Comité de los Derechos del Niño

55º período de sesiones

Acta resumida de la 1544ª sesión (Sala A)

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 14 de septiembre de 2010, a las 10.00 horas

Presidenta:Sra. Lee

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes

Informes periódicos tercero y cuarto de Guatemala

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes de los Estados partes

Informes periódicos tercero y cuarto de Guatemala (CRC/C/GTM/3-4; CRC/C/GTM/Q/3-4 y Add.1)

1.Por invitación de la Presidenta , la delegación de Guatemala toma asiento como participante a la Mesa del Comité.

2.El S r. Martínez Alvarado (Guatemala) da las gracias al Comité por haber brindado a Guatemala la oportunidad de presentar sus informes periódicos tercero y cuarto, tras el aplazamiento de su examen en mayo de 2010, debido a la destrucción causada por las catástrofes naturales que asolaron el país. Presenta a los miembros de la delegación de Guatemala.

3.La Sra . d el Valle (Guatemala) dice que los informes periódicos tercero y cuarto de Guatemala, que cubren el período de 2002 a 2007, resumen la situación actual de los niños y adolescentes en el país, así como los esfuerzos institucionales y gubernamentales para proteger sus derechos humanos. Guatemala ha reestructurado su Foro interinstitucional de derechos humanos, a través de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), con objeto de organizar un plan efectivo de seguimiento de las medidas adoptadas por el Estado en ese ámbito, basado en las recomendaciones formuladas por los mecanismos de supervisión de las Naciones Unidas y el sistema interamericano en dicha esfera. El plan de seguimiento incluye una base de datos que permitirá a las instituciones competentes examinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones e identificar las medidas apropiadas que deben tomarse para garantizar su plena aplicación.

4.Recuerda que hace solo 12 años que Guatemala firmó los acuerdos de paz con miras a poner término al conflicto armado interno y que aún no se han abordado sus causas subyacentes. Se trata esencialmente de un país rural, con una población joven y un elevado nivel de pobreza; es más, el 21,5% de la población vive en una pobreza extrema. Las víctimas principales de la pobreza son la población rural, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas menores de 18 años. No obstante, Guatemala ha realizado considerables progresos a lo largo de los dos últimos años en lo tocante a la mejora de la situación de los niños y adolescentes, reforzando el marco normativo e institucional, incrementando el gasto social y aplicando medidas en pro de la infancia. Se han adoptado una serie de leyes relativas a la infancia, como la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (2009), que armoniza la legislación nacional con la Convención y sus Protocolos Facultativos; la Ley del sistema de alerta Alba Kenneth (2010), que coordina las medidas institucionales destinadas a localizar y prestar una atención de emergencia a los niños raptados, secuestrados y desaparecidos; y la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (2003), que prevé la creación de juzgados especializados para niños, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Ya se han establecido tres juzgados especializados en la ciudad de Guatemala y otros 10 en los 22 departamentos del país.

5.Para combatir la malnutrición crónica de los niños guatemaltecos, se implantó en 2008 y 2009 la Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica en un tercio de los municipios del país, lo que representa 13 de los 22 departamentos, centrada en los niños entre seis meses y tres años y las mujeres embarazadas y lactantes.

6.En cuanto a la adopción, la oradora indica que Guatemala creó el Consejo Nacional de Adopciones para actuar como autoridad central, de conformidad con el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. El Consejo ha autorizado a 79 instituciones de acogida para atender a los 4.200 niños susceptibles de ser adoptados y ha supervisado los 3.075 casos de adopción que la Procuraduría General de la Nación, el antiguo órgano encargado de las adopciones, dejó pendientes, mientras se investigan las posibles irregularidades en las solicitudes.

7.Los niños y adolescentes ocupan uno de los primeros puestos en la lista de prioridades del Gobierno y la prueba está en el incremento del 356% en la partida presupuestaria asignada en 2009 a la Secretaría de Bienestar Social, que ha asumido la tarea de formular y coordinar las políticas destinadas a proteger a los niños, adolescentes y grupos vulnerables. Por desgracia, la recaudación fiscal de Guatemala es la segunda más baja de América Latina, después de Haití, lo que significa que los fondos disponibles para inversión social son limitados, con las repercusiones que ello conlleva para los niños y adolescentes de Guatemala. El Gobierno ha redactado, por tanto, un programa de reforma fiscal, a fin de diseñar un mecanismo para optimizar los recursos estatales y aumentar el gasto social.

8.La Secretaría de Bienestar Social está aplicando una serie de acertados programas a fin de abordar los principales problemas que afectan a los niños y adolescentes. Por ejemplo, la meta del programa de inversión social, bajo el título de Mi familia progresa, consiste en mejorar la atención de salud y la nutrición entre las familias de escasos ingresos con niños de 0 a 15 años y mujeres embarazadas y lactantes y en elevar la asistencia a los centros escolares de los niños de 6 a 15 años. Se ha implantado un sistema de transferencias monetarias condicionadas, con miras a recompensar a las familias que cumplen determinadas obligaciones como parte integrante de su compromiso de aceptar su responsabilidad conjunta en materia de salud y educación. El programa se ha puesto en marcha en 177 municipios y se ampliará a otros 100 a finales de 2010. Se ha producido un marcado incremento del número de alumnos que habían abandonado los estudios y que vuelven a la escuela, especialmente de niñas, así como de niños que se matriculan por primera vez en centros de enseñanza. Por otra parte, más personas están recurriendo a los servicios de salud, la calidad de los alimentos ha mejorado y, gracias a ello, se han producido menos casos de enfermedades que requieren atención médica.

9.Entre otros éxitos, cabe mencionar tres programas presidenciales, que son un programa alimentario de emergencia (Bolsas Solidarias) que distribuye paquetes de alimentos con elementos nutricionales básicos, a fin de reducir el alto riesgo de inseguridad alimentaria entre las familias de bajos ingresos; un programa de comidas de bajo coste dirigido a los niños de las familias de escasos ingresos, niños de la calle, trabajadores con necesidades especiales, madres solteras y personas mayores; y un programa de Escuelas Abiertas, que es un plan para que las escuelas de las zonas más pobres del centro de las ciudades, en donde reina la violencia, permanezcan abiertas durante el fin de semana, para que los niños y adolescentes puedan participar en actividades de esparcimiento, deportivas y educativas y recibir asesoramiento y comidas gratuitas en un entorno libre de peligros y violencia. En agosto de 2010, 192 escuelas habían participado en el programa y se había previsto hacerlo extensivo a todo el país. Los Ministerios de Educación y de Gobernación han establecido un programa denominado de "escuelas seguras", para garantizar que las escuelas estatales sean un lugar seguro y libre de violencia y de drogas e impartir una enseñanza global que facilite el desarrollo integral del niño. Hasta la fecha se han creado 49 escuelas seguras en las ciudades, dotadas de alarmas y cámaras de televisión de circuito cerrado, que cuentan con patrullas periódicas de la policía en los edificios y terrenos escolares y en los barrios colindantes.

10.Por ultimo, con respecto a los adolescentes en conflicto con la ley, la oradora indica que la mayoría de ellos han sido o bien víctimas o bien testigos de la violencia o el maltrato durante su infancia. Además, no todo el mundo es consciente de que la desintegración de la familia nuclear priva a muchos niños del sentimiento de seguridad que da el vivir en una familia que los quiere y los acepta, lo que constituye una necesidad básica. Se requiere, por tanto, la acción del Gobierno para afrontar las causas subyacentes, teniendo en cuenta la relación entre pobreza y desigualdad y centrándose en proporcionar cuidados integrales en vez de limitarse a imponer medidas represivas. La Secretaría de Bienestar Social, a través de la Subsecretaría de Reintegración y Rehabilitación Social, está aplicando actualmente dos programas a fin de garantizar que los adolescentes en conflicto con la ley no sólo se sometan a las sanciones jurídicas que se les imponen sino que reciban también una atención global. El primero de ellos es un programa integrado que se aplica en los centros de detención especial con miras a facilitar cuidados generales a los adolescentes en conflicto con la ley que están cumpliendo penas de reclusión, haciendo hincapié en ayudarles a reintegrarse en la sociedad, en sus familias y en el mercado laboral. Hay tres tipos de centros de internamiento para niños: centros de detención preventiva para niños varones; centros de detención para niños varones; y centros de detención para niñas. El segundo programa comprende varias medidas sociales y educativas destinadas a atender a los adolescentes que están cumpliendo una pena no privativa de libertad. Un equipo multidisciplinario de profesionales ayuda a esos adolescentes en la comunidad a reinsertarse en su familia y en la sociedad, a fomentar el sentido de la responsabilidad y a respetar la ley y los derechos fundamentales de los demás, así como a adquirir aptitudes y conocimientos que les permitan desarrollarse personal y socialmente.

11.La Sra . Ortiz (Relatora para el país) dice que el Comité es consciente de las numerosas dificultades que afronta Guatemala en la tarea de aplicar la Convención y sus Protocolos Facultativos, incluida la violencia, la delincuencia organizada, el conflicto armado, la discriminación racial y las numerosas catástrofes naturales. Elogia a Guatemala por su tenacidad y determinación para superar los problemas y por los avances logrados en su aplicación. Se hace eco, sin embargo, de la preocupación del Comité por la desigualdad en la distribución de los recursos, el elevado número de homicidios y, en particular, la alta incidencia de femicidios, que han provocado más muertes de mujeres que la mortalidad materna, y de homicidios infantiles, con más de 500 casos registrados al año. Muestra también su preocupación por el trato dado a los adolescentes en conflicto con la ley. Los adolescentes son los principales autores de los actos de violencia y el problema se suele afrontar en la actualidad reactuando con mano dura y recurriendo a menudo a medidas militares, en vez de ejecutar programas que aborden el problema de raíz y promuevan la integración social.

12.El Comité, a pesar de que celebra el progreso legislativo conseguido por el Estado parte durante los últimos años en respuesta a sus observaciones, como la reciente promulgación de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas y la Ley del sistema de alerta Alba Kenneth, no está muy seguro de que las leyes del país se ajusten plenamente a los tres tratados.

13.La inquietud principal y reiterada del Comité está relacionada con los problemas surgidos en la aplicación de esas leyes. Aún no hay indicios de una estrategia global, diseñada específicamente a fin de aplicar la Convención, con objetivos claros para mejorar la vida de los niños en Guatemala.

14.El Comité recomienda la creación de un órgano de coordinación de alto nivel, capaz de influir en las políticas públicas, con miras a ayudar a los niños. Uno de los objetivos fundamentales de la Convención consiste en desechar la idea de que solo hay que tratar con los niños cuando tienen un problema, y en reconocerlos como ciudadanos de plenos derechos, cuyo ejercicio está garantizado por el Estado, lo que representa un salto cuantitativo que implica que las cuestiones relativas a los niños deben incorporarse a las políticas públicas del Estado, el presupuesto, los planes de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza. A través de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (LEPINA), el Estado parte ha creado una Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que se encarga de elaborar políticas específicas para los niños y de garantizar su integración en las políticas públicas; sin embargo, no se ha otorgado a la Comisión la autoridad, los recursos o el apoyo político que requiere para desempeñar sus funciones. Recuerda que el Comité siempre ha recomendado que la coordinación de la política infantil no corra a cargo de los órganos que prestan una ayuda directa a los niños.

15.Los cambios alentados por la Convención consisten en promover los derechos de los niños, programas que los mantengan en sus familias y comunidades y un desarrollo saludable de la infancia a través de la educación, los servicios de salud y actividades de esparcimiento adecuadas a sus necesidades y formación cultural, y no crear más instituciones estatales o ampliar las existentes para internar a los niños. Le preocupa en ese sentido el elevado número de niños que han sido declarados aptos para ser adoptados, ya que denota la ausencia del Estado en sus vidas antes de encontrarse en esas circunstancias. Pregunta cómo proyecta el Gobierno abordar esa situación, con miras a promover los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de los niños. Desea saber qué medios se han utilizado para evaluar la aplicación del Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia y si el Plan incluye programas gestionados a nivel local con objeto de prestar servicios a los niños y sus familias.

16.En cuanto al gasto público en la infancia, pregunta cómo garantiza el Estado parte la financiación presupuestaria a largo plazo, como parte integrante de su estrategia nacional de desarrollo. Desearía saber si el Gobierno ha acometido una reforma fiscal que facilite la aplicación de un impuesto sobre la renta. El Comité recomendó que se consideraran intocables ciertas partidas presupuestarias de valor estratégico, como la inscripción de los nacimientos en el registro, la desnutrición crónica, los niños indígenas, la educación, la violencia contra la infancia y la atención precoz a los niños.

17.El S r. Kotrane pregunta si, para completar la gama de medidas de protección de derechos humanos que ofrece, Guatemala ha previsto ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Desearía saber qué progresos se han realizado en la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en las observaciones finales más recientes (CRC/C/15/Add.154). Pregunta si se ha creado una comisión con miras a armonizar la legislación interna de Guatemala con la Convención y los dos Protocolos Facultativos. ¿Se han tomado medidas, por ejemplo, para tipificar como delito en el Código Penal el reclutamiento de niños en conflictos armados? Lo mismo cabe decir de cualquiera de los demás actos prohibidos por los dos Protocolos Facultativos, que no se han definido aún como delitos en la legislación penal de Guatemala.

18.El orador agradecería una explicación de la distinción establecida por el Estado parte entre las funciones de coordinación y de supervisión independiente. Tiene entendido que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia son órganos de coordinación: la primera, de los derechos humanos en general y la segunda, de los derechos del niño en particular. No parece existir, sin embargo, en Guatemala un órgano de control de los derechos humanos auténticamente independiente que suscriba los Principios de París. Pregunta si se han tomado disposiciones para establecer un órgano de esa índole.

19.Asimismo, solicita una información más detallada sobre la definición de niño en la legislación de Guatemala y los derechos civiles que de ella se derivan. Desearía conocer los términos concretos de las normas relativas a la edad mínima para contraer matrimonio, independientemente de cual sea la práctica en ese sentido. Pregunta si el Estado parte prevé prohibir los matrimonios antes de los 18 años, tanto para niños como para niñas. Agradecería saber si se permite a los niños expresar sus opiniones y que sean tenidas en cuenta en las decisiones que les afectan. Pregunta qué medidas tiene pensado tomar el Gobierno para garantizar que los niños sean considerados sujetos de pleno derecho.

20.La Sra . Aidoo celebra la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el hecho de que el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la promoción y Protección de los Derechos Humanos le haya concedido la categoría "A". Desea saber cual es el nivel de recursos públicos asignado a la Procuraduría de Derechos Humanos para el desarrollo de sus funciones y, en especial, la de supervisión e investigación independientes de las violaciones de los derechos del niño. Pregunta de qué grado de independencia está dotada la Procuraduría, ya que hay noticias de que a menudo refleja sesgos políticos. Se pregunta si los niños de todas las procedencias (incluidos los del medio rural y urbano y los indígenas y los pobres) tienen acceso a la Procuraduría. Por ultimo, solicita una aclaración acerca de la relación entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.

21.Le preocupa que la recopilación, desglose y análisis de los datos sobre la infancia sigan siendo uno de las principales deficiencias del Estado parte desde el punto de vista institucional y cree que la eficiencia y la eficacia de las políticas y leyes sociales en pro de los niños y, por extensión, de su aplicación, dependen de hasta qué punto esas políticas responden a la realidad cotidiana de éstos. Aunque se congratula de la existencia del Instituto Nacional de Estadística, no parece que posea la capacidad ni los recursos para recopilar datos sistemáticos sobre la niñez y la adolescencia, ni que cuente con instrumentos adecuados de carácter jurídico para recopilar una información que le permita adoptar un enfoque coordinado de la recogida y análisis de los datos relativos a los niños entre las instituciones estatales competentes. Sería útil disponer de detalles sobre la incidencia, distribución y características socioeconómicas de la pobreza infantil, así como de datos que reflejen el estado de salud de los niños y su acceso a los servicios sanitarios, desglosados no sólo por género, sino también por edad, ya que las respuestas podrían diferir al respecto. Dado que al Comité le inquieta la cuestión de la igualdad en el ámbito de la salud, habría que desglosar también esa información sanitaria en función de las diversas categorías de niños (rurales, urbanos, indígenas, etc.). A la oradora le preocupa que el sistema actual de recopilación de datos se limite fundamentalmente a la ciudad de Guatemala y otras zonas urbanas, a pesar del hecho de que más de la mitad de la población reside en zonas rurales. Pregunta qué medidas se están tomando para cerciorarse de que en la recopilación de información relativa a los niños se tengan en cuenta los elementos esenciales de una estrategia concebida para diseñar las leyes, políticas y programas a la medida de las necesidades de todos los niños de Guatemala.

22.El S r. Gurán solicita más detalles sobre el mandato y la composición del mecanismo independiente de supervisión y el número de quejas que ha recibido. Desea saber con qué dotación cuenta en términos de personal y otros recursos, a fin de resolver los graves problemas con que se enfrenta el Estado parte. Agradecería también recibir más información sobre los procedimientos de adopción internacionales aplicados en Guatemala, que incluyan una evaluación de la situación, estructura y responsabilidades de la autoridad nacional competente.

23.El S r. Citarella señala que, aunque el Estado parte ha realizado progresos en la modificación de su legislación en determinados aspectos, no se han adoptado disposiciones concertadas para revisar las leyes a fin de armonizarlas con la Convención y los dos Protocolos Facultativos. Pregunta cómo abordará la judicatura los posibles conflictos entre el derecho interno y la Convención que puedan surgir en los procedimientos judiciales, una vez que la Convención se haya incorporado a la legislación.

24.A juzgar por la escasa información que figura en el informe sobre la aplicación práctica de las disposiciones de la Convención, existen, al parecer, una serie de obstáculos que dificultan la plena aplicación de la legislación interna de Guatemala. Se pregunta si no se deberán a restricciones financieras.

25.Hay pruebas de la tendencia generalizada en Guatemala a considerar a los niños y, en particular, a los adolescentes, como un peligro para la sociedad, lo que a veces repercute en la odiosa práctica de la limpieza social, como cabe deducir del gran número de homicidios en Guatemala que, en algunos casos, son cometidos, según los informes, por particulares, fuerzas del orden y agentes de la policía, como medio de librar a la sociedad de las bandas de criminales, que cuentan frecuentemente entre sus filas a niños menores de edad. Desearía conocer la definición concreta de niño en la legislación nacional y si es compatible con la plasmada en la Convención.

26.El S r. Puras dice que agradecería disponer de una relación de los problemas a los que tienen que hacer frente los niños en el ejercicio de los derechos y libertades civiles en la escuela, la familia, el vecindario y las instituciones. Si bien, según el informe, no pesa ninguna restricción manifiesta sobre los derechos y las libertades civiles, el elevado nivel de violencia y la cultura y actitudes predominantemente paternalistas con respecto a los niños en Guatemala podrían entrañar en la práctica ciertas limitaciones. Pregunta cuáles han sido los resultados del programa Construyendo Ciudadanía, descrito en el párrafo 101 del informe.

27.La delegación debería formular algún comentario sobre el debate suscitado por las pruebas de seropositividad practicadas a los menores de edad, ya que se trata de una cuestión que afecta directamente a su derecho civil a la confidencialidad médica. Aunque se ha considerado que la enmienda prevista a la legislación pertinente, como se indica en detalle en el párrafo 115 de las respuestas escritas (CRC/C/GTM/Q/3-4/Add.1), constituye un avance respecto de la situación actual del derecho de los niños a la confidencialidad, a su modo de ver, la enmienda no es más que un reflejo de la renuencia del Gobierno a aceptar y hacer efectivos los derechos y libertades civiles de los niños. Pregunta por el derecho a la intimidad y el acceso a la información de que disfrutan los niños en los hogares gestionados por el Estado. Agradecería contar con más información sobre la protección de los derechos civiles de los niños que participan en el proyecto de la Ciudad de los Niños, descrito en el párrafo 110 de las respuestas escritas.

28.Las muertes de niños causadas por la violencia y la desnutrición crónica son dos graves problemas que afectan a sus derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Pregunta qué resultados ha logrado el Estado parte mediante el uso de enfoques intersectoriales y de salud pública al abordar esos escollos. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el sector de la salud para luchar contra la violencia como problema de salud pública y qué están haciendo otros sectores para combatir la desnutrición crónica como elemento transversal ligado a la pobreza? Sugiere que, entre las medidas destinadas a romper el círculo vicioso de la violencia, cabría incluir el fomento de la confianza entre los padres y los hijos, en especial mediante la eliminación de los castigos corporales.

29.La Sra . Al Asmar pregunta si se han traducido la Convención y sus Protocolos Facultativos a las lenguas indígenas y, en especial al maya. Desearía saber si el Estado parte ha evaluado los resultados alcanzados por la formación impartida al profesorado respecto de esos instrumentos. A pesar de que existen leyes que garantizan el respeto de las opiniones del niño, la aplicación de ese principio parece brillar por su ausencia en Guatemala. Pregunta qué medidas prevé tomar el Gobierno para remediar esa situación. Desearía saber si se consulta a los pueblos indígenas para determinar cual es la mejor manera de proporcionarles servicios. Solicita una explicación de por qué no se les facilita más el acceso al registro de los nacimientos y se pregunta si es por las restricciones financieras o por las dificultades lingüísticas.

30.La Presidenta comunica que apoya las peticiones de aclaración de otros miembros del Comité sobre las medidas que se están tomando para paliar los bajos niveles de inscripción de los nacimientos en el registro. Pregunta también cual es el porcentaje del producto interno bruto (PIB) del país invertido en las cuestiones relativas a los niños, aparte de la educación. En el párrafo 31 del informe periódico se ofrece una cifra, pero se aplica sólo a la educación. Además, se ha mencionado que las partidas presupuestarias están sujetas a reducciones.

31.Solicita también una explicación sobre los castigos corporales. Según tiene entendido, están permitidos en el hogar, pero no en la escuela. Se pregunta, sin embargo, si están autorizados en las instituciones para niños, como sugieren algunos informes. Para terminar, pone de relieve la disparidad mencionada en el párrafo 50 del informe periódico, que contradice a su vez un informe anterior, en el que se indica que la edad máxima de educación básica es de 15 años y que la edad laboral mínima es de 14 años.

Se suspende la sesión a las 11.35 horas y se reanuda a las 11.50 horas.

32.La Sra . d el Valle (Guatemala) dice que, por lo que hace a los ministerios que guardan más relación con la infancia, la delegación no está en condiciones de especificar qué porcentaje del presupuesto se dedica a los niños. En términos generales, sin embargo, puede informar al Comité de que se han incrementado considerablemente los presupuestos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia ha recibido más de 244 millones de quetzales, que se han asignado en parte a la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.

33.El Consejo Nacional de Adopciones, que cuenta con una fuente de financiación diferente, se encarga de 5.370 niños en 83 instituciones, que reúnen los requisitos para ser adoptados.

34.Guatemala ha ratificado casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, a excepción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se han firmado, pero no se han ratificado aún, debido a los trámites parlamentarios, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que el Tribunal Constitucional de Guatemala ha dictaminado que es constitucional.

35.Por lo que hace a la cuestión de los jóvenes en dificultades y los miembros de bandas juveniles, el Gobierno ha adoptado la política de promover su autoestima, garantizando al propio tiempo la seguridad. En las zonas más afectadas, se han establecido programas globales en colaboración con las iglesias, ONG y dirigentes de la comunidad. Se ha asignado la cantidad de 15 millones de quetzales a esos programas, destinados a prevenir la violencia y a mantener la seguridad. La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la participación tanto de los alcaldes elegidos como de las autoridades tradicionales en las zonas con grandes comunidades indígenas.

36.En sus esfuerzos por desmantelar las estructuras de la delincuencia organizada, el Gobierno ha decidido ampliar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para hacerlo extensivo a instituciones como la policía y las autoridades civiles. Con tal fin, está tratando de elaborar métodos y procedimientos para abordar los casos de impunidad pendientes. Se ha dotado a la Comisión de mayores poderes en materia de supervisión y se ha impartido una formación en derechos humanos a los agentes de policía, que en algunos casos han sido acusados de tomarse la justicia por su mano.

37.La Sra . Ortiz(Relatora para el país) pregunta, en relación con las medidas contra la impunidad, si se están adoptando disposiciones para castigar a los responsables de la trata de niños, pues se ha informado al Comité que seguía habiendo autoridades que actuaban al margen de la ley en ese aspecto, y para recuperar la identidad de los niños secuestrados o vendidos. ¿Qué medidas se han tomado para identificar a esos niños? Pregunta también si se van a bloquear las adopciones internacionales pendientes. Es indispensable verificar todos los casos de adopción antes de dar el permiso y agotar todos los recursos antes de autorizar ninguna adopción.

38.La Sra . d el Valle (Guatemala) dice que se han aprobado una serie de procedimientos con miras a identificar y abordar los elementos delictivos implicados en la adopción y se ha establecido un sistema de alerta, de conformidad con la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (Ley de Protección Integral).

39.El S r. Vel á squez (Guatemala) señala que, en virtud de la Ley de protección integral, los casos de adopción que se empezaron a tramitar antes de su entrada en vigor se han ajustado al procedimiento antiguo, pero los casos nuevos deben gestionarse con arreglo a dicha ley. Ya ha concluido la tramitación de la mayoría de los casos por la vía del procedimiento antiguo y solo quedan 270 casos pendientes, de adopciones no aceptadas por el Consejo Nacional de Adopciones, porque se han detectado prácticas corruptas. En esos casos, se inician acciones penales contra las personas implicadas. Se han declarado aptos para la adopción algunos niños cuando no reunían los requisitos necesarios, debido a que no se intentó, por ejemplo, identificar a sus progenitores biológicos. El Consejo está tratando de evaluar por varios medios, incluidas pruebas psicológicas, todos los certificados existentes de que el niño es adoptable. Las familias que solicitan la convalidación de su estatuto de familias de acogida, pueden aspirar a que se les conceda solo con carácter temporal. El juez encargado del caso tiene la obligación de agotar todas las posibilidades de encontrar a la familia biológica del niño.

40.La Sra . d el Valle (Guatemala), en respuesta a una pregunta anterior, indica que la definición de niñez y adolescencia ha quedado establecida en el artículo 2 de la Ley de protección integral: el niño se define como toda persona hasta que cumple 13 años y el adolescente, como la persona desde los 13 hasta que cumple los 18 años. Pasando a los matrimonios precoces, el Código Civil permite a las niñas contraer matrimonio a los 14 años y a los niños a los 16, con la autorización de los padres o del juez. A un menor se le permite trabajar a la edad de 14 años, pero ese trabajo debe estar regulado; algunos tipos de trabajo están prohibidos si son peligrosos o insalubres. El artículo 57 de la Ley de protección integral estipula que no se puede reclutar a menores en las fuerzas armadas.

41.En lo tocante a escuchar las opiniones del niño, dice la oradora que, en las zonas rurales, se han creado consejos de participación para ellos, con ayuda del Instituto Interamericano del Niño, que les permiten expresar sus necesidades. El Gobierno está trabajando también con el Instituto en un proyecto para inscribir en el registro el nacimiento de todos los niños, requisito que no siempre se cumple. Se están creando oficinas para el registro de los nacimientos y matrimonios en todos los municipios y se están solicitando más datos sobre el origen racial, para poder reflejar en el censo la diversidad étnica del país.

42.En cuanto a la salud pública, se está preparando un nuevo informe sobre salud maternoinfantil, desglosada en varias categorías. Respecto de otras preguntas formuladas por el Comité, resulta difícil adaptar la ley de Guatemala a la legislación internacional en la esfera de los derechos humanos y, en especial, eliminar la cultura de la impunidad. Se está avanzando en esa dirección, aunque a paso lento. Se ha progresado también en materia de cooperación internacional en aspectos como la trata de seres humanos. El Gobierno está organizando un sistema de supervisión destinado a velar por el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas. También se esfuerza por ratificar los instrumentos de derechos humanos y armonizar la legislación de Guatemala con las normas internacionales. El artículo 46 de la Constitución afirma específicamente que los instrumentos internacionales tienen preeminencia cuando se trata de los derechos humanos.

43.Se alienta a los jueces a pronunciarse sobre los casos difíciles y crear así un corpus de jurisprudencia que refleje la insistencia en el interés superior del niño. Por lo que hace a las diferencias entre las diversas estructuras mencionadas por el Comité, a la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, establecida en virtud de la Ley de Protección Integral, se le ha encomendado la función de supervisar las políticas públicas y distribuir los recursos presupuestarios, pero es de esperar que se pueda ampliar su mandato. Entretanto, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia tiene categoría ministerial y aplica las políticas que se han aprobado. La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, que depende de la Procuraduría General de la Nación, ha transferido sus atribuciones en materia de adopción al Consejo Nacional de Adopciones, que cuenta con su propio presupuesto y personalidad jurídica y se ha convertido en el órgano que identifica a los niños adoptables. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos coordina la política en esa esfera.

44.La Sra . Ortiz (Relatora para el país) dice que da la impresión de que la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia recibe mucha menos financiación que el Consejo Nacional de Adopciones, pese a que trata a un número muy elevado de niños atendidos en instituciones. Le preocupa constatar que, con los sistemas disponibles, se presta menos atención a la prevención y más a la adopción y a la colocación del niño en hogares de guarda. Así como hay un solo órgano encargado de los derechos de la mujer en Guatemala, no parece que exista un órgano único que vele por los derechos de los niños.

45.La Sra . d el Valle (Guatemala) señala que no se cuenta con un órgano único que coordine la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel nacional. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia elabora y aplica políticas sobre los derechos del niño, pero no es un órgano de supervisión. La Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia es un órgano sobre el que recae la responsabilidad conjunta de controlar la aplicación de políticas, así como de desempeñar un papel coordinador a nivel estatal. La Comisión se encarga de promover y controlar la aplicación del Plan de Acción Nacional para la Niñez y Adolescencia. En respuesta a la recomendación de 2001 del Comité, aún no se ha decidido cual es el órgano nacional más idóneo para vigilar la aplicación de la Convención.

46.Pasando al castigo corporal, la ley prohíbe todas las formas de maltrato a los niños y adolescentes; estos tienen derecho a la protección contra el maltrato y las personas acusadas de ese delito serán procesadas.

47.La Procuraduría de los Derechos Humanos es un órgano independiente que, junto con la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, ha recibido el mandato de supervisar la aplicación de las leyes relativas a los derechos de los niños y adolescentes. El presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos para la niñez y adolescencia ha registrado un incremento significativo en los últimos años.

48.El Gobierno de Guatemala creó la Secretaría de Derechos Humanos y de la Paz, a fin de potenciar el nivel de los acuerdos de derechos humanos y de paz en el país. Como se mencionó en el párrafo 32 del informe (CRC/C/GTM/3-4), se ha propuesto crear en la nueva Secretaría una unidad de supervisión y seguimiento de políticas públicas en materia de derechos humanos, pero por desgracia, esa propuesta no ha sido aún aprobada por el Congreso de Guatemala.

49.La Sra . Ortiz (Relatora para el país), tras indicar que la Secretaría de Bienestar Social está llevando a cabo una labor muy valiosa y que la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, que forma parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, está cumpliendo, sin lugar a dudas, su función de recibir denuncias, difundir información sobre los derechos humanos y formular recomendaciones a las autoridades públicas acerca de las futuras medidas destinadas a garantizar los derechos de la infancia, expresa preocupación por la aparente reducción de las asignaciones presupuestarias para las cuestiones relativas a los niños.

50.La Sra . d el Valle (Guatemala) dice que no está presente ningún representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero que se compromete a obtener información sobre el nivel de asignaciones a la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia en el marco del presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

51.Con respecto a los anteriores comentarios sobre el tema del VIH, dice que a los menores de edad se les permite someterse a pruebas, siempre que cuenten con la autorización de sus padres.

52.Se han transmitido a los diversos ministerios la Convención y sus Protocolos Facultativos, así como el último informe presentado por Guatemala al Comité de los Derechos del Niño, que se están traduciendo a las lenguas nacionales. Se dará difusión a Convención a través del sistema educativo.

53.La Sra . Ortiz (Relatora para el país) dice que, en lo tocante al derecho de los niños a la intimidad, deben poder someterse a una prueba para averiguar si han contraído el VIH/SIDA, aunque sus padres no sepan que se les ha practicado. Desea saber si existe una ley en Guatemala que recoja el derecho del niño a la vida privada y si los medios de difusión están obligados a respetarlo. Le preocupa que sea tan alto el número de niños que viven en instituciones y la excesiva concentración de dichos centros en la capital del país. Nadie duda de que las instituciones y, en particular, las de gran envergadura, no son el mejor lugar para que los niños se críen y se sientan a gusto. Lo ideal sería que las instituciones fueran residencias temporales que ofrezcan a los niños un entorno lo más parecido posible a la vida familiar y que los niños vivan lo más cerca que se pueda de sus familias. Llevarse a los niños a vivir en la capital es contrario a su derecho a la vida familiar.

54.En cuanto a los casos de adopción ilegal internacional, la oradora destaca la importancia de investigar y castigar esos delitos y pregunta qué sanciones y qué controles existen en ese ámbito. La adopción internacional puede ser una práctica sumamente desaconsejable, ya que es posible que dé lugar a que los niños se entreguen a familias totalmente diferentes de ellos y a que sean tratados como algo similar a un trofeo.

55.Por ultimo, desea saber en qué forma trabajan las autoridades públicas con las comunidades indígenas a fin de promover los derechos del niño.

56.La Sra . Al Asmar pregunta si hay un número suficiente de maestros cualificados para impartir clases a los niños indígenas en los centros bilingües y si las escuelas autogestionadas cuentan con una regulación adecuada por lo que hace a aspectos como la ratio alumnos/profesor. Desea saber también si existe algún estudio sobre las causas del elevado porcentaje de abandono escolar tras la terminación de los estudios primarios. Pregunta si hay leyes para prevenir la violencia y los castigos corporales en la escuela.

57.El S r. Kotrane, tras elogiar al Gobierno de Guatemala, que ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y armonizado sus leyes internas con el contenido de dicha Convención, pregunta qué se va a hacer para impedir que los niños refugiados sean reclutados por bandas criminales. Pregunta qué medidas se tomarán para dar a conocer la información sobre los derechos de los niños refugiados a los funcionarios públicos que aplican la legislación nacional.

58.En lo tocante a los derechos de los niños migrantes, advierte que Guatemala es un país de origen, destino, tránsito y, a veces, retorno: desea saber qué medidas se han tomado para reunir con su familia a los niños separados de ella y garantizar que disfruten de todos los derechos que les asisten.

59.Para terminar, solicita una aclaración respecto de la edad mínima de responsabilidad penal del niño o adolescente y en qué circunstancias han de comparecer ante los tribunales penales. Toma nota de que en el párrafo 231 del cuarto informe periódico (CRC/C/GTM/3‑4) se menciona que las niñas mayores de 12 años de edad pueden ser detenidas en el Hogar Gorriones. Le ha sorprendido leer en el párrafo 241 que "no está dicho que la pena de muerte no se aplicará a menores" aunque "en la práctica, la pena de muerte no es aplicada a menores de edad". Pide que se le confirme que los niños menores de 18 años no serán condenados a la pena capital y pregunta cual es el período máximo de prisión que cabe imponer a un menor. Le ha alarmado leer la noticia de que se ha encarcelado a más de 300 jóvenes, en la mayoría de los casos antes del juicio. Los niños deben beneficiarse de la presunción de inocencia y no ingresar en un establecimiento penitenciario hasta que no se les haya declarado culpables de un delito.

60.El S r. Puras dice que, si bien el Estado parte ha llevado a cabo esfuerzos encomiables para brindar servicios modernos a los niños con discapacidades, siguen existiendo lagunas significativas en los servicios, en particular fuera de la capital. Dado que el Gobierno de Guatemala ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo conveniente sería que fortaleciera su voluntad política para afrontar los problemas de discapacidad. Pregunta qué medidas concretas ha tomado recientemente el Gobierno para mejorar los servicios relativos a la recopilación de datos y a la intervención precoz para los niños pequeños con discapacidad y sus familias; apoyar a las familias y respaldar a las organizaciones no gubernamentales asociadas y potenciar los servicios de educación integradora para niños con discapacidad. A su modo de ver, esas medidas no son un lujo, sino que, por el contrario, podrían resultar rentables.

61.Pregunta si se han puesto en práctica las recomendaciones formuladas por el Comité en 2001 relativas a la aplicación de programas para combatir la malnutrición y, en caso afirmativo, qué resultados se han obtenido. Además de la desnutrición creciente, también son preocupantes las muertes por infecciones respiratorias, los parásitos intestinales, la anemia y otros problemas de salud.

62.El bienestar emocional y la salud mental de los niños son cuestiones que revisten especial importancia en un país gravemente afectado por la violencia juvenil; pregunta si se ha establecido una política nacional para ayudar a los niños afectados y promover la educación y la labor de prevención en las escuelas. Existen pruebas suficientes que respaldan la teoría de que la violencia se puede corregir educando a los padres. Desea saber qué progresos se han realizado en los planes para implantar una línea telefónica de ayuda a los niños.

63.El orador se hace eco de la preocupación expresada por la Relatora para el país en lo tocante al derecho de los adolescentes a un asesoramiento confidencial sobre cómo vivir con el VIH, así como sobre los problemas de salud mental y reproductiva.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.