29° período de sesiones
Acta resumida de la 615ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 3 de julio de 2003, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de Francia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación) (CEDAW/C/FRA/3, CEDAW/C/FRA/ 3-4/Corr.1, CEDAW/C/FRA/5, CEDAW/PSWG/2003/II/ CRP.1/Add.2 y CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.1)
Tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de Francia
Por invitación de la Presidenta, la delegación de Francia toma asiento como participante a la mesa del Comité.
La Sra. Ameline (Francia) sigue respondiendo a las preguntas de los miembros del Comité y dice que, aunque presida junto con el Ministro de Asuntos Sociales, Trabajo y Solidaridad los comités para fomentar la incorporación de una perspectiva de género o investigar asuntos intersectoriales, disfruta de auténtica autonomía como primera Ministra de la Paridad y la Igualdad Profesional. En el desempeño de sus funciones, celebra amplias consultas con organizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional.
La Sra. Grésy (Francia), en respuesta a una pregunta sobre las recomendaciones de la Oficina de Control de la Publicidad, dice que hay una asociación profesional compuesta y financiada por publicistas y agencias de publicidad que se autoregula. La recomendación más reciente de la organización, de 2001, sobre la imagen del ser humano, es la base de sus opiniones consultivas. Sus recomendaciones están teniendo efecto. En los seis últimos meses ha habido menos anuncios degradantes y se ha recurrido más al sentido del humor, por ejemplo, en un anuncio de la marca de calzado Eram, en el que salía un pie dentro de un zapato afirmando que no atentaba contra la dignidad de la mujer. Últimamente, no obstante, la representación de la mujer como subordinada (secretarias en lugar de jefas, un hombre diciendo en broma que su mujer no tiene “ningún valor” al comprar dos billetes de viaje por el precio de uno) ha sido un nuevo motivo de preocupación. Se ha creado un grupo de trabajo con representación de las agencias de publicidad en un intento de fortalecer el marco jurídico sobre las normas publicitarias y se ha propuesto legislación que añade los criterios del género y de la orientación sexual a una ley de 1991 por la que se prohíbe la discriminación.
En cuanto a las repercusiones de la Ley de seguridad interna de marzo de 2003, en su circular de 3 de junio de 2003, el Ministerio de Justicia señala que abordará el problema de la prostitución dando prioridad al desmantelamiento de las redes y haciendo hincapié en asistir a las víctimas en lugar de sancionarlas. Se están adoptando medidas para capacitar a agentes especiales en las comisarías con ese fin. Se garantiza la confidencialidad a las prostitutas y a las víctimas de la violencia doméstica, que reciben la asistencia de trabajadores sociales asignados a las comisarías y a 127 oficinas departamentales creadas con ese propósito. Además, hay un programa informático, llamado Proxima, que contiene información y ayuda destinadas a las víctimas de la violencia y la prostitución.
En virtud de la Ley de 9 de mayo de 2001 relativa a la igualdad profesional entre mujeres y hombres, se han firmado 2.500 contratos entre empleadores y trabajadores por los que se abren determinados empleos a ambos sexos a fin de facilitar la contratación, la promoción y la cualificación de la mujer y, muy a menudo, la transformación de las instalaciones de las empresas para adecuarlas a las necesidades de las mujeres y para poder integrar a las mujeres en las cadenas de producción. En los tres últimos años, se han celebrado 450 de esos contratos, en particular en la industria de la elaboración de plásticos y en las pequeñas y medianas empresas.
La Sra. Ameline (Francia) dice que la idea de su Ministerio, a saber, que el crecimiento económico sostenido depende de la paridad entre los hombres y las mujeres en el empleo debe encontrar eco en un conjunto de líderes económicos plenamente informados y comprometidos. La legislación sobre la paridad de los hombres y las mujeres en la vida política ha creado mucho mayor conciencia del problema y la representación insuficiente de la mujer en determinadas entidades del Gobierno ha llegado a causar indignación entre los trabajadores. Se propondrá legislación adicional sobre la base de una evaluación que se efectuará próximamente. Asimismo, en el mundo laboral, las mujeres participan en los consejos de administración, las magistraturas del trabajo y otros órganos de adopción de decisiones.
El Sr. Guardiola (Francia), en respuesta a la pregunta de la Sra. Gnacadja sobre la poligamia y el repudio en Mayotte, dice que el 80 por ciento de la población se rige por el derecho islámico, de conformidad con una disposición de la Constitución francesa de 1958, por la que las poblaciones indígenas de los Territorios de Ultramar pueden conservar su estatuto personal y sus leyes consuetudinarias. Con arreglo al artículo 75 de la Constitución francesa, no obstante, las leyes consuetudinarias se podrían adaptar a la legislación francesa vigente. Por consiguiente, un decreto-ley de 8 de marzo de 2000 dispone que ambos cónyuges deben estar presentes en la ceremonia de matrimonio y que la edad mínima para que las niñas contraigan matrimonio son los 15 años. Sólo recientemente, el 23 de junio de 2003, el Gobierno francés adoptó una ley histórica por la que se prohíben la poligamia y el repudio en Mayotte, así como la discriminación en materia de sucesión.
Artículos 7 a 9
La Sra. Shin pregunta si el Estado Parte ha analizado plenamente los motivos del bajo porcentaje de alcaldesas (6,6%), a pesar de la aplicación de la Ley, de 6 de junio de 2000, destinada a favorecer la igualdad de acceso de mujeres y hombres a mandatos electorales y a cargos electivos (CEDAW/PSWG/2003/II/ CRP.2/Add.1). No hay disposiciones legislativas que rijan la elección de alcaldes por los consejos municipales, pero no cabe duda de que existen otros obstáculos. El Estado Parte debería aplicar medidas más progresistas para que se elija a más alcaldesas, puesto que su liderazgo a nivel municipal sienta las bases de un auténtico gobierno democrático.
La Sra. Belmihoub-Zerdani expresa su preocupación por los posibles defectos de la Ley destinada a favorecer la igualdad de hombres y mujeres en los cargos electivos. De lo contrario, el número de mujeres en la Asamblea Nacional y el Senado, así como el número de concejalas, el 11% y el 6,6%, respectivamente, no sería incluso inferior que el de antes de la adopción de la Ley. Quizás haya que achacar el problema al sistema electoral, en cuyo caso convendría introducir ciertas modificaciones de procedimiento, por ejemplo, alternar los nombres de hombres y mujeres en las listas electorales y establecer un mecanismo justo para elegir al cabeza de lista. El nombramiento de mujeres en todos los cargos superiores de la administración pública o la imposición de sanciones económicas a los partidos y grupos políticos que incumplan el principio de la paridad podrían mitigar el revés temporal en las elecciones, lo cual tiene una extraordinaria importancia porque muchos países del tercer mundo, en particular en la región del Mediterráneo, han tomado siempre a Francia como modelo.
La Sra. Tavares da Silva felicita al Estado Parte por adoptar legislación sobre la paridad, aunque haya algunos problemas de aplicación. Solicita al Estado Parte que proporcione, en su próximo informe periódico, información sobre sus estudios de las pruebas de acceso a las escuelas más prestigiosas (grandes éc o les), con estadísticas sobre las repercusiones de tales estudios en la admisión de mujeres a dichas escuelas. En su próximo informe periódico, el Estado Parte también habría de describir el seguimiento de la iniciativa del Comité Directivo para la igualdad de acceso de mujeres y hombres a los cargos superiores de la administración pública de reducir la semana laboral y su impacto en la armonización del trabajo y de la vida familiar.
La Sra. Ameline (Francia), en respuesta a la pregunta de la Sra. Shin, dice que la Ley destinada a favorecer la igualdad de acceso de mujeres y hombres a mandatos electorales y a cargos electivos se basa en la convicción, en los albores del nuevo milenio, de que la sociedad no puede funcionar sin una nueva concepción de la igualdad entre los géneros. A pesar de los problemas de aplicación, el impacto general de la Ley ha sido positivo. Tradicionalmente, los hombres siempre han tenido el poder, mientras que en las mujeres recae la responsabilidad. En la actualidad, se ha elegido a toda una nueva generación de mujeres para ocupar cargos públicos y el sistema descentralizado contribuye a aumentar su importancia política. Un gran inconveniente es que la Ley no prevé la paridad en los altos cargos a nivel municipal, departamental y regional o un medio eficaz para resolver el problema de las comunidades que estén muy rezagadas en la aplicación del principio de la paridad. Las últimas elecciones al Parlamento Europeo han confirmado la buena voluntad del pueblo francés y su determinación de fomentar la participación de las mujeres en la vida política. En respuesta a la Sra. Belmihoub-Zerdani, la oradora dice que ya se alternan los nombres de hombres y mujeres en las listas electorales. Habrá que analizar la legislación vigente y el cumplimiento por los partidos políticos para determinar la manera de mejorar los resultados de las elecciones. En los últimos años y, en particular, en los últimos meses, se ha nombrado a mujeres para que ocupen muchos puestos superiores en la administración pública. En respuesta a la Sra. Tavares da Silva, dice que se deben examinar los factores culturales y los procedimientos en vigor si se quiere reformar el proceso de admisión a las grandes écoles y como alentar a más mujeres para que se dediquen a la ciencia y la tecnología. Las mujeres, al evitar este tipo de disciplinas se apartan de la realidad y limitan su conocimiento del mundo.
El proceso de cambio de las mentalidades masculina y femenina debe comenzar pronto. Los hombres están aprendiendo a aceptar a las mujeres como agentes permanentes, en lugar de variables regulables, de la economía y las mujeres están aprendiendo a superar los obstáculos con que tradicionalmente tropezaban para trabajar a medida que los hombres asumen cada vez más responsabilidades domésticas.
La Sra. Grésy (Francia) dice que un informe que está preparando el Comité Directivo para la igualdad de acceso de mujeres y hombres a los cargos superiores de la administración pública se centrará en la promoción de las perspectivas de carrera, incluida la movilidad ascendente de las mujeres en la administración pública (las mujeres constituyen el 57% de los funcionarios, pero sólo ocupaban el 13% de los altos cargos); los horarios (por ejemplo, en su Ministerio, las reuniones se celebran antes de las 18.00 horas para que tanto las mujeres como los hombres puedan volver a casa a tiempo); y cuotas y medidas de acción afirmativa provisionales para aumentar el número de mujeres en cargos de responsabilidad. De conformidad con la Ley de 9 de mayo de 2000, relativa a la igualdad profesional, al menos un tercio de los miembros de los tribunales de oposición y de los órganos de representación del personal deben ser mujeres. Un grupo de trabajo creado por la Ministra de la Paridad y la Igualdad Profesional procura que haya paridad en los nombramientos para altos cargos del Gobierno. En la actualidad, el 30% de los puestos ejecutivos de su Ministerio están ocupados por mujeres y el objetivo es aumentar esa cifra al 50% por ciento. Todos los ministerios han adoptado planes bienales o trienales para la promoción de las perspectivas de carrera de las mujeres. Por último, ya se está avanzando en la feminización de los nombres de las profesiones.
La Sra. Gabr, haciendo referencia al artículo 8 de la Convención, dice que las cifras del quinto informe (pág. 40) demuestran que la representación de la mujer en los niveles superiores del servicio exterior en Francia y en el extranjero sigue siendo insatisfactoria. Aunque es consciente de que la situación está cambiando, hace hincapié en la necesidad de no bajar la guardia ni perder la iniciativa y se pregunta si se ha estudiado la posibilidad de fijar cuotas.
La Sra. Ameline (Francia) reconoce que las mujeres no están suficientemente representadas en los niveles superiores del servicio exterior. No obstante, su Gobierno se ha comprometido firmemente a esforzarse por aumentar su número, incluso en los niveles más altos. Aunque no se han impuesto cuotas per se, se han fijado objetivos para asegurarse de que el servicio diplomático sea un reflejo de la sociedad en su conjunto.
Artículos 10 a 14
La Sra. Schöpp-Schilling pide información sobre la situación económica de las mujeres de edad, en particular de las que podrían estar viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Las características de su trabajo, a tiempo parcial o doméstico, o las obligaciones familiares, los divorcios, etc. pueden agravar su situación. En los casos de divorcio en los que se abona un monto global al cónyuge que se encuentre en la situación económica más desfavorable, ¿cómo se determina esa cantidad? Por ejemplo, ¿se tienen en cuenta las actividades domésticas de la mujer? ¿Es la parte que corresponde a la mujer del derecho de pensión del marido proporcional al número de años de matrimonio?
Habría que ver hasta qué punto se toman en consideración las cuestiones de las mujeres de edad en la reestructuración de los ministerios y los programas. En el tercer informe se señalan medidas para tratar la salud física y mental de las mujeres de edad, pero no hay información en ese sentido en el quinto informe. Haría falta información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas y la situación actual de las mujeres de edad, incluidas las que viven en residencias. Se están efectuando investigaciones interesantes en Europa occidental sobre la salud de la mujer, por ejemplo, el hecho de que los síntomas del infarto son diferentes en las mujeres y los hombres y, por consiguiente, es menos probable que se diagnostique debidamente en las mujeres, o el hecho de que los medicamentos suelen tener efectos diferentes en unas y en otros. ¿Se tienen en cuenta esas cuestiones de género al concebir programas relacionados con la salud?
La oradora no está satisfecha con la respuesta sobre la aplicación del derecho consuetudinario en los Territorios de Ultramar. Aunque es consciente de que el Gobierno intenta salvaguardar los derechos culturales de las minorías y garantizar la igualdad entre los géneros, el Estado Parte tiene la responsabilidad de encontrar soluciones creativas, porque la protección del derecho consuetudinario y religioso podría ir en detrimento del objetivo de plena igualdad para las mujeres.
La Sra. González Martínez pide más información sobre los efectos de las numerosas medidas y programas relativos a la salud de las mujeres y la situación sanitaria de las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas y las mujeres de edad. Asimismo, sería interesante disponer de información adicional sobre los resultados de los programas en materia de anticoncepción, VIH/SIDA y aborto. En lo que respecta a este último, por ejemplo, ¿ha aumentado o ha disminuido el número y el índice de abortos? ¿Ha aumentado el uso de anticonceptivos? ¿Qué métodos son los más populares en los diferentes grupos de edad? También agradecería que se la informe sobre el consumo de tabaco y otras drogas, por ejemplo su incidencia y si la juventud está especialmente afectada.
La Sra. Patten acoge con agrado la clara voluntad política que han puesto de manifiesto los esfuerzos del Estado Parte por fomentar los derechos de la mujer. Se pregunta, no obstante, qué medidas ha adoptado el Gobierno, incluido el Ministerio de Trabajo, para crear mayor conciencia de los derechos laborales de la mujer y coordinar con los sindicatos ese objetivo. Se agradecería recibir información adicional sobre el efecto de las leyes para garantizar la igualdad ocupacional de hombres y mujeres. Por ejemplo, ha aumentado el número de contratos sobre igualdad profesional, pero habría que ver si tales contratos contienen mecanismos para supervisar las condiciones de trabajo y proteger contra la discriminación en la capacitación y la promoción. Por último, la oradora señala que ha habido relativamente pocos juicios sobre los derechos laborales de la mujer y se pregunta si el Gobierno está haciendo lo suficiente para que las mujeres accedan fácilmente al sistema judicial. Asimismo, pregunta si los jueces han respaldado los derechos de la mujer y, si no ha sido así, qué está haciendo el Gobierno para concienciar a los jueces sobre los asuntos de la mujer.
La Sra. Simonovic se pregunta si el sistema público de salud cubre la procreación médicamente asistida. Toma nota de que, a título excepcional, una pareja puede recibir un embrión sobrante de otra pareja que haya consentido en dicha transferencia (CEDAW/C/ FRA/3, página 63) y el niño nacido de ese procedimiento está protegido contra la negativa a reconocer la paternidad. Se pregunta, no obstante, si se puede impugnar la maternidad.
A la Sra. Achmad le gustaría saber si se está haciendo lo suficiente para capacitar a los fiscales, los jueces y los funcionarios de inmigración sobre la igualdad de la mujer, puesto que la trata de mujeres es un asunto humanitario, además de penal. Pregunta también si se dialoga con los sindicatos y las universidades, en particular, las facultades de derecho y de medicina, para que los egresados sean conscientes del problema de la violencia contra la mujer. También se debería inculcar una perspectiva de género a los estudiantes de economía y alentar a los centros de educación superior a investigar sobre los asuntos de la mujer. Es importante destacar los beneficios de la igualdad y las desventajas de la desigualdad, la discriminación y los estereotipos, así como asegurarse de que en todos los niveles de la administración y la sociedad se tiene plena conciencia de los asuntos de la mujer.
La Sra. Tavares da Silva pregunta por las conclusiones del comité creado para examinar la cuestión de la violencia en las escuelas, en particular las medidas adoptadas para combatirla. También le gustaría saber qué propuestas se han formulado a raíz de la “Convención Interministerial para la promoción de la igualdad de oportunidades de niñas y niños, mujeres y hombres en el sistema educativo”.
Aunque las mujeres son mayoría en muchas carreras universitarias, hay relativamente pocas mujeres catedráticas, especialmente en niveles altos. La oradora se pregunta por qué esa situación es peor en París que en las provincias. El informe ofrece una descripción, pero no una investigación o información que expliquen las medidas adoptadas para solucionar el problema.
Artículo 11
La Sra. Belmihoub-Zerdani, observando que, en Francia, las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo y que muchas mujeres trabajan a tiempo parcial, pregunta por las consecuencias del trabajo a tiempo parcial en la jubilación y en las personas de edad. También le gustaría conocer la diferencia entre la tasa de desempleo de los hombres y de las mujeres. ¿Se ha hecho todo lo posible por salvar esa diferencia proporcionando trabajo sostenible a las mujeres? También le gustaría conocer la distribución de la riqueza entre hombres y mujeres en Francia.
Por último, ¿se ha comprometido Francia a aportar el 0,7% de su producto nacional bruto (PNB) a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), de conformidad con la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing?
La Presidenta invita a la delegación de Francia a responder a las preguntas planteadas.
La Sra. Ameline (Francia) dice que, según el último censo, 150.000 mujeres superan los 50 años de edad; debido a su longevidad, las mujeres constituyen la mayoría de las personas de edad. Lógicamente, su calidad de vida depende de su independencia social y económica y de la naturaleza de su vida interior. El 41% de las mujeres de edad recibe una jubilación baja, frente al 11% de los hombres. El ingreso medio de los jubilados es el doble que el de las jubiladas. Evidentemente, el acceso de las mujeres a la vivienda y a los servicios sanitarios y el nivel de su participación social inciden en su situación. También es importante si su entorno es rural o urbano, su origen social, cultural y étnico, la naturaleza de su entorno familiar y su estado de salud. Francia trata de ofrecer una asistencia integral con un máximo de autonomía personal, lo cual es difícil de lograr, además de muy caro.
Recientemente, la Asamblea Nacional examinó el problema de las bajas jubilaciones de las mujeres y se ha eliminado el requisito de la edad para recibir las pensiones de viudedad. Las jubilaciones bajas no son tanto un problema del régimen de jubilación en sí como del nivel profesional y, por consiguiente, se tratará de alentar a las mujeres para que se dediquen a profesiones que ofrezcan jubilaciones decentes. Se ha logrado un avance significativo en lo que respecta al divorcio: en la actualidad, la ley dispone que un juez debe tomar en consideración, al determinar el pago de la pensión, las decisiones adoptadas por la mujer en relación con su trabajo para poder criar a sus hijos y los planes de jubilación de cada uno de los cónyuges.
En cuanto a la asistencia médica, el sistema francés se centra en la prevención de la enfermedad. El enfoque de las enfermedades graves favorece la autonomía personal, el control de la propia vida y del propio cuerpo y la comprensión de la enfermedad. El cáncer es un asunto importante a nivel nacional y el cáncer femenino es una de las principales causas de muerte prematura entre las mujeres. Cuanto antes se diagnostique el cáncer, mejor. Se ha establecido un programa de prevención del cáncer de mama, con vistas a aumentar en un 20% los casos evitados gracias a la detección precoz. El plan prevé mamografías bienales para todas las mujeres entre los 50 y los 75 años de edad y consultas para determinar el historial de la familia. Otro plan trata de reducir la incidencia del cáncer cervical en un 2,5% anual.
En Francia, el 3,5%, aproximadamente, de las parejas son estériles. La procreación médicamente asistida, regulada por la ley, comprende desde la estimulación de los ovarios hasta la fertilización in vitro. Para poder utilizar tales servicios, ambos integrantes de la pareja han de estar vivos y en edad de procrear y deben estar casados o haber convivido durante un mínimo de dos años. En los próximos meses, se debatirá un importante proyecto de ley sobre bioética, en el que se tratan esos asuntos.
El aborto está muy controlado en Francia. El enfoque es preventivo y se hace hincapié en el uso de anticonceptivos. En 2001, el plazo para someterse a un aborto se amplió de 10 a 12 semanas después de la concepción. El número de abortos se mantuvo relativamente estable en los últimos 20 años (220.000 anuales). Las estadísticas han demostrado que un gran número de los abortos se deben a accidentes o fallos de los métodos anticonceptivos. Francia se está esforzando de forma significativa para familiarizar a las niñas con el uso de anticonceptivos, con vistas a evitar el aborto.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, además de la capacitación, es evidente que es necesario preparar mejor al personal sanitario para analizar y diagnosticar la violencia física y psicológica. Los jueces son cada vez más conscientes de la naturaleza del problema y el número de juezas está aumentando. Evidentemente, la concienciación debería comenzar en las escuelas. Francia ha establecido un sistema de módulos educativos que proporcionan información esencial a los profesores, destacando la importancia de inculcar conceptos como la autoestima, el respeto por los demás y el principio de la igualdad. El entorno familiar también es importante y se debería criar a las niñas en un ambiente de igualdad. Se ha redactado un texto para los cursos de educación social y sexual, en el que se destacan las actitudes no sexistas y no violentas.
De hecho, hay una gran diferencia entre los sueldos de los hombres y los de las mujeres. A lo largo de sus carreras, éstas afrontan obstáculos a su promoción que, al final, se traducen en unos ingresos inferiores a los de los hombres. El 80% de todos los puestos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Esta modalidad laboral, que podría ser una alternativa positiva, es insatisfactoria para el trabajador y el empleador. La oradora ha propuesto al Primer Ministro que se estudie un nuevo planteamiento de dicha modalidad de trabajo, prestando particular atención a la igualdad en los salarios y los ascensos. Los obstáculos son, por supuesto, tanto culturales como legales y judiciales. En general, sería ideal que tanto los hombres como las mujeres gozasen de una mayor libertad profesional.
Hay varios instrumentos importantes para evaluar la situación de las mujeres de edad. El Plan Nacional de Acción contra la Pobreza y la Exclusión se centra en los miembros vulnerables de la población, en particular en las mujeres y en las mujeres de edad. Los problemas y enfermedades concretos de las mujeres de edad también se estudian en el marco de los programas regionales de asistencia sanitaria. Se han efectuado estudios sobre los malos tratos que reciben las mujeres de edad en algunos establecimientos. El nuevo plan quinquenal de salud, que se presentará en 2003, se ha concebido con una perspectiva de género integral. Hay cuatro problemas centrales para las mujeres: el cáncer, la osteoporosis, el VIH y el tabaquismo. Ha habido un enorme aumento del consumo de tabaco, especialmente entre las niñas. En 1987, el 13% de las infecciones del VIH se produjeron en mujeres y, en 2002, el 26%. En la actualidad, las mujeres son el 33% de las personas infectadas, es decir, 44.000, aproximadamente. Se han efectuado pocos estudios sobre el efecto de los medicamentos contra el VIH en la fisiología femenina. En el marco del nuevo plan quinquenal de salud, se efectuarán ensayos con nuevos medicamentos en grupos mayores de mujeres.
El 74% de las francesas utiliza métodos anticonceptivos. La píldora, con el 45%, es el más popular. El dispositivo intrauterino (DIU) se encuentra en segundo lugar, con el 17%, seguido del preservativo, con el 7%. De conformidad con una ley promulgada en 2000, las enfermeras de las escuelas y los centros de planificación familiar proporcionan información sobre la anticoncepción de emergencia, disponible gratuitamente en las farmacias para las estudiantes menores y mayores de edad. Una gran proporción de estudiantes entre los 15 y los 18 años de edad utilizan anticonceptivos de emergencia, por lo que se teme que ese método se esté utilizando en lugar de otros. También en este caso, la educación es fundamental.
Los contratos sobre igualdad son acuerdos entre las empresas y el Gobierno por los que este último, con vistas a mejorar las cualificaciones de las trabajadoras, paga una parte de las prácticas y de los costos de capacitación. Además, se han firmado más de 2 millones de contratos por los que se abren determinados empleos a ambos sexos. Se han promulgado leyes para promover el papel de las mujeres en las magistraturas del trabajo, así como en las organizaciones del personal, y todas las empresas con más de 200 trabajadores han de tener comités de igualdad profesional. Además, en el contexto de los acuerdos preelectorales, se ha intentado aumentar el número de mujeres representantes de los trabajadores y de los empresarios.
La Ley sobre la discriminación, promulgada en noviembre de 2001, que facilita a las mujeres el recurso a la justicia, dispone que la mujer sólo ha de plantear los hechos y que la carga de la prueba recae en el empleador. Esa Ley también introduce el concepto de discriminación indirecta, que es fundamental, y se han dado más facultades a los sindicatos, incluido el “derecho de alerta”. Las negociaciones colectivas desempeñan una función importante y las empresas han de presentar informes sobre los trabajadores y las trabajadoras en lo que respecta a la contratación, la promoción y el desarrollo profesional.
En lo que respecta al papel de la mujer en las universidades, queda mucho por hacer. Se han creado tres comisiones paritarias, en el Centre national de la recherche scientifique (CNRS), el Ministerio de Investigación y el Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Artículos 15 y 16
La Sra. Morvai pregunta si la edad mínima para contraer matrimonio es la misma para los hombres y las mujeres y si es de al menos 18 años. Dice que, al principio, los derechos humanos se basaron en la experiencia de los hombres. La teoría jurídica feminista ha desvelado que la experiencia de las mujeres sobre los derechos humanos, incluida la libertad de circulación, es diferente. El miedo a la violencia sexual, por ejemplo, restringe su libertad de circulación y las posibilidades de elección del domicilio. Le gustaría disponer de más información sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno para solucionar el problema de las violaciones en banda en París, que ha tenido amplia resonancia y ha provocado una manifestación masiva en 2003, y propone que el Gobierno francés adopte una actitud más enérgica para mejorar los servicios a las víctimas, las campañas de concienciación y el registro de los delitos violentos. Es necesaria una mayor presencia de la policía en las zonas en las que se cometen esos delitos. La oradora insta a Francia a que revoque su ley contra la prostitución pasiva —en virtud de la cual la policía de París hostigó a una amiga suya por causa del “atuendo inadecuado”—, que humilla a las mujeres y viola sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de circulación.
La Sra. Tavares da Silva observa que las nuevas disposiciones sobre el registro civil en Mayotte fijan la edad mínima para que las mujeres contraigan matrimonio en los 15 años, con algunas excepciones. No está claro si una mujer puede optar por no adoptar el apellido del marido.
La Sra. Gnacadja, señalando que la práctica judicial es un barómetro de la igualdad entre hombres y mujeres ante la justicia, pregunta si se está procesando en forma cabal a los autores de agresión marital, independientemente de la nacionalidad o del estatus del acusado. Sería útil saber si se han adoptado medidas adecuadas para poner fin a las actitudes racistas de la policía con los inmigrantes. Por último, la oradora no entiende por qué no se trata en el informe (CEDAW/C/FRA/5) la desigualdad de trato de las mujeres en las cárceles. Acogería con satisfacción información sobre cárceles como las de Beauvais, Bobigny y Nanterre, donde las reclusas más afectadas son las inmigrantes, y sobre las denuncias de malos tratos silenciadas en los tribunales las raras ocasiones en que se presentan.
La Sra. Belmihoub-Zerdani, señalando que la edad mínima para contraer matrimonio deberían ser los 18 años tanto para los hombres como para las mujeres y que los matrimonios entre mujeres jóvenes y hombres de edad, especialmente en los círculos de inmigrantes, suelen ser matrimonios forzados, pregunta si es posible fijar una diferencia de edad máxima o, en caso de una diferencia de edad enorme, establecer mecanismos de alerta. A menudo, esos matrimonios se utilizan para obligar a las mujeres jóvenes a regresar a su país de origen. Sería útil crear un servicio telefónico para las mujeres, al que puedan llamar todas las personas afectadas, para alertar a las autoridades y salvar a las mujeres jóvenes de las garras de los matrimonios forzados. También le gustaría recibir información sobre los derechos de sucesión en casos de divorcio, que se basan en la sharia en su país, donde la parte de la herencia que corresponde a la mujer es la mitad que al marido.
La Sra. Ameline (Francia) confirma que su país está firmemente comprometido con el Estado de derecho, en particular con los derechos de las víctimas. En lo que respecta a la violencia contra las mujeres inmigrantes, su Gobierno ha dispuesto centros de acogida para las mujeres en peligro. En una ocasión, se acogió a una mujer y a su familia en un lugar seguro, tras constatar que su maltratador seguía constituyendo una amenaza al salir de la cárcel. Espera que su Gobierno adopte en breve una legislación que permita a los jueces expulsar de su casa a todo cónyuge violento culpable de agresión, una vez iniciado el proceso. Esa medida mejoraría las vidas de las mujeres, puesto que es a ellas a las que se suele obligar a abandonar sus hogares. También se ha entrenado mejor a la policía para reconocer la gravedad de tales delitos y prestar una mayor atención a las medidas necesarias para combatirlos.
En lo que respecta al racismo, aunque no se debe ignorar el comportamiento individual, Francia carece de deficiencias estructurales en ese sentido y se ha progresado significativamente en la prestación de asistencia profesional a las víctimas, independientemente de su origen. En las comisarías se reservan espacios para las víctimas, en los que gozan de confidencialidad. Se ha creado una base de datos para ayudar a los ciudadanos a presentar denuncias y se han abierto oficinas de servicios a las víctimas en las instituciones de orden público. Los asistentes sociales pueden prestar servicios en las comisarías. En el Código de Procedimiento Penal, se ha progresado en la defensa de la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas. Se ha procurado dar una mayor coherencia a los procedimientos penales a fin de mejorar la protección psicológica y jurídica de las víctimas de la violencia doméstica, acogiéndolas en un entorno agradable y dándoles seguridades de que a partir de sus denuncias se seguirá el caso hasta el final. Para que las promesas se conviertan en realidad, es necesaria la cooperación entre la policía, las asociaciones cívicas, los trabajadores sociales y el sistema judicial. Con la ayuda de la formación continua, se podría lograr una mayor concienciación de la gravedad del problema de las víctimas y de los maltratadores y una mayor confianza en el sistema judicial.
En cuanto a los matrimonios forzados, el Gobierno ha debatido legislación sobre la inmigración que destaca la absoluta necesidad del consentimiento y de unos mecanismos de vigilancia para comprobar la voluntad de la mujer. Los matrimonios forzados ilustran la necesidad de confirmar el principio básico en Francia, que se sigue vulnerando, consistente en asegurarse de que haya consentimiento.
En lo que respecta a la edad mínima para contraer matrimonio, la legislación francesa permite cierto grado de desigualdad, considerando que, por motivos históricos, la edad mínima son los 18 años para los varones y los 15 para las mujeres. El Gobierno está estudiando el asunto, pero no está claro que se modifique el límite de edad. No obstante, lo que es muy importante es que el consentimiento y la libre expresión de la voluntad no sólo se deberían exigir, sino también comprobar.
La Presidenta agradece a los miembros del Comité sus preguntas y observaciones y a los representantes de Francia sus explicaciones.
La Sra. Ameline (Francia) agradece al Comité la gran calidad del debate y las preguntas pertinentes que se hicieron. Francia desea cumplir sus compromisos en virtud de la Convención insistiendo en las cuestiones de género en todos los aspectos de la sociedad francesa y contribuyendo a fomentar la igualdad en el mundo. Con ese fin, ha participado en actividades multilaterales y bilaterales sobre la cuestión, en particular en África. Su Gobierno espera abordar el desarrollo en el mundo sobre la base de la igualdad entre los géneros para que las mujeres, que son una fuerza de progreso, no se conviertan en sus víctimas.
La Presidenta agradece a los representantes del Gobierno de Francia su diálogo constructivo, informativo y animado con el Comité. Elogia a Francia por su numerosos logros legislativos, pero dice que todavía se puede hacer más en el nivel de adopción de decisiones políticas y en la educación superior. El Comité acoge con satisfacción el compromiso de Francia de retirar sus reservas al apartado b) del artículo 5 y a los apartados d) y g) del artículo 16 y le pide que reconsidere su reserva al artículo 14. Francia también debería adaptar su legislación a las obligaciones que le imponen los tratados suscritos en lo que respecta a la edad mínima a la que los hombres y las mujeres pueden contraer matrimonio. El Comité espera recibir un informe con estadísticas sobre la educación, la salud y el empleo de las mujeres inmigrantes y de las mujeres de las minorías étnicas y religiosas. Por último, la Presidenta felicita a Francia por haber ratificado oportunamente el protocolo facultativo y la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 e insta al país a divulgar ampliamente las recomendaciones del Comité en todos los niveles del Gobierno y en la sociedad civil.