95° período de sesiones
Acta resumida de la 2610ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 24 de marzo de 2009, a las 10.00 horas
Presidente:Iwasawa
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)
Quinto informe periódico de Australia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)
Quinto informe periódico de Australia (continuación) (CCPR/C/AUS/5 y Corr.1; CCPR/C/AUS/Q/5 y Add.1)
1.Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Australia toman asiento a la mesa del Comité.
2.El Presidente invita a la delegación de Australia a seguir respondiendo a los asuntos planteados en relación con la lista de cuestiones (CCPR/C/AUS/Q/5).
3.El Sr. Smith (Australia), respondiendo a la pregunta relativa al Marco Nacional de Protección Infantil, explica que ese Marco deberá ser examinado por el Consejo de Gobiernos Australianos en su siguiente reunión de 2009. En el documento de debate del Gobierno a ese respecto, la protección del niño indígena ha sido señalada como una de las seis cuestiones prioritarias, entre las que también figuran el robustecimiento de la coordinación nacional en la comunicación de la información pertinente; la previsión de medios para velar por la seguridad de los niños indígenas; el mejoramiento de los modelos de prestación de servicios, tanto en las comunidades urbanas como en las remotas; y el fortalecimiento de la capacidad de los servicios existentes para responder a las necesidades de esos niños.
4.Refiriéndose a la creación de un centro de intercambio de información por iniciativa del Consejo de Gobiernos, el orador indica que esa iniciativa es anterior al informe de 2007 del Comisionado de Justicia Social y no se debe a que exista alguna insatisfacción con los centros existentes. Su propósito es recabar información que sirva de base a la formulación de políticas y la prestación de servicios destinados a los indígenas australianos para así ayudarlos a superar sus desventajas. En su primer año de funcionamiento, dicho centro estudiará, en el entorno de la población indígena, los medios prácticos de influir en la preparación preescolar, la enseñanza temprana de los conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, la asistencia a la escuela y la perseverancia en los estudios, la participación en la fuerza de trabajo y la seguridad comunitaria, o bien procurará mejorar esos aspectos.
5.En cuanto a la pregunta sobre el informe Women, Domestic and Family Violence and Homelessness (La mujer, la violencia en el hogar y la familia y la falta de vivienda), el orador responde que en él se recomiendan distintas iniciativas de prevención e intervención, puesto que las mujeres que son víctimas de ese tipo de violencia pueden carecer de vivienda a causa de situaciones muy diversas y, por consiguiente, no puede haber una solución única. Ese informe ha contribuido a la formulación por el Consejo Nacional del Plan para Reducir la Violencia contra la Mujer y Sus Hijos en Australia para el período 2009-2011, cuyas recomendaciones están siendo actualmente examinadas por el Gobierno. El Estudio sobre la seguridad personal de 2005 muestra que desde 1996 casi se ha duplicado el número de mujeres que han denunciado hechos de violencia física cometidos contra ellas por hombres. Sus resultados indican que el 33,3% de las mujeres encuestadas había soportado violencia física desde los 15 años, el 19,1% había sufrido violencia sexual desde los 15 años y el 12,4% había sido víctima de abusos sexuales antes de cumplir los 15 años. Dado que los casos de violencia contra la mujer no figuran por separado en las estadísticas sobre delitos de agresión, resulta difícil obtener cifras sobre denuncias, investigaciones y penas; sin embargo, se tiene acceso a datos sobre el número de órdenes de alejamiento dictadas en relación con ese tipo de violencia. También resulta difícil recabar información sobre la tasa de condenas debido a que mucho de los casos denunciados de violencia en el hogar se resuelven en tribunales civiles y no en el ámbito del sistema de justicia penal, aparte de que gran parte de los casos no se denuncian, por lo que no se someten a la consideración de ninguno de los dos sistemas. En lo que respecta a la formación judicial, se está desarrollando un programa de sensibilización para la policía, la fiscalía y la judicatura con objeto de preparar a esos funcionarios para hacer frente a los hechos de agresión sexual y violencia doméstica contra la mujer y promover el acceso equitativo al sistema de justicia penal, programa que todavía no ha entrado en la fase de ejecución. Sin embargo, el creciente reconocimiento en las escuelas judiciales superiores y los órganos judiciales de la necesidad de conocimientos y experiencia a ese respecto se ha reflejado, entre otras cosas, en la formación especializada y la preparación de modelos de manuales. Por último, refiriéndose a la pregunta sobre el examen de la respuesta de emergencia del Territorio del Norte, el orador dice que, con arreglo a una de sus principales recomendaciones, las medidas del Gobierno que afecten a las poblaciones aborígenes deberán respetar las obligaciones que incumben a Australia en materia de derechos humanos y acatar la Ley sobre la discriminación racial.
6.El Sr. Campbell (Australia), volviendo sobre la cuestión de la consulta nacional sobre los derechos humanos anunciada en 2008, indica que ésta se basará en la universalidad e indivisibilidad de tales derechos, derechos que, aparte de los comprendidos en los Pactos Internacionales, han de incluir los relacionados con el medio ambiente. El Comité de personalidades eminentes a cargo de la consulta presentará sus conclusiones al Gobierno el 31 de agosto de 2009. Dicho Comité desarrolla sus trabajos a través de reuniones públicas y ya ha celebrado 50 reuniones de ese tipo, no sólo en ciudades, sino también en localidades remotas; el Comité ha invitado asimismo a que se utilice su sitio en Internet para hacer aportaciones; por otra parte, el Comité se ocupa de celebrar consultas con ONG importantes, alentar a los jóvenes a que contribuyan a su labor y planear encuestas e investigaciones acerca de temas concretos; también ha distribuido documentos de antecedentes y hojas informativas de fácil comprensión con el fin de que la participación sea lo más amplia posible. La Comisión Australiana de Derechos Humanos, que está asociada a esa iniciativa, ha preparado una carpeta informativa y ha organizado actividades de sensibilización con ese fin.
7.Por lo que respecta al reducido número de veces que el Pacto se ha invocado en el ámbito federal en los últimos años, el orador dice que Australia está al mismo nivel que Francia y Suiza en cuanto a la frecuencia con que en los tribunales se invoca el derecho internacional, incluido el relativo a los derechos humanos. Es cierto que los jueces del país no tienen un criterio unánime en materia de derecho internacional y que los tribunales se rigen únicamente por el derecho interno, dado que las disposiciones del Pacto no son de aplicación inmediata en Australia. No obstante, el Tribunal Superior ha considerado que el derecho internacional influye poderosamente en el desarrollo del common law y ha de tenerse en cuenta en su interpretación legal.
8.En cuanto a la pregunta sobre la formación judicial, la Escuela Nacional Superior de Formación Judicial imparte formación permanente al personal judicial. Esa enseñanza se centra en el funcionamiento de los tribunales y el contexto social de las leyes, es decir, que atiende principalmente a factores tales como la igualdad, el género y la discapacidad y en menor medida al derecho internacional y el Pacto, aunque los incluye.
9.Refiriéndose a la pregunta 2 de la lista de cuestiones, que aborda las reservas de Australia al Pacto, la delegación de Australia toma nota de las opiniones e inquietudes del Comité y las transmitirá al Gobierno. Por lo que respecta a la reserva concreta al artículo 20, el Gobierno de Australia no considera que sea incompatible con el Pacto.
10.Varios miembros del Comité se han interesado en el procedimiento que sigue Australia para responder a los dictámenes del Comité sobre comunicaciones relativas a Australia. El Departamento del Fiscal General del Commonwealth se encarga de coordinar las respuestas del Gobierno a todo dictamen del Comité sobre tales comunicaciones. En primer lugar, recaba las opiniones de los departamentos gubernamentales competentes y seguidamente incorpora a su sitio web los textos del dictamen del Comité y de las opiniones de los departamentos competentes. En lo que respecta al caso de Young, mencionado bajo la pregunta 3 de la lista, el orador señala que el Parlamento ha adoptado medidas para eliminar muchas disposiciones discriminatorias contra las parejas del mismo sexo, como en el caso de la Ley sobre los derechos de los excombatientes. El Sr. Young tendrá derecho a solicitar prestaciones si reúne los criterios normales, aunque, dado que las enmiendas no entrarán en vigor hasta julio, tal vez tenga que esperar o solicitar un pago a título graciable como pago retroactivo. El Gobierno no tiene nada que agregar sobre los demás casos mencionados en la pregunta 3.
11.Respondiendo a la pregunta sobre cómo Australia determina la “legalidad de la prisión” de conformidad con el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto, el Sr. Campbell dice que se interpreta que ese término se refiere al derecho interno y no al derecho internacional. Sir Nigel Rodley ha preguntado cuál es el criterio de Australia sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario como lex specialis en los conflictos armados internacionales. Australia considera que existe gran coherencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional relativo a los derechos humanos: en los casos en que no coinciden, tiene precedencia el derecho internacional humanitario.
12.En relación con la pregunta referente a la protección que se proporciona a las personas privadas de libertad y no protegidas por la condición de prisioneros de guerra, el orador dice que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a protección, ya sea como prisioneros de guerra o de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra. Los espías y saboteadores constituyen un caso especial, pero hasta ellos gozan de cierta protección en virtud del derecho internacional humanitario. En los conflictos armados cuyo alcance no es internacional se aplican las normas del derecho internacional humanitario y muy especialmente el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra y el artículo 3 común a esos Convenio. En cuanto a la tortura, Australia se considera obligada por la Convención contra la Tortura y otras normas de derechos humanos, así como por su propia legislación interna sobre el particular. Australia reexamina constantemente sus leyes de seguridad y lucha contra el terrorismo para evaluar esas cuestiones frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Se plantean problemas en esa esfera cuando los tribunales deben decidir sobre la concesión de libertad bajo fianza a individuos detenidos en acciones contra el terrorismo. Si bien no se les deniega automáticamente el acceso a la libertad bajo fianza, hay que evaluar en cada caso la amenaza que esos individuos representan. Se están revisando las normas sobre la libertad bajo fianza para que, entre otras cosas, sea posible apelar de las decisiones judiciales de denegación de fianza. Se han celebrado 30 procesos judiciales por delitos relacionados con el terrorismo.
13.La Sra. Nolan (Australia), atendiendo a varias preguntas relacionadas con la pregunta 6 de la lista que se refieren a las estrategias adoptadas para reducir el número desproporcionado de australianos indígenas en conflicto con el sistema de justicia penal, señala que en la respuesta del Gobierno a la lista de cuestiones del Comité se proporciona casi toda la información disponible. En Queensland se estableció en 2002 un tribunal sentenciador especial para delincuentes indígenas conocido como Tribunal Murri. Ese Tribunal está siendo objeto de examen y, en términos generales, los que han intervenido en el proceso han considerado que es un mecanismo eficaz para promover la participación y la integración de la comunidad indígena en el sistema de justicia penal y han observado que dicho Tribunal suele imponer a los sentenciados penas de libertad vigilada con miras a su rehabilitación en lugar de penas de prisión. Se está constituyendo un órgano consultivo nacional para cuestiones indígenas y judiciales a fin de que proporcione asesoramiento especializado en materia de derecho y justicia indígenas.
14.Pasando a las preguntas relacionadas con la pregunta 7 de la lista que se refieren a los esfuerzos para modificar la Ley sobre los títulos de propiedad de los indígenas en sus tierras nativas a fin de mejorar el control central de los casos relacionados con títulos nativos a través de los tribunales federales y propiciar la resolución negociada de las disputas, la oradora dice que se trata de cambios más bien menores y principalmente de carácter institucional. Se han celebrado consultas extensas sobre las enmiendas, que se han publicado también en Internet con el propósito de que se aporten observaciones. Se procura, entre otras cosas, que se opte por la flexibilidad y las soluciones negociadas y no por la vía judicial. En la respuesta que el Gobierno ha dado por escrito a la pregunta 7 se dan más detalles.
15.Respondiendo a las preguntas sobre la reciente Ley que modifica la Ley penal (Fianzas y sentencias), la Sra. Nolan indica que con esa Ley se pretende reducir la influencia del derecho consuetudinario y las prácticas culturales en las etapas de la imposición de fianzas y sentencias. Sin dejar de tener en cuenta las estructuras familiares y comunitarias, se otorga mayor peso a factores tales como los efectos de la libertad bajo fianza en los familiares y testigos, así como a los castigos adicionales que haya impuesto o vaya a imponer la tribu. En ese sentido, se está examinando la respuesta de emergencia del Territorio del Norte para determinar si el programa ha contribuido a reducir los problemas sociales y de justicia penal en esa región. Algunos miembros del Comité también se han interesado en el examen realizado recientemente por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de las medidas para evitar la delincuencia en los indígenas jóvenes con discapacidad intelectual y los problemas de salud mental. Dicho examen subraya la necesidad de mejorar los servicios de salud y comunitarios y la vivienda. En cuanto a la discapacidad en los indígenas, cabe señalar que, en virtud del presupuesto para el nuevo Acuerdo Nacional de Discapacidad, se aumentan los gastos por concepto de discapacidad. Dicho Acuerdo procura coordinar los servicios destinados a la discapacidad que se prestan a nivel del Commonwealth y los estados para garantizar su calidad e innovación. En el caso de los jóvenes indígenas, se hace hincapié en la generación de empleo con el fin de evitar que sean presas de la depresión, la apatía y las actividades antisociales.
16.El Sr. Campbell (Australia), refiriéndose a la pregunta 11 de la lista y la extradición, dice que, para proceder a una extradición, Australia exige que el Estado requirente se comprometa a no imponer la pena de muerte al individuo extraditado y a no ejecutarlo. El Fiscal General, basándose normalmente en la información que le hayan transmitido desde el extranjero los diplomáticos australianos, deberá también estar convencido de que el compromiso del Estado requirente es sólido. Por ejemplo, el compromiso que Singapur contrajo con Australia en la causa McCrea era fiable y McCrea fue enjuiciado y sentenciado por un tribunal de Singapur.
17.En lo tocante a la pregunta sobre la participación de Australia en los abusos cometidos en la cárcel de Abu Ghraib en el Iraq, el orador declara que los militares australianos no participaron ni en la custodia ni en los interrogatorios de los prisioneros allí recluidos.
18.La Sra. Nolan (Australia), en respuesta a la pregunta relacionada con la pregunta 12 de la lista con referencia a la trata de seres humanos, dice que 124 personas han solicitado asistencia de distintos tipos como víctimas de la trata. La Policía Federal ha investigado más de 250 casos de trata de personas denunciados y más de 30 personas han sido acusadas de ese delito. Se otorgan distintos tipos de visados especiales a las víctimas que les permiten permanecer en Australia y las ayudan a llevar a los culpables ante los tribunales. El Ministro competente concede ese tipo de visados a su discreción. También se proporciona asistencia a las víctimas para que regresen a sus países de origen.
19.El Sr. Campbell (Australia) explica que la Ley de extradición prohíbe que una persona sea extraditada, a menos que el Fiscal General esté convencido de que no será objeto de torturas; el compromiso del Estado requirente sobre la no imposición de torturas a la persona extraditada tiene que ser fiable. Lo mismo sucede en el caso de la extradición de una persona de sexo femenino en que exista el riesgo de que se le vaya a practicar una mutilación genital.
20.Varios miembros del Comité se han interesado en la forma en que aplican el Pacto el Gobierno del Commonwealth y los gobiernos estatales y territoriales. En esencia, los estados y territorios deben promulgar las leyes necesarias para que en sus jurisdicciones haya paz, orden y buen gobierno. Es poco probable que esas leyes sean incompatibles con el Pacto pero, en caso de que lo sean, el Commonwealth señalará el problema al estado o territorio de que se trate y, si el problema no se corrige, la ley transgresora será declarada inconstitucional.
21.El Sr. O’ Flaherty dice que subsiste cierta preocupación por la protección efectiva de los derechos humanos en Australia en lo tocante a la pena de muerte. No se entiende por qué razón los compromisos contraídos por los países que solicitan la extradición de ciudadanos australianos son insuficientes en el caso de la tortura, pero suficientes en el de la pena de muerte. El orador insta al Estado parte a que estudie la forma de fortalecer sus leyes y prácticas en materia de extradición a países que apliquen la pena de muerte. En el mismo sentido y con referencia a la cooperación judicial, el propio Juez Finn, en la causa Rush c. Comisionado de Policía, expresó su cautela respecto de la procedencia de la legislación australiana en la esfera de la asistencia policial a Estados que aplicaran la pena de muerte. El orador pide encarecidamente al Estado parte que reconsidere su práctica a ese respecto.
22.El Sr. O’Flaherty no cuestiona la buena fe del Estado parte al ensayar una forma distinta de presentar su quinto informe periódico (respuesta a la pregunta 24), pero celebra que no se trate de un planteamiento inmutable para el futuro.
23.Refiriéndose a la violencia en la familia y el abuso sexual (pregunta 7), el orador pregunta si la violencia sexual contra la infancia se aborda concretamente en las iniciativas comunitarias de protección previstas en el marco del centro del Consejo de Gobiernos Australianos para el intercambio de información sobre los resultados obtenidos para el indígena.
24.La consulta nacional sobre derechos humanos (pregunta 1) constituye una excelente iniciativa de interés internacional y las buenas prácticas que en ella se determinen deberán ser difundidas ampliamente. El único motivo de preocupación a este respecto es el calendario establecido: seis meses parece ser un plazo relativamente breve para todo lo que el Gobierno de Australia espera lograr. El orador indica que se podría tener en cuenta, si es necesario, una ampliación del plazo hacia el final del proceso de consulta.
25.En cuanto a la invocación del Pacto en los tribunales, el Sr. O’Flaherty reconoce la no aplicabilidad inmediata de los tratados internacionales en un régimen de common law como Australia; ahora bien, las normas son distintas en el caso del derecho internacional consuetudinario, al que corresponde gran parte de las disposiciones del Pacto. El orador insta al Estado parte a que estudie la ampliación de la formación judicial para incluir en ella el Pacto.
26.En lo tocante a la comunicación Young c. Australia (respuesta a la pregunta 3), el orador celebra que el Parlamento de Australia haya aprobado la modificación pertinente de la ley, si bien insta encarecidamente al Estado parte a que reconsidere el pago de una compensación al Sr. Young.
27.Para terminar, el orador expresa su agrado ante las estadísticas proporcionadas acerca del Tribunal Murri e indica que sería conveniente que el Estado parte incluyera esa información en las respuestas que presente por escrito en el futuro sobre la lista de cuestiones del Comité.
28.El Sr. Amor pregunta si las minorías de Australia se ven afectadas por declaraciones de odio racial y religioso que constituyan una incitación a la discriminación y la hostilidad y, en caso afirmativo, qué trascendencia tienen esas manifestaciones. Desea sabe asimismo si en Australia existe la islamofobia, y muy particularmente la arabofobia, y, en caso afirmativo, cuál es el alcance de ese fenómeno.
29.Sir Nigel Rodley dice que la prueba jurídica estándar utilizada por los órganos de derechos humanos se refiere a la determinación del riesgo real de que un individuo vaya a ser objeto de tortura y no a las razones fundadas que permitan tener certeza de que un individuo va a ser torturado. Convendrá saber si el origen del texto legal de Australia es jurídico o legislativo. El orador también pregunta si en la práctica la prueba resulta incompatible con la aplicada por los órganos de derechos humanos.
30.En lo tocante a las denuncias de abusos en la cárcel de Abu Ghraib, el orador pide que se le den más detalles sobre cuáles fueron las prácticas de interrogación señaladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe de octubre de 2003; qué parte de esa información el Comandante O’Kane consideró que merecía o no crédito; y cuáles de esas prácticas el Comandante O’Kane estimó que eran compatibles con los Convenios de Ginebra de 1949. También desea saber por qué no se han tenido en cuenta los informes del Coronel Kelly.
31.La disculpa oficial que presentó el Gobierno de Australia a las Generaciones Robadas es un acontecimiento positivo. Ahora bien, el orador se pregunta qué tipo de reparación se ha previsto para las víctimas supervivientes. Agradecería además que se le dieran más detalles acerca de las medidas de seguimiento que se han tomado tras la consulta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en relación con el posible reemplazo de la Comisión para Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres por un órgano más representativo, que goce de mayor legitimidad en la expresión de la voluntad de los pueblos indígenas de Australia.
32.Según se ha informado al Comité, la policía ha hecho uso excesivo de la fuerza e incluso ha empleado “pistolas taser” indebidamente. El orador desea saber en qué medida las directrices federales y estatales sobre el uso de la fuerza se ajustan a las normas de necesidad y proporcionalidad que se enuncian claramente en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados por las Naciones Unidas.
33.La Sra. Majodina celebra la abolición por el Estado parte de la práctica de enviar a los solicitantes de asilo que llegan al país sin autorización a otros países para que allí se realicen sus trámites. Sin embargo, se pregunta cómo Australia compatibiliza la llamada “zona separada de ultramar”, y muy particularmente la Isla Christmas y el centro de detención de alta seguridad allí situado, con su obligación de facilitar siempre el ejercicio de los derechos enunciados en el Pacto en todas las zonas que están bajo su jurisdicción.
34.Refiriéndose a la persistencia de la discriminación racial en el Territorio del Norte, la oradora pregunta por qué el Estado parte ha demorado la adaptación al Pacto de las medidas aprobadas en virtud de la respuesta de emergencia del Territorio del Norte, particularmente en lo que respecta a la discriminación racial.
35.La Sra. Keller da las gracias a la delegación de Australia por las estadísticas preliminares que ha presentado en relación con la violencia contra la mujer, aunque desearía que se proporcionaran estadísticas más detalladas lo antes posible.
36.El Sr. Campbell (Australia) comunica que las cuestiones relacionadas con la extradición, la cooperación judicial y la asistencia policial están en proceso de revisión y agrega que se señalarán a la atención del Gobierno las observaciones del Comité.
37.En lo tocante a la consulta nacional sobre derechos humanos, el orador explica que, si bien el plazo previsto puede parecer relativamente breve, se trata de un proceso intensivo en el que intervienen muchos recursos y modalidades de consulta. La fecha de terminación de agosto ya recoge una prórroga de un mes, pero no habrá ninguna dificultad en ampliar más esa prórroga si es necesario.
38.El Sr. Campbell entiende las preocupaciones del Comité por el caso Young y señalará a la atención de las autoridades competentes las observaciones del Comité.
39.El Sr. Goledzinowski (Australia), refiriéndose al asunto de los compromisos, dice que Australia establece distinciones entre el peligro de tortura y el de pena de muerte porque los Estados que practican la tortura tienden a no reconocerlo, en tanto que los Estados que aplican la pena de muerte suelen ser muy francos al respecto, por lo que se puede considerar que son más confiables en el cumplimiento de sus compromisos.
40.El Sr. Smith (Australia) confirma que las iniciativas comunitarias de protección previstas en el marco del centro del Consejo de Gobiernos Australianos para el intercambio de información acerca de los resultados obtenidos para el indígena abordan la violencia y el abuso en la familia y, en particular, el abuso del niño.
41.La disculpa presentada a las Generaciones Robadas ha sido un primer acto simbólico de enmienda de errores pasados. El Gobierno de Australia está firmemente decidido a seguir ocupándose de las víctimas a través de una serie de iniciativas destinadas a facilitar la reunificación familiar y a eliminar las diferencias entre australianos indígenas y no indígenas. Si bien el Gobierno no tiene planes de proporcionar reparaciones a los supervivientes de las Generaciones Robadas, se pueden presentar individualmente reclamaciones ante los tribunales.
42.Refiriéndose al establecimiento de un órgano indígena nacional representativo, el orador dice que el Gobierno de Australia tiene el firme propósito de dotar a los indígenas de voz en las cuestiones nacionales que les interesen. La primera ronda de consultas emprendida por el Gobierno, en la que la creación de un órgano de ese tipo mereció amplio apoyo, ha sido ampliada a solicitud de los grupos indígenas. Se ha constituido un comité directivo independiente a cargo de la supervisión de la segunda ronda de consultas y se espera que su informe definitivo sea presentado en julio de 2009.
43.La legislación aprobada en virtud de la respuesta de emergencia del Territorio del Norte que de hecho dejó en suspenso la aplicación de la Ley sobre la discriminación racial no ha sido derogada todavía, ya que es necesario velar por que la transición entre las normas antiguas y las nuevas se desarrolle satisfactoriamente. Aparte de introducir enmiendas legislativas en el período de sesiones de la primavera de 2009 del Parlamento con el fin de armonizar la respuesta de emergencia del Territorio del Norte con la Ley sobre la discriminación racial, el Gobierno formulará leyes en el primer semestre de 2009 para garantizar que las personas del Territorio del Norte que estén sujetas al régimen de gestión de los ingresos tengan acceso a todas las posibilidades de ejercer sus derechos de apelación.
44.El Sr. Illingworth (Australia), respondiendo a la pregunta sobre la islamofobia y la arabofobia, dice que el Gobierno de Australia se ha venido preocupando desde hace tiempo por promover una sociedad tolerante y multicultural. El Gobierno anterior estableció un grupo de consulta temporal para la comunidad musulmana a fin de asesorarla y formular recomendaciones acerca de cuestiones relacionadas con acontecimientos internacionales contemporáneos; esas recomendaciones se llevaron posteriormente a la práctica. En diciembre de 2008 el Gobierno actual examinó todos sus programas de relaciones con las comunidades y creó un nuevo Consejo Consultivo Multicultural, integrado por representantes del Gobierno, las comunidades y el sector privado, para que brindara apoyo al Gobierno en la elaboración de programas de diversidad cultural y en la comunicación con el público sobre aspectos pertinentes. El Consejo estudia las cuestiones de diversidad cultural que interesan a todos los australianos, entre ellas la intolerancia y el racismo, y pone de relieve los beneficios de la diversidad. Los miembros del Consejo, entre los que se cuentan tres musulmanes, no fueron seleccionados por su representatividad, sino más bien por su contribución significativa al éxito de una Australia diversa.
45.El Gobierno estableció en enero un nuevo Programa para una Australia diversa orientado a las cuestiones relacionadas con la intolerancia racial e hizo donaciones para dotar de capacidad a pequeñas organizaciones comunitarias. Un componente de ese Programa sobre “nuevos problemas” prevé la asignación de fondos en mayor escala para atender a los problemas de intolerancia racial que a veces surgen en determinadas localidades.
46.El Presidente invita a la delegación de Australia a abordar las preguntas 13 a 24 de la lista de cuestiones (CCPR/C/AUS/Q/5).
47.El Sr. Illingworth (Australia), refiriéndose a la pregunta 13 de la lista de cuestiones, declara que su Gobierno está obligado a proceder a la detención de inmigrantes para velar por la integridad de su programa de inmigración. Se trata de una medida administrativa, sin carácter punitivo o correctivo. Además, el internamiento de inmigrantes en centros de detención es únicamente un recurso extremo que se aplica durante el menor tiempo posible. Se están estudiando otros posibles visados para evitar detenciones indebidas.
48.En la detención de inmigrantes se utilizan algunas opciones flexibles como residencias, alojamientos transitorios y otros tipos de instalaciones, así como la detención comunitaria. Si bien estas opciones requieren el mantenimiento de ciertos niveles de seguridad y la restricción de la libertad, son menos perturbadoras que otras medidas y, por consiguiente, son preferibles al internamiento en centros de detención para inmigrantes.
49.Puesto que el Gobierno ha decidido poner en vigor de inmediato los principios aprobados sobre la detención de inmigrantes, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía ya se está ocupando de su aplicación en las localidades separadas de ultramar, entre ellas la Isla Christmas. En consecuencia, los solicitantes de asilo ahora recibirán asesoramiento con cargo a fondos públicos y podrán pedir el examen independiente de las decisiones desfavorables, además de que sus casos estarán sujetos al control externo del Defensor del Inmigrante.
50.Por otra parte, el 19 de diciembre de 2008 el Ministro de Inmigración y Ciudadanía aprobó la apertura de un nuevo centro de detención en la Isla Christmas destinado a hombres solteros como medida temporal para facilitar las necesidades existentes en materia de tramitación. Dado que se trata de una instalación con un nivel bajo de seguridad, se ha previsto reducir a un mínimo las restricciones en ese lugar.
51.El Sr. Campbell (Australia), para responder a la pregunta 14 de la lista de cuestiones, señala a la atención del Comité los párrafos 114, 115 y 118 de las respuestas presentadas por escrito.
52.En lo que respecta a la pregunta 15, el orador señala a la atención del Comité los párrafos 120 a 122 de las respuestas presentadas por escrito.
53.Refiriéndose a la pregunta 17, el Sr. Campbell dice que la autorización requerida para los abogados por el sistema de seguridad nacional es compatible con el artículo 14 del Pacto, puesto que las medidas vigentes establecen un equilibrio razonable entre la protección de los intereses del Estado y los del acusado en procedimientos penales. Con arreglo a la Ley sobre la información que afecte a la seguridad nacional (procedimientos civiles y penales) de 2004, el Secretario del Departamento del Fiscal General podrá notificar al representante legal del demandado si hay algún aspecto de los procedimientos que requiera la revelación de información potencialmente perjudicial para la seguridad nacional. En ese caso, el representante legal podrá solicitar una autorización de seguridad a través de los canales apropiados.
54.La Sra. Nolan (Australia), respondiendo a la pregunta 18, dice que el Gobierno de Australia y los gobiernos estatales y territoriales se han estado ocupando, tanto de manera conjunta como individual, de mejorar las condiciones de detención y la atención de la salud mental de las personas recluidas. En los Estados y los territorios los servicios correccionales se proporcionan de conformidad con las Directrices Uniformes del Régimen Penitenciario de Australia, que constan de una serie uniforme de principios aplicados en la elaboración de pautas legislativas, normativas y operacionales sobre la práctica correccional. Dichas Directrices establecen que los reclusos que padezcan enfermedades mentales deben recibir servicios de asistencia apropiados, incluidos los psiquiátricos, y deben tener acceso a instalaciones y servicios adecuados de atención terciaria o especializada en caso de trastornos psiquiátricos graves.
55.El Sr. Illingworth (Australia) dice, también con referencia a la pregunta 18, que los nuevos principios sobre la detención de inmigrantes establecen la obligación de mantener detenidos a los inmigrantes durante el menor tiempo posible y permiten mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Es inaceptable la detención indefinida o arbitraria y la duración y las condiciones de detención se han de revisar regularmente. A ese efecto, los funcionarios superiores del Departamento de Inmigración y Ciudadanía realizarán exámenes periódicos trimestrales que serán complementados por exámenes semestrales a cargo del Defensor nombrado para el Commonwealth. En esos exámenes se determinará la pertinencia de la detención de una persona, las disposiciones relativas a su detención y otros asuntos relacionados con dicha detención y la resolución del caso.
56.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía ha concertado memorandos de entendimiento o acuerdos de principio con los departamentos de salud estatales y territoriales con el fin de que en los hospitales se presten servicios de nivel adecuado. Además, sigue supervisando las necesidades generales y de salud mental de todos los inmigrantes detenidos para velar por que los modelos de atención y los recursos sanitarios satisfagan las necesidades.
57.El Sr. Campbell (Australia), respondiendo a la pregunta 19, señala que la inversión de la carga de la prueba prevista en la Ley penal (párrs. 149 a 152 de las respuestas presentadas por escrito) se considera necesaria en la concesión de la libertad bajo fianza a las personas acusadas de delitos de terrorismo para establecer un planteamiento nacional coherente. Si bien no se definen las circunstancias excepcionales que permiten rebatir la presunción denegatoria de la libertad bajo fianza, los tribunales que examinen las solicitudes de libertad bajo fianza deberán ejercer sus facultades discrecionales para determinar si existen tales circunstancias. Para ello, se ha de examinar el fondo de cada caso. Los tribunales han establecido en dos casos la existencia de circunstancias excepcionales con la consiguiente concesión de libertad bajo fianza a los imputados.
58.El Sr. Illingworth (Australia), refiriéndose a la pregunta 20, explica que la aplicación por Australia de sus obligaciones en materia de no devolución de solicitantes de asilo está condicionada por consideraciones de seguridad; con arreglo a las nuevas disposiciones sobre visados que se están estudiando, las decisiones a ese respecto estarán sujetas a revisión judicial. La protección complementaria de los solicitantes de asilo queda a discreción del Ministro de Inmigración y Ciudadanía, pero se han formulado directrices para evaluar las obligaciones en materia de no devolución en el marco de todos los instrumentos internacionales pertinentes. El Gobierno también está estudiando la posibilidad de introducir criterios vinculados a esa evaluación en el sistema vigente de visados de protección, particularmente en lo tocante al derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas. De esa forma se conseguiría un proceso de evaluación transparente, responsable, objetivo y basado en las normas.
59.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía ha introducido varias innovaciones administrativas con el fin de simplificar la tramitación de las solicitudes dirigidas al Ministro de Inmigración y Ciudadanía y velar por que sean evaluadas oportunamente. Además, el Departamento está estudiando las prácticas que siguen otros países y consultando a organismos independientes y grupos interesados importantes para que el sistema de protección sea más eficaz.
60.En cuanto a la posibilidad de que la detención de inmigrantes se prolongue por más de dos años, eso puede ocurrir en casos muy contados, según el riesgo que se perciba. Sin embargo, tales casos están sujetos a un riguroso y constante examen. Por otra parte, el Ministro de Inmigración y Ciudadanía ha anunciado hace poco algunas medidas que fortalecerán el mecanismo de examen y supervisión existente, particularmente mediante la remisión al Defensor del Inmigrante de casos en que la detención se haya prolongado más de seis meses. Los funcionarios de inmigración deben tener motivos muy claros de seguridad para proceder a la detención de un inmigrante y deben tener en cuenta todas las posibilidades de otorgarle un visado. Los pocos no nacionales que están en detención prolongada presentan riesgos de reincidencia en el incumplimiento de las condiciones de sus visados.
61.En tanto el Gobierno adopta una decisión, las solicitudes relacionadas con las obligaciones en materia de no devolución contraídas en virtud de tratados distintos de la Convención sobre los Refugiados seguirán siendo sometidas a la consideración del Ministro de Inmigración y Ciudadanía.
62.La Sra. Nolan (Australia), respondiendo a la pregunta 21, dice que la Constitución de Australia garantiza la libertad religiosa y que la Ley sobre la discriminación racial de 1975 prohíbe la denigración por motivos de raza, color u origen nacional o étnico. Su Gobierno está firmemente decidido a garantizar que todos los australianos puedan profesar su religión y expresar sus creencias sin ser objeto de intimidación o injerencia alguna.
63.El Gobierno de Australia ha emprendido varias iniciativas que responden a las recomendaciones contenidas en el informe titulado Ismaع — Listen. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos ha puesto en marcha un proyecto de asociación de la comunidad y la policía destinado a fomentar la cooperación entre la policía y las comunidades musulmanas; asimismo, la Comisión ha iniciado un proyecto titulado “Freedom of Religion and Belief in the Twenty-First Century” (Libertad de religión y de credo en el siglo XXI).
64.En relación con la pregunta 23, la oradora señala que las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos tercero y cuarto de Australia fueron distribuidas a los estados y territorios del Commonwealth, así como a los departamentos interesados del Commonwealth; el quinto informe periódico de Australia ha sido difundido de la misma forma y presentado también al Parlamento Federal para su discusión.
65.La Comisión Australiana de Derechos Humanos, por su parte, tiene el mandato oficial de promover la comprensión, la aceptación y el debate público de los derechos humanos en Australia; su sitio web ofrece información detallada acerca de la legislación interna relativa a los derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos en los que Australia es parte. Australia también cuenta con una robusta y activa comunidad no gubernamental que proporciona al público y al Gobierno y los funcionarios públicos información vital sobre cuestiones de derechos humanos.
66.En lo tocante a la metodología utilizada para preparar los informes (pregunta 24), la Sra. Nolan destaca que Australia ha sido uno de los primeros países que ha presentado un informe con arreglo a las directrices armonizadas; por consiguiente, dicho informe se ha preparado de forma que constituya un anexo de su documento básico común (HRI/CORE/AUS/2007) y no para que se le considere como un informe unificado. Ahora bien, la observación del límite de páginas establecido y la presentación de información actualizada han planteado algunas dificultades. El Estado parte no tiene ningún empeño en mantener ese formato y tomará debidamente en cuenta las opiniones del Comité en la preparación de los informes futuros.
67.El Sr. Bhagwati pide, en relación con la pregunta 13, que se le proporcionen más detalles sobre cómo los cambios propuestos en la política de asilo e inmigración influirán en la detención de los inmigrantes ilegales y pregunta si la nueva política está sujeta a examen. Pide asimismo que se aporten más datos sobre los procedimientos que se siguen para tramitar las llegadas no autorizadas de embarcaciones, entre otros lugares, en la Isla Christmas. Además, desea saber cuáles son los porcentajes y categorías de las personas detenidas en la Isla Christmas que por plantear cuestiones de protección reciben asistencia con cargo a fondos públicos.
68.Refiriéndose a la pregunta 16, el orador pregunta cuántas veces ha ordenado el Gobierno el pago de una indemnización por hechos de detención, prisión y condena injustificados y cuál ha sido la base para el pago de esa indemnización a las víctimas.
69.El orador también desea saber: cuántos casos atienden el Defensor del Inmigrante y la Comisión Australiana de Derechos Humanos en un año; si son vinculantes para el Gobierno las recomendaciones de dichas entidades; si no lo son, qué porcentaje de esas recomendaciones ha sido rechazado; y si se suelen indicar explícitamente los motivos del rechazo.
70.La Sra. Keller, refiriéndose a la pregunta 19 de la lista de cuestiones, pregunta qué fundamentos, como los relacionados con la carga de la prueba, han utilizado los jueces para justificar la concesión de libertad bajo fianza a personas imputadas de delitos de terrorismo. Dado que el acceso de la persona imputada de un delito de terrorismo a las pruebas en poder del Estado parte es limitado, la oradora se pregunta cómo cabe esperar que esa persona tenga una posibilidad razonable de demostrar la existencia de circunstancias excepcionales que le permitan obtener la libertad bajo fianza. La oradora pide, por lo tanto, que se le proporcione más información sobre los casos mencionados en que se otorgó la libertad bajo fianza.