28° período de sesiones
Acta resumida de la 592ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 15 de enero de 2002, a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados de Kenya
Observaciones generales
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados de Kenya (CEDAW/C/KEN/3 y 4)
Por invitación de la Presidenta, la delegación de Kenya toma asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Ongewe (Kenya), al presentar el tercer y cuarto informes periódicos de Kenya (CEDAW/C/KEN/3 y 4), dice que su Gobierno colabora con organizaciones no gubernamentales y comunitarias en la aplicación de las disposiciones de la Convención. Por consiguiente, los informes presentados al Comité se preparan en colaboración con los interesados. Su Gobierno también está estudiando actualmente la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención. De resultas de las elecciones celebradas recientemente, el partido National Rainbow Coalition (NARC) formó un nuevo gobierno que se orientará de acuerdo con los principios de la democracia, la buena gestión de los asuntos públicos y la promoción y protección de los derechos humanos.
Kenya reconoce que las desigualdades de género persisten y está comprometida a garantizar que la igualdad de género se promueva como una condición necesaria para el desarrollo nacional y la realización plena de las posibilidades de todos los habitantes del país. Kenya se propone eliminar los obstáculos sociales, culturales y jurídicos con que se enfrentan las mujeres, en particular mediante la acción afirmativa, y alienta la participación de organizaciones no gubernamentales y comunitarias. En consecuencia, el Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer y la Oficina de la Mujer han sido elevados a la categoría de departamento del nuevo Ministerio de Asuntos de la Mujer, los Deportes, la Cultura y los Servicios Sociales.
El problema con que se enfrenta Kenya consiste en reducir la pobreza y lograr el crecimiento económico sostenible. En 2001 se preparó un documento de estrategia para la reducción de la pobreza con miras a ejecutar el Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza en una serie de etapas trienales. Se constituyó un grupo temático sobre el género y el Plan ofrece la oportunidad para que el Mecanismo Nacional para la mujer, grupos de mujeres y la sociedad civil en su conjunto tengan voz en la elaboración del programa de desarrollo y contribuyan al fortalecimiento de las relaciones de cooperación.
El 27 de septiembre de 2002 se publicó un nuevo proyecto de constitución que debía ser estudiado por la Conferencia Constitucional Nacional antes de que se lo presentara al Parlamento. La Ley de examen de la Constitución de Kenya exige que un tercio de los delegados ante la Conferencia Constitucional sean mujeres. El Gobierno se proponía velar por que la nueva Constitución, que representa un hito para las mujeres de Kenya, pues contiene disposiciones encaminadas a la habilitación de la mujer y la eliminación de la discriminación, entrara en vigor antes de junio de 2003.
En la nueva Constitución la definición de discriminación ha sido ampliada para incluir la raza, el sexo, el embarazo, el estado civil, el origen étnico y social, el color, la edad, la discapacidad, la religión, la conciencia, las creencias, la cultura, el idioma y el nacimiento. Al reconocer las injusticias cometidas anteriormente en el trato de la mujer, exige al Gobierno que adopte medidas legislativas o de otra índole en beneficio de los grupos desfavorecidos, en particular una acción afirmativa. También prohíbe toda ley, cultura, costumbre o tradición que socave la dignidad, el bienestar, los intereses o la condición de la mujer y por consiguiente permitirá que la mujer goce de los mismos derechos que los hombres en cuanto a la posibilidad de heredar bienes, tener acceso a ellos y administrarlos. La Constitución otorga la ciudadanía a toda persona nacida de madre o padre kenianos o casada con un ciudadano keniano durante no menos de tres años. La ciudadanía no se perderá a causa de un nuevo matrimonio ni por su disolución.
Con arreglo al proyecto de Constitución toda persona tiene derecho a recibir atención de la salud, incluida la atención de la salud reproductiva. Su Gobierno asigna alta prioridad a la prestación de servicios de salud de calidad, haciendo particular hincapié en la atención primaria de la salud. El Gobierno se propone reformar el sector de la salud, en particular mediante la descentralización, el aumento de las inversiones en la atención preventiva de la salud, la cooperación con el sector privado y la sociedad civil, la creación de un plan general de seguros de salud y el mejoramiento de las instalaciones del sector sanitario y de la prestación de servicios.
Si bien el VIH/SIDA sigue constituyendo un gran obstáculo para el desarrollo socioeconómico, la tasa de infección disminuyó del 14% al 10,2% en 2002 y el Gobierno seguirá luchando contra la propagación de ese flagelo. Sus prioridades son la aprobación del proyecto de ley sobre prevención y control del VIH/SIDA, la creación de un programa amplio de investigación y lucha contra la enfermedad mediante la cooperación con los agentes interesados, el fomento de la capacidad de las organizaciones y asociados intermedios y locales y la distribución de medicamentos antirretrovirales a precios asequibles.
El Comité Permanente de Derechos Humanos se transformó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, cuya función es la de investigar, por iniciativa propia o ante una denuncia, toda violación de los derechos humanos. En su calidad de agente principal del Gobierno, vela por que éste cumpla con las obligaciones que le incumben en materia de derechos humanos en el plano internacional y tiene facultades para ordenar el otorgamiento de una compensación o disponer otro recurso de reparación o resarcimiento jurídico por la violación de derechos humanos. Para resolver el problema de la violencia en el hogar contra la mujer, en el proyecto de ley sobre la violencia en el hogar (protección de la familia) de 2002 se propone el establecimiento de un fondo de asistencia financiera, vivienda, asesoramiento y servicios jurídicos para las víctimas de la violencia en el hogar.
Ha habido un aumento gradual del número de mujeres que participan en actividades políticas y en la adopción de decisiones. En el manifiesto de su Gobierno se pide la adopción de una política de igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres y el Gobierno se ha comprometido a aumentar la representación de la mujer en el poder judicial, el servicio exterior y la administración, incluso en los puestos de mayor responsabilidad. El número de mujeres en el Parlamento aumentó de cuatro en 1997 a nueve en la actualidad, de un total de 210 parlamentarios electos. Tres mujeres han sido nombradas ministras del gabinete en tanto otras tres ocupan el puesto de viceministro. De los 12 candidatos propuestos para el Parlamento, ocho son mujeres profesionales altamente calificadas, mientras que en el Parlamento anterior tan sólo había cuatro. Aunque hay un total de 17 parlamentarias, el mayor número de toda la historia de Kenya, esa cifra aún resulta insuficiente. La mayor visibilidad de las mujeres en puestos destacados refleja la tendencia hacia la eliminación de los estereotipos de género y una mayor conciencia respecto de los problemas de la mujer.
Se ha instituido una política de educación primaria gratuita y obligatoria que ha dado por resultado un aumento sin precedentes en el número de matriculados, incluidas las niñas, en las escuelas primarias. Para asegurar la aplicación sin inconvenientes de la política, se ha establecido un grupo de tareas nacional cuyos miembros representan a diversos interesados en el campo de la educación. Además, a fin de aumentar los niveles de alfabetización de las mujeres que abandonaron el sistema educativo oficial, el Gobierno se propone aprobar el proyecto de ley sobre educación permanente de adultos de 2001, que permitirá a los adultos avanzar desde la educación primaria a la educación de nivel universitario.
No se conoce la amplitud del fenómeno del acoso sexual en el lugar de trabajo dado que esos hechos rara vez se denuncian, aunque el Gobierno tiene conocimiento de algunos incidentes ocurridos en la administración pública. Para resolver esos problemas, en el proyecto de ley para un código de ética de las oficinas públicas se tipificará como delito al acoso sexual en la administración pública y en el código de ética de los docentes se prohíbe que los maestros acosen sexualmente a sus alumnos. Los casos de acoso sexual en algunas universidades públicas han sido tratados con firmeza y se ha destituido a algunos de los autores de esos actos.
Las mujeres de las zonas rurales también conocen mejor sus derechos y desempeñan un papel cada vez más destacado en la adopción de decisiones. Su Gobierno y los asociados para el desarrollo seguirán prestando apoyo a los grupos de mujeres y a las actividades de generación de ingresos mediante la realización de cursos de capacitación en actividades agrícolas en los centros de capacitación de los distritos, préstamos a los agricultores otorgados por cooperativas y subsidios del Departamento de Servicios Sociales y del Programa Nacional de Erradicación de la Pobreza a grupos de mujeres. Distintas instituciones de microfinanciación también están prestando asistencia en las zonas rurales y urbanas a grupos que se han inscrito.
Aunque las mujeres y los hombres gozan de igualdad en cuanto al acceso a los tribunales, la falta de conocimiento de sus derechos y la carencia de recursos para pagar los servicios de un representante legal siguen siendo obstáculos. El Gobierno, en colaboración con organizaciones no gubernamentales y asociados para el desarrollo, se ha propuesto el establecimiento de un sistema nacional de asistencia jurídica. En cuanto a la legislación sobre matrimonio y familia, en la actualidad se reconocen las uniones consensuales de cristianos africanos, hindúes, musulmanes y africanos y en el proyecto de Constitución se reconocerán también todos los tipos de matrimonio y se garantizará la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, incluso tras la disolución del matrimonio.
Observaciones generales
La Presidenta acoge con beneplácito el nuevo compromiso asumido por el Gobierno de poner fin a la discriminación y de promover los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, y el reconocimiento de los problemas actuales. Al parecer en el proyecto de Constitución se tratan los problemas de la discriminación por género y por ello la Presidenta exhorta al Gobierno a que concrete su intención de resolver los problemas planteados por las leyes y las prácticas tradicionales y consuetudinarias, que a menudo perjudican a las mujeres. Cabe esperar que en el próximo informe se indique la adopción de medidas proactivas al respecto. Por último, dice que el tamaño de la delegación y la estrecha colaboración de organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe demuestran el compromiso de Kenya con los derechos de las mujeres.
La Sra. Shin dice que, aunque el informe escrito fue decepcionante, la presentación oral le dio más optimismo. Acoge con beneplácito la elevación de la Oficina de la Mujer a la categoría de Departamento y espera que pronto se convierta en ministerio. El proyecto de Constitución y los numerosos proyectos de ley que aún no han sido aprobados constituyen un indicio positivo pero subraya la necesidad de garantizar la igualdad de género, no tan sólo la equidad de género, mediante la adopción de un auténtico enfoque basado en los derechos de los problemas de las mujeres en todas las esferas. Ello exigirá un mayor conocimiento de los derechos de las mujeres y un cambio de mentalidad tanto de mujeres como de hombres.
Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil deben mantener vínculos estrechos pues desempeñan una función esencial en la difusión del conocimiento y la aplicación de la Convención. Respecto de la violencia contra la mujer, que es generalizada, subraya la necesidad de adoptar medidas urgentes y, aunque acoge con beneplácito el proyecto de ley sobre la violencia en el hogar (protección de la familia), también pide, por ejemplo, que se imparta capacitación a los funcionarios encargados de la aplicación de las leyes para que puedan ocuparse mejor de las violaciones de los derechos de la mujer.
La Sra. Kapalata dice que han transcurrido muchos años desde el último informe de Kenya. Hay una cantidad considerable de proyectos de ley e iniciativas pero todos parecen estar incompletos o pendientes de resolución y es muy poco lo que al parecer se ha logrado en concreto. Por consiguiente es urgente que el nuevo Gobierno actúe de manera decisiva y cumpla con su compromiso de promulgar la nueva Constitución, que es muy progresista, así como otras medidas encaminadas a garantizar la aplicación plena de la Convención.
La Sra. Šimonović dice que agradecería recibir más información acerca de la manera en que la reforma constitucional prevista podrá cambiar la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional. Pregunta asimismo si el Gobierno de Kenya ha aprobado el tercer y cuarto informes combinados y, con respecto a la nueva Ley de la infancia, pide aclaraciones sobre la función que desempeña la administración provincial y acerca de las sanciones aplicables con arreglo a dicha Ley.
La Sra. González Martínez manifiesta su decepción por el tercer y cuarto informes combinados ya que no demuestran la realización de adelantos en la aplicación de la Convención ni en la eliminación de la discriminación contra la mujer. Kenya ratificó la Convención hace 19 años y el Comité esperaba ver pruebas de que se hubieran hecho adelantos al respecto. No obstante, acoge con beneplácito el nuevo proyecto de Constitución y expresa la esperanza de que sea aprobado, pero se pregunta si con ello se logrará modificar la manera en que se aplica el “common law” y el derecho consuetudinario o la manera en que se incorporan en las leyes nacionales los instrumentos internacionales, en particular los relacionados con los derechos humanos. Pregunta también si el Gobierno consideró la posibilidad de adoptar medidas para modificar los estereotipos sociales acerca de las mujeres, pues el informe no contiene datos al respecto. La mayoría de las mujeres no conocen sus derechos ni los instrumentos internacionales destinados a protegerlos. Esa circunstancia contribuye a promover la violencia psicológica y física y a aumentar la vulnerabilidad de la mujer, como lo demuestran las estadísticas sobre la prevalencia del VIH/SIDA entre las mujeres.
La Sra. Gnacadja se complace en saber que la Oficina de la Mujer ha sido elevada a la categoría de Departamento pero lamenta que no se haya realizado un cambio de facto y subraya el deseo del Comité de que se realicen adelantos auténticos. Pregunta cuántas personas trabajan en la Oficina y destaca la necesidad de cooperación entre los diversos organismos que se ocupan de las cuestiones relativas a la mujer. La realización de una reforma constitucional es uno de los principales objetivos, pues con ello se declararían inconstitucionales en forma automática todas las contradicciones existentes en la legislación. Es importante que los distintos aspectos del derecho penal y el derecho civil no se encuentren dispersos entre las diversas secciones de la legislación nacional pues ello da a los magistrados mayor libertad de acción para decidir qué sección se aplica y podría tener el efecto de agudizar la discriminación. Respecto de la prostitución, en el informe se confirma la existencia de la discriminación y por lo tanto deberían adoptarse medidas para determinar las sanciones aplicables en tales casos.
La Sra. Ongewe (Kenya), respondiendo en general a las preguntas formuladas por los miembros del Comité, destaca que el Gobierno de Kenya se ha comprometido a adoptar un enfoque participativo respecto de las cuestiones de la mujer, en el que participarán todos los sectores de la sociedad.
La Sra. Nkoroi (Kenya), refiriéndose a la cuestión de la relación entre la legislación internacional y la nacional, dice que el sistema para la incorporación de la legislación internacional no ha resultado eficaz pues entrañó la creación de nuevas leyes. No obstante, con arreglo al proyecto de Constitución, las convenciones ratificadas por Kenya serán aceptadas y aplicadas en los tribunales. Respecto de la Ley de la infancia de 2002, señala que todo individuo que viole los derechos del niño será castigado con 12 meses de prisión, una multa de 50.000 chelines de Kenya, o ambas cosas.
La Sra. Koome (Kenya) señala que el informe contiene información acerca del proyecto de ley sobre la violencia en el hogar (protección de la familia) que aún no ha sido aprobado. El nuevo Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales de Kenya demostró su compromiso con la promoción de los derechos de la mujer y señaló que daría prioridad a los proyectos de ley cuyo trámite en el Parlamento se hubiera interrumpido a causa del reciente proceso electoral, entre ellos, el proyecto sobre la violencia en el hogar, que muy probablemente entrará en vigor en junio de 2003. Sin embargo, las cuestiones de que se trata exceden el ámbito de la legislación y es de importancia vital modificar las actitudes de los policías y los trabajadores que se ocupan de la protección de los derechos de los niños. En ese contexto, la Organización de Abogadas de Kenya preparó, en colaboración con la policía, un manual de directrices para los policías que ya se está utilizando. Además, actualmente todas las comisarías deben tener una oficina que se ocupe de las cuestiones de la mujer integrada por oficiales capacitados. La creación del nuevo Tribunal de Familia, que ya funciona en Nairobi, garantizará que los problemas de la violencia en el hogar sean atendidos con mucha más rapidez que antes.
La Sra. Ambwere (Kenya) señala que el nuevo Ministerio de Asuntos de la Mujer, los Deportes, la Cultura y los Servicios Sociales está encabezado por un hombre. Considera que esa circunstancia pone de manifiesto el compromiso de Kenya al respecto y demuestra que Kenya está dispuesta a que los hombres participen en los asuntos de género. El aumento de la categoría de la Oficina de la Mujer, que dejará de ser una división del Departamento de Servicios Sociales para transformarse en un Departamento independiente, coadyuvará a la incorporación de las cuestiones de género en todos los sectores de la sociedad. El mecanismo nacional está integrado por representantes de todos los ministerios así como de organizaciones no gubernamentales, que deben ofrecer sus conocimientos en la forma y la oportunidad que resulten necesarios. Los mecanismos institucionales existentes, el Gobierno, las oficinas encargadas de los asuntos de la mujer, los ministerios y las organizaciones no gubernamentales trabajarán todos en colaboración. De ese modo, junto al Consejo Nacional de Promoción de las Cuestiones de Género que se ha propuesto y el proyecto de Constitución, se promoverá la incorporación de las cuestiones de género.
La Sra. Koome (Kenya), refiriéndose a la cuestión del proyecto de ley sobre la igualdad, dice que el enfoque de reivindicación de los derechos estará respaldado por la nueva Constitución, con miras a garantizar la igualdad de género. Si las leyes consuetudinarias estuvieran reñidas con los derechos consagrados en la nueva Constitución, serán declaradas nulas. Deberán respetarse los derechos humanos de la persona y si esos derechos fueran conculcados la persona afectada podrá obtener reparación en los tribunales.
La Sra. Mutinda (Kenya), refiriéndose a la cuestión de la administración provincial, describe la manera en que los matrimonios forzados atentan contra la educación en Kenya. Los comisionados de educación de los distritos son los encargados de coordinar la misión de rescate de las niñas que se encuentran desamparadas a causa de los matrimonios forzados y la administración provincial se encarga de llevar a esas niñas a un centro de recuperación administrado por una organización no gubernamental con sede en una escuela pública. La niña es entonces “adoptada” por la escuela hasta que pueda volver a vivir con sus padres. Esa práctica demuestra los fuertes vínculos que existen entre la administración provincial y el sector de la educación. El Gobierno se ha comprometido a reestructurar el sector de la educación. Mucho se ha hecho para reformar los programas de estudios y se formulará un plan estratégico con el fin de corregir los estereotipos de género que existen en ese sector. El Instituto de Educación de Kenya se ocupa de censurar los libros de texto preparados por editoriales comerciales a fin de eliminar esos estereotipos. Cabe esperar que el proceso se intensifique una vez que el Gobierno haya reestructurado la educación a fin de atender las necesidades de la población.
La Sra. Ongewe (Kenya) dice que el Gobierno aprobó el tercer y cuarto informes combinados que fueron preparados en colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil. El nuevo Gobierno ya ha entrado en funciones y Kenya se ha comprometido a realizar adelantos efectivos. La delegación de Kenya incluye expertos en legislación, cuestiones de género y asuntos constitucionales y está en las mejores condiciones necesarias para garantizar la colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil. El Gobierno está cooperando con las organizaciones no gubernamentales y ello demuestra su compromiso de poner fin a la discriminación contra la mujer.
La Sra. Ferrer Gómez celebra los adelantos logrados por Kenya hasta el momento en relación con el proyecto de Constitución y las diversas medidas legislativas. Es muy positiva la prioridad asignada a la cuestión del género y son muy importantes las medias que se adoptan para reestructurar el sector de la educación y modificar los libros de texto a fin de eliminar los estereotipos. No obstante, es necesario modificar la mentalidad de la población y ello exigirá un gran esfuerzo. El Gobierno de Kenya debería ejecutar un programa de difusión de las nuevas leyes y llevar adelante un plan amplio y general al respecto. La erradicación de la pobreza debería constituir una prioridad y no se deberían escatimar esfuerzos para garantizar un crecimiento económico sostenible. Por último, el Comité desearía recibir más información sobre la manera en que se tratarán las necesidades de las mujeres en el documento de estrategia para la reducción de la pobreza.
La Sra. Gaspard señala que la delegación de Kenya puso de manifiesto su voluntad política para eliminar la discriminación contra la mujer pero que el tercer y cuarto informes combinados da motivo de preocupación. Parece haber muchos programas y proyectos pero no hay muestras de que se hayan realizado adelantos efectivos en 20 años. La coexistencia de leyes escritas y consuetudinarias es preocupante, pues estas últimas pueden ser muy perjudiciales para la mujer. Observando con satisfacción que el Gobierno aprobó el informe, subraya no obstante que debería ser presentado también al Parlamento para su examen y espera que así ocurra con el próximo informe de Kenya. Las noticias relacionadas con el mecanismo nacional son alentadoras pero es también indispensable que los diversos organismos competentes reciban los recursos necesarios. También agradecería que se proporcione más información acerca de la manera en que el nuevo Consejo Nacional se vinculará con las instituciones nacionales existentes. Respecto de la prostitución, es penoso saber que las prostitutas son sancionadas, pues son víctimas que necesitan asistencia. Es preciso actuar con rapidez en esa esfera.
El Sr. Melander, refiriéndose a la cuestión de la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, señala que muchas leyes de Kenya son discriminatorias y pregunta si en verdad el derecho de los tratados tendrá precedencia sobre la legislación nacional. Parece ser que la incorporación de la legislación internacional sobre derechos humanos exigirá un proceso de educación. En ese contexto, pregunta si hay planes para concienciar al poder judicial respecto de la Convención y si existen cursos universitarios en los que se trate la cuestión.
La Sra. Gabr dice que los últimos acontecimientos ocurridos en Kenya demuestran la importancia de la mujer en la vida política y que son un motivo de orgullo y optimismo para toda la región de África. A su juicio, la cuestión de los estereotipos de género debe ser abordada de manera amplia, mediante campañas de sensibilización del público respecto de la aplicación de las nuevas leyes. Debe reafirmarse la función indispensable que desempeña la mujer en el desarrollo, en un pie de igualdad con el hombre, y la promulgación de las nuevas leyes contra la discriminación debe complementarse con el propósito de aplicarlas. Sería interesante recibir más información acerca de la relación entre los mecanismos nacionales para la mujer y los mecanismos nacionales de derechos humanos en general.
La Sra. Schöpp-Schilling pregunta si es factible aplicar las leyes destinadas a eliminar la discriminación en el derecho consuetudinario y en el derecho de las personas de las diversas comunidades religiosas y si se han realizado consultas con esas comunidades respecto de las nuevas leyes. Es poco probable que esas comunidades abandonen creencias muy arraigadas respecto de la función de las mujeres tan sólo porque el Gobierno lo ordena. Convendría, como primera medida hacia la aceptación del cambio por parte de los hombres de esas comunidades, que se realizara un examen amplio del derecho consuetudinario a fin de determinar los elementos que se podrían conservar.
Respecto de la acción afirmativa, desearía conocer el texto exacto del párrafo 3 del artículo 34 del proyecto de Constitución, pues en él parece tratarse tan sólo un aspecto de las medidas especiales provisionales. Antes que subrayar las desventajas de las mujeres, sería más conveniente hablar de la neutralización de los privilegios de que han gozado los hombres. Por último, desearía saber si los documentos sobre la política en materia de género y desarrollo contienen alguna medida especial transitoria y los motivos por los cuales a la Comisión Nacional encargada de las cuestiones de género y desarrollo no se le ha concedido estatuto constitucional en el proyecto de Constitución.
La Sra. Tavares da Silva, refiriéndose a la futura Comisión Nacional encargada de las cuestiones de género y desarrollo, desearía saber qué ministro estará a cargo de ella y quién designará a sus miembros. Aparte de la igualdad jurídica dispuesta en la Constitución, pregunta si se ha adoptado alguna otra medida para combatir la discriminación resultante de las prácticas tradicionales y si en esa esfera participan los medios de comunicación. Se necesita más información acerca de las medidas adoptadas para corregir los problemas vinculados con la prostitución. A su juicio, ese sigue siendo un problema social importante pues las sanciones previstas para los proxenetas y los clientes son muy leves en comparación con las sanciones que se aplican a las propias prostitutas. También parece más apropiado tipificar a la violación como un atentado contra la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales que como un atentado contra la moralidad.
La Sra. Achmad dice que en el próximo informe convendría que se incluyera un organigrama del mecanismo nacional de protección de la mujer a fin de aclarar las funciones de coordinación y presentación de informes y las relaciones entre entidades. Respecto de la acción afirmativa, el establecimiento de un puntaje inferior para el ingreso a la universidad de las mujeres constituiría un precedente peligroso; sería preferible dar preferencia a las mujeres cuando hombres y mujeres obtengan igual puntaje.
La Sra. Popescu Sandru pregunta si el nuevo Gobierno se propone mantener la política nacional en materia de género y desarrollo en la forma en que ha sido aprobada y qué órgano se encargará de su aplicación. También desearía conocer los procedimientos para la investigación de denuncias de discriminación.
La Sra. Morvai dice que sería importante elaborar una estrategia para velar por el apoyo permanente a los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta los numerosos y graves problemas con que se enfrenta el nuevo Gobierno, desde la pobreza hasta el VIH/SIDA y la corrupción. Las mujeres deben participar de manera destacada en la resolución de esos problemas, y eso significa precisamente la incorporación de una perspectiva de género. Deben fijarse plazos para el logro de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing y para la realización de esa tarea sería útil recibir la asistencia técnica de las Naciones Unidas.
La Sra. Ferrer Gómez (Vicepresidenta) ocupa la Pres i dencia.
La Sra. Patten desearía tener más información acerca del propio proceso de examen constitucional, incluida su situación actual, las enmiendas formuladas por el nuevo Gobierno y su participación, según el caso, en la redacción, la mayoría exigida para la promulgación de la nueva Constitución y la probabilidad de que se cumpla el plazo de junio de 2003. Respecto de la participación de la mujer en el proceso de examen, pregunta cuántas mujeres hay entre los 27 Comisionados.
El Comité desearía conocer el calendario fijado para el examen de la legislación pendiente de aprobación en materia de igualdad de derechos y la asignación presupuestaria del Ministerio. También sería conveniente que se diera más información acerca del compromiso del Gobierno de utilizar medidas especiales transitorias. La Sra. Patten solicita información acerca del calendario para el establecimiento de la Comisión Nacional encargada de las cuestiones de género y desarrollo y pregunta si el Gobierno se propone adoptar un criterio basado en los derechos en la legislación en trámite relativa a los derechos de propiedad y sucesión.
La Sra. Kuenyehia pregunta de qué manera se proponen o eligen los delegados que asisten a la Conferencia Constitucional y si existe alguna estrategia para la capacitación de las mujeres que participarán en la Conferencia. Habida cuenta de que se trata de una sociedad patriarcal y de que las mujeres participan relativamente poco en la legislatura, pregunta si está prevista alguna gestión encaminada a velar por que se promulgue legislación antidiscriminatoria. Dado que la dependencia de la mujer como consecuencia de la pobreza la hace más vulnerable a la violencia y a la violación de sus derechos, pregunta si se está examinado el documento de estrategia para la reducción de la pobreza a fin de prever la adopción de estrategias especiales para la mujer.
La Sra. Khan agradecería que se analizaran los motivos por los cuales las mujeres no tuvieron una intervención positiva en los planes de desarrollo anteriores y si se han tenido en cuenta esos factores en las gestiones realizadas recientemente. Al decidir las asignaciones presupuestarias es importante que los problemas de la mujer sean considerados problemas nacionales. En el plan quinquenal de desarrollo nacional debe adoptarse un criterio para la incorporación de la perspectiva de género. También sería conveniente comparar la función y las responsabilidades del Ministerio con la función del Consejo Nacional encargado de las cuestiones de género y desarrollo. Por último pregunta si la nueva Constitución dará lugar a la adopción de un nuevo código civil que sustituya al derecho de las personas y al derecho consuetudinario. También es preciso que se proporcione más información acerca de la violencia contra la mujer.
La Sra. Mutinda (Kenya), respondiendo a la pregunta relativa a la acción afirmativa en la esfera de la educación, dice que a fin de obtener una plaza en una de las universidades públicas de Kenya, todos los solicitantes deben obtener una calificación mínima de C+. La reducción de las calificaciones mínimas para las mujeres guarda relación con la posibilidad de ocupar un número muy reducido de plazas patrocinadas por el Gobierno; ese tipo de acción afirmativa ofrece un incentivo mayor para que las niñas prosigan sus estudios. Aunque muchas mujeres están matriculadas en universidades privadas, la mayoría de ellas realiza estudios de ciencias sociales o humanidades y por ello se complace en informar de que, a fin de alentar a las mujeres a realizar estudios científicos, en mayo de 2002 el Gobierno autorizó el funcionamiento de la primera universidad de mujeres especializada en ciencia y tecnología.
La Sra. Olende (Kenya) dice que Maendeleo ya Wanawake es una organización popular de carácter nacional que trabaja en pro de la eliminación de las prácticas tradicionales perjudiciales. Promueve el criterio de que las niñas pueden participar en un rito de iniciación sin ser sometidas a la mutilación genital. Aunque los logros de la organización puedan parecer insignificantes en términos reales —en algunos distritos la mutilación genital femenina sólo se redujo en un 1%— el hecho de que actualmente tanto los hombres como las mujeres hablen abiertamente acerca de esa práctica y de que conozcan mejor los efectos que puede tener en la salud mental y física de la mujer constituye un enorme paso hacia adelante. La mutilación genital femenina no es practicada por todas las tribus de Kenya pero es una tradición cultural hondamente arraigada y constituye una fuente importante de ingresos para las mujeres que la realizan. Por esas razones, a pesar de la promulgación de leyes como la de la infancia, que sirven para proteger a muchas niñas, el cambio cultural necesario para erradicar esa práctica no se producirá de la noche a la mañana.
La Sra. Ongewe (Kenya) señala que aun quienes promueven con mayor vehemencia la mutilación genital femenina están teniendo que reflexionar acerca de las consecuencias para la salud de la mujer, teniendo en cuenta la pandemia del VIH/SIDA. No obstante, aunque el Gobierno ha condenado abiertamente la práctica y ha promulgado legislación a fin de prohibirla, aplicar esa legislación resultará difícil.
La Sra. Ambwere (Kenya), en repuesta a un pedido de aclaraciones respecto del mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, dice que en Kenya se considera al género como una cuestión intersectorial y como tal todas las dependencias que se ocupan de algún aspecto de la incorporación de una perspectiva de género, como el nuevo Departamento de Asuntos de la Mujer y las oficinas que se dedican en particular a las cuestiones de género en el seno de los principales ministerios, forman parte del marco institucional. Además, las organizaciones no gubernamentales de mujeres y los programas pertinentes de base popular coordinados por el Departamento de Servicios Sociales son considerados también parte integral del mecanismo nacional.
En tal sentido, subraya que el Gobierno se ha comprometido a promulgar el proyecto de ley por el que se establece la Comisión Nacional encargada de las cuestiones de género y desarrollo y dice que los Comisionados serán nombrados por el Ministro encargado de los asuntos de la mujer. Señala a la atención de los miembros el párrafo 7 de las respuestas a la lista de cuestiones (CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.2/Add.2), en el que se describe la relación entre esa Comisión y el Gobierno. La Comisión expresó su preocupación por el hecho de que la Comisión Nacional encargada de las cuestiones de género y desarrollo no figurara entre las cinco comisiones especiales establecidas con arreglo al nuevo proyecto de Constitución, pero asegura a los miembros de que un comisionado encargado de las cuestiones de género integrará la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa.
Refiriéndose a la política nacional en materia de género y desarrollo, reconoce que el proceso de redacción fue prolongado pero añade que el documento relativo a esa política fue aprobado por el Gabinete de Kenya y está pendiente su examen por el nuevo Parlamento. El marco institucional que se menciona en ese documento es la Comisión Nacional encargada de las cuestiones de género y desarrollo. En lo que respecta a la presupuestación con una perspectiva de género, Kenya aún se encuentra en las primeras etapas de la adopción del concepto, aunque en el Tesoro Público se ha constituido un comité encargado de velar por que en el proceso de presupuestación se tengan en cuenta las perspectivas de género.
La Sra. Ongewe (Kenya) destaca que el nuevo Gobierno está decidido a otorgar carácter oficial a la política nacional en materia de género y desarrollo mediante su aprobación en el Parlamento. Todas las mejoras que se efectúen posteriormente en esa política serán incorporadas mediante enmiendas.
La Sra. Nkoroi (Kenya), respondiendo a diversas preguntas acerca de cuestiones jurídicas, dice que las Constitución de Kenya reconoce que el derecho internacional es una de las fuentes del derecho nacional y que tiene precedencia sobre el derecho nacional. No obstante, la legislación nacional de Kenya deriva en parte del corpus de derecho consuetudinario no codificado, en el que por lo general se discrimina a la mujer, en particular en lo que respecta al matrimonio y la herencia. El equipo de tareas establecido en 1993 por el Fiscal General a fin de que examinara todas las leyes relativas a la mujer realizó una encuesta entre las mujeres de Kenya y otros interesados en la cuestión a fin de determinar los ámbitos en que se consideraban discriminadas y formuló una serie de recomendaciones para la adopción de medidas legislativas tendientes a rectificar esas cuestiones. En consecuencia, el Parlamento todavía tiene que examinar algunos proyectos de ley relativos a la igualdad de género y también deberá promulgar nueva legislación destinada a aplicar las disposiciones del nuevo proyecto de Constitución por la que se prohíben expresamente las prácticas culturales y tradicionales que discriminan a la mujer en la institución del matrimonio.
Respecto de la ciudadanía, el nuevo proyecto de Constitución estipula, entre otras cosas, que será concedida en forma automática a los niños nacidos de padres kenianos y que las mujeres que adquirieron la ciudadanía a través del matrimonio no la perderán si se disuelve el matrimonio. En respuesta a una pregunta relativa a la definición de la violación, asegura al Comité de que recomendará el examen de la disposición pertinente del Código Penal. El Gobierno anterior ya había preparado un proyecto de ley de enmienda de la legislación penal en el que se disponían sanciones más estrictas, incluida la cadena perpetua, para los violadores, y espera que sea promulgado a la brevedad.
En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos de Kenya, dice que fue establecida por una ley del Parlamento y que por consiguiente es un órgano autónomo y no intergubernamental. Tiene un mandato amplio que incluye la investigación de las denuncias, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y el asesoramiento del Parlamento en cuestiones legislativas. Por último, informa al Comité de que el nuevo Gobierno restableció el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales que, entre otras cosas, supervisará el examen parlamentario de toda la legislación de Kenya a fin de velar por que cumpla con las disposiciones del nuevo proyecto de Constitución.
La Sra. Koome (Kenya) destaca que el proceso de examen constitucional fue abarcador y estuvo inspirado en la población. Conforme a una ley del Parlamento se estableció una Comisión de Examen Constitucional y, de acuerdo con el principio de la acción afirmativa, siete de sus integrantes son mujeres. Antes de redactar la nueva Constitución, la Comisión celebró consultas en todo el país así como audiencias públicas y realizó encuestas de opinión pública. Lamentablemente, las elecciones generales celebradas recientemente interrumpieron el proceso de examen pero el nuevo Gobierno declaró su firme compromiso de concluirlo y se espera que la nueva Constitución quede concluida antes de junio de 2003.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.