Período extraordinario de sesiones
Acta resumida de la 586ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 20 de agosto de 2002, a las 10.00 horas
Presidenta: Sra. Manalo (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos cuarto y quinto combinados de Hungría
En ausencia de la Sra. Abaka, la Sra. Manalo (Vicepresidenta), ocupa la Presidencia .
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos cuarto y quinto combinados de Hungría (CEDAW/C/HUN/4-5)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Hungría toman asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Kaponyí (Hungría) dice que el Gobierno de Hungría sigue estando firmemente interesado en la protección internacional de los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente la promoción de los derechos de la mujer. Una cantidad sin precedentes de mujeres ingresó al Parlamento tras las elecciones celebradas recientemente. Además, los Ministerios del Interior, de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, de Bienestar y de Asuntos Sociales y de la Familia están encabezados por mujeres. En el ámbito del Ministerio de Política Laboral y Empleo, se creó una nueva dirección general de igualdad de oportunidades, responsable de la política del Gobierno y de coordinar los programas gubernamentales para promover la igualdad de las mujeres, la rehabilitación de personas discapacitadas y la obtención de empleo por parte de la población romaní. También propondrá un nuevo proyecto de ley contra la discriminación y elaborará un nuevo plan de acción nacional. En colaboración con el programa PHARE de asistencia a los países que solicitaron ser admitidos como miembros en la Unión Europea, dicha dependencia ya está planificando un proyecto encaminado a generar oportunidades de empleo para mujeres de más de 40 años de edad y para aquellas que vuelvan a ingresar al mercado laboral después de tomar licencia para cuidar a sus hijos.
El Gobierno es consciente de que las leyes, por sí solas, no pueden cambiar actitudes sociales profundamente arraigadas y de que es fundamental que la sociedad civil, los círculos académicos, los miembros del Parlamento y los políticos participen en las medidas dirigidas a superar la discriminación y promover la igualdad entre los géneros. La discriminación contra la población romaní es un problema particularmente grave y la mayor parte de la sociedad húngara todavía no tiene conciencia de la situación en que se encuentra esa comunidad.
Hungría ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención en 2001. Se están organizando campañas mediáticas y conferencias sobre la violencia, la trata de personas, la prostitución y la eliminación de los estereotipos basados en el género, a fin de que el público conozca la Convención y el Protocolo.
La Sra. Açar pregunta cuánto participaron las organizaciones no gubernamentales en la redacción del informe periódico y en la elaboración de proyectos de ley, en particular los relativos a la mujer.
Pide que se proporcionen más detalles sobre el mandato y los poderes del Defensor del Pueblo para los Derechos Civiles (Ombudsman). Hasta el momento, el Defensor no se ha esforzado mucho por examinar las cuestiones de género o presentar leyes relativas a ellas, y cabe preguntar qué se está haciendo para mejorar la situación.
Dada la persistencia de los estereotipos basados en el género, resulta preocupante que la concepción de la política nacional de la familia, al mismo tiempo que alienta la maternidad, no parezca ayudar mucho para impulsar el cambio de los papeles masculinos. Cabe preguntarse cuáles son las intenciones del Gobierno a este respecto.
La Sra. Ferrer Gómez señala que todavía se espera que las mujeres cumplan todas las funciones relacionadas con la familia, aunque las únicas que sólo ellas pueden cumplir son el alumbramiento y la lactancia; todas las demás pueden ser desempeñadas por hombres de la misma forma. En el informe, se pone de relieve la importancia de los papeles masculinos y femeninos en la familia, pero no se dice nada respecto de si se concibe un tipo de familia en la que los deberes y derechos familiares se compartan equitativamente o uno en que las mujeres sean responsables del cuidado de la casa, los niños y los ancianos.
La política nacional de la familia no parece estar claramente centrada en las cuestiones de género ni incluir planes para cambiar los estereotipos culturales por medio de la educación. Aunque existen algunas disposiciones de seguridad que no dependen del género para los encargados de cuidar niños, en la práctica, los hombres y las mujeres no comparten las tareas domésticas. La política actual parece reforzar los papeles tradicionales en lugar de modificarlos. Las mujeres que dejan de trabajar por un tiempo para formar un familia ven perjudicadas sus oportunidades laborales y sus perspectivas de ascenso en el futuro. Al mismo tiempo, si bien la violencia doméstica se está volviendo más común, existe poca capacitación sobre la forma de prestar asistencia a las víctimas.
Los romaníes sufren un alto grado de discriminación y, aunque representan sólo el 10% de la población, el 68% de ellos vive por debajo de la línea de pobreza. Todavía no existe ninguna política encaminada a solucionar esa situación. Cabe preguntar qué medidas está adoptando el Gobierno en relación con la elaboración de una política de ese tipo y si plantea mejorar el acceso a la educación superior de las jóvenes romaníes por medio de becas.
La Sra. Shin dice que todavía no entiende cuál es la diferencia entre el Consejo de Asuntos de la Mujer y la Oficina de Asuntos de la Mujer. Cabe preguntarse qué parte del personal del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia trabaja para la Oficina y con qué presupuesto cuenta esa dependencia. También cabe preguntarse si la Oficina, que es el órgano responsable de la aplicación de la Convención, puede proponer leyes. En ese caso, es preciso aclarar qué procedimiento debe seguir quien dirige la Oficina.
Se proporcionaron dos cifras diferentes al Comité con respecto a la cantidad de personal con que cuenta el Consejo de Asuntos de la Mujer. Cabe preguntarse cuál es la cantidad real, qué parte está compuesta por personal de diversos ministerios del Gobierno y cuántos son representantes de organizaciones de la sociedad civil. La oradora se pregunta si el Consejo es un órgano meramente consultivo o si tiene poder de decisión; en este caso, desea saber si puede supervisar el cumplimiento de sus decisiones en el ámbito de otros ministerios, por ejemplo mediante el establecimiento de centros de coordinación en ellos.
La Sra. Tavares da Silva señala que la Dirección General de Igualdad de Oportunidades solía llamarse de otra forma; se pregunta si esos cambios de nombre fueron deliberados y reflejan el progresivo avance que suele ir desde el tratamiento aislado de las cuestiones de la mujer al tratamiento amplio del tema de la igualdad de oportunidades. Pide que se proporcionen más detalles sobre las tareas concretas de la Dirección General y pregunta si esta es responsable de coordinar la incorporación de una perspectiva de género en todas las dependencias del Gobierno y hacer que se cumpla. La cuestión de la incorporación de una perspectiva de género se introdujo en la política del Gobierno en 1997 y el plazo para su aplicación ya ha concluido. La oradora pregunta cómo se aplicó, por ejemplo, si se hizo por medio de un plan de acción para cada ministerio.
Señalando que la Dirección General también se encarga del tema de la rehabilitación de personas discapacitadas y la obtención de empleo por parte de la población romaní, que constituye una minoría, es de esperar que esto no signifique que se está tratando a las mujeres como si también lo fueran.
El informe presenta varios conceptos en forma ambigua. La oradora pide que se aclare lo relativo a las medidas temporales especiales adoptadas para acelerar el logro de la igualdad para la mujer, en relación con lo dispuesto por el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención. La expresión “medidas positivas” utilizada en la sección del informe que trata sobre el artículo 2 de la Convención sugiere que las descritas son medidas especiales temporales, cuando en realidad no lo son. En el informe también se hace referencia a la “discriminación positiva” y a la “discriminación negativa”; la oradora considera que la discriminación siempre es negativa. En la sección del informe que trata sobre el artículo 4 de la Convención, se declara que la introducción de un sistema de cupos, es decir, de medidas especiales, se consideraría ilegal; sin embargo, el país está aplicando ese mismo tipo de medidas. Cabe preguntarse si eso significa que la legitimidad de las medidas especiales existentes es cuestionable. La oradora sugiere que se vuelvan a examinar las expresiones empleadas en esos casos o, mejor aún, que se adopten los términos utilizados en la propia Convención.
El Sr. Melander dice que no ha podido determinar a partir del informe cuál es la condición jurídica de la Convención en Hungría y pregunta si los tribunales pueden referirse directamente a ella o si es necesario plasmarla en la legislación interna. Aunque la Constitución prohíbe la discriminación, su definición de ese término no concuerda con la que figura en el artículo 1 de la Convención. Cabe preguntarse si se tiene la intención de promulgar leyes para cambiar esa definición y de hacer que las mujeres sepan que pueden acudir al Comité. También cabe preguntarse qué medidas educativas se han adoptado para que quienes cursan estudios superiores y los funcionarios judiciales y policiales entiendan mejor los derechos humanos en general y los de la mujer en particular.
En las respuestas a las preguntas planteadas por el grupo de trabajo previo al período de sesiones se mencionaron problemas jurídicos planteados ante el Tribunal Constitucional. El orador pide más detalles sobre esos casos, especialmente en lo que se refiere al conocimiento de las diferencias naturales entre el hombre y la mujer.
El Sr. Kiss (Hungría) dice que los cambios de nombre del mecanismo nacional para el adelanto de la mujer efectivamente indican cambios de filosofía. El mecanismo original era un organismo consultivo del Ministerio de Empleo y Trabajo, en que participaban por invitación representantes de organizaciones no gubernamentales, estudiosos y activistas; a éste le siguió un comité interdepartamental. La actual Dirección General de Igualdad de Oportunidades es un departamento separado, que responde directamente al Ministro. Entre sus planes para el futuro se incluyen una propuesta de reformar el decreto relativo a la función y los procedimientos del Consejo de Asuntos de la Mujer, la designación de centros de coordinación para las mujeres en cada ministerio y la búsqueda de un método más democrático para elegir las organizaciones no gubernamentales cuyos representantes participarán en el Consejo. La Dirección General puede presentar leyes y tiene la intención de realizar nuevos intentos de lograr que se aprueben leyes concretas contra la discriminación, promoviéndolas entre los miembros del Parlamento y estableciendo un grupo oficioso de mujeres. En cuanto a los motivos por los cuales se agrupó a las mujeres con los discapacitados y la población romaní, esto respondió a razones prácticas más que normativas dado que sólo se pudo acordar una definición muy general de la igualdad de oportunidades. Existen departamentos subalternos que se ocupan directamente de los problemas de los discapacitados y de programas de empleo para la población romaní, mientras que el Departamento para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tiene por función incorporar una perspectiva de género.
El Consejo de Asuntos de la Mujer participó en la elaboración del informe y se contó con aportes de expertos designados por la comunidad de organizaciones no gubernamentales; la versión final se presentó a dichas organizaciones en una conferencia. Las organizaciones no gubernamentales participarán tanto como sea posible en la elaboración de leyes.
En la Dirección General de Igualdad de Oportunidades trabajan ocho personas, entre ellas un hombre. Su presupuesto proviene de varias fuentes; el presupuesto técnico, destinado a sufragar los salarios y los gastos de funcionamiento, fue de 20 millones de forint (250 forint equivalen a 1 dólar de los EE.UU.) en 2001; esto se redujo a 18 millones en 2002, aunque los costos aumentaron un 150%. En 2000, el presupuesto para programas profesionales fue de 40 millones de forint. Se prevé que será de 20 millones en 2002, pero se espera que los gastos reales ascenderán a 24 millones. La Dirección espera duplicar el presupuesto para programas pedido para 2003, a fin de alcanzar los 50 millones de forint. Los fondos enviados por la Unión Europea a través del proyecto PHARE están destinados a proyectos específicos, como la reintegración en el mercado laboral de las mujeres mayores de 40 años. Generalmente, la Dirección General no administra directamente esos proyectos, sino que están a cargo de organizaciones no gubernamentales.
La Sra. Kollonay-Lehoczkyne (Hungría), respondiendo al Sr. Melander, dice que la Convención forma parte de la legislación húngara, pero no se aplica directamente en los tribunales porque no determina derechos individuales, sino la responsabilidad de los Estados Partes de establecer el marco institucional y jurídico necesario para garantizarlos. De acuerdo con la legislación húngara, sólo pueden litigar los particulares. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no siempre concuerda con el espíritu de la Convención y con la igualdad de derechos, pero los términos de algunas decisiones recientes constituyen una buena señal.
La oradora concuerda con la Sra. Tavares da Silva en que la expresión “discriminación positiva” no es ideal, pero se ha venido empleando a partir de una decisión del Tribunal Constitucional de 1990. Debido al rígido tratamiento del concepto de igualdad, el tema se abordó con mucha cautela. Se necesita una ley donde se reconozca que los individuos tienen necesidades diferentes; hasta el momento, la legislatura no ha tenido el valor de ocuparse de la cuestión.
Ha habido dos avances significativos en el tema de la licencia de los padres. En primer lugar, se promulgó una norma de acuerdo con la cual los empleados, fueran padres o madres, que tuvieran licencia por cuestiones familiares y que desearan seguir estudiando no debían pagar los derechos de matrícula. En segundo lugar, se reformó la ley de empleo y asistencia a los desocupados para que cualquier persona que esté con licencia para atender a sus hijos goce de cobertura.
En un fallo reciente, el Tribunal Constitucional determinó que el término “pensión para viudas” establece una diferencia entre los cónyuges y promueve una visión discriminatoria del valor del trabajo de cada uno. También cambió la formulación de las normas sobre la jubilación anticipada; ahora cualquier progenitor, no sólo la madre, puede agregar los años durante los cuales no trabajó por cuidar a sus hijos al total de años necesarios para la jubilación anticipada en el marco del sistema de seguridad social. La segregación de las mujeres y los hombres en diversos empleos es generalizada; la mayor parte de los trabajadores textiles son mujeres e incluso el título del puesto lleva implícito el género del trabajador. El Tribunal examinó el caso de un trabajador textil de sexo masculino al que se le había negado la jubilación anticipada a causa de su género.
La Sra. Kaponyí (Hungría) concuerda con que la discriminación contra la población romaní es motivo de vergüenza para Europa. Su situación, en realidad, empeoró desde que se llevó a cabo el cambio político en Hungría. Sólo el 14% habita una vivienda establecida; el resto vive en tugurios aislados sin servicios y tiene un alto riesgo de contraer el VIH. Durante la época socialista, entre el 60% y el 80% de los hombres romaníes y el 35% de las mujeres tenían empleo; actualmente, mientras que la tasa general de desempleo es del 6%, la de la población romaní es muchas veces superior. La población romaní está concentrada en zonas donde colapsó la industria de la época socialista.
La Sra. Fehér (Hungría) dice que, aunque el Código Penal no trata específicamente la cuestión de la violencia doméstica, ésta puede ser castigada de acuerdo con disposiciones relativas a los delitos sexuales, las agresiones o, en el caso del homicidio, los delitos contra las personas. El Gobierno es consciente de que una prohibición expresa daría un mensaje más fuerte; cerca del 27% de los asesinatos es cometido por un cónyuge, pareja o ex pareja. De acuerdo con una encuesta, casi la mitad de los encuestados respondieron que serían reacios a procurar ayuda de la policía y no consideraban que las quejas por violencia doméstica recibieran el tratamiento adecuado, y un estudio sobre cooperación para el desarrollo señaló que falta cooperación de alto nivel entre las autoridades nacionales que enfrentan el problema. Queda mucho por hacer, pero, al menos, el tema se está tratando en varios foros. Un comité establecido dentro del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia propuso reformar el Código y los procedimientos de la policía; un grupo de sociólogos y psicólogos está examinando esas propuestas y formulará nuevas recomendaciones para tratar a los infractores y sus familias adecuadamente. Muchas organizaciones no gubernamentales prestan asistencia a las víctimas de violencia doméstica. En 2002, el Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia patrocinó dos reuniones de capacitación para organizaciones no gubernamentales, oficiales de policía y trabajadores sociales sobre la trata de mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos de la mujer y la violencia contra la mujer; los ejercicios de escenificación de situaciones obligaron a los participantes a enfrentar la realidad del problema. Las reuniones fueron un verdadero éxito y se volverán a celebrar.
La Sra. Kaponyí (Hungría) dice que no se ha difundido satisfactoriamente la Convención, pero que se están realizando nuevos esfuerzos para hacerlo por medio de campañas de concientización, sitios en la Internet y distribución de copias del instrumento a organizaciones no gubernamentales, entre otras cosas. El Gobierno asigna gran importancia al procedimiento de presentación de reclamos dispuesto en el Protocolo Facultativo; en el marco de un programa de capacitación para jueces, cuyo objeto es preparar a Hungría para su incorporación en la Unión Europea, probablemente se cuente con recursos suficientes para difundirlo.
No se ha denunciado ninguna violación de los derechos de la mujer ante el Defensor del Pueblo para los Derechos Civiles, pero el procedimiento es conocido y todos pueden emplearlo. Se incorporó al plan de estudios escolar nacional un programa sobre educación en la esfera de los derechos humanos del Consejo de Europa y el Gobierno está trabajando para integrar cuestiones de derechos humanos e igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos, con el fin de promover la justicia, la ciudadanía democrática y la asociación entre hombres y mujeres; sin embargo, es mucho lo que queda por hacer. El tema de los derechos humanos se enseña normalmente en las escuelas primarias y ocasionalmente en las secundarias, y en el nivel universitario se ofrecen muchos cursos al respecto; la oradora ha dictado un curso sobre la Convención a lo largo de los últimos 10 años.
El Sr. Kiss (Hungría) dice que el Gobierno se está preparando para examinar la política nacional de la familia. Éste no desea interferir en las familias, sino promover la asociación y el intercambio, fomentar la participación de ambos progenitores, no sólo la madre, en las cuestiones familiares y dar a los ciudadanos la posibilidad de elegir realmente.
La Sra. Feng Cui celebra que haya aumentado el nivel de participación de la mujer en las elecciones de mayo de 2002. Sin embargo, en el informe y la declaración de la delegación se mencionan solamente actividades aisladas dirigidas a promover dicha participación; cabe preguntarse si el Gobierno tiene una política general a ese respecto y, en particular, cómo planea enfrentar la falta de interés de los partidos políticos en designar candidatas y promover la participación de las mujeres romaníes. La delegación también debería aclarar la postura del Gobierno ante la discriminación positiva; el artículo 4 de la Convención es un instrumento importante para reforzar el papel de la mujer en política. Es de esperar que se inicie un estudio al respecto.
La Sra. Corti acoge con satisfacción la noticia de que durante los últimos 10 años se ha venido dictando un curso universitario sobre la Convención. Sin embargo, dado que la población femenina goza de un alto nivel educativo en Hungría, le sorprende la declaración de que ni las mujeres se interesan en la política ni los partidos políticos en nominar candidatas. Si Hungría aspira a convertirse en un miembro de la Unión Europea, es necesario que mejore sus instituciones democráticas; resulta preocupante que la mitad de la población no participe activamente en la toma de decisiones políticas. Los países de la Unión Europea cuentan con mecanismos nacionales para promover la participación de la mujer en el ámbito político. Las mejoras no se realizarán por sí solas ni basta con mostrar películas y organizar debates; el Gobierno debería elaborar una estrategia y colaborar con las organizaciones no gubernamentales para promover una mayor representación de la mujer. Es de esperar que en el próximo informe se proporcionen más datos sobre el tema y se puedan exponer resultados positivos.
Es necesario aclarar las declaraciones que figuran en la página 17 del informe con respecto a que los graves problemas demográficos de la población húngara hacen necesario modificar las prioridades de la Convención; como Hungría es parte en este instrumento, su Gobierno debe garantizar todos los aspectos de la igualdad de hecho y de derecho de la mujer.
La Sra. Gaspard expresa su preocupación por el hecho de que las medidas destinadas a eliminar la trata de mujeres a otros países se vean obstaculizadas por la falta de cooperación entre las autoridades interesadas y de que no exista una estrategia concreta para evitar el problema. Es de esperar que se logren progresos antes de que se presente el próximo informe. En el informe también se afirma que, a partir del 1° de marzo de 2000, se dictaron nuevas leyes que aumentan las penas por “ofrecimiento de servicios sexuales”. Cabe preguntar si el término se refiere a las prostitutas o a sus proxenetas; es importante garantizar que la misma ley no convierta doblemente en víctimas a las prostitutas y que éstas puedan denunciar en forma segura a quienes las explotan.
También cabe preguntar qué porcentaje de las mujeres que se presentaron como candidatas en las últimas elecciones parlamentarias resultaron elegidas, si se había presentado algún candidato romaní, en particular mujeres, o si alguno había sido elegido para formar parte del Parlamento, y si todavía existe el Subcomité de la mujer del Comité de derechos humanos, minorías y religión del Parlamento.
La Sra. Achmad señala que se está eligiendo a más mujeres para desempeñar cargos públicos en las municipalidades rurales. Sería útil contar con más información sobre la situación de la mujer en esas zonas.
El aumento del número de mujeres elegidas para desempeñar cargos públicos en las elecciones recientes se debió, en parte, a las medidas adoptadas para aumentar la concientización sobre la falta de representación femenina, en particular la exhibición de películas y las mesas redondas relacionadas con el tema. Sería interesante saber si esos debates se refirieron concretamente a la Convención o a la recomendación general No. 23 del Comité y si los partidos políticos húngaros participaron en ellos. Es fundamental elaborar iniciativas dirigidas tanto a las mismas mujeres como a los partidos políticos, a fin de superar el desinterés de las mujeres en participar en política. Cabe preguntarse si la nueva Dirección General de Igualdad de Oportunidades tomará alguna medida en este sentido en el futuro cercano y si las organizaciones no gubernamentales desempeñarán un papel mayor en la colaboración con los partidos políticos sobre el tema de la igualdad entre los géneros, dado que los conocimientos especializados con que cuentan esas organizaciones hacen suponer que su intervención sería particularmente eficaz. A menos que los partidos políticos se convenzan de que la mujer puede realizar aportes valiosos al proceso de democratización, éstas seguirán sin tener una representación suficiente.
Es necesario habilitar a las mujeres profesionales y de un alto nivel de educación para que superen los condicionamientos sociales que las han llevado a aceptar que el ámbito político está reservado a los hombres. La oradora pregunta si el Gobierno organizará cursos de capacitación para mujeres para concientizarlas sobre sus derechos y responsabilidades en relación con la vida pública y política.
Es de esperar que en el próximo informe de Hungría se proporcionen más datos sobre esos temas tanto en el nivel nacional como en el regional, particularmente dada la notable falta de mecanismos dirigidos a asegurar la igualdad entre los géneros en el nivel regional.
La Sra. Fehér (Hungría) dice que su país ha realizado significativos avances en el tema de la violencia contra la mujer. Sin embargo, quedan cosas por hacer, especialmente en materia de legislación.
Debido a su naturaleza clandestina, es difícil obtener datos estimados precisos sobre la prevalencia de la prostitución. Sin embargo, el Gobierno es consciente de que existe un problema. El objetivo de la Ley LXXV de 1999, en la que se define el concepto de “zonas de tolerancia” donde se permite la prostitución dentro de ciertos límites, es impulsar a las prostitutas a independizarse de sus proxenetas, eliminando así una forma de explotación. Sin embargo, sólo se crearon dos zonas de ese tipo y están ubicadas en ciudades que no poseen la infraestructura necesaria. Por lo tanto, las prostitutas se han visto obligadas a ofrecer sus servicios en zonas donde estas actividades están prohibidas, lo que dio como resultado un aumento del proxenetismo, debido a que las prostitutas dependen de los proxenetas para que las protejan de la policía. Recientemente se elaboró un nuevo proyecto de ley y se lo distribuyó a organizaciones no gubernamentales y ministerios del Gobierno. Esos organismos lo están analizando en la actualidad y se espera obtener una solución factible al problema.
La oradora confirma que en Hungría existen programas de apoyo para las prostitutas y sus familias que son llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales y financiados por el Gobierno. Se espera que dichos programas se extiendan más en un futuro cercano.
En cuanto a la trata de seres humanos, se imponen severos castigos a los tratantes y a quienes facilitan esas actividades, y se ha actualizado la legislación húngara al respecto. Dado que Hungría es tanto un país de paso como uno de destino, el tema ocupa un lugar importante en el programa político, no sólo en cuanto a las disposiciones legislativas sino también en lo relativo al apoyo y la protección a las víctimas y los testigos.
El Sr. Kiss (Hungría), refiriéndose al artículo 7 de la Convención, dice que el 9,1% de los candidatos electos en las elecciones parlamentarias celebradas recientemente fueron mujeres y actualmente el Parlamento está presidido por una mujer. Las mujeres ocupan el 18,75% de los ministerios del Gobierno y el 11,3% de los llamados “puestos políticos superiores”; el 25% de los concejales municipales son mujeres. El Gobierno iniciará cursos para las mujeres que ingresan en la vida pública y política en todos los niveles y, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, tomará medidas para concientizar a los partidos políticos sobre el tema de la igualdad entre los géneros y crear en el Parlamento una fuerte campaña en pro de las mujeres.
En último lugar, el orador confirma que se ha restablecido el Subcomité conjunto de la mujer en el marco del Comité de derechos humanos, minorías y religión.
La Sra. Kaponyí (Hungría) concuerda con la Sra. Corti en que Hungría, dado que espera ser admitida en la Unión Europea, debe cumplir los criterios de adhesión establecidos en Copenhague. Para ello, será necesario incorporar disposiciones para asegurar la igualdad de hecho entre los géneros a la legislación y reformar la Constitución a fin de incluir en ella medidas temporales especiales encaminadas a lograr la igualdad entre los géneros en la vida pública y política. También deberá adoptar leyes para hacer compatibles las obligaciones políticas y familiares, a fin de alentar a las mujeres a participar en la vida política del país.
En cuanto a medidas de apoyo, el Gobierno puede crear una base de datos donde figuren los nombres de las mujeres que están dispuestas a ocupar cargos públicos y políticos, organizar seminarios de capacitación y de fomento de la confianza para esas mujeres e impulsar a los jóvenes a que se interesen en la vida política del país.
Las mujeres romaníes son víctimas de una doble discriminación, debido a su género y a la etnia a la que pertenecen. A fin de enfrentar la situación, el Gobierno estableció una comisión interministerial sobre las cuestiones de los romaníes, en la cual hay representantes de todos los ministerios, en su mayoría mujeres. Sin embargo, es mucho lo que falta hacer a ese respecto.