52° período de sesiones
Acta resumida de la 1054ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 18 de julio de 2012, a las 15.00 horas
President a :Sra. Pimentel
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Séptimo informe periódico de Nueva Zelandia
Se declara abierta la sesión a las 15.08 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Séptimo informe periódico de Nueva Zelandia (CEDAW/C/NZL/L/7)
1 . Por invitación de la Presidencia, los miembros de la delegación toman asiento a la mesa del Comité.
2.La Sra. Goodhew (Nueva Zelandia) dice que en 2010, 80 de los 122 miembros del parlamento de los jóvenes eran mujeres, lo que es indicativo de que la mujer se interesa cada vez más en la vida política. No se dispone de datos desglosados por género sobre el número de trabajadoras migratorias que trabajan en granjas lecheras; sin embargo, las autoridades de inmigración vienen trabajando con los migrantes, los sindicatos y otras partes interesadas para responder a las inquietudes, elaborando un conjunto de objetivos y directrices. La oradora facilitará por escrito detalles sobre los requisitos que deben cumplirse para optar por la residencia permanente y la ciudadanía. Si bien no hay restricciones en cuanto a la doble ciudadanía, en la sección 16 de la Ley sobre la ciudadanía de 1977 (cuyo texto la oradora hará llegar a los presentes) se estipula que las personas podrían ser privadas de la ciudadanía si obraran de manera contraria a los intereses de Nueva Zelandia. Aun cuando ha mejorado la situación en lo tocante a la demarcación entre las funciones atribuidas a los géneros en Tokelau, persisten dificultades. Esos problemas se vienen atendiendo mediante iniciativas, en particular la aplicación de la política nacional para la mujer en Tokelau, que establece cinco objetivos: aumentar en un 30% la representación de la mujer en funciones ejecutivas de adopción de decisiones a niveles nacional y de aldea; facilitar el acceso a servicios de salud integrales de buena calidad; incorporar una perspectiva de género en las iniciativas nacionales y de las aldeas; ofrecer un acceso equitativo a la educación y la capacitación académicas y no académicas; y alcanzar la plena participación de todas las mujeres en la economía.
Artículos 11 a 14
3.El Sr. Bruun desea sabersi existen enfoques específicos para hacer frente al desempleo, orientados en particular a los grupos de mujeres vulnerables. Resulta difícil entender por qué se clausura la Dependencia de la Equidad de Remuneración y en el Empleo y se pregunta cómo se propone el Gobierno hacer frente a las deficiencias que existen en la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Con los cambios propuestos en el sistema de negociación colectiva en Nueva Zelandia se corre el riesgo de seguir deprimiendo los salarios, sobre todo de las mujeres, por lo que el orador desea saber cómo se medirá ese riesgo. Dado que la legislación sobre la licencia parental remunerada contribuye a reforzar marcadamente las funciones estereotipadas que existen en la sociedad, el orador pregunta cuándo se propone el Gobierno abordar esas leyes y si tiene intenciones de ratificar el Convenio C156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
4.La Sra. Schulz dice que la legislación sobre el aborto es enrevesada, con la consecuencia directa de que las mujeres dependen de la interpretación benévola de una regla que anula su autonomía de decisión. No hay compatibilidad en cuanto a las sanciones por practicar abortos entre lo estipulado en la Ley sobre los delitos de 1961 y la Ley sobre las medidas anticonceptivas, la esterilización y el aborto de 1977 y no está claro qué sanción se aplica a la mujer que obtiene un aborto fuera de los parámetros establecidos. La oradora desearía saber si el Gobierno tiene planes de iniciar el examen que tanto urge de su legislación sobre el aborto para hacerla compatible con las normas en materia de derechos humanos.
5.La Sra. Rasekh desea saber cuál es la tasa de mortalidad por cáncer de cuello del útero de las mujeres maoríes y de cuándo es ese dato. La oradora se pregunta qué viene haciendo el Ministerio de Salud para divulgar el servicio de detección del cáncer de mama y de cuello del útero en los grupos de mujeres maoríes y otros grupos de mujeres pertenecientes a minorías, y si en esa labor se tienen en cuenta las particularidades culturales y lingüísticas de las mujeres. Sería conveniente que se brindara información sobre alguna estrategia de higiene sexual y salud reproductiva y sobre el acceso a los servicios de salud mental por los grupos minoritarios, los jóvenes procedentes de grupos de inmigrantes y refugiados y las recién paridas.
6.El Sr. Bruun desea saber cómo afectan los cambios introducidos en el sistema de bienestar social a las mujeres que no están en condiciones de cumplir con los nuevos reglamentos, y cómo se propone velar el Gobierno por que los cambios no les hagan la vida más difícil aún a esas mujeres, en particular las jóvenes madres migrantes y maoríes. No está claro cómo funciona en la práctica el enfoque Whānau Ora.
7.La Sra. Hayashi dice que, independientemente de que se hayan producido consecuencias negativas para la igualdad de los géneros a raíz del terremoto de Christchurch, los índice de violencia doméstica y de desempleo van en aumento. La oradora desea saber qué medidas se han tomado para asegurar la participación de la mujer en el proceso de recuperación y de qué forma supervisa el Gobierno la evaluación de las políticas y las prácticas, incluido el análisis de los efectos del proceso de recuperación desde el punto de vista del género. Pregunta además qué gestiones ha emprendido el Gobierno para alentar a las mujeres a que ingresen en industrias donde predominan los hombres. La oradora agradecería conocer lo que piensa el Gobierno, a la luz de la Convención, del proyecto de ley de inmigración revisada de 2012, en virtud del cual se imponen limitaciones a la unificación de las familias de refugiados.
8.La Sra. Goodhew (Nueva Zelandia) dice que la definición de violencia doméstica que figura en la Ley de protección contra la violencia doméstica de 1995 abarca el mal trato físico, sexual y sicológico, y se prevén varias medidas, entre ellas órdenes de protección, órdenes de seguridad de la policía y programas para combatir la reincidencia. La Ley sobre los delitos de 1961 estipula la definición jurídica de los delitos, que podrán incluir delitos de violencia doméstica, además de los recursos y los castigos. Una persona acusada de violencia doméstica podrá ser enjuiciada y, si fuera declarada culpable, sentenciada con arreglo a la Ley sobre los delitos. El tribunal de la familia prevé medidas de menor rigor, como la mediación, para resolver controversias y violaciones menos graves de la Ley de protección contra la violencia doméstica.
9.El presupuesto del sistema de educción preescolar aumentó en 2012. Aumentó asimismo en un 6% como mínimo el número de matriculados en esos programas pertenecientes a las poblaciones maorí, de las Islas del Pacífico y de Asia, al tiempo que disminuyó el número de matriculados del resto de la población. El presupuesto prevé financiación para mejorar la participación de aquellos que aún no tienen acceso a la educación preescolar. Los niños asisten por lo general más tiempo de las 20 horas que cuentan con financiación, mientras que las mujeres que gozan de la prestación de ayuda doméstica reciben fondos adicionales para asegurar el acceso de sus hijos a la educación preescolar. El sistema está siendo examinado, con la participación del Ministerio de Asuntos de la Mujer para velar por que sus efectos en la mujer sean tenidos en cuenta.
10.La enseñanza secundaria y las academias de oficios, que alientan a las niñas a considerar ocupaciones no tradicionales, están orientadas a los niños y jóvenes de 12 a 18 años de edad, al tiempo que la formación profesional y el programa Modern Apprenticeship (programa moderno de formación profesional) son opciones pos-secundarias. La tarea de hacer frente a la segregación por géneros en los estudios terciarios en campos no tradicionales ha sido problemática. El mercado laboral está altamente segregado, lo que contribuye a la diferencia salarial del 30% entre hombres y mujeres. Aún así, el 94% de los aprendices en la industria son mujeres, quienes vienen participando en una proporción mayor que antes, y en proporción mayor que los hombres. Resulta alentador que las mujeres jóvenes comienzan a ver que son capaces de trabajar en esferas no tradicionales. El Ministerio de Asuntos de la Mujer financia objetivos específicos, en particular la Organización de capacitación de la industria de suministro de electricidad, a fin de definir los obstáculos que enfrenta la mujer y las formas de reducirlos, lo que podría resultar útil para otras esferas no tradicionales. Entre los objetivos del Gobierno figuran atender el desempleo juvenil, para beneficio de las mujeres jóvenes maoríes y de las Islas del Pacífico, y también mejorar sus resultados educacionales. Se llevan a cabo iniciativas encaminadas a apoyar el empleo sostenible para las desempleadas jóvenes, incluida una gama de programas de capacitación dirigidos a reintegrarlas al puesto de trabajo.
11.Para cerrar la brecha por motivos de género entre los salario, el enfoque consistente en centrarse únicamente en el sector estatal resulta ineficaz, razón por la cual el Gobierno procede a clausurar la Dependencia de la Equidad de Remuneración y en el Empleo y reasigna los recursos al Ministro de Asuntos de la Mujer, entidad que, en consecuencia, ha ampliado su función normativa y de investigación para incluir la diferencia salarial entre los géneros y otras cuestiones relacionadas con el empleo; el Ministerio también aborda la brecha salarial por conducto de su programa de trabajo. El Consejo Asesor Nacional de Empleo de la Mujer también se ocupa de esta cuestión. La encuesta sobre los ingresos de Nueva Zelandia es la fuente más robusta para vigilar la brecha por motivos de género entre los salarios a lo largo del tiempo, mientras que el Gobierno cree que la legislación vigente que prohíbe la discriminación en la remuneración por razón de género es amplia, por lo que resulta innecesaria nueva legislación sobre la equidad en la remuneración. El Gobierno sí considera necesario atender las causas fundamentales de la brecha salarial que persiste en el sector privado y entiende la obligación de los jefes ejecutivos de acometer las desigualdades entre los géneros que se hayan detectado, por lo que apoya la aplicación de los planes de respuesta para la equidad de remuneración y en el trabajo elaborados por la Dependencia de la Equidad de Remuneración y en el Empleo. Pasando a las disposiciones legislativas sobre la licencia parental remunerada, la oradora dice que los empleados ocasionales o estacionales no quedan excluidos explícitamente, pero reconoce que a ellos les resulta más difícil cumplir los criterios de elegibilidad. No obstante, para poder reintegrarse satisfactoriamente al trabajo después de una licencia, es necesario haber tenido un largo vínculo laboral con un empleador. El Gobierno apoya la licencia parental remunerada, pero no está en condiciones de ampliar la cobertura en el actual clima fiscal.
12.Las estadísticas más recientes sobre el cáncer de cuello del útero datan de 2009, al tiempo que los datos correspondientes a 2011 indican que la incidencia de cáncer es de 161 casos, 34 de ellos de mujeres maoríes. El programa de detección tiene que ser culturalmente apropiado para las distintas etnias, y tiene en cuenta la disparidad entre ellas. La dificultad estriba en responder continuamente a las observaciones recibidas para hacer frente a cualesquiera barreras que impidan el acceso, tarea en la cual se ha tenido cierto éxito, aunque no cabe duda de que queda mucho más por aprender. El programa de higiene sexual y salud reproductiva del Ministerio de Salud incluye una labor fundamental encaminada a mejorar la gestión de ambas mediante la ejecución de un proyecto interministerial.
13.Si bien los requisitos que deben cumplirse para los procedimientos de aborto podrían parecer prohibitivos, las tasas de aborto han disminuido como consecuencia de una mejor labor de asesoramiento en materia de anticonceptivos y de la disponibilidad de esos dispositivos. Todo neozelandés menor de 22 años recibe asesoramiento y anticonceptivos gratuitos en las clínicas de planificación de la familia, al tiempo que la educación sexual es obligatoria en las escuelas, aun cuando los padres pueden optar por que sus hijos no asistan a esas clases. El Ministerio tiene un contrato con Planificación de la Familia: hay 26 proveedores de servicios de higiene sexual y salud reproductiva, con 30 clínicas y 32 clínicas que funcionan vinculadas con las escuelas, además de un sitio web dedicado a las mujeres menores de 25 años de edad. No existe una estrategia de higiene sexual y salud reproductiva para las diferentes partes del sector. Pese a que las juntas de sanidad de distrito tienen la obligación de prestar servicios de interrupción del embarazo a las mujeres que cumplan los criterios de elegibilidad y la política nacional de asistencia para viajes prevé financiación para los viajes de larga distancia que se ven obligadas a hacer las mujeres para acceder a los servicios de salud, el acceso a los servicios por parte de las que viven en zonas remotas es motivo de preocupación. El Comité de Supervisión del Aborto examina las disposiciones de la ley y vigila la escasa distribución geográfica de los consultores certificados que pueden autorizar los abortos.
14.En relación con el enfoque Whānau Ora, muchas familias maoríes participan en él, muy en especial las mujeres, dado que hay más mujeres cabezas de familia que hombres. El Gobierno participa de una manera proactiva atrayendo a los maoríes al sector de atención de la salud para que presten servicios a la población maorí, aumentando así al mismo tiempo los resultados positivos. Las estadísticas relativas a la salud mental de la madre demuestran que la tasa de suicidios es alta en las mujeres jóvenes en el período de 28 días después del parto. El Ministerio de Salud cuenta con una unidad de salud mental de la madre en la isla meridional y se viene trabajando en el establecimiento de otra en la isla septentrional, pues al parecer la enfermedad mental preexistente que no recibe el tratamiento debido contribuye a los suicidios y el Gobierno se esfuerza en subsanar las deficiencias en esa esfera. Los cambios introducidos en el sistema de bienestar social tienen en cuenta las investigaciones que demuestran que es muy probable que las madres adolescentes tengan más hijos antes de ser económicamente independientes, y la intención es facilitarles a las mujeres que reciben la prestación de ayuda doméstica una vía para salir de la dependencia mediante el asesoramiento sobre la elaboración de un presupuesto y la crianza de los hijos y la preparación para el puesto de trabajo.
15.Las mujeres se han visto afectadas de forma desproporcionada primero por la recesión y después por el terremoto. No es fácil lograr que la mujer desempleada participe en la capacitación para oficios. Los datos sobre los efectos específicos del terremoto en los hombres y las mujeres sugieren que existe una divergencia en cuanto a las pautas de empleo masculinas y femeninas, lo que tiene su explicación en el aumento de la construcción y la disminución de las industrias minoristas. El Ministerio, junto a instituciones terciarias, viene estudiando formas de ampliar las oportunidades para que las mujeres participen en la recuperación. La oradora facilitará al Comité información sobre el proyecto de ley de inmigración revisada de 2012.
16.La Sra. Shulz pregunta sobre la situación jurídica de la mujer respecto del aborto. Puesto que el aborto se incluye en el código penal, la oradora desearía saber si el Gobierno está dispuesto a considerar la modernización de ese instrumento. También desearía recibir más información sobre los servicios mentales que se prestan a las personas de diversas orientaciones sexuales.
17.La Sra. Rasekh desearía recibir información sobre los grupos étnicos procedentes de la India, el Oriente Medio y África, así como sobre la incidencia del cáncer de cuello del útero en ellos. Pregunta si se lleva a cabo una labor de divulgación del servicio de detección de cáncer en esas comunidades. En el informe de 2007 la Oficina de Examen de la Educación se señalan incongruencias en el programa de educación sexual, por lo que la oradora desea saber si se han tomado medidas en relación con las recomendaciones que figuran en dicho informe.
18.El Sr. Bruun desea sabersi en el Ministerio de Asuntos de la Mujer existe una dependencia que se ocupa de la equidad de remuneración.
19.La Presidenta, interviniendo en su condición de experta, desea saber qué opina el Gobierno sobre la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de que se mejore el acceso de los transexuales a los servicios públicos de atención de la salud y que se proporcione información sobre los servicios de reasignación de género por conducto de las juntas de sanidad de distrito.
20.La Sra. Goodhew (Nueva Zelandia) dice que el Ministerio de Asuntos de la Mujer está encargado de mejorar la equidad en el empleo y constantemente procura examinar los métodos de investigación y evaluación. No hay indicios de que el Gobierno tenga intenciones de modernizar la legislación sobre el aborto ni que los miembros del Parlamento tengan intenciones de promoverlo como iniciativa. La oradora brindará información desglosada por etnia sobre los exámenes de detección del cáncer de mama y de cuello del útero. Los Ministerios de Salud y de Educación han aplicado las recomendaciones contenidas en el informe de la Oficina de Examen de la Educación, examinaron los recursos que se destinan a la educación sexual y elaboraron información sobre las mejores prácticas basadas en pruebas objetivas acerca de la educación eficaz sobre la sexualidad. El examen confirma que exista una gama suficiente de programas, recursos y proveedores. El Ministerio de Salud publicó las directrices Gender Reassignment Health Services for Trans People within New Zealand: Good Practice Guide for Health Professionals (Servicios de reasignación de género para las personas transgénero: Guía de buenas prácticas para los profesionales de la salud), destinadas fundamentalmente a esos profesionales de la salud. La Guía también sirve de material de referencia para las personas transgénero que buscan servicios de atención de la salud, aunque no incluye a una persona de contacto en cada junta de sanidad de distrito. Si bien se cuenta con financiación para los talleres de educación y sensibilización destinados a grupos de personas transgénero y homosexuales, puede haber déficits de financiación para los servicios de salud mental. La oradora proporcionará más información sobre los servicios de salud mental para los grupos de personas transgénero y homosexuales.
Artículos 15 y 16
21.La Sra. Halperin-Kaddari desea saber cómo piensa el Gobierno abordar cuestiones, como el matrimonio forzado, que no son objeto de leyes concretas. En el informe del Comité de Justicia Electoral sobre la petición 2008/52 presentada por Jane Prichard y otras 46 personas se formularon buenas recomendaciones, que el Gobierno no tiene intenciones de aplicar, a pesar de que el marco legislativo existente no ofrece suficiente protección a las niñas en lo que respecta a la edad para consentir al matrimonio y para obtener consentimiento para contraer matrimonio. No basta una labor de sensibilización, por lo que la oradora pregunta si el Gobierno tiene intenciones de revisar la edad de consentimiento. Los matrimonios culturales, aunque no se registran oficialmente, son reconocidos por las autoridades con fines de inmigración, lo que entraña otro riesgo para las niñas forzadas a contraer matrimonio. Existen igualmente dos esferas en que el marco jurídico vigente no ofrece salvaguardias contra el abuso de poder por uno de los integrantes de la pareja: la mediación y la custodia de los hijos. En los casos de abuso doméstico, cuando uno de los integrantes de la pareja ejerce un poder excesivo, tanto la mediación como la custodia física compartida de los hijos plantean graves riesgos para la mujer. La oradora desea saber qué medidas se han considerado para hacer frente a esas situaciones. También desearía saber cómo se definen las uniones de hecho en la Ley de uniones civiles de 2004 y si la pareja tiene que vivir junta un período de tiempo mínimo para que se la considere una unión de hecho.
22.La Sra. Goodhew (Nueva Zelandia) dice que la edad legal para consentir al matrimonio es de 16 años. El matrimonio forzado es motivo de grave preocupación; la ley vigente a ese respecto es obsoleta y se encuentra en proceso de revisión por el Ministerio de Justicia. Mientras tanto, es indispensable que los organismos de apoyo señalen a la atención del Gobierno los casos de matrimonios de menores. Los tribunales examinan los casos para determinar las uniones de hecho: la pareja tiene que haber cumplido como mínimo 18 años de edad y haber vivido juntos como mínimo tres años, entre otros requisitos, para ser declarada una unión de hecho. El Equipo de trabajo para la acción contra la violencia en las familias incluye a jueces de los tribunales de la familia, lo que contribuye decisivamente a la eficacia de su labor. En los casos de custodia de hijos en que la mujer teme por su seguridad o por la de sus hijos, se realizan visitas supervisadas financiadas por el Gobierno.
23.La Sra. Halperin-Kaddari dice que 16 años es una edad demasiado joven para determinar el consentimiento y el consentimiento de los padres no es un sustituto apropiado; la ley debe seguir los lineamientos de la recomendación 21 de la Convención.
24.La Sra. Jahan indaga sobre la situación actual del proyecto de ley de servicios jurídicos. El requisito de vivir separados durante dos años para obtener un divorcio podría resultar difícil de cumplir en casos de abuso doméstico, por lo que la oradora desea saber quién es responsable de la manutención de la mujer y de los niños durante esos dos años, si el requisito es válido para otros grupos étnicos y si el Gobierno quizá vez revise la ley para hacer que sea más fácil solicitar el divorcio.
25.El Sr. Bruun pide una aclaración sobre el examen de la legislación por el Ministerio de Justicia y si ello guarda relación con la cuestión del matrimonio forzado.
26.La Sra. Goodhew (Nueva Zelandia) dice que, si bien no hay indicios de que el Ministerio de Justicia tenga intenciones de abordar la edad para consentir al matrimonio, dado que el examen se centra en el matrimonio forzado, es probable que también abarque la edad de consentimiento. En casos de divorcio, la división de bienes tarda dos años. Cuando la mujer se encuentra en una relación en la que existen abusos, se le ofrece apoyo para hallar una vivienda segura y recibe inmediatamente una prestación del Gobierno, además del pago de manutención de los hijos por el padre. La oradora agradece a los miembros del Comité sus preguntas incisivas.
Se levanta la sesión a las 17.03 horas.