Comité contra la Tortura

Séptimo informe periódico que el Reino Unidode Gran Bretaña e Irlanda del Norte debía presentar en 2023 en virtud del artículo 19de la Convención * ** ***

[Fecha de recepción: 15 de agosto de 2023]

Abreviaciones

CEDHConvenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa

Ley PACELey de Policía y Medios de Prueba en materia Penal de 1984

MNPmecanismo nacional de prevención

OICPOficina Independiente sobre la Conducta Policial

SNSServicio Nacional de Salud

TEDHTribunal Europeo de Derechos Humanos

Respuestas a la lista de cuestiones previa a lapresentación de informes

1.De conformidad con el procedimiento facultativo de presentación de informes, esta respuesta constituye el séptimo informe periódico del Reino Unido presentado en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el documento básico común de 2022 se incluyó una sinopsis de la estructura constitucional (y otros datos básicos) del Reino Unido, los Territorios Dependientes de la Corona y los Territorios de Ultramar. Al preparar el presente informe, el Gobierno del Reino Unido se mantuvo en contacto con las Administraciones Autónomas, los Territorios Dependientes de la Corona y los Territorios de Ultramar, según los casos. La respuesta refleja sus aportaciones; cuando la respuesta no contiene información acerca de Administraciones Autónomas, Territorios Dependientes de la Corona o Territorios de Ultramar específicos, deberá entenderse que, desde 2017, no ha habido novedades importantes de las que informar.

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones(CAT/C/GBR/QPR/7)

2.Véanse las respuestas a los párrafos 18, 20 y 21 de la lista de cuestiones de las Naciones Unidas previa a la presentación de informes, que figuran más adelante.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

3.El Gobierno del Reino Unido trata con sumo rigor las alegaciones de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y todas las alegaciones son objeto de la debida investigación. El Gobierno del Reino Unido no participa en torturas ni solicita, alienta o justifica su uso con ningún fin.

4.La tortura es un delito penal en el Reino Unido en virtud del artículo 134 de la Ley de Justicia Penal de 1988, y conlleva una pena máxima de reclusión a perpetuidad. La complicidad en la tortura es un delito tipificado en el artículo 8 de la Ley de Cómplices e Instigadores de 1861 y se castiga con la misma pena máxima. Además, en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), aplicado por medio de la Ley de Derechos Humanos, se establece que nadie podrá ser sometido a tortura o a tratos o penas inhumanos o degradantes, y las víctimas pueden invocar esa Ley en los procedimientos civiles y penales.

5.Tenemos una historia larga, orgullosa y variada en defensa de la libertad en este país. Ningún cambio legislativo socavaría la prohibición de la tortura y otros malos tratos establecida en el Reino Unido.

6.El Gobierno del Reino Unido opina que la legislación nacional, en particular el artículo 134, párrafos 4 y 5, de la Ley de Justicia Penal de 1998, es coherente con las obligaciones impuestas por la Convención por las razones expuestas en nuestros informes anteriores.

7.El Gobierno del Reino Unido sigue opinando que las obligaciones internacionales de derechos humanos dimanantes de los tratados de las Naciones Unidas que el país ha ratificado, entre ellos la Convención contra la Tortura, son principalmente de tipo territorial y no tienen efectos extraterritoriales. Sin embargo, las Fuerzas Armadas del Reino Unido siguen sujetas al estado de derecho en todo momento, comprendido el derecho penal nacional de Inglaterra y Gales y, cuando proceda, el derecho internacional. La Policía Militar investiga las quejas verosímiles presentadas contra miembros de las Fuerzas Armadas, independientemente de en qué parte del mundo se haya producido el incidente. En los casos pertinentes, esas quejas dan lugar a la incoación de un procedimiento judicial ante un tribunal militar con arreglo a la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006.

Irlanda del Norte

8.En Irlanda del Norte, la Comisión Ad Hoc sobre una Carta de Derechos se estableció en febrero de 2020 tras el Acuerdo “Nueva década, nuevo enfoque”. En este se preveía crear una Comisión Ad Hoc de la Asamblea para estudiar la creación de una Carta de Derechos que respetara la intención declarada del Acuerdo de Belfast (Acuerdo del Viernes Santo), en el sentido de que:

“... contenga derechos complementarios a los que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos” (actualmente aplicables) y “que refleje las circunstancias particulares de Irlanda del Norte”, “así como los principios de respeto mutuo de la identidad y el ethos de ambas comunidades y la paridad de estima.”

9.El informe final de la Comisión fue aprobado por la Asamblea tras un debate celebrado el 14 de febrero de 2022.

10.Antes de llegar a un acuerdo sobre lo que debe incluir una Carta de Derechos para Irlanda del Norte, es necesario un consenso, incluso entre los partidos de Irlanda del Norte. Este enfoque siempre estuvo previsto en el Acuerdo de Belfast (Acuerdo del Viernes Santo).

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

11.En julio de 2019, el Gobierno publicó una nueva orientación titulada “Principios relativos a la detención y al interrogatorio de los detenidos en el extranjero y al envío y la recepción de información relacionada con los detenidos”, tras una revisión de la Orientación Unificada por parte del Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación, una entidad independiente, y entró en vigor el 1 de enero de 2020. El Gobierno aceptó las propuestas del Comisionado en su totalidad. La nueva orientación se aplica ahora también al Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia y al Servicio de Policía Metropolitana SO15 y proporciona instrucciones claras al personal del Reino Unido sobre su interacción con los detenidos por otros en el extranjero y la gestión de la información derivada de ellos. El Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación sigue supervisando e informando anualmente al Primer Ministro sobre la aplicación de la nueva orientación.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

12.El mecanismo nacional de prevención (MNP) se compone actualmente de 21 órganos de control independientes. Establecer un MNP a través de varias entidades descentralizadas, de conformidad con el artículo 17 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, garantiza una supervisión adecuada de los distintos lugares de detención en todo el Reino Unido. Cada uno de estos 21 órganos de inspección cuenta con un marco legal y acceso ilimitado a los lugares de detención que inspecciona. Para garantizar la independencia, la gobernanza del MNP es competencia de la propia organización.

13.Por otro lado, el Gobierno del Reino Unido es consciente de su obligación, en virtud del artículo 18, párrafo 3, del Protocolo Facultativo, de asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del MNP. El mecanismo recibe un presupuesto anual a través de la Inspección de Prisiones de Su Majestad, del que puede disponer libremente. El Gobierno sigue supervisando los recursos y examinándolos con el MNP.

14.El MNP publica un informe anual en el que expone su trabajo y sus conclusiones. Puede consultarse en su sitio web. El Gobierno estudia detenidamente, caso por caso, las recomendaciones formuladas por los órganos constitutivos del mecanismo.

Fuerzas Armadas

15.El Gobierno del Reino Unido invita actualmente a la Inspección de Prisiones de Su Majestad (miembro del MNP) a realizar inspecciones independientes de sus centros de detención en el Reino Unido, que en el pasado se han llevado a cabo sin previo aviso. Se han reforzado las medidas y mecanismos existentes para garantizar que se sigan realizando visitas sin previo aviso.

16.En las Dependencias de la Corona no hay centros de detención militar.

Escocia

17.En 2021, el Gobierno de Escocia colaboró con el Subgrupo escocés del MNP durante toda la preparación del informe del Subgrupo sobre los avances de Escocia en la prevención de los malos tratos en los lugares de detención, que incluyó la evaluación del Subgrupo sobre los progresos realizados en Escocia para resolver los problemas detectados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, del Consejo de Europa en sus visitas a Escocia en 2018 y 2019, incluso en relación con el nivel de la población penitenciaria, la segregación y el uso de la fuerza.

Isla de Man

18.La Isla de Man ha creado un MNP integrado por tres órganos; la Junta de Supervisión Independiente para la Prisión de la Isla de Man, las zonas para detenidos y las celdas de detención; la Junta de Supervisión Independiente para Cronk Sollysh (unidad de seguridad para jóvenes) y la Comisión de Salud Mental (para personas detenidas en virtud de la Ley de Salud Mental de 1998). El MNP funciona de manera independiente del Gobierno de la Isla de Man, tal como se establece en un memorando de entendimiento entre el Gobierno de la Isla de Man y el mecanismo. En los últimos años, los órganos del MNP han planteado varias cuestiones que han sido resueltas por los departamentos competentes del Gobierno de la Isla, como la introducción de la nueva función de Oficial de Apoyo a los Detenidos en la Prisión de la Isla de Man.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales

19.El Gobierno del Reino Unido aprobó la Ley contra el Maltrato en el Hogar de 2022 y publicó la Estrategia de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y el Plan de Lucha contra el Maltrato en el Hogar, de carácter intergubernamental. En estos se establecen medidas para dar prioridad a la prevención, apoyar a las supervivientes, reforzar la persecución de los autores y crear sistemas más sólidos, con el objetivo último a largo plazo de reducir la prevalencia de estos delitos en todo el territorio de Inglaterra y Gales.

20.Un objetivo clave es aumentar las tasas de enjuiciamiento y condena por delitos que afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Para ello es necesario mejorar la experiencia de las víctimas y supervivientes en el sistema de justicia penal, de modo que puedan implicarse en su caso a medida que avanza el proceso. Las medidas adoptadas son, entre otras, garantizar que los maltratadores ya no puedan interrogar directamente a sus víctimas en los procedimientos judiciales civiles y de familia, y facilitar a las víctimas y supervivientes el acceso a medidas especiales en la sala para prevenir la intimidación, como pantallas de protección y la posibilidad de prestar declaración por videoconferencia.

21.El Gobierno aceptó todas las recomendaciones formuladas por la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad tras su investigación de la gestión policial de la violencia contra las mujeres y las niñas, y ya se han adoptado importantes medidas.

22.El Código sobre Víctimas establece un nivel mínimo de servicios que los órganos de justicia penal deben prestar a las víctimas de delitos. Con arreglo al Código, las víctimas tienen derecho a que se investigue su delito sin demoras injustificadas y a recibir información sobre la investigación y el enjuiciamiento. También tienen derecho a que la policía les indique cómo solicitar una indemnización, incluida la dispuesta por un tribunal y la indemnización en el marco del Plan de Indemnización por Lesiones Causadas por Delitos.

23.En marzo de 2023, el Gobierno presentó el proyecto de ley de víctimas y presos, que tiene por objeto mejorar la experiencia de las víctimas en el sistema de justicia penal, entre otras cosas garantizando por ley el cumplimiento del Código sobre Víctimas.

24.En junio de 2021, se publicaron las conclusiones y el plan de acción del examen integral sobre la violación, en los que se esbozaba un sólido programa de trabajo, con el compromiso de duplicar con creces el número de casos de violación de personas adultas que se presentaban a los tribunales antes de la finalización del actual período legislativo.

25.Para impulsar cambios en la respuesta policial a la violación, el Gobierno:

Financia la Operación Soteria (6,65 millones de libras esterlinas para el período 2021‑2023), que constituirá la base de una transformación sostenible y sistémica de la forma en que la policía y el Ministerio Fiscal responden a los casos de violación a través de un nuevo modelo operativo nacional para la investigación y el enjuiciamiento de la violación, que estará disponible en junio de 2023.

Presta apoyo a las fuerzas policiales para que garanticen que los dispositivos electrónicos de las víctimas solo se soliciten cuando sea necesario, proporcionado y forme parte de una línea de investigación razonable, y que ninguna víctima adulta se quede sin teléfono más de 24 horas durante la investigación de una violación.

Introduce legislación como parte del proyecto de ley sobre víctimas y presos para garantizar que las solicitudes policiales de expedientes personales de las víctimas (“material de terceros”) sean necesarias y proporcionadas.

Recopila pruebas empíricas sobre la necesidad, proporcionalidad y oportunidad de las solicitudes de material de terceros y la extracción de información de dispositivos digitales.

26.Las estadísticas de Inglaterra y Gales figuran en el anexo.

Reino Unido: migrantes víctimas

27.La Asignación de Fondos para Víctimas Indigentes de la Violencia Doméstica permite a los migrantes víctimas de violencia doméstica que han entrado en el Reino Unido con determinados visados de pareja o cónyuge acceder a fondos públicos durante tres meses, que pueden utilizarse para financiar un alojamiento seguro.

28.Los migrantes víctimas pueden solicitar el asentamiento (permiso de residencia indefinido) en virtud de las normas sobre permiso de residencia por tiempo indefinido por violencia doméstica. El propósito es salvaguardar a las víctimas de maltrato en el hogar ofreciéndoles la condición de migrantes y ayuda económica, con independencia de la pareja maltratadora.

29.De conformidad con el compromiso contraído en el Plan contra el Maltrato en el Hogar, en 2022-2023 aportamos 1,4 millones de libras para seguir financiando el Plan de Apoyo a Migrantes Víctimas al tiempo que ponemos en práctica las enseñanzas extraídas del plan piloto. Hemos prorrogado el plan hasta marzo de 2025.

Financiación y apoyo

30.A fin de aumentar la aportación de fondos para centros de acogida, el Gobierno del Reino Unido introdujo una nueva obligación legal para las entidades territoriales en el marco de la Ley contra el Maltrato en el Hogar a fin de prestar apoyo a las víctimas de maltrato en el hogar y a sus hijos mediante alojamiento seguro, incluidos centros de acogida, mediante la aportación de 125 millones de libras para garantizar que estos servicios vitales estén disponibles para toda persona que los necesite, independientemente de su lugar de residencia. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de un nuevo fondo para la creación de capacidad en materia de maltrato en el hogar por una cuantía de 6 millones de libras, destinado a ayudar a las entidades territoriales a prepararse para cumplir sus obligaciones.

31.El Plan de Lucha contra el Maltrato en el Hogar invierte 140 millones de libras en apoyo de las víctimas, incluidos más de 47 millones de libras destinados específicamente para prestar servicios a las víctimas y 27 millones de libras de financiación para 700 asesores independientes en materia de violencia sexual y asesores independientes en violencia doméstica. También nos hemos comprometido a destinar este año 1,5 millones de libras más a la prestación de servicios y a seguir aumentando la financiación de valiosos servicios especializados para las víctimas de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Escocia

32.La Ley contra el Maltrato en el Hogar (Escocia) de 2018 tipifica el delito específico de maltrato en el hogar que abarca no solo el maltrato físico, sino también otras formas de maltrato emocional, así como el comportamiento coercitivo y controlador. Este nuevo delito aporta claridad a las víctimas para que puedan constatar que lo que su pareja o expareja les ha hecho está mal y puede resolverse con arreglo a la ley. La Ley también refleja el hecho de que los niños sufren daños debido al maltrato en el hogar, al establecer un agravante legal en este sentido. La Ley entró en vigor en abril de 2019, acompañada de una campaña pública de sensibilización.

33.Igualmente Seguras es la estrategia de Escocia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto abarca maltrato en el hogar, violación, agresión sexual, explotación sexual comercial y la llamada violencia por motivos de honor, como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. En junio de 2022, el Gobierno y la Convención de Autoridades Locales de Escocia publicaron un nuevo Plan de Ejecución de la Estrategia Igualmente Seguras que estará en vigor hasta el cuarto trimestre de 2023, y a lo largo de 2023 se preparará una actualización de la Estrategia Igualmente Seguras que se basará en las opiniones de las personas con experiencia de vida.

34.Las estadísticas pueden consultarse en los Servicios Judiciales Analíticos: comunidades más seguras e informes mensuales de estadísticas judiciales.

Gales

35.En mayo de 2022, el Gobierno de Gales publicó su Estrategia Nacional, que se ejecutará mediante un enfoque de colaboración junto con un grupo de organizaciones asociadas clave, como la policía de Gales y el sector especializado.

36.El Gobierno de Gales financia servicios especializados en todo el país, que prestan un apoyo inestimable y vital a todas las víctimas de violencia contra las mujeres, maltrato en el hogar y violencia sexual. Esto incluye la intervención temprana, el apoyo preventivo y educativo, los programas de intervención para los agresores, los Defensores Independientes de la Violencia Doméstica para las víctimas de alto riesgo y las intervenciones terapéuticas de recuperación para el apoyo continuo de las personas afectadas por la violencia contra las mujeres, el maltrato en el hogar y la violencia sexual.

37.El Gobierno de Gales tiene la firme voluntad de proteger los derechos de las personas migrantes y de las personas afectadas por la violencia contra las mujeres, el maltrato en el hogar y la violencia sexual, y para ello cuenta con múltiples marcos y disposiciones legislativas. Está empeñado en convertir a Gales en una nación de refugio: el Plan de Nación Refugio contiene compromisos intergubernamentales claros para reducir las desigualdades a las que se enfrentan las personas que buscan refugio; esto incluye el apoyo a las personas supervivientes de la violencia contra las mujeres, el maltrato en el hogar y la violencia sexual.

Gibraltar

38.Recientemente el Parlamento de Gibraltar aprobó la Ley contra el Maltrato en el Hogar de 2023, que cumple varias funciones, tres de las cuales se consignan a continuación:

a)La tipificación de nuevos delitos, como el comportamiento controlador o coercitivo en una relación íntima o familiar cuando el comportamiento tenga un efecto grave en la víctima, y el delito de amenaza de revelación de imágenes íntimas;

b)La definición de maltrato en el hogar;

c)La creación de nuevas competencias para hacer frente al maltrato en el hogar, por conducto de altos cargos de policía y los tribunales.

Guernsey

39.En septiembre de 2022, el Parlamento de Guernsey acordó la Estrategia contra el Maltrato en el Hogar y la Violencia Sexual para Guernsey y Alderney 2022-2025. Esto amplió el alcance de la Estrategia contra el Maltrato en el Hogar para incluir la violencia sexual.

Isla de Man

40.En enero de 2023 el Gobierno de la Isla de Man puso en práctica los principales aspectos de la Ley contra el Maltrato en el Hogar de 2020, reforzando la legislación de la Isla en este ámbito. Paralelamente, la Ley de Delitos Sexuales y Publicaciones Obscenas de 2021 moderniza la legislación de la Isla en materia de prevención de delitos sexuales y protección de las víctimas, y establece mayores facultades de imposición de penas para los delitos pertinentes. La Ley de Reforma Judicial de 2021 actualiza una serie de leyes de justicia penal de la Isla. Los planes de aplicación pueden consultarse en línea.

Jersey

41.En 2022 Jersey aprobó la Ley contra el Maltrato en el Hogar (Jersey), que tipifica el nuevo delito de maltrato en el hogar. La Ley entrará en vigor en 2023. El Gobierno también ha creado un Grupo de Tareas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas para llevar a cabo investigaciones y formular recomendaciones que sirvan de base al planteamiento del Gobierno. El Grupo de Tareas presentará su informe en septiembre de 2023.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

42.Desde octubre de 2016 (tras la introducción de la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015), el Gobierno del Reino Unido ha invertido 16,5 millones de libras, incluidos 1,4 millones de libras en el ejercicio 2022/23, para mejorar la respuesta policial a la esclavitud contemporánea en las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales. La iniciativa está dirigida por la Dependencia de Esclavitud Contemporánea y Delincuencia Organizada en materia de Inmigración. Esta financiación ha proporcionado una infraestructura nacional a las fuerzas que luchan contra la esclavitud contemporánea, incluido un centro de inteligencia adaptado a las necesidades y expertos temáticos convocados para apoyar a las distintas fuerzas policiales. Desde 2019, la Dependencia ha elaborado un conjunto de orientaciones sobre mejores prácticas para los agentes de policía, que incluyen formas de identificar y apoyar mejor a las víctimas y orientaciones sobre estrategias de investigación.

43.Los datos publicados más recientes (de abril de 2021 a marzo de 2022), muestran que el Ministerio Fiscal presentó cargos en el 78,7 % de los casos de esclavitud contemporánea que fueron remitidos por la policía y el 70 % de las imputaciones dieron lugar a una condena en el tribunal, similar a la de los años anteriores. Sin embargo, el volumen de casos remitidos para la presentación de cargos y el enjuiciamiento ha ido aumentando año tras año desde 2016, excepto en 2020, año en el que se produjo una disminución de los enjuiciamientos debido al cierre de juzgados como consecuencia de la COVID-19.

44.La parte 2 de la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015 prevé órdenes de prevención de la esclavitud y la trata y órdenes de riesgo de la esclavitud y la trata. Se trata de órdenes civiles que permiten que los tribunales impongan prohibiciones a las personas que han estado involucradas en actividades de esclavitud contemporánea o trata de personas o que han sido condenadas por un delito de esclavitud o trata de personas. En febrero de 2022, el Sistema de Informática Nacional de la Policía registró 168 órdenes de prevención de la esclavitud y la trata y 78 órdenes de riesgo de la esclavitud y la trata en distintas regiones del Reino Unido.

45.Las víctimas de la trata y la esclavitud contemporánea pueden acceder a indemnizaciones por diversas vías penales y civiles. Los artículos 8 a 10 de la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015 prevén órdenes de reparación por esclavitud y trata para víctimas de esclavitud contemporánea, que permiten a los tribunales ordenar a una persona condenada por un delito de esclavitud contemporánea el pago de una reparación a su víctima o víctimas. Estas órdenes solo pueden dictarse cuando se emite una orden de decomiso contra la persona en relación con el delito de esclavitud contemporánea. No se dispone de datos completos sobre el número de órdenes de reparación por esclavitud y trata otorgadas hasta la fecha.

46.En 2021-2022 se concedieron subvenciones a las fuerzas de seguridad para aplicar medidas de apoyo a las víctimas de la esclavitud contemporánea dentro del sistema de justicia penal. Se ha encomendado la realización de una investigación independiente sobre los modelos de apoyo a las víctimas de la justicia penal gestionados por organizaciones no gubernamentales, a fin de comprender mejor qué tipo de apoyo está disponible y qué facilita el apoyo y la participación de las víctimas. Las conclusiones se utilizarán para mejorar la prestación de apoyo a las víctimas en sus gestiones en el sistema de justicia penal.  

47.El Mecanismo Nacional de Remisión pone en contacto a las víctimas de la esclavitud contemporánea con el apoyo adecuado, por ejemplo, mediante el Contrato de Atención a las Víctimas de la Esclavitud Contemporánea, financiado por el Gobierno. También se presta apoyo las entidades territoriales, los servicios de asilo y otros servicios estatales más generales, como el Servicio Nacional de Salud (SNS).

48.Las entidades territoriales son responsables de proteger y promover el bienestar de todos los niños de su zona, incluidos los niños víctimas de la esclavitud contemporánea. Si un niño víctima de trata pasa al sistema de cuidado (la tutela de la entidad territorial), tendrá derecho al mismo nivel de apoyo y atención que todos los niños acogidos en el sistema, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Los servicios locales para la infancia trabajan en estrecha colaboración con la policía y otros organismos oficiales para ofrecer a los niños que son potenciales víctimas de trata la protección y el apoyo que necesitan. Además, el Gobierno ha desplegado Tutores Independientes sobre la Trata de Niños en dos terceras partes de las entidades territoriales de Inglaterra y Gales.

Equipos de respuesta inicial y formación de los profesionales pertinentes

49.Los equipos de respuesta inicial son entidades autorizadas cuyo personal puede derivar a una potencial víctima de esclavitud contemporánea al Mecanismo Nacional de Derivación. Especialistas cualificados toman decisiones sobre estas derivaciones en el marco de una autoridad competente, la Autoridad Competente Única o la Autoridad Competente para la Aplicación de las Leyes de Inmigración.

50.El Gobierno ha creado un conjunto de módulos de aprendizaje electrónico aplicable a todos los equipos de respuesta inicial. Actualmente consta de dos módulos, uno sobre indicadores de esclavitud contemporánea y cómo hacer una derivación al Mecanismo Nacional de Derivación (publicado en el tercer trimestre de 2020) y el otro módulo (publicado en junio de 2021) sobre las vulnerabilidades de los niños víctimas. Estamos desarrollando un centro de respuesta inicial, en el que los miembros del equipo podrán consultar material de aprendizaje.

Proceso de decisión en dos fases

51.La primera fase entraña la decisión sobre motivos razonables. Cuando se emite una decisión positiva, la autoridad competente recaba más información sobre el caso y toma una segunda decisión sobre las probabilidades de que esa persona sea víctima de esclavitud contemporánea. Esta es la decisión sobre motivos concluyentes. Este proceso es coherente con nuestras obligaciones internacionales, incluidas las derivadas del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

52.Las estadísticas figuran en el anexo.

Escocia

53.En mayo de 2017, el Gobierno de Escocia publicó su primera Estrategia contra la Trata y la Explotación, que establece tres ámbitos de interés como parte de la visión general para eliminar la trata y la explotación de personas:

Detectar a las víctimas y apoyarlas hasta que alcanzan la seguridad y se recuperan.

Detectar a los autores e interrumpir su actividad.

Luchar contra las condiciones, tanto locales como globales, que fomentan la trata y la explotación.

54.La Estrategia incluye una sección de medidas específicas para la infancia. Cada ámbito de acción está dirigido por un grupo de implementación compuesto por funcionarios del Gobierno, fuerzas del orden, personal de apoyo a las víctimas, entidades territoriales, empresas, organizaciones no gubernamentales y el mundo académico.

55.La Dependencia Nacional de Trata de Personas se creó en el seno de la Policía de Escocia para proporcionar una visión general de la trata de personas y gestionar los casos del Mecanismo Nacional de Derivación asignados para su investigación en Escocia. La Dependencia apoya la actividad de las divisiones, colabora regularmente con los asociados sobre la Estrategia contra la Trata y la Explotación y elabora políticas y estrategias en este ámbito.

Gales

56.El Gobierno de Gales colabora con una serie de asociados para concienciar sobre los riesgos y signos de la esclavitud contemporánea, hacer frente a dicha esclavitud allí donde exista y prestar apoyo a los supervivientes. Esto se lleva a cabo por conducto del Foro contra la Esclavitud de Gales y cuatro grupos de trabajo temáticos organizados por ese Gobierno.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

57.La Ley de Nacionalidad y Fronteras de 2022 define qué significa para un solicitante tener fundados temores de ser perseguido y crea un nuevo marco legal que deben seguir los responsables de la toma de decisiones al evaluar si un solicitante tiene fundados temores de ser perseguido de conformidad con el artículo 1 A, párrafo 2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Al examinar las solicitudes de asilo, la autoridad decisoria debe seguir examinando todas las pruebas de la ronda, pero aplicar un requisito probatorio diferente en los distintos momentos del proceso de determinación.

58.La Ley desglosa el proceso de determinación, y establece una evaluación clara en dos fases para ayudar a los responsables de las decisiones a determinar si un solicitante tiene fundados temores de ser perseguido.

59.En la primera fase, el responsable de las decisiones debe determinar, sopesando las probabilidades, si el solicitante presenta una característica que podría causarle temor de persecución por uno o varios de los motivos contemplados en la Convención, y si efectivamente teme ser perseguido.

60.En la segunda fase, la autoridad decisoria debe evaluar si existe una probabilidad razonable de que el solicitante se enfrente de hecho al daño que teme si regresa a su país de nacionalidad (o, en caso de que no tenga nacionalidad, al país de su residencia habitual formal). Esta evaluación debe hacerse con arreglo a un criterio menos estricto de “probabilidad razonable”, de la misma forma que en el caso de las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la Ley.

61.No existe un requisito específico de que los solicitantes aporten pruebas médicas en apoyo de una solicitud de asilo y es probable que solo se disponga de ellas en la minoría de los casos. Puede consultar más información en nuestra orientación sobre el examen de las pruebas médicas en las solicitudes de asilo.

62.Cuando se examina una solicitud de protección o de derechos humanos en el Reino Unido, debe llevarse a cabo una evaluación individual del fondo de la solicitud. Si una persona tiene derecho a residir en uno de los Estados enumerados en el artículo 94, párrafo 4, de la Ley de Nacionalidad, Inmigración y Asilo de 2002, y su solicitud no prospera, el Reino Unido certificará su solicitud a menos que esté convencido de que no es manifiestamente infundada. Si una solicitud se considera manifiestamente infundada por no haber alcanzado un “umbral elevado”, según la interpretación de los tribunales británicos, está condenada al fracaso. Para determinar si la solicitud está condenada al fracaso, se tienen en cuenta los informes nacionales actualizados. Cuando una solicitud se considera claramente infundada y se certifica con arreglo al artículo 94, se suprime la posibilidad de recurrir desde fuera del Reino Unido en virtud del artículo 28 de la Ley de 2022. Sigue siendo posible interponer un recurso judicial contra una decisión de certificación antes de que se produzca la expulsión.

63.El Reino Unido no tiene una “lista de países seguros” que permita automáticamente “el retorno de los solicitantes de asilo”, pero mantiene una lista de Estados seguros designados respecto de los que existe la presunción de que las solicitudes serían infundadas, a los que una persona puede ser devuelta si es seguro hacerlo en sus circunstancias específicas. Esa presunción es refutable y siempre se considera caso por caso.

64.A la luz de los últimos acontecimientos, nuestra Política Nacional y Notas Informativas publicadas (véase la sección 2.7.1) establecen claramente que es improbable que tales declaraciones sean adecuadas para la certificación.

65.La Ley de 2022 incluye importantes nuevas medidas para aumentar la equidad de nuestro sistema de asilo, para que podamos proteger y apoyar mejor a quienes necesitan protección, disuadir a quienes tratan de entrar ilegalmente en el Reino Unido y castigar con severidad a los responsables de facilitarlo, y ayudar a expulsar más fácilmente del Reino Unido a quienes no tienen derecho a estar allí, incluidos los infractores extranjeros. El Reino Unido mantiene su compromiso de cumplir sus obligaciones en virtud tanto del CEDH como de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Todas las disposiciones relacionadas con el asilo introducidas por la Ley de 2022 son plenamente conformes con todas nuestras obligaciones internacionales.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

66.Las estadísticas sobre el asilo figuran en el anexo. En la actualidad, estas estadísticas no se registran de una forma que permita desglosarlas por alegaciones de tortura.

67.La extradición desde el Reino Unido tiene lugar, por lo general, en el marco de tratados o acuerdos internacionales. La legislación nacional sobre extradición del Reino Unido contiene varias salvaguardias específicas que protegen los derechos humanos y compete a los tribunales del Reino Unido determinar si la extradición de una persona es compatible con el respeto de sus derechos humanos. Así pues, en la mayoría de los casos, el Reino Unido no requerirá garantías diplomáticas acerca de aspectos concretos del trato que se dispensaría a una persona en caso de ser extraditada.

68.No obstante, cuando los tribunales tengan razones fundadas para creer que existe el riesgo de que se violen los derechos humanos de una persona si se ordena su extradición, en forma independiente esos tribunales o las autoridades que ejercitan la acción penal del Reino Unido, que actúan en nombre del Estado solicitante, podrán invitar a este último a que dé garantías en respuesta a los requisitos de los tribunales del Reino Unido.

69.Además, cuando sea necesario, el Ministro del Interior podrá solicitar garantías de que no se impondrá ni se ejecutará la pena de muerte. El Estado solicitante tiene la responsabilidad de proporcionar esas garantías. El Reino Unido consideraría tales garantías vinculantes para el país que solicita la extradición. Si el tribunal no está satisfecho con las garantías recibidas, podrá dejar en libertad a la persona cuya extradición se ha solicitado al considerar que su extradición no sería compatible con el respeto de sus derechos humanos, en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que le impone la Ley de Extradición de 2003.

70.Los tribunales del Reino Unido pueden solicitar o exigir más detalles en relación con la garantía sobre cómo podría demostrar el país de que se trata que se adhiere a compromisos específicos. Al examinar la idoneidad de una garantía en un caso concreto, se alienta a los tribunales a conceder la importancia adecuada a cualquier garantía obtenida previamente en solicitudes de extradición del mismo país requirente. Cuando se detecten incumplimientos o posibles incumplimientos de las garantías, la mejor práctica es informar a los tribunales de modo que todo incumplimiento pueda tenerse en cuenta al determinar la aceptación de futuras garantías de ese país.

71.El proyecto de ley sobre migración irregular garantizará que quienes lleguen de manera irregular al Reino Unido no puedan permanecer en el país. En cambio, serán detenidos inmediatamente y expulsados sin demora, ya sea a su país de origen o a un tercer país seguro, donde se estudiará cualquier solicitud de asilo. Trabajaremos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para identificar a los más necesitados, de modo que el Reino Unido siga siendo un refugio seguro para los más vulnerables.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

72.La información sobre cómo se tramitan las solicitudes de extradición y los tratados que hemos celebrado está disponible en línea.

73.En la legislación nacional sobre extradición del Reino Unido se define un delito que puede dar lugar a la extradición (artículos 64 y 65 (territorios de categoría 1) y artículos 137 y 138 (territorios de categoría 2) de la Ley de Extradición de 2003). Véase también la respuesta que figura en los párrafos 74 a 77 y 80 del sexto informe periódico del Reino Unido.

74.Con respecto a las medidas legislativas y administrativas, el artículo 194 de la Ley de Extradición de 2003 (Acuerdos Especiales de Extradición) prevé la facultad discrecional del Ministro del Interior para celebrar acuerdos con el Estado requirente por medio de un memorando de entendimiento en relación con la solicitud de extradición; el Ministro del Interior puede entonces expedir un certificado que significaría que la solicitud es tratada como si fuera una solicitud de un territorio de categoría 2 (conforme a la definición que figura en la Ley de Extradición de 2003).

75.La tortura es un delito de jurisdicción universal y nada impide que el Reino Unido pueda extraditar a sus propios ciudadanos. Si se produjera una de las circunstancias enumeradas en el artículo 5 de la Convención contra la Tortura, las fuerzas del orden del Reino Unido serían responsables de remitir los delitos pertinentes a la fiscalía de su jurisdicción.

76.En Internet puede consultarse información sobre la forma en que el Reino Unido tramita las solicitudes de asistencia judicial internacional, incluida una lista de los acuerdos de asistencia judicial.

77.Durante el período que abarca el presente informe, ninguno de esos tratados o acuerdos se ha utilizado para intercambiar pruebas en el contexto de enjuiciamientos por tortura o malos tratos.

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

Fuerzas Armadas

78.Todos los miembros de las Fuerzas Armadas del Reino Unido reciben formación obligatoria sobre la Ley de los Conflictos Armados, incluidas las prohibiciones contra la tortura y los malos tratos. Esto se refuerza en la formación sobre el tratamiento de las personas capturadas. La tortura se menciona específicamente como crimen de guerra, con la consiguiente probabilidad de enjuiciamiento, en la sección sobre responsabilidad operativa. La Policía Militar y el personal de seguridad penitenciaria reciben una formación completa, que incluye cursos de actualización antes de determinadas designaciones clave y de cualquier despliegue en operaciones o ejercicios. El personal penitenciario imparte la formación pertinente a todo el personal no penitenciario que se encargará de la detención en un contexto operativo.

Policía de Inglaterra y Gales

79.El Marco de Cualificaciones de Formación Policial de la Escuela de Policía define la capacitación profesional de los agentes y el personal de la policía. Abarca todos los ámbitos de la actuación policial, incluida la realización de investigaciones, interrogatorios y detenciones. Comprende también las entrevistas éticas y profesionales, que incluyen el proceso PEACE (preparación y planificación, exposición y explicación, aclaración y afirmación, cierre y evaluación) y los principios de la realización de interrogatorios en el marco de una investigación; las complejas circunstancias a las que pueden hacer frente los agentes al realizar interrogatorios; el Código sobre Víctimas, y las mejores pruebas al interrogar a víctimas y testigos; y qué tener en cuenta al interrogar a sospechosos.

80.La Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal (PACE), el Código sobre Víctimas y el plan nacional de estudios policiales están concebidos para situar las investigaciones modernas en un marco ético, en el que los derechos de las víctimas, los testigos y los sospechosos ocupan un lugar central.

Administración de justicia en Inglaterra y Gales

81.La responsabilidad de la formación judicial en Inglaterra y Gales recae en el Presidente del Tribunal Supremo, en virtud del artículo 7, párrafo 2 b) de la Ley de Reforma Constitucional de 2005, y la ejerce la Escuela Judicial. Los jueces reciben formación especializada para conocer de casos de malos tratos a niños detenidos. Los jueces que conocen de causas penales por delitos sexuales graves en el contexto de un tribunal penal necesitan una autorización especializada. Estos jueces deben asistir a un seminario de iniciación sobre delitos sexuales graves antes de juzgar por primera vez un caso de este tipo. Con posterioridad a ello, deberán recibir formación sobre delitos sexuales graves al menos cada tres años. Por medio del Sistema de Gestión del Aprendizaje de la Escuela Judicial se pone regularmente a disposición de estos jueces material de formación adicional, tanto escrito como de aprendizaje electrónico, para garantizar que se mantengan perfectamente actualizados de la evolución del derecho.

82.La Guía judicial sobre la Igualdad de Trato (revisada en julio de 2022) ofrece orientación a la judicatura para aumentar la concienciación y la comprensión de las diferentes circunstancias de las personas que comparecen ante juzgados y tribunales. La Guía puede consultarse públicamente en Internet. El capítulo 2, relativo a los niños, los jóvenes y los adultos vulnerables, destaca el papel del poder judicial en materia de protección; en él se detallan orientaciones y consideraciones sobre cómo tratar a los niños y a las personas vulnerables que comparecen ante los juzgados y tribunales.

83.La Escuela Judicial también publica el Compendio del Tribunal de la Corona. Esta publicación trata del enfoque judicial de la recepción de pruebas de niños. El Compendio puede consultarse públicamente en línea.

Escocia: establecimientos penitenciarios

84.Todo el personal penitenciario debe adquirir una comprensión básica de los derechos humanos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos como parte de la formación en igualdad y diversidad del Servicio Penitenciario de Escocia. Además, todos los nuevos funcionarios de prisiones deben recibir formación adicional sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el CEDH, así como sobre la Ley de Derechos Humanos, con especial atención a la forma en que los derechos humanos se aplican a su función profesional y a las personas detenidas.

Policía de Escocia

85.Por medio de su curso de Evaluación del Impacto en la Igualdad y los Derechos Humanos, la Policía de Escocia se asegura de que los estudiantes adquieran conocimientos sobre las disposiciones del CEDH y sobre la prohibición de la tortura como un derecho absoluto que no debe vulnerarse.

86.Los agentes que están a prueba también participan en una sesión de formación sobre derechos, atención y bienestar de los reclusos. La sesión se basa en el Código de Ética de la Policía de Escocia y trata de la evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad respecto de cada recluso que ingresa en el establecimiento, la estrategia de prevención del suicidio y los derechos de los detenidos (incluidos los niños más pequeños, los niños mayores y las personas vulnerables). La sesión también trata de la importancia de registrar al recluso, no solo con el fin de obtener pruebas, sino también como medio para protegerlos de sí mismos durante la detención, quitándoles cualquier objeto que pueda utilizarse para causar daño. La sesión también se refiere al derecho de visita de un representante jurídico, la asistencia de adultos e intérpretes adecuados (incluida la lengua de señas británica), la detención sucesiva y los procesos para el interrogatorio posterior a un cambio.

Guernsey

87.Los médicos forenses y los médicos de establecimientos penitenciarios reciben capacitación para detectar señales de tortura.

Reino Unido: cooperación con Libia

88.El Gobierno del Reino Unido puso fin a toda cooperación con Libia en materia migratoria en 2016 debido a preocupaciones de derechos humanos.

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales

89.Los Códigos de Práctica de la Ley PACE establecen el marco jurídico relativo a la detención, el tratamiento y el interrogatorio de personas por parte de agentes de policía. La gestión operacional de las zonas para detenidos se lleva a cabo de conformidad con los requisitos de la Guía sobre Prácticas Profesionales Autorizadas establecidas por la Escuela de Policía.

90.Los interrogatorios de sospechosos en detención policial deben cumplir con los requisitos del Código C (actualizado el 4 de noviembre de 2020) y el Código E (actualizado el 31 de julio de 2018) de la Ley PACE y, de conformidad con los derechos de las personas, los derechos y las salvaguardias apropiadas para adultos (si procede). El interrogatorio debe llevarse a cabo con profesionalidad e integridad y debe seguir las directrices de la Guía sobre Prácticas Profesionales Autorizadas establecidas por la Escuela de Policía (actualizadas el 26 de octubre de 2022), que se detallan en el marco de la Ley PACE (véase más arriba).

91.Las visitas no anunciadas de la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad a zonas de detención policial en el marco de un programa continuado de inspección para controlar el nivel de servicios de los detenidos, garantizan la probidad de la detención policial. También se llevan a cabo visitas no anunciadas coordinadas por la Asociación Independiente de Visitadores de Reclusos para controlar que se respeten los derechos, el bienestar y la dignidad de los detenidos en centros de la policía.

92.Nadie debería ser detenido ni obligado a acudir voluntariamente a una comisaría para ser interrogado debido a su raza o etnia. Existen salvaguardias para garantizar que esto no ocurra, como los códigos de práctica de la Ley PACE, el uso de videocámaras corporales y una amplia recopilación de datos.

Escocia

93.Los interrogatorios policiales en Escocia se ajustan tanto a la legislación escocesa como a las disposiciones del CEDH.

94.El capítulo 4 de la primera parte de la Ley de Justicia Penal (Escocia) de 2016 (la Ley de 2016) trata de los interrogatorios realizados por la policía. Las disposiciones se aplican a una persona detenida o a una persona que va a ser interrogada voluntariamente. Se debe informar a la persona de su derecho a contar con la presencia de un abogado durante el interrogatorio. La Ley de 2016 establece que una persona mayor de 18 años puede dar su consentimiento para ser interrogada sin necesidad de un abogado y se debe dejar constancia escrita del interrogatorio. Existen salvaguardias para los jóvenes de 16 y 17 años y también para los niños y mayores de 16 años que, debido a un trastorno mental, pueden no comprender o no ser capaces de comunicarse eficazmente. Todo sospechoso detenido tiene derecho a una consulta privada con un abogado cuando así lo desee.

95.Todos los agentes de la Policía de Escocia reciben formación sobre técnicas de investigación no coercitivas durante su período de prueba. Esto se recoge en el modelo PRICE (preparación, relación, información, clarificación, evaluación; similar al modelo PEACE de Inglaterra y Gales) por el que se alienta a los agentes a preparar adecuadamente el interrogatorio y a llevarlo a cabo de manera equitativa y eficiente. Los agentes a prueba asisten a una sesión de formación para adquirir competencias sobre el interrogatorio de testigos. Esta formación capacita a los agentes en estilos y técnicas de interrogatorio adecuados para obtener la información necesaria a fin de llevar adelante con éxito una investigación. La formación también enumera y detalla las etapas del modelo PRICE para interrogar testigos y explica las ventajas de preparar y seguir un plan para el interrogatorio.

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales

96.Las cifras publicadas muestran que la sobrepoblación en los centros penitenciarios se redujo del 22,5 % al 20,6 % entre 2018-2019 y 2021-2022, lo que equivale a unos 4.300 reclusos menos alojados en condiciones de hacinamiento. Además, se prevén 20.000 nuevas plazas en prisiones modernas.

97.El Gobierno del Reino Unido tiene previsto publicar su Plan de Ejecución de la Estrategia sobre Infractoras en 2023. El Plan establecerá nuestras prioridades para seguir cumpliendo los objetivos de la Estrategia sobre Infractoras (junio de 2018), incluidos mejores resultados para las mujeres detenidas.

98.Por otra parte, el Libro Blanco sobre Establecimientos Penitenciarios, publicado en diciembre de 2021, estableció el enfoque del Gobierno respecto de las cárceles de mujeres. El enfoque tiene en cuenta el trauma, reconoce la naturaleza particular de la experiencia de las mujeres detenidas y proporciona los niveles adecuados de apoyo, en especial para las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños.

99.El Grupo de Examen de la Atención Sanitaria y Social de la Mujer es una alianza entre el SNS de Inglaterra y el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de la Corona establecido en enero de 2021 para llevar a cabo un examen a fin de mejorar la salud y el bienestar de las mujeres recluidas, reducir las desigualdades y garantizar la equidad en el acceso a los servicios de atención sanitaria y social de todas las mujeres privadas de libertad. El examen se publicó en junio de 2023 y contó con la participación de mujeres “expertas por experiencia” en todas las fases, lo que garantizó que sus opiniones se tuvieran en cuenta e influyeran directamente en las recomendaciones.

100.El despliegue de las nuevas condiciones del servicio de salud mental del SNS de Inglaterra comenzará en abril de 2023. Las condiciones destacarán la importancia del trabajo integrado y la necesidad de adoptar un enfoque holístico de la evaluación y la prestación de asistencia sanitaria, garantizando que las reclusas dispongan de servicios de salud mental que tengan en cuenta sus diferentes necesidades de salud física y mental, así como sus circunstancias sociales y familiares.

101.Para hacer frente a la elevada tasa de conductas autolesivas en las cárceles de mujeres, el Gobierno ha creado un Grupo de Trabajo sobre Conducta Autolesiva de Mujeres, que ha contratado a psicólogos para que contribuyan a prestar un mayor apoyo a las mujeres que tienen necesidades más complejas, ha financiado un proyecto piloto para prestar mejor apoyo a las mujeres en los primeros días de detención, ha puesto a prueba una oferta residencial adaptada a jóvenes adultas y ha implantado un modelo de Gestión de Infractores Detenidos que tiene en cuenta el género.

Escocia

102.El Servicio Penitenciario de Escocia está elaborando una nueva estrategia de salud y bienestar que reconoce la creciente complejidad y las condiciones de salud de la población penitenciaria en comparación con la población en general. Adoptará un enfoque de salud pública basado en la promoción y protección de la salud y el bienestar, la prevención de la mala salud y la prolongación de la vida por medio de las iniciativas adoptadas por el Servicio Penitenciario en colaboración con los principales asociados y partes interesadas. Establecerá el marco general para todas las estrategias relacionadas con la salud, incluidas las drogas y el alcohol, la salud física y la salud mental, y tendrá un componente adaptado a los niños y los jóvenes.

Gales

103.El Acuerdo de Asociación para la Salud en las Prisiones establece las prioridades acordadas para mejorar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad. Se centra específicamente en el abuso de sustancias estupefacientes, la salud mental, la gestión de los medicamentos y la función del entorno penitenciario en el apoyo a la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad.

104.Recientemente el Gobierno de Gales ha celebrado consultas sobre un nuevo marco para el tratamiento del abuso de sustancias estupefacientes y nuevas normas para los servicios de salud mental en las prisiones de Gales, y ahora trabajará con las prisiones, las juntas sanitarias, Salud Pública Gales y el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de la Corona en Gales con miras a su aplicación.

105.El Gobierno también financia la labor de Estrés Traumático Gales (por 1,2 millones de libras anuales), cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de las personas de todas las edades que viven en Gales y corren el riesgo de contraer o padecer trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo. Estrés Traumático Gales tiene una línea de trabajo específica centrada en las prisiones y la justicia penal, que lidera la creación de una vía de atención postraumática eficaz para las personas detenidas en el sistema de justicia penal de Gales.

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales

106.Los reclusos solo deben permanecer en régimen de aislamiento por decisión de la autoridad competente. Así se establece en el Reglamento de Centros de Infractores Juveniles. En virtud de dicho Reglamento, los reclusos con problemas graves de salud mental no pueden ser internados en unidades de aislamiento como única alternativa al alojamiento ordinario.

107.Debe celebrarse una reunión de Comisión de Revisión de las Medidas de Aislamiento dentro de las primeras 72 horas de aislamiento, una segunda dentro de los primeros 14 días y, a partir de entonces, cada 14 días. Estas revisiones deben ser llevadas a cabo por un equipo multidisciplinario (que incluya colegas de operaciones, asistencia sanitaria y educación, entre otros) y deben sopesarse atentamente todas las pruebas disponibles a favor y en contra de la continuación del régimen de aislamiento de manera imparcial y la opción de su prolongación o suspensión.

108.La administración de un centro de detención puede autorizar la imposición del aislamiento más allá de las 72 horas en virtud del Reglamento de Prisiones y el Reglamento de Centros de Infractores Juveniles. Debe obtener un permiso del Ministro de Justicia (normalmente un alto funcionario de la oficina del Director del Grupo de Prisiones, en representación del Ministro) para prolongar el régimen de aislamiento más allá de los 42 días. A partir de los 84 días, se requiere una nueva revisión del Director del Grupo de Prisiones. Después de los 6 meses, el aislamiento debe ser autorizado por el propio Director.

109.Los reclusos en régimen de aislamiento tienen la oportunidad de interactuar a diario con el personal penitenciario y sanitario, así como con el capellán, y pueden hablar y relacionarse, si la seguridad lo permite, con otros reclusos en régimen de aislamiento. También tienen contacto regular con la Junta de Supervisión Independiente, un médico y el administrador del centro de detención. En la medida de lo posible, los reclusos en régimen de aislamiento tienen acceso a un régimen comparable al habitual.

110.La Orden núm. 1700 del Servicio de Instituciones Penitenciarias prevé la recopilación y el análisis de datos localmente. Actualmente se está llevando a cabo una revisión de la política, en la que se estudian posibles medidas para mejorar la recopilación y el uso de datos en los principales niveles de gobernanza.

111.Con anterioridad a la pandemia de COVID-19, las agresiones estaban disminuyendo. El número de agresiones alcanzó su punto máximo entre julio y septiembre de 2018, y la tasa de agresiones en los 12 meses hasta marzo de 2020 fue del 9 % inferior a la de los 12 meses precedentes.

112.En los 12 meses transcurridos hasta junio de 2022, se produjeron 20.551 incidentes de agresión, un 12 % más que en los 12 meses transcurridos hasta junio de 2021. Entre abril y junio de 2022 hubo 5.319 agresiones, lo que supone un aumento del 13 % respecto del trimestre anterior, que sigue siendo inferior al máximo registrado de 8.563 agresiones en el trimestre de julio a septiembre de 2018. Aunque el número de incidentes de agresiones sigue siendo inferior a los niveles anteriores a la pandemia, seguimos esforzándonos por combatir la violencia en los establecimientos penitenciarios.

113.La política de uso de la fuerza establece los requisitos jurídicos para el uso de la fuerza y las consideraciones que deben tenerse en cuenta antes, durante y después de la aplicación de la fuerza para garantizar que toda la fuerza es necesaria, razonable y proporcionada y, por tanto, legítima.

114.Se ha establecido un comité nacional sobre el uso de la fuerza, cuyas competencias abarcan instituciones públicas, privadas y de jóvenes infractores, que se reúne trimestralmente para supervisar estratégicamente el uso de la fuerza en todo el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de la Corona. El comité elabora procesos de presentación de información y comparte aprendizaje, ejemplos de buenas prácticas y resultados de investigación con partes interesadas internas y externas, incluidos los responsables de la gobernanza local y regional del uso de la fuerza.

Escocia

115.La regla 95 del Reglamento de Prisiones y Centros de Infractores Juveniles (Escocia) de 2011 permite separar a un recluso de la interacción con otros reclusos ya sea en general o para impedir su participación en una actividad prohibida. El objetivo de la política de desvinculación del Servicio Penitenciario de Escocia es garantizar el cumplimiento del artículo 95 y del CEDH, en particular los artículos 3 y 8. La separación de un recluso en virtud de la regla 95 debe obedecer al mantenimiento del orden o la disciplina, proteger los intereses de otro recluso o garantizar la seguridad de otras personas. De conformidad con la directriz 5 de las Orientaciones de Atención de la Salud en Establecimientos Penitenciarios (Escocia) de 2011 de la Junta de Salud, cuando una persona haya sido apartada de la asociación con otras personas en virtud de la regla 95 del Reglamento de Prisiones, un médico o enfermero deberá visitar a la persona lo antes posible y posteriormente con la frecuencia que considere necesaria. Un médico o enfermero debe efectuar un reconocimiento del estado de salud de los reclusos al menos una vez cada siete días.

Gales

116.En 2021, el Gobierno de Gales publicó el Marco de Reducción de las Prácticas de Inmovilización. Este Marco pretende promover medidas que conduzcan a la reducción de dichas prácticas. También procura garantizar que, cuando se apliquen prácticas de inmovilización, como último recurso, para evitar daños a la persona o a otras personas, ello se base en una planificación centrada en la persona en el contexto del entorno del servicio y de un modo que proteja a la persona, a las personas con las que interactúa y a las que le prestan servicios.

Guernsey

117.Los funcionarios de policía, aduanas y prisiones deben recibir formación periódica sobre el “uso de la fuerza”, en la que se les instruya en las técnicas de restricción más modernas. Todos los instructores de “uso de la fuerza” deben hacer un curso de revalidación. Se celebran reuniones informativas después de cada incidente de “uso de la fuerza” y los informes sobre dichos incidentes deben presentarse 72 horas después del incidente.

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales: establecimientos penitenciarios

118.Todas las muertes en prisión son investigadas por el Ombudsman de Prisiones y Libertad Condicional, una entidad independiente, además de ser objeto de una investigación forense. El Ombudsman publica el informe de cada investigación al término de esta.

119.El Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de la Corona acepta y aplica la gran mayoría de las recomendaciones contenidas en los informes del Ombudsman y responde a todos los informes de prevención de futuras muertes que recibe de los médicos forenses. El equipo nacional de seguridad coordina estas respuestas y garantiza que las enseñanzas extraídas de los informes y las recomendaciones se compartan en todo el sistema penitenciario.

120.En los 12 meses transcurridos hasta septiembre de 2022, se produjeron 307 muertes bajo detención penitenciaria, lo que supone un descenso del 22 % respecto a las 396 muertes de los 12 meses precedentes. De ellas, 70 fueron autoinfligidas, un 16 % menos que las 83 de los 12 meses anteriores. El desglose estadístico detallado, que incluye el sexo, la edad, la nacionalidad y la etnia, se publica en línea.

121.El Libro Blanco sobre la Estrategia Penitenciaria se publicó en diciembre de 2021 y expone nuestra visión de las prisiones del futuro. Estamos invirtiendo en nuestras prisiones para hacerlas más seguras tanto para los reclusos como para el personal, adoptando un enfoque preventivo de la seguridad y realizando cambios fundamentales en el entorno físico, introduciendo apoyo especializado, desarrollando intervenciones adaptadas a las necesidades, probando nuevas tecnologías y aumentando nuestra comprensión de la deuda como factor que impulsa la violencia y las conductas autolesivas.

122.Estamos mejorando la forma en que detectamos y gestionamos a las personas que plantean un riesgo elevado de violencia a través del Plan de Desafío, Apoyo e Intervención, el modelo nacional de gestión de casos para las personas que plantean un riesgo elevado de violencia, cuya aplicación se ordenó en todos los establecimientos penitenciarios para adultos a partir de noviembre de 2018. El Plan ofrece un marco de gestión de la violencia centrado en los reclusos y en sus necesidades específicas para ayudarlos a controlar y abandonar los comportamientos violentos.

123.Todas las respuestas a la violencia deben documentarse y registrarse en las estadísticas del censo oficial y del mercado laboral para apoyar una toma de decisiones defendible. La administración de los centros de detención debe poner en marcha un proceso de aseguramiento de la calidad que garantice que se impugnan e investigan enérgicamente los casos de violencia y se comparte la experiencia adquirida en estos incidentes.

124.Estamos desarrollando e introduciendo gradualmente un conjunto de materiales de formación práctica sobre seguridad para el personal. Esto incluye la formación del personal sobre la violencia. El módulo sobre violencia preparará al personal para comprender cómo mitigar los factores que impulsan la violencia en las prisiones, además de impartirle las competencias necesarias para mantener conversaciones difíciles, reducir efectivamente la tensión y apoyar el uso del Plan de Desafío, Apoyo e Intervención de forma eficaz en sus establecimientos.

Policía de Inglaterra y Gales

125.En virtud de la Ley de Reforma Policial de 2002, las fuerzas de Inglaterra y Gales tienen la obligación de informar a la Oficina Independiente sobre la Conducta Policial (OICP) de todas las muertes ocurridas durante el contacto con la policía o inmediatamente después. La Oficina examina las circunstancias de todos los casos y decide si procede investigar.

126.Desde abril de 2006, la OICP también recibe remisiones obligatorias de casos en los que una persona falleció durante un contacto, o inmediatamente después, con la Agencia de Hacienda y Aduanas de la Corona, la Autoridad de Regulación de los Proveedores de Mano de Obra y Lucha contra los Abusos Laborales o el Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia.

127.En el año de referencia más reciente, del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022, no falleció ninguna persona después de un aparente intento de suicidio en una sala de detención policial. El último incidente de este tipo se produjo en 2016-2017. Con anterioridad a ello, hubo un incidente en 2014-2015 y otro en 2008-2009. Desde 2004-2005, se informó de que siete personas habían muerto a consecuencia de actos autoinfligidos mientras se encontraban en una celda policial.

128.Las estadísticas figuran en el anexo.

Escocia

129.Cuando una persona fallece bajo detención legal, en virtud del artículo 2 de la Ley de Investigación de Accidentes Mortales, Muertes Súbitas y Otras Muertes (Escocia) de 2016 se lleva a cabo una investigación obligatoria de las causas del accidente mortal. Una posible excepción es que el Fiscal General decida que no se lleve a cabo una investigación si considera que las circunstancias del fallecimiento han quedado suficientemente demostradas en actuaciones, por ejemplo, penales. La decisión de llevar a cabo una investigación obligatoria de las causas del accidente mortal es competencia del Procurador o Fiscal General. El Servicio de Tribunales y Juzgados de Escocia es responsable de la acogida, administración y gestión de la investigación. Cuando se lleva a cabo una investigación obligatoria de las causas del accidente mortal, se determina qué medidas podrían adoptarse, en su caso, para mejorar la seguridad de los presos y evitar otras muertes en circunstancias similares.

130.El Inspector Principal de Prisiones de Su Majestad para Escocia lideró, junto con el Director General de Familias Fuera de la Prisión y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Escocia, un examen independiente sobre la gestión de las muertes en reclusión en el que estudiaron las políticas operacionales, la práctica y la capacitación del Servicio Penitenciario de Escocia y el SNS en relación con la muerte de reclusos, con miras a señalar las esferas que podían mejorarse y formular recomendaciones en este sentido en el período inmediatamente posterior a una muerte en reclusión. El examen se publicó en noviembre de 2021. El Secretario del Consejo de Ministros de Justicia y Veteranos aceptó en principio todas sus recomendaciones.

Guernsey

131.Los reclusos de la prisión de Guernsey que corren el riesgo de conducta autolesiva o suicidio son identificados y reciben la atención y el apoyo adecuados. Se identifica a todos los adultos vulnerables en situación de riesgo, se los protege de daños y descuido y se les presta atención y apoyo eficaces. Recientemente la prisión de Guernsey ha logrado reducir las tasas de autolesiones, comportamiento antisocial, violencia y uso de la fuerza.

Isla de Man

132.Se presentan investigaciones ante un jurado si se produce una muerte en prisión o bajo detención policial, o como resultado de una lesión causada por un agente de policía en el “cumplimiento de su deber”. A raíz de los últimos incidentes, se han introducido cambios, incluidos algunos relativos a la formación obligatoria del personal.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

133.Las decisiones sobre detención se toman caso por caso. En la política de detención del Ministerio del Interior se señala claramente que la detención debería usarse durante el menor tiempo posible.

134.No detenemos a personas de forma indefinida. Por ley, solo estamos facultados para detener a personas a efectos de examen, o de expulsión cuando existe una perspectiva realista de expulsión en un plazo razonable. El equipo de asistencia social individualizada a detenidos que han solicitado asilo examina las solicitudes de algunas personas en centros de internamiento. Todas las decisiones de detener (o mantener detenidos) a solicitantes de asilo se examinan en el marco de la política de detención publicada, incluida la Política sobre los Adultos en Situación de Riesgo en Centros de Detención de Inmigrantes, cuando procede.

135.La mayoría de las personas detenidas en virtud de facultades de inmigración pasan poco tiempo en prisión. En el año que concluyó en marzo de 2023, los datos revelan que la inmensa mayoría de las personas (98 %) puestas en libertad estuvieron detenidas menos de 6 meses y que el 73 % de ellas no pasó más de 28 días en detención, en tanto que el 44 % estuvo detenida durante 7 días o menos. Prácticamente todos los detenidos durante más de 6 meses son infractores extranjeros. El 95 % de las personas sin permiso de residencia en el Reino Unido son supervisadas en su entorno comunitario en lugar de ser detenidas.

136.Hemos llevado a cabo dos proyectos piloto para examinar alternativas a la detención. De conformidad con las mejores prácticas internacionales, cada proyecto piloto se ejecutó durante dos años antes de su evaluación final. El primero de estos proyectos, Action Access, ha ofrecido a mujeres que de otro modo estarían detenidas un programa de apoyo en la comunidad. Este proyecto piloto concluyó el 31 de marzo de 2021, después de dos años.

137.El segundo proyecto piloto, el Servicio de Asesoramiento a Refugiados e Inmigrantes, prestó apoyo tanto a hombres como a mujeres y concluyó en junio de 2022, según lo previsto. Estamos colaborando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en estos proyectos piloto y se ha designado al Centro Nacional de Investigación Social para que evalúe este trabajo de forma independiente.

138.El informe de evaluación del proyecto piloto Action Access se publicó el 24 de enero de 2022, y el del Servicio de Asesoramiento a Refugiados e Inmigrantes se publicará en breve. Utilizaremos las evaluaciones de estos proyectos piloto como la base de nuestro futuro enfoque de las alternativas a la detención centradas en la gestión de casos.

139.Aceptamos plenamente que algunos grupos de personas pueden correr un riesgo especial de sufrir daños durante la detención de inmigrantes. Esta es la base de la Política sobre los Adultos en Situación de Riesgo en Centros de Detención de Inmigrantes, que refuerza la presunción contra la detención de personas vulnerables. En virtud de la Política sobre los Adultos en Situación de Riesgo, las personas vulnerables solo serán detenidas cuando las pruebas de vulnerabilidad en su caso particular sean superadas por consideraciones de inmigración. El artículo 35 del Reglamento de Centros de Detención de 2001 exige que los médicos de los centros de expulsión de inmigrantes informen al Ministerio del Interior de los casos de personas cuya salud se resienta durante la detención, de las que se sospeche que tienen intenciones suicidas o que pueden haber sido víctimas de tortura. Las pruebas obtenidas a través de estos procesos se utilizan al estudiar los casos de conformidad con los adultos en situación de riesgo en centros de detención de inmigrantes.

140.En todos los centros de expulsión de inmigrantes y centros de detención de corto plazo hay procedimientos establecidos para reducir al mínimo los casos de conductas autolesivas, con evaluaciones formales del riesgo en el momento de la detención inicial y sistemas para plantear preocupaciones en cualquier momento posterior. El sistema de evaluación, tratamiento en detención y trabajo en equipo se utiliza para el seguimiento de las personas detenidas consideradas en riesgo de autolesión o suicidio y funciona en todos los centros de expulsión de inmigrantes y centros de detención de corto plazo. El personal de todos los centros está capacitado para identificar y prevenir el riesgo de suicidio y conducta autolesiva. En todos los centros hay carteles en varios idiomas en los que se invita a los reclusos a que comuniquen a un miembro del personal cualquier preocupación sobre una persona detenida.

141.En 2010 se puso fin a la detención rutinaria de niños y familias que eran expulsados por el Reino Unido. El Proceso de Retorno Familiar, introducido en 2011, se centra más en colaborar con las familias con niños para fomentar su retorno voluntario. En virtud del Proceso de Retorno Familiar, cuando las familias con niños se niegan a abandonar el Reino Unido voluntariamente, pueden albergarse durante un breve período inmediatamente anterior a su expulsión en un alojamiento previo a la partida (en el aeropuerto de Gatwick) para facilitar su regreso garantizado. También sigue siendo necesario, en algunas ocasiones, retener a familias con niños que han sido interceptadas en la frontera mientras se investiga si pueden ser admitidas en el país, o hasta el siguiente vuelo de regreso disponible si se les deniega la entrada. Los niños no acompañados solo son detenidos cuando es absolutamente necesario y durante el período más breve posible. Una persona que recibe el trato de niño no acompañado no debe ser detenida en un centro de expulsión de inmigrantes en ningún caso. La Ley de Inmigración de 2014 instituyó un plazo de 24 horas para la expulsión de los niños no acompañados detenidos en un centro de retención de corto plazo. Cabe señalar que el proyecto de ley sobre migración irregular establece disposiciones específicas para la detención de niños y familias sujetos a expulsión en virtud de las disposiciones de dicho proyecto de ley.

142.La asistencia sanitaria en todos los centros de detención de inmigrantes de Inglaterra (salvo en el Centro de Tramitación de Manston, que tiene un contrato con un proveedor privado) está a cargo del SNS de Inglaterra. En el centro de expulsión de inmigrantes Dungavel House, en Escocia, y el centro de detención de corto plazo Larne House, en Irlanda del Norte, la asistencia sanitaria está a cargo de los proveedores de servicios. Todos los centros de expulsión de inmigrantes cuentan con unidades de atención sanitaria específicas dirigidas por médicos y enfermeros que prestan servicios con un nivel de calidad equivalente al de los servicios prestados en la comunidad. Las personas que ingresan en los centros de expulsión de inmigrantes son examinadas por personal de enfermería dentro de las primeras 2 horas de estancia y tienen la opción de ver a un médico dentro de las primeras 24 horas. También tienen acceso a asistencia médica mientras permanezcan en el centro, como atención primaria, odontología, servicios de tratamiento por abuso de sustancias y atención de salud mental.

143.El SNS de Inglaterra se propone ofrecer un alto nivel de asistencia sanitaria equivalente a la de la comunidad en todos los centros de inmigración que están bajo su responsabilidad, los centros de detención de corto plazo y los centros de expulsión de inmigrantes. En tal sentido, el SNS de Inglaterra está publicando nuevas especificaciones de servicios que se implantarán en 2023-2024, incluidos los de salud mental y abuso de sustancias estupefacientes, a fin de garantizar que sean adecuados y respondan a las necesidades de la población.

144.Además, el SNS de Inglaterra ha colaborado estrechamente con el Ministerio del Interior para garantizar que todos los nuevos centros de detención se diseñen, construyan y equipen de acuerdo con las normas sanitarias más exigentes y que los servicios encargados de prestarlos respondan a las necesidades de la población. Los comisionados regionales del SNS de Inglaterra garantizan el seguimiento de la prestación y la calidad de los servicios de internamiento por medio de reuniones periódicas de gestión de contratos en las que participan los directores de los centros y los grupos de prestación de servicios de la alianza regional.

145.Las estadísticas figuran en el anexo.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

146.El personal está capacitado para identificar y apoyar a las personas más vulnerables en su paso por el sistema. Contamos con un sólido equipo que se ocupa específicamente de este tipo de solicitudes. Todo el personal está formado e informado sobre cómo derivar adecuadamente todo tipo de solicitudes, incluidas las de apatridia. En forma habitual prestamos asistencia a los solicitantes para ayudarlos a fundamentar su solicitud.

147.El personal que trabaja en el sector de la apatridia recibe 1 semana de formación presencial y 12 semanas de mentoría sobre casos reales, que pueden prorrogarse para dar cabida a quienes necesiten más tiempo para adquirir conocimientos y a quienes trabajen a tiempo parcial. Una vez finalizada la mentoría, trabajan de forma independiente con metas reducidas durante un período de tiempo para familiarizarse con los distintos aspectos del flujo de trabajo de la función y recabar la orientación de su asistente social superior. Este último está a disposición de todos los miembros del equipo para consultas y resolución de problemas. Todos los meses las decisiones de los asistentes sociales son objeto del aseguramiento de la calidad por parte del asistente social superior. Nuestro conjunto de actividades de capacitación se revisa constantemente para garantizar que nuestros asistentes sociales reciban la información más actualizada y pertinente posible.

148.Los requisitos probatorios utilizados son los mismos en caso de apatridia que los detallados en la política de licencias, el equilibrio de probabilidades.

149.El sistema de apelación de inmigración fue reformado por la Ley de Inmigración de 2014. Los derechos de apelación se limitan ahora a las decisiones que afectan a los derechos fundamentales de una persona o cuando esta (o un miembro de su familia) ha conservado sus derechos como ciudadano del Espacio Económico Europeo (EEE). Cuando una persona apátrida alegue que corre riesgo de persecución o que su expulsión supondría una violación de sus derechos humanos y deneguemos esa alegación, tendrá derecho a recurrir.

150.Una persona apátrida que no alegue que corre riesgo de persecución o que su expulsión vulneraría sus derechos humanos y a la que se deniegue permiso para permanecer en el Reino Unido puede solicitar una revisión administrativa de la decisión de denegación de su solicitud de apatridia. Un equipo independiente del Ministerio del Interior, distinto del equipo que tomó la decisión administrativa inicial lleva a cabo el examen administrativo. Si el examen administrativo determina que la decisión original era correcta, la persona puede solicitar una revisión judicial de la decisión.

151.Desde octubre de 2019, el asesoramiento en materia de inmigración y asilo a niños migrantes separados de sus familias, incluido el relativo a la apatridia, pasó al ámbito de aplicación del régimen de asistencia jurídica.

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales: establecimientos penitenciarios

152.Los reclusos tienen derecho a presentar quejas en virtud de la regla 11 del Reglamento de Prisiones de 1999 y la regla 8 del Reglamento de Centros de Infractores Juveniles de 2000, y todas las prisiones de Inglaterra y Gales aplican un proceso de quejas normalizado en consonancia con el marco nacional de quejas de reclusos. El proceso tiene múltiples niveles que permiten elevar las quejas individuales a una apelación y al Ombudsman de Prisiones y Libertad Condicional si el autor de la queja no está satisfecho con la respuesta interna recibida.

153.Las quejas sobre presuntos delitos pueden remitirse a la policía para su investigación y el marco contiene orientaciones específicas sobre el proceso de gestión de las alegaciones contra el personal y las remisiones a la policía, y se dispone que todas las quejas relativas a presuntas faltas de conducta del personal se gestionen de conformidad con la Directiva del Servicio Penitenciario núm. 06/2010 sobre conducta y disciplina. En los establecimientos de protección de menores, todas las quejas relativas a alegaciones contra el personal se tramitan a través de los procedimientos de protección infantil que se describen en el anexo C de la Directiva del Servicio Penitenciario núm. 08/2012 sobre cuidado y gestión de los jóvenes.

154.Las prisiones deben permitir que un recluso que sea víctima de un delito lo denuncie a la policía si así lo desea, aunque la prisión haya decidido no denunciarlo directamente.

Policía de Inglaterra y Gales

155.Las quejas contra la policía se tramitan con arreglo al marco legislativo previsto en la Ley de Reforma de la Policía de 2002 y el Reglamento de Policía (Quejas y Conducta Indebida) de 2020. La OICP es un organismo autónomo encargado de supervisar el sistema de quejas contra la policía en Inglaterra y Gales. Investiga los asuntos más graves, incluidas las muertes tras un contacto policial, y establece las normas que la policía debe seguir al tramitar las quejas. Es una entidad independiente y toma sus decisiones operativas con total autonomía de la policía y el Gobierno. La policía también es independiente desde el punto de vista operativo y recopila y archiva información y datos diversos a nivel de las fuerzas policiales, en lugar de centralizarlos en el Gobierno.

156.La gran mayoría de las quejas son tramitadas por los departamentos de normas profesionales de las fuerzas de policía pertinentes. Todos los casos de fallecimiento y lesiones graves en los que esté implicada la policía deben remitirse a la OICP para que los evalúe. Además, la Oficina tiene sus propios “criterios obligatorios de remisión”, que establecen que determinadas quejas y ciertas cuestiones relativas a la conducta contra la policía, como las agresiones graves, también deben remitirse a la OICP. La Oficina, al decidir si una remisión debería investigarse, puede determinar el tipo de investigación que corresponde, a saber:

Independiente: la OICP investiga la cuestión con sus propios investigadores.

Dirigida: la Oficina dirige y controla la investigación utilizando recursos de la policía.

Local: el Departamento de Normas Profesionales de la policía lleva a cabo la investigación, sin participación de la OICP.

157.Las estadísticas sobre las investigaciones independientes de la OICP pueden consultarse en línea.

158.Los datos y estadísticas se publican en el sitio web de la Oficina .Este año, por primera vez, se han publicado en forma separada estadísticas sobre la conducta policial indebida. Se está trabajando para mejorar la calidad de los datos en futuras publicaciones.

Inglaterra y Gales: inmigración

159.El Reino Unido cuenta con un sólido sistema de quejas a disposición de las personas detenidas que estimen no haber sido tratadas de conformidad con nuestras normas. Tomamos muy en serio las quejas de las personas detenidas y nos aseguramos de que se investiguen a fondo y sin demora. Las quejas de las personas detenidas se investigan de conformidad con las orientaciones publicadas.

160.Las personas detenidas que presentan quejas no se ven perjudicadas en ninguna medida en relación con el trato que reciben durante su detención, ni en relación con la resolución de su caso de inmigración. Las personas detenidas que no queden conformes con la gestión de su queja pueden solicitar su revisión por el organismo de examen de quejas o el Ombudsman de Prisiones y Libertad Condicional, que es independiente.

161.Las quejas por faltas graves contra un funcionario del Ministerio del Interior o de un proveedor contratado se remiten a la Unidad de Normas Profesionales del citado Ministerio para que sean investigadas. La Unidad lleva a cabo una investigación y proporciona una respuesta sustantiva a la queja en un plazo de 12 semanas. En algunos casos, las quejas remitidas a la Unidad de Normas Profesionales para su investigación no se aceptan. Esto puede deberse a diversas razones, entre ellas, que las quejas corresponden a la categoría de “falta leve”, tal como se establece en la Orden de los Servicios de Detención.

Escocia: establecimientos penitenciarios

162.El Servicio Penitenciario de Escocia toma en serio todas las alegaciones de uso indebido de la fuerza y las investiga e incluso, cuando es necesario, remite el asunto a la Policía de Escocia. Si una persona ha agotado el procedimiento interno (las quejas pueden presentarse en forma confidencial por medio del proceso interno) y no está satisfecha con la respuesta, puede remitir su queja al Ombudsman de los Servicios Públicos de Escocia. En todas las zonas residenciales pueden obtenerse ejemplares del formulario de queja del Ombudsman de los Servicios Públicos.

163.En 2020-2021 se interpusieron 37 nuevos casos de faltas graves contra el personal penitenciario, en 2021-2022, 53 y entre el 1 de abril de 2022 y el 23 de noviembre de 2022, 38. Se han producido 4 despidos desde el 1 de abril de 2022, y de los 13 casos que fueron objeto de investigación policial durante el mismo período 1 ha dado lugar a enjuiciamiento y 7 se siguen investigando.

Policía de Escocia

164.El proceso de la Policía de Escocia para tramitar las quejas se establece en los Procedimientos Operativos Estándar de Tramitación de Quejas sobre la Policía, que actualmente se están revisando. Una vez finalizada la revisión, se publicará una nueva versión. Las estadísticas figuran en el anexo.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

165.El Equipo de la Policía Militar para las Investigaciones Pendientes se creó en junio de 2017 tras la decisión de poner fin a la labor del Equipo de Investigaciones Históricas sobre el Iraq y transferir sus casos, por entonces muy pocos, nuevamente a un órgano de la Policía Militar. El número de casos del Equipo de la Policía Militar, de 1.291 alegaciones, de las que 178 se tramitaron a través de 55 investigaciones separadas, incluyó 1.269 quejas heredadas del Equipo de Investigaciones Históricas tras su cierre. Ninguna de las investigaciones del Equipo de Investigaciones Históricas ni del Equipo de la Policía Militar ha dado lugar a procesamientos.

166.En total, el Equipo de Investigaciones Históricas y el Equipo de la Policía Militar recibieron o identificaron 3.681 quejas. El número de quejas se redujo por distintas razones: algunas se eliminaron debido a errores de auditoría, otras fueron retiradas por el denunciante, hubo quejas duplicadas, tramitadas por otra fuerza de policía, y no hubo denuncias penales. En total, el Equipo de la Policía Militar para las Investigaciones Pendientes evaluó 1.291 quejas.

167.El Equipo de la Policía Militar para las Investigaciones Pendientes se cerró oficialmente el 30 de septiembre de 2021. Esto se anunció en una declaración ministerial escrita presentada el 18 de octubre de 2021.

168.Tras el cierre del Equipo de la Policía Militar para las Investigaciones Pendientes, la Policía de la Armada Real asumió la responsabilidad de investigar 18 casos heredados que no formaban parte del total de casos asignados al Equipo de la Policía Militar bajo el título Operación Ampliable.

169.Los trabajos de investigación de la Operación Ampliable concluyeron cuando el investigador de la Policía de la Armada Real tomó la decisión de que se archivaran todos los casos y las actuaciones se dieron por terminadas el 27 de septiembre de 2021. Sin embargo, en el futuro pueden surgir otras acusaciones graves que, en caso de ser creíbles, deberán investigarse en el marco de nuestras obligaciones en virtud de la legislación nacional e internacional.

170.En el futuro, toda denuncia penal histórica relacionada con actos de tortura y malos tratos de ciudadanos iraquíes cometidos por las fuerzas armadas del Reino Unido en el Iraq entre 2003 y 2009 se remitirá al Jefe de Policía de la Armada Real, que tiene competencia para imponer el cumplimiento de la ley que le permite llevar a cabo investigaciones sobre infracciones del Servicio, tanto disciplinarias como penales.

171.En 2013 el Tribunal Superior nombró un magistrado designado para supervisar el progreso de las investigaciones sobre las alegaciones derivadas de las operaciones en el Iraq, denominadas Investigación de Muertes en el Iraq. El Gobierno del Reino Unido ha facilitado al Tribunal información periódica actualizada sobre los avances y la metodología de la investigación. El Tribunal no ha formulado críticas sobre la categorización de los casos (que refleja la gravedad de las acusaciones y de los daños físicos y mentales sufridos) ni los procesos de investigación. La categorización tiene por objeto garantizar que las acusaciones se investiguen adecuadamente y permitir que se prioricen los recursos de investigación.

Investigación pública única

172.El Gobierno del Reino Unido considera que una investigación pública única no tendría ninguna utilidad. Las acusaciones contra las fuerzas británicas en el Iraq han sido, y siguen siendo, debidamente investigadas. Se han subsanado errores sistémicos, con cambios significativos en algunas políticas y en la formación.

173.Se adoptaron medidas a partir de las conclusiones recogidas en los informes de 2018 sobre el maltrato y la entrega de detenidos en el extranjero, elaborados por la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento.

Ley de Operaciones en el Extranjero (Personal Militar y Veteranos) de 2021

174.En abril de 2021 el Gobierno aprobó la Ley de Operaciones en el Extranjero (Personal Militar y Veteranos). La Ley introduce una medida de “presunción jurídica”, que:

Establece la presunción de que, una vez transcurridos cinco años desde la fecha de un incidente, será excepcional que un fiscal decida procesar por delitos presuntamente cometidos en operaciones en el extranjero;

Exige que el fiscal conceda especial importancia a determinados aspectos al decidir si interpone o no un procedimiento y se requiere el consentimiento del oficial encargado de hacer cumplir la ley competente antes de poder incoar tales procesamientos.

175.La medida de “presunción jurídica de no enjuiciamiento” no constituye una prescripción ni una amnistía. Por el contrario, la presunción es refutable; los fiscales seguirán manteniendo la facultad discrecional de procesar cuando lo consideren oportuno. La presunción jurídica es coherente con las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional, incluidos el Estatuto de Roma y la Convención contra la Tortura. Por el momento no está previsto revisar la Ley.

176.Toda persona que alegue haber sido sometida a malos tratos o tortura por las fuerzas del Reino Unido puede, con sujeción a los plazos especificados en la legislación aplicable, interponer una demanda contra el Gobierno del Reino Unido.

177.Las operaciones en el Iraq han dado lugar a más de 900 solicitudes de indemnización contra el Ministerio de Defensa. Se presentaron en virtud del derecho de responsabilidad civil y del CEDH por presunta detención ilegal y malos tratos.

178.De estas, unas 320 se resolvieron en 2012-2013 tras la sentencia del TEDH (véase Al ‑ Jedda c. el Reino Unido) en el sentido de que las fuerzas británicas no tenían un fundamento legítimo para efectuar detenciones en el Iraq.

179.Tras la sentencia principal del Tribunal Superior de diciembre de 2017 (véase Alseran y otros c. el Ministerio de Defensa [2017] EWHC 3289 (QB)), que aclaró la posición jurídica en relación con la detención, se retiraron o anularon unas 200 demandas. Desde entonces, el Ministerio de Defensa ha estado trabajando con los abogados de los demandantes para resolver las más de 400 demandas restantes sin necesidad de nuevos juicios. Este proceso está casi terminado.

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

180.El Gobierno formuló una declaración ante el Parlamento el 18 de julio de 2019 explicando por qué había decidido no iniciar una nueva investigación. El Gobierno concluyó que no había ninguna razón de política para hacerlo, dado el amplio trabajo ya realizado para mejorar las políticas y las prácticas en este ámbito; tampoco había una obligación legal. En la declaración se señaló que estos asuntos habían sido objeto de varias investigaciones policiales y que en enero de 2012 el Ministerio Fiscal de la Corona y el Servicio de Policía Metropolitana habían creado un grupo mixto para estudiar las alegaciones de implicación del Reino Unido en malos tratos a detenidos. Hasta la fecha, ninguna de estas investigaciones policiales ha dado lugar a la adopción de nuevas medidas.

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

181.El 17 de mayo de 2022, el Gobierno del Reino Unido presentó en el Parlamento el proyecto de ley sobre el conflicto en Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación). Esta legislación se centra en un mecanismo de recuperación de la información eficaz y oportuno, que proporcione respuestas y rendición de cuentas a las familias y los supervivientes mediante un proceso coherente con nuestras obligaciones internacionales, al tiempo que promueve la reconciliación y alienta a la sociedad a mirar juntos hacia un futuro compartido. El proyecto de ley, que se está tramitando actualmente en el Parlamento, prevé la creación de un nuevo órgano independiente para la recuperación de la información, la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información, con amplios poderes para llevar a cabo revisiones de los incidentes relacionados con el conflicto (“the Troubles”), incluso cuando queden preguntas sin respuesta sobre acusaciones de irregularidades cometidas por representantes del Estado. Estas facultades permiten una investigación penal completa, equivalente a la policial, con las consiguientes medidas coercitivas de investigación capaces de satisfacer la obligación procesal de los artículos 2 y 3 del CEDH. El mandato de la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información va más allá de la Dependencia de Investigación Histórica del Acuerdo de Stormont House y se amplía para incluir los casos de lesiones muy graves que dan lugar a obligaciones de investigación, así como las muertes relacionadas con el conflicto.

182.El 22 de agosto de 2022, el Gobierno del Reino Unido presentó una respuesta formal a la Subdivisión de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, en la que exponía cómo cumpliría la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información las normas y obligaciones internacionales. Como se indica en dicha respuesta, el Comisionado de Investigaciones tendrá todos los privilegios y facultades necesarios de un agente de policía, al igual que cualquier otro funcionario de la citada Comisión designado por el Comisionado de Investigaciones. Estos funcionarios podrán, por ejemplo, arrestar y detener a sospechosos para interrogarlos, recabar órdenes de registro u otras órdenes judiciales que exijan la presentación de pruebas y obtener muestras para pruebas forenses. Como autoridad pública, la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información tendrá la obligación (de conformidad con la Ley de Derechos Humanos) de ejercer sus funciones de forma compatible con las obligaciones del Reino Unido en virtud del CEDH. En la práctica, esto significa que la Comisión tendrá la obligación legal de ejercer sus facultades cuando sea necesario para cumplir los requisitos de la obligación procesal (de investigación) del artículo 2 o 3 del CEDH en un caso concreto.

183.La Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información se fundamentará en un requisito jurídico sin precedentes de información completa por parte de los ministerios del Gobierno del Reino Unido, los servicios de seguridad y los organismos independientes, para asegurarse de que puede reunir todas las pruebas que necesita para establecer los hechos de lo ocurrido en cada caso. Esto significa que se exigirá a las autoridades pertinentes que revelen todo el material que la Comisión pueda necesitar razonablemente a efectos de sus revisiones, y la Comisión tendrá acceso pleno y sin restricciones a todo este material. Las conclusiones de las investigaciones de la Comisión se harán públicas en la medida de lo posible, ayudando a todos, en Irlanda del Norte y fuera de allí, a comprender mejor los acontecimientos del pasado. Aunque corresponde que el material de dominio público se restrinja en los casos en que supone un riesgo para la seguridad nacional o la vida, cualquier decisión que restrinja la divulgación de material de dominio público estará sujeta a la supervisión de tribunales independientes.

184.Todas las investigaciones, una vez iniciadas, podrán dar lugar a actuaciones judiciales, en caso de que existan pruebas suficientes de delito. Sin embargo, el proyecto de ley también prevé que la Comisión ofrezca inmunidad de enjuiciamiento a las personas en función de cada caso, a cambio de que proporcionen información veraz sobre su papel. Esto creará un verdadero incentivo para facilitar información y muchos agentes no estatales que no han cooperado en investigaciones anteriores deberán reconocer por primera vez su papel en un incidente como parte de este proceso. Con ello se aborda la preocupación común suscitada por las propuestas del Acuerdo de Stormont House, en el sentido de que muchas personas no aportarían información potencialmente vital a ningún proceso de recuperación de información, mientras subsistiera la amenaza de enjuiciamiento, por remota que fuera. Quienes no cooperen con las investigaciones de la Comisión, o se nieguen a reconocer su papel en los acontecimientos relacionados con el conflicto (“the Troubles”), podrán ser procesados si existen o salen a la luz pruebas suficientes. Este régimen de inmunidad condicional reforzará la sólida labor de investigación de la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información, en consonancia con las obligaciones internacionales del Reino Unido, proporcionando respuestas y rendición de cuentas a muchas más familias que en el marco del sistema actual.

185.Este régimen de inmunidad condicional procura encontrar el equilibrio adecuado, manteniendo abierta la posibilidad de enjuiciamiento en determinadas circunstancias, pero centrándose necesariamente en la recuperación de información y la reconciliación, reconociendo la difícil pero ineludible realidad de que las perspectivas de éxito de los enjuiciamientos en la gran mayoría de los casos históricos son cada vez más improbables, ya que dos tercios de los casos pendientes tienen ahora más de 40 años y la calidad de las pruebas físicas y de la memoria está muy disminuida. En los últimos tiempos, la inmensa mayoría de las investigaciones no han podido satisfacer el elevado nivel de prueba exigido para garantizar el éxito de un proceso. De resultas, las familias rara vez obtienen las respuestas que buscan en los largos, contenciosos y complejos procesos legalistas del sistema actual, y a menudo sufren nuevos traumas. Un sondeo independiente realizado recientemente por el Instituto de Estudios Irlandeses parece indicar que la opinión pública reconoce esta perturbadora verdad, ya que el 46,9 % de los encuestados, frente al 20,7 %, está de acuerdo en que la única forma de ofrecer la verdad a las familias es proporcionarles inmunidad de enjuiciamiento.

186.El Gobierno confía en que estas medidas ofrecerán mejores resultados a las víctimas y supervivientes y a la sociedad de Irlanda del Norte, al tiempo que proporcionarán un mecanismo eficaz para cumplir las obligaciones internacionales del Estado. También reconocemos que las disposiciones del proyecto de ley suponen un reto para muchas personas y organizaciones. Se trata de una cuestión extremadamente compleja y delicada que requiere un enfoque equilibrado y ponderado que inevitablemente implica un compromiso difícil, como ha sucedido en el caso de otras decisiones difíciles pero necesarias adoptadas desde el Acuerdo de Belfast (Acuerdo del Viernes Santo), que han restringido o modificado el modelo de justicia penal para facilitar la recuperación de la información, la reconciliación y la no reincidencia en Irlanda del Norte. El Gobierno del Reino Unido ha declarado y demostrado constantemente su voluntad de trabajar con todas las partes de la comunidad de Irlanda del Norte para tratar de avanzar en relación con esta cuestión. Recientemente, durante la fase de examen en comisión parlamentaria del proyecto de ley en la Cámara de los Lores, el Gobierno presentó enmiendas en varios ámbitos fundamentales que reflejan la importante colaboración que se está llevando a cabo, incluso con las víctimas y los supervivientes. El Gobierno mantiene su firme compromiso de continuar esta colaboración con todas las partes interesadas sobre las preocupaciones restantes y la forma en que podrían abordarse a medida que el proyecto de ley avanza en el Parlamento.

187.En el caso de Patrick Finucane, el Gobierno del Reino Unido ha reconocido el sufrimiento causado por su asesinato, y el ex-Primer Ministro David Cameron se disculpó en persona por la connivencia que sin duda se había producido. El Gobierno del Reino Unido ha reconocido la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, dictada el 27 de febrero de 2019, que sostuvo que aún no se había realizado una investigación válida conforme al artículo 2 del CEDH sobre la muerte de Patrick Finucane. La posibilidad de una investigación pública en el futuro no se ha descartado, pero la decisión del anterior Secretario de Estado para Irlanda del Norte de noviembre de 2020 reflejó su opinión de que redundaba en el interés general permitir que los procesos en curso de la policía y la Defensoría del Pueblo relacionados con el caso siguieran adelante, antes de tomar una decisión sobre si las obligaciones del Estado en virtud del artículo 2 ya se habían cumplido, o si se requerían nuevas medidas. Posteriormente, la esposa de la víctima, Geraldine Finucane, impugnó la decisión del Secretario de Estado mediante una revisión judicial. El 21 de diciembre de 2022 el Tribunal Superior de Irlanda del Norte dictó una sentencia en la que declaraba que aún no se había realizado una investigación conforme al artículo 2 sobre la muerte y anulaba la decisión del entonces Secretario de Estado de esperar al resultado de las investigaciones de la policía y la Defensoría del Pueblo. El Gobierno del Reino Unido está estudiando atentamente la sentencia en su totalidad.

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales

188.A raíz de la revisión de las prácticas y procedimientos de protección en el ámbito de la detención de jóvenes, llevada a cabo por el Servicio Penitenciario Juvenil del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de la Corona, el Servicio Penitenciario Juvenil está elaborando una nueva Política de Salvaguardia. Al mismo tiempo, el Servicio Penitenciario Juvenil está evaluando la política de protección individual de cada centro para comprender mejor los cambios necesarios a corto plazo antes de que se aplique la nueva política para todos los centros, ya que nos esforzamos por mejorar las prácticas de protección a nivel local. Hemos fortalecido la capacitación de todo el personal en materia de protección, para que comprendan sus responsabilidades.

189.Seguimos fortaleciendo nuestra relación con los principales asociados en materia de protección, incluidas las entidades territoriales de las regiones en las que están situados nuestros centros. Las cinco Instituciones para Jóvenes Infractores cuentan con trabajadores sociales especializados enviados por las entidades territoriales, y hemos revisado los acuerdos de nivel de servicio para reforzar la supervisión externa y la revisión independiente.

190.Además, en respuesta a la recomendación 11 de la revisión independiente del uso de técnicas de inducción del dolor en centros de detención de jóvenes, publicada en junio de 2020, el Grupo de Examen de Prácticas de Inmovilización, que es independiente, lleva a cabo dos veces al año inspecciones de los centros de detención de jóvenes y de los centros de capacitación vigilados para examinar las prácticas de inmovilización impuestas a los niños en las que se ha inducido dolor. El Grupo depende directamente de los Ministros e informa regularmente a los altos cargos de los centros de capacitación vigilados, la Junta de Justicia Juvenil, la Inspección de Prisiones de Su Majestad y la Oficina de Control de los Niveles de Educación, Servicios y Formación de la Infancia (Ofsted). Esto garantiza que el control de la aplicación de medidas de inmovilización importantes sea riguroso en todos los centros de detención de jóvenes y en los centros de capacitación vigilados, y que los centros y el Servicio Penitenciario Juvenil rindan cuentas de forma independiente y demuestren prácticas adecuadas y mejoras cuando sea necesario.

191.El Servicio Penitenciario Juvenil reúne datos de la gestión interna de los distintos centros sobre el número de derivaciones de protección en los casos en que se sabe o sospecha que un niño podría sufrir daño. Utilizamos estos datos para hacer un seguimiento de cuestiones de protección y garantizar la seguridad de los niños. Las derivaciones se comparten con los asociados locales de protección y con la policía, en su caso. Una vez que un asunto está en manos de la policía, esta es responsable de los datos relativos a procesamientos, condenas y sentencias, aunque la experiencia indica que este número es extremadamente bajo.

192.Los centros de capacitación vigilados está revisando actualmente el proceso de quejas de los niños para asegurarse de que sea accesible, receptivo, que dé lugar a investigaciones y sirva de apoyo a los niños alojados en los centros. Se ha creado un grupo de trabajo para elaborar un conjunto de principios que expongan las mejores prácticas para los procesos de quejas específicos de la infancia, que se incorporarán a la política oficial, tras una revisión de las conclusiones del Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional y las observaciones de nuevos grupos focales obtenidas por el Equipo de Protección del Servicio Penitenciario Juvenil con la participación de profesionales y niños privados de libertad.

193.Los niños también cuentan con el apoyo de defensores dentro de los centros, de modo que disponen de apoyo profesional para plantear cualquier problema que pudieran tener. La organización benéfica Barnardo’s presta servicios de promoción de los derechos del niño a todos los niños y jóvenes internados en centros de detención de jóvenes y centros de capacitación vigilados de Inglaterra y Gales. Los hogares infantiles protegidos contratan sus propios servicios de promoción. El Servicio conocido operativamente como Barnardo’s “Tus derechos, tu voz” se ha concebido para empoderar y apoyar a los niños y jóvenes en la resolución de cuestiones relativas a su bienestar, cuidado y tratamiento durante la detención.

194.Varias partes interesadas y organismos llevan a cabo inspecciones de los centros de detención de jóvenes para determinar los niveles de desempeño en varias esferas clave, a saber:

La Inspección de Prisiones de Su Majestad es responsable de evaluar los centros de detención de jóvenes en las esferas de Seguridad, Atención, Actividad Constructiva y Reasentamiento.

La Ofsted y la Comisión de Calidad de los Servicios de Atención se encargan de evaluar los centros de capacitación vigilados y los hogares infantiles protegidos en las esferas de educación y aprendizaje, salud y reasentamiento, para determinar cómo se ayuda y protege a los niños, así como la eficacia de los líderes y gestores.

Los centros de detención de jóvenes también son inspeccionados anualmente por sus Juntas de Supervisión Independientes para garantizar el trato humano y justo de los niños recluidos, así como para evaluar los programas y planes que preparan a los niños para su reinserción en la comunidad.

El Grupo de Examen de Inmovilización, una entidad independiente (según se detalla más arriba).

Irlanda del Norte

195.Irlanda del Norte cuenta con un centro de detención para jóvenes, el Centro de Justicia Juvenil Woodlands, que forma parte de la Agencia de Justicia Juvenil. La Inspección de Justicia Penal de Irlanda del Norte la fiscaliza periódicamente. Además, todos los meses, un supervisor independiente visita el Centro de Justicia Juvenil y se reúne con el personal y los jóvenes. El Director General de la Agencia de Justicia Juvenil recibe un informe de cada visita y lo transmite al Consejo de Administración de la Agencia.

196.El Centro de Justicia Juvenil dispone de un procedimiento de quejas bien establecido y los niños lo utilizan para plantear sus preocupaciones. Estas quejas se examinan en el marco de las disposiciones de control e inspección y se presentan informes periódicos al respecto al Consejo de Administración de la Agencia.

Escocia

197.La Investigación sobre el Maltrato Infantil en Escocia se instituyó en octubre de 2015 para investigar los casos de maltrato de niños acogidos allí. La Investigación sigue indagando acerca del maltrato de niños en centros de acogida, y se anunció que en el tercer trimestre de 2023 comenzarían las audiencias públicas para examinar el maltrato de niños en centros de acogida para infractores juveniles y niños necesitados de atención y protección. La Investigación publicará su informe final, que el Gobierno de Escocia estudiará detenidamente, incluidas las recomendaciones, y determinará qué otras medidas podrían ser necesarias para garantizar la protección de los niños en Escocia. El Gobierno de Escocia también estudiará las recomendaciones del informe final de la Investigación Independiente sobre Abusos Sexuales de Niños en Inglaterra y Gales.

198.El 8 de diciembre de 2021 se abrió el plazo de presentación de solicitudes para acceder al Plan de Reparación para supervivientes y parientes cercanos. El Plan ofrece reparación a los supervivientes de malos tratos a niños infligidos antes del 1 de diciembre de 2004 en un entorno de acogida. El Plan se ha elaborado en consulta con los supervivientes y ofrece, además de la posibilidad de solicitar pagos monetarios, la oportunidad de que los supervivientes obtengan una disculpa personal. El Plan ofrece a los supervivientes que reúnan los requisitos necesarios una alternativa a la vía judicial.

199.Los jóvenes internados en centros de acogida protegidos pueden presentar una queja por medio del procedimiento de quejas del proveedor del servicio, del procedimiento de quejas de la Inspección de Atención o del Ombudsman de los Servicios Públicos. El enfoque general de Escocia Hacer lo Adecuado para Cada Niño ilustra nuestro compromiso de proporcionar a todos los niños, jóvenes y sus familias el apoyo adecuado en el momento oportuno. En septiembre de 2022, el Gobierno escocés publicó información actualizada sobre la política y la práctica del citado enfoque.

Gales

200.La Ley de la Infancia (Abolición de la Defensa del Castigo Razonable) (Gales) de 2020 recibió la sanción real el 20 de marzo de 2020 y entró en vigor el 21 de marzo de 2022. En consonancia con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el objetivo general de la Ley es proteger los derechos del niño prohibiendo todo castigo físico a los niños. Gracias a esta Ley, los niños gozan de la misma protección jurídica frente a la agresión que los adultos. La aplicación, que está en curso, se está llevando a cabo con las principales partes interesadas por conducto de un Grupo de Aplicación Estratégica interinstitucional y grupos de trabajo y de ejecución conexos.

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

201.El Gobierno del Reino Unido no dispone de ningún programa de indemnización para personas que hayan sufrido torturas o malos tratos a manos de otras naciones soberanas. Si una persona afirma que el Gobierno del Reino Unido es responsable de las torturas o los malos tratos que presuntamente ha sufrido en el extranjero, esa persona podrá presentar una reclamación de indemnización por la vía civil contra el Gobierno del Reino Unido. Las víctimas de un delito de violencia pueden solicitar una indemnización en el marco del Plan de Indemnización por Lesiones Causadas por Delitos, aunque existen ciertas condiciones para que se les otorgue una indemnización.

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

202.La Investigación Histórica de Abusos Institucionales realizada por el poder ejecutivo de Irlanda del Norte examinó si hubo deficiencias sistémicas por parte de las instituciones o del Estado en sus deberes hacia los niños a su cargo entre 1922 y 1995. El informe de la Investigación se publicó oficialmente el 20 de enero de 2017, detallando las conclusiones del grupo de investigación establecido por ley y sus recomendaciones.

203.Entre las recomendaciones de la Investigación figuran las siguientes:

Creación de un Consejo de Reparación y de un plan de indemnización financiera.

Nombramiento de un comisionado, el Comisionado Encargado de los Supervivientes de Abusos Institucionales en la Infancia.

Establecimiento de servicios de apoyo.

Una disculpa pública.

Un acto o monumento conmemorativo.

204.La Ley de Abusos Institucionales Históricos (Irlanda del Norte) de 2019 se presentó al Parlamento del Reino Unido y se promulgó el 5 de noviembre de 2019.

205.Tras la elaboración, el 27 de marzo de 2020, del Reglamento del Consejo de Reparación de Abusos Institucionales Históricos (Solicitudes y Apelaciones) (Irlanda del Norte) de 2020, el Consejo de Reparación invitó a la presentación de solicitudes el 31 de marzo de 2020 y dictó sus primeros laudos siete semanas más tarde. Al 31 de enero de 2023, el Consejo de Reparación había recibido 3.423 solicitudes de reparación, había adoptado decisiones por un total de 62,915 millones de libras, y se habían abonado 59,082 millones de libras a los solicitantes.

206.Fiona Ryan fue nombrada Comisionada con efecto a partir del 14 de diciembre de 2020.

207.El 1 de diciembre de 2020 comenzó a funcionar el Servicio de Apoyo a las víctimas de Abusos Institucionales Históricos, que ofrece evaluaciones de las necesidades individuales de las víctimas y supervivientes de abusos institucionales y acceso a un conjunto de servicios que incluyen apoyo emocional y asesoramiento.

208.El 11 de marzo de 2022, los ministros del poder ejecutivo ofrecieron una disculpa pública a las víctimas y supervivientes en la Sala de Asamblea del Parlamento. A las disculpas del Estado se sumaron las declaraciones de las instituciones respecto de las cuales el Informe Hart había señalado deficiencias sistémicas.

209.Se ha creado un grupo de proyectos, formado por la Oficina Ejecutiva, el Consejo de las Artes, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio para las Comunidades, que se centrará en el establecimiento de un monumento conmemorativo. Las víctimas y supervivientes y el Comisionado participarán en el proceso de preparación de las opciones que se someterán a consideración de los ministros.

Funcionamiento de hogares para madres y bebés y lavanderíasde la Magdalena

210.En enero de 2021, tras la publicación de la investigación realizada por la Queen’s University de Belfast y la Ulster University sobre el funcionamiento de los hogares para madres y bebés y las lavanderías de la Magdalena, el poder ejecutivo de Irlanda del Norte acordó llevar a cabo una revisión independiente.

211.El grupo independiente, denominado Grupo de Diseño para la Recuperación de la Verdad, publicó su informe el 5 de octubre de 2021. A nivel local e internacional, 186 víctimas y supervivientes colaboraron con el Grupo durante el proceso de diseño conjunto y contribuyeron a la elaboración de las recomendaciones del Grupo. El informe consta de 3 partes, tiene 11 capítulos y 147 páginas, que incluyen bibliografía y apéndices.

212.El Grupo aconsejó que se realizara una investigación de la verdad integrada sobre las instituciones para madres y bebés, las lavanderías de la Magdalena y los asilos de pobres, que comprende 5 recomendaciones “básicas”, que figuran a continuación (y un total de 77 recomendaciones secundarias). En noviembre de 2021, el poder ejecutivo de Irlanda del Norte acordó aplicar todas esas recomendaciones.

213.Avances relativos a las cinco recomendaciones básicas:

a)Adopción de los Principios Rectores:

Se ha creado un Foro de Consulta compuesto de víctimas y supervivientes, que se ha reunido en 17 ocasiones hasta la fecha. Se ha nombrado un presidente independiente para prestar asistencia al Foro.

b)Responsabilidades de la Oficina Ejecutiva:

La Oficina Ejecutiva ha asumido la responsabilidad principal y se ha creado una División específica para dirigir la ejecución.

Se ha creado una Junta del Programa de carácter interdepartamental.

c)Una investigación integrada de la verdad:

Los nombramientos para el Grupo Independiente serán de carácter público. Ya se ha preparado la documentación necesaria tanto para los miembros “expertos” como para los representantes de las víctimas y supervivientes. Se espera que los nombramientos se produzcan en abril de 2023.

La investigación establecida por ley requerirá una legislación adaptada a las necesidades que actualmente está en vías de elaboración.

d)Acceso a los registros:

El 24 de marzo de 2022 la Asamblea aprobó el proyecto de ley de preservación de registros (instituciones históricas) en virtud del cual las instituciones estatales y no estatales tienen la obligación legal de preservar los registros. El proyecto de ley ya ha recibido la sanción real.

El proyecto de ley de adopción e infancia pasó su fase final el 15 de marzo de 2022 y ya ha recibido la sanción real. Contiene una serie de disposiciones destinadas a mejorar el acceso a los registros.

e)Resarcimiento, reparación e indemnización:

Se han puesto en marcha nuevos servicios de apoyo a las víctimas y supervivientes.

El resarcimiento económico requerirá una legislación adaptada a las necesidades, actualmente en vías de elaboración.

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

Ley de Policía y Medios de Prueba en materia Penal de 1984

214.En Inglaterra y Gales, la legislación aprobada en el marco de la Ley PACE ofrece medidas concretas para garantizar que se respete en la práctica el principio de inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos, a saber.

215.El código C de la Ley PACE establece los requisitos para la detención, el trato y el interrogatorio por agentes de la policía de sospechosos no relacionados con el terrorismo que están bajo custodia policial. El párrafo 11.5 del código C establece que “ningún interrogador puede tratar de obtener respuestas o una declaración mediante el uso de la coerción”. El código H de la Ley PACE establece los requisitos para la detención, el trato y el interrogatorio de sospechosos en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000. Al igual que el código C, el párrafo 11.6 del código H establece que “ningún interrogador puede tratar de obtener respuestas o una declaración mediante el uso de la coerción”.

216.El artículo 76 de la Ley PACE trata de la admisibilidad de las confesiones destinadas a ser utilizadas como prueba contra los acusados en procedimientos penales o militares ante los tribunales. A efectos del artículo 76 de la citada Ley, conforme a la definición en el artículo 76, párrafo 8 por “coerción” se entiende “la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y el uso o la amenaza de violencia (equivalga o no a tortura)”. Esto refleja la redacción del artículo 3 del CEDH.

217.Cuando se alegue que una confesión ha sido o puede haber sido obtenida mediante coerción (o en otras circunstancias que puedan hacerla poco fiable), el artículo 76, párrafo 2 de la Ley PACE establece que el tribunal no permitirá que la confesión se utilice como prueba contra el acusado a menos que la fiscalía pueda demostrar lo contrario al tribunal más allá de toda duda razonable. Además, la sección 76, párrafo 3 de la Ley PACE establece que el tribunal puede exigir de oficio a la fiscalía que demuestre que la confesión no se obtuvo mediante coerción (o en otras circunstancias que puedan hacerla poco fiable) antes de permitir que se utilice en el proceso judicial como prueba contra el acusado.

218.El artículo 78 de la Ley PACE también permite a la defensa solicitar, o al tribunal decidir de oficio, que se excluya cualquier prueba en la que pretenda basarse la fiscalía si dicha prueba tuviera un efecto tan adverso sobre la equidad del proceso que el tribunal no debería admitirla (por ejemplo, por haberse obtenido mediante una vulneración de los códigos de práctica de la citada Ley).

219.En los procedimientos penales y de servicios, los tribunales están facultados para declarar las confesiones como prueba inadmisible contra un acusado, de conformidad con los artículos 76 y 78 de la Ley PACE. Cuando se plantea la cuestión de la admisibilidad de las pruebas, la respuesta suele determinarse en una vista separada para garantizar que este tipo de cuestiones probatorias importantes se resuelvan antes del inicio del juicio. Si surgiera una cuestión de admisibilidad en el transcurso de un juicio, se trataría sin la presencia del jurado.

220.Por último, el artículo 82, párrafo 3 de la citada Ley reserva todas las facultades que existen en el derecho anglosajón para que un tribunal excluya pruebas de forma discrecional.

221.Desde la publicación del sexto informe periódico en 2019, no tenemos conocimiento de asuntos que hayan sido desestimados en el Reino Unido por los órganos judiciales debido a la presentación de pruebas o testimonios obtenidos mediante tortura o malos tratos. Además, no tenemos motivos para creer que se produzcan casos de este tipo.

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

222.El Gobierno del Reino Unido tiene claro que, cuando la policía debe hacer uso de la fuerza para lograr un objetivo legítimo, como efectuar una detención, actuar en defensa propia o proteger a otras personas, todo uso de la fuerza debe ser razonable, proporcionado y necesario en las circunstancias del caso.

223.Las decisiones policiales se rigen por el Modelo Nacional para la Adopción de Decisiones, aprobado por la policía del Reino Unido para garantizar que todas las decisiones puedan ser evaluadas eficazmente e impugnadas cuando proceda.

224.Toda muerte o perjuicio grave que se produzca durante un contacto con la policía o como resultado de este debe remitirse por ley a la OICP para su examen y, si procede, investigación. Las fuerzas de policía (y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley bajo la jurisdicción de la OICP) también deben remitirle toda queja grave y denuncia de conducta indebida. La Oficina está facultada para investigar sin esperar a que se le remita un caso, así como para “solicitar” que se le remitan los asuntos que lleguen a su conocimiento.

225.Cuando la OICP investigue incidentes, establecerá los hechos y, cuando proceda, evaluará si el agente o los agentes implicados tienen motivos que justifiquen la conducta indebida o la falta de conducta grave. También podrá determinar si se ha cometido un delito y remitir casos penales al Ministerio Fiscal de la Corona para su examen.

226.El Gobierno aprueba el uso de armas menos letales por parte de la policía, en consonancia con los artículos 2 y 3 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener acceso a armas que permitan hacer un uso diferenciado de la fuerza. El uso de pistolas de descarga eléctrica (pistolas eléctricas o táser) está autorizado únicamente a agentes especialmente capacitados, en consonancia con las evaluaciones estratégicas de amenazas y riesgos de las fuerzas policiales. Proporcionan a los agentes una importante opción táctica cuando se enfrentan a situaciones potencialmente violentas desde la perspectiva física. Antes de obtener autorización para utilizar pistolas eléctricas, los agentes deben participar en un exhaustivo programa de capacitación que refuerza la importancia de la legitimidad en el uso de la fuerza por la policía en todos los niveles y los capacita para tener en cuenta las posibles vulnerabilidades de una persona, como su edad y estatura.

227.Se imparte a todos los agentes capacitación sobre distensión, así como conocimientos sobre los peligros de utilizar técnicas de inmovilización en personas vulnerables. Tras la revisión de la seguridad de los agentes y el personal realizada por el Consejo Nacional de Jefes de Policía en 2020, esta capacitación se actualizó y ofrece nuevas orientaciones y material didáctico sobre el reconocimiento y la respuesta a la vulnerabilidad, como las perturbaciones agudas del comportamiento y los trastornos mentales. Todos los agentes capacitados en el uso de pistolas táser deben hacer un curso anual de repaso, de conformidad con el plan de capacitación más actualizado.

228.Las fuerzas policiales del Ministerio del Interior deben recopilar datos sobre el uso de la fuerza, que se publican desde 2018. La publicación más reciente muestra un aumento en el número total de usos de pistolas táser en 2020-2021 en comparación con el año de referencia anterior; sin embargo, la tasa de no descarga también ha aumentado. El aumento del uso puede explicarse principalmente en función de un aumento de los usos sin descarga (es decir, cuando el dispositivo se desenfunda, se apunta, se muestra la mira láser roja o el arco voltaico, pero no se dispara), que representaron 2.122 de los 2.372 nuevos usos. El aumento del uso puede reflejar:

Una mejor presentación de información sobre el uso de las pistolas táser por la policía, en el marco de la recopilación de datos sobre el uso de la fuerza del Ministerio del Interior.

Un mayor número de incidentes potencialmente conflictivos a los que hacen frente los agentes.

Un aumento en los últimos años del número de agentes capacitados en el uso de pistolas táser y de las pistolas táser disponibles en las fuerzas de policía (que se basa en las evaluaciones estratégicas de amenaza y riesgo de las fuerzas).

229.En el marco de la estrategia del informe “Inclusive Britain”, el Reino Unido ha asumido una serie de compromisos, entre ellos impulsar el examen por parte de las comunidades locales del uso que la policía hace de sus facultades, como el uso de la fuerza, y eliminar las barreras innecesarias al uso de las cámaras de vídeo fijadas al cuerpo. El Gobierno del Reino Unido también prestará apoyo a la Escuela de Policía y al Consejo Nacional de Jefes de Policía para que examinen e incorporen las mejoras necesarias en la formación de los agentes de policía en competencias de distensión y gestión de conflictos en los enfrentamientos habituales entre agentes de policía y ciudadanos.

230.El Consejo Nacional de Jefes de Policía ha financiado un estudio independiente sobre los efectos desproporcionados del uso de pistolas táser para examinar la naturaleza, las causas y consecuencias de la disparidad racial en el uso de pistolas táser por la policía, con vistas a introducir cambios para reducir al mínimo el problema y mitigar su impacto.

231.El Gobierno del Reino Unido tiene claro que nadie debería ser objeto del uso de la fuerza por la policía, o de un trato diferente, en función de su raza o etnia, y que la policía debe emplear la fuerza de forma justa, legítima y eficaz.

Escocia

232.Antes de junio de 2018, solo los agentes autorizados para utilizar armas de fuego estaban equipados con pistolas táser. En respuesta al aumento de las agresiones contra los agentes, se tomó la decisión de introducir agentes especialmente capacitados que habían recibido formación en el uso de pistolas táser. En la actualidad hay 975 agentes especialmente capacitados (alrededor del 5,6 % del total de efectivos policiales), aunque no todos están en situación de servicio al mismo tiempo. Estos agentes han recibido una formación rigurosa que incluye escenarios vinculados a personas vulnerables y grupos con características protegidas. En la formación se destacan algunos factores que pueden afectar el uso operativo de las pistolas táser, entre ellos los relacionados con niños y personas vulnerables.

233.Al responder a un incidente, un agente especialmente capacitado debe aplicar el Modelo Nacional de Toma de Decisiones para determinar la respuesta adecuada y proporcionada a fin de resolver el incidente. Si se toma la decisión de utilizar la pistola táser, siempre que sea posible se emite una advertencia oral o visual. Desde 2018, de las 1.533 veces que se utilizó la pistola táser, en 42 ocasiones se usó contra personas pertenecientes a un grupo étnico minoritario (el 2,7 % de todos los usos). Además, desde 2018 se ha utilizado en 1 ocasión el modo de aturdimiento o de contacto directo.

Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones

234.El Parlamento del Reino Unido aprobó la Ley de Irlanda del Norte de Formación del Ejecutivo (y Otras Cuestiones) de 2019, en julio de 2019. La citada Ley impuso al Gobierno del Reino Unido la obligación de reformar la Ley del Aborto de Irlanda del Norte, que disponía la obligación de hacerlo si la administración autónoma de Irlanda del Norte no había introducido la reforma antes del 21 de octubre de 2019. El artículo 9 de la Ley de Formación del Ejecutivo también impuso al Gobierno del Reino Unido la obligación de adoptar disposiciones para regular los abortos en Irlanda del Norte, incluidas disposiciones sobre las circunstancias en las que podía realizarse un aborto, que entrarían en vigor antes del 31 de marzo de 2020.

235.Las modificaciones legislativas dieron lugar a la despenalización inmediata del aborto, efectiva desde el 22 de octubre de 2019, mediante la derogación de los artículos 58 y 59 de la Ley de Delitos contra la Persona de 1861.

236.En ese momento también entró en vigor una moratoria sobre los procesos penales relacionados con el aborto, lo que significa que los enjuiciamientos o investigaciones policiales que estuvieran en curso en ese momento, con respecto a un delito en virtud de los artículos 58 y 59 de la Ley de Delitos contra la Persona (independientemente de cuándo se hubiera cometido el delito), podían proseguir y no se podía iniciar ni continuar ninguna actuación penal.

237.El 12 de mayo de 2020 se aprobó el Reglamento sobre el Aborto (Irlanda del Norte) (núm. 2), de 2020. Este Reglamento entró en vigor el 14 de mayo y derogó el Reglamento anterior que había entrado en vigor el 31 de marzo de 2020. El Reglamento prevé que se pueden llevar a cabo abortos en las circunstancias establecidas en el informe de 2018 del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Investigación relativa al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud del artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como dispone el artículo 9 de la Ley de Irlanda del Norte de Formación del Ejecutivo.

Puesta en marcha oficial

238.El 2 de diciembre de 2022, el Secretario de Estado dio instrucciones oficiales por escrito al Ministerio de Salud para la implementación de servicios de aborto en Irlanda del Norte. La puesta en marcha oficial de los servicios y la disponibilidad de financiación permitirán a los Fondos Fiduciarios para la Salud y la Asistencia Social contratar y capacitar personal a fin de apoyar el establecimiento de servicios sostenibles y de calidad. A partir de diciembre de 2022, los servicios de aborto farmacológico temprano y los abortos en los que hay riesgo para la vida de la mujer o la niña o riesgo de lesiones permanentes graves, están disponibles en los cinco Fondos Fiduciarios para la Salud y la Asistencia Social.

239.Hasta que los servicios sean plenamente operativos, cuando una mujer necesite asistencia para el aborto que no esté disponible en ese momento en Irlanda del Norte, por ejemplo en casos de complicaciones tardías del embarazo, podrá seguir accediendo gratuitamente a las prestaciones del SNS de Gran Bretaña, y los gastos de viaje serán sufragados por el Gobierno del Reino Unido.

Concienciación pública y objeción de conciencia

240.Aunque el aborto está descentralizado en Irlanda del Norte, seguimos trabajando con el Ministerio de Salud en relación con la concienciación pública, para promover el desarrollo de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva y dar a conocer los servicios de intervención precoz y prevención en toda Irlanda del Norte, así como de anticoncepción existentes en todos los Fondos para la Salud y la Atención Social y en los Servicios de Médicos de Familia de Irlanda del Norte.

241.El Ministerio de Salud está preparando orientaciones dirigidas a los Fondos Fiduciarios para la Salud y la Atención Social en relación con la objeción de conciencia.

Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones

242.El Reino Unido no tiene una categoría de “visado condicionado” para los trabajadores domésticos. Todos los trabajadores domésticos extranjeros son libres de cambiar de empleador durante la vigencia de su visado. El Reino Unido procura evitar la importación de prácticas de explotación laboral a través de nuestro régimen de visados y también alienta a los trabajadores que sufren explotación a recabar ayuda lo antes posible.

Respuesta al párrafo 28 de la lista de cuestiones

243.El Gobierno del Reino Unido tiene claro que todas las formas de delito de odio son absolutamente inaceptables, y disponemos de un sólido marco legislativo para responder a este. Desde 2016, se ha mejorado la respuesta a todas las formas de delito de odio en Inglaterra y Gales. Los principales logros alcanzados son los siguientes:

La financiación de proyectos innovadores para combatir el odio.

La colaboración con el Ministerio Fiscal de la Corona con miras a formular importantes orientaciones para las víctimas de delitos de odio.

El requisito de que las fuerzas policiales desglosen los datos relativos a los delitos de odio en función de la raza o la religión.

La petición a la inspección de policía de que elabore un informe temático sobre la eficacia de la policía para responder a los delitos de odio.

La colaboración de más de 17.000 jóvenes para hacer frente al odio y los prejuicios.

244.El Gobierno del Reino Unido ha colaborado con la policía para financiar True Vision, un portal en línea de denuncias de delitos de odio establecido para que las víctimas no tengan que acudir a una comisaría a efectuar una denuncia. El Gobierno también financia el Centro Nacional contra los Delitos de Odio en Línea, un servicio central creado para apoyar a las fuerzas policiales locales individuales a combatir los delitos de odio en línea.

245.El Gobierno pidió a la Comisión Jurídica que llevara a cabo una revisión de la legislación vigente sobre delitos de odio en 2018. La Comisión Jurídica publicó sus recomendaciones finales en diciembre de 2021 y el Gobierno emitirá una respuesta completa en breve.

246.El proyecto de ley de seguridad en línea, presentado en marzo de 2022, actualmente es objeto de examen en el Parlamento. Con arreglo al nuevo deber jurídico de diligencia, las empresas tecnológicas tienen la obligación de prevenir, detectar y eliminar los contenidos y actividades ilegales en línea.

247.En los últimos siete años del Plan sobre Lugares de Culto, el Ministerio del Interior ha aprobado 523 subvenciones por un valor de más de 19 millones de libras destinadas al establecimiento de medidas de seguridad para la protección de lugares de culto en todo el territorio de Inglaterra y Gales: 225 mezquitas, 201 iglesias, 47 gurdwaras, 38 templos hindúes y 12 lugares de culto de otras confesiones. Además, en marzo de 2023, el Ministro del Interior anunció que mantendría la Subvención de Seguridad para la Protección de la Comunidad Judía, y aumentó la financiación para 2023-2024 en 1 millón de libras, a un total de 15 millones de libras. La subvención proporciona medidas de seguridad para la protección (como vigilancia, circuito cerrado de televisión y sistemas de alarma) de escuelas, colegios universitarios y guarderías judías, así como otros centros de la comunidad judía, y varias sinagogas.

248.En 2020-2021, el Gobierno del Reino Unido destinó 1,8 millones de libras esterlinas al Plan de Subvenciones contra los Delitos por Motivos Religiosos, Raciales y de Odio, que apoyó a grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil establecidos para llevar a cabo proyectos cortos que defendieran el compromiso asumido por el Gobierno de construir una sociedad diversa y tolerante para todas las confesiones y razas y combatieran el delito de odio por motivos raciales o religiosos.

249.El Gobierno del Reino Unido ha apoyado a Tell MAMA (una organización que lleva un registro de incidentes contra los musulmanes) mediante el aporte de casi 5 millones de libras desde 2016 para controlar y combatir el odio contra los musulmanes. El Reino Unido fue el primer país en adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto. El Gobierno financia “On Your Side”, un servicio de información y apoyo a las comunidades de Asia Oriental y Sudoriental en el Reino Unido.

Aumento de los delitos de odio denunciados a la policía

250.Probablemente la principal causa del aumento de delitos motivados por el odio denunciados sea la mejora general de los registros policiales. La policía también determina con mayor eficiencia si un delito es de odio y las víctimas están más predispuestas a denunciar incidentes. Se trata de un hecho positivo y refleja el arduo trabajo que se ha realizado para garantizar que la policía pueda orientar sus recursos, comprender la magnitud del problema, reducir el número de casos que no se denuncian y garantizar que las víctimas reciban el apoyo que necesitan. Las experiencias respecto de delitos de odio también se recogen en la Encuesta sobre la Delincuencia en Inglaterra y Gales, que mide la delincuencia mediante preguntas a los ciudadanos sobre sus experiencias en ese ámbito en los últimos 12 meses. La Encuesta combinada de 2017-2018 a 2019-2020 indica una tendencia a la baja de los delitos de odio en general durante el último decenio.

Tasas de condena

251.El informe señala que el 2 % de todos los delitos de odio se saldan con una pena más severa por actos hostiles basados en una característica protegida. Sin embargo, para ello se utilizan los datos sobre delitos de odio denunciados y no los remitidos al Ministerio Fiscal de la Corona. Puede consultarse en línea la siguiente información.

252.De enero a diciembre de 2022:

El Ministerio Fiscal de la Corona procesó a 12.593 acusados por delitos de odio y dictó 10.609 condenas, lo que arrojó una tasa de condenas del 84,2 %.

La tasa de presentación de cargos por delitos de odio remitidos al Ministerio Fiscal de la Corona fue del 86,0 %.

La tasa de aumento de penas para todos los delitos de odio fue del 79,6 %.

La policía remitió 9.916 casos de delitos de odio.

253.La capacitación sobre delitos de odio se incluye en el aprendizaje inicial de todos los nuevos agentes, así como de los detectives y supervisores. En Inglaterra y Gales, la Escuela de Policía imparte orientación operativa a los agentes de policía y al personal de todos los niveles del servicio policial con el fin de ofrecer una respuesta policial coherente, proporcionada y sólida a los delitos de odio y a los incidentes motivados por el odio que no constituyen delitos. Estas orientaciones operativas se actualizaron en junio de 2023. El Ministerio Fiscal de la Corona también ha elaborado un conjunto de módulos de formación sobre delitos de odio destinado a los abogados del Ministerio Fiscal de la Corona.

Irlanda del Norte

254.La legislación vigente permite aumentar las penas por delitos agravados por hostilidad hacia grupos protegidos de raza, religión, discapacidad y orientación sexual. Tras una revisión independiente de la legislación sobre delitos de odio, el Ministerio de Justicia está elaborando un proyecto de ley sobre delitos de odio para su presentación en este mandato de la Asamblea, sujeto a la devolución del poder ejecutivo y los ministros de Irlanda del Norte, con el objeto de mejorar el proceso de justicia penal para las víctimas de delitos de odio. Incluirá un nuevo modelo judicial de delito de odio agravado, la incorporación de la identidad transexual a los grupos protegidos, la creación de un agravante por sectarismo y medidas para mejorar la experiencia de las víctimas en los tribunales.

255.El Servicio de Defensa contra los Delitos de Odio pasó a ser un modelo de contacto de tres años (con la opción de dos prórrogas de un año) a partir del 1 de abril de 2022. El Servicio sensibiliza sobre los delitos de odio, alienta la interposición de denuncias y apoya a las víctimas de delitos de odio a lo largo del proceso penal.

256.Todos los agentes de policía reciben formación sobre delitos de odio al incorporarse al Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Las Instrucciones para el Servicio Penitenciario que proporcionan el marco para la respuesta a los delitos de odio se revisan anualmente, e incluyen una evaluación de los derechos humanos, junto con información actualizada para los funcionarios centradas en las mejores prácticas.

257.El Servicio de Policía también está vías de elaborar su siguiente estrategia contra los delitos de odio, cuya publicación está prevista para 2023, y que incluirá la formación de agentes con miras a mejorar el servicio ofrecido a las víctimas de delitos de odio, aumentando así la confianza de los grupos afectados.

Escocia

258.La Ley de Delitos de Odio y Orden Público (Escocia) de 2022 modernizará, consolidará y ampliará la legislación vigente sobre delitos de odio en Escocia. La Ley mantendrá las actuales protecciones legislativas contra los delitos agravados por prejuicios relacionados con la discapacidad, la raza, la religión, la orientación sexual, la identidad transexual y variaciones en las características sexuales, y ampliará la protección a la característica de la edad. La Ley también prevé nuevos delitos de “incitación al odio” que abarcan todas las características protegidas en el marco legislativo actualizado, para complementar el delito existente de incitación al odio racial.

259.El 24 de marzo de 2023, el Gobierno de Escocia publicó una nueva Estrategia contra los Delitos de Odio que establece la visión de una Escocia en la que todos vivan libres de odio y prejuicios y en la que nuestras comunidades estén empoderadas, sean inclusivas y seguras. Se ha elaborado en colaboración con organizaciones con experiencia en la lucha contra los prejuicios, el fomento de la cohesión de las comunidades y la promoción de los derechos humanos, y ha contado con la asistencia de personas que han experimentado delitos de odio. En la Estrategia se asumen varios compromisos, entre ellos garantizar un mejor apoyo a las víctimas de delitos de odio, mejorar los datos y pruebas sobre estos delitos y elaborar enfoques eficaces para prevenirlos.

260.También apoyará la aplicación de la Ley de Delitos de Odio y Orden Público (Escocia), de 2021. En el tercer trimestre de 2023 se publicará un plan de ejecución en el que se expondrán nuestras actividades inmediatas y de más largo plazo.

Gales

261.El Gobierno de Gales financia el Centro de Gales de Apoyo en Casos de Odio, gestionado por la organización Victim Support Cymru, para prestar servicios de apoyo y defensa gratuitos y confidenciales a todas las víctimas de delitos de odio, de forma telefónica, presencial o en línea. El Centro es el primer servicio del Reino Unido que ofrece asistencia nacional en relación con delitos de odio adaptada a las necesidades de niños y jóvenes.

262.Recientemente hemos adjudicado un nuevo contrato para la ejecución de la siguiente fase de nuestra campaña de comunicación contra los delitos de odio, Hate Hurts Gales (El odio hace daño), que se prolongará al menos hasta marzo de 2024. La campaña pone de relieve para los agresores, o posibles agresores, la enorme repercusión negativa de sus acciones tanto en la víctima como en sus propias vidas, además de destacar la importancia de los testigos para garantizar un resultado positivo.

263.Actualmente estamos estudiando el trabajo con los autores de delitos de odio para comprender mejor cómo reducir los abusos raciales, basándonos en los datos de otros programas que han resultado eficaces para la derivación de autores de delitos, y examinando prácticas de justicia restaurativa.

264.Esta labor está supervisada por una junta interinstitucional, Hate & Community Tensions Board Cymru, integrada por representantes del Gobierno de Gales, la Policía galesa, el Ministerio Fiscal de la Corona y el Servicio de Apoyo a las Víctimas.

Isla de Man

265.El Gobierno de la Isla de Man ha presentado propuestas para una nueva legislación sobre condenas y delitos de odio. Se espera que durante la administración actual se presente a las divisiones parlamentarias de la Isla de Man un proyecto de ley relativo a los delitos de odio a fin de cumplir las obligaciones internacionales en materia de discriminación racial o delitos motivados por la discriminación racial y el agravamiento de esos delitos.

Respuesta al párrafo 29 de la lista de cuestiones

266.Los atentados terroristas en Fishmongers’ Hall y en Streatham fueron cometidos por conocidos delincuentes terroristas que habían quedado automáticamente en libertad al cumplirse la mitad de su condena. El Gobierno del Reino Unido introdujo la Ley de Delincuentes Terroristas (Restricción de la Excarcelación Anticipada), que puso fin a la excarcelación anticipada automática de delincuentes terroristas en Inglaterra, Gales y Escocia, a fin de proteger a la población. De este modo, se impidió la excarcelación automática de unos 50 presos terroristas.

267.La siguiente etapa de la respuesta legislativa del Reino Unido fue la obtención de la sanción real de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y de Imposición de Penas de 2021, que pone en marcha una importante revisión de las condenas y la vigilancia de los terroristas. La Ley otorga a los tribunales, al Servicio de Libertad Condicional, a la Policía de Lucha Contra el Terrorismo y al Servicio de Seguridad mayores competencias para proteger a los ciudadanos y mantener la seguridad en la vía pública. Además de garantizar que los delincuentes terroristas peligrosos pasen más tiempo en prisión y en libertad condicional, refuerza los instrumentos para gestionar el riesgo que plantean los delincuentes terroristas y la preocupación por el terrorismo en la comunidad. La Ley también amplió el efecto de la Ley de Delincuentes Terroristas (Restricción de la Excarcelación Anticipada) de 2020 a Irlanda del Norte.

268.La Ley de Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales de 2022 contiene disposiciones para reforzar la gestión de los delincuentes terroristas y que plantean un riesgo terrorista que se encuentran en libertad, en función de las recomendaciones formuladas por el Revisor Independiente de la Legislación Antiterrorista, Jonathan Hall KC, tras su examen independiente de los Acuerdos Interinstitucionales de Protección Pública. Estas disposiciones, que incluyen nuevas facultades de identificación y registro, registro de locales y detención urgente a la espera de una decisión de reingreso en prisión, mejoran la capacidad de la policía antiterrorista para proteger al público del riesgo que suponen los delincuentes terroristas en la comunidad.

269.El Gobierno del Reino Unido sigue considerando que su legislación y sus medidas de lucha contra el terrorismo se ajustan a las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos y están acompañadas de sólidas protecciones de derechos humanos. Su legislación es objeto de un examen exhaustivo por parte del Parlamento del Reino Unido durante su tramitación y distintos comités parlamentarios, como el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos, pueden mantenerla en estudio.

270.Los agentes de policía adquieren conocimientos de la nueva legislación por medio de diversos módulos de aprendizaje, como el aprendizaje electrónico, las comunicaciones internas, los cursos presenciales y el autoaprendizaje.

271.En el año que finalizó en septiembre de 2022, hubo 42 personas condenadas en virtud de la legislación adoptada para combatir el terrorismo, según las estadísticas publicadas.

272.Los tribunales independientes del Reino Unido pueden revisar y examinar detenidamente las decisiones del Gobierno y de los organismos, incluido su examen mediante el “procedimiento aplicable cuando se maneja material reservado” de inteligencia que no sería de interés general revelar públicamente, pero sin el cual el tribunal no podría examinar equitativamente esos casos. El Revisor Independiente de la Legislación Antiterrorista tiene el cometido amplio de revisar el funcionamiento de nuestra legislación básica en materia de terrorismo para garantizar su eficacia y equidad, y tiene pleno acceso a información de carácter delicado y a personal que lo asiste en la tarea.

273.Las garantías específicas de la legislación y la práctica necesariamente varían de una medida antiterrorista a otra. Por ejemplo, en el caso de las personas que son objeto de control y registro en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000, existe un Código de Práctica que rige el uso policial de estas competencias que los agentes deben tener en cuenta. Este Código de Práctica fue revisado por última vez por el Gobierno del Reino Unido en octubre de 2022. Además, el Gobierno del Reino Unido publica Códigos de Práctica que regulan el uso de otras facultades antiterroristas, incluidos los exámenes portuarios en virtud del anexo 7 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000.

274.Para otros tipos de facultades antiterroristas, por ejemplo, la competencia del Secretario de Estado para proscribir una organización que, según se cree, está implicada en actos de terrorismo, se aplican diferentes tipos de salvaguardias. En virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000, una organización proscrita, o cualquier otra persona afectada por una proscripción, puede presentar una solicitud por escrito al Ministro del Interior, pidiendo que se determine si una organización en particular debería ser eliminada de la lista de organizaciones proscritas. El Ministro del Interior debe adoptar una decisión respecto de una solicitud de poner fin a una proscripción en un plazo de 90 días a partir del día siguiente a su recepción. Si se deniega la solicitud de poner fin a la proscripción, el solicitante puede apelar a la Comisión de Recursos de Organizaciones Proscritas. La Comisión admitirá un recurso si considera que la decisión de denegar la solicitud de poner fin a la proscripción estaba viciada, aplicando los principios de revisión judicial. Cualquiera de las partes puede solicitar autorización para recurrir la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Apelación.

275.En el año que finalizó en septiembre de 2022, la duración media de la detención previa a la presentación de cargos en los casos en que la persona estaba detenida en virtud del artículo 41 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000 fue de 4,2 días, y la duración máxima de la detención previa a la presentación de cargos en los casos de terrorismo fue de 14 días.

276.El uso de las facultades de detención disponibles, incluido el artículo 41 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000, incumbe a la policía. Compete a la policía decidir qué facultad de detención es la más adecuada, en función de todas las circunstancias de la investigación y del contexto operativo, así como de las pruebas disponibles en el momento de la detención. Es cierto que es posible proceder a la detención sin orden judicial de una persona de la que un agente sospecha razonablemente que es un terrorista. De este modo se consigue un equilibrio correcto entre las libertades civiles y la protección pública. Cuando una detención conlleva la necesidad de registrar o privar de libertad a un sospechoso, estos casos están expuestos en detalle en la legislación primaria, incluida la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000, así como en los Códigos de Práctica. Además, el Revisor Independiente de la Legislación Antiterrorista hace el seguimiento del ejercicio de facultades policiales como esta e incluye secciones sobre las detenciones y la privación de libertad en sus informes anuales publicados.

277.La facultad de conceder la libertad bajo fianza en el marco del artículo 41 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000 podría poner a la población en situación de riesgo. La necesidad de presentar cargos contra la persona o de ponerla en libertad en un plazo de 14 días aporta claridad y centra la investigación. En el período inmediatamente posterior a una detención con arreglo al artículo 41, esto permite a los investigadores obtener recursos del resto de la estructura antiterrorista de una manera que no sería posible por otra vía. El momento de la detención y la gestión del riesgo para el público (por ejemplo, poner sobre aviso a otros conspiradores) tras la detención se planifican meticulosamente. La facultad de proceder a la privación de libertad hasta 14 días, sujeta únicamente a la obtención de una orden para prolongar la detención, sin la distracción de tener que considerar qué condiciones para la libertad bajo fianza bastarían para salvaguardar a la población y la forma de gestionar el riesgo en caso de que un tribunal conceda la fianza condicional a pesar de las comunicaciones de la policía, es extremadamente útil. En el asunto Magee c. el Reino Unido, el TEDH concluyó que la privación de libertad de los demandantes en virtud del anexo 8 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000, no infringía el artículo 5, párrafo 3, de la Convención.

278.En mayo de 2020, el Gobierno del Reino Unido publicó un memorando en el que abordaba las cuestiones que se planteaban en virtud del CEDH en relación con el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo y de imposición de penas (ahora la Ley de Lucha contra el Terrorismo e Imposición de Penas de 2021).

279.En el momento de su presentación en la Cámara de los Comunes, el entonces Secretario de Estado de Justicia declaró, en virtud del artículo 19, párrafo 1 a) de la Ley de Derechos Humanos, que en su opinión las disposiciones del proyecto de ley eran compatibles con los derechos reconocidos en la Convención.

Respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones

Inglaterra y Gales

280.Durante la pandemia se dispuso de una serie de servicios de salud mental para ayudar a los reclusos a aliviar el estrés inducido por la pandemia.

281.El Gobierno estaba decidido a garantizar que la respuesta a la COVID-19 mitigara eficazmente el riesgo de reducción del bienestar debido a las restricciones impuestas a las actividades disponibles para los niños y jóvenes en el sistema de justicia. Una de las prioridades de la respuesta a la COVID-19 fue prestar apoyo en materia de salud mental, así como seguir impartiendo educación a los niños y jóvenes internados en instituciones.

282.En reconocimiento de los riesgos que supone el virus de la COVID-19 para las personas que viven en residencias de ancianos y en el contexto de un confinamiento más generalizado y sin precedentes, el Gobierno decidió aconsejar la restricción de las visitas en persona en las residencias de ancianos al comienzo de la pandemia, salvo en circunstancias excepcionales, por ejemplo, para visitar a una persona que estuviera cerca del final de su vida. El Gobierno equilibró prioridades y riesgos contrapuestos para mantener la seguridad de las personas sin dejar de ayudar a los residentes a mantener relaciones y minimizar los daños causados por el aislamiento y la soledad, y elaboró orientaciones para las residencias de ancianos. A medida que los riesgos fueron cambiando a lo largo de la pandemia, se modificaron las orientaciones para apoyar mejor a quienes vivían en residencias de ancianos y permitirles disfrutar de un contacto significativo con sus seres queridos y seguir reduciendo al mínimo los riesgos que planteaba la COVID-19. Las orientaciones actuales dejan claro que las visitas deberían alentarse y facilitarse siempre que fuera posible, y que las personas internadas en residencias deberían poder recibir siempre al menos una visita por vez, aunque dieran positivo en las pruebas de la COVID-19 o durante un brote. Las orientaciones también aconsejan que las personas internadas en residencias de ancianos que den positivo en las pruebas de la COVID-19 sigan teniendo acceso a espacios al aire libre durante ese período.

Escocia

283.Las facultades establecidas en virtud de la Ley de Coronavirus (Escocia) de 2020 para que los ministros ordenen la liberación anticipada de emergencia de los presos en respuesta al impacto de la COVID-19 en el sistema penitenciario se han ampliado en la legislación posterior y, con sujeción a la aprobación del Parlamento, se seguirán ampliando hasta 2025, de ser necesario. Estas facultades se han utilizado una vez, en mayo de 2020.

284.En septiembre de 2021, el Gobierno de Escocia actualizó sus orientaciones para las residencias, a fin de que cualquier residente pueda designar a una persona para que lo visite una vez al día, incluso en caso de brote, salvo en circunstancias realmente excepcionales. Las orientaciones han ido evolucionando con el tiempo, por ejemplo, para permitir que un residente designe a varias personas, para que cada una de ellas lo visite una vez al día, y para darle la mayor flexibilidad posible a fin de cambiar las personas designadas.

285.En marzo de 2022, el Gobierno de Escocia actualizó las Normas de Salud y Atención Social, que establecen qué deberían esperar los ciudadanos cuando reciben servicios sanitarios, de atención social o de trabajo social en Escocia y que constituyen la base de la regulación e inspección de las residencias por parte de la Inspección de Salud. Las dos nuevas normas hacen especial hincapié en ayudar a los residentes y a sus familias a mantenerse conectados, y tienen por objeto que los familiares puedan apoyar al residente en la prestación de cuidados si este así lo desea.

286.El proyecto de ley del Servicio Nacional de Atención (Escocia) permitirá a los ministros escoceses emitir orientaciones a las residencias de ancianos para que apoyen la política de visitantes designados, lo que permitirá, por ejemplo, responder con flexibilidad a la COVID-19 y a cualquier pandemia futura.

Guernsey

287.En virtud de las orientaciones en materia de salud pública se redujeron las visitas a los pacientes en los pabellones (incluidos los pacientes detenidos en virtud de la legislación de salud mental). Esto se hizo durante el período más breve que fue necesario y, durante ese tiempo, se adoptaron iniciativas para permitir el contacto continuo con la familia y los profesionales médicos, por ejemplo mediante el uso de tecnología. En la atención “al final de la vida”, se prestó más apoyo para que los familiares pudieran pasar tiempo con sus seres queridos. Se proporcionó equipo de protección personal completo para reducir el riesgo de infección cruzada.

288.El Reglamento de Prisiones se modificó para permitir que los nuevos ingresos en la prisión se sometieran a un período obligatorio de aislamiento de 14 días, siguiendo las orientaciones de Salud Pública. Se habilitó un pabellón de aislamiento para evitar un brote de COVID-19 dentro de la prisión. Se comunicaron al Grupo de Supervisión Independiente todos los casos de aislamiento obligatorio; sin embargo, su asistencia no fue necesaria. La prisión restringió todas las visitas durante las fases agudas del confinamiento y dispuso de un servicio adaptado en función de las restricciones de contacto impuestas en la comunidad. Los reclusos podían acceder al Grupo de Supervisión Independiente por teléfono o a través de Purple Visits, un sistema seguro de videollamadas.

Respuesta al párrafo 31 de la lista de cuestiones

Guernsey

289.En abril de 2020, el Parlamento de Guernsey aprobó la Ley de Capacidad (Bailía de Guernsey) de 2020. El objetivo de la Ley es empoderar a las personas para que tomen sus propias decisiones siempre que sea posible, permitirles planificar su futuro y, si carecen de capacidad, garantizar que las decisiones que se tomen en su nombre respeten sus derechos y libertades fundamentales.

290.La Ley de Extradición (Bailía de Guernsey) de 2019 entró en vigor el 7 de diciembre de 2021. Esto introdujo una legislación nacional de extradición basada en líneas generales en los procedimientos de Categoría II de la Ley de Extradición del Reino Unido de 2003.

Jersey

291.En 2023 se presentarán enmiendas legislativas a la Asamblea de Estados para reforzar el marco de libertad condicional anticipada y remisión para niños y jóvenes (de 10 a 17 años) recluidos en centros de detención juvenil.

292.Actualmente se está preparando una nueva Estrategia de Justicia Juvenil para Jersey que fortalecerá la respuesta de remisión respecto de los niños y jóvenes en conflicto con laley.