37° período de sesiones

Acta resumida de la 763ª sesión (Sala A)

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 19 de enero de 2007 a las 10.00 horas

President a:Sra. Simms (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Sexto informe periódico del Perú

En ausencia de la Sra. Šimonović, la Sra. Simms (Vicepresidenta) ocupa la Presidencia .

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas .

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Sexto informe periódico del Perú (CEDAW/C/PER/6 , CEDAW/C/PER/Q/6 y Add.1)

1.Por invitación de la Presidenta, la delegación del Perú toma asiento en la mesa del Comité.

2.La Sra. Zapata (Perú), presentando el sexto informe periódico de su país, señala a la atención de los miembros del Comité un suplemento que se ha distribuido en la sala de reuniones y dice que el Gobierno del Perú ha tomado diversas medidas para promover los derechos de la mujer, de conformidad con la Convención y con las recomendaciones que el Comité hizo en 2002. En enero de 2007 se promulgó la Ley No. 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que incrementa las penas aplicables a los infractores y da apoyo para la atención y reinserción de las víctimas; se remitió al Congreso un proyecto de ley encaminado a reforzar las disposiciones de la Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual en casos de abuso contra trabajadoras del hogar; se promulgó la Ley No. 28927 respecto de la incidencia en políticas de equidad de género del presupuesto del sector público para 2007; y, en virtud de la Ley No. 28867, se ha tipificado la discriminación como delito.

3.El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha encabezado las iniciativas de empoderamiento de la mujer por conducto de nuevos mecanismos institucionales que han prestado especial atención a la integración de todos los grupos étnicos y a la lucha contra la exclusión social. El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010 define la discriminación contra la mujer y establece metas para erradicarla. La Ley general de educación (Ley No. 28044) de 2003 establece el trato igual en materia de educación para niños y niñas mientras que, en virtud del Acuerdo Nacional de 2002, se da prioridad a la igualdad de oportunidades para las mujeres mediante medidas de acción afirmativa.

4.En consecuencia, el Gobierno ha implantado políticas de género en los Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Interior, Justicia y Agricultura y en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En la Ley No. 28720, se autoriza la inscripción en el registro de los hijos nacidos fuera del vínculo matrimonial con el apellido del padre y de la madre. De conformidad con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, se han tomado medidas estratégicas para erradicar la discriminación contra la mujer. En virtud de una resolución aprobada por el Ministerio de Educación en 2005 en la que se establecen metas de igualdad entre los géneros, se ha suprimido el requisito de presentar una partida de nacimiento para matricular a los niños en las escuelas.

5.En referencia al tema de la violencia, dice que se ha implantado un plan nacional para la prevención y el tratamiento de la violencia familiar y los abusos sexuales; en la actualidad el Congreso está examinando un proyecto de ley para otorgar fuerza de ley al segundo Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones y una propuesta para ampliar los procedimientos de presentación de informes contemplados en la Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. En virtud de la Ley No. 28704 se han establecido penas más rigurosas para los delitos sexuales cometidos contra niños, incluida la cadena perpetua, mientras que la Ley No. 28251 de 2004 establece penas para los delitos contra la libertad sexual, incluidos, por primera vez, los usuarios y proveedores de publicaciones perjudiciales para los menores de edad.

6.A fin de garantizar el desarrollo y el avance plenos de las mujeres, y de conformidad con el artículo 3 de la Convención, se han creado diversos mecanismos institucionales, entre ellos 19 consejos y comisiones para la mujer en los gobiernos regionales y tres observatorios regionales en otros tantos departamentos. Se han promulgado, a modo de medidas especiales de carácter temporal, cuatro leyes de cuotas de género para garantizar la representación de las mujeres en las candidaturas a los órganos de gobierno de partidos políticos, consejos regionales, autoridades municipales y el Congreso. Con el sistema de cuotas resultante, el número de mujeres elegidas representantes para el Congreso ha aumentado a 13 en 2006; ha habido mujeres a cargo de la Presidencia del Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Instituto Nacional Penitenciario. Además, en los 190 comités provinciales de gestión de los programas de complementación alimentaria participan mujeres dirigentes de organizaciones sociales de base. Se han nombrado ministras o viceministras de Estado en varios ministerios y, en el ámbito internacional, 68 mujeres han recibido nombramientos para puestos del servicio diplomático.

7.El Gobierno ha tomado diversas medidas para modificar los patrones de conducta social y cultural mediante la capacitación en materia de salud reproductiva, asuntos de género e interculturalidad, que se han orientado principalmente a la población quechua, aymara y ashaninka, y para combatir los estereotipos, en particular mediante las actividades de los centros de educación y del Programa Nacional Wawa Wasi. Se han creado centros de recepción en tres departamentos para acoger a víctimas de explotación sexual y se han creado bases de datos, bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, para dar seguimiento a los casos de trata de personas; desde 2002 funcionan hogares de refugio temporales para niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales. Señala que, a ese respecto, el Perú ha ratificado el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil.

8.El Gobierno ha aplicado una política de tolerancia cero respecto de la violencia contra las mujeres y las niñas. Además, ha tomado medidas para reforzar los servicios que se presta a las víctimas en los Centros Emergencia Mujer, las 12 comisarías de mujeres y otros servicios conexos, con la asistencia de redes de voluntarios, como parte de un sistema nacional de prevención de la violencia y de atención a las víctimas. En particular, menciona la asistencia que ha brindado Bélgica al Departamento de Ayacucho a fin de incrementar la independencia económica de las víctimas de violencia familiar y abuso sexual y, de esa manera, darles la posibilidad de salir del ciclo de violencia.

9.Las mujeres gozan de los mismos derechos de nacionalidad que los hombres y no pierden su ciudadanía peruana al contraer matrimonio con un extranjero. Tienen las mismas oportunidades en materia de enseñanza: en el período comprendido entre 2000 y 2004, el promedio de estudios de las niñas ha alcanzado los 11 años en la costa y los 7 años en el resto del país. La proporción de mujeres sin estudios de 15 a 45 años de edad ha disminuido un 1% para llegar al 4%, con excepción de las zonas rurales, donde alcanza el 9%. Sin embargo, la tasa de asistencia escolar de las niñas de los dos grupos étnicos amazónicos (quichua y awajun) ha mejorado un 6% gracias al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, en virtud del cual esas comunidades recibieron educación bilingüe e intercultural. En el ámbito laboral, se ha proporcionado empleo temporal al 27% de las mujeres jefas de hogar y se han construido o reactivado varias guarderías públicas y privadas; además, se ha elaborado un proyecto de ley de paternidad compartida. Ha mejorado la representación de las mujeres en el mercado de trabajo, aunque su ingreso sigue siendo un 30% inferior al de los hombres.

10.Se están reforzando las políticas de atención de la salud sexual y reproductiva por conducto de un plan estratégico cuyo objetivo es reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, en particular mediante la creación de centros de atención prenatal en zonas rurales y la contratación de más de 2.000 técnicos de sanidad de maternidad. En 2004 se dio seguro integral de salud a aproximadamente un millón y medio de gestantes y tres millones de niños de hasta 4 años de edad; en zonas rurales, el 91% de las gestantes tuvo control prenatal. Se ha elaborado un módulo para educadores para la promoción de la salud sexual y reproductiva entre trabajadores jóvenes y niños de la calle en que se presta especial atención a la prevención del embarazo. Continúa la distribución de píldoras anticonceptivas, sin costo, especialmente en hospitales. Se ha adoptado un enfoque de derechos para la lucha contra la pandemia del VIH/SIDA en el contexto de la lucha contra la pobreza. Se considera que el acceso al tratamiento retroviral guarda relación con el derecho a la salud; se ha avanzado en la implementación del “tamizaje” para gestantes en instituciones de atención de la salud y centros penitenciarios.

11.En cuanto a los derechos económicos, los programas estatales de apoyo a la pequeña empresa están incorporando el enfoque de género y orientando más recursos a las mujeres empresarias. Ha aumentado de un 4% a un 25% el número de mujeres propietarias de tierras en zonas rurales, mientras que las mujeres rurales e indígenas en situación de pobreza o pobreza extrema reciben asistencia mediante diversos programas y políticas específicos. Por otra parte, entre 2004 y 2006, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, se ha condecorado a 13 destacadas mujeres de zonas rurales con la Orden al Mérito de la Mujer.

12.Se ha llevado adelante una iniciativa nacional concertada para mejorar los derechos civiles de las mujeres: durante los dos últimos años se ha logrado documentar a unas 60.000 mujeres, que han recibido sus partidas de nacimiento gratuitas en 600 municipalidades. En el año en curso se ha proyectado la meta de 100.000 mujeres adultas documentadas. En conclusión, la oradora reafirma la determinación del Gobierno del Perú de colocar los derechos de la mujer en el centro de la política pública para asegurar su debida participación en las instancias del poder, en su convicción de que el empoderamiento de la mujer y el pleno ejercicio de sus derechos permitirá que el país logre un desarrollo humano con equidad y justicia.

Artículos 1 a 6

13.La Sra. Schöpp-Schilling felicita al Gobierno del Perú por su oportuno informe. Expresa su reconocimiento por la ratificación del Protocolo Facultativo y pide al Gobierno que acepte la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención. Pregunta si la referencia constitucional a las diferencias sexuales que se menciona en el informe se aplica solo al trato desigual entre hombres y mujeres o si la prohibición se extiende también a la discriminación basada en la orientación sexual. Hace hincapié en que las medidas especiales de carácter temporal no deberían considerarse discriminatorias y se pregunta si en las cuatro leyes de cuotas de representación, que acoge con agrado, se ha aclarado la relación jurídica entre la prohibición de la discriminación y la adopción de esas medidas.

14.No todas las medidas expuestas por la delegación corresponden a la categoría de medidas especiales de carácter temporal: la recomendación general No. 25 del Comité podría ser una buena orientación a ese respecto. La oradora desea saber si se consideran equivalentes los términos “equidad” e “igualdad” que aparecen en el informe y en las respuestas; en su opinión, el segundo significa igualdad ante la ley y el primero se refiere al trato justo, pero no necesariamente a la igualdad de derechos. Señala que en las respuestas (CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1, pág. 22) se menciona la “propia cosmovisión indígena”; esa cosmovisión podría entrar en conflicto con los principios establecidos en la Convención, en particular con el párrafo a) del artículo 5, y dar paso a una forma indeseable de relativismo cultural en virtud del cual los derechos de grupos tendrían preeminencia sobre los derechos individuales.

15.La Sra. Pimentel recuerda que en 2002 el Comité instó al Gobierno a enjuiciar y sancionar con severidad a quienes perpetraran actos de violencia contra mujeres y a realizar campañas para lograr que esa violencia resultara inaceptable para el conjunto de la sociedad. Desea saber qué leyes se han promulgado para proteger a la mujer del delito de violencia familiar y para castigar a los infractores. Según un estudio realizado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud en varios países, el 23% de las habitantes de Lima y el 47% de las que viven en Cusco habían denunciado agresiones perpetradas por sus parejas; el 15% de las habitantes de Lima y el 28% de las de Cusco habían sufrido agresiones físicas durante la gestación. El Comité agradecería información sobre las medidas adoptadas para hacer cumplir las leyes y políticas del Estado y para hacer frente al problema de la impunidad, así como sobre los mecanismos existentes para mantener un registro de los casos de violencia sexual y familiar y darles seguimiento.

16.El Sr. Flinterman reconoce los esfuerzos del Estado Parte por promover la igualdad de jure de la mujer pero se pregunta si han dado frutos en la práctica y subraya que la Convención pide a los Estados Partes que aseguren la igualdad sustantiva de la mujer. A ese respecto, se refiere a la definición del objeto y fin de la Convención, enunciada por el Comité en su recomendación No. 25. Celebra que el Estado Parte haya ratificado el Protocolo Facultativo, pero observa con preocupación que el Estado Parte no ha dado cumplimiento al dictamen del Comité de Derechos Humanos respecto del caso Llantoy Huamán c. Perú, que se refería a la negativa a realizar un aborto terapéutico. Recuerda que la ratificación conlleva la obligación moral de poner en práctica las recomendaciones del órgano de derechos humanos ante el que se haya presentado una comunicación.

17.Preocupa al orador la disponibilidad de recursos judiciales para las mujeres cuyos derechos sean infringidos y se pregunta si las mujeres pueden acceder fácilmente al sistema de justicia, si el costo es un factor y, de ser así, si se ofrece asistencia judicial. Pregunta si las mujeres indígenas tienen ese acceso y, en particular, si se ofrecen servicios de traducción para ellas. Las respuestas por escrito de la delegación describen diversos casos tratados por la Defensoría de los Derechos de la Mujer, pero el orador quisiera saber si las víctimas cuyas denuncias no reciben un veredicto favorable pueden apelar la decisión ante tribunales ordinarios. Le preocupa también que, según datos que ha recibido, los jueces peruanos sean renuentes a usar como referencia los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y pregunta si los jueces y abogados reciben formación en las disposiciones de la Convención y otros instrumentos internacionales.

18.La Sra. Neubauer celebra el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la atención que presta el Estado Parte a la igualdad entre los géneros, así como la formulación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones. Pregunta si se ha hecho alguna evaluación de los recursos necesarios para aplicar y evaluar el Plan y pide datos sobre las asignaciones presupuestarias del Viceministerio de la Mujer para 2006 y de los programas relacionados con el género y sobre los incrementos previstos para 2007. También agradecería recibir más información sobre el número de funcionarios que prestan servicio en el Viceministerio y en los programas relativos a las mujeres y sobre las fuentes de financiación de apoyo disponibles para ejecutar el Plan.

19.La Sra. Dairiam dice que en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones están claramente reflejados los instrumentos internacionales, incluida la Convención. Sin embargo, le preocupan algunos de los términos utilizados en la redacción de los principios rectores del Plan, entre ellos “equitativo”, “igualitario” y “equidad” y subraya que la Convención hace referencia a la igualdad de derechos. El Estado Parte tiene la obligación de exponer con claridad su intención de promover la plena igualdad de facto y de eliminar todas las formas de discriminación, ya sean directas o indirectas.

20.La oradora pregunta si en el plan figuran indicadores específicos para evaluar si la igualdad de oportunidades de jure está generando igualdad de facto para las mujeres; si contiene medidas para eliminar la discriminación directa e indirecta en todos los niveles de gobierno y en la sociedad, tanto en el ámbito público como en el privado; si contempla el uso de medidas especiales de carácter temporal para ayudar a la mujer, como recursos especiales de financiación y becas, y si prevé la recopilación de datos desglosados por sexo. La delegación debería indicar si el Plan se va a coordinar con los otros muchos planes nacionales para que haya un planteamiento sistemático de la promoción de los derechos de la mujer. Por último, a falta de una ley específica relativa a la igualdad entre los géneros, pregunta qué mecanismos jurídicos existen para apremiar a los ministerios del Gobierno a que alcancen la plena igualdad entre los géneros y qué sanciones, de haberlas, se pueden imponer de no cumplirse ese objetivo.

21.El Sr. Chávez (Perú), refiriéndose a las prácticas tradicionales, explica que el artículo 149 de la Constitución permite a las comunidades de agricultores e indígenas aplicar el derecho consuetudinario en su territorio siempre que ello no viole los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, no se puede utilizar el derecho consuetudinario para transgredir las garantías básicas de los derechos humanos. Respecto del cumplimiento de las recomendaciones de los órganos internacionales, dice que, en la práctica, ese cumplimiento depende del nivel jurisdiccional del órgano en cuestión, aunque en principio su Gobierno coopera plenamente con este tipo de instituciones. Se considera, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene carácter jurisdiccional, los órganos encargados de la supervisión de tratados de las Naciones Unidas tienen carácter cuasi-jurisdiccional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es plenamente jurisdiccional.

Algunas de las recomendaciones plantean problemas de aplicación, pero ello no disminuye en modo alguno el compromiso de su Gobierno para con los derechos humanos. Se han examinado minuciosamente todas las recomendaciones a fin de encontrar una solución práctica. En algunos casos, hay mecanismos bilaterales de seguimiento; en el caso a que ha hecho referencia el Sr. Flinterman, el orador tiene la seguridad de que se llegará a una solución práctica que será conforme al espíritu de la recomendación del Comité de Derechos Humanos.

La Sra. Zapata (Perú) dice que la terminología utilizada en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones no debería ser motivo de preocupación. Es evidente que el objetivo del Plan es lograr la auténtica igualdad y el pleno empoderamiento y desarrollo de las mujeres y que desempeñen el papel que les corresponde en todos los niveles de la sociedad mediante la completa eliminación de todas las formas de discriminación que les afectan. Obviamente, no basta con promulgar leyes; hay que ponerlas en práctica y destinarles los recursos necesarios. Todas las instancias de gobierno nacional, regional o local tienen la responsabilidad de asignar recursos a los asuntos de género, elaborar indicadores para medir los progresos y recopilar datos precisos desglosados por sexo. Subraya que han aumentado los fondos destinados a asuntos de la mujer. Se está haciendo todo lo posible por coordinar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades con otros planes nacionales, así como con los planes de desarrollo regionales y locales, con el fin de crear en todos los niveles de la sociedad una mentalidad sensible a los asuntos de género que tenga en cuenta las necesidades de la mujer, expresadas por las representantes de sus comunidades locales. El Plan Nacional contiene los datos de referencia que deben usarse para medir los progresos hacia el cumplimiento de sus objetivos. A partir de 2007, los observatorios de asuntos de la mujer, en los que participarán representantes del gobierno y la sociedad civil, cuantificarán la consecución real de la igualdad entre los géneros. También se están elaborando normas para asegurar la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

La oradora está de acuerdo en que las cifras relativas a la violencia contra las mujeres son trágicas, en que a menudo no se hace verdadera justicia a las víctimas y en que las penas con que se castiga a los agresores, si llegan a imponerse, son leves. Esos hechos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la capacitación y la sensibilización en asuntos de género en la administración pública y en la sociedad civil con el fin de establecer una política de tolerancia cero respecto de todas las formas de violencia contra las mujeres. Todos los niveles de gobierno están trabajando, con la asistencia de asociados internacionales, para promover el reconocimiento de la difícil realidad de las mujeres víctimas de esa violencia y satisfacer sus necesidades, incluso en materia de atención de la salud y rehabilitación, y para alentarlas a dar a conocer su situación. En ese sentido, confirma que la violencia basada en la orientación sexual también es un delito punible.

En relación con el acceso a la justicia, las mujeres tienen derecho de presentar denuncias y a aprovechar la asistencia jurídica gratuita que ofrecen el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia (en particular la Defensoría de los Derechos de la Mujer) y el Colegio de Abogados. Aunque las mujeres indígenas se enfrentan a la barrera del idioma, cada vez hay más servicios de traducción disponibles. Algunas tribus amazónicas están tomando medidas para ayudar a sus miembros a recurrir el sistema de justicia y hay más indígenas que han recibido formación jurídica. En cuanto a la renuencia de los jueces a utilizar los instrumentos internacionales como referencia, reconoce que es necesario corregir esa mentalidad mediante la capacitación continua y la información respecto del derecho y la obligación que tienen los jueces de tomar en consideración esos instrumentos.

La Sra. Schöpp-Schilling agradece la información sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas, en virtud del artículo 149 de la Constitución, de aplicar el derecho consuetudinario siempre que no se violen los derechos fundamentales de la persona. Aun así, pregunta si la concepción que tienen los pueblos indígenas de las relaciones de equidad entre los géneros es, en efecto, compatible con las disposiciones de la Constitución y de la Convención.

La Sra. Shin pregunta qué medidas se han tomado para rehabilitar a las mujeres que, en décadas pasadas, fueron víctimas del movimiento insurgente Sendero Luminoso. La investigación, el enjuiciamiento y la indemnización son cruciales para seguir erradicando de la sociedad la violencia contra las mujeres. ¿Tiene en cuenta la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres que se produjeron durante el conflicto armado, como la tortura, las desapariciones forzadas, la esclavitud y el embarazo, el matrimonio y la esterilización forzados, o sus investigaciones se limitan a las violaciones? Agradecerá que se le presente información respecto de la situación actual de esas investigaciones, incluido el número de casos en que se han incoado procesos.

La Sra. Gabr observa complacida que en el informe se presta una atención considerable a las recomendaciones previas del Comité. Sin embargo, decir que la situación relativa a la violencia contra las mujeres “no es buena” es, sin duda, un eufemismo, ya que de hecho es extremadamente grave y obstaculiza las demás iniciativas del Gobierno por mejorar la situación de las mujeres. Las medidas legislativas y de otro tipo siempre serán insuficientes si no hay un esfuerzo concertado por sensibilizar a la opinión pública, sobre todo en las zonas rurales. También es vital hacer más estricta la tipificación como delito de todas las manifestaciones de violencia contra la mujer, incluido el incesto. La delegación podría aportar información sobre la función que desempeña la iglesia católica en ese tema. Le preocupa también que las habitantes de zonas urbanas y rurales tengan igual acceso a recursos jurídicos.

La Sra. Saiga pide más información sustantiva sobre la nueva legislación peruana contra la trata de personas y sobre la situación de las mujeres adultas víctimas de ese delito.

La Sra. Zapata (Perú) dice que la situación en conjunto se complica por el hecho de que en el Perú conviven nada menos que 72 etnias y 14 grupos lingüísticos diferentes, cada uno de los cuales requiere un enfoque específico. Sin embargo, no se hacen excepciones respecto de la igualdad entre los géneros, lo cual incluye las leyes comunitarias. El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones prevalece sobre todos los demás en cuanto a la concreción de los derechos de la mujer; en la actualidad el Congreso examina un proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades.

En relación con la financiación, la asignación presupuestaria del Viceministerio de la Mujer ha aumentado un 16% en 2007, aunque sigue siendoinsuficiente. Es de esperar que los donantesinternacionales y la sociedad civil sigan complementando los recursos actuales. En la actualidad trabajan en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social unos 4.000 funcionarios y el Viceministerio de la Mujer percibe el 25% de los recursos.

La violencia contra las mujeres está enquistada en todos los niveles de la sociedad y requiere una respuesta concertada tanto en el ámbito local como en el nacional. Se está abordando como asunto prioritario del Estado y se están haciendo progresos evidentes, si bien con lentitud. Se ha creado un fondo social especialmente orientado al problema de la violencia; las empresas de minería han hecho contribuciones a ese fondo por valor de unos 500 millones de soles. La oradora desea destacar que el Perú es un Estado laico, aunque la influencia moral de la iglesia católica es fuerte. La tipificación como delito de las infracciones de los derechos de las mujeres debe estar regida por la ley.

Las campañas de sensibilización nacional se extienden ahora a zonas rurales remotas y en los dos últimos años se han centrado en las comunidades indígenas de las zonas marginales andina y amazónica. Sin embargo, para erradicar por completo la violencia contra la mujer es necesario conseguir la colaboración de los 24 departamentos del Perú. Complace a la oradora anunciar que noviembre de 2006 ha sido declarado mes de la no violencia contra las mujeres en el Perú, con la participación activa de los medios de comunicación.

El Sr. Chávez (Perú) dice que se están llevando a cabo campañas de sensibilización para atacar el origen cultural de la renuencia de las mujeres a denunciar actos de violencia. El Estado no tiene una presencia homogénea en todo el país, pero los programas llegan cada vez más a las zonas indígenas remotas. Respecto del delito de incesto, dice que está contemplado en las sanciones que el Perú enumeró en sus respuestas por escrito (CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1). Si la víctima es menor de edad, la pena máxima fijada por el ordenamiento jurídico del país es la cadena perpetua.

La Sra. Pimentel dice que, según fuentes no gubernamentales, el execrable delito del incesto está mucho más extendido en el Perú de lo que sugieren los datos oficiales. En una encuesta de reclusos condenados por violación se llegó a la conclusión de que los condenados no tenían conciencia de haberles hecho algo malo a sus hijas. ¿Qué está haciendo la iglesia católica para que se cobre más conciencia de este problema?

Artículos 7 a 9

El Sr. Flinterman, observando que se ha aprobado una nueva ley por la cual se exige a las organizaciones no gubernamentales que reciban financiación externa que presenten informes de sus actividades al Gobierno, pregunta qué efectos podría tener esta medida en el ejercicio por la mujer de su derecho a participar en organizaciones no gubernamentales, de conformidad con el artículo 7 c) de la Convención. Respecto del artículo 9, le preocupa que en el párrafo 88 del informe se reconozca que una cantidad relativamente regular de mujeres no se encuentre registrada y, por ende, no cuente con nombre y nacionalidad en términos formales. Desde el punto de vista jurídico, esas mujeres tal vez no sean nadie, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, son seres humanos. ¿Qué se está haciendo para acelerar su registro, particularmente en las zonas rurales más remotas?

La Sra. Neubauer ve con agrado que se ha avanzado en cuanto a la participación política de la mujer, en particular en el Congreso y en el Gobierno. En referencia al párrafo 70 del informe, que contiene información sobre las mujeres y la Fiscalía, dice que da por supuesto que su inclusión en el apartado “Participación política” se debe a un descuido y que la participación en el sistema judicial no se considera una forma de participación política. Es motivo de preocupación el hecho de que la mayoría de las mujeres fiscales se concentren en cuestiones de derecho de familia, lo cual refuerza el estereotipo de asociar a las mujeres con las funciones de cuidado y atención. En el próximo informe, le gustaría recibir más información sobre la participación de la mujer en el sistema de justicia, incluido un desglose de cifras en todos los niveles del sistema.

La Sra. Coker-Appiah encomia también con agrado los avances en cuanto a la participación política de la mujer, pero solicita más información sobre la participación en la administración pública, la judicatura y otros ámbitos del sector público. Esa información debería estar desglosada por etnia para reflejar con exactitud la situación de todas las mujeres del Perú. Refiriéndose a la cuestión de la nacionalidad, pregunta si las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a transmitir la nacionalidad a sus hijos y si los hijos de las mujeres que no están inscritas en el registro pueden heredar de ellas la nacionalidad. Si ese no fuera el caso, deberían tomarse medidas para corregir esa situación lo antes posible. También desea saber si los esposos extranjeros de peruanas tienen los mismos derechos de residencia y nacionalidad que las esposas extranjeras de peruanos.

La Sra. Shin abunda en la preocupación del Sr. Flinterman respecto del registro obligatorio de las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación externa. La sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de mujeres, desempeñan una función crucial en la aplicación de la Convención y en la divulgación de información conexa. Por lo tanto, los Gobiernos deben trabajar en asociación con las organizaciones no gubernamentales y no restringir sus actividades.

En vista de que la introducción de cuotas ha incrementado el número de mujeres representantes en el Congreso, propone que se establezcan metas similares de representación de mujeres, con plazos de cumplimiento, para la judicatura y la administración. En particular, se deberían establecer metas específicas respecto del número de mujeres que ocupen puestos en las instancias del poder. Solicita datos estadísticos sobre el número de mujeres que en la actualidad ocupan puestos de este tipo en el Gobierno y en la judicatura y sobre el número de mujeres fiscales y jueces que trabajan en tribunales de todos los niveles, incluida la Corte Suprema. El Comité también desea saber qué medidas tiene previsto tomar el Estado Parte para que esas cifras aumenten. Por último, pregunta si existen en los ministerios de Gobierno comisiones en las que puedan participar representantes de la sociedad civil y, en la afirmativa, cuál es su situación actual. Esas comisiones podrían servir de medio para estimular la participación de las mujeres en la vida política.

La Sra. Zapata (Perú) dice que desde hace tiempo se pide a las organizaciones no gubernamentales que se inscriban en un registro. Lo único que se pretende con la nueva ley es hacer más transparente el proceso. Respecto del asunto de la nacionalidad, el censo de 2005 confirmó que más de 1 millón de personas carecía de documentos de identidad. Si una mujer no tiene documentación para demostrar que tiene nacionalidad peruana, sus hijos no pueden heredar la nacionalidad. La falta de documentos de identidad dificulta el goce de muchos otros derechos básicos, como el derecho a la educación.

El Gobierno se propone solucionar el problema con un plan mediante el cual se proporcionarían documentos de identidad a todas las mujeres en cinco años. Además, a fin de reducir el número de personas indocumentadas (en la actualidad no se inscribe un 6% de los nacimientos), el Gobierno tiene previsto introducir el registro de nacimiento gratuito. Cada persona recibirá un código de identidad único que simplificará los procedimientos administrativos durante el resto de su vida. Se realizarán campañas ambulantes en las zonas donde reside un mayor número de personas indocumentadas.

La oradora coincide en la importancia de contar con estadísticas completas sobre el número de mujeres que ocupan puestos en las instancias del poder. El Gobierno está trabajando para mejorar la recopilación de datos. El cargo de Fiscal General ha sido asignado a mujeres en dos ocasiones. Las cuotas de género se están haciendo extensivas a los gobiernos regionales y locales. También se alienta a las mujeres a participar en mesas redondas intersectoriales a nivel local en las que participan la sociedad civil, sindicatos, colegios profesionales, municipalidades y medios de comunicación.

El Sr. Chávez (Perú) dice que, de conformidad con la Constitución, la inscripción en el registro es un criterio secundario para el reconocimiento de la nacionalidad peruana, siendo el criterio primario el lugar de nacimiento. El hecho de que no se inscriba al nacido en el registro no invalida su derecho a la nacionalidad. Los padres peruanos, incluso los que han emigrado, tienen derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos. Se está reforzando la red de consulados del Perú en el extranjero a fin de prestar asistencia a los emigrantes peruanos en esos asuntos. Todos los cónyuges extranjeros de ciudadanos peruanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, independientemente de su sexo.

La Sra. Coker-Appiah pregunta si los nacidos en el Perú tienen automáticamente nacionalidad peruana o si es necesario que uno de los padres tenga también nacionalidad peruana para transmitirla.

El Sr. Chávez (Perú) dice que todos los nacidos en el Perú tienen automáticamente nacionalidad peruana. Los nacidos en el extranjero de padres peruanos que no tengan documentos de identidad también se consideran peruanos; el problema se limita solamente a la inscripción en el registro y se puede solucionar por la vía administrativa.

Artículos 10 a 14

La Sra. Pimentel pregunta qué medidas está tomando el Gobierno para prestar completos servicios de salud reproductiva, incluido el acceso a servicios de planificación familiar y anticoncepción, para todas las mujeres, en especial las de más bajo nivel educativo y las de zonas rurales. El Comité también desea saber cómo hace valer el Gobierno la responsabilidad de quienes prestan servicios de salud en casos de violencia física o psicológica o de discriminación contra las mujeres en el ámbito de la atención de la salud y qué medidas se están tomando para mejorar la calidad de esos servicios. Pregunta si ha habido iniciativas para que la mujer tenga mayor conciencia de sus derechos como usuaria de servicios de atención de la salud o para promulgar una ley que proteja sus derechos de salud; pide asimismo información sobre el resultado de las medidas que el Gobierno había prometido tomar respecto de la esterilización forzada.

La oradora pregunta qué se ha hecho para instruir a las mujeres en relación con la anticoncepción de emergencia y para distribuir sin costo anticonceptivos de emergencia, en especial a las mujeres de zonas rurales y a las adolescentes. En los casos en los que los métodos anticonceptivos de emergencia sean de pago, ¿se han tomado medidas para controlar los precios? Por último, desea saber qué iniciativas se han puesto en práctica para abordar la tasa de mortalidad materna, sistemáticamente elevada, en especial entre las mujeres de zonas rurales y las adolescentes.

La Sra. Dairiam expresa su especial preocupación por la situación de la salud de las adolescentes. Pregunta cuál es la tasa de mortalidad de las madres adolescentes y cuáles son las causas de esas muertes. Dado que el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia aún no ha servido para que se reduzca significativamente el número de embarazos de adolescentes ni la tasa de mortalidad materna de las madres jóvenes, pregunta si el Gobierno ha analizado las razones de esa falta de resultados y qué medidas tiene previsto tomar para que cambie la situación. En relación con el caso Llantoy Huamán c. Perú, examinado por el Comité de Derechos Humanos, pregunta qué medidas se han tomado para proporcionar un recurso a la víctima. El Estado Parte está obligado, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a proporcionar recursos en los casos en que se vulneren derechos, aun cuando no acepte los métodos específicos de reparación que recomiende el Comité de Derechos Humanos. Por último, el Comité desea saber si el Seguro Integral de Salud permite el uso de los servicios de la salud a todas las categorías de mujeres, en particular a las que pertenecen a minorías étnicas.

La Presidenta, hablando en calidad de miembro del Comité, pregunta si las adolescentes pueden obtener anticonceptivos sin autorización paterna y si las adolescentes gestantes tienen la posibilidad de continuar sus estudios.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.