Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Tercer informe periódico que Georgia debía presentar en 2007 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 16 de diciembre de 2022]

Índice

Página

I. Introducción3

II. Respuestas a las observaciones finales del Comité (E/C.12/1/Add.83)3

Respuesta al párrafo 283

Respuesta al párrafo 29 – Educación en derechos humanos7

Respuesta al párrafo 30 – Política de lucha contra la corrupción8

Respuesta al párrafo 31 – Desplazados internos9

Respuesta al párrafo 32 – Defensoría del Pueblo11

Respuesta al párrafo 33 – Derecho a trabajar12

Respuesta al párrafo 34 – Inspección del trabajo15

Respuesta al párrafo 35 – Seguridad social16

Respuesta al párrafo 36 – Igualdad de género y lucha contra la violencia doméstica18

Respuesta al párrafo 37 – Lucha contra la trata de personas20

Respuesta al párrafo 38 – Derechos del niño22

Respuesta al párrafo 3925

Respuesta al párrafo 40 – Mejora de las condiciones de vida29

Respuesta al párrafo 41 – Reforma agraria31

Respuesta al párrafo 42 – Instituciones de atención de la salud32

Respuesta al párrafo 43 – Atención a las personas con enfermedades mentales33

Respuesta al párrafo 44 – Medidas de prevención del VIH/sida34

Respuesta al párrafo 45 – Acceso a la educación primaria35

Respuesta al párrafo 46 – Calidad de la educación superior37

I. Introducción

1.De conformidad con el artículo 16 del Pacto, Georgia presenta su tercer informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el “informe”).

2.El presente informe tiene por objeto proporcionar información al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el “Comité”) sobre las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la observancia de los derechos consagrados en el Pacto.

3.Durante la elaboración del informe, Georgia se ha guiado por las directrices del Comité, las directrices armonizadas y las observaciones finales del Comité sobre el segundo informe periódico de Georgia.

4.Han participado en la preparación del informe todos los organismos competentes del Poder Ejecutivo, así como las autoridades judiciales y legislativas. El proceso ha sido coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, han participado en el proceso de elaboración del informe los siguientes organismos: la Secretaría de Derechos Humanos de la Administración del Gobierno, el Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales, el Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Cultura, Deportes y Juventud, el Ministerio de Justicia, la Oficina del Ministro de Estado para la Reconciliación y la Igualdad Cívica, el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructura, el Parlamento, el Consejo Superior de Justicia, la Escuela Superior de Justicia, la Oficina Nacional de Estadística, el Servicio de Asistencia Jurídica, y la Fiscalía General. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Cáucaso Meridional prestó su apoyo para la elaboración del informe.

5.El proyecto de informe se presentó a la Defensoría del Pueblo, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales para recabar su opinión. El Parlamento examinó el proyecto de informe con arreglo a las modificaciones introducidas en 2016 en el Reglamento del Parlamento. El informe se modificó en función de las observaciones recibidas.

II. Respuestas a las observaciones finales del Comité (E/C.12/1/Add.83)

Respuesta al párrafo 28

Marco legislativo e institucional

6.Desde la presentación del último informe, se han adoptado medidas significativas para mejorar la protección de los derechos sociales, económicos y culturales en el país.

7.Georgia es parte en los principales tratados internacionales de derechos humanos. Recientemente, Georgia se ha adherido a varios instrumentos internacionales importantes de protección de los derechos humanos, como la Carta Social Europea (revisada), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Según la Constitución de Georgia, un tratado internacional en que Georgia sea parte primará sobre los instrumentos normativos nacionales, a menos que el tratado entre en conflicto con la Constitución o el Acuerdo Constitucional de Georgia (artículo 4.5).

8.La reforma constitucional llevada a cabo de 2017 a 2018 reforzó la trascendencia constitucional y legislativa del principio del Estado social. Las modificaciones constitucionales se centraron especialmente en los derechos sociales, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del niño, la igualdad de género y el derecho de acceso a la información pública.

9.De conformidad con la reforma constitucional de 2017, Georgia es un Estado social (artículo 5.1). El Estado se ocupará de reforzar los principios de justicia social, igualdad social y solidaridad social en la sociedad (artículo 5.2). Asimismo, velará por garantizar un desarrollo socioeconómico y demográfico equitativo en todo el territorio del país (artículo 5.3). Además, deberá ocuparse de la atención de la salud y la protección social, garantizar unos medios de subsistencia suficientes y una vivienda digna, y proteger el bienestar de la familia. El Estado promoverá el empleo de los ciudadanos (artículo 5.4).

10.El fortalecimiento del principio del Estado social dio lugar a un aumento de la financiación de los programas sociales.

Cuadro I Presupuesto para asuntos sociales

Millones de laris	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Atención de la salud	905,9	1 046,0	1 136,3	1 218,0	1 327,8	1 872,7
Educación	1 074,0	1 287,9	1 457,0	1 570,4	1 904,4	1 896,7
Protección social	2 467,3	2 654,3	2 761,8	2 917,0	3 333,2	4 703,7
Total	9 659,4	10 522,1	11 474,6	12 351,2	14 465,9	17 189,1
Porcentaje del presupuesto pagadero
Atención de la salud	9	10	10	10	9	11
Educación	11	12	13	13	13	11
Protección social	26	25	24	24	23	27
Total	100	100	100	100	100	100

11.La Constitución reconoce que todas las personas son iguales ante la ley (artículo 11) y prohíbe la discriminación. El derecho a la igualdad exige no solo la igualdad ante la ley, sino también la promulgación de leyes basadas en el principio de igualdad. Además, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y defender sus intereses.

12.En 2014 el Parlamento aprobó la Ley de Georgia sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, que prohíbe la discriminación tanto en el sector público como en el privado.

13.En 2014 Georgia aprobó la Estrategia de Derechos Humanos (2014-2020), de carácter global, y los correspondientes planes de acción para los períodos 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2020. Ya se ha completado la preparación de la próxima estrategia nacional para el período 2022-2030. Una vez que sea aprobada, se elaborarán los planes de acción pertinentes.

14.La Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos, dependiente del Primer Ministro, garantizan la aplicación y el seguimiento efectivos de los planes nacionales. El Consejo está integrado por ministros, así como por representantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales con derecho a voto. El Consejo rinde cuentas de su labor ante el Parlamento mediante la presentación de informes anuales.

15.En 2019 se aprobó un documento nacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante el cual Georgia declaró los 17 ODS y estableció 93 tareas como prioridades del país. Se establecieron bases de referencia y metas para 200 indicadores.

16.El documento nacional sobre los ODS aborda de manera equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) y define a escala nacional las metas, los objetivos y los indicadores que servirán a Georgia para planificar sus políticas nacionales y sectoriales hasta 2030.

17.El Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales es responsable del desarrollo y la aplicación de la política estatal sobre trabajo, salud y protección social de la población, y de la política estatal sobre seguridad social y reasentamiento de los desplazados internos y los migrantes por motivos ambientales.

18.La Estrategia Estatal de Igualdad e Integración Cívicas y el plan de acción conexo constituyen uno de los instrumentos clave de la política estatal de igualdad e integración cívicas con respecto a las minorías étnicas. Su finalidad es apoyar a las minorías étnicas, promover su participación igualitaria y plena en todas las esferas de la vida pública, apoyar la diversidad cultural y reforzar un ambiente de tolerancia. Tras la finalización de la Estrategia para el período 2015-2020, el Gobierno de Georgia aprobó la Estrategia Estatal de Igualdad e Integración Cívicas (2021-2030) y el correspondiente plan de acción. En la Estrategia se establecen cinco prioridades interrelacionadas: 1) la lengua estatal para apoyar la integración; 2) el acceso a una educación de calidad; 3) la igualdad y la participación cívica y política; 4) la integración social y económica; y 5) el diálogo intercultural con especial atención a un mayor empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

19.La Oficina del Ministro de Estado para la Reconciliación y la Igualdad Cívica coordina el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de la Estrategia y los planes de acción conexos en estrecha colaboración con la Comisión Gubernamental. Los grupos de trabajo temáticos dependen de la Comisión.

20.En 2021 el Gobierno estableció el Comité de Coordinación Interinstitucional encargado de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité constituye un mecanismo nacional responsable de coordinar la aplicación de la Convención y de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y rinde cuentas de su labor al Gobierno.

21.Desde 2016, se ha ampliado el mandato de supervisión del Parlamento, en particular en relación con los derechos humanos y la aplicación de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. El Parlamento está autorizado a vigilar la situación de los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico del país mediante diversos mecanismos de supervisión. Además, el Parlamento tiene el mandato de examinar los informes de la Defensoría del Pueblo y los informes periódicos sobre la aplicación de los planes de acción del Gobierno y los tratados internacionales con el fin de evaluar y vigilar la situación de los derechos humanos en el país.

Situación de los derechos humanos en los territorios ocupados

22.La situación de los derechos humanos en las regiones ocupadas de Georgia es cada día peor. La ocupación ilegal de las regiones de Abjasia y Tsjinvali por la Federación de Rusia, las medidas encaminadas a lograr la anexión de hecho, el aumento de la militarización, la instalación de alambradas de espino y otras barreras artificiales a lo largo de la línea de ocupación y otras medidas ilegales dan lugar a graves violaciones de los derechos humanos.

23.Cientos de miles de desplazados internos y refugiados que se vieron obligados a abandonar sus hogares tras varias oleadas de depuración étnica siguen privados del derecho a regresar a su hogar en condiciones seguras y dignas.

24.En los territorios ocupados se sigue vulnerando el derecho a la vida de los ciudadanos georgianos, como evidencia la privación de la vida de Davit Basharuli en 2014, Giga Otkhozoria en 2016 y Archil Tatunashvili en 2018. En todos esos asesinatos participaron directamente representantes de los regímenes de ocupación. En 2019, el ciudadano georgiano Irakli Kvaratskhelia, detenido ilegalmente por las fuerzas de ocupación rusas, murió en la base militar rusa instalada de manera ilegal en la región de Abjasia. Resulta alarmante que, a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional y de la constructiva cooperación del Gobierno de Georgia, siga siendo imposible impartir justicia y castigar a los autores de esos delitos.

25.Las fuerzas de ocupación rusas siguen reforzando la línea de ocupación en las regiones de Abjasia y Tsjinvali mediante alambradas de espino y diversas barreras artificiales. Como consecuencia, las personas autóctonas que viven cerca de la línea de ocupación no pueden visitar a sus familiares y no tienen acceso a sus propiedades, tierras agrícolas, los monumentos religiosos o los cementerios. Tampoco pueden acceder a los servicios de salud y educación prestados en el territorio controlado por el Gobierno de Georgia.

26.Los regímenes de ocupación cierran constantemente los pasos para limitar la libertad de circulación. En el período 2016-2017, se cerraron cuatro de los seis pasos. El régimen de ocupación cierra regularmente los pasos restantes durante largos períodos aduciendo distintos pretextos. El 4 de septiembre de 2019, los pasos de la región de Tsjinvali fueron cerrados indefinidamente, lo que supuso el aislamiento total de la región y está llevando a la población local al borde de una crisis humanitaria, sobre todo en el distrito de Ajalgori, habitado principalmente por personas de etnia georgiana. Toda la región se enfrenta a escasez de alimentos y medicamentos. El cierre de los pasos afectó particularmente a los grupos vulnerables de la población, que no pueden recibir tratamiento médico ni cobrar su pensión en el territorio controlado por el Gobierno de Georgia. Varios ciudadanos que necesitaban asistencia médica urgente perdieron la vida debido a las restricciones, ya que tuvieron que sortear dificultades o no se les permitió cruzar la línea de ocupación.

27.Las detenciones ilegales y los secuestros son constantes en la línea de ocupación. Desde 2016, las fuerzas de ocupación rusas han detenido a 324 personas en Sujumi y a otras 573 en la región de Tsjinvali, entre ellas mujeres, personas de edad, niños, personal médico y miembros del clero.

28.Los georgianos que viven en los territorios ocupados son objeto de discriminación por motivos étnicos. Desde 2016, en Sujumi, las fuerzas de ocupación obligan a los residentes georgianos a registrarse como “extranjeros”. Mediante esa práctica ilegal, se siguen restringiendo los derechos de residencia, trabajo y propiedad de la población georgiana. La enseñanza en georgiano está prohibida en la región de Abjasia desde 2015 y en la región de Tsjinvali desde 2017. En los centros de enseñanza preescolar y las escuelas de Georgia se ha implantado gradualmente la enseñanza en ruso.

29.Los derechos de propiedad de las personas de etnia georgiana son objeto de graves violaciones en los territorios ocupados. Durante la agresión militar de la Federación de Rusia contra Georgia en 2008, decenas de miles de casas pertenecientes a personas de etnia georgiana fueron quemadas y destruidas de manera intencionada.

30.La grave situación de los derechos humanos en los territorios ocupados es especialmente preocupante por cuanto la Federación de Rusia no permite a los mecanismos internacionales de derechos humanos acceder a dichos territorios. Ni siquiera la Misión de Observación de la Unión Europea (EUMM) tiene acceso a las regiones de Abjasia y Tsjinvali, pese a que su mandato abarca todo el territorio de Georgia. Además, el 24 de octubre de 2019, las fuerzas de ocupación detuvieron a observadores de la EUMM que patrullaban cerca de la línea de ocupación, en territorio controlado por el Gobierno de Georgia.

31.La responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en las regiones ocupadas recae plenamente en la Federación de Rusia, que ejerce el control efectivo de las regiones de Abjasia y Tsjinvali. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 21 de enero de 2021, reconoció la ocupación y el control efectivo de la Federación de Rusia sobre las regiones de Abjasia y Tsjinvali, así como la responsabilidad de la Federación de Rusia por las violaciones masivas de los derechos humanos en esas regiones y por privar a los desplazados internos y a los refugiados del derecho a regresar a sus hogares.

32.El Gobierno se atiene sistemáticamente a su política de resolución pacífica de los conflictos y adopta todas las medidas diplomáticas, políticas, jurídicas y de otra índole a su alcance para proteger los derechos humanos en los territorios ocupados. A ese respecto, el Gobierno recurre de manera activa a fórmulas de negociación como los Debates Internacionales de Ginebra y el Mecanismo de Prevención de Incidentes y Respuesta en el marco de los Debates. Las cuestiones mencionadas se debaten activamente en todas las plataformas bilaterales y multilaterales pertinentes y quedan reflejadas en numerosos documentos aprobados por distintos países y organizaciones internacionales.

33.En el marco de la política de reconciliación y compromiso, el Gobierno sigue trabajando en la mejora de las condiciones humanitarias y socioeconómicas de la población que reside en las regiones ocupadas y los territorios adyacentes, así como en el restablecimiento de los contactos, el diálogo y la confianza entre la población dividida por las líneas de ocupación.

34.El Gobierno prestó una asistencia significativa a las regiones ocupadas de Georgia durante la pandemia de COVID-19. Con el fin de atender a los pacientes de la región de Abjasia, el Gobierno agilizó la apertura del hospital de Rukhi, cerca de la línea de ocupación. Además, se aplicaron con carácter urgente distintas medidas, como la preparación y difusión, en abjasio y osetio, de información, recomendaciones y protocolos de protección contra el coronavirus; el lanzamiento del sitio web oficial www.StopCov.ge, en abjasio y osetio; el suministro frecuente de equipo médico, medicamentos y productos de higiene a la región; y la realización de consultas médicas en línea de manera periódica. En el territorio controlado por el Gobierno de Georgia se atendió a unos 1.000 pacientes infectados de las regiones de Abjasia y Tsjinvali. El programa de vacunación contra la COVID-19 se hizo extensivo a la población residente en los territorios ocupados.

35.El programa estatal de servicios de derivación de pacientes sigue funcionando eficazmente, lo que permite prestar servicios de salud gratuitos en instituciones médicas de Georgia a las personas que residen en los territorios ocupados. Desde 2014, se ha atendido a 13.549 personas a través de ese programa.

36.Para atenuar las consecuencias de la pandemia de COVID-19, se proporcionó asistencia social a 3.353 familias en situación de vulnerabilidad residentes en las 116 aldeas afectadas por el conflicto situadas a lo largo de las líneas de ocupación.

37.Con objeto de mejorar la situación socioeconómica de la población afectada por el conflicto, en el marco de la iniciativa de paz “Un paso hacia un futuro mejor”, se puso en marcha el Fondo para la Paz destinado a apoyar proyectos comerciales conjuntos a ambos lados de las líneas de ocupación, mediante mecanismos neutrales respecto al estatus. A través de dos concursos de subvenciones del Fondo, se recibieron 111 solicitudes de empresas de los territorios ocupados de Georgia, de las que 49 fueron seleccionadas para recibir financiación.

38.Con el fin de facilitar el acceso a una educación de calidad a los jóvenes residentes en los territorios ocupados, en el marco de la política de reconciliación y compromiso se pusieron en marcha programas especiales basados en las necesidades, que garantizan una educación de calidad en todos los niveles, tanto en el territorio controlado por el Gobierno de Georgia como en el extranjero.

Respuesta al párrafo 29 – Educación en derechos humanos

39.Las reformas en curso en materia de derechos humanos abarcan la capacitación de los funcionarios públicos y la judicatura. Los planes de acción sobre derechos humanos, además de los planes de acción sobre desarrollo sectorial o institucional, prestan especial atención a la mejora de las cualificaciones de los funcionarios en la esfera de los derechos humanos.

40.Con el fin de promover la protección de los derechos humanos, se llevan a cabo regularmente varios programas de educación en derechos humanos, en colaboración con distintas organizaciones internacionales o no gubernamentales. Se presta especial atención a la formación sobre las normas internacionales previstas en los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, se preparan constantemente recursos formativos (módulos de capacitación revisados, directrices, instrucciones) para los funcionarios de la Administración.

41.En el anexo I figura información sobre la participación de funcionarios públicos en los programas formativos en el período 2015-2020. En ese período, la Escuela Superior de Justicia impartió 139 cursos de formación sobre derechos humanos a los que asistieron 2.354 miembros de la judicatura y 47 cursos de capacitación que contaron con un total de 553 participantes (véase el anexo II).

42.Se presta también especial atención a la capacitación y el reciclaje profesional de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La capacitación de fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abarca cuestiones como la prohibición de la discriminación, los principales instrumentos internacionales y la legislación nacional sobre derechos humanos, la discriminación directa e indirecta, las obligaciones positivas de los Estados, la prohibición de la discriminación basada en distintos motivos, la investigación de los actos de discriminación intencional y los delitos de odio y la identificación de los motivos de odio.

43.La educación en derechos humanos está contemplada en el plan de estudios nacional de la enseñanza secundaria. Las asignaturas Yo y la Sociedad (en los grados III y IV), Nuestra Georgia (en los grados V y VI) y Ciudadanía (en los grados X, XI y XII) tienen como objetivo promover la formación del alumnado en valores humanos, la conciencia sobre los derechos y deberes de los niños, la tolerancia hacia personas de diferentes culturas y nacionalidades, los medios pacíficos de resolución de conflictos y la no discriminación. Además, de manera regular se capacita y se readiestra al personal docente de las escuelas en relación con las normas de derechos humanos. En el anexo III figura información sobre la formación impartida.

44.Las instituciones de educación superior de Georgia imparten cursos de formación sobre derechos humanos en el marco de programas educativos de diferentes niveles.

Respuesta al párrafo 30 – Política de lucha contra la corrupción

45.Con el fin de establecer una política estatal anticorrupción y garantizar una lucha coordinada contra la corrupción, en 2008, el Presidente de Georgia creó el Consejo de Coordinación Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupción (Consejo Anticorrupción). Desde 2013, el Consejo Anticorrupción rinde cuentas de su actividad al Gobierno, que determina su composición, mandato y reglamento.

46.Desde marzo de 2021, el Consejo Anticorrupción está presidido por la Administración del Gobierno y cuenta con 57 miembros, de los que 23 son organizaciones de los sectores no gubernamental, internacional y empresarial. El Consejo ha elaborado estrategias y planes de acción de lucha contra la corrupción, que han sido aprobados por el Gobierno. La sociedad civil desempeña un papel activo en la aplicación de las reformas destinadas a luchar contra la corrupción, incluidas la elaboración y supervisión de estrategias y planes de acción anticorrupción.

47.Gracias a las importantes reformas introducidas, Georgia es el país más exitoso de Europa Oriental en la lucha contra la corrupción y tiene una de las tasas de corrupción más bajas de los países europeos. Conviene señalar que, según el índice de estado de derecho del World Justice Project de 2019, Georgia sigue liderando la clasificación y ocupa el primer puesto en la región de Europa Oriental y Asia central. De acuerdo con el índice de presupuesto abierto de 2017, Georgia ocupa el quinto puesto en cuanto a transparencia en la elaboración de presupuestos. En lo que respecta a la participación pública en la planificación presupuestaria, Georgia ocupa el 13er puesto entre los 117 países evaluados. Según el índice de percepción de la corrupción de 2020 estimado por Transparency International, Georgia sigue ocupando el 1er puesto en Europa Oriental y Asia Central y el 45º puesto en todo el mundo, con una puntuación de 56 puntos. De acuerdo con el índice de riesgo de corrupción empresarial de 2020 estimado por TRACE International, Georgia ocupa el 28º puesto a escala mundial. Gracias a la aplicación de reformas sistemáticas, se ha conseguido acabar con la corrupción en el sector administrativo, que presta servicios a la ciudadanía diariamente.

48.Para prevenir la corrupción, se ha reforzado la normativa institucional y legislativa. En particular, se ha creado un sistema electrónico de contratación pública y un mecanismo de presentación y control de las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos. También se han puesto en marcha programas electrónicos de tesorería y presupuestación, que permiten investigar eficazmente cualquier delito de corrupción. Además, se ha creado una innovadora plataforma web de visualización de datos, Budget Monitor, que permite a las partes interesadas y a la ciudadanía consultar el estado de las finanzas públicas.

49.Se ha modificado la legislación de Georgia para mejorar la financiación de los partidos políticos y establecer más mecanismos de protección de los denunciantes de irregularidades. Se han reforzado la independencia judicial y la obligación de rendir cuentas. Se ha aumentado la transparencia de las actividades del Consejo Superior de Justicia. Y se ha mejorado el procedimiento de selección de jueces.

50.A finales de 2019 el Consejo Anticorrupción aprobó una metodología de evaluación del riesgo de corrupción desarrollada con arreglo a normas y mejores prácticas internacionales.

51.El Código Presupuestario de Georgia establece que la transparencia es un principio fundamental del sistema presupuestario. Los proyectos de presupuesto deberán debatirse públicamente en los órganos representativos con la participación de la ciudadanía y los medios de comunicación. Se publicarán los presupuestos aprobados y los informes sobre su ejecución, y toda persona física o jurídica tendrá acceso a la información sobre los presupuestos.

Respuesta al párrafo 31 – Desplazados internos

52.El Estado ha creado un amplio marco legal, documentos de política y programas estatales para garantizar la regularización de la condición jurídica de los desplazados internos y la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente, en Georgia hay 289.925 desplazados internos y 91.627 familias desplazadas.

53.La Ley de Georgia sobre Desplazados Internos de los Territorios Ocupados de Georgia y otros instrumentos jurídicos regulan la condición jurídica de los desplazados internos. Determinan la condición jurídica de los desplazados internos, los motivos y el procedimiento de concesión, cese, retirada y restablecimiento de la condición de desplazado interno, las garantías jurídicas, económicas y sociales de los desplazados internos, así como sus derechos y obligaciones.

54.Según la legislación nacional, un desplazado interno es un ciudadano de Georgia, o un apátrida con estatus migratorio legal en Georgia, que se ha visto forzado a abandonar su lugar de residencia habitual debido a que la ocupación territorial por parte de otro país, una agresión, un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada o violaciones masivas de los derechos humanos han puesto en peligro su vida, su salud o su libertad o las de sus familiares o le impiden regresar a su lugar de residencia habitual.

55.La condición de desplazado interno se adquiere de manera voluntaria. Los desplazados internos gozan de todos los derechos de los ciudadanos de Georgia, incluidos el derecho a elegir el lugar de residencia, el derecho a beneficiarse de los programas de protección social, salud y educación (públicos o de otra índole), el derecho a la libertad de actividad económica y acceso a los recursos financieros, y el derecho a participar en las elecciones. La legislación prohíbe toda discriminación contra los desplazados internos que les impida ejercer sus derechos y libertades.

56.La Estrategia Estatal sobre los Desplazados Internos de 2007 establece dos objetivos principales: crear las condiciones necesarias para garantizar el retorno digno y seguro de los desplazados internos, y promover unas condiciones de vida dignas para la población desplazada y la participación de dicha población en la vida pública. Se elaboraron siete planes de acción para aplicar la Estrategia.

57.En el marco del Programa de Atención Universal de la Salud, las familias de desplazados internos reasentadas en zonas residenciales adquiridas, rehabilitadas o de nueva construcción por el Estado u otras entidades jurídicas, disfrutan de los siguientes servicios sin cofinanciación: servicios ambulatorios programados, pruebas diagnósticas y analíticas, medicamentos para enfermedades crónicas, servicios ambulatorios y hospitalarios de urgencia, intervenciones quirúrgicas programadas, quimioterapia, hormonoterapia y radioterapia, asistencia al parto y cesárea, y tratamiento de enfermedades infecciosas.

58.Hay familias de desplazados internos que se benefician de los referidos servicios en el marco del Programa de Atención Universal de la Salud, con una cofinanciación acorde con la categoría que les corresponda.

59.Los desplazados internos se pueden beneficiar de programas estatales de asistencia social y formación profesional. El Estado financia los gastos de viaje de los desplazados internos que participan en los programas. Se garantiza la igualdad de acceso a la formación profesional a todos los grupos sociales, de modo que los desplazados internos tienen la oportunidad de adquirir formación profesional.

60.Con objeto de fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y el emprendimiento entre los desplazados internos, desde 2014 se han puesto en marcha programas de fomento de los medios de subsistencia, como los destinados a financiar pequeñas empresas y promover el emprendimiento. En el marco de varios de esos programas (programa de subvenciones a pequeñas empresas, programa de promoción de la formación profesional, programa de seguros agrícolas, etc.), en total se concedieron a los desplazados internos unos 6 millones de laris en el período 2015-2021. Desde 2016, la Agencia para los Desplazados Internos, los Migrantes por Motivos Ecológicos y los Medios de Vida ha financiado a unas 2.300 familias de desplazados internos.

61.En el marco del componente de microempresas y pequeñas empresas del Programa Produce en Georgia, de carácter estatal, se adjudicaron 846.295 laris a 44 propuestas de desplazados internos mediante un proceso de selección competitivo.

62.En el cuadro que figura a continuación se indican los recursos estatales destinados en el período 2015-2021 a garantizar unas condiciones de vida dignas a los desplazados internos.

Cuadro II Financiación destinada a garantizar unas condiciones de vida dignas a los desplazados internos

Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recursos estatales (millones de laris)	61,9	73,4	87,2	121,2	63,8	68,8	61,8

63.El proceso de reasentamiento de los desplazados internos se lleva a cabo según unos procedimientos y criterios precisos. Los desplazados internos pueden elegir una vivienda o una región de reasentamiento en concreto. Se les protege contra el desalojo forzoso. Georgia es uno de los pocos países en los que se realiza la transferencia de viviendas públicas a desplazados internos en régimen de propiedad privada. Se han transferido viviendas a más de 34.000 familias desplazadas.

64.En el período 2015-2021, el presupuesto estatal para el reasentamiento de desplazados internos fue de 538 millones de laris. En 2021, unas 91.627 familias desplazadas (49 %) recibieron una vivienda a largo plazo.

65.En 2015 se puso en marcha un programa de alojamiento temporal para familias desplazadas, con ayudas económicas para el alquiler de viviendas. Unas 8.700 familias desplazadas se han beneficiado de ese programa. Se han llevado a cabo diversas obras de reacondicionamiento de las instalaciones de más de 20 asentamientos de desplazados internos.

66.En las zonas en las que la titularidad de la propiedad se transfiere a desplazados internos se dan las condiciones necesarias para llevar una vida digna y se respetan las normas sanitarias y de seguridad. Las viviendas nuevas tienen contadores individuales de agua y otros servicios. Además, se llevan a cabo obras de reparación y reacondicionamiento en las instalaciones de alojamiento de los asentamientos compactos de desplazados internos, tras una evaluación de las necesidades. También se realizan constantemente obras de reparación y reacondicionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en las instalaciones de las zonas de reasentamiento compacto de desplazados internos.

67.Desde 2015, se concede, una única vez, asistencia en efectivo a las familias desplazadas que hayan adquirido una vivienda mediante un préstamo hipotecario, si se trata de su única propiedad. En 2019 se puso en marcha un programa sobre la transferencia de viviendas a familias de veteranos de guerra desplazadas.

68.Se registraron hasta 70.000 bienes inmuebles en los territorios ocupados para proteger los derechos de propiedad de los desplazados internos y proporcionarles un documento acreditativo de esos derechos.

69.Las decisiones relacionadas con los desplazados internos se toman en cooperación con organizaciones internacionales y locales que trabajan en esa esfera. Antes de adoptar decisiones importantes o de poner en marcha un nuevo proyecto, se consulta a las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los grupos regionales de iniciativa sobre desplazados internos. Periódicamente se realizan encuestas a los desplazados internos y se tienen en cuenta sus intereses en el proceso de adopción de decisiones.

70.Se protege el derecho de los desplazados internos a tomar una decisión informada en el proceso de reasentamiento a largo plazo y, cuando se desarrollan programas para los desplazados internos, se da prioridad a los programas en los que pueden participar. Por ejemplo, mediante el proyecto de compra de viviendas, los desplazados internos eligen sus propias casas y la Agencia les ayuda en la compra de la vivienda seleccionada.

Respuesta al párrafo 32 – Defensoría del Pueblo

71.La Defensoría del Pueblo de Georgia es un organismo constitucional que supervisa la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el territorio y la jurisdicción de Georgia (artículo 35 de la Constitución).

72.La Defensoría del Pueblo desarrolla su actividad de forma independiente. La legislación ofrece garantías financieras y jurídicas para facilitar la ejecución de su mandato.

73.De conformidad con la legislación de lucha contra la discriminación promulgada en 2014, el mandato de la Defensoría del Pueblo se amplió para incluir cuestiones relacionadas con la eliminación de la discriminación y la garantía de la igualdad.

74.Con objeto de desempeñar las funciones que le asigna la ley, la Defensoría del Pueblo creó el Departamento de Igualdad. Mediante las modificaciones legislativas aprobadas en 2019, se amplió aún más el mandato de la Defensoría del Pueblo y se le otorgó la facultad de recurrir a los tribunales si una persona jurídica u otro sujeto de derecho privado no responde a sus recomendaciones o no las acepta.

75.A fin de garantizar que la Defensoría del Pueblo desempeñe eficazmente las nuevas tareas que le asigna la ley, en los últimos años se ha incrementado significativamente su financiación. En 2014, el presupuesto aprobado de la Defensoría del Pueblo fue de 2,380 millones de laris; en 2015, de 4 millones de laris; en 2016, de 4,5 millones de laris; en 2017, de 4,8 millones de laris; en 2018, de 5,5 millones de laris; en 2019, de 6,4 millones de laris; en 2020, de 7 millones de laris; en 2021, de 8,5 millones de laris, y en 2022, de 8,869 millones de laris.

76.La Defensoría del Pueblo desempeña sus funciones por conducto de su sede central y diez oficinas regionales. La sede central desarrolla su actividad a través de 13 departamentos y 8 divisiones. En el siguiente cuadro figura información relativa al número de empleados.

Cuadro III Empleados de la Defensoría del Pueblo

Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Puestos	123	123	125	123	123	123	123
Puestos vacantes	35	18	10	7	15	11	16
Puestos ocupados	88	105	113	116	108	112	107

Respuesta al párrafo 33 – Derecho a trabajar

77.A continuación se presentan datos sobre la tasa de desempleo en el período 2015‑2020.

Cuadro IVTasa de desempleo(En porcentaje)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	21,9	21,7	21,6	19,2	17,6	18,5
Mujeres	20,0	17,6	20,4	17,6	16,0	16,2
Hombres	23,5	24,9	22,6	20,6	18,9	20,2
Ciudades	25,5	24,8	25,1	20,4	18,2	20,3
Pueblos	16,3	16,9	16,4	17,6	16,7	15,8

78.En el siguiente cuadro figuran datos relativos a la fuerza de trabajo en 2020.

Cuadro V Fuerza de trabajo en Georgia

Núm ero de personas ( por 1.000)	Total	Mujeres	Hombres	Ciudades	Pueblos
Población de 15 años o más	3 018,5	1 613,9	1 404,6	1 706,2	1 312,3
Fuerza de trabajo	1 523,7	652,7	871,0	920,4	603,3
Población empleada	1 241,8	546,9	695,0	733,7	508,2
Por cuenta ajena	845,3	416,1	429,1	599,7	245,5
Por cuenta propia	395,9	130,7	265,2	133,4	262,5
Empleados en el sector informal	0,7	0,0	0,7	0,5	0,2
Población desempleada	281,9	105,8	176,1	186,7	95,2
Población no activa	1 494,8	961,3	533,5	785,9	708,9
Tasa de desempleo ( porcentaje )	18,5	16,2	20,2	20,3	15,8
Tasa de participación en la fuerza de trabajo ( porcentaje )	50,5	40,4	62,0	53,9	46,0
Tasa de empleo ( porcentaje )	41,1	33,9	49,5	43,0	38,7

79.En 2020 el salario medio en Georgia era de 1.191 laris. La cuantía del mínimo de subsistencia, que varía mensualmente, se determina en función del sistema de precios de mercado vigente y de la composición y el tamaño de la canasta de subsistencia en el país.

80.La Constitución establece que el Estado deberá promover el empleo de los ciudadanos (artículo 5.4), y proteger la libertad de trabajar, la libertad de asociación profesional, el derecho de huelga y la libertad de empresa (artículo 26). El derecho a la igualdad consagrado en el artículo 11 de la Constitución también se aplica al ejercicio del derecho a trabajar. Toda persona tiene derecho a elegir libremente un trabajo. Las leyes orgánicas protegen el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y otros derechos laborales.

81.En 2020, en el marco de la reforma de la legislación laboral, se llevaron a cabo modificaciones legislativas e institucionales destinadas a proteger los derechos laborales, garantizar condiciones dignas para un trabajo decente, supervisar el cumplimiento de la legislación laboral, prohibir la discriminación en las relaciones laborales, promover el empleo de personas vulnerables y desfavorecidas, y garantizar condiciones de trabajo seguras.

Cuadro VI Normas de trabajo

Normas sobre horario de trabajo
Norma general	40 horas semanales
Jóvenes de 16 a 18 años	36 horas semanales 6 horas diarias
Jóvenes de 14 a 16 años	24 horas semanales 4 horas diarias
Vacaciones y licencias laborales
Vacaciones remuneradas	24 días laborables anuales
Licencias no remuneradas	15 días anuales
Actividades laborales penosas, nocivas o peligrosas	10 días extra anuales

82.Los empleadores están obligados a garantizar un mínimo de 24 horas de descanso ininterrumpido cada siete días a todos sus empleados. Por acuerdo entre las partes, el empleado puede disfrutar de dos períodos de descanso consecutivos de 24 horas en un máximo de 14 días.

83.La discriminación por motivos de género en las relaciones laborales es contraria a la ley. El Código del Trabajo establece el principio de igual salario por trabajo igual para mujeres y hombres y la licencia de maternidad.

84.Además de prohibirse la discriminación de forma general, también se ha prohibido en ámbitos y tipos de relaciones específicos, incluidos el empleo, la atención de la salud, la educación y los servicios sociales. Los empleadores deben respetar el principio de igualdad de las personas en las relaciones laborales contractuales y precontractuales. La discriminación por cualquier motivo es inadmisible en el anuncio de una vacante y durante la fase de entrevistas.

85.Desde 2013, se está llevando a cabo el registro de vacantes y solicitantes de empleo en el sistema de información sobre gestión del mercado laboral (www.worknet.gov.ge). En 2021, había 395.877 solicitantes de empleo registrados en la base de datos, de los que 350.009 formaban parte de la población activa y 111.204 habían sido contratados.

86.Desde 2015, el Gobierno ha venido aplicando una política activa de mercado de trabajo mediante programas estatales de promoción del empleo destinados a aumentar la competitividad (formación profesional, reciclaje profesional, desarrollo de competencias clave y pasantías) de los solicitantes de empleo en el mercado laboral, incluidos los grupos vulnerables (jóvenes, personas con discapacidad, etc.), para promover el empleo. Los programas también tienen como finalidad el desarrollo de políticas activas de mercado de trabajo y la facilitación del empleo en el país. En el período 2015-2021, se destinó a los programas de empleo un presupuesto de 18.295.000 millones de laris.

87.Con el fin de cumplir las exigencias de los convenios internacionales ratificados por Georgia en materia de trabajo y empleo, y promover el funcionamiento eficaz de los servicios de empleo y el mercado laboral, el Gobierno de Georgia aprobó en 2019 la Estrategia Nacional de la Política de Trabajo y Empleo de Georgia (2019-2023), que refleja la visión del Gobierno sobre las reformas y medidas sistemáticas y estratégicas que deben aplicarse en la esfera del trabajo y el empleo en un plazo de cinco años.

88.En 2019 se creó la Agencia Estatal de Apoyo al Empleo (Agencia de Empleo), que está en funcionamiento desde el 1 de enero de 2020 con el objetivo de apoyar el trabajo y el empleo, y aplicar medidas de empleo y una política activa de mercado de trabajo, incluida la creación de oportunidades de empleo legal en el extranjero. La Ley de Georgia de Facilitación del Empleo, de 2020, regula las actividades estatales relacionadas con la facilitación del empleo y designa las instituciones encargadas de promover una política activa de mercado de trabajo y empleo.

89.En el marco de los programas de facilitación del empleo, se llevan a cabo las siguientes medidas en beneficio de las personas con discapacidad: i) Prestación de servicios de apoyo al empleo, incluidos servicios de intermediación para la contratación de personas con discapacidad; ii) Subvenciones salariales, consistentes en que el Estado se hace cargo del 50 % de los salarios, no más de tres meses, hasta un máximo de 560 laris. Una vez finalizada la subvención, el empleador deberá prorrogar el contrato de trabajo al beneficiario durante al menos nueve meses, con arreglo a la legislación; iii) Creación de lugares de trabajo protegidos; iv) Mejora de las cualificaciones mediante cursos de formación y reciclaje profesional.

90.En 2021 se registraron en el sistema de información sobre gestión del mercado de trabajo 8.994 solicitantes de empleo, de los que 5.154 eran mujeres y 278 personas con discapacidad. El 1 de enero de 2022 había 350.009 solicitantes de empleo registrados en el sistema. En 2021 se contrató a 3.812 solicitantes de empleo, incluidas 115 personas con discapacidad.

91.En 2020 el Gobierno anunció un programa de empleo público, que ofrecía empleo a personas en situación de vulnerabilidad social aptas para trabajar. Si un miembro de una familia que percibe el subsidio de subsistencia se acoge a ese programa y solicita un empleo, se mantendrá el pago de la prestación social.

92.Se puso en marcha la reforma de los programas de formación profesional para ajustarlos a las exigencias del mercado de trabajo. El Estado financia la formación profesional. En 2021, se impartió formación profesional en Tiflis y en 37 municipios.

93.Se desarrolló un enfoque alternativo a las pruebas de aptitud profesional para facilitar a las personas con necesidades educativas especiales y a las personas con discapacidad el acceso a la formación profesional. Se introdujeron servicios de especialistas en formación profesional inclusiva, asistentes en el proceso de aprendizaje, asistentes personales, intérpretes de lengua de señas y especialistas en orientación y movilidad. Además, se desarrollaron recursos educativos especializados. Todos los centros de formación profesional están adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y las personas con necesidades educativas especiales y, en particular, cuatro de ellos han sido adaptados conforme a los principios del diseño universal (normativa noruega).

94.Desde 2017, el Estado asigna trimestralmente bonos de 1.000 laris a las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales que están matriculadas en centros de formación profesional para que reciban servicios adaptados a sus necesidades. Se imparte formación especializada al profesorado. En el período 2017-2020, se matricularon en programas estatales de formación profesional 20.985 personas, incluidas 941 personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales (244 en 2017; 273 en 2018; 262 en 2019; 162 en 2020, y 199 en 2021).

95.Los miembros de las minorías étnicas pueden realizar las pruebas de aptitud profesional en su lengua materna. En el período 2018-2020, 353 personas realizaron las pruebas en armenio, ruso o azerbaiyano y las aprobaron, y 326 de ellas se matricularon en un centro de formación profesional. Se están tomando medidas para establecer centros de formación profesional en municipios densamente poblados por minorías étnicas. En 2021 250 personas realizaron las pruebas en alguna lengua distinta a la oficial y se matricularon en programas de formación profesional.

96.En los municipios densamente poblados por minorías étnicas periódicamente se llevan a cabo, a gran escala y puerta a puerta, campañas dinámicas de información y concienciación sobre los programas y servicios estatales (en las esferas de la educación, la atención de la salud, la agricultura, la asistencia jurídica, las oportunidades de empleo, etc.), también en las lenguas minoritarias.

97.Para promover la concertación social en el país y el diálogo social entre empleadores, empleados y el Gobierno, en 2013 se creó la Comisión Tripartita de Concertación Social, que sustituyó a la comisión temporal sobre relaciones laborales y diálogo social. La Comisión Tripartita está integrada por representantes del Gobierno, los sindicatos de empleadores que desarrollan su actividad en diversos sectores en todo el país y los sindicatos de trabajadores.

Respuesta al párrafo 34 – Inspección del trabajo

98.El Departamento de Inspección de las Condiciones Laborales, creado en 2015 y dependiente del Ministerio de Salud, se encarga de supervisar la protección de las condiciones laborales. En el período 2015-2017, el mandato del Departamento se limitó a la formulación de recomendaciones. En 2016 la Inspección de Trabajo llevó a cabo inspecciones recomendatorias en relación con la protección de los derechos laborales.

99.En virtud de la Resolución núm. 112/2016 del Gobierno de Georgia, se aprobó la normativa de supervisión por parte del Estado para prevenir y combatir el trabajo forzoso y la explotación laboral. Según lo dispuesto en la normativa, la Inspección de Trabajo se define como un organismo de supervisión que realiza inspecciones programadas o sin previo aviso para detectar casos de trabajo forzoso y explotación laboral y tomar medidas al respecto.

100.En 2018 se aprobó la Ley de Seguridad Laboral, que inicialmente abarcaba las actividades laborales penosas, nocivas o peligrosas, y, desde agosto de 2018, la Inspección de Trabajo ha venido realizando inspecciones obligatorias de seguridad laboral en los sectores en los que se realizan ese tipo de actividades.

101.El 19 de febrero de 2019, se aprobó la Ley de Seguridad Laboral como ley orgánica y, a partir del 1 de septiembre de 2019, su ámbito de aplicación se hizo extensivo a todas las esferas de la actividad económica. Asimismo, se confirió al organismo supervisor la facultad de realizar una inspección de las normas de seguridad en cualquier momento, de día o de noche, sin que tenga que contar con una autorización judicial ni avisar con antelación. Además, mediante la referida ley se endurecieron las sanciones por obstaculizar y paralizar la labor de la Inspección de Trabajo. También se definieron los derechos y deberes, las funciones y el alcance de la responsabilidad de los empleadores y los empleados.

102.Con la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Laboral, se redujo el número de víctimas mortales de accidentes laborales. En 2021, la cifra fue un 31 % menor que en 2018, un 18 % menor que en 2019 y un 5 % menor que en 2020.

103.El 29 de septiembre de 2020, en el marco de la reforma de la legislación laboral, el Parlamento de Georgia introdujo una serie de enmiendas en el Código del Trabajo y aprobó la Ley del Servicio de Inspección del Trabajo, con el objetivo de establecer y definir los principios fundamentales, el mandato y las funciones del organismo supervisor, el Servicio de Inspección del Trabajo, que es una entidad jurídica de derecho público, y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral. El 1 de enero de 2021, el Servicio de Inspección del Trabajo pasó a ser un organismo independiente del Ministerio de Salud. Su mandato abarca y garantiza la supervisión de los derechos laborales previstos en la Ley Orgánica de Seguridad Laboral, el Código del Trabajo y la Ley de Georgia de la Función Pública, lo que incluye la detección oportuna y la prevención de la discriminación directa e indirecta, el acoso sexual y otras formas de discriminación basadas en el género, el trabajo forzoso y la explotación laboral, así como el cumplimiento de los acuerdos de mediación laboral y de otras cuestiones críticas establecidas en la legislación laboral.

104.El mandato y la autoridad del Servicio de Inspección del Trabajo se van ampliando de manera gradual. Se siguen reforzando sus capacidades y se aumenta su presupuesto anual a medida que se contratan más inspectores de trabajo.

Cuadro VII Presupuesto de la Inspección de Trabajo

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Empleados	25	25	25	40	40	100	109
Presupuesto (laris)	500 000	550 000	570 000	910 000	3 210 000	3 210 000	5 976 600

105.En el período 2015-2020, los inspectores de trabajo fueron contratados por el Departamento de Inspección de las Condiciones Laborales del Ministerio de Salud. En 2021 el Servicio de Inspección del Trabajo contaba con 167 empleados, incluidos 109 inspectores de trabajo. Además, se mejoró la situación laboral de los inspectores de trabajo, que pasaron a ser funcionarios públicos con mayores garantías de protección jurídica y social.

Cuadro VIII Inspecciones del trabajo

#	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inspecciones	120	287	392	465	1 575	359	1 540
Lugares de trabajo/establecimientos inspeccionados	120	287	392	1 465	835	304	834
Recomendaciones por escrito	n. a.	465	4 806	1 617	6 304
Establecimientos que resolvieron todos los problemas detectados en inspecciones anteriores	6	127	14	126
Establecimientos sancionados por infracciones administrativas		5	202	155	323
Establecimientos que tuvieron que suspender su actividad debido a infracciones graves		0	92	103	85

106.En la Resolución núm. 322 del Gobierno de Georgia, de 23 de mayo de 2020, sobre la aprobación de normas de aislamiento y cuarentena, se designó la Inspección de Trabajo como el principal organismo de supervisión de la aplicación de la Resolución. En el período 2020-2021, el Servicio de Inspección del Trabajo y los organismos estatales competentes llevaron a cabo el seguimiento y la supervisión de las medidas establecidas para impedir la propagación de la COVID-19, así como actividades de concienciación.

Respuesta al párrafo 35 – Seguridad social

107.De conformidad con la Constitución, Georgia es un Estado social y se ocupa de reforzar los principios de justicia social, igualdad social y solidaridad social en la sociedad.

108.El sistema de protección social consta de dos componentes principales: la asistencia social destinada a las familias que viven por debajo del umbral de pobreza y el sistema de pensiones.

109.La red de seguridad social de Georgia se estableció en 2004. En 2006 se puso en marcha un programa de asistencia social destinado a ayudar económicamente a la población por debajo del umbral de pobreza y a las familias vulnerables. Ese sistema sustituyó al anterior sistema de asistencia a distintos grupos destinatarios.

110.El sistema de asistencia social incluye ayudas económicas directas (proporcionadas por las autoridades locales o centrales a determinados beneficiarios de forma periódica o una sola vez), ayudas económicas indirectas consistentes en subsidios (una cantidad asignada por los organismos locales o centrales para que los beneficiarios y sus familias puedan disfrutar de ayudas de diversa índole, como servicios públicos y transporte) y servicios (ayudas complementarias proporcionadas por los organismos locales y centrales).

111.En el marco del programa de asistencia social, reciben ayuda económica los hogares que, tras una evaluación de su situación familiar, obtengan una puntuación inferior al valor establecido por ley. Cualquier familia puede solicitar asistencia si considera que está en situación de vulnerabilidad social en función de sus condiciones socioeconómicas, necesita ayuda y está dispuesta a recibirla. La asistencia se presta de forma ininterrumpida hasta que concurra algún motivo para su suspensión o finalización.

112.Las prestaciones sociales (pensión, indemnización, paquete de ayudas sociales, subsidio de subsistencia, etc.) se abonan eficazmente a tiempo cada mes a través de una entidad bancaria. El ingreso se realiza sin costo alguno en una cuenta bancaria abierta a nombre de cada beneficiario. La entidad bancaria dispone de un servicio de pago a domicilio en caso de que el beneficiario no pueda acudir a la entidad. Ese servicio de pago a domicilio de las prestaciones sociales se ofrece también gratuitamente en los asentamientos de alta montaña mediante vehículos especiales.

113.El requisito para disfrutar del derecho a una pensión es haber alcanzado la edad de jubilación, fijada en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. La Ley de Pensiones del Estado se aplica a los ciudadanos de Georgia, los apátridas con estatus migratorio legal en Georgia y los extranjeros que hayan residido legalmente en el territorio de Georgia durante al menos diez años en el momento de solicitar la pensión.

114.En 2018 se aprobó la Ley de Pensiones por Capitalización, que modifica sustancialmente el sistema de pensiones. Se aplica a los ciudadanos de Georgia, los ciudadanos de otros países con residencia permanente en Georgia y los apátridas (salvo personas físicas no residentes) con independencia de las pensiones estatales y las indemnizaciones estatales. La cotización al sistema de pensiones por capitalización es obligatoria para todos los trabajadores, salvo para los trabajadores que cumplieran 60 años (55 años en el caso de las trabajadoras) antes de la entrada en vigor de la ley. Tanto los empleadores, como los empleados y el Estado realizan contribuciones al régimen de pensiones. El 15 de febrero de 2022, había alrededor de 1.250.000 cotizantes al régimen de pensiones, unas 1.500 personas se beneficiaban de una pensión por capitalización y los activos de pensiones invertidos en activos permitidos por ley eran de 2.100 millones de laris, de los que 300.000.000 correspondían a ganancias acumuladas de las inversiones.

115.Desde 2021, las pensiones han venido aumentando anualmente de acuerdo con la norma de indexación establecida. Todas las pensiones se incrementan en un porcentaje no inferior a la tasa de inflación. En el caso de los pensionistas de 70 años o más, a la tasa de inflación se suma el 80 % del crecimiento económico real. Además, el incremento de las pensiones es como mínimo de 20 laris y, para los pensionistas de 70 años o más, de 25 laris, independientemente de la tasa de inflación y del crecimiento económico.

116.La pensión por edad ha ido aumentando gradualmente. En 2022 era de 260 laris y, para los beneficiarios de 70 años o más, de 300 laris.

117.En enero de 2022, el paquete de ayudas sociales para niños con discapacidad y personas con discapacidad severa aumentó en 25 laris y pasó a ser de 275 laris. El paquete de ayudas sociales para personas con una discapacidad significativa es de 140 laris. Cuando se incrementa la pensión estatal o el paquete de ayudas sociales, se reajusta automáticamente la indemnización estatal. La pensión o el paquete de ayudas sociales de los beneficiarios que viven de forma permanente en los asentamientos de montaña se incrementa un 20 %.

118.Cuando se evalúa la situación socioeconómica de las familias se tienen en cuenta las necesidades de la familia y si alguno de sus miembros pertenece a una determinada categoría (personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, menores de edad, pensionistas, etc.). La situación de todas las familias registradas en la base de datos de las familias en situación de vulnerabilidad social se comprueba aplicando esa misma consideración. Se ha introducido la prestación económica por hijo a cargo. Ha aumentado el número de niños que se benefician de los subsidios de subsistencia (en diciembre de 2021 representaban el 33,58 % de los beneficiarios). Se ha ajustado el índice de necesidad de los pensionistas para que un mayor número de personas sin pareja puedan percibir el subsidio de subsistencia.

119.Según el artículo 46, párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil de Georgia, los beneficiarios de subsidios de subsistencia registrados en la base de datos unificada de familias en situación de vulnerabilidad social están exentos del pago de tasas judiciales con cargo al presupuesto del Estado.

120.De acuerdo con el Código del Trabajo de Georgia, la licencia parental y la licencia por adopción de un recién nacido se sufragarán con cargo al presupuesto del Estado de Georgia. El subsidio parental será como máximo de 1.000 laris. Además, los empleadores y los empleados pueden acordar una retribución complementaria durante la licencia parental (artículo 39). No obstante, sigue habiendo cuestiones pendientes en ese sentido y ciertas diferencias entre la remuneración durante la licencia parental en el sector público y en el privado. El Gobierno ha empezado a trabajar para subsanar las deficiencias existentes.

121.En el anexo IV se facilita información sobre los beneficiarios de los programas de asistencia social.

122.La información sobre los programas sociales de 2021 figura en el anexo V.

Respuesta al párrafo 36 – Igualdad de género y lucha contra la violencia doméstica

123.La Constitución prevé la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. El Estado adoptará medidas específicas para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y eliminar las desigualdades (artículo 11.3 de la Constitución).

124.Se han realizado reformas significativas para proteger los derechos de las mujeres y prevenir la violencia doméstica.

125.El Consejo Parlamentario Permanente de Igualdad de Género, presidido por la Presidencia del Parlamento, se creó para garantizar una labor sistemática y coordinada en las cuestiones de género.

126.La Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, presidida por el Asesor del Primer Ministro sobre Derechos Humanos, está en funcionamiento desde 2017. La Comisión actúa como órgano de coordinación conforme al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), facilita el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas a los organismos estatales en la esfera de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y coordina a los organismos competentes.

127.En 2013 se puso en marcha el Departamento de Igualdad de Género en la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de supervisar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en relación con la igualdad de género.

128.El Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos, el Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y Medidas que Deben Aplicarse para la Protección de las Víctimas (Supervivientes) y el Plan de Acción Nacional para la Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad fomentan el adelanto de las mujeres y refuerzan los principios de la lucha contra la violencia y su aplicación mediante la adopción de medidas específicas, como la prevención, detección y eliminación de la violencia, la protección y rehabilitación de las víctimas y el fortalecimiento de la coordinación entre organismos.

129.En 2006, el Parlamento de Georgia aprobó la Ley de Georgia sobre la Eliminación de la Violencia Doméstica, y la Protección y el Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica. Tras las modificaciones de 2017, pasó a ser la Ley de Georgia sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, y la Protección y el Apoyo a las Víctimas de ese tipo de Violencia. La ley permite establecer mecanismos legislativos eficaces para la eliminación de la violencia, así como ofrecer garantías de protección y asistencia sociales y jurídicas a las víctimas de la violencia.

130.En 2010 se aprobó la Ley de Georgia de Igualdad de Género.

131.En 2017 Georgia ratificó el Convenio de Estambul. Para armonizar la legislación nacional con las normas establecidas en el Convenio, se introdujeron importantes modificaciones en 25 instrumentos legislativos. Se tipificaron en el Código Penal delitos nuevos, como el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, el hostigamiento criminal y la esterilización forzada.

132.Desde 2019, el acoso sexual está tipificado en el Código de Infracciones Administrativas y queda prohibido por el Código del Trabajo y la legislación de lucha contra la discriminación.

133.En 2020 la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, en estrecha colaboración con ONU-Mujeres, empezó a coordinar el proceso de establecimiento de mecanismos de detección de casos de acoso sexual en los servicios públicos. En la actualidad, esos mecanismos se aplican en diez organismos públicos.

134.Además de exigirse responsabilidad penal, para luchar contra la violencia de género y la violencia doméstica se utilizan mecanismos jurídico-administrativos, como la emisión de órdenes de alejamiento y órdenes de protección. Las órdenes de alejamiento emitidas por la policía se aplican de inmediato antes de que un tribunal las confirme.

Cuadro IX Órdenes de alejamiento por violencia de género/violencia doméstica

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Órdenes de alejamiento	2 722	3 089	4 370	7 646	10 266	10 321
Investigaciones con arreglo al artículo 381¹ del Código Penal	36	28	29	60	516	467

135.Con la modificación del Código Penal de 2018, el incumplimiento de una orden de alejamiento o protección quedó tipificado como delito.

136.La legislación prevé penas severas para quienes cometan un delito de violencia sexual, incluida la privación de determinados derechos, como el derecho a trabajar en instituciones educativas. El Ministerio del Interior creó una base de datos de personas condenadas por violencia sexual con el fin de realizar un seguimiento de esas personas y prevenir ese tipo de delitos.

137.El Servicio de Asistencia Jurídica ofrece asistencia jurídica gratuita a las víctimas de la violencia doméstica, independientemente de su condición social. Los servicios de asistencia jurídica incluyen consultas jurídicas, redacción de documentos jurídicos y representación legal en la tramitación de órdenes de protección en procedimientos civiles y administrativos.

138.La lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica es una de las prioridades del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General. Los departamentos pertinentes de la Fiscalía General realizan un seguimiento constante y un análisis anual de los delitos de violencia doméstica y violencia contra las mujeres. La Fiscalía General aplica una estricta política penal para combatir ese tipo de delitos. La incoación de actuaciones penales por delitos de violencia doméstica casi se ha duplicado, como se refleja en el cuadro que figura a continuación.

Cuadro X Actuaciones penales por delitos de violencia doméstica

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
#	550	1 066	1 356	1 986	3 955	4 579	4 633

139.En el período 2016-2020 se incoaron actuaciones penales contra 467 personas por motivos de intolerancia respecto de la identidad de género.

140.En 2018 el Ministerio del Interior creó el Departamento de Protección de los Derechos Humanos en el marco de las reformas en materia de investigación. En 2019 se amplió su mandato y pasó a denominarse Departamento de Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos. Su principal función es responder con prontitud a los casos de violencia doméstica, violencia contra las mujeres, discriminación por motivos de intolerancia, trata de personas y delitos cometidos por menores de edad o contra ellos, así como garantizar la eficacia de las investigaciones que se estén llevando a cabo.

141.El sitio web del Ministerio del Interior proporciona información sobre los mecanismos legales disponibles y sobre el teléfono de emergencia 112, al que se puede llamar a cualquier hora, todos los días de la semana. El Ministerio del Interior actúa con prontitud en todos los casos de violencia.

142.En el período 2018-2020, se juzgó a 20 personas que eran familiares de mujeres por hacer que estas se suicidaran o intentaran suicidarse.

143.Mediante las modificaciones de 2020, se introdujo la vigilancia electrónica para controlar la aplicación de las órdenes de alejamiento.

144.La Agencia Estatal de Atención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas (Agencia de Atención) se encarga de la asistencia y rehabilitación de las víctimas de la trata. La Agencia de Atención cuenta con cinco centros de acogida y cinco centros de crisis, así como con el teléfono de asistencia 116 006, a través del cual se ofrece asesoramiento de manera ininterrumpida y gratuita, en georgiano y en otras siete lenguas (inglés, ruso, turco, azerbaiyano, armenio, árabe y persa). Por ejemplo, en 2021, 1.864 personas (1.556 mujeres y 308 hombres) recurrieron a los servicios del teléfono de asistencia 116 006.

145.Los centros de acogida para víctimas de la violencia ofrecen los siguientes servicios: alojamiento, rehabilitación psicológica y social, gestión y prestación de servicios médicos, asistencia jurídica y, en caso necesario, servicios de traducción.

146.Los centros de crisis prestan los siguientes servicios: rehabilitación y asistencia psicológica y social; gestión y prestación de servicios médicos; remisión a la institución pertinente en caso de necesitarse protección; asistencia jurídica (asesoramiento y defensa) y, si son necesarios, servicios de traducción.

147.En el anexo VI se puede consultar el número de personas que se beneficiaron de los servicios prestados en los centros de acogida y los centros de crisis en el período 2015-2021.

148.La Agencia de Atención elaboró directrices sobre la detección de la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, los principios de actuación en esos casos y la remisión (procedimientos operativos estándar para una respuesta intersectorial de los servicios de salud), con el fin de ayudar a los trabajadores de la salud a identificar a las mujeres víctimas de la violencia y prestarles la asistencia adecuada. Se preparó también un módulo de capacitación sobre el tema.

149.Las reformas relacionadas con la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica contemplan la formación y el reciclaje profesional de los funcionarios públicos competentes en la materia. Desde 2018, unos 12.500 empleados del Ministerio del Interior y más de 600 trabajadores de la salud han recibido formación sobre cuestiones relacionadas con la violencia.

150.Con vistas a hacer frente al mayor riesgo de violencia doméstica contra las mujeres durante la pandemia, la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica aprobó una estrategia de comunicación sobre la violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19 y llevó a cabo campañas de concienciación en todo el país.

151.En 2020 se realizaron modificaciones en el Código Electoral de Georgia, que dieron lugar a la aprobación del sistema de cuota de género.

152.En 2021 Georgia se adhirió a la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, lo que puso de relieve la necesidad aplicar en Georgia el principio de igual salario por trabajo igual. La adhesión implica que el Gobierno cumplirá las obligaciones contraídas para eliminar la brecha salarial de género.

Respuesta al párrafo 37 – Lucha contra la trata de personas

153.La política estatal de lucha contra la trata de personas se basa en cuatro objetivos consistentes en el refuerzo de la prevención del delito, la protección de las víctimas, la investigación proactiva y el enjuiciamiento eficaz de los autores del delito, y las medidas de colaboración.

154.Desde 2006, el Consejo de Coordinación Interinstitucional para la Aplicación de Medidas contra la Trata de Personas, presidido por el Ministerio de Justicia, coordina la referida política estatal. El Consejo está integrado por representantes de organizaciones gubernamentales, locales e internacionales, y es un órgano normativo y de coordinación, que ha elaborado ocho planes nacionales de acción bianuales.

155.Georgia ha ratificado todos los principales tratados internacionales contra la trata de personas.

156.En 2016 Georgia ocupó el primer puesto en la clasificación del Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y lo mantuvo en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

157.Según el informe El Índice Global de Esclavitud, de 2018, Georgia ocupa el 15º puesto entre 167 países en la clasificación general y el 1º en la región.

158.En 2019 Georgia ocupó el 18 º puesto entre 183 países en la clasificación del informe Medición, acción, libertad, de la organización internacional Walk Free, que mide anualmente el Índice Global de Esclavitud.

159.La trata de personas se tipificó como delito en 2003. La legislación al respecto se ajusta plenamente a las normas establecidas en los tratados internacionales.

160.El Ministerio del Interior cuenta con seis grupos móviles para luchar contra la trata de personas. En 2014 se estableció en la región de Adjara un equipo de tareas integrado por investigadores y fiscales especializados. Su función principal es identificar lugares con riesgo de trata de personas en todo el país (bares, clubes, saunas, etc.) e investigar los posibles delitos.

161.El Departamento de Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior supervisa la calidad de las actuaciones relacionadas con la investigación de los delitos de trata de personas.

162.Georgia firmó un acuerdo con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) en 2017 y otro con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) en 2019 con el fin de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas. Georgia ha firmado con 30 países acuerdos de cooperación y memorandos sobre cooperación policial y lucha contra la delincuencia, incluida la cooperación en la lucha contra la trata de personas.

163.Se creó un centro de cooperación internacional para la aplicación de la ley con el fin de aumentar la eficacia de la cooperación policial internacional. El centro intercambia información operativa a través de redes seguras con países aliados para facilitar la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

164.En el período 2015-2020, se inició la investigación de 116 casos penales, se incoaron actuaciones penales contra 48 tratantes de personas, y se condenó a 47 tratantes de personas en 18 casos.

165.El Servicio de Inspección del Trabajo es responsable de las inspecciones a escala estatal para prevenir el trabajo forzoso y la explotación laboral y tomar medidas contra esas prácticas.

166.El Departamento de Inspección del Trabajo ha firmado un memorando en el que se establece que remitirá los casos de presunta explotación laboral al Departamento Central de Policía Criminal del Ministerio del Interior.

167.En el período 2016-2020, el Departamento de Inspección del Trabajo llevó a cabo inspecciones en 616 empresas (582 programadas y 34 sin previo aviso) para detectar casos de trabajo forzoso y explotación laboral. Se encontraron indicios de trabajo forzoso y explotación laboral en tres empresas y se remitieron los casos a los organismos competentes para que siguieran investigándolos.

168.Se dedica especial atención a proteger y prestar asistencia a las víctimas de la trata. Una persona con la condición reconocida de víctima de la trata puede beneficiarse de diversos servicios estatales (asistencia psicológica y médica, asistencia jurídica, una indemnización de hasta 1.000 laris, protección en centros de acogida en Tiflis y Batumi, y apoyo para la reintegración social). Las presuntas víctimas de la trata (aquellas que aún no tienen consideración oficial como tales) pueden acceder a centros de crisis. Puede obtenerse más información en el anexo VII.

169.Asimismo, se presta especial atención a la mejora de la cualificación de los funcionarios públicos en materia de lucha contra la trata de personas. En el período 2015‑2020, se llevaron a cabo más de 200 actividades con unos 5.000 participantes procedentes de diferentes organismos estatales, incluidos representantes de la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, la Inspección de Trabajo, la Agencia de Atención, la judicatura, el servicio consular, el Ministerio de Justicia y el Servicio de Asistencia Jurídica.

170.En 2014 el Consejo de Coordinación Interinstitucional para la Aplicación de Medidas contra la Trata de Personas desarrolló una estrategia unificada de concienciación sobre la trata de personas dirigida a grupos específicos de la sociedad. Las actividades de concienciación incluyeron reuniones informativas con diversos grupos (población escolar, estudiantes, docentes, empleadores y empleados, niños sin hogar, desplazados internos, población de determinadas regiones, etc.), debates, charlas públicas, conferencias y la elaboración y distribución de folletos informativos.

171.Se han incorporado las cuestiones relativas a la trata de personas a los planes de estudio de las escuelas (grados IX y X) y las instituciones de educación superior (programas de grado y de posgrado).

Respuesta al párrafo 38 – Derechos del niño

172.En 2016 se estableció la Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, encargada de coordinar y supervisar la política unificada de protección de los derechos del niño. La Comisión está integrada por altos funcionarios de organismos estatales. Representantes de organizaciones locales de la sociedad civil y de organizaciones internacionales toman parte en el trabajo de la Comisión con derecho de voto en las deliberaciones.

173.Las metas y los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Derechos Humanos (2014-2020) y en los planes de acción conexos están en consonancia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

174.Georgia ha ratificado importantes instrumentos sobre los derechos del niño, incluidos el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, en 2003; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en 2005; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en 2006; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en 2010; el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, en 2014; el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, en 2014; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, en 2016.

175.En 2019, el Parlamento aprobó el Código de los Derechos del Niño. El Código define los derechos y las libertades fundamentales de los niños y establece un sistema estatal para ofrecerles protección y apoyo. Las principales disposiciones del Código entraron en vigor en septiembre de 2020. El Código garantiza el fortalecimiento de los derechos básicos de todos los niños, incluidos los niños y jóvenes de la calle, y la observancia de esos derechos sin discriminación, estigmatización ni exclusión social. Asimismo, prevé el establecimiento de sistemas estatales de protección y apoyo a la infancia e impone al Estado la obligación de desarrollar programas estatales de educación, atención de la salud y protección social para los niños. El Código también define el “interés superior del niño” y los criterios para su determinación.

176.En 2020 se creó el Consejo Parlamentario Permanente de los Derechos del Niño. Su principal objetivo es garantizar que en el Parlamento se trabaje de manera sistemática y coordinada para proteger los derechos del niño y supervisar la aplicación de las decisiones en esa esfera.

177.El 1 de enero de 2017, todas las disposiciones excepcionales que permitían el matrimonio de personas menores de 18 años quedaron sin efecto. En la actualidad solo se permite contraer matrimonio a personas mayores de 18 años. Además, se llevan a cabo regularmente actividades de concienciación para prevenir el matrimonio precoz.

178.En 2015 se aprobó el Código de Justicia Juvenil. La finalidad del Código es proteger el interés superior del niño, resocializar y rehabilitar a los niños en conflicto con la ley, proteger los derechos de las víctimas y los testigos menores de edad, prevenir la victimización secundaria de las víctimas y los testigos menores de edad, impedir que las víctimas menores de edad vuelvan a ser víctimas y que se cometan nuevos delitos, y proteger el orden público en el proceso de administración de justicia.

179.En el período 2017-2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desarrolló el concepto de entorno adaptado a los niños en los tribunales. El Tribunal Municipal de Rustavi se organizó conforme a un modelo basado en el concepto, y también se está desarrollando un entorno adaptado a los niños en otros tribunales de Georgia.

180.Desde 2020, todos los niños tienen derecho a beneficiarse de los servicios prestados por el Servicio de Asistencia Jurídica para cualquier categoría de delitos y caso civil y administrativo.

181.En 2020 el Ministerio del Interior creó la División Principal de Asuntos Juveniles en el Departamento de Policía de Tiflis, integrada por investigadores y personal cualificados.

182.Con las modificaciones legislativas realizadas en 2016 se introdujo el término “niño de la calle” para referirse a los niños menores de 18 años que viven o trabajan en la calle según lo constatado por un trabajador social autorizado en el marco de los procedimientos de remisión para la protección de la infancia. En el período 2014-2021 se detectaron en Georgia 2.292 niños que vivían o trabajaban en la calle.

183.Desde la introducción de ese término, el Estado ha podido expedir documentos de identidad para esos niños que les permiten beneficiarse de diversos programas estatales, incluidos programas sanitarios, educativos y sociales.

184.En el período 2016-2021, se expidieron 49 documentos de identidad temporales a 38 niños sin hogar y 17 documentos de identidad temporales a 13 niños víctimas de la violencia. También se expidieron 13 documentos de identidad electrónicos y 13 pasaportes biométricos a 14 niños sin hogar o víctimas de la violencia, así como un certificado de residencia electrónico a un niño de la calle o víctima de la violencia.

185.La aprobación de la Ley de Asistencia Social en 2018 también supuso un importante avance en la creación de mecanismos normativos para proteger a los niños de la calle.

186.En 2016 se aprobó una nueva Ley de Adopción y Acogimiento Familiar, más orientada a la protección de los derechos del niño. Los niños privados de un entorno familiar son acogidos en modalidades alternativas de cuidado, que tienen en cuenta el interés superior del niño.

187.Para proteger a los niños frente a todo tipo de violencia, en 2016 el Gobierno aprobó procedimientos de remisión para la protección de la infancia y amplió la lista de entidades encargadas de dichos procedimientos (incluidas todas las instituciones que tienen trato con niños). Las entidades encargadas de los procedimientos que incumplan la obligación de facilitar información sobre maltrato infantil a la autoridad competente incurrirán en responsabilidad administrativa. La Oficina de Oficiales de Recursos de Instituciones Educativas, una entidad jurídica de derecho público, desarrolló el modelo de trabajo social en las escuelas y comenzó a aplicarlo en 2021. El Centro de Servicios Psicosociales presta servicios psicosociales gratuitos a los estudiantes, a sus padres y a representantes de las instituciones educativas de toda Georgia. Hay un servicio de teléfono de asistencia disponible las 24 horas del día y, en octubre de 2021, se puso en marcha un nuevo sitio web (www.befriend.mes.gov.ge) que permite realizar consultas psicológicas cualificadas mediante chat con total confidencialidad.

188.Se está ejecutando el Subprograma Segunda Oportunidad para la Educación con Inclusión Social destinado a integrar a los niños de la calle en el sistema de educación formal. En el marco del Subprograma, el Ministerio de Educación y Ciencia trabaja para garantizar oportunidades de educación a los niños sin escolarizar.

189.Desde 2015, se ha venido implementando un servicio de educación especial, consistente en el Programa Educación de Transición, cuyos beneficiarios son niños de la calle sin escolarizar o con alto riesgo de abandono escolar. El objetivo del Programa es integrar a esos niños en la educación primaria y la educación secundaria básica del sistema de educación general según su edad y prestarles apoyo para que continúen su formación profesional, así como ayudar a los niños en riesgo de abandono escolar con el fin de propiciar su inclusión social y mejorar su rendimiento académico (véanse los datos estadísticos que figuran en el anexo VIII).

190.Desde 2007, se ha venido aprobando anualmente el Programa Estatal de Rehabilitación Social y Atención Infantil, cuyo objetivo es mejorar las condiciones físicas y sociales de los niños vulnerables, incluidos los niños sin hogar y en riesgo de abandono, y su integración en la sociedad, así como ayudar a las familias con niños en situación de crisis. El Programa y sus subprogramas se ejecutan teniendo en cuenta el interés superior del niño. Las personas que no tienen la nacionalidad georgiana pero sí los documentos de identidad pertinentes tienen los mismos derechos que los ciudadanos de Georgia a la hora de acceder a los servicios prestados en el marco del programa.

191.El Gobierno está ejecutando el Subprograma de Provisión de Refugio a Niños de la Calle, cuyo objetivo es proporcionar refugio a los niños de la calle, e incluye la rehabilitación y la integración psicosociales de los niños que viven y trabajan en la calle. En el marco del Subprograma, hay en funcionamiento en Georgia seis centros de acogida abiertos las 24 horas del día, siete centros de día y siete grupos móviles. Los centros de acogida prestan diversos servicios, incluidos servicios de grupos móviles, atención a los avisos sobre niños y a las visitas, identificación de las necesidades de los niños, asesoramiento, trabajo social y búsqueda y gestión de la documentación de identificación de los niños. Los centros de día ofrecen servicios como dos comidas diarias, la gestión de crisis, y el desarrollo y la aplicación de planes de servicios personalizados. Desde 2011, los trabajadores sociales que prestan servicios de tutela o asistencia han venido desempeñando un papel cada vez más importante en el refuerzo de las familias en el marco de ese programa.

192.Se presta especial atención a la detección de casos de mendicidad y explotación infantil. La mendicidad no está prohibida en Georgia. No obstante, hacer que un niño mendigue o participe en otras actividades antisociales (por ejemplo, el uso indebido de sustancias o la prostitución) está prohibido y es castigado en virtud del Código Penal de Georgia (artículo 171). La explotación infantil mediante actividades antisociales (por ejemplo, la mendicidad) se castigará también en virtud del artículo relativo a la trata de personas (1432).

193.Para impedir que los niños acaben en la calle y reducir el número de niños que viven y trabajan en ella mediante su integración en la sociedad, se desarrollaron una estrategia unificada y el plan de acción conexo destinados a proteger a los niños que viven o trabajan en la calle frente a todo tipo de violencia, incluida la trata de personas.

194.Según establece el Código Penal, el hecho de que un delito sea cometido contra un niño, o en su presencia, por uno de los familiares del niño constituirá una circunstancia agravante de la responsabilidad de la persona acusada en todos los delitos relacionados.

195.En 2020 se creó el Centro de Remisión de Jóvenes, que, mediante un enfoque institucional y multidisciplinar, se encarga de la socialización, la reinserción social y la rehabilitación de jóvenes con comportamiento problemático y de la prevención de la comisión de delitos por parte de esos jóvenes.

196.En 2020 el Gobierno de Georgia confirmó el proyecto de creación de un centro de servicios psicosociales para niños víctimas de la violencia, cuyo objetivo es establecer un enfoque multidisciplinar, multisectorial, adaptado a los niños y basado en el principio de ventanilla única para garantizar la rehabilitación psicológica y social de las víctimas. El centro se ajusta plenamente al llamado modelo Barnahus, considerado como la mejor estrategia de servicios para niños víctimas de violencia sexual. En 2022 se creó en Tiflis el Centro de Servicios Psicosociales para Niños Víctimas de la Violencia. Durante la investigación de los casos de violencia sexual, en algunas instituciones los niños afectados son sometidos a largos y estresantes procesos, lo que puede dar lugar a una victimización secundaria. Por consiguiente, es necesario que esos niños sean atendidos en un entorno tranquilo y adaptado a sus necesidades, y según el principio de ventanilla única. El Centro se encargará de evitar que los niños tengan que revivir sus traumas, garantizará la estabilización del estado psicoemocional de los niños y su rehabilitación psicológica y social, y hará un seguimiento de los casos.

197.Asimismo, mediante el fortalecimiento de la unidad familiar, el Estado procura eliminar los factores que empujan a los niños a acabar en la calle.

198.A través del proyecto Fortalecimiento de los Sistemas de Protección y Bienestar de la Infancia, la Agencia de Atención desarrolla sistemas de protección y bienestar de la infancia, detecta familias en situación de vulnerabilidad, mejora los servicios de cuidado alternativo, apoya la desinstitucionalización y refuerza los mecanismos de protección.

199.Se está aplicando activamente el proceso de desinstitucionalización. En 2021 se cerró el orfanato de Kojori y los niños fueron acogidos en centros especializados de tipo familiar para grupos reducidos de niños con discapacidad severa o significativa. Se prevé que en 2022 los niños en los hogares infantiles sean acogidos en modalidades alternativas de cuidado.

Respuesta al párrafo 39

Reducción de la pobreza

200.A continuación se indica el porcentaje de la población por debajo del umbral de pobreza absoluta.

Cuadro XIPorcentaje de la población por debajo del umbral de pobreza absoluta(En porcentaje )

Año	Ciudades	Pueblos	Edad (años)	Sexo	Georgia
0 a 17	18 a 64	65 o más	Mujeres	Hombres
2004	34,4	34,1	37,7	33,3	32,9	34,2	34,4	34,3
2015	18,0	26,4	24,2	22,0	16,4	21,3	22,0	21,6
2016	18,0	27,4	26,4	21,9	16,1	21,2	22,9	22,0
2017	18,6	26,6	26,0	21,7	16,5	21,6	22,4	21,9
2018	18,0	23,1	25,5	19,5	14,4	20,2	20,0	20,1
2019	16,4	23,7	24,4	19,2	13,8	19,4	19,6	19,5

201.A continuación figuran datos sobre la tasa de pobreza relativa.

Cuadro XIITasa de pobreza relativa(En porcentaje )

	2004	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de la población por debajo del 60 % de la mediana de consumo
Ciudades	20,7	15,4	15,5	17,0	17,2	16,2
Pueblos	23,2	26,8	28,5	29,6	25,4	25,5
Total	21,8	20,2	21,0	22,3	20,5	20,1
Porcentaje de la población por debajo del 40 % de la mediana de consumo
Ciudades	7,6	4,8	4,9	6,5	6,6	6,0
Pueblos	10,8	10,4	10,5	11,3	9,1	9,4
Total	9,0	7,2	7,2	8,5	7,6	7,4

202.De acuerdo con el documento nacional sobre los ODS, Georgia se ha fijado el objetivo de que en 2030 la proporción de la población que viva por debajo del umbral internacional de pobreza (1,9 dólares de los Estados Unidos al día) sea inferior al 1 %. En 2015, la proporción era del 3,7 %.

203.En el documento nacional sobre los ODS se utilizan indicadores nacionales para evaluar la reducción de la pobreza. En particular, el Gobierno se ha fijado el objetivo de reducir la proporción de la población por debajo del umbral de pobreza absoluta en un 20 % de 2015 a 2030.

204.Se prevé que el acceso de la población a los servicios básicos, incluidos la electricidad (100 %), los servicios de abastecimiento de agua y los servicios de alcantarillado, aumente de manera gradual de aquí a 2030. Además, el Gobierno se ha comprometido a incrementar progresivamente los recursos asignados directamente a los programas de reducción de la pobreza y el gasto público total en servicios básicos (educación, sanidad y protección social).

205.El Gobierno tiene como prioridad principal la mitigación de la pobreza y ha desarrollado un marco legislativo que permite aplicar las medidas pertinentes.

206.El aumento gradual de la pensión por edad y del paquete de ayudas sociales para niños con discapacidad severa, la prestación de ayudas complementarias a los pensionistas y beneficiarios del paquete de ayudas sociales que viven en regiones de alta montaña y la continuidad de los programas de asistencia mensual en efectivo a otros grupos de población resultan esenciales para luchar contra la pobreza (se puede consultar más información al respecto en la respuesta al párrafo 35).

207.La tasa de cobertura de los hogares pobres con asistencia social ha aumentado, según se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro XIII Cobertura de la asistencia social

	2016	2018
Decil de mayor pobreza	57,9	70,1
Segundo decil	16,3	18,9
Tercer decil	8,3	7,1
Cuarto decil y deciles superiores	1,9	1,2
Población total	9,6	10,5

208.En 2021 el 17,2 % de la población se benefició de asistencia social. Para seleccionar a los beneficiarios, se asigna a las familias una puntuación basada en la evaluación socioeconómica de su situación.

209.En 2015 se desarrolló una nueva metodología y se perfeccionó el esquema de gestión de la asistencia social. Se introdujo un sistema de asistencia diferenciada y prestación económica por hijo a cargo, lo que mejoró significativamente la funcionalidad del programa de asistencia social. Actualmente, se está trabajando con el Banco Mundial para que el programa resulte más eficaz y beneficie a más familias en situación de vulnerabilidad, habida cuenta de los problemas causados por la pandemia.

210.Los subsidios de subsistencia se asignan a las familias con una puntuación de hasta 65.001 según un sistema de clasificación. Cuanto más necesitada está la familia, mayor es el subsidio que recibe. Las familias con una puntuación de entre 65.001 y 120.000 solo reciben la prestación económica por hijo a cargo (menor de 16 años).

211.En 2021 la prestación económica por hijo a cargo se duplicó y pasó a ser de 100 laris, y en 2022 se incrementó a 150 laris. Además, el umbral de puntuación por debajo del cual las familias vulnerables pueden recibir subsidios de subsistencia ha aumentado de 100.001 a 120.001, de modo que hay más familias con hijos que perciben la prestación económica por hijo a cargo.

212.El Gobierno tiene previsto elaborar un Código Social, que abarcará las directrices y los regímenes de protección social, incluidas las prestaciones sociales (por ejemplo, los subsidios para desplazados internos), la asistencia sanitaria, las pensiones, las cuestiones de las personas con discapacidad y el empleo.

213.En el marco del Programa Estatal Orientado a Mitigar los Daños Causados por la Infección por el Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), se concedió asistencia estatal durante seis meses a las familias con una puntuación de entre 650.001 y 100.000 registradas en la base de datos unificada de familias en situación de vulnerabilidad social (en función del número de miembros de la familia). La cuantía del subsidio fue de 70 laris para las familias de un solo miembro y de 90 laris para las familias de dos miembros. En otros casos, se concedió un subsidio de 35 laris por cada miembro de la familia. Asimismo, las familias con una puntuación de 100.001, con tres o más hijos menores de 17 años, recibieron un subsidio de 100 laris, y a las personas con discapacidad severa y los niños menores de 18 años con discapacidad se les concedió un subsidio complementario de 100 laris además de paquetes de ayudas sociales durante seis meses. El Programa se ejecutó en dos fases, de mayo a octubre de 2020 y de enero a junio de 2021. En 2020 se aprobó una prestación universal de 200 laris por niño, y a los estudiantes socialmente vulnerables (hasta 150.001 puntos) de centros de educación superior se les financió un semestre de estudios (1.125 laris).

214.Asimismo, en el marco del Programa Estatal Orientado a Mitigar los Daños Causados por la Infección por el Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), se concedieron prestaciones sociales a otros grupos de población. Para los trabajadores por cuenta ajena se estableció una compensación económica de 200 laris al mes durante los seis meses siguientes a la puesta en marcha del Programa (de mayo a octubre de 2020 y de enero a junio de 2021). En total, en las dos fases, se distribuyeron 280.432.900 laris entre 321.319 beneficiarios. A los trabajadores por cuenta propia se les concedió, una sola vez, una compensación económica de 300 laris. Esa compensación se pudo solicitar de mayo a junio de 2020 y en diciembre de 2020. En total se distribuyeron 111.343.700 laris entre 371.074 beneficiarios.

Derecho a una alimentación adecuada

215.En 2021 el Gobierno aprobó el Programa Estatal de Rehabilitación Social y Atención Infantil. El Subprograma de Asistencia a Familias con Niños en Situación de Crisis garantiza el suministro de alimentos a las familias con niños que tengan necesidades primarias. El Subprograma también cubre el suministro de los preparados alimenticios que contempla la Ley de Protección y Promoción de la Lactancia Materna y el Consumo de Preparados Alimenticios. Los beneficiarios del Subprograma son los niños menores de 1 año que necesitan preparados alimenticios y que: i) pesan menos de lo recomendado debido a una alimentación insuficiente; ii) sus familias son beneficiarias del subsidio de reinserción; iii) están en régimen de acogimiento familiar; o iv) sus familias están registradas en la base de datos unificada de familias socialmente vulnerables con una puntuación inferior a 65.001.

216.En el marco del Programa Estatal de Atención Infantil y Apoyo a la Juventud, de 2021, se aprobó un subprograma de suministro de alimentos a jóvenes de 18 a 21 años fuera del sistema público de acogimiento. De conformidad con el Código de los Derechos del Niño, el subprograma se aprueba como medida de apoyo a los jóvenes de 18 a 21 años que han salido del sistema público de acogimiento. El objetivo es apoyar a esos jóvenes y ayudarles a llevar una vida independiente. El cupón para alimentos, de hasta 100 laris, se concede durante seis meses.

217.De acuerdo con la recomendación del UNICEF, en 2015 se introdujo la prestación económica por hijo a cargo menor de 16 años para familias con una puntuación por debajo de 120.001.

218.El Ministerio de Salud ha elaborado directrices sobre alimentación segura y saludable en las escuelas. En 2017 el Gobierno aprobó el Reglamento Técnico para el Establecimiento de Normas Nutricionales de Servicio de Comedores y Dietas en los Centros de Educación de la Primera Infancia y Preescolar.

219.Además, se ha aprobado el régimen de alimentación para las personas privadas de libertad.

El derecho a la salud

220.En 2013 se puso en marcha el Programa de Atención Universal de la Salud, que sentó las bases de la cobertura universal de la atención de la salud a cargo del Estado para todos los ciudadanos de Georgia. El Programa cubre servicios ambulatorios programados, servicios ambulatorios de urgencia, servicios hospitalarios, intervenciones quirúrgicas programadas, tratamiento de enfermedades oncológicas y asistencia al parto.

221.El Programa de Atención Universal de la Salud y el Programa Estatal de Médicos Rurales garantizan a la población urbana y rural el acceso a los servicios de atención primaria de la salud, desde el punto de vista económico y geográfico.

222.Los beneficiarios del Programa de Atención Universal de la Salud son los ciudadanos de Georgia, las personas con documentos de identidad neutrales o con documentos de viaje neutrales, los apátridas con estatus migratorio legal en Georgia, los refugiados, las personas con estatus migratorio legal por motivos humanitarios y las personas solicitantes de asilo.

223.Las categorías de beneficiarios del Programa de Atención Universal de la Salud son:

Las personas pobres, los docentes, los artistas del sector público, los niños en régimen de acogimiento familiar, y los desplazados internos en asentamientos compactos.

La población en edad de jubilación, los niños de 0 a 5 años, los estudiantes y las personas con discapacidad.

Los veteranos sin seguro médico.

Las personas con una puntuación de entre 70.000 y 100.000 y los adolescentes de 6 a 18 años.

La población cuya remuneración mensual devengada es inferior al salario medio mensual (1.000 laris), las personas con ingresos irregulares y los trabajadores por cuenta propia, entre otros grupos.

La población cuyos ingresos anuales son inferiores a 40.000 laris y cuya remuneración mensual devengada es igual o superior al salario medio mensual (1.000 laris).

La población cuyos ingresos anuales son superiores a 40.000 laris (excepto personas en edad de jubilación).

224.En 2017 se desarrollaron nuevos criterios de clasificación de los beneficiarios (en función de sus ingresos) con el fin de prestar servicios más adaptados a las necesidades y seguir reforzando los enfoques de justicia social.

225.Asimismo, en 2017 se puso en marcha en Georgia el Programa Estatal de Suministro de Medicamentos para Enfermedades Crónicas, que en 2020 fue integrado en el Programa de Atención Universal de la Salud. El Programa prevé medicamentos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares crónicas (hasta 200 laris anuales), las neumopatías crónicas (hasta 300 laris anuales), la diabetes tipo 2 (hasta 40 laris anuales), las enfermedades crónicas de la glándula tiroides (hasta 20 laris anuales), la enfermedad de Parkinson (hasta 400 laris anuales y el Estado cubre el 75 %) y la epilepsia (hasta 300 laris anuales y el Estado cubre el 75 %). Los beneficiarios del Programa son las personas socialmente vulnerables, los pensionistas, los niños con discapacidad, las personas con discapacidad severa, los veteranos, la población que vive en pueblos cercanos a la línea de ocupación y los ciudadanos con la enfermedad de Parkinson o epilepsia.

226.El componente del Programa sobre suministro de medicamentos para niños de 0 a 5 años incluye la financiación de medidas antibacterianas (hasta 50 laris anuales, con un copago del 50 %, y hasta 100 laris, con un copago del 50 %, para los niños con discapacidad).

227.En 2020 los mecanismos administrativos del Programa se simplificaron, lo que dio lugar a un aumento significativo de los beneficiarios del componente de suministro de medicamentos. El número de beneficiarios del Programa en el período 2017-2019 fue de 29.500 personas, mientras que en 2020 aumentó a 160.000.

228.Para reducir la morbilidad y la mortalidad de madres y recién nacidos y aumentar el acceso a los servicios de salud reproductiva, se desarrolló la Estrategia Nacional de Salud Materna y Neonatal (2017-2030), que establece la política nacional en materia de salud materna y neonatal, así como de planificación familiar y salud sexual y reproductiva.

229.Desde 2017, el Estado ha venido financiando ocho consultas prenatales a las mujeres embarazadas en lugar de las cuatro establecidas en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el marco del Programa de Atención Universal de la Salud, el Estado financia los costos de los embarazos complicados, la asistencia al parto y las cesáreas. Además, se proporciona a las mujeres embarazadas suplementos de hierro y ácido fólico.

230.En 2017, en el marco del Programa Estatal de Salud Maternoinfantil, se empezó a ofrecer tratamiento para prevenir la transmisión maternoinfantil de la sífilis. En 2003, mediante el Programa Estatal de Lucha contra el Sida, se puso en marcha el tratamiento de prevención de la transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH. Se está elaborando un proyecto de estrategia para prevenir la transmisión maternoinfantil de enfermedades de transmisión sexual.

231.El Estado financia íntegramente los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida y la tuberculosis. En 2015 se puso en marcha el Programa de Eliminación de la Hepatitis C, que cubre íntegramente el cribado, el diagnóstico y los medicamentos.

232.El Estado garantiza la prevención de 13 enfermedades con arreglo al calendario nacional de vacunación. Se introdujeron eficazmente cinco nuevas vacunas en el calendario de vacunación: la vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra el neumococo, la vacuna inactivada contra la poliomielitis (vacuna hexavalente), la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis, y la vacuna contra el papilomavirus humano. Los ciudadanos tienen acceso a medicamentos contra la rabia para la profilaxis posexposición a la rabia.

233.Desde 2022, se ha venido incrementando la importación de medicamentos de bajo costo para facilitar el acceso a ellos. Actualmente se importan más de 50 medicamentos, cuyo precio ha disminuido entre un 60 % y un 80 %.

234.En el anexo IX figuran datos estadísticos relacionados con el derecho a la salud.

Respuesta al párrafo 40 – Mejora de las condiciones de vida

235.A continuación se presenta la distribución de la población por tipo de propiedad de vivienda (según el censo general de población, de 5 de noviembre de 2014):

Cuadro XIV Datos sobre vivienda

Total	3 625 408
Propiedad de uno o varios miembros del hogar	3 170 343
Propiedad de una cooperativa de construcción de viviendas	12 776
Propiedad del Estado	26 921
Propiedad alquilada	124 352
Propiedad alquilada a cambio de un préstamo sin intereses (con la vivienda como bien en garantía)	21 346
Otros tipos de propiedad	92 911
No indicado	176 759

236.El Estado se ha comprometido a elaborar un documento de política de vivienda en el marco del Plan de Acción de Gobernanza Abierta (2018-2019). La política de vivienda se establecerá durante la elaboración del Código Social. Por consiguiente, la política de vivienda, el marco institucional, la separación de poderes a escala central y local, la producción de datos estadísticos y la metodología estadística y otras cuestiones conexas quedarán reflejadas en la legislación.

237.Para desarrollar la infraestructura de abastecimiento de agua, el Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructura, en el marco de sus competencias, ejecuta continuamente diferentes proyectos destinados a facilitar el acceso de la población al agua potable. El 52 % de los asentamientos urbanos disponen de suministro de agua las 24 horas del día en la zona de operaciones de la Compañía Unida de Abastecimiento de Agua de Georgia (que depende del Ministerio), lo que significa que se proporcionan servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado a unas 780.000 personas. Está previsto construir o reacondicionar la infraestructura de abastecimiento de agua y alcantarillado para que, en 2025, todas las ciudades de Georgia tengan un suministro continuo de agua de conformidad con las normas pertinentes. En la actualidad, casi el 100 % de la población tiene acceso a la electricidad.

238.En 2009 se puso en marcha el Programa de Suministro de Gas en las diferentes regiones de Georgia. Durante el período 2015-2021 se ofreció a más de 234.000 familias la posibilidad de conectarse a la red de suministro de gas natural. En 2021 alrededor del 76 % de las familias que vivían en Georgia estaban registradas como consumidoras de gas natural. Los trabajos del Programa de Suministro de Gas siguen su curso. También se está desarrollando el plan conexo para el período 2022-2024.

239.En 2014 comenzó a ejecutarse el Programa de Suministro de Gas en los pueblos cercanos a los territorios ocupados de la región de Shida Kartli, y se finalizó en 2015 (con un presupuesto de 19 millones de laris). Como resultado, 13.458 hogares de 58 asentamientos quedaron conectados a la red de suministro de gas.

240.En el período 2019-2020 se adoptaron medidas en los asentamientos cercanos a la línea de ocupación (Tkaia, Ganmukhuri, Shamgona, Rukhi, Rikhe, Natsuluku, Akhalabastumani) orientadas a garantizar la conexión a la red de suministro de gas natural de los hogares que no estaban registrados como consumidores de gas natural. Conviene señalar que a las familias registradas como consumidores de gas natural que habían pagado la tasa de conexión a la red se les devolvió la cantidad abonada mediante saldo a favor en sus cuentas (hasta 400 laris).

241.Con el fin de responder a las necesidades de la población afectada por el conflicto, unas 12.600 familias residentes en los municipios de Tsalenjikha, Oni, Dusheti y Sachkhere, cerca de la línea de ocupación, reciben anualmente 200 laris para gastos de calefacción en invierno.

242.Durante el período 2020-2021, debido a la crisis económica provocada por la COVID‑19, el Estado concedió subsidios para hacer frente a los gastos de servicios públicos (véase el cuadro que figura a continuación). En 2021 el Estado también cubrió el aumento de la tarifa eléctrica, de modo que se distribuyeron 58.327.363,95 laris entre 12.956.475 consumidores.

Cuadro XV Subsidios por la COVID-19

Subsidio para	Gas	Electricidad	Agua	Limpieza de espacios públicos
Marzo a mayo de 2020
Consumidores	2 813 227	3 257 921	1 956 087	1 049 233
Presupuesto (laris)	98 946 980	55 267 946	12 335 690	4 974 518
Noviembre a diciembre de 2020 y enero a febrero de 2021
Consumidores	3 595 132	4 378 578	2 704 410	1 396 783
Presupuesto (laris)	180 762 377	85 316 430	20 428 270	6 596 107

Respuesta al párrafo 41 – Reforma agraria

243.Según la Oficina Nacional de Estadística de Georgia (Geostat), hasta el 1 de enero de 2021 el 40,6 % de la población del país vivía en zonas rurales.

244.El sector agrícola contribuye significativamente al producto interno bruto del país (véase el anexo X). El desarrollo de la agricultura y las zonas rurales es fundamental para que Georgia alcance un desarrollo económico sostenible y un crecimiento económico inclusivo.

245.El Gobierno ha aprobado estrategias de desarrollo agrícola y rural encaminadas a desarrollar el sector de manera sistemática. Los objetivos de la Estrategia de Agricultura y Desarrollo Rural (2021-2027) son: el desarrollo de un sector agrícola y sectores no agrícolas competitivos, la utilización sostenible de los recursos naturales, la preservación de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático, y el establecimiento de sistemas eficaces de seguridad alimentaria humana y animal y de protección veterinaria y fitosanitaria.

246.La producción de productos en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la piscicultura aumentó en 2.100 millones de laris (59,3 %) en el período 2012-2020 y fue de 5.800 millones de laris. En el mismo período, la producción total de productos obtenidos como resultado de la transformación de productos agrícolas aumentó en 2.300 millones de laris (56,3 %) y alcanzó los 6.300 millones de laris.

247.En 2020 el valor agregado generado en la agricultura, la silvicultura y la piscicultura, a precios corrientes, fue de 3.600 millones de laris, lo que representó un aumento de 1.365 millones de laris (61,3 %) con respecto a 2012. Además, en 2020 el valor agregado de la agricultura, la silvicultura y la piscicultura contribuyó en un 8,3 % al producto interno bruto.

248.De 2012 a 2020, el número de personas empleadas en la agricultura, la silvicultura y la piscicultura disminuyó en 60.000 (19,5 %), y el porcentaje de personas empleadas en esos sectores con respecto al total de personas empleadas en el país se redujo en un 5 %. No obstante, durante el mismo período, el número total de empleados aumentó en 29.600 personas. Las cifras indican que las personas empleadas en la agricultura, la silvicultura y la piscicultura se incorporan gradualmente a otros sectores, que el número de personas empleadas en el país ha aumentado y que hay población activa que cambia de sector (véase el anexo XI).

249.De 2014 a 2020, el salario nominal mensual medio de las personas empleadas en la agricultura, la silvicultura y la piscicultura aumentó en 318 laris (63,5 %), de modo que pasó a ser de 819 laris.

250.Desde 2012, la Agencia de Desarrollo Rural ha invertido casi 4.000 millones de laris (de los que más de 845 millones de laris han sido cofinanciados por el Estado) en proyectos y programas de desarrollo de empresas agrícolas (anexo XII).

251.El sujeto pasivo del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a las tierras será la persona que, hasta el 1 de abril del año fiscal, fuera propietaria de las tierras en cuestión. Las tasas básicas anuales del impuesto sobre bienes inmuebles aplicables a las tierras agrícolas y forestales se establecen (en laris por hectárea) en función de la unidad territorial administrativa y la categoría de las tierras. Las tasas del impuesto sobre bienes inmuebles aplicables a las tierras no agrícolas dependerán de la ubicación del terreno o la parcela de que se trate.

252.Las tierras asignadas a una persona en virtud de una licencia para el uso de recursos naturales u otro tipo de uso previsto en la legislación de Georgia están sujetas a un impuesto máximo de 3 laris por hectárea.

Respuesta al párrafo 42 – Instituciones de atención de la salud

Cuadro XVI Datos estadísticos del sistema de atención de la salud

Millones de laris	2015	2016	2017	2018	2019
Gastos totales en atención de la salud	1 517	2 865	2 878	3 172	3 228
Gastos del Estado en atención de la salud	914	1 068	1 092	1 252	1 280
Gastos por cuenta del paciente	1 444	1 591	1 576	1 512	1 608
Seguro privado	115	160	163	135	166
Gastos del Estado en relación con el PIB	2,9 %	3,1 %	2,9 %	3 %	3 %
Gastos por cuenta del paciente respecto a los gastos totales en atención de la salud	57,3 %	55,5 %	54,7 %	47,6 %	48,4 %

Cuadro XVII Datos estadísticos del sistema de atención de la salud (2)

Por cada 1.000 habitantes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Núm ero de camas de hospital	3,4	3,7	4,0	4,3	4,7	5,0
Núm ero de médicos	5,7	6,6	7,1	8,3	8,5	8,4
Núm ero de enfermeros	5,7	5,2	5,2	4,8	5,3	5,2

253.A continuación se indica el salario nominal mensual medio del personal de los servicios de salud y sociales.

Cuadro XVIII Salario en el sistema de atención de la salud

Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Salario (laris)	845,7	914,6	953,3	983,6	1 049,5	1 101,4

254.En 2020 había 265 centros ambulatorios en Georgia, y el 86 % de ellos eran privados. El número de camas disponibles en las instituciones médicas era de 4,9 por cada 1.000 habitantes, y, en promedio, la ocupación de una cama era de 190,7 días y el tiempo de espera para la asignación de una cama de 5,6 días.

255.Solo el 30 % de las instituciones de atención primaria de la salud son propiedad del Estado. Hay 320 policlínicas, 11 clínicas de asesoramiento a la mujer y 1.264 equipos de médicos rurales. En el período 2020-2021 se construyeron y equiparon más de 400 centros ambulatorios rurales.

256.En virtud de la Ley de Atención de la Salud, las instituciones médicas gozan de independencia profesional y económica conforme a lo dispuesto en la legislación de Georgia. Llevarán a cabo su labor con arreglo a sus estatutos, de conformidad con la legislación nacional. Asimismo, establecerán el procedimiento de organización del trabajo y la planificación, la modalidad y la cuantía de las remuneraciones en función de sus ingresos, conforme a lo dispuesto en la legislación.

257.Las asignaciones presupuestarias para el sector de la atención de la salud han aumentado significativamente desde 2013 (en 2012 fueron de 45.000.000 laris y en 2019 de 1.425.000.000 laris). El gasto público en relación con el PIB y el presupuesto del Estado van en aumento (1,7 % en 2012 y 3 % en 2020).

258.Según la OMS y el Banco Mundial, Georgia ha mejorado el acceso a la atención de la salud y ha logrado una mayor seguridad financiera gracias a la aplicación de eficaces reformas. Se ha observado una tendencia sostenida de aumento de la utilización de los servicios médicos y ha mejorado notablemente la satisfacción de la población con dichos servicios.

Respuesta al párrafo 43 – Atención a las personas con enfermedades mentales

259.A continuación figura el presupuesto del Programa Estatal de Salud Mental para el período 2015-2020.

Cuadro XIX Presupuesto del Programa Estatal de Salud Mental

Año	L aris
2015	16 170 450
2016	16 483 255
2017	15 794 160
2018	20 550 700
2019	23 842 060
2020	27 500 000

260.En el siguiente cuadro se indican las instituciones que prestan servicios psiquiátricos.

Cuadro XX Instituciones de salud mental

Adjara	1
Guria	2
Tiflis	6
Imereti	4
Kakheti	4
Mtskheta-Mtianeti	2
Samegrelo-Zemo Svaneti	3
Kvemo Kartli	1
Shida Kartli	2
Total	25

261.La Ley de Atención Psiquiátrica, aprobada en 2006, reconoce que la salud mental es un aspecto fundamental de la salud humana y una condición indispensable para el bienestar de la sociedad, y que la protección de los derechos de las personas con trastornos mentales es una obligación del Estado.

262.La referida ley establece las formas de atención psiquiátrica a las personas con trastornos mentales, los derechos de esas personas, así como los derechos y las obligaciones de las personas que trabajan en la esfera de la psiquiatría. La ley se aplica a los ciudadanos de Georgia, los apátridas y los ciudadanos de otros países que se encuentren en el territorio de Georgia y necesiten atención psiquiátrica.

263.La evaluación inicial, el tratamiento y, en caso necesario, la observación de los pacientes se llevarán a cabo en un centro psiquiátrico ambulatorio. El paciente, o su representante legal, con capacidad para tomar una decisión consciente, tiene derecho a elegir el centro psiquiátrico y el médico y puede pedir que se interrumpa la evaluación o el tratamiento en cualquier momento.

264.La hospitalización psiquiátrica de los pacientes es voluntaria y se lleva a cabo, cuando es necesario, por indicación médica. La hospitalización de un paciente para recibir tratamiento por su propia voluntad se basará en una solicitud o el consentimiento informado del paciente.

265.Los psiquiatras están autorizados a utilizar métodos de restricción de los pacientes hospitalizados (aislamiento en una sala especializada o inmovilización) si existe un peligro real de que se dañen a sí mismos o dañen a otros y no pueda evitarse por otros medios. La decisión de utilizar métodos de restricción corresponde al médico jefe de servicio o al médico de guardia del hospital, que debe hacer constar la justificación en la historia clínica.

266.La necesidad de hospitalización psiquiátrica involuntaria será determinada por un médico de urgencias o un médico con la certificación pertinente. Las fuerzas del orden pertinentes deberán prestar asistencia en la hospitalización de un paciente si así se solicita. En un plazo de 48 horas desde la hospitalización, una junta de psiquiatras evaluará el estado mental del paciente y decidirá sobre la conveniencia de la hospitalización psiquiátrica involuntaria.

267.Si la junta de psiquiatras llega a la conclusión de que es necesaria la atención psiquiátrica en régimen de hospitalización involuntaria, la administración del centro psiquiátrico, en un plazo de 48 horas tras la hospitalización de la persona, solicitará una orden judicial de hospitalización psiquiátrica involuntaria. El tribunal competente examinará la solicitud y, en un plazo de 24 horas a partir de su recepción, tomará una decisión sobre la hospitalización involuntaria para atención psiquiátrica. Durante el examen del caso se requerirá la participación del paciente. Un representante legal o, en su defecto, un familiar del paciente y un abogado representarán los intereses del paciente ante el tribunal. Si la persona no tiene un abogado, el tribunal deberá asignarle uno. La hospitalización psiquiátrica involuntaria no podrá exceder de seis meses.

268.En 2013 el Parlamento de Georgia aprobó el Concepto Estatal de Protección de la Salud Mental y el Gobierno aprobó el Documento Estratégico para el Desarrollo de la Salud Mental y el correspondiente Plan de Acción (2015-2020). Las orientaciones prioritarias de ambos documentos son la descentralización de los servicios y la mejora de los servicios ambulatorios, el suministro de medicación y las intervenciones psicosociales, el desarrollo de servicios comunitarios y el logro de un equilibrio entre el tratamiento hospitalario y el tratamiento basado en la comunidad y entre el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El 18 de enero de 2022, el Gobierno aprobó el plan estratégico actualizado para el período 2022-2030.

269.Con el fin de aumentar el acceso de la población de Georgia a los servicios psiquiátricos desde el punto de vista geográfico y económico, en 1995 se puso en marcha el Programa Estatal de Salud Mental (véase el anexo XIII).

270.Las normas o protocolos relacionados con los tratamientos son elaborados por especialistas en la materia y se basan en las mejores prácticas internacionales.

271.En 2020, con el apoyo financiero y técnico de la Agencia Francesa de Desarrollo, se empezó a trabajar en la elaboración de una base de datos de enfermedades mentales, con el fin de que se registren los casos de morbilidad y mortalidad por trastornos mentales.

Respuesta al párrafo 44 – Medidas de prevención del VIH/sida

272.En el siguiente cuadro se indica la incidencia del VIH/sida por cada 100.000 habitantes en Georgia.

Cuadro XXI Datos estadísticos sobre el VIH/sida

Año	1990	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Indicador	0	2	11,6	19,2	19,3	16,9	18	18	14,2

* Calculada sobre la base de la población media anual en 2019.

273.El 1 de diciembre de 2020 el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Sida e Inmunología Clínica tenía registrados 8.598 casos de infección por el VIH (6.422 hombres y 2.176 mujeres, la mayoría de entre 29 y 40 años).

274.Desde 2003, en el marco de un programa del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, todas las personas seropositivas para el VIH tienen derecho a recibir gratuitamente tratamiento antirretrovírico (TAR), esencial y altamente eficaz, así como a un seguimiento de laboratorio de calidad y un seguimiento de la adhesión al tratamiento. Los pacientes reciben tratamiento en Tiflis y en cuatro regiones.

275.El 31 de diciembre de 2020 había 5.442 personas infectadas por el VIH que recibían TAR. Georgia sigue ocupando una posición destacada en lo que respecta a la cobertura del tratamiento antirretrovírico de las personas infectadas por el VIH y a los indicadores de adhesión al tratamiento. No obstante, el hecho de que alrededor del 45 % de los casos se diagnostiquen en una fase tardía repercute negativamente en el tratamiento y la tasa de mortalidad.

276.De conformidad con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida y la recomendación de la OMS al respecto, en 2016 Georgia comenzó a ejecutar plenamente la campaña “Tratamiento para todos”, lo que implica ofrecer TAR a todas las personas infectadas por el VIH, independientemente de la concentración de linfocitos CD4 que tengan.

277.En el marco de la transferencia gradual de la responsabilidad del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria de financiar las medidas pertinentes, desde 2015 el Estado cofinancia la compra de medicamentos antirretrovíricos de primera y segunda línea.

278.La Estrategia Nacional contra el VIH/Sida (2019-2022) tiene como objetivo combatir la epidemia de VIH en Georgia mediante intervenciones sostenibles y centradas en las personas en alto riesgo de exposición al VIH y sus parejas sexuales, la mejora de la calidad de los servicios y la consecución de resultados significativamente mejores del tratamiento.

279.En el marco del Programa Estatal de Gestión de las Respuestas al VIH/Sida se realizan las siguientes tareas: asesoramiento sobre la infección por el VIH y sobre el sida (antes y después de la prueba) y pruebas del VIH voluntarios; adquisición, recepción y transporte de la medicación de primera línea para el tratamiento del VIH/sida; diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual para las personas en alto riesgo de exposición al VIH; y un programa piloto de prevención de infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas (a partir del 1 de julio de 2020).

280.También en el marco de ese programa, se suministraron al Centro de Información y Asesoramiento sobre Salud Reproductiva (TANADGOMA) medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH/sida, y kits de pruebas para el seguimiento del tratamiento antirretrovírico y la medición de la carga de VIH-1. El objetivo de esa iniciativa era proporcionar tratamiento a la población del territorio ocupado de Abjasia, entregar equipo médico en el territorio ocupado, garantizar la continuidad del tratamiento y mejorar la adhesión de los pacientes al tratamiento.

Respuesta al párrafo 45 – Acceso a la educación primaria

281.En virtud de la Constitución de Georgia (artículo 26), toda persona tiene derecho a recibir educación y a elegir la forma de educación que desea recibir. La educación primaria (6 años) y la educación secundaria básica (3 años) serán obligatorias (artículo 27). Según la ley, el Estado financia todos los niveles de la educación general (12 años).

282.Estudiar en centros públicos del sistema de educación general es gratuito para todos los estudiantes, independientemente de su nacionalidad. Desde el año académico 2014/15, la educación general se financia también a los ciudadanos extranjeros residentes en Georgia. Asimismo, el Estado financia los estudios en centros privados autorizados en función de la normativa fiscal estatal por alumno.

283.A continuación se indica la distribución de la población estudiantil por grados para un año académico determinado.

Cuadro XXII Datos sobre la población estudiantil para el año académico 2020 / 21

Año académico	Grados 1 a 6	Grados 7 a 9	Grados 10 a 12
Niñas	Niños	Total	Niñas	Niños	Total	Niñas	Niños	Total
2020 /2 1	161 857	174 715	336 572	65 590	72 490	138 080	64 504	69 939	134 443

284.En el siguiente cuadro se indica el número de estudiantes que finalizaron sus estudios.

Cuadro XXIII Datos estadísticos sobre abandono escolar

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Niñas	Niños	Niñas	Niños	Niñas	Niños	Niñas	Niños	Niñas	Niños
	4 835	6 677	4 740	7 056	4 769	7 529	4 908	7 141	3 382	4 865

285.En 2017 el Gobierno aprobó la Estrategia Unificada para la Educación y la Ciencia (2017-2021), que cumple plenamente los requisitos del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Georgia, las recomendaciones del Consejo de Europa y el ODS 4. Los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación y Ciencia contribuyen a garantizar el acceso a la educación en todas las etapas y una educación de calidad para todos.

286.En 2021 se puso en marcha un mecanismo de control de las faltas de asistencia a la escuela como medida disuasoria. Se elaboraron normas que cubren diferentes situaciones. En caso de que un alumno falte a la escuela durante 10 días consecutivos, el tutor de la clase debe presentar por escrito a la dirección de la escuela un informe en el que se indiquen las medidas tomadas durante esos 10 días para tratar de resolver la situación directamente con el alumno o con su representante legal. Si el alumno falta a la escuela durante 20 días consecutivos, un trabajador social y el tutor de la clase intervendrán conjuntamente para intentar solucionar el problema. El trabajador social deberá visitar a la familia dos días laborables para hablar con el alumno y su representante legal con el fin de que el alumno retome sus estudios. En caso de que el alumno no asista a la escuela durante 45 días, se anulará su matrícula, aunque podrá ser restablecida en cualquier momento previa solicitud de los padres o el representante legal del alumno.

287.En 2015 se aprobó el plan de acceso a la profesión, desarrollo profesional y promoción profesional del personal docente, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los centros de educación general mediante el desarrollo profesional sistemático del personal docente dirigido a mejorar los resultados del alumnado.

288.A continuación se exponen algunas de las medidas adoptadas para facilitar el acceso a la educación y fomentarla.

289.Se puso en marcha un programa de suministro de libros de texto a estudiantes y profesorado. Desde 2012, se proporcionan libros de texto a los estudiantes de todas las escuelas públicas de Georgia (100 %) y los estudiantes de las escuelas privadas, siempre que pertenezcan a familias por debajo del umbral de pobreza o sean hijos de soldados fallecidos en la guerra de agosto de 2008. Los libros de texto de la educación primaria y la educación secundaria básica se han renovado por completo y se han traducido a las lenguas de las minorías étnicas.

290.Para mejorar la accesibilidad geográfica a las escuelas, el Ministerio de Educación y Ciencia presta servicios de transporte utilizados por 12.000 estudiantes al año.

291.Se puso en marcha el Programa Mi Primera Computadora. Cada año se proporcionan computadoras portátiles a los estudiantes de primer grado de las escuelas públicas y a los tutores de sus clases, así como a los estudiantes sobresalientes que terminan la educación secundaria básica en el sistema público de enseñanza.

292.En 2005 se empezó a ejecutar en Georgia un programa de educación inclusiva, con el objetivo de proporcionar un entorno educativo equitativamente accesible (véase el anexo XIV) a los estudiantes con distintas capacidades (niños de la calle, niños romaníes, niños mesjetianos repatriados que no tienen nacionalidad georgiana, niños y jóvenes con discapacidad o con necesidades educativas especiales y niños y jóvenes de otros grupos vulnerables).

293.Las personas pertenecientes a minorías étnicas tienen acceso a la educación en todos los niveles (educación preescolar, educación secundaria, formación profesional, educación superior y educación de adultos) y pueden recibir enseñanza en preescolar y en el sistema de educación general en su lengua materna. En Georgia hay alrededor de 300 escuelas públicas y departamentos de escuelas públicas que no son establecidos ni administrados por el Gobierno de Georgia. Los programas y cursos en lengua georgiana se han ampliado y pueden acceder a ellos todas las personas interesadas por diferentes medios en función de dónde residan, incluidos los grupos móviles y el aprendizaje a distancia.

294.Se imparte un curso de georgiano con el fin de ayudar a los solicitantes de asilo en Georgia, los refugiados o las personas con estatus migratorio legal por motivos humanitarios (así como a los jóvenes del Centro de Acogida Temporal del Departamento de Migración del Ministerio del Interior para solicitantes de asilo) a seguir estudiando sin limitaciones en los centros de educación general. El 31 de diciembre de 2020 se habían matriculado en el curso 224 estudiantes, de los que 104 finalizaron sus estudios satisfactoriamente.

295.En respuesta a los problemas causados por la pandemia, se instauró el aprendizaje a distancia y se pusieron a disposición de las escuelas plataformas de esa modalidad de enseñanza. El Ministerio de Educación y Ciencia y la radiotelevisión pública pusieron en marcha el proyecto TV School para brindar una educación accesible a todos. A escala regional, algunos grupos de apoyo a asignaturas específicas colaboraron activamente con las escuelas para mejorar las prácticas de aprendizaje a distancia. Se permitió a los padres de los alumnos optar por la modalidad de educación a distancia y el Ministerio de Educación y Ciencia concedió una retribución complementaria a los docentes que tuvieron que asumir una sobrecarga de trabajo. Se supervisaron todas las escuelas y se evaluó su estado antes del comienzo de las clases para mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias, de modo que se renovaron unos 800 aseos de escuelas públicas y se dotó a las escuelas de los medios higiénicos necesarios.

Respuesta al párrafo 46 – Calidad de la educación superior

296.La educación superior en Georgia abarca tres niveles de estudio: licenciatura (programa educativo de no menos de 240 créditos), máster (programa educativo de no menos de 120 créditos) y doctorado (proceso de aprendizaje de tres años de duración, con un componente educativo de no menos de 60 créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos).

297.En 2010 se introdujo un instrumento de política preferencial para que los jóvenes de minorías étnicas pudieran acceder a la educación superior, a saber, el denominado Programa 1+4, que goza de gran aceptación, como pone de manifiesto la tendencia creciente del número de solicitantes. Solo en 2021, 1.207 estudiantes se matricularon en el Programa tras aprobar los exámenes nacionales unificados. Desde que se puso en marcha el programa, se han beneficiado 8.784 personas.

298.Una vez completado con éxito cada nivel de estudio de la educación superior, se expide el correspondiente diploma y un suplemento de diploma, y cuando se termina satisfactoriamente un programa educativo de 60 créditos, se emite un certificado. Una institución de educación superior está autorizada a conceder el título de asociado a quienes terminen satisfactoriamente un programa educativo de ciclo corto y acumulen el número de créditos necesario. Además, se expedirá un diploma acreditativo del título de asociado.

299.En Georgia existen tres tipos de instituciones de educación superior:

Universidad. Institución de educación superior que lleva a cabo programas educativos en los tres niveles de estudios superiores, así como investigación científica.

Universidad pedagógica. Institución de educación superior que lleva a cabo programas de educación superior. No se encarga de los programas de doctorado, pero sí debe ofrecer programas de máster.

Facultad. Institución de educación superior que solo imparte programas de educación superior de licenciatura.

300.En 2005 Georgia comenzó a aplicar el Proceso de Bolonia, lo que ha dado lugar a importantes reformas en el sistema educativo.

301.Las instituciones de educación superior de Georgia deben establecer mecanismos internos y externos de aseguramiento de la calidad. Los mecanismos externos de aseguramiento de la calidad incluyen la evaluación y el desarrollo continuos de la calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación, el desarrollo profesional del personal y la mejora de la calidad de los recursos y de los procesos educativos y de investigación de las instituciones.

302.El proceso de autorización de las instituciones de educación superior, introducido en 2010, constituye un mecanismo externo de aseguramiento de la calidad, del que se encarga el Centro Nacional para la Mejora de la Calidad Educativa. Consiste en una evaluación de la institución con el fin de determinar si cumple las normas establecidas para obtener la autorización. El período de autorización es de siete años.

303.Asimismo, desde 2011, el Centro lleva a cabo la acreditación de los programas de educación superior, que es también un mecanismo externo de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Consiste en la evaluación de los programas educativos para determinar si cumplen las normas de acreditación. La acreditación es obligatoria solo para los programas regulados y los programas de doctorado (a excepción de los programas de educación superior en teología). El resto de programas no se acreditan. No obstante, se exige la acreditación para optar a una beca del Gobierno.

304.Desde 2018, los procesos de autorización y acreditación se llevan a cabo de conformidad con las Normas y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG 2015).

305.Además, las instituciones de educación superior están obligadas a contar con un empleado o departamento encargado del aseguramiento de la calidad, que será responsable de la aplicación eficaz del aseguramiento interno de la calidad.

Información sobre el artículo 15 – Derechos culturales

306.Según la Constitución, los ciudadanos de Georgia, independientemente de su origen étnico, religión o lengua, tienen derecho a mantener y desarrollar su cultura y a utilizar su lengua materna en privado y en público, sin discriminación alguna; la libertad de creación está garantizada; la interferencia en el proceso creativo y la censura en la esfera de las actividades creativas son inadmisibles; y toda persona tiene derecho a velar por la protección del patrimonio cultural.

307.En virtud de la Ley de Georgia de Cultura, el derecho a participar en la actividad cultural será un derecho humano inalienable. Para introducir mejoras en la esfera de la cultura y el arte, el Ministerio de Cultura, Deportes y Juventud ha comenzado a elaborar el Código de Cultura, de carácter general.

308.En el siguiente cuadro se puede ver cómo el presupuesto de la esfera de la cultura ha ido aumentando progresivamente.

Cuadro XXIV Presupuesto de la esfera de la cultura (2015-2020)

Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Millones de laris	95	97	97	129,3	132,2	139,7

309.En 2016 el Gobierno aprobó la Estrategia de Cultura 2025, elaborada con una amplia participación de la ciudadanía (unas 50 reuniones en todo el país, en las que participaron más de 3.000 personas, incluidos representantes de minorías étnicas). En la Estrategia se contempla garantizar la participación de todas las personas en la vida cultural y favorecer la autorrealización. Una de las prioridades de la Estrategia es el acceso a la cultura y la diversidad cultural, con el objetivo fundamental de hacer la cultura accesible a todos los miembros de la sociedad y, al mismo tiempo, promover la diversidad de expresión cultural.

310.En 2019, con arreglo a la Estrategia de Cultura 2025, se introdujo un nuevo modelo de financiación de la esfera de la cultura, consistente en promover actividades culturales y creativas en determinados ámbitos temáticos y sectoriales mediante concursos. Con un documento de política se garantiza un proceso más transparente, más oportunidades de participación e igualdad de condiciones para todos los participantes. Se celebran concursos en diferentes esferas de la cultura, lo que contribuye a desarrollarlas y a fomentar la participación de distintos grupos sociales en actividades culturales y creativas.

311.La Estrategia de Cultura promueve la integración y favorece una participación e implicación más activas en la vida cultural por parte de las minorías étnicas, las personas con discapacidad, la juventud, las mujeres, los desplazados internos, los refugiados y los repatriados, así como de los ciudadanos georgianos, los niños y los adolescentes que viven en los territorios ocupados y en el extranjero.

312.Se han establecido condiciones preferentes (reducción del 50 % del precio de la entrada o entrada gratuita) en museos estatales, teatros y algunas actividades educativas y culturales con el fin de garantizar el acceso de determinados grupos sociales a las instituciones y actividades culturales.

313.El aumento de la participación de las minorías étnicas en la vida cultural del país, la preservación de la identidad cultural y las tradiciones, y el desarrollo y la activación de las relaciones interculturales son partes inseparables de la política de cultura. Entre las medidas de apoyo figuran las destinadas a identificar, preservar, rehabilitar y proteger el patrimonio cultural de los grupos étnicos y promover sus actividades culturales y creativas. También se presta apoyo a las minorías étnicas a través de organizaciones culturales y creativas de minorías étnicas, dependientes del Ministerio de Cultura, así como a proyectos temáticos en diversos ámbitos relacionadas con las minorías étnicas.

314.Se aprobó, en estrecha colaboración con el colectivo de las personas con discapacidad, una guía sobre cómo garantizar la igualdad de participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y creativa. En el documento se abordan las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la cultura y se establece un plan de acción al respecto. Entre otras cuestiones, la guía aborda la accesibilidad de las instalaciones y actividades culturales para las personas con discapacidad, la capacitación del personal de diversas instituciones culturales a fin de que adquieran las competencias necesarias para relacionarse con las personas con discapacidad, y el fomento del empleo de personas con discapacidad en organizaciones culturales.

315.En los pueblos situados a lo largo de la línea de ocupación se llevan a cabo iniciativas como la organización de encuentros de escritores, especialistas en la obra del poeta Rustaveli, directores y lingüistas georgianos con la población afectada por el conflicto para que se implique en los procesos culturales.

316.Desde 2009, se han venido promoviendo círculos informales de educación artística en las escuelas de los asentamientos compactos de desplazados internos, en las que cada año se emplea a unos 70 desplazados internos como docentes y estudian unos 700 alumnos. Los círculos creativos que se organizan en las escuelas son sobre fieltro, cerámica, dibujo, tejido e instrumentos folclóricos, entre otras actividades artísticas.

317.Se imparte una educación artística de calidad y asequible a través de cuatro instituciones de educación artística superior que ofrecen programas profesionales de arte, ocho academias de arte que imparten fuera del horario escolar regular y dos facultades de arte. Asimismo, el Ministerio de Cultura apoya actividades en el extranjero para mejorar la cualificación de las personas interesadas en las esferas de la cultura promoviendo la participación del alumnado en clases magistrales, talleres, concursos, festivales y conferencias a escala internacional.

318.El desarrollo de programas de educación informal dirigidos a preescolares y escolares es una cuestión prioritaria para el Estado. Esos programas se ponen en práctica en instituciones culturales (museos, galerías, escuelas de arte). Además, los museos tienen programas de educación inclusiva para niños con discapacidad. Todos esos programas son gratuitos para las familias en situación de vulnerabilidad social y los refugiados. Con esos programas también se pretende fomentar la participación de los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas.

319.En la aplicación de la política cultural se tiene en cuenta la igualdad de género.

320.Asimismo, el Estado da prioridad a que la sociedad en general pueda acceder a la cultura. Para lograrlo, se celebran anualmente festivales internacionales dedicados a los libros tradicionales, la literatura, el teatro, los niños y los estudiantes. Además, se brinda apoyo para llevar a cabo actividades relacionadas con las artes visuales en Georgia y en el extranjero, como foros internacionales, simposios, festivales internacionales de folclore, exposiciones de artesanía tradicional y la participación de artistas en eventos importantes. Cada año se celebran espectáculos de teatro, bandas de música y agrupaciones folclóricas a escala regional. A través del proyecto de renovación del fondo de 66 de las principales bibliotecas del país, se suministran anualmente libros a las bibliotecas regionales.

321.El Estado protege los derechos de propiedad intelectual e industrial y las actividades científicas y tecnológicas en general.

322.La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos protege los derechos de autor sobre todas las obras creadas en las esferas de la literatura, la ciencia y el arte, independientemente del medio y la forma que se utilicen para presentarlas. El autor de una obra es el titular del derecho de autor, que puede transferirse a sus herederos tras su fallecimiento. El derecho de autor puede transferirse también a cualquier otra persona, física o jurídica.

323.El goce y el ejercicio del derecho de autor no requieren registrar ni legalizar la obra, ni realizar ningún otro trámite. Se presumirá autor de la obra a la persona que figure debidamente como tal en el original o en el ejemplar de la obra, salvo que se demuestre lo contrario.

324.Los derechos de autor de los ciudadanos georgianos quedan automáticamente protegidos en los Estados parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. No es necesario registrar la obra, depositar un ejemplar de la obra ni realizar ningún otro trámite para que se reconozca el derecho de autor sobre la obra. En Georgia, como en otros muchos países, la legislación establece que el registro de la obra o el depósito de un ejemplar son voluntarios.