22° período de sesiones

Acta resumida de la 458ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 27 de enero de 2000, a las 10.30 horas

Presidenta:Sra. González

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)

Informes periódicos segundo y tercero de Burkina Faso

Se declara abierta la sesión a las 10.40 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención para la eliminación de todas las formas e discriminación contra la mujer (continuación)

Informes periódicos segundo y tercero de Burkina Faso  (CEDAW/C/BFA/2-3; CEDAW/PSWG/2000/I/CRP.1/Add.5; CEDAW/PSWG/2000/I/CRP.2)

La Presidenta invita a los miembros de la deleg a ción de Burkina Faso a que tomen asiento en la mesa del Comité.

La Sra. Guigma (Burkina Faso) dice que en el país hay casi seis millones de mujeres, de las que cuatro millones están en edad de procrear. El promedio de hijos por familia se acerca a siete, aunque ese número es ligeramente más alto en las zonas rurales. Casi el 80% de la población vive en las zonas rurales, con tradiciones y costumbres profundamente arraigadas. La mayoría del 45% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza son mujeres cuyo nivel social no les permite participar en actividades económicas de ningún tipo. Debido a la naturaleza agrícola y ganadera del país, el gran volumen de precipitación y la falta de recursos naturales explotables, la economía depende en gran medida de la asistencia extranjera.

Incluso antes de la Conferencia de Beijing de 1995, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas económicas y sociales para facilitar equipo y asistencia técnica con miras a ayudar a los grupos de mujeres a establecer pequeñas empresas. Se ha promulgado legislación favorable y se han puesto en marcha diversos proyectos y programas. Se ha establecido la igualdad entre los cónyuges y entre los hijos; se permite a las mujeres poseer tierras; se han creado fondos en apoyo de las actividades generadoras de ingresos para las mujeres que trabajan en el sector no estructurado en las zonas urbanas y rurales; y se han puesto en marcha proyectos para ayudar a las muchachas a acceder a un empleo.

4.Tras las Conferencia de Beijing, el Ministerio de Acción Social y de la Familia creó un comité para aplicar la Plataforma de Acción, y dos años después el Gobierno estableció el Ministerio para el Adelanto de la Mujer, cuya tarea consiste en elaborar un plan de acción sobre la base de las recomendaciones de Beijing. El Ministerio ha puesto en marcha programas para eliminar la pobreza, desarrollar los recursos humanos, promover los derechos fundamentales de mujeres y niños, fomentar una imagen positiva de la mujer y realizar, coordinar y evaluar esas actividades. En un examen realizado a los cinco años se determinó que era necesario adoptar nuevas medidas para reforzar los mecanismos de gestión en el seno del Ministerio para que éste pueda colaborar eficazmente con el Gobierno y con los asociados en el desarrollo, y que era necesario que las mujeres participasen en el proceso de adopción de decisiones encaminadas a encontrar soluciones apropiadas a sus problemas.

El Ministerio estableció centros de coordinación dentro de otras instituciones y departamentos ministeriales para controlar y evaluar la aplicación de sus programas y proyectos, supervisar la introducción del enfoque sensible a las cuestiones de género y gestionar la recogida de datos. El Ministerio también coordina la labor de una variedad de asociaciones y organizaciones no gubernamentales de mujeres. Ha establecido el Comité Nacional para el Adelanto de la Mujer y un centro de información, capacitación e investigación sobre la mujer y está impartiendo capacitación en materia de género y derechos de la mujer a determinados grupos, como los centros de coordinación, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y el propio personal del Ministerio.

La labor del Ministerio tropieza con graves obstáculos, entre los que cabe citar la persistencia de prácticas sociales y culturales perniciosas, la pobreza, el analfabetismo, la ignorancia, la ausencia de disposiciones jurídicas en las que se prohíban determinadas formas de violencia conyugal y acoso sexual, la dificultad que tienen las mujeres para acceder a la justicia, la pandemia del VIH/SIDA y la falta de un enfoque sensible a las cuestiones de género en los programas y proyectos de desarrollo.

Actualmente hay tres ministras en un Gobierno de 35 miembros; 10 mujeres que ocupan escaños en una Asamblea Nacional compuesta por 110 miembros, y 27 mujeres en la Cámara de Representantes compuesta por 154 miembros. En el cuerpo diplomático, de 22 embajadores tres son mujeres. Los hombres superan a las mujeres a la cabeza de las instituciones en un factor de 7 a 1. Hay unas 10 mujeres en la administración pública internacional. Si se tiene en cuenta el papel tradicional de la mujer, esas cifras son alentadoras.

Las mujeres de Burkina Faso siempre han acudido a votar en gran número, a pesar de que la mayoría de los candidatos eran hombres. Aunque las mujeres constituyen una parte importante de los sindicatos públicos y privados y han participado tradicionalmente de forma masiva en las campañas sindicales, solamente una mujer ha ocupado el cargo de secretario general de un sindicato.

En su programa para fomentar la participación política de las mujeres en los planos nacional e internacional y fomentar el acceso de la mujer a los puestos de adopción de decisiones, el Ministerio trabaja con organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, medios de comunicación, partidos políticos y el Ministerio de Enseñanza Básica y Alfabetización y hace hincapié en la información, el fomento de la sensibilización y la capacitación. Aunque el Gobierno no escatima esfuerzos para promover la condición jurídica de la mujer, es consciente de que los textos por sí mismos no serán suficientes. El fomento de la sensibilización es esencial. Además, la lucha por la paz y contra el subdesarrollo no podrá ganarse sin la activa participación de la mujer.

En la legislación nacional y en la Constitución se reconoce y consagra la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se prohíbe la discriminación por motivos de raza, origen étnico o regional, color, sexo, idioma, religión, casta, opinión política, situación económica o ascendencia. El Código de la Persona y de la Familia garantiza que hombres y mujeres puedan elegir libremente a sus cónyuges y prohíbe las barreras al matrimonio basadas en la raza, el color, la religión, el origen étnico, la casta, el origen social o la situación económica. También se han abolido ciertas costumbres, como la dote, el matrimonio forzado y el levirato, y se consagra el derecho de la mujer a realizar actividades remuneradas sin necesidad de la autorización de su esposo. Se afirma también que las funciones parentales de hombres y mujeres son iguales, que una mujer puede heredar el patrimonio de su marido y que niños y niñas tienen los mismos derechos de herencia.

En el Código Penal, que protege personas y bienes sin distinción de sexo, se contempla específicamente la violación de la integridad física de las mujeres y las niñas. Se prohíbe la mutilación genital femenina que supone la ablación total, la escisión, la infibulación, la desactivación de los nervios o cualquier otro medio y se establece una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de 150.000 a 900.000 francos para los infractores. Si a resultas de esas prácticas se produjera la muerte, la pena es de 5 a 10 años de prisión. Si el infractor pertenece a la profesión médica o paramédica, el tribunal puede también inhabilitarlo para el ejercicio de su profesión por un período de hasta cinco años. La legislación prohíbe la violación, el aborto, la corrupción de un menor, el exhibicionismo, los abusos deshonestos, el incesto, la bigamia, el matrimonio forzado, el adulterio, la inducción a que un menor se comporte de forma inmoral y la prostitución, y se establecen los medios jurídicos para que las mujeres puedan luchar contra esas formas de violencia.

Además, en el Código de Trabajo se estipula que los trabajadores con las mismas cualificaciones profesionales, condiciones de trabajo y nivel de productividad deben recibir el mismo salario sean cuales sean sus antecedentes, sexo, edad o condición y se protege la salud de las trabajadoras embarazadas. En otras leyes nacionales se estipula que todos los ciudadanos pueden acceder por igual a un empleo en la administración pública y gozar de iguales salarios, prestaciones y ascensos, que las mujeres tienen derecho a una licencia por maternidad y a disponer de tiempo para amamantar a sus hijos; que todos, sin distinción de sexo o estado civil, deben gozar del mismo acceso a las tierras públicas; y que todos los ciudadanos, sin distinción, tienen derecho a participar en las actividades del Gobierno y de la sociedad.

Antes de la promulgación del Código de la Familia imperaban el Código Civil del África Occidental Francesa de 1804 y la fuerza de la tradición. El hombre, como cabeza de familia, ejercía una autoridad absoluta sobre su esposa y sus hijos y la mujer estaba obligada a obedecer. En el nuevo sistema, el hombre y la mujer son iguales y el matrimonio se basa en la libre voluntad de ambos cónyuges declarada ante un funcionario del registro civil. El hecho de no convivir con una esposa constituye abandono del domicilio conyugal y está castigado con pena de prisión o el regreso obligatorio al domicilio. La infidelidad se considera adulterio y puede castigarse también con penas de prisión. Según el derecho civil, el resultado es el divorcio, la separación o el pago de una indemnización. La legislación relativa al adulterio también se ha modificado y en ella ya no se discrimina entre hombres y mujeres. Antes de la adopción del vigente Código Penal, un hombre que cometiese adulterio sólo era castigado si recibía a su amante en el domicilio conyugal, y la sanción era una simple multa.

Según el Código de Familia, y en el marco del Código Penal revisado de 1996, el marido y la mujer pueden recibir el mismo castigo por el incumplimiento de sus obligaciones, ya sea por adulterio o abandono del hogar. En realidad, sin embargo, continúan produciéndose matrimonios forzados incluso en zonas urbanas y a menudo se considera a la viuda como parte del patrimonio del marido y se la obliga a casarse con el hermano de éste (matrimonio de levirato).

A pesar de los esfuerzos por difundir información sobre las leyes relativas al matrimonio, son pocas las mujeres que conocen sus derechos. El alto coste de la asistencia letrada y la escasez de jueces y tribunales hace que sea incluso menos probable que una mujer recurra a la justicia. La mayoría permanecen en silencio por miedo a verse expulsadas de su hogar y separadas de sus hijos. Además, como la gran mayoría de los policías son hombres, las mujeres encuentran difícil confiar en ellos para que intervengan en casos de malos tratos en el hogar.

En el Código de Familia también se da a ambos progenitores la misma autoridad sobre los hijos, aunque en la realidad es el padre el que sigue ejerciendo el poder sobre su familia. Los fallos judiciales en los que se concede a la madre la custodia de los hijos encuentran habitualmente una dura oposición. Cuando el padre muere, a menudo la madre no puede ejercer su autoridad sobre los hijos; éstos se distribuyen entre los diferentes miembros de la familia como el resto de los bienes del fallecido.

El derecho a la educación está garantizado en la Constitución y se ha señalado como una prioridad nacional. Para hacer frente al problema de la baja tasa de escolarización de las niñas y la baja tasa de alfabetización de las mujeres, el Gobierno sigue contratando maestros a pesar de haberse impuesto una congelación de la contratación en el sector público. Sigue invirtiendo en infraestructuras escolares y aumentando el presupuesto destinado a educación. La tasa de matriculación global ha pasado del 30% en 1990-1991 al 39,7% en 1997-1998. Entre las medidas especiales para fomentar la escolarización de las niñas pueden citarse un plan nacional de acción y el establecimiento de una oficina para la promoción de la educación de las niñas. No obstante, a pesar de esos esfuerzos, la tasa de matriculación de las niñas en la enseñanza primaria sigue siendo baja, lo que explica su escasa presencia en la enseñanza superior y entre la población trabajadora. La causa subyacente es la desigualdad entre niños y niñas; los niños llevan el nombre de la familia y deben recibir educación para honrarla, mientras que las niñas acabarán formando parte de otra familia a través del matrimonio y, por tanto, su educación no se considera una prioridad. A diferencia de los niños, la carga del trabajo doméstico, que interfiere con los estudios, sólo recae en las niñas.

Aunque ni el estatuto de la función pública ni el Código de Trabajo contienen disposiciones discriminatorias, las mujeres no son más que una tercera parte de los funcionarios y en torno al 5% de la masa laboral del sector privado estructurado. Su acceso a los empleos remunerados está limitado por la desigualdad de acceso a la enseñanza y la formación, y entre los obstáculos que dificultan su contratación figuran el acoso sexual, las rígidas condiciones de trabajo y el reparto desigual de las responsabilidades familiares.

En la vida pública y política, la representación de la mujer en los niveles que se ocupan de la adopción de decisiones es muy baja. Los factores que contribuyen a ello son la falta de sensibilización acerca de la igualdad de la mujer, una falta de formación directiva de las mujeres, la escasa solidaridad entre las mujeres que han alcanzado posiciones influyentes y la falta de voluntad política para presentar mujeres como candidatos en las elecciones.

El 86% de la población de Burkina Faso vive en zonas rurales y las mujeres constituyen el 51,3% de esa población rural. La gran mayoría de las mujeres de las zonas rurales están ocupadas en la agricultura o la ganadería. Dado el importante papel que desempeñan en la economía, se han hecho numerosos esfuerzos para recabar su participación en el diseño y la ejecución de planes de desarrollo, especialmente a nivel de las aldeas, aunque los hombres tienden a dar una baja prioridad a sus preocupaciones. El acceso a la atención de la salud en las zonas rurales es limitado; tan sólo el 28% de los hogares tienen acceso a agua potable segura, mientras que el porcentaje de hogares que disponen de instalaciones sanitarias es inapreciable. La imposibilidad de pagar los servicios y la lejanía de las clínicas impiden a muchas mujeres recibir atención sanitaria alguna. Como la mayoría de las mujeres trabajan en granjas familiares, no cumplen los requisitos para recibir las prestaciones de la seguridad social o la jubilación que reciben los trabajadores asalariados, aunque se está estudiando la posibilidad de extender esas prestaciones a quienes trabajan por cuenta propia. Los proyectos destinados a la generación de ingresos, como el proyecto “Mil molinos” ejecutado en 1993, incluyen esfuerzos para mejorar el acceso de las mujeres a los equipos y materiales, pero el costo pone muchos de esos esfuerzos fuera de su alcance.

Por lo que se refiere al acceso de la mujer al crédito, la oradora observa que muchas instituciones locales de crédito prefieren prestar a las mujeres porque muestran una alta tasa de devolución de los préstamos. La situación ha mejorado en cierta medida, especialmente gracias a las actividades del Fondo de Apoyo a las Actividades Remunerativas de las Mujeres (FAARF), y del Fondo de Apoyo para las Actividades Generadoras de Ingreso de las Mujeres Agricultoras (FAAGRA), además de varios programas patrocinados por organizaciones no gubernamentales. Entre los obstáculos que aún subsisten figuran el pequeño volumen de los préstamos debido a la falta de garantía, la escasa información sobre las posibilidades y las objeciones de los esposos. También se están haciendo esfuerzos para evitar los aspectos negativos del crédito.

Aunque hombres y mujeres gozan de igual acceso a la propiedad de la tierra según la ley, en las zonas rurales todavía prevalecen los derechos tradicionales. Generalmente las mujeres sólo tienen acceso a las parcelas menos deseables. En la normativa del Gobierno se contempla la concesión de títulos de propiedad a quienes poseían tierras y las han limpiado o a quienes han invertido en su mejoramiento, con lo que las mujeres quedan prácticamente eliminadas. Se ha pedido que se revise esa normativa.

Entre las mujeres que se encuentran en circunstancias especialmente difíciles figuran las discapacitadas, las prostitutas, las ancianas y las víctimas de la violencia. No se han elaborado programas especiales para las discapacitadas, puesto que sus intereses coinciden con los de los varones que se encuentran en la misma situación. No obstante, en los programas de rehabilitación y apoyo se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres. Durante la primera mitad de 2000 se establecerá una política y un programa nacionales de rehabilitación. En ese programa se contemplará la financiación por el Estado de asociaciones de discapacitados, una “tarjeta de discapacidad” que dé acceso a las prestaciones, prioridad en la incorporación a instituciones y escuelas cerca de su casa y la instalación de rampas de acceso en los edificios públicos.

La prostitución es un problema en las 19 ciudades de Burkina Faso. Según el Código Penal de 1996, tanto la prostitución como la contratación de prostitutas son delitos que se castigan con penas de prisión y multa. A menudo se llevan a cabo redadas en aplicación de la ley contra la contratación de prostitutas y para detectar a las que necesitan atención médica, el apoyo de los servicios sociales y programas de rehabilitación. La trata de mujeres y niñas está severamente castigada en el Código Penal.

Las mujeres de edad gozan en general de un lugar de honor en el círculo familiar, pero en los últimos 15 años se ha visto aumentar en algunas provincias el número de mujeres falsamente acusadas de brujería y expulsadas de sus hogares. Un albergue del que se encarga una comunidad religiosa acoge a unas 600 de esas mujeres mayores. En 1997 se organizó un foro nacional para tratar de encontrar soluciones a su situación, incluido el regreso a sus lugares de origen.

En Burkina Faso, la violencia contra la mujer adopta muchas formas: la violencia física, como la escisión, la violación dentro del matrimonio, las palizas y otras formas de maltrato y una aplastante carga de tareas del hogar cuentan a menudo con el apoyo de las normas culturales. Entre las formas de violencia moral pueden citarse la poligamia, el matrimonio forzado y el matrimonio de levirato. No obstante, los programas de información y fomento de la sensibilización comienzan a dar resultados, puesto que un número cada vez mayor de mujeres jóvenes se niegan a someterse a esas prácticas. En 1999, 100 muchachas que huían de un matrimonio forzado solicitaron refugio en un centro de la iglesia católica. Las mujeres también padecen una violencia sicológica basada en prácticas socioculturales o restricciones económicas.

La mortalidad materna en Burkina Faso se debe principalmente a las infecciones, las hemorragias, los partos difíciles o prolongados, los abortos y la anemia. Los principales obstáculos que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de atención de la salud y planificación de la familia son las distancia a las clínicas y las barreras económicas y socioculturales; unos servicios de salud reproductiva que no se adecuan a las necesidades de determinados grupos; la escasez de personal cualificado; y los prejuicios y costumbres nocivos para la salud de las mujeres y las niñas. La tasa de mortalidad infantil de 93,7 por cada mil nacidos vivos se debe a las enfermedades infecciosas, la diarrea, las enfermedades respiratorias agudas, la malnutrición y la anemia. La puesta en marcha del Programa Nacional de Atención de las Madres y los Hijos ha ayudado a conseguir resultados satisfactorios en las esferas de los cuidados prenatales, la obstetricia, la mortalidad materna, la cobertura de los medios anticonceptivos y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. El Programa se ha revisado con la aplicación de una estrategia de salud y reproducción que abarca, entre otras cosas, los partos en condiciones de seguridad, la salud sexual de las adolescentes, el control de las infecciones y el cáncer genitales y la salud y el enfoque de género.

El Gobierno también realiza esfuerzos por abordar eficazmente el problema del VIH/SIDA, la salud de los jóvenes y la de los ancianos. Unas 700.000 personas de Burkina Faso, el 7% de la población, viven con el VIH/SIDA. Se han adoptado medidas urgentes, incluida la promulgación del Código de Salud Pública que contiene disposiciones destinadas a combatir las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA y la preparación de un plan multisectorial de ámbito nacional diseñado como respuesta a la pandemia del VIH/SIDA.

De la salud de los jóvenes se ocupa una dependencia establecida en el seno de la Oficina para la Salud de la Familia y se han preparado estrategias que ya se están aplicando. Además, esa Oficina está preparando un programa para la salud de los ancianos. No obstante, la principal preocupación es la readaptación del personal sanitario para que puedan atender a las personas mayores. En consecuencia, la cuestión de la salud de los ancianos se ha incluido en todos los programas de capacitación de enfermeras y comadronas y en la formación de esas personas se va a promover la inclusión de la atención de las personas mayores en todos los centros sanitarios.

La Presidenta da las gracias a la delegación de Burkina Faso por la gran cantidad de información contenida en el informe y en su presentación oral, así como por su franqueza y sinceridad. El alto nivel de la delegación que Burkina Faso ha enviado, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa, es un claro signo de su deseo de aplicar las disposiciones de la Convención.

La Sra. Aouij encomia los esfuerzos y los avances conseguidos por Burkina Faso desde la presentación de su anterior informe. Aunque se han puesto en marcha muchas medidas jurídicas e institucionales, como el Código de la Persona y de la Familia, la Constitución de junio de 1991 y el Comité Nacional de Lucha contra la Discriminación, para dar efecto a la Convención y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, esas medidas no bastan por sí mismas para eliminar la discriminación y transformar un entorno sociocultural que sigue dominado por costumbres y tradiciones profundamente arraigadas. Lamentablemente, esas tradiciones cuentan con el apoyo de hombres, mujeres, dirigentes religiosos e intelectuales. Además, el país todavía padece dos lacras importantes, la pobreza y el analfabetismo. Sus indicadores de desarrollo humano, que han empeorado como consecuencia de los programas de ajuste estructural, son muy bajos. A ese respecto, desea saber si se han logrado los objetivos del programa trienal de acción para el período 1998-2000 y si se han adoptado medidas concretas para abordar la extrema pobreza y el analfabetismo de la mujer.

La medida más progresista adoptada por el Gobierno de Burkina Faso es la participación de todos los agentes sociales, incluidas las asociaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos, los dirigentes religiosos y quienes llevan a cabo la escisión, en los esfuerzos por erradicar una de las prácticas tradicionales más nocivas, la mutilación genital femenina, que afecta a cerca del 66% de las mujeres del país. Esa iniciativa hace de Burkina Faso uno de los países más avanzados de África occidental en sus esfuerzos por erradicar una lacra que pone en peligro la salud física y mental de las muchachas y que se ha convertido en una cuestión prioritaria de salud pública porque se asocia con la difusión del VIH/SIDA. Además, la inclusión en el Código Penal de medidas por las que se prohíbe y castiga la mutilación genital femenina también potencia el efecto de otras medidas jurídicas y demuestra la determinación del Gobierno de eliminar el fenómeno. Es más que probable que si Burkina Faso tuviese éxito en esa tarea otros países de África lo imitarían.

Señala que todos los indicadores sanitarios del país son motivo de preocupación y lamenta que en el programa relativo a la protección de la salud de las madres y los niños no se contemple el aborto cuando se encuentre en peligro la vida de la madre. Tampoco se hace cargo de los gastos la seguridad social. Esa es una violación muy grave del derecho de la mujer a la atención pública de la salud.

La Sra. Gabr dice que, aunque es evidente que el Gobierno realiza verdaderos esfuerzos por aplicar la Convención y coopera con la sociedad civil para mejorar la condición de la mujer, también es cierto que se enfrenta a considerables problemas y dificultades y que los fondos destinados a ese fin son insuficientes. Así pues, es imprescindible velar por que esos esfuerzos se armonicen con la labor de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales. Es necesario prestar especial atención a la situación de las mujeres de las zonas rurales, especialmente en lo que se refiere a la mejora de su entorno sociocultural. Además, debe conseguirse que los medios de comunicación participen para poner fin a los estereotipos y promover la sensibilización acerca de los problemas que afectan a la mujer. El Ministerio debe centrarse también en la educación, la legislación, la salud y el crédito para mejorar el acceso de la mujer a los servicios sociales esenciales.

La Sra. Abaka dice que, aunque las prácticas económicas, culturales y tradicionales impiden la aplicación de la Convención, el Gobierno no debe utilizarlas como excusa para no resolver el problema de la superstición. Debe darse prioridad al cambio de la percepción que las mujeres tienen de sí mismas y su aceptación del status quo. Tanto los medios de comunicación como las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de mujeres y la sociedad civil en general tienen un papel vital que desempeñar a ese respecto. Expresa su confianza en que el Ministerio para el Adelanto de la Mujer tenga la misma importancia que los demás ministerios y que no sea simplemente un órgano decorativo. Se pregunta, por ejemplo, si el Ministerio cuenta con la capacidad técnica necesaria para ejecutar los programas que se mencionan en el informe. Hay una importante brecha entre las políticas aplicadas y la situación real.

Observando que, aunque la poligamia es ilegal, los hombres siguen teniendo amantes, pregunta si alguna mujer se ha opuesto a esa práctica ante los tribunales. Insta también al Estado parte a que ponga fin a la práctica del matrimonio forzado, que a menudo conduce a embarazos de adolescentes y aumenta el riesgo de la muerte de la madre. Aplaude el hecho de que los hombres de Burkina Faso hayan aceptado el uso del condón femenino y sugiere que se hagan mayores esfuerzos para persuadir a los hombres de que acepten el uso de anticonceptivos.

La Sra. Guigma (Burkina Faso), respondiendo a las preguntas y observaciones, dice que se ha realizado una evaluación inicial del plan trienal de acción aprobado en 1998. El logro de los objetivos del Plan está estrechamente vinculado a los recursos que se asignen a ese fin. No obstante, se han logrado algunos resultados, incluido el establecimiento de un mecanismo y unos métodos de trabajo claramente definidos. A fines de 2000 se realizará una evaluación completa de la ejecución del programa. Su Ministerio procura detectar periódicamente los inconvenientes del Plan y su programa de trabajo, entre otras cosas mediante un diálogo permanente con las organizaciones no gubernamentales.

Es cierto que, como la Sra. Abaka ha dicho, el compromiso político de los gobiernos de África occidental con el adelanto de la mujer no guarda relación con el nivel de recursos que se asigna a los ministerios correspondientes. En Burkina Faso, el presupuesto anual del Ministerio para el Adelanto de la Mujer representa únicamente el 0,07% del presupuesto nacional, que dista mucho de ser suficiente, aunque el Ministerio puede desempeñar su programa de actividades con la ayuda de órganos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La diferencia entre la política y la realidad, a la que también se ha hecho mención, puede atribuirse a la pobreza, los factores sociales y culturales y la falta de acceso a la educación. Otro problema es la escasa participación de la mujer en el Gobierno y en los órganos electos, aunque se han producido algunas mejoras en los últimos años. Por ejemplo, las mujeres ocupan 10 escaños en la Asamblea Nacional, en comparación con los cuatro que ocupaban en 1992, dos mujeres dirigen partidos políticos y, desde la reorganización llevada a cabo en el gabinete 1999, hay tres ministras. Corresponde a las propias mujeres hacer que esas cifras aumenten aún más.

Su Ministerio trabaja para superar las barreras sociales y culturales a que han de enfrentarse las mujeres. A ese respecto, reviste especial importancia la participación de los jefes tradicionales, los ancianos y los dirigentes religiosos en programas encaminados a acabar con los estereotipos y eliminar prácticas tan perniciosas como la escisión genital.

La Sra. Khan dice que, aunque se ha determinado que la superstición y las tradiciones que menosprecian a la mujer son obstáculos para su desarrollo, el problema más importante es la falta de educación de las mujeres y, en particular, su baja tasa de alfabetización, que sólo llega al 8%. Todos los esfuerzos del Estado parte deben centrarse en esa esfera. Sería útil conocer la proporción del producto interno bruto que se asigna a la educación, teniendo en cuenta que la cifra ideal oscila entre el 4% y el 6%. La tasa de escolarización de las niñas sigue siendo baja, a pesar de que la enseñanza primaria es gratuita. El Gobierno debe abordar las causas que hacen que los padres no envíen a sus hijas a la escuela. Debe invertir, por ejemplo, en la construcción de infraestructuras para asegurar que haya aseos separados para las niñas. También debe aumentar el número de maestras aumentando el acceso de las mujeres a ese tipo de formación y estableciendo objetivos y calendarios para su logro.

Dada la importancia del papel de la mujer en la agricultura y la seguridad alimentaria, le entristece saber que la legislación revisada sobre la reforma agraria y de la tierra se ha limitado a confirmar el status quo en lo que se refiere a la propiedad de la tierra en las zonas rurales. Desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para hacer que las mujeres agricultoras sean más productivas, si se están poniendo a su disposición créditos sin garantía y si hay algún punto focal para la mujer en el Ministerio de Agricultura.

El Gobierno debe desalentar la poligamia estableciendo condiciones más restrictivas. El fenómeno de la “zaka”, por el cual un hombre que ya tiene cuatro esposas y desea tomar otra “sacrifica” a su primera mujer es motivo de especial preocupación. Insta al Gobierno a que revise la disposición del Código de la Persona y de la Familia en la que se estipula que la elección de la poligamia es irreversible y eleve a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

La Sra. Cartwright dice que debe encomiarse al Gobierno por ofrecer un análisis franco y detallado de los problemas y dificultades que afectan a las mujeres de Burkina Faso. También le han causado buena impresión las políticas que ha adoptado. No obstante, en el informe falta información acerca de las medidas que se pretende adoptar para hacer realidad esas políticas. Desea saber, en particular, qué estrategias ha elaborado el Gobierno para la aplicación de su legislación sobre la violencia doméstica. La enseñanza deber ser un elemento central de esas estrategias para aumentar la formación de la mujer en los aspectos jurídicos y por, tanto, su capacidad de recurrir a los tribunales, y para sensibilizar a jueces, oficiales de las fuerzas del orden, maestros y profesionales de la salud. El Gobierno tal vez desee aprovechar las experiencias de otros países de África que ya han puesto en práctica esos programas. Deben prohibirse las prácticas de la poligamia, la “zaka” y el levirato.

La Sra. Ilboudo (Burkina Faso) dice que en el Código de la Persona y de la Familia se define la monogamia como la forma deseable de matrimonio, pero se autoriza la poligamia en condiciones especiales. Durante las consultas que precedieron a la aprobación del Código, algunas mujeres se opusieron de hecho a la prohibición de la poligamia. En las zonas rurales, muchas mujeres encuentran beneficioso poder compartir las tareas del hogar con otra esposa. En el Código se establecen varias salvaguardias para la mujer. En él se estipula que la primera mujer debe dar su consentimiento expreso a la poligamia del marido antes del matrimonio, y las autoridades están adoptando medidas para que las mujeres conozcan ese derecho. Es de esperar que, en su momento, la labor de su Gobierno con las mujeres y las comunidades locales producirá un clima social favorable a la abolición de esa práctica.

Como todas las víctimas de la violencia, las mujeres que sufren malos tratos en el hogar pueden recurrir a los tribunales, pero son pocas las que ejercen ese derecho. El analfabetismo, como la pobreza, es un importante obstáculo que impulsa a la mujer a permanecer en el domicilio conyugal incluso después de presentar cargos contra su esposo. No obstante, algunas han contado con la ayuda de su familia o de organizaciones de mujeres. Varias mujeres residentes en zonas urbanas han presentado cargos contra sus maridos adúlteros. No obstante, en las zonas rurales, donde la comunidad tiende a tolerar el adulterio, es poco probable que las mujeres denuncien esos casos.

Las mujeres acusadas de brujería tienen la posibilidad de denunciar a sus acusadores por difamación y pedir una indemnización, pero las sospechas contra esas mujeres son tan fuertes que siguen viéndose marginadas aunque los tribunales fallen a su favor especialmente si se ha dicho que han causado la muerte de un miembro de la comunidad. Así pues, una orden judicial para que una mujer pueda volver a su pueblo es de poca utilidad. Algunas organizaciones no gubernamentales han respondido llevando a esas mujeres a vivir con parientes en otras zonas o en centros de acogida, mientras que otras han tratado de negociar su regreso.

El aborto está permitido cuando corre peligro la salud de la madre o cuando la mujer está embarazada como resultado de una violación o de relaciones incestuosas, pero no está incluido en el sistema de la seguridad social.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.