Distr.

GENERAL

E/C.12/1999/SR.45

8 de diciembre de 1999

ESPAÑOL

Original: FRANCÉS

COMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

21º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 45ª SESIÓN

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,

el jueves 25 de noviembre de 1999, a las 15.00 horas

Presidenta : Sra. BONOAN-DANDAN

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES:

a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO ( continuación )

- Tercer informe periódico presentado por México ( continuación )

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La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento , a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas de la comisión se refundirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.99-45954 (EXT)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas .

EXAMEN DE LOS INFORMES

a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO (tema 6 del programa) ( continuación )

Tercer informe periódico presentado por México ( continuación ) (E/1994/104/Add.18); documento básico (HRI/CORE/1/Add.12/Rev.1); lista de cuestiones que han de abordarse (E/C12/Q/MEX/1); respuestas presentadas por escrito por el Gobierno de México (HR/CESR/NONE/1999/14)

1. Por invitación de la Presidenta, la delegación de México vuelve a tomar asiento como participante a la mesa del Comité .

2. El Sr. CEAUSU pide a la delegación que explique cuáles son las causas principales del conflicto de Chiapas y que informe sobre las iniciativas adoptadas por el Gobierno de México para mejorar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en esa zona. Pregunta si la población indígena de Chiapas, que representa cerca del 38% de la población total de la zona, se beneficia de los diversos programas que ejecuta el Gobierno principalmente en los ámbitos de la educación, la salud y el abastecimiento de agua potable. Además, pregunta a la delegación si el Gobierno Federal ha asignado tierras a las poblaciones indígenas y, de ser así, cuál es la superficie de esas tierras. Desea saber qué proyectos ha elaborado el Estado con objeto de regularizar los derechos de la población indígena sobre la tierra.

3. El orador desea conocer el punto de vista del Gobierno de México con respecto a los programas de ajuste estructural que ha negociado con el Fondo Monetario Internacional. Pregunta si las diversas obligaciones asumidas en virtud de esos acuerdos obstaculizan las actividades que ejecuta el Gobierno en el plano social, por ejemplo, o si el Gobierno considera que esos programas propician avances en la materia, especialmente en la reducción del desempleo .

4. La Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO pregunta si las organizaciones no gubernamentales participaron en la elaboración del tercer informe periódico y si éste se ha divulgado entre el público mexicano.

5. La oradora dice que la discriminación contra la mujer está prohibida en todos los textos constitucionales mexicanos, pero desea saber si en la práctica existe discriminación. Dice también que México ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero desea saber si, para garantizar la aplicación de dicha Convención, el Gobierno ha incorporado las medidas correspondientes, por ejemplo en los códigos de la familia o del trabajo, y si esas medidas se aplican indistintamente en todos los Estados del país. Pregunta cuál es la situación de la mujer en el seno de la familia y si ella está facultada para administrar los bienes matrimoniales.

6. El Sr. SADI pide a la delegación que explique al Comité cuáles son los orígenes del conflicto de Chiapas y si el Gobierno considera posible encontrar una solución a ese conflicto a corto o mediano plazo. Desea saber cómo comenzaron las matanzas y si es cierto que las fuerzas paramilitares aterrorizan a la población y le impiden ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. El orador dice que la presencia de unidades militares se justifica en caso de disturbios, pero se pregunta si es indispensable un despliegue tal de fuerzas armadas.

7. Pregunta si el Gobierno ha adoptado medidas para luchar contra las disparidades económicas patentes que existen entre los distintos estados del país, dentro de cada uno de ellos, y entre la población indígena y el resto de la población, y si esas medidas han dado resultados positivos.

8. El orador, tomando nota del hecho de que numerosos bancos privados mexicanos se han declarado en quiebra y que se han asignado, con cargo al presupuesto estatal, sumas considerables para sacarlos adelante, pregunta cómo explica el Gobierno esas quiebras en cascada y con qué criterio se decidió destinar los recursos del Estado a ese sector y no a otro.

9. El Sr. GONZÁLEZ FÉLIX (México) reconoce que en algunos estados mexicanos el atraso económico es considerable y que existen disparidades flagrantes en cuanto a desarrollo entre el norte y el sur del país.

10. El Sr. URBINA FUENTES (México) dice que desde principios del decenio de 1980 el Gobierno ha tratado de catalogar los municipios y los estados más marginados desde el punto de vista socioeconómico y de mejorar su situación. Al principio eran nueve los estados considerados económicamente marginados, mientras que ahora son sólo seis. Desde 1995 el Gobierno trata de determinar, localidad por localidad, qué grupos de la población necesitan ayuda especial. Participan en esos proyectos el sector privado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

11. El Sr. GONZÁLEZ FÉLIX (México) señala que la situación en el estado de Chiapas es excepcional y que el conflicto está sumamente localizado. En Chiapas hay once municipios, y el conflicto sólo afecta cuatro de ellos.

12. La Sra. AGUILERA (México) dice que el Gobierno de México no ha impugnado en ningún momento los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, pero sí se ha opuesto firmemente a la interpretación de éstos hecha por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En los acuerdos se establecía que el Gobierno Federal procedería a una reforma constitucional en relación con los derechos y la cultura de las poblaciones indígenas, y el organismo encargado de elaborar el proyecto de texto al respecto sería la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).

13. El Gobierno no ha rechazado el texto propuesto por la Comisión, pero ha formulado varias observaciones al respecto. La Comisión de Concordia y Pacificación propuso que se establecieran modalidades de gobiernos municipales, no previstos en la Constitución, que permitieran a los habitantes de algunas localidades definir los procedimientos de elección de sus representantes, así como la forma de ejercer el poder en el plano local. Esa propuesta, en la que se reconocen a ciertos habitantes derechos que se niegan a otros y que violaría el artículo 115 de la Constitución, es contraria a los Acuerdos de San Andrés, en los que se consagra el principio de que una municipalidad solo puede estar adscrita a la entidad federal a la que pertenece. La aceptación de la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación equivaldría a aceptar un separatismo al estilo yugoslavo.

14. Además, en el texto de la Comisión sólo se reconoce una forma de explotación de los recursos naturales, a saber, la explotación colectiva, lo que redunda en detrimento del interés nacional y público y de los distintos niveles de gobierno del Estado mexicano.

15. La Comisión propuso asimismo la creación de una entidad que permitiera a los indígenas controlar los medios de comunicación, incluidos los derechos de concesión y permisos de explotación, sin necesidad de rendir cuentas a ninguna otra autoridad, requisito que sí se exige a los demás mexicanos. Los Acuerdos de San Andrés rechazaron explícitamente esa posibilidad.

16. El Gobierno pide únicamente que el texto propuesto por la Comisión esté en consonancia con los Acuerdos y tenga en cuenta las observaciones que ha formulado al respecto. Lamentablemente el EZLN no se ha dignado examinarlas. Sin embargo, el Gobierno presentó no obstante al Parlamento una propuesta de reforma constitucional sobre los derechos y la cultura de los indígenas y, en septiembre de 1999, pidió al Senado que creara un mecanismo para que las comisiones parlamentarias pudieran formular propuestas con respecto a las poblaciones indígenas que estuvieran en consonancia con lo dispuesto en los Acuerdos de San Andrés y se inspiraran en otras leyes relativas a los derechos y la cultura de las poblaciones indígenas. El Gobierno también pidió al Senado que hiciera lo posible por que las comisiones parlamentarias pudieran conocer otros puntos de vista, en particular el del EZLN, así como el de las organizaciones y los particulares interesados. Si se tienen en cuenta todos esos elementos, el Senado podría examinar el proyecto de reforma constitucional relativo a las poblaciones indígenas durante la actual legislatura.

17. Antes de presentar esa nueva propuesta el Gobierno se reunió con las organizaciones no gubernamentales de Chiapas para encontrar solución al conflicto. Sin embargo, resulta que el Subcomandante Marcos del EZLN no está dispuesto a negociar con el Gobierno actual y prefiere esperar hasta que se sepa qué gobierno resultará elegido en las próximas elecciones.

18. Con respecto a la presencia del ejército en el estado de Chiapas, la Sra. Aguilera recuerda que el conflicto se inició con una insurrección armada del Ejército Zapatista que intentaba instaurar, mediante la violencia, un nuevo régimen en ese estado. Sin embargo, las comunidades disidentes de Chiapas constituyen únicamente el 2 o el 3 % de la población. La estrategia del Gobierno no es militar sino económica y social, aunque el ejército está considerado, en México así como en otros países, como un elemento importante para el restablecimiento de la paz y el orden público. La presencia del ejército en Chiapas cumple una función esencialmente disuasoria, y no hay que olvidar que los 1500, aproximadamente, miembros armados del EZLN representan un peligro para la población local. Además, la presencia del ejército permite luchar contra el tráfico de armas y estupefacientes y contra las expropiaciones, y proteger la reserva de la biosfera más importante del país.

19. La estrategia adoptada por el Gobierno federal y el Gobierno de Chiapas tiene por objeto, por una parte, encontrar una solución al conflicto con el EZLN mediante el diálogo y la negociación y, por otra parte, hacer frente al retraso del estado de Chiapas, especialmente por lo que se refiere a las comunidades indígenas, en los ámbitos de la educación, la salud, la agricultura y la protección del medio ambiente. Se trata también de restablecer la primacía del derecho, de promover la concertación política en el seno de las comunidades y entre las distintas comunidades (puesto que el problema se debe también a divergencias religiosas, en particular entre católicos y protestantes), y de prestar asistencia a las personas desplazadas.

20. El Gobierno presta asistencia a las personas desplazadas, directamente o por medio de la Cruz Roja, en las zonas en que no se acepta la ayuda del Gobierno. Cabe señalar al respecto que el EZLN ha expulsado a varios representantes de la Cruz Roja Mexicana y del CICR de las zonas que están bajo su control, con lo cual ha dejado sin protección a decenas de miles de personas. La diócesis de San Cristóbal también intentó, en varias ocasiones, disuadir a las personas desplazadas de regresar a sus hogares alegando que no podía garantizarse su seguridad. A pesar de ello, cerca del 30% de las 10 000 personas más o menos que estaban desplazadas a principios de 1998 pudieron regresar a sus hogares gracias a la labor conjunta del Gobierno federal y el Gobierno de Chiapas. Un número importante de personas desplazadas manifestaron su intención de establecerse en los lugares en que se encuentran actualmente. La politización de la cuestión de las personas desplazadas y los problemas de carácter religioso obstaculizan el regreso de los refugiados a sus hogares.

21. Con respecto a los grupos paramilitares, cabe señalar que se han constituido grupos civiles armados para oponerse al EZLN, mientras que otros grupos, simpatizantes del EZLN, se han armado a su vez para reforzar su influencia. Ante esa situación, las autoridades públicas han optado por aplicar a todos esos grupos la ley sobre las armas de fuego y los explosivos, con la consiguiente confiscación de importantes cantidades de armas. El restablecimiento del estado de derecho en Chiapas se logrará únicamente si el EZLN, que es el principal grupo armado de la región y ejerce una influencia política determinante, colabora resueltamente en esa empresa.

22. Entretanto, la presencia del ejército es indispensable para restablecer el imperio de la ley. Además, la Procuraduría General de la República abrió una oficina en San Cristóbal de las Casas para recibir denuncias sobre las actividades de los grupos civiles armados y las violaciones de los derechos humanos. El Ministerio del Interior se ha puesto en contacto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la región y las ha alentado a denunciar las actividades de los grupos civiles armados.

23. El Sr. URBINA FUENTES (México) dice que se han destinado 14.600 millones de pesos para la ejecución de programas sociales en Chiapas en 1999, lo que representa un aumento del 38% respecto a 1995. Entre 1995 y 1999 se han construido unos 850 kilómetros de carreteras federales, y en un futuro próximo la Ciudad de México estará sólo a ocho horas y media por carretera de la capital de Chiapas.

24. Se han logrado avances muy importantes en materia de salud. El número de dispensarios ha aumentado en un 16,9%, el de hospitales en un 20,7%, el de médicos en un 34,1%, el de enfermeras en un 28,9% y el de consultas médicas en un 64,5%. Ello se ha traducido en la reducción de la mortalidad en general y la mortalidad infantil en particular, así como en una reducción importante de los casos de paludismo, oncocercosis y tracoma. Además, no se ha registrado ningún caso de cólera, sarampión o tos ferina. El estado de salud, la alimentación, el suministro de agua potable y las condiciones de vivienda de las personas desplazadas han mejorado gracias a la colaboración entre los órganos oficiales y la Cruz Roja.

25. El Sr. GONZÁLEZ FÉLIX (México) señala que en el estado de Chiapas los gastos sociales son los más elevados y pone a disposición de los miembros del Comité el folleto titulado "Chiapas vive" en el que se consignan todos los proyectos sociales realizados en Chiapas entre 1995 y 1998.

26. El Sr. ZOLLA LUQUE (México) dice que en México hay tierras privadas, tierras del Estado y tierras comunales. En Chiapas el 56% de las tierras son comunales, y en las regiones de Los Altos, La Selva y La Sierra la proporción es del 85%. Cabe precisar al respecto que , a pesar de lo que se esperaba, la modificación del artículo 27 de la Constitución relativo a la propiedad de la tierra no ha conducido a una disminución de ese porcentaje.

27. El Sr. TIRADA ZAVALA (México) dice que la Constitución garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer y el derecho de todos a un trabajo digno y socialmente útil. La Ley federal del trabajo prohíbe expresamente todo tipo de discriminación en materia de empleo por motivos de sexo, edad, raza, religión, opinión política o condición social.

28. En 1998 las mujeres representaban el 33,54% de la población económicamente activa, frente a un 17,6% en 1970. Algo más de un millón de trabajadoras, de un total de 38 millones, están empleadas en las maquiladoras. El Ministerio de Trabajo presta especial atención a ese sector. Desde 1995 se han realizado inspecciones especiales en 1.169 establecimientos de ese sector situados en 15 estados. Se detectaron infracciones a la legislación laboral en 62 establecimientos. Por ejemplo, mujeres embarazadas trabajaban horas extraordinarias o realizaban trabajos que representaban un peligro para su salud.

29. Los trabajadores que consideren lesionados sus derechos pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que intentará, como primera medida, buscar una solución amistosa al problema. Si ello no da resultado, la entidad representará gratuitamente al trabajador ante los tribunales competentes. La Procuraduría se ocupa actualmente de 22.000 asuntos. En más del 85% de los casos los trabajadores defendidos por ello han ganado el pleito; el 45% de los asuntos de que se ocupa la Procuraduría se refieren a mujeres. El Ministerio de Trabajo realiza campañas de información y organiza seminarios sobre los derechos de la mujer en el trabajo, que están destinados no sólo a las mujeres sino también a los empleadores y el personal directivo. Próximamente México comenzará a ejecutar, en colaboración con la OIT, un programa titulado "Más empleo y de mejor calidad para las mujeres".

30. El Sr. CASTRO ESTRADA (México) señala, con respecto al derecho de los trabajadores, que en el artículo 123 de la Constitución se enumeran los ámbitos y sectores que son de la competencia exclusiva de las autoridades federales. Se trata en particular de las cuestiones relativas a la higiene y la seguridad en el trabajo, así como a la formación. Las autoridades locales deben colaborar, lógicamente, con las autoridades federales en las esferas mencionadas.

31. El marco normativo relativo a las inspecciones de trabajo y las sanciones en caso de infracción a la legislación ha sido objeto de modificaciones sustanciales durante los últimos años. Además, se ha fortalecido la coordinación entre las autoridades federales y las autoridades locales con respecto a la higiene y la seguridad en el trabajo.

32. En cuanto a la modernización de la legislación laboral y la flexibilización del trabajo, en 1955 se creó un grupo de debate sobre la nueva cultura del trabajo, integrado por representantes de los trabajadores, del Gobierno y de los empleadores, encargado de examinar todas las cuestiones que puedan influir en la producción de las empresas. Ese diálogo, muy constructivo, tiene por objeto lograr, entre obreros y patronos, el consenso necesario para proceder a cualquier modificación de la legislación del trabajo por el Parlamento. Por último, actualmente se está elaborando un nuevo reglamento sobre el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, con objeto de actualizar todos los mecanismos de asesoramiento que la Procuraduría ofrece en forma gratuita a los trabajadores.

33. La Sra. SALINAS (México) dice que la Comisión Nacional de la Mujer coordina todas las medidas adoptadas en favor de la igualdad entre el hombre y la mujer en los planos estatal, legislativo y judicial. Una de sus prioridades es la protección de los derechos de las mujeres empleadas en las maquiladoras; a este respecto se han celebrado reuniones conjuntas con el Procurador Federal de la Defensa del Trabajador. Además, como México es un Estado federal , además de la legislación federal existen 32 legislaciones de los Estados federados. De conformidad con el artículo 124 de la Constitución, los estados se ocupan de las cuestiones que no han sido encomendados expresamente a la Federación. Se ha emprendido la revisión de la legislación de los estados, que es un proceso largo y complejo, para armonizar las leyes de los estados federados con las convenciones internacionales, en particular con el Pacto, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esa labor de revisión y armonización, en la que participan varios organismos, avanza con relativa rapidez según los estados. La Comisión Nacional de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales han contribuido activamente a las actividades relacionadas con la erradicación de la violencia contra la mujer.

34. La Sra. PÉREZ DUARTE (México) dice que la edad mínima para contraer matrimonio es de 14 años en el caso de las muchachas y de 16 en el caso de los muchachos. Esa disposición, que figura en muchos códigos de los países de América Latina y que originalmente tenía por objeto beneficiar a las muchachas, fue heredada del Código Napoleónico. Las autoridades mexicanas tienen la intención de aumentar la edad mínima del hombre y la mujer para contraer matrimonio. En cuanto al pago de pensiones alimenticias, la ley vigente es satisfactoria, y las autoridades realizan sobre todo una labor de información y sensibilización para que la ley sea interpretada y aplicada debidamente. Además, se imparten, a magistrados y abogados, cursos de sensibilización y formación sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, para que puedan interpretar y aplicar correctamente la ley. Según el régimen matrimonial aplicable, ambos cónyuges son iguales ante ley con respecto a la administración de los bienes, pero, como la tradición suele tener más peso que la ley, el Gobierno sigue esforzándose por lograr que los comportamientos evolucionen junto con la práctica judicial.

35. El Sr. GONZÁLEZ FÉLIX (México) señala que la última serie de negociaciones entre el Estado de México y el FMI se remontan a 1990 y versó sobre el reescalonamiento de la deuda exterior del país. Durante la crisis financiera de 1995 el Gobierno de México logró resolver el problema de la deuda exterior y actualmente no es objeto de presiones de parte del FMI. En 1995, tras la devaluación del 50% del peso mexicano, el Gobierno tuvo que intervenir porque la mayoría de los créditos bancarios se hicieron incobrables por falta de liquidez. Esa intervención a favor de los bancos era indispensable para evitar el colapso total del sistema financiero nacional, mantener el país a flote y limitar los efectos de la crisis financiera sobre los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado ha adoptado también ciertas medidas, como la concesión de ayudas a la agricultura, un aumento de las reservas del país y una reducción de los precios de consumo con el fin de favorecer, en las mejores condiciones posibles, la integración de México al proceso de globalización.

36. El tercer informe periódico fue enviado inmediatamente después de su elaboración a las organizaciones no gubernamentales, las cuales tuvieron la posibilidad de expresar sus puntos de vista al respecto. Por último, cabe señalar que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este preciso momento se encuentra en México y que su Oficina y el Gobierno de México han firmado un memorando de acuerdo en materia de asistencia técnica. Esa asistencia fue solicitada por el Gobierno de México.

37. El Sr. URBINA FUENTES (México) dice que para hacer frente a los desastres naturales, sobre todo los terremotos y las inundaciones, las autoridades han puesto en marcha un programa especial que ha dado buenos resultados y, en particular, ha permitido evitar las epidemias y los desplazamientos importantes de población. En el programa colaboran varios organismos, de los cuales el más activo es el Ministerio de Salud. Además, el ejército desempeña una función importante en las operaciones de socorro. La existencia de ese mecanismo de intervención en caso de desastres naturales y la experiencia adquirida han permitido a México prestar asistencia a los países vecinos que sufrieron los estragos del huracán Mitch.

38. El Sr. GONZÁLEZ FÉLIX (México) dice que la situación en Chiapas se vigila de cerca. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en este momento en México y visitará la región; además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una oficina en la zona. En cuanto a la corrupción, existen –a distintos niveles de la Administración- organismos encargados de la fiscalización de cuentas. En particular, todos los presupuestos sociales se verifican, y a los funcionarios corruptos se les persigue judicialmente. México es parte en el Convenio de la OCDE relativo a la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en el marco de transacciones comerciales internacionales y en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

39. El Sr. TIRADA ZAVALA (México) señala que la desigualdad de los salarios entre el hombre y la mujer que ha puesto de manifiesto la OIT se explica por la fuerza de las tradiciones y por el hecho de que más hombres que mujeres desempeñan trabajos calificados.

40. La PRESIDENTA indica que se ha dedicado mucho tiempo a los primeros cinco artículos del Pacto e invita a los miembros del Comité a formular brevemente posibles preguntas complementarias sobre los primeros artículos del Pacto, así como las preguntas que tengan que hacer con los artículos 6 a 15 del Pacto.

41. El Sr. TEXIER no está satisfecho con la forma en que se está examinando el informe y considera que las respuestas dadas por la delegación de México son demasiado generales. El Comité no necesita que se le recuerde el contenido del informe o de las respuestas escritas, ni que le citen los artículos de la Constitución y los innumerables reglamentos y leyes. Se puede avanzar con más rapidez en el examen del informe si las preguntas planteadas y las repuestas dadas por la delegación son breves y precisas. Por ejemplo, la pregunta siguiente exige una respuesta sencilla: ¿Es cierto que en 56 maquiladoras se obliga a las empleadas a someterse a una prueba de embarazo y se les despide si resulta positiva? ¿Se les hacen preguntas acerca de sus prácticas sexuales? Esos hechos han sido denunciados por una comisión de expertos de la OIT por atentar contra la dignidad humana.

42. El Sr. SADI pide información actualizada sobre la situación de los numerosos mexicanos que tratan de cruzar de manera clandestina la frontera con los Estados Unidos de América, sobre la forma en que se trata a esas personas en la frontera y sobre las consecuencias sociales y familiares de ese éxodo.

43. El Sr. GRISSA señala que el Gobierno federal se ha fijado como objetivo garantizar el acceso universal a la educación básica y la enseñanza primaria completa al 80% como mínimo de los niños en edad escolar y reducir la tasa de analfabetismo de los adultos a menos del 50% del nivel registrado en 1990 (apartado e) del párr. 199 del informe). De alcanzarse ese objetivo, el porcentaje de niños que no tendrán acceso a la enseñanza primaria y llegarán a ser adultos analfabetos será aún del 20%. Además, aunque la legislación del trabajo prohíbe la contratación de niños menores de 14 años (párr. 221 del informe), según los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Empleo, 1 284 711 niños y adolescentes de 12 a 17 años trabajaron como asalariados en 1995 (párr. 224). Según cifras facilitadas por la OIT, el 18% de los niños de 12 a 14 años trabajan y, por lo tanto, no asisten a la escuela. La información reunida por el UNICEF confirma el informe elaborado por la OIT. En sus conclusiones de 5 de enero de 1994 el Comité ya había manifestado su preocupación por la situación de los niños de la calle. El orador pregunta qué medidas ha tomado el Gobierno de México para poner remedio a esa situación que, lejos de mejorar, se agrava a causa de las dificultades económicas que experimenta el país. Pregunta, además, qué medidas concretas se propone adoptar el Gobierno para hacer frente al problema del trabajo infantil.

44. El Sr. ATANGANA pide aclaraciones con respecto al hecho de que los trabajadores que ocupan cargos de confianza no pueden afiliarse a un sindicato, ya que teme que esa disposición sea un primer paso para imponer prohibiciones arbitrarias al derecho de sindicación. En la mayoría de las legislaciones las restricciones impuestas a ese derecho se refieren a determinadas categorías de personal, como los funcionarios o los miembros de las fuerzas armadas.

45. El Sr. AHMED solicita información sobre tres situaciones que revelan un trato discriminatorio respecto de una categoría de personas. Se ha señalado que en las montañas de Chiapas y en otras regiones las comunidades indígenas, con el asentimiento de los notables o siguiendo órdenes de éstos, persiguen a los protestantes establecidos en esas comunidades y en muchos casos los agresores incendian las viviendas y los cultivos de esas personas, las maltratan brutalmente y, en ocasiones, las asesinan. Se afirma que en un municipio las autoridades locales participaron activamente en la expulsión de los protestantes, y las autoridades públicas al nivel superior no intervinieron . Además, la situación de los mexicanos que tratan de cruzar clandestinamente la frontera con los Estados Unidos de América es dramática, y cabe preguntarse si el Estado de México adopta todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos. Por último, parece que en la región de Chiapas los trabajadores guatemaltecos, que con frecuencia entran ilegalmente en el país y encuentran empleo en el campo y las plantaciones, tienen que aguantar condiciones pésimas de trabajo y de vida, y las mujeres guatemaltecas son víctimas de explotación sexual y económica.

46. El Sr. MARCHAN ROMERO toma nota con satisfacción de los esfuerzos que se han realizado para reducir el precio de los productos de primera necesidad y pregunta qué medidas adopta el Gobierno para subir los salarios, puesto que actualmente el costo de la cesta de productos esenciales equivale a cinco veces el salario mínimo y sólo el 11,6% de la población tiene poder adquisitivo suficiente para adquirirla.

47. El Sr. RIEDEL considera que la reserva formulada por México al artículo 8 del Pacto es un anacronismo, ya que el derecho de huelga está consagrado en la Constitución, y pregunta si se ha considerado la posibilidad de retirarla.

48. Tras examinar el segundo informe periódico de México el Comité manifestó, en sus observaciones finales, preocupación por la extrema pobreza y las numerosas expulsiones forzadas de la población, tanto en las ciudades como en las zonas rurales; sin embargo, hay que señalar que en las respuestas presentadas por escrito no se incluye información alguna al respecto. Por lo tanto, el orador desea saber si la situación en ambas esferas ha evolucionado desde la presentación del informe anterior.

49. En lo que respecta al derecho a la salud, el Estado Parte ha calculado en 150 000 el número de personas infectadas por el VIH, mientras que según fuentes externas esa cifra se situaba en torno a las 270 000 personas en 1998. En todo caso, el orador desea saber qué medidas se han adoptado para luchar contra la propagación del VIH.

50. Por último, el orador celebra que el Gobierno haya adoptado ese número impresionante de medidas para luchar contra la contaminación urbana, pero desea saber qué resultados se han obtenido gracias a esas medidas desde la elaboración del informe.

51. El Sr. TEXIER pregunta cuál es la tasa de desempleo actual y si la tendencia es al alza o a la baja. Al orador le preocupan las consecuencias que la reciente política de privatizaciones parece tener en el empleo. Por ejemplo, a su entender, la privatización de la empresa de ferrocarriles tuvo como consecuencia una reducción del 75% del personal en ocho años, y pregunta si se han adoptado medidas para contrarrestar los efectos perjudiciales de las privatizaciones y para velar por que las personas que trabajan en el sector no estructurado de la economía se beneficien de un mínimo de seguridad social.

52. Con respecto al artículo 7, el orador celebra que la definición del salario mínimo que figura en la Constitución esté plenamente en consonancia con la del Pacto. Sin embargo, es evidente que hay que adoptar medidas para colmar la brecha que existe entre el salario mínimo previsto teóricamente en la Constitución y el salario mínimo real. De hecho, en 1998 cuando la cesta de productos esenciales establecida conforme a lo dispuesto en la Constitución valía 282,30 pesos, el salario mínimo era sólo de 30,20 pesos.

53. Con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, el orador considera que la posibilidad de que el Gobierno confíe a empresas privadas la supervisión de la aplicación de las normas de reglamentación del trabajo plantea un verdadero problema de fondo. Esa labor de prevención corresponde al Estado. El orador se pregunta si esas empresas privadas pueden obtener resultados satisfactorios, puesto que no tienen necesariamente la objetividad que se requiere ni las mismas facultades que la Inspección del Trabajo en materia de sanciones.

54. El orador subraya que en el párrafo a) del artículo 123 de la Constitución se prohíbe el trabajo infantil hasta la edad de 14 años y pregunta si el Estado Parte tiene la intención de elevar esa edad mínima a los 16 años, como en la mayoría de los países, y ratificar el Convenio de la OIT relativo a la edad mínima.

55. En cuanto a la seguridad social, el orador observa con preocupación que la nueva ley sobre el tema tiende a cierta privatización y a la sustitución del sistema distributivo por un sistema basado en la participación personal.

56. Por último, refiriéndose al artículo 11, el orador hace suya la observación hecha por el UNICEF en su informe de 1996, según la cual la desnutrición y la malnutrición , que afectan especialmente a los niños pequeños, sobre todo en las zonas rurales, han sido objeto de iniciativas aisladas pero no de una estrategia global.

57. El orador señala que se plantea otro problema, a saber, el importante déficit en la construcción de viviendas y la gran cantidad de viviendas que no cumplen las normas de seguridad e higiene, e invita a la delegación a que indique qué tipo de préstamos se conceden a los propietarios y arrendatarios de clase media y baja que desean introducir mejoras en sus viviendas.

58. El Sr. THAPALIA también considera que la reserva relativa al derecho de sindicación es un anacronismo. Además, señala que, según el UNICEF, el porcentaje de niños de la calle parece haberse duplicado durante los últimos cuatro años. Toma nota con satisfacción de que se han puesto en marcha numerosos programas en favor de los niños de la calle, pero desea saber qué parte del presupuesto se destina a la lucha contra ese fenómeno y si se aplican medidas de prevención.

59. El Sr. SADI hace suyas las inquietudes formuladas con respecto a la situación de los niños y en particular pregunta qué consecuencias puede tener el matrimonio de hecho. Por ejemplo, cómo puede garantizarse la protección de los derechos del niño en caso de disolución de un matrimonio de hecho si en esos casos no hay sentencia de divorcio.

60. La Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO pregunta como asegura el Estado Parte la coordinación de los múltiples programas que se ejecutan a nivel local. A la oradora le parece que los programas de lucha contra la pobreza se centran principalmente en la población rural, y ella se pregunta cómo se aborda el problema de la pobreza en las ciudades. Además, pide a la delegación que haga una reseña general de las medidas de protección de la familia.

61. El Sr. GONZÁLEZ FÉLIX (México) dice que el Ministerio de Trabajo no tiene conocimiento de los 56 casos de discriminación en empresas maquiladoras mencionados por el Sr. Texier y pide al Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo que responda a esta cuestión.

62. El Sr. TIRADA ZAVALA (México) confirma que la mencionada lista no ha sido puesta en conocimiento del Ministerio, el cual desea consultarla para determinar si las oficinas locales competentes de la Inspección del Trabajo, creadas por el Ministerio de Trabajo, se han ocupado de esos casos, si se ha entablado una acción y si se han impuesto sanciones. El orador señala también que, además de la posibilidad de presentar una denuncia ante la Inspección del Trabajo, se puede entablar una acción judicial y obtener asistencia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Si se determina que hubo discriminación, e independientemente del procedimiento individual para exigir indemnización por daños y perjuicios, se aplican las sanciones establecidas por ley.

63. El Sr. ÁLVARO CASTRO ESTRADA (México) reafirma que el Gobierno se esfuerza por informar a los trabajadores, en particular a las mujeres, de sus derechos. Con tal fin se ha elaborado un programa nacional en favor de la mujer. Se han organizado seminarios de información sobre las vías de recurso de que disponen los trabajadores, se han enviado cartas de información tanto a los empleadores como a los empleados de las maquiladoras y se han realizado algunas campañas por radio y televisión sobre el tema. En vista de la popularidad de las telenovelas en México, en una de ellas también se informa a las mujeres sobre sus derechos. Sin embargo, no pueden imponerse sanciones sin previa presentación de las denuncias; ahora bien, dada la compleja situación económica y social de la mujer, ésta a menudo renuncia a su derecho de presentar una denuncia por temor a perder el empleo.

64. El Sr. GONZÁLEZ FÉLIX (México), señala, en respuesta al Sr. Ahmed, que hay varias religiones representadas en Chiapas. En los enfrentamientos que se vienen repitiendo en esa zona están implicados grupos religiosos intolerantes, y no las autoridades públicas, y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos trata de asumir el papel de mediador. En cuanto a los mexicanos que tratan de cruzar clandestinamente la frontera con los Estados Unidos de América, los accidentes se han multiplicado desde que las autoridades estadounidenses han reforzado el control de sus fronteras, lo que ha obligado a los clandestinos a optar por rutas más peligrosas. El Gobierno de México celebra periódicamente negociaciones con las autoridades estadounidenses para limitar los riesgos y, además, creó en 1990 el Grupo Beta. La función de ese grupo especial, integrado por 40 ó 50 personas, no es rechazar a los inmigrantes clandestinos sino protegerlos de actividades delictivas y reprimir esas actividades en la zona fronteriza. Además, se ha puesto en marcha un programa para proteger a las personas originarias de otros países que tratan de emigrar a México. Ningún ciudadano guatemalteco ha presentado denuncias por malos tratos en Chiapas. De hecho, México es tolerante con respecto a los trabajadores migratorios de Guatemala, puesto que el país acoge a más de 50.000 por año. Por lo demás, México es parte en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas .