Trabajo y de los Principios de la OIT sobre igualdad de remuneración y justicia social.
El Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (PANETI) establece: una visión sobre la eliminación del trabajo infantil en Angola; la misión de crear estrategias, políticas de prevención, un entorno favorable para el desarrollo armonioso de los niños y capacidad institucional, con el fin de eliminar el trabajo infantil. El objetivo general de adoptar medidas eficaces, inmediatas e integradas que promuevan la aplicación práctica de los derechos del niño, como forma de prevenir y combatir el trabajo infantil en sus peores formas; los avances logrados en la adhesión al Convenio sobre los trabajadores domésticos, 2011 (n.º 189) de la Organización Internacional del Trabajo.
Salud
Respuesta a los párrafos 17a) y b)
Angola está llevando a cabo la construcción de un Sistema Nacional de Salud más sólido, justo y centrado en cada angolano y angolana, que responda a sus necesidades reales, prestando una atención sanitaria de calidad y humanizada, independientemente del lugar de nacimiento, con miras a la cobertura sanitaria universal. En la República de Angola, el aborto se aborda en el marco de la protección del derecho a la vida, que goza de dignidad constitucional. El CPA angoleño prima la protección de la vida, pero contempla ciertas excepciones, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. El CPA tipifica como delito el aborto, salvo en situaciones de indicación médica.
Respuesta al párrafo 17c)
La mejora de los indicadores de impacto en la salud, especialmente en lo que respecta a la salud maternoinfantil, es significativa. Según datos recientes de la Encuesta de Indicadores Múltiples y de Salud (IIMS-2023/2024), la mortalidad infantil se redujo de 44 a 32 por cada 1.000 nacidos vivos; la mortalidad de menores de cinco años pasó de 68 a 52 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad materna de 239 a 170 por cada 100.000 nacidos vivos. Estas cifras representan vidas salvadas, familias fortalecidas y futuros asegurados. La encuesta fue coordinada por el Ministerio de Planificación, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración con el Ministerio de Salud (MINSA) y con la asistencia técnica de socios internacionales, la ICF, a través del Programa DHS, USAID, UNICEF y FNUAP.
La inversión realizada en atención primaria de salud ha dado lugar a una mejora de los principales indicadores de salud pública, en particular la cobertura de la cuarta consulta prenatal, que pasó del 70 % en 2023 al 75 % en 2024, y los partos en centros sanitarios, que pasaron del 49 % en 2023 al 51 % en 2024.
En materia de salud sexual y reproductiva, se implementa un Plan Estratégico orientado a sensibilizar a los adolescentes, incluidas niñas con discapacidad, sobre estos temas. En colaboración con el FNUAP, UNICEF, USAID, el Ministerio de Educación (MED), el Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer, y los medios de comunicación, se aprobó la Estrategia de Acción Integral de Salud de Adolescentes y Jóvenes, que desarrolla sus actividades en zonas urbanas y rurales para instruir y sensibilizar a las adolescentes sobre salud sexual y reproductiva.
Los resultados reflejan avances significativos: la cobertura de atención prenatal aumentó del 16 % en 2018 al 80 % en 2024; los partos institucionales atendidos por profesionales capacitados pasaron del 25 % en 2017 al 54 % en 2024; y los centros de salud que ofrecen al menos tres métodos modernos de planificación familiar se incrementaron del 30 % en 2018 al 60 % en 2024.
Respuesta al párrafo 17d)
La Red de Servicios de Salud Mentalestá implantada en seis provincias, a saber: Luanda, Benguela, Huambo, Huíla, Cabinda y Malange, con un total de 31 centros de salud, desde la atención primaria hasta el nivel terciario, para dar continuidad a la atención en las diferentes fases del tratamiento.
El Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (PNDS) 2012-2025, implementado por el MINSA, fortalece la Red de Servicios de Salud Mental, promoviendo la integración del tratamiento en la atención primaria, la formación de técnicos especializados y la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos en los hospitales de la Red con atención comunitaria. Además, la Red desarrolla campañas de educación y sensibilización sobre salud mental e involucra a las comunidades, familias y usuarios en las acciones y en la toma de decisiones. Se están llevando a cabo las siguientes acciones estratégicas operativasbajo la supervisión del Programa Nacional de Salud Mental:
Elaboración del Plan Estratégico de Salud Mental;
Capacitar a los profesionales para la prestación de cuidados de salud mental en todos los niveles;
Integración en la atención primaria y secundaria esencial de actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con trastornos mentales;
Informar, educar y sensibilizar a la población sobre cuestiones de salud mental;
Promover hábitos de vida saludables y combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental con la participación de la población;
Promover e incentivar la reinserción social de las personas con trastornos mentales y la creación de asociaciones de apoyo a estas personas y a sus familias;
Realización de investigaciones operativas; y
Elaboración de un protocolo denominado «Mente Saudável» en colaboración con los centros de salud para la recopilación de información sobre salud mental. En colaboración con consultores de la OMS y socios nacionales, a saber: MED, MASFAMU, MINJUSDH, MININT, MINJUD, Fiscalía General de la República, MAPTSS, ONG y asociaciones de apoyo psicosocial a personas con discapacidad y/o enfermedad mental, el Ministerio de Salud está elaborando la Estrategia sobre Salud Mental. Se están elaborando manuales para médicos y psicólogos, con el fin de ayudar a los profesionales sanitarios que trabajan con este tipo de pacientes.
Respuesta a los párrafo 18a), b) y c)
En el marco del programa de igualdad de género, Angola lleva a cabo anualmente acciones de capacitación dirigidas a las parteras tradicionales, en colaboración con los sectores de la salud y la justicia, sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva, registro de nacimientos, responsabilidad parental y nutrición, dirigidas a las mujeres de las zonas rurales, las jóvenes y las adolescentes. En 2023 se capacitó a 1.206 parteras tradicionales en todo el país; en 2024, a 4.661; y en 2025, a 1.442, lo que suma un total de 7.309 parteras tradicionales.
Se está llevando a cabo la campaña «Juntos contra el embarazo precoz y el matrimonio en la adolescencia».
El año pasado, en el marco del proyecto de refuerzo de las competencias familiares, se formó a 232 técnicos auxiliares de acción social en competencias familiares, de los cuales 158 eran mujeres. En el marco del programa «Alimentación Nutritiva para las Familias», se benefició 176 personas.
Respuesta los párrafos 18d) y e)
En Angola existen dos textos legales que regulan la problemática del VIH y el sida, a saber: la Ley 8/04, sobre el VIH/sida, en proceso de revisión (revisada a la luz de las nuevas evidencias científicas y actualmente en fase de debate para su aprobación en la Asamblea Nacional) y el Decreto 43/03 sobre el VIH/sida, el empleo y la formación profesional. El Gobierno de Angola, consciente de que el VIH/SIDA constituye actualmente uno de los mayores problemas de salud, ha dedicado todos sus esfuerzos a la implementación de estos textos normativos, en particular en lo que respecta a la aplicación de los derechos sociales legalmente protegidos, como es el caso de la no discriminación, el derecho al trabajo, al empleo y a la formación profesional.
Las intervenciones dirigidas a niños con discapacidad, incluidos los niños con albinismo, víctimas de violencia, con especial atención a la violencia sexual, no registran casos relacionados con el mito de la “violación de vírgenes” como forma de curar el VIH/SIDA, y esta práctica no se ha identificado en los enfoques realizados.
Mujeres rurales
Respuesta al párrafo 19a)
En Angola, la mujer del medio rural es un sector de la población bastante activo y participativo y constituye la principal fuerza de trabajo en el sector agrario, siendo responsable de la producción, la transformación y la comercialización de los productos. El Ejecutivo ha organizado Foros Nacionales de la Mujer en el Medio Rural, con el objetivo de escuchar y reflexionar sobre la problemática de la mujer en el medio rural, en sus múltiples facetas, para identificar los ámbitos de actuación del Ejecutivo en la resolución de problemas concretos.
Se llevan a cabo acciones de capacitación y formación de mujeres en diversas áreas del saber, como el procesamiento de alimentos, la cocina, la repostería, el corte y la costura, el procesamiento del pescado y la alimentación nutritiva para las familias mediante el aprovechamiento de los productos locales.
El Foro de la Mujer en el Medio Rural es un mecanismo de análisis y evaluación de las políticas de defensa y desarrollo de las mujeres en el medio rural en el que participan organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de mujeres, autoridades tradicionales, entidades gubernamentales y religiosas.
Para garantizar la autonomía de las mujeres en el medio rural, a lo largo de los últimos años se ha formado a más de 899 jóvenes en gestión de pequeños negocios en todo el país.
En las zonas rurales, el Programa de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la organización en las comunidades ha prestado asistencia a 2.374.875 de los 5.544.834 hogares registrados que se dedican a la actividad agrícola. De este número, 720.474 son mujeres cabeza de familia que constituyen empresas agrícolas familiares.
El Proyecto de Desarrollo de la Cadena de Valor abarca la provincia de Cabinda, con una financiación total de 123.150.000 USD. Ha prestado asistencia técnica a 12.000 familias, de las cuales el 50 % de los beneficiarios son mujeres.
El Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Familiar y Comercial (SAMAP) ha prestado asistencia a 60.000 familias en las provincias de Cuanza Sur y Huíla; el 50 % de los beneficiarios son mujeres, el 30 % son jóvenes y el 20 % son agricultores en general.
El Proyecto de Refuerzo de la Resiliencia de la Agricultura Familiar (SEREP) abarca las provincias de Uíge, Bengo, Zaire, Cuanza Norte, Benguela, Cunene y Namibe, con un presupuesto de 150.000.000 USD, y ha prestado asistencia a un total de 216.000 familias campesinas, que se han beneficiado de materiales agrícolas; el 35 % del grupo destinatario son mujeres.
El Proyecto de Transformación de la Agricultura y la Ganadería Familiar de Angola (MOSAP III), con 37.500 mujeres beneficiadas, en las provincias de Huambo, Cuando Cubango y Namibe; el Proyecto de Apoyo Presupuestario Agrícola (PDO), en las provincias de Cuanza Sur, Moxico, Benguela, Cunene, Huila, Lunda Norte, Lunda Sur y Luanda. Benefició a 35.000 familias, de las cuales el 50 % son mujeres.
El fomento y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, de un total de 5.544.834. Los hogares que se dedican a la actividad agrícola recibieron asistencia a 621.729 a través del Programa de Extensión y Desarrollo Rural (PEDR) y a 461.845 a través del fomento, 35.320.
Algunas familias organizadas en asociaciones, cooperativas y grupos, a nivel nacional, se beneficiaron de créditos procedentes de diferentes instituciones bancarias, por un valor total de 789.209.144,50 AKZ, de los cuales se beneficiaron, en total, 726.924 ciudadanos, de los cuales 411.321 beneficiarios son mujeres; Las cajas comunitarias y los bancos concedieron a los miembros de las asociaciones y cooperativas créditos por un valor de 67.185.787,00 AKZ, para un total de 6.853 beneficiarios, de los cuales 3.463 son mujeres.
Las mujeres se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación
Respuesta al párrafo 20a)
El Plan para la Protección de las Personas con Discapacidad (2023-2027) incorpora medidas alineadas con los principios de inclusión y no discriminación, de conformidad con la Ley n.º 21/12, de 30 de julio, Ley de las Personas con Discapacidad, reforzando la protección de los niños y las mujeres con discapacidad.
Desde el punto de vista jurídico, no existe una prohibición de la práctica consensual de la prostitución en el CPA, en el sentido de que una persona que se prostituye simplemente por cuenta propia no se considera delincuente.
El CPA tipifica algunos delitos relacionados con la explotación sexual y la incitación a la prostitución, a saber: los artículos 189 (proxenetismo), 190 (Trata sexual de personas), 195 (Proxenetismo de menores), 96 (Trata sexual de menores), 197 (Recurso a la prostitución de menores); 198 (pornografía infantil).
Respuesta al párrafo 20b)
Los mecanismos de denuncia de la violencia contra los niños se aplican a cualquier persona, ya sea nacional o extranjera, migrante, solicitante de asilo o apátrida. Por lo tanto, las niñas migrantes y las solicitantes de asilo pueden y deben recurrir a ellos. Sin embargo, la información estadística recopilada no presenta un desglose específico para este grupo, lo que indica la ausencia de registros de casos que involucren a niños en el período analizado. La existencia de centros de asesoramiento familiar en todas las provincias del país permite derivar los casos de violencia que requieren tratamiento jurídico y prestar atención psicosocial a las víctimas.
Matrimonio y relaciones familiares
Respuesta al párrafo 21a)
La mayoría de edad en Angola es de 18 años, y lo mismo se aplica al matrimonio; el apartado 2 del artículo 24 prevé una excepción que permite el matrimonio de chicos de 16 años y chicas de 15 años, previa valoración de las circunstancias y con la autorización de los padres, tutores o del tribunal. El Código de Familia está siendo revisado con el fin de armonizarlo con la CRA y con los instrumentos internacionales que Angola ha ratificado. El Parlamento ha defendido públicamente la necesidad de fijar la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años sin excepción alguna y de avanzar en la reforma del Código de Familia.
Respuesta al párrafo 21b)
La Ley n.º 25/12 prevé medidas de proteccióninmediata para las víctimas, así como la emisión de órdenes de protección para alejar al agresor y proteger a la víctima. El Gobierno de Angola, en colaboración con ONG, ha desarrollado programas de apoyo y acogida para víctimas de violencia doméstica, que incluyen: refugios temporales para mujeres y niños, con protección, apoyo psicológico y servicios jurídicos; asistencia jurídica gratuita en procesos relacionados con separación, custodia de hijos y pensión alimenticia; unidades especializadas de la Policía Nacional para casos de violencia doméstica y de género; formación y capacitación específica para la aplicación de las leyes de protección; y líneas telefónicas de atención a las víctimas, incluyendo números para denuncias anónimas.
La Ley contra la Violencia Doméstica establece que la violencia doméstica debe tenerse en cuenta en las decisiones sobre la custodia de los hijos, los derechos de visita y la pensión alimenticia, con el fin de proteger el bienestar del menor y de la víctima. En caso de divorcio o separación, los tribunales tienen la obligación de garantizar que el proceso de división de bienes, custodia y visitas tenga en cuenta la violencia doméstica y sus repercusiones en la vida de la víctima y del niño. Ejemplo: un tribunal puede otorgar la custodia exclusiva a la madre u otro cuidador no maltratador, o puede limitar los derechos de visita del agresor, dependiendo del riesgo para el niño y la víctima.
Respuesta al párrafo 21c)
Angola garantiza asistencia jurídica gratuita a las mujeres que se enfrentan a prácticas discriminatorias en asuntos familiares, incluyendo la herencia, la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y las consecuencias económicas de la separación o el divorcio, a través del Colegio de Abogados de Angola, el nombramiento de defensores de oficio por parte de los tribunales y el apoyo institucional prestado por los servicios públicos y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, el Estado reconoce la necesidad de reforzar la recopilación de datos estadísticos desglosados por sexo sobre el número y los resultados de los procesos judiciales en estas materias.
Recopilación y análisis de datos
Respuesta al párrafo 22
El Observatorio de Género de Angola (OGA) tiene como principal mandato supervisar, recopilar, analizar y difundir datos sobre la igualdad y la equidad de género, los derechos de las mujeres en las políticas públicas y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, incluida la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad y las Recomendaciones del Comité de la CEDAW.