Comité de Derechos Humanos

Cuarto informe periódico que Letonia debía presentar en 2020 en virtud del artículo 40 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 7 de junio de 2024]

Cuarto informe periódico de la República de Letonia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de 1966, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019

Introducción

1.El cuarto informe periódico de Letonia (en adelante, “el informe”) sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de 1966 (en adelante, “el Pacto”), proporciona información sobre las medidas adoptadas por Letonia para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en adelante, “el Comité”) (CCPR/C/LVA/CO/3), principalmente desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019. El informe se preparó de acuerdo con la resolución 68/268 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las directrices consolidadas para la preparación de los informes nacionales.

2.La información incluida en el presente informe fue recopilada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General y la Oficina del Defensor del Pueblo de Letonia.

Artículo 1

3.Letonia informa de que no se han producido cambios en la información sobre la aplicación del artículo 1 del Pacto en el período sobre el que se informa (CCPR/C/LVA/2002/2, párrs. 7 a 10).

Artículo 2

Recomendación núm. 7

4.Letonia señala a la atención del Comité la información facilitada en su documento básico común relativa al restablecimiento de la independencia de Letonia y la creación de la condición de no ciudadano (HRI/CORE/LVA/2017, párrs. 200 y 201). Letonia recuerda que no existe una relación de causalidad directa entre la condición jurídica de las personas en Letonia y su origen étnico o su lengua materna. La lengua materna de una persona no es un criterio que se tenga en cuenta para la adquisición de la nacionalidad. Por ello, las restricciones introducidas en Letonia respecto del desempeño de determinados cargos, así como otras restricciones aplicadas a las personas que no son ciudadanas de Letonia, no guardan relación con la lengua materna de la persona, sino con su vínculo jurídico con el país o con su condición jurídica en este. Las restricciones que se aplican a las personas que no tienen la ciudanía letona en lo referente a ocupar determinados cargos se fundamentan en que dichas personas carecen de un vínculo jurídico con Letonia, no en su dominio del idioma. En Letonia, cualquier persona, incluidas aquellas cuya lengua materna no es el letón, pueden ejercer libremente los derechos reconocidos en el Pacto en la medida en que este garantiza los derechos de la población a recibir y difundir información en el idioma oficial del Estado.

5.El letón es el único idioma oficial del Estado en Letonia, lo que obliga al país a garantizar que todas las personas puedan utilizarlo a diario y recibir y difundir información en privado y en público, por ejemplo, en la comunicación con las instituciones del Estado. Por consiguiente, con el fin de garantizar los derechos de todas las personas a expresar su opinión y participar en los procesos democráticos en el idioma oficial del Estado, Letonia tiene derecho a exigir que conozcan dicho idioma en todas las esferas de la vida las personas empleadas en ámbitos de interés público (por ejemplo, los derechos de los consumidores y los derechos de los pacientes, entre otros).

6.En 2018 se modificó el artículo 32 de la Ley del Trabajo para prohibir que en las ofertas de empleo se indique como requisito el dominio de un idioma extranjero, salvo cuando dicho dominio sea objetivamente necesario para el desempeño de las funciones profesionales del puesto. La Inspección Estatal del Trabajo recibió 11 denuncias de presunto incumplimiento de esa prohibición en 2018 y otras 20 denuncias en 2019‑2020. En 21 de los casos se archivaron los procedimientos por infracciones administrativas, en 10 se constató la veracidad de la información incluida en las denuncias y en 3 se hicieron amonestaciones verbales. En otros siete casos se aplicó el principio de “consultar primero”. En el período comprendido entre 2014 y 2017, la Inspección Estatal del Trabajo no recibió ninguna denuncia de presuntos incumplimientos de la prohibición de incluir requisitos lingüísticos en los lugares de trabajo.

Recomendación núm. 5

7.La Oficina del Defensor del Pueblo, en su calidad de institución nacional de derechos humanos de Letonia, actúa de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). En 2020, la Oficina del Defensor del Pueblo volvió a recibir la acreditación de categoría A en el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En el período sobre el que se informa, aumentó el respaldo del Estado y de la población a la Oficina del Defensor del Pueblo. Cada año se incrementa la financiación asignada a la Oficina del Defensor del Pueblo. Desde 2018, año en el que se amplió la plantilla de la Oficina del Defensor del Pueblo, esta cuenta con 51 empleados (véase el cuadro 1 del anexo 1).

8.El Defensor del Pueblo desempeña varias funciones de protección de los derechos humanos de los ciudadanos (véase el cuadro 2 del anexo 1). En el período comprendido entre 2014 y 2019, el Tribunal Constitucional dictó resoluciones en al menos diez casos presentados por el Defensor del Pueblo, entre ellos varios casos relativos a la conformidad de los valores umbral de ruido ambiente con los derechos de las personas a la salud y a un medio ambiente saludable, así como otros relacionados con los horarios de trabajo del personal sanitario, con el procedimiento de aplicación del impuesto sobre bienes inmuebles y con la difusión de datos personales de los deudores de pensiones de alimentos.

9.La Oficina del Defensor del Pueblo realiza estudios anuales sobre los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos de los niños y de las personas con discapacidad, y la aplicación de la prohibición de la discriminación en la práctica (véase el cuadro 3 del anexo 1), además de examinar denuncias de presuntas vulneraciones de esos derechos (en los cuadros 4 y 5 del anexo 1 figura información más detallada al respecto). En 2019, el Defensor del Pueblo organizó tres conferencias para especialistas en recursos humanos de la Administración del Estado sobre la discriminación en el empleo (maltrato psicológico, acoso laboral y hostigamiento por parte de un superior). En el período comprendido entre 2014 y 2019, el Defensor del Pueblo elaboró varios dictámenes sobre violaciones de la prohibición de la discriminación y creó un sitio web con información acerca de las formas y los motivos de discriminación y los ámbitos en los que se aplica la prohibición, entre otras cosas. Se ha creado la División de Prevención, entre cuyas funciones se encuentra la de realizar visitas periódicas y preventivas a instituciones en las que la libertad de las personas esté o pueda estar restringida, siendo el objetivo de dichas visitas la prevención de la tortura y otros tratos crueles o degradantes.

Recomendación núm. 7

10.Las condiciones y el procedimiento de naturalización en Letonia se rigen por la Ley de Ciudadanía y el Reglamento núm. 1001 del Consejo de Ministros. La Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración sigue promoviendo la naturalización, haciéndola más accesible a los grupos socialmente vulnerables. La Oficina informa a todas las personas que presentan una solicitud de naturalización de que tienen derecho a impugnar y recurrir sus decisiones de rechazar dicha solicitud. Con el fin de fomentar la adquisición de la nacionalidad y reducir el número de no ciudadanos y apátridas en Letonia, la Oficina aplica diversas medidas de apoyo (véanse los cuadros 6 y 7 del anexo 1).

11.En 2019 entró en vigor la Ley de Supresión de la Concesión de la Condición de No Ciudadano a los Niños, que puso fin a la concesión de la condición de no ciudadano a los niños nacidos después del 1 de enero de 2020 en Letonia. Los hijos de no ciudadanos letones nacidos después del 1 de enero de 2020 son reconocidos como ciudadanos de Letonia independientemente de su lugar de nacimiento, salvo cuando el niño es o ha sido ciudadano de otro Estado. Un niño puede adquirir la nacionalidad letona si ambos progenitores son no ciudadanos; si uno de los progenitores es un no ciudadano y el otro es apátrida o desconocido; o de mutuo acuerdo entre los progenitores, si uno de ellos es un no ciudadano y el otro un ciudadano de otro Estado (en los cuadros 8 a 10 del anexo 1 figuran datos estadísticos sobre la naturalización).

Artículo 3

Recomendación núm. 6

12.La situación de la mujer en Letonia se considera favorable. El Foro Económico Mundial ha creado el Índice mundial de disparidad entre los géneros, que evalúa la igualdad de género en la economía, la política, la educación y la atención sanitaria. Letonia nunca se ha situado por debajo del 20º puesto (2017) de un total de 135 países de todo el mundo, y en 2019 ocupaba el 11er puesto de ese índice. El Índice de desigualdad de género de las Naciones Unidas mide el sistema nacional de salud reproductiva, la toma de decisiones y el mercado laboral desde la perspectiva de la igualdad de género. En 2016, Letonia ocupaba en ese índice el 44º puesto de un total de 187 países y, en 2019, el 39º puesto de un total de 189 países. En 2018, un estudio sobre la igualdad de trato de las mujeres en el marco regulatorio situó a Letonia en el 10º puesto, mientras que, en 2021, el Banco Mundial, en su estudio La mujer, la empresa y el derecho 2021, anunció que Letonia era el principal país en garantizar la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres. Este estudio se refiere al marco regulatorio relativo a los derechos de la mujer en las empresas.

13.En cifras absolutas, en Letonia las mujeres ganaban aproximadamente un 13,1 % menos que los hombres; sin embargo, la brecha salarial no puede explicarse por la discriminación, ya que se paga menos a las mujeres por distintos motivos. La mayoría de las mujeres están empleadas en sectores en los que la remuneración media es baja: empresas de alojamiento, suministro de comidas y bebidas y servicios domésticos, arte y espectáculo, comercio, asistencia sanitaria y atención social. Además, las mujeres suelen trabajar a tiempo parcial o por cuenta propia para poder compaginar el trabajo con la crianza de los hijos. El sector financiero y de los seguros es una excepción, ya que en él el sueldo medio es el más alto y el 65,6 % de los empleados son mujeres; no obstante, la brecha salarial es la mayor y se sitúa en el 32 %. En la Administración del Estado, donde el número de empleados de uno y otro sexo es similar, el sueldo de las mujeres es un 0,1 % más bajo. La brecha salarial en otros sectores solo puede explicarse analizando más detenidamente las ocupaciones de ambos sexos en el sector en cuestión, para lo que es necesario comparar las funciones profesionales, el nivel de responsabilidad y otros factores que afectan a los sueldos. Los datos relativos a 2019 indican que el salario bruto medio por hora de las mujeres era un 21,2 % inferior al de los hombres (véanse los cuadros 1 a 3 del anexo 2).

14.Letonia ha logrado resultados positivos en cuanto a la participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones, especialmente en la economía. Según datos de la empresa Lursoft, al menos uno de los accionistas es mujer en aproximadamente un tercio (32,5 %) de las casi 186.000 empresas registradas en Letonia (2020). Los sectores empresariales más populares en los que las mujeres registraron empresas en 2020 fueron la contabilidad y la auditoría; la asesoría fiscal; el arrendamiento y la gestión de bienes inmuebles; los servicios de peluquería y belleza; la venta al por menor en tiendas no especializadas, principalmente de alimentación; y las explotaciones agropecuarias. Aunque las mujeres administran sobre todo microempresas y pequeñas empresas, también han creado y dirigen empresas con cifras de negocios de decenas de millones de euros. Las mujeres siguen dirigiendo empresas después de haber cumplido 70 años de edad. La mayoría de los funcionarios estatales letones (35,66 %) tiene entre 50 y 69 años, y el 38,15 % de los pertenecientes a ese grupo de edad son mujeres. Según datos de Lursoft, el 6,32 % de todas las funcionarias ha cumplido 70 años. En 2018, la diferencia entre la escala de sueldos de las mujeres y los hombres en el sector privado se situaba en su nivel más bajo (10,7 %), mientras que en 2019 llegó al 19,5 % (véanse los cuadros 4 a 12 y los gráficos 1 y 2 del anexo 2). Si se compara con 2018, la diferencia de remuneración entre mujeres y hombres en el sector público aumentó 8,8 puntos porcentuales y en el sector privado, 6,3 puntos porcentuales. Si se compara con 2017, la diferencia de remuneración entre mujeres y hombres disminuyó en todos los grupos de edad en 2018. La menor diferencia de remuneración por hora entre mujeres y hombres se observó en el grupo de edad de 55 a 64 años (9,9 %) y la mayor diferencia, en los grupos de edad de 35 a 44 años (16,9 %) y de 25 a 34 años (16,5 %) (véase el cuadro 13 del anexo 2). Si bien hay casi el doble de empresarios que de empresarias, la representación de las mujeres en el sector empresarial ha aumentado (véase el cuadro 14 del anexo 2).

Cambios en el marco regulatorio

15.Letonia señala a la atención del Comité la información incluida en su documento básico común (HRI/CORE/LVA/2017, párrs. 226 a 232). Cabe señalar asimismo que, en el período comprendido entre 2014 y 2019, se mejoró el marco regulatorio con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. En 2014 entraron en vigor las modificaciones relativas al pago de prestaciones parentales, creándose así condiciones más favorables para los progenitores que trabajan, que pueden recibir parte de esas prestaciones (el 30 %) durante la licencia parental y, de ese modo, conseguir compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos. En 2017 se modificó la Ley del Seguro de Maternidad y Enfermedad para que también se conceda el derecho a recibir una prestación parental a las personas que estén desempleadas el día de la concesión de la prestación si no lo estaban cuando comenzó la licencia de maternidad. Uno de los progenitores que adoptan a un menor de 3 años que se encuentra en acogimiento familiar tiene derecho a la prestación. Cuando una persona adopta a un niño menor de 3 años, puede solicitar, como uno de los progenitores del niño, 10 días naturales de licencia. La política tributaria y los ingresos y el nivel de vida de las personas empleadas desempeñan un papel importante en los motivos que llevan a las personas a incorporarse al mercado laboral; por ello, desde 2016, se ha acometido una profunda reforma tributaria con la que se pretende reducir la carga fiscal que soportan los trabajadores y aumentar la renta de las personas empleadas de bajos ingresos y de las familias con hijos. Desde 2016 existe un impuesto de solidaridad, que se aplica a las personas que cotizan a la seguridad social y grava a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia cuyos ingresos anuales superan el importe máximo de las contribuciones obligatorias al sistema estatal de la seguridad social. Aunque se han registrado cambios positivos importantes en el marco regulatorio, es más habitual que las mujeres hagan uso de la licencia parental.

Documentos de planificación de políticas

16.En el período comprendido entre 2014 y 2019, se adoptaron las Directrices para el Empleo Inclusivo (2015‑2020) y las Directrices sobre la Política Nacional de la Familia (2011-2017), a fin de prevenir la discriminación, asegurar la integración social y promover un mercado laboral inclusivo y equilibrado, con el que se cree un entorno que facilite el empleo. Con las medidas incluidas en esos documentos se pretende hacer frente a la segregación y a la falta de representación equilibrada de mujeres y hombres en diversos sectores del mercado laboral que afectan a la brecha salarial de género. Con el fin de determinar nuevas medidas de aplicación de la política de igualdad de género, el Consejo de Ministros aprobó el Plan para el Logro de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2018-2020), que incluye cinco líneas de actuación (véase el cuadro 15 del anexo 2). En 2021, el Consejo de Ministros prorrogó el plan durante el período comprendido entre 2021 y 2023.

17.Las Directrices para el Empleo Inclusivo (2015‑2020) favorecen la igualdad de oportunidades de todas las personas en el mercado laboral, independientemente de su edad, sexo o discapacidad, y mejoran las oportunidades de empleo de distintos grupos de residentes, entre otros, los jóvenes, las mujeres y los residentes de más edad. Esta política tiene como objetivo reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

18.En 2019, el Consejo de Ministros aprobó el primer plan de acción nacional de Letonia para aplicar la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, en Letonia en el período comprendido entre 2020 y 2025, en el que se establecieron tres tareas principales: sensibilizar a la población, especialmente los jóvenes, sobre la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género; capacitar al personal del sector de defensa e interior, lo que incluye la creación del puesto de consultor sobre igualdad de género; y aumentar la experiencia y los conocimientos de Letonia en este ámbito.

19.En el período comprendido entre 2016 y 2017, en los programas de capacitación del Centro de Formación Judicial de Letonia se trataron temas relacionados con la no discriminación en el marco de los cursos Derecho Laboral: Discriminación de Género en el Empleo, Discriminación en el Empleo, y Discriminación de las Personas con Discapacidad. En 2015, el Centro organizó seminarios sobre igualdad de género y discriminación.

Artículo 4

20.El 12 de marzo de 2020, debido a la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID‑19), el Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia en Letonia, por el que se introducían varias restricciones que requerían la suspensión de algunas de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto. El estado de emergencia fue prorrogado, levantado y, de nuevo, declarado y levantado. En consecuencia, Letonia informó al Secretario General de las Naciones Unidas de la suspensión de distintas obligaciones contraídas en virtud del Pacto del 16 de marzo de 2020 al 6 de abril de 2021 y nuevamente del 21 de octubre de 2021 al 15 de noviembre de 2021, así como de la subsiguiente finalización de dichas suspensiones (véase el cuadro 1 del anexo 3). Letonia envió declaraciones similares a la Secretaria General del Consejo de Europa. El marco jurídico interno permite a Letonia aplicar esa suspensión solo mientras esté en vigor el estado de emergencia.

21.En relación con la Ley del Estado de Emergencia y el Estado de Excepción, Letonia se remite a la información facilitada en sus informes periódicos segundo y tercero y señala que no se han introducido cambios de importancia en esa ley. A causa de la propagación de la COVID‑19, Letonia modificó la Ley del Estado de Emergencia y el Estado de Excepción para que el Gobierno pudiera prorrogar el estado de emergencia más de una vez.

Artículo 5

22.Letonia se remite a la información proporcionada en su segundo informe periódico (CCPR/C/LVA/2002/2, párrs. 84 a 86) e informa de que no se han producido cambios a este respecto.

Artículo 6

Muertes en las Fuerzas Armadas

23.De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento núm. 605 del Consejo de Ministros, se investigan todas las muertes ocurridas en las Fuerzas Armadas y se recopila la información obtenida durante las investigaciones. Una comisión compuesta por al menos tres funcionarios se encarga de realizar la investigación, lo que excluye la posibilidad de una evaluación subjetiva por parte de una sola persona. El Ministerio de Defensa puede verificar las conclusiones de las investigaciones. En el período comprendido entre 2014 y 2019, se registraron 15 fallecimientos de miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los cuales se produjo en acto de servicio (véase el cuadro 1 del anexo 4).

Recomendación núm. 10 (Fallecimientos ocurridos en instituciones psiquiátricas)

24.La evaluación de los fallecimientos ocurridos en instituciones psiquiátricas se lleva a cabo con arreglo a lo previsto en la Ley de Protección de los Cadáveres y del Uso de los Tejidos y los Órganos Humanos en la Medicina y el Reglamento núm. 215 del Consejo de Ministros. De acuerdo con este marco regulatorio, un médico determina el fallecimiento de un paciente evaluando si la persona fallecida presenta signos visibles de muerte violenta e informa a la Policía Estatal en caso de sospechar que se trata de una muerte violenta. Si se conoce la causa de defunción, el médico cumplimenta la documentación correspondiente. En aquellos casos en que el médico no puede determinar la causa de defunción y la persona fallecida no presenta ningún signo de muerte violenta, o cuando la posible causa de defunción es una enfermedad infecciosa, una enfermedad no diagnosticada en vida o complicaciones no diagnosticadas derivadas de medidas preventivas, tratamientos o enfermedades, se practica un examen patológico. Si un médico forense encuentra signos de muerte violenta, la institución médica donde recibe tratamiento la persona fallecida lo notifica a la Policía Estatal.

25.Las instituciones psiquiátricas deben actuar de conformidad con el Reglamento núm. 60 del Consejo de Ministros. A fin de garantizar la prestación de servicios médicos seguros y de gran calidad, las instituciones psiquiátricas están obligadas a adoptar medidas de mitigación de riesgos respecto de los pacientes o los grupos de pacientes que presenten un riesgo elevado debido a su edad, su estado de salud o su necesidad de cuidados especiales (el riesgo de caída o de suicidio o el deterioro inesperado de la salud). Una comisión formada por médicos y representantes de la institución psiquiátrica analiza las muertes súbitas. Los pacientes geriátricos y los pacientes que, a causa de su estado de salud, han pasado varios años en hospitales, representan un porcentaje importante de todos los pacientes de las instituciones psiquiátricas. A muchos pacientes se les ha diagnosticado no solo un trastorno psiquiátrico, sino también otras enfermedades que afectan a su estado de salud y a su esperanza de vida (enfermedades oncológicas y circulatorias), que a menudo son la causa de la defunción. En los casos en que se conoce la causa de defunción del paciente, no se efectúa una evaluación adicional.

26.De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Tratamiento Médico, la Inspección de Salud (en adelante, “la Inspección”) supervisa la calidad de los servicios de asistencia sanitaria. La Inspección examina las quejas relativas a tratamientos inadecuados o de baja calidad, así como a posibles negligencias de los médicos. La decisión del Jefe de la Inspección puede recurrirse ante los tribunales nacionales (véanse los cuadros 2 al 4 del anexo 4).

Recomendación núm. 10 (Fallecimientos ocurridos en establecimientos penitenciarios)

27.En el período comprendido entre 2014 y 2019, el número de fallecimientos ocurridos en establecimientos penitenciarios disminuyó considerablemente y, por tanto, también lo hizo el número absoluto de actuaciones penales incoadas en relación con dichos fallecimientos. Sin embargo, ha aumentado el porcentaje de fallecimientos por los que se han incoado actuaciones penales (en 2014, se incoaron actuaciones penales respecto del 50 % de todos los fallecimientos ocurridos en establecimientos penitenciarios, mientras que en 2019 ese porcentaje fue del 66,7 % (véanse los cuadros 5 al 11 del anexo 4)).

28.El Centro de Formación de la Administración Penitenciaria imparte el programa de educación permanente Seguridad Penitenciaria (véase el cuadro 12 del anexo 4). Después de finalizar este programa, los funcionarios obtienen la cualificación profesional de subinspector de establecimientos penitenciarios (véase el gráfico 1 del anexo 4). En el período comprendido entre 2014 y 2019, la Administración Penitenciaria comenzó a elaborar un programa de detección con el objetivo de reducir el riesgo de conductas suicidas en la población reclusa. A raíz de esta labor, en 2021 se implantó una escala de evaluación del riesgo de suicidio.

29.En 2016, 63 funcionarios del centro de tratamiento de adicciones de la prisión de Olaine cursaron el programa de formación sobre el trabajo con reclusos del centro de resocialización para personas con adicciones. Como su trabajo diario se basa en los principios de la seguridad dinámica, esos funcionarios adquirieron competencias en materia de comunicación profunda y solución de conflictos. Varias veces al año, el Centro de Formación de la Administración Penitenciaria organiza y lleva a cabo actividades de perfeccionamiento profesional. En esos cursos se tratan temas como las medidas para prevenir situaciones de crisis y la respuesta en casos de emergencia, y los docentes utilizan la simulación y el análisis situacional, con lo que se capacita a los funcionarios en la forma en que deben responder ante situaciones de conflicto y desempeñar sus funciones diarias para prevenir los intentos de suicidio de los reclusos. Los datos sobre la aplicación del régimen disciplinario en relación con presuntos actos de violencia cometidos por empleados de la Policía Estatal contra personas inmersas en procesos penales en el período comprendido entre 2014 y 2019 indican que el número de procedimientos disciplinarios es reducido (véase el cuadro 13 del anexo 4).

Artículo 7

Recomendación núm. 11

30.Desde 2014, en el artículo 1301 del Código Penal se tipifican como delito formas de tortura no contempladas en otras disposiciones del Código Penal cuando la tortura concurre como circunstancia agravante. La pena de prisión depende de la gravedad de las consecuencias (véase el cuadro 1 del anexo 5). Aunque entre 2014 y 2019 solo se examinó un caso relacionado con el artículo 1301 del Código Penal y no había personas que estuvieran cumpliendo una pena de prisión en aplicación de esa disposición, 31 personas se encontraban detenidas o cumplían penas de prisión por delitos en los que la tortura era una de las circunstancias agravantes (véanse los cuadros 2 y 3 del anexo 5).

Recomendación núm. 12

31.En 2014, la Administración Penitenciaria inició actuaciones penales en cuatro casos relacionados con presuntos delitos tipificados en la sección sobre delitos cometidos en el desempeño de funciones oficiales del Estado del Código Penal, que posteriormente se archivaron por falta de pruebas materiales (corpus delicti ). Hasta noviembre de 2015, la Administración Penitenciaria había incoado un procedimiento penal en virtud de la misma sección del Código Penal. Por otra parte, se incoó una serie de actuaciones penales con arreglo a lo previsto en el artículo 317, párrafo 2, del Código Penal (Abuso de autoridad con violencia o amenaza de violencia).

32.En virtud del artículo 4 de la Ley de la Oficina de Seguridad Interna, desde el 1 de noviembre de 2015, la Oficina de Seguridad Interna investiga los presuntos delitos relacionados con actos de violencia cometidos contra reclusos por funcionarios de prisiones (véanse el cuadro 4 y el gráfico 2 del anexo 5). En el período comprendido entre 2016 y 2019, el número de denuncias recibidas por la Oficina de Seguridad Interna siguió aumentando. En la mayoría de los casos, los autores de las denuncias se quejaron de presuntos actos de violencia o del uso de mala fe de la condición de funcionario o abuso de autoridad, o de ambas conductas (véanse los gráficos 1 y 2 del anexo 5). En el período comprendido entre 2014 y 2019, la Oficina de Seguridad Interna llevó a cabo varias actividades de información y educación, incluidas algunas destinadas a prevenir las conductas violentas ilícitas de los funcionarios (véase el cuadro 5 del anexo 5), y puso en marcha un teléfono de asistencia en el que las personas pueden dejar mensajes grabados con información o hablar con un funcionario. En 2019, el número de llamadas recibidas aumentó un 11 % (237 llamadas) en comparación con 2018. Al 31 de diciembre de 2019, la Oficina de Seguridad Interna había llevado a cabo investigaciones en relación con 520 actuaciones penales, de las que 110 (21 %) se referían a denuncias de violencia. El funcionamiento de la Oficina de Seguridad Interna se considera sumamente eficiente, habida cuenta de que, hasta el 31 de diciembre de 2019, se habían remitido 193 actuaciones penales para su enjuiciamiento y otros 127 casos para su resolución, y en 46 causas (incoadas contra 57 funcionarios) se habían hecho efectivas las condenas (véanse los gráficos 2 y 3 del anexo 5).

Recomendación núm. 9

33.En 2013 entraron en vigor varias modificaciones del Código Civil que permiten a los tribunales nacionales disolver el matrimonio en aquellos casos en que el motivo de la disolución sea la violencia física, sexual, psicológica o económica ejercida por un cónyuge contra el otro o contra su hijo o el hijo de ambos, incluso cuando los cónyuges han vivido separados durante menos de tres años. En 2014 entraron en vigor las modificaciones de los artículos 159 (Violación) y 160 (Violencia sexual) del Código Penal, por las que se establece que también se comete violación y violencia sexual cuando el autor se vale de la confianza o la autoridad o ejerce influencia sobre la víctima. En 2017 se modificó el Código Penal por medio del artículo 1321 (Acoso), en el que se establece la responsabilidad penal de quien acose o vigile a una persona de forma reiterada y pertinaz, la amenace o se comunique con ella sin que esta se lo solicite, cuando dicha persona tenga motivos razonables para temer por su seguridad o la seguridad de sus familiares. Por “seguridad” se entiende asimismo la indemnidad sexual.

34.En 2015, con objeto de asegurar que la protección brindada a una persona en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) se mantenga y continúe en otro, se aplicó en Letonia la Directiva 2011/99/UE. En 2015 entraron en vigor varias modificaciones del Código de Procedimiento Penal, las cuales permiten vigilar el cumplimiento de una medida cautelar en el territorio de otro Estado miembro de la UE cuando a la persona causante del peligro en un Estado miembro de la UE se le hayan impuesto, en una medida de protección, la prohibición de entrar en determinados lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta, la prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, o la prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en la medida. Con el fin de aplicar adecuadamente la Directiva 2012/29/UE (Directiva sobre los derechos de las víctimas de delitos), Letonia modificó el Código de Procedimiento Penal y otras leyes (véanse los cuadros 6 y 7 del anexo 5). En 2015 entraron en vigor las modificaciones del artículo 56 del Código Penal por las que se modifica el método de cálculo del plazo de prescripción de los delitos contra la integridad moral y la indemnidad sexual de un menor. El plazo de prescripción se calcula a partir del día en que la víctima alcanza la mayoría de edad y se prolonga 20 años desde esa fecha (30 años si el delito se castiga con cadena perpetua).

35.En 2014, la normativa sobre protección temporal contra la violencia se incluyó en la sección 305 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con esa normativa, una víctima de violencia puede presentar una solicitud de protección contra la violencia ante un tribunal para que este dicte medidas cautelares (véase el cuadro 8 del anexo 5). La policía puede adoptar una decisión sobre la separación provisional inmediata del agresor. En la normativa se establece el procedimiento de ejecución de las decisiones de protección provisional contra la violencia, así como las sanciones específicas en caso de que el agresor incumpla las obligaciones que se le hayan impuesto. Es posible obtener protección provisional contra la violencia en cualquier fase de las actuaciones, incluso antes de presentar formalmente la denuncia. De conformidad con las modificaciones introducidas en el Código de Procedimiento Civil, a partir del 1 de julio de 2021, el tribunal podrá dictar una nueva medida provisional de reparación consistente en la obligación de que el acusado complete un curso de reeducación social para reducir su conducta violenta.

36.En el artículo 1681 del Código Penal se define la responsabilidad penal por incumplir la decisión de un tribunal. Es posible dictar una medida de protección provisional contra la violencia cuando no hay motivos para incoar actuaciones penales o procedimientos por infracciones administrativas (por ejemplo, en casos en los que una persona aún no ha sufrido daños físicos, pero existe el riesgo de que se produzcan).

37.A raíz de las modificaciones introducidas en el artículo 121 de la Ley de Policía, los agentes de policía tienen la obligación de prevenir las amenazas de violencia y están facultados para decidir sobre la separación inmediata del agresor con el fin de proteger a una persona. La decisión de separación tiene una vigencia máxima de ocho días y puede llevar aparejada la obligación de que el agresor abandone inmediatamente la vivienda y no se acerque a la persona que ha solicitado protección ni se ponga en contacto con ella. Si la persona que solicita protección desea que se le conceda protección durante un período superior a ocho días, deberá presentar ante el tribunal una solicitud de medidas cautelares contra la violencia. Cada año aumenta el número de solicitudes de protección provisional contra la violencia recibidas por los tribunales (véase el cuadro 9 del anexo 5) y de mecanismos extrajudiciales de aplicación inmediata, es decir, las decisiones policiales de separación (100 decisiones en 2014 y 789 decisiones en 2018).

38.En el período comprendido entre 2014 y 2019, en las modificaciones introducidas en la Ley de Tratamiento Médico y en la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social se estableció que los médicos y los proveedores de servicios sociales deben notificar los posibles actos de violencia cometidos contra una persona. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 561 de la Ley de Tratamiento Médico, si una institución médica presta asistencia a un paciente y existen motivos para creer que este ha sufrido violencia o una falta de cuidados adecuados, la institución médica lo notificará a la Policía Estatal en un plazo de 12 horas. Si la víctima es menor de edad, el médico y el proveedor de servicios sociales deben informar de todos aquellos casos que supongan una desatención o una amenaza para el niño. Según lo previsto en las Directrices de Salud Pública (2014-2020), en el período comprendido entre 2014 y 2019 se proporcionó formación a los médicos sobre cómo responder a los casos de violencia y se llevaron a cabo estudios acerca de cuál era la experiencia de los jóvenes de Letonia respecto de la violencia en la infancia. Desde 2015, Letonia asigna fondos para seguir ofreciendo servicios de rehabilitación a las víctimas y a los autores de actos de violencia.

Recomendación núm. 9 (Documentos de planificación de políticas)

39.Todos los años, el Ministerio de Bienestar Social elabora un informe sobre la situación en que se encuentra la prevención de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. Las Directrices de la Política Nacional para la Familia (2011-2017) y su correspondiente plan de acción contienen medidas para luchar contra la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. En el Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres (2018‑2020) se formulan medidas de lucha contra la violencia de género. Con el objetivo de reducir la violencia de género y la violencia doméstica, se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo (2014‑2020). Desde 2015 existen dos nuevos servicios, financiados por el Estado, cuyo cometido es mitigar las consecuencias de la violencia, a saber, el servicio de rehabilitación social para víctimas de la violencia y el servicio de reeducación social para agresores. En 2018 se quintuplicó el número de personas a las que se prestaron esos servicios en comparación con 2015 (véase el cuadro 10 del anexo 5). A fin de lograr que disminuya la tolerancia de la población frente a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, se llevan a cabo campañas de concienciación y actividades orientadas a la prevención.

40.Desde 2015, de conformidad con el Reglamento núm. 790 del Consejo de Ministros, las personas que sufran violencia física, sexual, económica o emocional, o la amenaza de sufrir ese tipo de violencia o un control violento, tienen derecho a que se les presten servicios de rehabilitación social financiados por el Estado. Esos servicios consisten en un curso de rehabilitación social, con una duración máxima de 60 días, impartido en una institución de rehabilitación social (con alojamiento) o hasta 20 sesiones de 45 minutos de duración con un psicólogo, un trabajador social y un abogado en el lugar de residencia de la víctima. La Administración de Asistencia Jurídica presta apoyo a las víctimas mediante la información que les proporciona a través de la asociación Skalbes. Llamando al número de teléfono 116006, las víctimas de delitos y de violencia pueden recibir apoyo emocional y psicológico e información sobre sus derechos procesales y las medidas de apoyo a las víctimas. En Letonia existen varios teléfonos de asistencia y sitios web de organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindan apoyo a las víctimas de la violencia.

41.En el período comprendido entre 2014 y 2019 se crearon 26 centros de apoyo a la familia en varias regiones de Letonia. El país cumple los requisitos establecidos por el Consejo de Europa al garantizar una plaza por cada 10.000 habitantes en los centros de crisis para mujeres con hijos que han sufrido violencia (un total de 200 plazas). Desde 2015, los autores de actos de violencia pueden acceder a los servicios de reeducación social financiados por el Estado. Se ofrece un servicio especial de reeducación social, financiado por el Estado, a aquellas personas que temen cometer un delito contra la integridad moral o la indemnidad sexual.

42.La asociación Centrs Marta señala que, en la práctica, faltan plazas en los centros y recae en los proveedores de servicios, especialmente en las regiones, la búsqueda de alojamiento para las mujeres maltratadas. Las direcciones de los centros de acogida de emergencia son públicas, lo cual supone un problema de seguridad en los casos de mayor riesgo. La mayoría de estas plazas se asignan a mujeres con hijos, dejando desprotegidas a las mujeres sin hijos. Centrs Marta indica que, por el momento, en Letonia no existen centros de acogida diseñados específicamente para mujeres víctimas de la violencia. Esas mujeres pueden acudir a los centros asistenciales para crisis familiares, pero la capacidad de estos es limitada y en su mayoría prestan apoyo general. En Letonia no hay centros para víctimas de violación o violencia sexual, a pesar de que estas requieren servicios especializados (examen médico forense y atención médica), que deben prestarse inmediatamente.

43.Tanto las personas menores de edad como las adultas que sean víctimas de la violencia pueden acceder a la asistencia financiada por el Estado (desde 2000 y 2015, respectivamente). En función de su capacidad financiera y grado de sensibilización, las administraciones locales prestaban apoyo a las víctimas adultas de la violencia antes de 2015 y, en la actualidad, están en condiciones de brindarles más ayuda. Aunque un número de personas cada vez mayor tiene acceso a este servicio, los datos estadísticos indican que el 80 % de los niños y adultos que se benefician de él han sufrido violencia doméstica. En la prestación de servicios de rehabilitación social no se tiene en cuenta el género (véanse los cuadros 10 a 12 del anexo 5). En 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Protección de los Menores frente a los Delitos que Atentan contra la Dignidad Moral y la Indemnidad Sexual (2019‑2020). Con respecto a la aplicación de los documentos de planificación de políticas, cabe señalar la elaboración de varios informes entre 2016 y 2018, una labor que continúa (véase el cuadro 13 del anexo 5).

44.Con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo (FSE), el Ministerio de Bienestar Social ejecuta el proyecto Desarrollo del Trabajo Social Profesional en las Administraciones Locales, que tiene por finalidad elaborar materiales metodológicos y programas de capacitación para el trabajo social con víctimas y autores de actos de violencia. En 2019 participaron en estos programas 28 trabajadores sociales de 17 servicios sociales municipales. Ese mismo año se celebraron las reuniones informativas y metodológicas anuales en cinco regiones letonas, en las que se prestó una atención especial a la cooperación entre los trabajadores sociales de las administraciones locales y las instituciones médicas y los médicos en el contexto de la violencia contra la infancia, con particular énfasis en la importancia de la prevención. En Letonia, todos los años se organizan en diciembre diversas actividades con las que se pretende sensibilizar acerca de la violencia doméstica, alentar a las víctimas a que busquen ayuda e instar a sus conciudadanos a denunciar ese tipo de violencia. El proyecto se puso en marcha en abril de 2015.

Recomendación núm. 9 (Actividades de sensibilización pública)

45.En el período comprendido entre 2017 y 2018, el Ministerio de Bienestar Social ejecutó dos iniciativas, a saber, el proyecto Un Paso Más Cerca: Respuesta Conjunta de la Comunidad a los Casos de Violencia contra las Mujeres y la campaña de sensibilización El Silencio Alimenta la Violencia, sobre la tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres. Ambas iniciativas se financiaron con cargo al programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la UE y tenían como objetivo fomentar las competencias profesionales del personal que atiende a las víctimas de la violencia doméstica o de la violencia en las relaciones cercanas (agentes de la Policía Estatal y empleados de las administraciones locales, trabajadores sociales y expertos en protección de los derechos del niño, expertos en atención de la salud y expertos que representan a ONG sectoriales) y sensibilizar a la población y mejorar su comprensión de la violencia contra las mujeres, a fin de reducir y prevenir los comportamientos violentos. El proyecto presta especial atención a los jóvenes, con el objetivo de promover una relación respetuosa e igualitaria entre los de uno y otro sexo. Como puso de manifiesto la encuesta pública que se llevó a cabo, el número de encuestados que consideraban que la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica no eran aceptables y debían castigarse era mayor en 2018 que en 2016 (véase el gráfico 4 del anexo 5).

46.La Policía Estatal no cuenta con unidades especiales de investigación para los casos de violencia doméstica y en el Código Penal no se tipifica la violencia doméstica como delito independiente. La investigación de los delitos relacionados con la violencia doméstica se realiza en virtud de diversos artículos del Código Penal (véanse los cuadros 14 a 16 del anexo 5). En el período comprendido entre 2014 y 2019, se llevaron a cabo varias actividades de formación para funcionarios relativas a la violencia doméstica y la violación en el seno de la familia (véase el cuadro 17 del anexo 5). En colaboración con otras instituciones, la Academia de Policía Estatal organiza actividades para capacitar a los agentes (véase el cuadro 18 del anexo 5). Los agentes de la Policía Estatal participan periódicamente en las actividades organizadas por la Fundación Centrs Dardedze (véase el cuadro 19 del anexo 5).

Información adicional

47.En 2020, Letonia adoptó medidas encaminadas a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Protocolo se ratificó el 10 de diciembre de 2021. En Letonia, la Oficina del Defensor del Pueblo se encarga de desempeñar las funciones de mecanismo nacional de prevención y para ello cuenta con un departamento específico. Se asignaron fondos presupuestarios adicionales con el objetivo de desarrollar el mecanismo nacional de prevención.

Artículo 8

Recomendación núm. 8 (Restricción de la prostitución)

48.En 2015, el Consejo de Ministros pidió al Ministerio del Interior que, junto con otros ministerios, la Oficina del Defensor del Pueblo y las ONG, elaborara un proyecto de ley sobre la restricción de la prostitución. En 2017 se publicó el proyecto de ley de restricción de la prostitución, aunque los ministerios, las autoridades y las ONG plantearon considerables objeciones de peso. Con el proyecto de ley se pretende restringir y reducir la prostitución, mitigar los riesgos de trata de personas, proteger a la población, la salud pública y el bienestar, impedir que los niños y jóvenes ejerzan la prostitución, reducir los riesgos de violencia contra las personas que ejercen la prostitución y alentar a estas a que abandonen su ejercicio y a quienes la utilizan, a que dejen de hacerlo. En el proyecto de ley se define el concepto de prostitución, se establecen prohibiciones generales (por ejemplo, la prohibición de involucrar en la prostitución a un menor o a una víctima de la trata y la prohibición de promover la prostitución) y restricciones generales (entre otras cosas, se permite el ejercicio y el uso de la prostitución en un apartamento o en una casa de un solo apartamento, siempre que sea propiedad de la persona que ejerce la prostitución o esta figure como arrendataria en el contrato de arrendamiento que se haya celebrado). Se dispone asimismo que el Estado ofrecerá servicios de rehabilitación social a las personas que ejercen la prostitución, los cuales deberán describirse en reglamentos del Consejo de Ministros (el tipo, el número y el alcance de dichos servicios, los requisitos para beneficiarse de ellos, el procedimiento de asignación y las condiciones que han de satisfacer los proveedores de servicios de rehabilitación social). Con esos servicios se pretende brindar apoyo psicológico a las personas que ejercen la prostitución, motivarlas para que reconstruyan o mejoren su funcionamiento social y animarlas a que abandonen la prostitución.

49.El Consejo de Ministros presentó el proyecto de ley para su examen a comienzos de 2020. Como no existe consenso respecto del concepto de prostitución (si se trata de un problema social o de un asunto de libre elección de la persona, de violencia contra una persona o de un derecho de esta, de una prestación de servicios sexuales a cambio de una remuneración, de trata de personas o de violencia contra una persona), el Gobierno no ha podido alcanzar un acuerdo sobre la presentación del proyecto de ley ante el Parlamento. En febrero de 2020, el Gobierno decidió suspender el debate del proyecto de ley y proceder a su examen en una reunión de cooperación. En Letonia, la prostitución no está tipificada como delito, pero está sometida a restricciones y se imputa responsabilidad penal a quienes viven de los beneficios obtenidos de la prostitución o la trata de personas. El procedimiento seguido respecto de las restricciones aplicadas a la prostitución se resume en el Reglamento núm. 32 del Consejo de Ministros (véanse el cuadro 1 y el gráfico 1 del anexo 6). De conformidad con el artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de las Naciones Unidas, las personas que se dedican a la prostitución en Letonia no tienen que inscribirse en ningún registro.

50.Centrs Marta afirma que las disposiciones jurídicas del nuevo proyecto de ley son iguales a las que figuran en el Reglamento núm. 32 del Consejo de Ministros. En opinión de Centrs Marta, esa ley no despenaliza el ejercicio de la prostitución por las personas prostituidas ni reduce la demanda de prostitución. Según el Defensor del Pueblo, el marco regulatorio, en el que se establece que una persona que ejerce la prostitución será considerada responsable de infringir la restricción que se aplica a la prostitución, ni se ajusta al principio de un Estado socialmente responsable ni protege el honor de las personas prostituidas. Además, el Defensor del Pueblo ha señalado que las personas que viven de los beneficios de la prostitución deben ser consideradas responsables de explotar a las personas que la ejercen. Por tanto, en su opinión, debería modificarse sustancialmente el marco regulatorio existente en relación con la prostitución y establecerse la prohibición de usar la prostitución, considerándose que quienes infringen dicha prohibición han explotado a otras personas que se dedican a la prostitución. El Defensor del Pueblo sostiene que no existen leyes en vigor que restrinjan la prostitución, lo que sin duda demuestra que los esfuerzos de Letonia por dotarse de un nuevo marco regulatorio a ese respecto han sido tardíos y poco fructíferos. Además, aunque el marco regulatorio está vigente y es vinculante, tras la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Administrativa el 1 de julio de 2020, ya no es posible efectuar un control administrativo del cumplimiento de esas normas, puesto que no existe ninguna ley en vigor que permita exigir responsabilidades a las personas.

Recomendación núm. 8 (Trata de personas)

51.En el período comprendido entre 2014 y 2019 se identificaron 187 posibles víctimas de la trata y se otorgó la condición de víctimas de la trata a 151 de ellas. En la mayoría de los casos (109 de un total de 151 víctimas de la trata), las víctimas habían sido identificadas o reconocidas oficialmente por proveedores de servicios especializados, entre ellos, los servicios de rehabilitación social, los funcionarios consulares, las fuerzas del orden o los trabajadores sociales.

52.De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2011/36/UE, en 2014, Letonia modificó el artículo 1542 del Código Penal mediante la inclusión del concepto de vulnerabilidad y una explicación de este en la definición de “trata de personas”. Mediante las modificaciones introducidas en los artículos 1541 y 1651 del Código Penal, se estableció la responsabilidad penal por los delitos relacionados con la trata y el traslado de personas con fines de explotación sexual. En el artículo 164 del Código Penal se establece la responsabilidad penal por obligar a una persona a ejercer la prostitución y por el uso de la prostitución. En el período comprendido entre 2014 y 2019, las autoridades identificaron, en el marco de actuaciones penales, a dos personas adultas que habían sido enviadas al extranjero para su explotación sexual (artículo 1651, “Traslado de personas con fines de explotación sexual”, del Código Penal). Se identificó, detuvo y procesó como sospechosas a varias personas que buscaban trabajadoras sexuales en Letonia (véase el cuadro 2 del anexo 6). En el período comprendido entre 2016 y 2019, se incoaron 110 procedimientos penales relacionados con la trata de personas y delitos conexos (véase el cuadro 2 del anexo 6). Entre 2011 y 2016, se incoaron nueve procedimientos penales (ocho de ellos, por un delito cometido por un grupo organizado) en virtud del artículo 1541 del Código Penal, relativo a la explotación sexual, la coacción para obligar a prestar servicios o la comisión del delito utilizando el engaño o la violencia. En 2017, el número de casos remitidos a los tribunales en virtud de los artículos 1541, 165 y 1651 del Código Penal disminuyó en un 57,8 % en comparación con 2016 (de 45 a 19 personas). En 2019 se llevaron ante los tribunales tres casos en virtud del artículo 1541 del Código Penal (véanse los cuadros 3 a 12 del anexo 6).

Recomendación núm. 8 (Documentos de planificación de políticas)

53.A fin de contar con un enfoque específico y planificado que permita prevenir y combatir la trata de personas, mediante la Orden núm. 132 del Consejo de Ministros se aprobó el primer documento de planificación de políticas en que se abordaba esa cuestión (el Programa Nacional de Prevención de la Trata de Personas para 2004‑2008), al que siguieron otros programas. Con objeto de ejecutar la política de prevención de la trata de personas, Letonia elaboró en 2014 las Directrices para la Prevención de la Trata de Personas (2014‑2020), concebidas para prevenir y combatir la trata de personas y proteger y prestar asistencia a las víctimas de esta. Esas directrices se ajustan a la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Las directrices se basan en cuatro principios de la lucha contra la trata de personas reconocidos internacionalmente, a saber: la prevención; la protección de las víctimas; la investigación, la persecución penal y el juicio; y la cooperación de las autoridades y organizaciones competentes a escala nacional e internacional. De acuerdo con el Reglamento núm. 564 del Consejo de Ministros, a toda persona extranjera que haya sido reconocida como víctima de la trata podrá concedérsele un permiso de residencia en Letonia (véase el cuadro 13 del anexo 6).

54.Las autoridades competentes de Letonia velaron por la participación y la aplicación de las medidas previstas en el nuevo ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional (2018-2021), en consonancia con las Conclusiones del Consejo (7704/17) sobre la continuación del ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional para el período 2018-2021, las Conclusiones del Consejo (9450/17) sobre la determinación de las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia internacional organizada y grave entre 2018 y 2021, el documento 10011/1/17 del Consejo sobre la aplicación de las Conclusiones del Consejo sobre la determinación de las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia internacional organizada y grave entre 2018 y 2021: identificación de las partes competentes, y el documento 10544/17 del Consejo el mandato para el ciclo de actuación de la UE.

55.En las Conclusiones del Consejo de la UE se definen 14 prioridades para la lucha contra la delincuencia internacional organizada y grave. En el período comprendido entre 2018 y 2021, Letonia siguió participando en nueve de esas prioridades (así como en las prioridades secundarias de 13 ámbitos de actuación), entre ellas, la prioridad relativa a la trata de personas. En el período comprendido entre 2018 y 2019, las autoridades letonas siguieron participando en la planificación y ejecución de las actividades de las Jornadas de Acción Conjunta, incluidas las relacionadas con la prioridad relativa a la trata de personas. En 2019, en el marco de las Jornadas de Acción Conjunta y en colaboración con la Inspección Estatal del Trabajo y la Guardia Estatal de Fronteras, la Policía Estatal practicó inspecciones y constató que Letonia puede llegar a convertirse en un país de destino para la explotación laboral de ciudadanos de otros países (Ucrania, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán) en los sectores de la construcción y la agricultura.

56.Hasta 2018 se consideraba que Letonia era un país de origen, cuyos ciudadanos eran captados para su explotación en el extranjero, y en el que se producía trata de personas a nivel nacional. Desde 2018, ha aumentado el número de nacionales de terceros países que llegan a Letonia con fines de empleo y, a menudo, acaban siendo víctimas de la explotación laboral o la trata de personas. Los requisitos reglamentarios relativos a las víctimas de la trata se aplican de manera efectiva, garantizando así la concesión oficial de la condición de víctima de la trata, un plazo de reflexión y la prestación de servicios de rehabilitación (véase el cuadro 14 del anexo 6). El Defensor del Pueblo señala que, aunque ya se había promulgado la Ley de Residencia de las Víctimas de la Trata de Personas en la República de Letonia, hasta 2019 no se concedió un plazo de reflexión a las víctimas de la trata. En 2019, el Defensor del Pueblo evaluó la conformidad de esa ley con los requisitos de la Directiva 2004/81/CE del Consejo. En opinión del Defensor del Pueblo, el procedimiento para la concesión de un plazo de reflexión, conforme al que una persona debe dirigirse a la institución investigadora o la persona a cargo del procedimiento para que se le conceda el plazo de reflexión, y el procedimiento de examen y toma de decisiones no son coherentes con los objetivos de la Directiva 2004/81/CE, el propósito y la naturaleza del plazo de reflexión ni el interés superior de las víctimas. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo concluyó que era necesaria una revisión de las disposiciones relativas al plazo de reflexión y que a toda persona que hubiera sido reconocida oficialmente como víctima de la trata debía concedérsele un plazo de reflexión. Sin embargo, las recomendaciones del Defensor del Pueblo no fueron respaldadas.

Recomendación núm. 8 (Capacitación de funcionarios)

57.En el período comprendido entre 2014 y 2019, se impartió capacitación a funcionarios sobre la trata de personas y la identificación de víctimas de la trata, como la ofrecida por la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración, que forma a su personal en la lucha contra la trata de personas y la acogida de solicitantes de asilo. En el sitio web de ese organismo, su personal puede acceder a material de aprendizaje consistente en las “Directrices para la detección de la trata de personas con fines de explotación laboral”. En 2019, en colaboración con la Guardia Estatal de Fronteras, la Oficina del Defensor del Pueblo puso en marcha el proyecto de corta duración Aplicación Eficiente del Proceso de Seguimiento y Retorno, en el que se preveía la ejecución de una actividad concebida para mejorar el procedimiento de reconocimiento de las víctimas de la trata durante el proceso de retorno, la elaboración de material de aprendizaje y la organización de actividades de capacitación y seminarios para la Guardia Estatal de Fronteras, las instituciones de tutela, la Inspección Estatal de Protección de los Derechos del Niño, y diversas asociaciones y ONG.

58.No es posible indicar el número exacto de funcionarios, empleados y expertos que han participado en actividades educativas de distintos niveles, pero los datos reunidos ponen de manifiesto el grado de participación en dichas actividades (véanse los cuadros 15 y 16 del anexo 6). En el período comprendido entre 2014 y 2019, más de 8.541 expertos sectoriales participaron en actividades educativas, incluidos los expertos que es más probable que traten con víctimas de la trata, las identifiquen y las deriven a servicios de asistencia, así como otros expertos que se ocupan de la trata, detectan la comisión de delitos y llevan a los autores ante la justicia (véase el cuadro 17 del anexo 6). En el período comprendido entre 2014 y 2019, con el objetivo de capacitar a los agentes del orden para que pudieran reconocer a las víctimas de la trata, el Ministerio del Interior ejecutó un proyecto de la Comisión Europea en el que participó la Policía Estatal como uno de sus asociados. El proyecto incluyó la cooperación y el intercambio de experiencias entre expertos estonios y británicos que debatieron sobre los instrumentos jurídicos que han demostrado su eficacia en la prevención de la trata de personas e identificaron posibles grupos de riesgo con objeto de adoptar oportunamente medidas de prevención.

59.A los funcionarios encargados de prevenir y combatir la trata de personas se les brindó la oportunidad de participar en actividades educativas sobre diversos temas que se organizaron en Letonia y en el extranjero (véase el cuadro 18 del anexo 6). La comunicación oficiosa entre las instituciones competentes, los funcionarios y los expertos ha permitido identificar eficazmente a víctimas de la trata y atender sus necesidades. Es necesario establecer un mecanismo y normas nacionales para la cooperación interinstitucional en relación con el reconocimiento de las víctimas de la trata y su derivación a los servicios sociales. De acuerdo con la asociación Centrs Marta, en la práctica, son los proveedores de servicios, y no la Policía Estatal, quienes suelen identificar y reconocer a las víctimas, sobre todo en los casos de explotación sexual. A pesar de los numerosos registros practicados en prostíbulos ilegales, en los últimos años no se ha derivado ninguna víctima a Centrs Marta.

60.Con el fin de reconocer a las víctimas de la trata y detectar los matrimonios ficticios, la Guardia Estatal de Fronteras utiliza tanto fuentes externas como internas (véase el cuadro 19 del anexo 6). Ese organismo, a título individual o en colaboración con funcionarios de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración, la Inspección Estatal del Trabajo y la Policía Estatal, vigila el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas al empleo de personas extranjeras en empresas, instituciones, organizaciones turísticas y hoteles y vela por la detección de los posibles casos de trata de personas.

61.En 2017, el Defensor del Pueblo presentó un estudio sobre la función de los servicios sociales y las instituciones de tutela de las administraciones locales de Letonia y las delegaciones del Organismo Estatal de Empleo en el proceso de identificación de las víctimas de la trata (“The Role of Local Governments’ Social Services, Orphan’s and Custody Courts and Branch Offices of the State Employment Agency of Latvia in the Process of Identification of Victims of Trafficking in Human Beings”), en el que se sugería que muchas instituciones se ven a sí mismas como meros denunciantes que comunican un delito a la Policía Estatal. Muchos servicios sociales de las administraciones locales y las instituciones de tutela no reconocen a las víctimas de la trata y no consideran que sea obligación suya ocuparse de esta cuestión. Tras la publicación del estudio, el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio del Interior que estudiara la necesidad de elaborar un documento formal de consulta nacional, que se actualizaría periódicamente con objeto de reflejar los cambios en las disposiciones normativas y la práctica.

62.En 2019, el Defensor del Pueblo se ocupó activamente de la necesidad de crear un mecanismo eficiente para la transmisión y el intercambio de información entre las autoridades públicas y los proveedores de servicios sociales, garantizándose de ese modo el derecho de las víctimas de la trata a que se les presten servicios de rehabilitación social. En 2020 se respaldó el proyecto de respuesta del Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo en relación con el inicio de la labor de desarrollo del marco regulatorio necesario para la mejora del mecanismo nacional de cooperación y coordinación para la prevención de la trata de personas. Por ello, en el Plan de Prevención de la Trata de Personas (2021‑2023) se definen las principales actividades que deberán realizarse con respecto al marco regulatorio (véase el cuadro 20 del anexo 6).

Recomendación núm. 8 (Asistencia social y rehabilitación)

63.En los procedimientos penales relacionados con presuntos delitos de trata, las víctimas de la presunta trata también tienen derecho, tras recibir asistencia a cargo de los servicios sociales, a que se les presten servicios de rehabilitación social y apoyo a las víctimas de la trata financiados por el Estado (véase el cuadro 21 del anexo 6). Los proveedores de servicios alientan a los beneficiarios a participar en programas de formación o educación si ello facilita su integración social o profesional y los motiva a reincorporarse al mercado laboral. Los proveedores de servicios organizan su trabajo a través de un equipo interdisciplinario cuyo cometido es elaborar y evaluar periódicamente el plan individual de rehabilitación social de las víctimas de la trata.

64.Letonia proporciona financiación pública estable para garantizar la prestación de servicios de rehabilitación social y servicios de apoyo costeados por el Estado a las víctimas de la trata inmersas en procesos penales. En los últimos años, la financiación media asignada con ese fin ha alcanzado los 135.500 euros anuales. Desde enero de 2019, la cuantía de la indemnización pagada por el Estado a las víctimas de la trata ha aumentado del 70 % al 90 % de la indemnización estatal máxima prevista en la Ley de Indemnización del Estado a las Víctimas, que equivale a cinco veces el salario mínimo mensual. En 2019, la indemnización ascendía a 1.935 euros (1.505 euros en 2018) (véanse el gráfico 3 y los cuadros 22 a 26 del anexo 6).

Recomendación núm. 8 (Actividades de sensibilización pública)

65.La realización de campañas de sensibilización sobre diversos aspectos de la trata de personas se ha convertido en una tarea permanente para todos los que participan en la aplicación de la política nacional de prevención de la trata de personas. En el período comprendido entre 2014 y 2019 se llevaron a cabo varias campañas de sensibilización a nivel nacional y algunas específicamente a nivel municipal, incluidas actividades formativas, cuyo valor agregado reside en la comunicación con todos los presentes y en el hecho de que las autoridades públicas y municipales, las fuerzas del orden, las ONG y quienes prestan servicios a las víctimas de la trata participan en la organización de dichas actividades (véase el cuadro 27 del anexo 6). En 2014 se actualizó el sitio web administrado por el Ministerio del Interior que contiene, entre otras cosas, información sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la prevención y la lucha contra la trata de personas y el apoyo y la asistencia a las víctimas, así como acerca de actividades y proyectos de información sobre la prevención de la trata y la explotación. El sitio web dispone de una cuenta de Facebook (@Cilvektirdznieciba.lv).

Artículo 9

Detención administrativa

66.La Ley de Responsabilidad Administrativa entró en vigor en julio de 2020 y sustituyó al Código de Infracciones Administrativas de Letonia, eliminando la detención administrativa de la lista de sanciones administrativas.

Recomendación núm. 13 (Aplicación de la detención)

67.Las autoridades letonas no reúnen información sobre la aplicación de la detención como medida cautelar en procedimientos penales desglosada por delito, duración de la prisión preventiva o género y edad de las personas detenidas. La información sobre las medidas cautelares consistentes en la privación de libertad se recoge en cifras absolutas (véase el cuadro 1 del anexo 7). En 2019, el número de personas detenidas (949 personas) disminuyó en un 64 % en comparación con 2014 (1.469 personas), mientras que, si se compara con 2017, el número de mujeres detenidas aumentó en un 30 % (50 en 2017 y 65 en 2019); en cambio, el número de hombres detenidos disminuyó en aproximadamente un 11,6 % (1.001 en 2017 frente a 884 en 2019). Letonia no reúne información por separado acerca de los casos en que la fiscalía ha incoado un procedimiento para la imposición de medidas obligatorias de carácter médico. Se dispone de datos estadísticos sobre las causas penales remitidas a los tribunales para la imposición de tratamientos médicos obligatorios (véase el cuadro 2 del anexo 7) y sobre las personas que se encontraban en prisión en 2019 (véanse los gráficos 1 a 6 del anexo 8). En 2019 se impuso la detención como medida cautelar a 15 menores.

68.Una persona tiene derecho a recurrir la decisión de un juez de instrucción que le haya impuesto una medida obligatoria relacionada con la privación de libertad, incluido su internamiento en una institución médica para que sea examinada. Esa persona, su representante o su abogado defensor podrán, en todo momento, solicitar a un juez de instrucción que se evalúe la necesidad de seguir aplicando tal medida. Si la persona, su representante o su abogado defensor no han presentado una solicitud en ese sentido a un juez de instrucción en el plazo de dos meses, este último realizará dicha evaluación motu proprio. En el Código de Procedimiento Penal no se prohíbe interponer un recurso contra la decisión de la persona encargada de tramitar el procedimiento respecto de la imposición de medidas obligatorias de carácter médico. Se escuchará a la persona en cuestión si, de acuerdo con las conclusiones de un examen pericial, se le permite participar en las diligencias de investigación previas al juicio.

Recomendación núm. 13 (Cambios en el marco regulatorio)

69.En 2016 se modificó el artículo 267 del Código de Procedimiento Penal para definir la detención como la restricción de los derechos de una persona y permitir mantener a una persona confinada en instalaciones especialmente equipadas de la Policía Estatal, así como para determinar las restricciones que pueden imponerse en materia de reunión y comunicación, salvo cuando se trate de reuniones con un abogado defensor, y con la excepción asimismo de las personas extranjeras, que podrán reunirse con un representante de la misión diplomática o consular de su país. Para ello no es necesaria la resolución de un juez o un tribunal de instrucción. Con el fin de asegurar la comparecencia de una persona detenida ante el fiscal o el tribunal para la finalización de las actuaciones penales, desde el 1 de septiembre de 2018, en el artículo 268 del Código de Procedimiento Penal se dispone que, si a la persona detenida se le reconoce la condición de sospechoso o acusado, podrá ordenarse su ingreso en un centro de detención temporal durante un máximo de 48 horas, contadas a partir del momento en que se practicó la detención. En 2020 se modificó el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal con objeto de reconocer el derecho que ampara a todo detenido, con permiso de la persona a cargo de las actuaciones, de reunirse y comunicarse con otras personas. En la fase de instrucción, la decisión de la persona a cargo de las actuaciones es recurrible ante el juez de instrucción. No se necesita contar con el permiso de la persona a cargo de las actuaciones para reunirse con un abogado defensor con el que se haya celebrado un acuerdo en el procedimiento penal en cuestión o que preste asistencia jurídica garantizada por el Estado en dicho procedimiento penal, con un representante de la misión diplomática o consular del país de una persona extranjera, o con las personas especificadas en la legislación especial por la que se regulan los procedimientos de detención. En 2021 entraron en vigor las modificaciones introducidas en el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal, por las que se establece que, con el fin de lograr el objetivo de las actuaciones penales, la persona a cargo de dichas actuaciones podrá limitar las reuniones y la comunicación con las personas especificadas en la legislación especial por la que se regulan los procedimientos de detención. La decisión puede recurrirse ante el juez de instrucción. La interposición de un recurso no conlleva la suspensión de la decisión.

70.A fin de aplicar la Directiva (UE) 2016/800, se consagró en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal un principio fundamental, según el cual la detención se impondrá a los menores solamente como último recurso después de haber sopesado la aplicación de otras medidas cautelares. Al decidir qué medida cautelar relacionada con la privación de libertad debe imponerse a un menor, se tienen en cuenta su edad, los posibles riesgos para su desarrollo físico, mental y social y sus posibilidades de reinserción en la sociedad. En el artículo 602 del Código de Procedimiento Penal se dispone que las personas detenidas, sospechosas y acusadas sometidas a una medida cautelar relacionada con la privación de libertad tienen derecho a recibir información sobre el acceso a la asistencia sanitaria.

Recomendación núm. 16 (Medidas obligatorias de carácter médico)

71.En 2014 se introdujeron importantes modificaciones en el marco regulatorio relativo a la aplicación de medidas obligatorias de carácter médico en lo tocante a la aplicación de esas medidas en los casos en que la persona en cuestión ya no represente un peligro para los demás o no cumpla dichas medidas (artículo 69 del Código Penal). Se añadió al Código Penal el artículo 691, en el que se establecen medidas obligatorias de carácter médico después de varias resoluciones judiciales. Con arreglo a las modificaciones introducidas en el Código de Procedimiento Penal, si una persona representa un peligro para la sociedad debido a una enfermedad, el tribunal podrá ordenar su internamiento en un hospital psiquiátrico durante un máximo de seis meses (artículo 599 del Código de Procedimiento Penal). Toda persona contra la que se hayan incoado actuaciones relativas a la imposición de medidas obligatorias de carácter médico podrá participar en la resolución del asunto penal siempre que un médico (perito judicial) o el estado de salud de la persona se lo permitan. Se ha reformulado el artículo 607 del Código de Procedimiento Penal para que, si una persona incumple las medidas obligatorias de carácter médico, corresponda al director de la institución médica proponer al tribunal que decida si sustituye las medidas prescritas por una medida de carácter más restrictivo, y para que el tribunal pueda ordenar un examen psiquiátrico forense de la persona en cuestión.

Recomendación núm. 16 (Instituciones médicas psiquiátricas)

72.De conformidad con la Ley de Tratamiento Médico, la prestación de asistencia psiquiátrica depende de la voluntad del paciente. Este puede dar su consentimiento por escrito para su internamiento en una institución médica psiquiátrica si se ha detectado un trastorno mental y un psiquiatra ha dictaminado la necesidad de una evaluación de su salud mental, tratamiento médico y rehabilitación en una institución médica psiquiátrica. El consentimiento del paciente para su internamiento se adjunta a los documentos médicos. En la Ley de Tratamiento Médico se especifican los casos en que la asistencia psiquiátrica se presta sin el consentimiento del paciente, así como la forma en que se adopta la decisión de prestar cuidados en un hospital en tales casos. Todo paciente que sea internado en una institución médica psiquiátrica sin su consentimiento, o al que se haya prescrito un tratamiento médico en una institución médica psiquiátrica como medida obligatoria de carácter médico en un procedimiento penal, goza de todos los derechos que asisten a los pacientes en virtud de la Ley de Derechos de los Pacientes, así como del derecho a recibir y mandar cartas y envíos postales, a comunicarse con personas que se encuentren fuera de la institución médica psiquiátrica, a reunirse con familiares y otras personas, y a dar un paseo diario. Los médicos informarán inmediatamente a los pacientes de sus derechos de un modo que a estos les resulte comprensible (de acuerdo con su edad y las evaluaciones de su madurez y experiencia realizadas). Si es necesario, el médico volverá a proporcionarle dicha información.

73.En los casos de amenazas directas, el personal médico podrá utilizar medidas de contención (véase el cuadro 3 del anexo 7). En el Reglamento núm. 453 del Consejo de Ministros se describen a grandes rasgos los procedimientos para decidir tales medidas. El paciente podrá, en el plazo de un mes, impugnar la decisión del médico sobre el uso de medidas de contención y la prohibición de que el paciente se reúna con sus familiares ante el director de la institución médica psiquiátrica, quien examinará el recurso en un plazo de siete días. Podrá presentarse un recurso contra la decisión del director de la institución médica psiquiátrica ante la Inspección, que procederá a examinarlo en un plazo de 20 días. El paciente dispondrá de un plazo de un mes para recurrir la decisión de la Inspección ante un tribunal, contra cuyo fallo no cabe recurso.

74.Las instituciones médicas hospitalarias que prestan servicios pagados por el Estado a pacientes con trastornos mentales disponen de camas para pacientes en observación con la finalidad de evitar situaciones en las que un paciente es hospitalizado debido a problemas sociales. En esas instituciones hospitalarias, el tratamiento se basa en un enfoque multidisciplinario con la participación de médicos psiquiatras, fisioterapeutas, psicólogos y arteterapeutas que ofrecen terapia no médica. Las instituciones médicas hospitalarias que prestan servicios de salud mental a niños se aseguran de que un acompañante permanezca con el niño. Con el objetivo de diagnosticar precozmente los trastornos mentales y del comportamiento, se elaboró un algoritmo que permite al médico de familia evaluar el estado de salud mental de los niños de 1,5 a 3 años de edad. Para ello, se imparte formación a los médicos de familia sobre el diagnóstico precoz de esos trastornos y las opciones de tratamiento en la atención primaria de la salud. Se ha puesto en marcha un nuevo programa para reducir los riesgos de depresión y suicidio entre los adolescentes.

75.En el período comprendido entre 2014 y 2019 aumentó la cuantía reembolsable por los medicamentos utilizados para tratar trastornos mentales y se añadieron nuevas enfermedades a la lista de medicamentos reembolsables. En el Plan de Mejora de la Atención de la Salud Mental (2019-2020) se prevé la realización de actividades formativas para quienes intervienen en el cuidado de personas con trastornos mentales o del comportamiento. En las instituciones médicas hay trabajadores sociales encargados de promover la cooperación interinstitucional. Letonia destaca las actividades de sensibilización de la población sobre la importancia de una buena salud mental para reducir la estigmatización que impide que las personas busquen ayuda. Está previsto organizar seminarios dirigidos a madres y padres primerizos, adolescentes, personas mayores y docentes, así como campañas de comunicación a nivel nacional. Con miras a facilitar la participación de los profesionales de la salud mental, se han revisado los sueldos de los médicos que trabajan en ese campo, especialmente los de los psiquiatras infantiles, y se ha reducido la duración del período de residencia de estos últimos de ocho a seis años, lo que alienta a los médicos jóvenes a elegir esa especialidad.

Artículo 10

Recomendación núm. 15 (Condiciones en los establecimientos penitenciarios)

76.La Administración Penitenciaria no reúne datos sobre el espacio del que disponen los reclusos en los establecimientos penitenciarios. Puede encontrarse más información sobre la población penitenciaria de Letonia y otros datos conexos en los gráficos 1 a 6 del anexo 8. En 2014, con el fin de reunir información sobre las condiciones existentes en los establecimientos penitenciarios de Letonia y formular propuestas destinadas a garantizar unas condiciones de vida dignas para los reclusos, se auditaron los establecimientos penitenciarios del país. Se llegó a la conclusión de que era posible proporcionar a todos los reclusos al menos 4 m2 de espacio en los que vivir.

77.De conformidad con la Orden del Ministro de Justicia relativa a la tipología de los establecimientos penitenciarios y el número de reclusos que pueden internarse en ellos, se ingresó a todos los reclusos en establecimientos penitenciarios antes del 1 de diciembre de 2014 para garantizar que cada recluso disponga de 4 m2 de superficie para vivir. En las modificaciones introducidas en el artículo 77 del Código de Ejecución de Penas de Letonia se establece que la superficie por recluso no podrá ser inferior a 4 m2 y, en el caso de las celdas de aislamiento, a 9 m2. En las modificaciones análogas introducidas en 2015 en el artículo 19 de la Ley de Procedimientos de Detención se dispone la adopción de medidas específicas concebidas para proporcionar a cada recluso suficiente espacio en el que vivir (véanse también los cuadros 1 a 3 del anexo 8).

78.En el Reglamento núm. 1022 del Consejo de Ministros se especifica el número de productos de higiene que se proporcionan a los reclusos. Una vez al mes, cada recluso recibe papel higiénico (dos rollos), jabón de tocador (100 g), jabón para el hogar (200 g), pasta dentífrica (50 g), 16 compresas higiénicas para mujeres y un cepillo de dientes (uno cada tres meses). En el período comprendido entre 2014 y 2019, todos los establecimientos penitenciarios utilizaron los fondos asignados tanto para reparaciones programadas como imprevistas, a fin de mejorar las condiciones en que vivían los reclusos y mantener adecuadamente el equipamiento técnico. Todos los años se planifican y ejecutan reparaciones a gran escala (véase el cuadro 4 del anexo 8). Se ha iniciado la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en Liepāja.

Reinserción de los reclusos en la sociedad

79.En 2015, el Consejo de Ministros aprobó las Directrices para la Reinserción Social de Reclusos (2015‑2020) y su correspondiente Plan de Aplicación, en el que se describen a grandes rasgos varias medidas destinadas a lograr la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral. Con la política de reinserción social se pretendía reducir todos los riesgos de que se pudiera incurrir en una conducta delictiva durante el cumplimiento de las penas de privación de libertad o después de cumplirlas, lo que redundaba en beneficio de la segurabilidad humana y el éxito de la integración social. En las Directrices se señala el resultado que se pretende lograr con la política, a saber, la atención de todas las necesidades de reinserción social previstas en el plan individual de reinserción social del recluso mientras este cumple condena (en un establecimiento penitenciario y bajo la supervisión del Servicio Estatal de Libertad Vigilada). También se describen en las Directrices varios resultados e indicadores del desempeño de la política (véase el cuadro 5 del anexo 8). A fin de alcanzar los objetivos de esta política de reinserción social, en el Plan de Aplicación se contemplan medidas específicas estructuradas en seis ámbitos clave armonizados (véase el cuadro 6 del anexo 8). En el período comprendido entre 2014 y 2019, se modificó el marco regulatorio relativo a la reinserción social de los reclusos, que se ha aplicado con éxito en la práctica. Para más información sobre las medidas de reinserción social de los reclusos en 2019, véanse los cuadros 7 y 8 y los gráficos 7 a 9 del anexo 8.

Recomendación núm. 15 (Capacitación de funcionarios)

80.El Centro de Formación de la Administración Penitenciaria imparte a los funcionarios de prisiones el programa de formación profesional permanente Seguridad en Establecimientos Penitenciarios. El plan de estudios del programa incluye cursos sobre la comunicación con los reclusos, la solución de conflictos y la prevención, entre otros temas. Entre las cuestiones que se tratan en los cursos cabe mencionar la adquisición de habilidades para fomentar las relaciones entre los reclusos y el personal, basadas en los principios fundamentales de la seguridad dinámica, y para responder a cuestiones relacionadas con el establecimiento de relaciones respetuosas con los reclusos, prestando especial atención a las medidas que deben adoptar los funcionarios para no cometer errores y abstenerse de actuaciones ilegales que darían lugar a un trato desigual (véanse también los párrafos 28 y 29 del presente informe y el gráfico 1 y el cuadro 13 del anexo 4).

81.En 2019, 46 personas siguieron cursando el programa de formación profesional permanente Seguridad en Establecimientos Penitenciarios y otras 83 lo iniciaron, y 71 funcionarios obtuvieron la cualificación profesional de subinspector de establecimientos penitenciarios. En 2020, 49 personas siguieron cursando ese programa, mientras que 710 asistieron a otros 34 cursos de formación profesional permanente organizados por el Centro de Formación de la Administración Penitenciaria (véase el cuadro 9 del anexo 8). El personal administrativo recibió formación sobre el programa de reinserción social, recientemente puesto en marcha, para personas condenadas que muestran un comportamiento violento (véase el cuadro 10 del anexo 8).

Establecimientos de salud mental e instituciones de atención social

82.Los médicos psiquiatras titulados prescriben tratamientos de salud mental, incluidos los tratamientos farmacológicos adecuados para las personas a las que se prestan servicios durante períodos prolongados en instituciones de atención social financiadas por el Estado (el Centro Estatal de Atención Social y las organizaciones contratadas). El personal de enfermería pasa consulta a los pacientes y se asegura de que estos cumplan sus planes de tratamiento. Todos los medicamentos se dispensan a los pacientes de acuerdo con lo indicado en las prescripciones facultativas y previa anotación en el historial médico del paciente. En caso de agravamiento de los trastornos mentales (por ejemplo, si concurren agresividad o depresión), el médico psiquiatra prescribe medicación, que anota en el historial médico del paciente. En situaciones de emergencia, si el agravamiento representa un peligro directo, se prestan los primeros auxilios y se llama al servicio médico de emergencia.

83.En la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social se establece que, en aquellos casos en que una persona, con sus acciones, represente un peligro para su salud o su vida o para la salud o la vida de otras personas, el director de la institución competente o su representante autorizado podrán decidir, consignándolo en el historial médico de la persona, ordenar su aislamiento, durante un período que no podrá superar las 24 horas, en una habitación acondicionada especialmente para tal fin, asegurando el cuidado necesario y la supervisión continua de la persona. De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Bienestar Social proporcionó al Centro Estatal de Atención Social directrices en las que se dispone que, en caso de agravamiento de un problema de salud mental, deberá llamarse al servicio médico de emergencia y podrá aislarse al paciente hasta la llegada de este (hasta un máximo de tres horas) en una habitación acondicionada especialmente para tal fin. Cuando realicen inspecciones en el Centro Estatal de Atención Social, las autoridades deberán comprobar que no se aísla a los pacientes con fines punitivos. En la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social se establece que los servicios de atención social o rehabilitación social de larga duración solo pueden prestarse a persona con trastornos mentales graves o muy graves y se arbitra un mecanismo para la clasificación de los usuarios de los servicios en función del nivel de cuidados requerido. En 2019 entró en vigor el Reglamento núm. 138 del Consejo de Ministros, en el que se dispone que solo podrán prestarse servicios en la mencionada institución a las personas que necesiten cuidados de nivel 3 o 4 y siempre que no sea posible proporcionar los cuidados requeridos en su lugar de residencia. En el Reglamento se indican los especialistas que deberán intervenir en cada nivel de cuidados, así como el número de especialistas que deberán asignarse.

Recomendación núm. 16 (Mejora de la cualificación del personal médico)

84.Con objeto de mejorar la cualificación del personal médico que interviene en el tratamiento de los pacientes en los ámbitos prioritarios de asistencia sanitaria, entre ellos la salud mental, el Ministerio de Salud puso en marcha en 2017 el proyecto Mejora de la Cualificación del Personal Médico y el Personal de Apoyo Médico, que contó con financiación del Fondo Social Europeo. Ese mismo año, las autoridades revisaron los requisitos que debían satisfacer los proveedores de servicios sociales (Reglamento núm. 338 del Consejo de Ministros), entre los que se encuentran aquellos aplicables a los proveedores de servicios de atención social y servicios de rehabilitación social de larga duración en una institución. A fin de garantizar un tiempo de calidad adecuado a los usuarios del Centro Estatal de Atención Social, se mejoraron las actividades teniendo en cuenta sus intereses y su estado de salud. Periódicamente se actualizan las directrices sobre la respuesta a las emergencias y la seguridad del paciente, prestando una atención especial a la información facilitada a los usuarios de los servicios y a su participación. En la medida de lo posible, se aloja a los pacientes con enfermedades mentales separados de los que tienen trastornos mentales. Las sesiones en grupo se organizan por separado para uno y otro tipo de pacientes. Con objeto de preparar a las personas para su transición a la vida en sociedad, el Centro Estatal de Atención Social les ayuda a mejorar sus aptitudes de autocuidado e independencia. Las actividades que deben realizarse en el Centro Estatal de Atención Social se han fijado en las Directrices para la Organización de Servicios de Rehabilitación Social en el Establecimiento de Transición para Personas con Trastornos Mentales.

Recomendación núm. 16 (Medidas adicionales)

85.A fin de mejorar las condiciones de vida en el Centro Estatal de Atención Social, y debido a la transición gradual a la desinstitucionalización de los servicios de atención social de larga duración, en 2013 se inició la reducción del número de camas para pacientes del Centro, que pasaron de 4.659 a 3.974 (una disminución del 14,7 %) a finales de 2019. Durante la renovación de los locales del Centro Estatal de Atención Social, se amplió gradualmente el espacio del que dispone cada usuario. En el período comprendido entre 2014 y 2019, dejaron de utilizarse seis delegaciones del Centro Estatal de Atención Social porque el estado de los edificios representaba un peligro o estos no reunían las condiciones necesarias para la prestación de servicios, con la consiguiente disminución del número de delegaciones (el Centro tiene ahora 25 delegaciones).

86.Con el objetivo de promover la integración social de las personas con trastornos mentales graves y su transición de la atención en instituciones a la atención comunitaria, el Consejo de Ministros aprobó en 2013 las Directrices para el Desarrollo de los Servicios Sociales (2014-2019). En el marco del programa operacional Desarrollo y Empleo, se obtuvo financiación de la UE y se inició gradualmente el establecimiento de los nuevos servicios de atención comunitaria y la implantación de un modelo de financiación de los servicios sociales. Las actividades cofinanciadas por la UE debían completarse antes de que finalizara 2023. Como parte del proyecto de desinstitucionalización, se realizó una evaluación de 580 usuarios del Centro Estatal de Atención Social y se elaboró un plan de apoyo. En 2020, los empleados del Centro Estatal de Atención Social recibieron formación, que se imparte periódicamente, sobre cómo preparar a los usuarios del Centro para la vida independiente (salud, atención social y rehabilitación, prevención de incendios, seguridad en el trabajo, comunicación, comportamiento violento, derechos y obligaciones, musicoterapia y arteterapia, entre otras cuestiones), cuyos destinatarios fueron los empleados que se ocupaban directamente del cuidado de los usuarios del Centro.

87.Los usuarios y sus representantes legales pueden presentar quejas sobre la calidad de los servicios sociales prestados o formular sugerencias verbalmente o por escrito acerca de cómo mejorar el trabajo de los proveedores de servicios sociales. Las quejas relativas a la calidad de los servicios son examinadas por el Ministerio de Bienestar Social, el cual vigila que los servicios cumplan las disposiciones de la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social. En 2019 se realizaron 70 inspecciones que incluyeron, entre otras cosas, el examen de las denuncias y las quejas recibidas. Tras efectuar las inspecciones, las autoridades formularon recomendaciones para que se subsanaran las deficiencias observadas (véanse también los cuadros 11 y 12 del anexo 8). Dado que en el artículo 17 de la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social se establece que solo podrá prestar servicios sociales un proveedor de servicios sociales que esté inscrito en el registro de proveedores de servicios sociales, también se practican inspecciones previas a la inscripción de los proveedores (inicialmente o antes de renovar la inscripción en el registro). Prestar servicios sociales sin estar registrado, no garantizar la calidad de los servicios o incumplir los requisitos que deben observar los proveedores de servicios sociales se castigan con una sanción administrativa.

Artículo 11

88.Letonia se remite a la información incluida en su segundo informe periódico (CCPR/C/LVA/2002/2, párr. 171) y señala que en la legislación letona no se establece la privación de libertad como forma de castigo por no cumplir una obligación contractual.

Artículo 12

Recomendación núm. 14

89.En el período comprendido entre 2014 y 2019, los fiscales impusieron medidas cautelares para restringir la libre circulación de una persona en 1.234 ocasiones (véase el cuadro 1 del anexo 9).

90.De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/458, los ciudadanos de la UE, el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza están sujetos desde 2017 a controles sistemáticos en las fronteras exteriores del espacio Schengen mediante la consulta de las bases de datos pertinentes, lo que se suma a los controles en vigor aplicables a los nacionales de terceros países. Las nuevas disposiciones se aplican como respuesta a los atentados terroristas perpetrados en los últimos años en varios países de la UE. Los controles se realizan en las fronteras exteriores, tanto a la entrada como a la salida, por medio del Sistema de Información de Schengen y la Base de Datos sobre Documentos de Viaje Robados y Perdidos de la Organización Internacional de Policía Criminal‑INTERPOL.

91.En 2017 se modificó la Ley de Documentos de Identificación Personal y se definió la situación en relación con los documentos de identificación personal en los casos en que el Ministro del Interior decida prohibir la salida de Letonia (véase el cuadro 2 del anexo 9).

92.Los no ciudadanos de Letonia pueden viajar a 47 países del mundo sin visado. En 2016 entró en vigor la Ley de Asilo, mediante la que se aplican las disposiciones de la Directiva 2013/33/UE, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional en los casos en que el derecho de los solicitantes de asilo a circular libremente esté restringido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Asilo, en caso necesario y conforme al principio de proporcionalidad, podrán aplicarse medidas restrictivas a los solicitantes de asilo en el procedimiento de asilo (véase el cuadro 3 del anexo 9). En su defecto, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Asilo, podrá exigirse a los solicitantes de asilo, de acuerdo con los requisitos del artículo 13, que se registren periódicamente, y no menos de una vez al mes, en la unidad de la Guardia Estatal de Fronteras si existen motivos para suponer que concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el cuadro 4 del anexo 9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Asilo, la Guardia Estatal de Fronteras puede detener a los solicitantes de asilo durante un máximo de seis días si se da alguna de las condiciones que permiten la detención mencionadas en el artículo 16 de la Ley de Asilo (véase el cuadro 5 del anexo 9). En el gráfico 1 del anexo 9 figuran datos estadísticos sobre la duración media de la detención de solicitantes de asilo.

Condiciones para la detención de los solicitantes de asilo

93.La detención es una medida extraordinaria que podrá aplicarse durante el menor tiempo posible. Durante la detención, se aloja a los solicitantes de asilo en una unidad acondicionada especialmente dentro de los locales de la Guardia Estatal de Fronteras, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento núm. 231 del Consejo de Ministros. El internamiento de solicitantes de asilo detenidos en los locales de la Guardia Estatal de Fronteras destinados a su alojamiento respeta los derechos fundamentales de la persona, tiene debidamente en cuenta su seguridad y se ajusta a las disposiciones del artículo 22 de la Ley de Asilo. Los solicitantes de asilo detenidos son albergados en el centro de alojamiento para extranjeros detenidos de Daugavpils, que es el único centro de alojamiento para solicitantes de asilo que han sido detenidos (se inauguró en 2011). Las condiciones de vida en este centro son acordes con las necesidades especiales de acogida de los solicitantes de asilo (incluidos los solicitantes de asilo menores de edad) y tienen por objeto proteger su salud física y mental. Los solicitantes de asilo se alojan en locales separados de los que ocupan los extranjeros detenidos. A las familias de los solicitantes de asilo detenidos se las aloja juntas en un bloque familiar acondicionado especialmente con ese fin y separadas de las demás personas detenidas, mientras que los menores que viajan con sus padres son alojados en el centro pero no se encuentran detenidos. Los solicitantes de asilo menores de edad solo son detenidos en casos excepcionales si ello responde al interés superior del niño. Los menores no acompañados detenidos son alojados en dependencias del centro de alojamiento para extranjeros detenidos de Daugavpils que cuentan con el personal y el equipamiento necesarios para atender sus necesidades. Los menores detenidos pueden estudiar y participar en actividades de ocio, juegos y actividades recreativas en función de su edad.

Artículo 13

Recomendación núm. 14 (Principio de no devolución)

94.En el período comprendido entre 2014 y 2019, la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración no necesitó adoptar una decisión en virtud del artículo 3 de la Ley de Asilo (principio de no devolución). Si un extranjero desea irse voluntariamente una vez finalizado el procedimiento de asilo, se emite una decisión de retorno voluntario sin evaluar el principio de no devolución. En todos los demás casos, al emitir una decisión de retorno voluntario o dictar una orden de expulsión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Inmigración, las autoridades analizan si la expulsión de la persona extranjera constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Letonia. La orden de expulsión se dicta en un plazo razonable, teniendo en cuenta el momento previsto para la partida de cada persona extranjera, es decir, lo antes posible. En Letonia, una sola institución examina las cuestiones de asilo y expulsión, por lo que transcurre un período mínimo entre la decisión de un tribunal en un caso de asilo y la orden de expulsión. No se reúnen datos estadísticos sobre el tiempo que tardan en evaluarse las órdenes de expulsión.

95.Inicialmente, la persona extranjera tiene derecho a impugnar la orden de expulsión ante el director del organismo cuyo funcionario ha dictado la orden, sin perder por ello el derecho a permanecer en Letonia. El recurso se examina en un plazo de 30 días. Según el artículo 501 de la Ley de Inmigración, la decisión de una autoridad superior sobre una decisión de retorno voluntario o una orden de expulsión puede recurrirse ante un tribunal en un plazo de siete días. La interposición de un recurso ante los tribunales no suspende las decisiones mencionadas. Las personas extranjeras pueden solicitar al tribunal que dicte una medida provisional (la suspensión de la decisión). Según el artículo 49 de la Ley de Inmigración, las personas extranjeras tienen derecho a solicitar la suspensión de la orden de expulsión si han cambiado las circunstancias que motivaron que se dictara esa orden de expulsión, incluidas las circunstancias previstas en el artículo 47 de dicha ley (principio de no devolución) o por razones humanitarias.

Salvaguardias de procedimiento

96.Durante el procedimiento de asilo, los solicitantes de asilo gozan de una serie de garantías, a tenor de sus particulares necesidades procesales, que se derivan de la capacidad limitada que tienen para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones (véase el cuadro 1 del anexo 10).

Concesión o denegación de asilo

97.La Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración es responsable de adoptar las decisiones relativas a la concesión o denegación de asilo y protección internacional. Dependiendo de las circunstancias y de la información obtenida durante la entrevista, conforme a lo establecido en la Ley de Asilo, será posible examinar una solicitud mediante un procedimiento ordinario, en frontera o acelerado. Al examinar las solicitudes de asilo, en primer lugar se determina si se cumplen los criterios para obtener la condición de refugiado (el temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas) o, cuando no proceda, la condición jurídica alternativa (el riesgo de sufrir un daño grave como consecuencia de la posibilidad de que se imponga al solicitante de asilo la pena de muerte en su propio país o de que sea sometido a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes). Al examinar las solicitudes de asilo, los funcionarios evalúan la situación personal y los hechos relacionados con el país de origen del solicitante (véase el cuadro 2 del anexo 10).

98.En el artículo 3 de la Ley de Asilo se prevén excepciones que permiten devolver a un solicitante de asilo, un refugiado o una persona a la que se ha reconocido la condición jurídica alternativa si existen motivos para creer que esa persona representa un peligro para la seguridad nacional; ha sido declarada, en una sentencia judicial firme, culpable de cometer un delito especialmente grave y representa una amenaza para la sociedad; o ha presentado una nueva solicitud tras concluir el procedimiento administrativo relativo a la solicitud inicial que había vuelto a presentar.

Garantías procesales

99.De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asilo, si la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración adopta una decisión desfavorable, el solicitante de asilo tiene derecho a recibir una explicación, en un idioma que comprenda, sobre tal decisión, los procedimientos para impugnarla y las condiciones por las que se rige la concesión de asistencia jurídica garantizada por el Estado. Se presta asistencia jurídica garantizada por el Estado a los solicitantes de asilo en el marco de los procedimientos de apelación contra una decisión desfavorable de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración, y la asistencia prestada incluye las consultas, la preparación de documentos y la representación ante un tribunal, así como los servicios de un intérprete para que el solicitante pueda comunicarse con su representante. En cada decisión adoptada se comunica a los solicitantes de asilo el plazo y el lugar en que pueden presentar un recurso contra dicha decisión y se explican las posibilidades de obtener asistencia jurídica (véanse los cuadros 3 a 8 del anexo 10). En el período comprendido entre 2014 y 2019, se tardaba una media de 10 a 12 meses en examinar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado o la condición jurídica alternativa (incluidos los procedimientos judiciales).

Procedimiento normalizado de solicitud y concesión de asilo

100.De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asilo, un solicitante de asilo puede presentar la solicitud de asilo en un paso fronterizo de la Guardia Estatal de Fronteras o en una zona de tránsito antes de entrar en Letonia, o bien ante una dependencia estructural de la Guardia Estatal de Fronteras si la persona ya se encuentra en Letonia. Una persona puede igualmente expresar su deseo de obtener protección internacional a la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración, a la Policía Estatal o a la Administración Penitenciaria. Esas instituciones se pondrán en contacto con la Guardia Estatal de Fronteras para que el solicitante de asilo pueda presentar una solicitud. A continuación, la Guardia Estatal de Fronteras iniciará el procedimiento de asilo, identificará a la persona, le expedirá un documento de identidad, le proporcionará gratuitamente información sobre el procedimiento de asilo, los derechos y obligaciones, y el procedimiento para la prestación de asistencia jurídica y atención sanitaria, y celebrará negociaciones y una entrevista inicial. El objetivo de las negociaciones y la entrevista inicial es obtener información que permita determinar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud en cumplimiento del Reglamento núm. 604/2013, información sobre la situación personal del solicitante de asilo e información básica relativa a los motivos por los que solicita protección internacional. A los solicitantes de asilo se les proporciona información por escrito en un idioma que comprendan. Si es necesario, se les facilita esa información oralmente.

Formación de funcionarios

101.El personal de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración recibe periódicamente formación, por ejemplo, sobre la adopción de decisiones de diversos tipos y sobre la realización de entrevistas personales, entre otras, las de solicitantes de asilo especialmente protegidos: mujeres, menores no acompañados, víctimas de la violencia y la tortura y personas con discapacidad mental (véase el gráfico 1 del anexo 10).

102.En 2019, la Academia de Policía Estatal, con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial, organizó un curso sobre las actividades policiales relacionadas con los efectos de la migración y, en particular, el orden público, los delitos de odio y la integración, con el objetivo de capacitar al personal en el fomento del orden público, la detección e investigación de los delitos de odio, el trabajo en un entorno multicultural y el intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con la migración. Participaron en ese seminario 26 personas procedentes de 19 Estados miembros de la UE y 8 conferenciantes de Estados miembros de la UE y del EEE, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Cuestiones de actualidad en materia de legislación y documentos de planificación de políticas

103.Véanse los datos estadísticos sobre solicitudes de asilo presentadas en 2019 en el cuadro 9 del anexo 10 y sobre los procedimientos de asilo incoados en el período comprendido entre 1998 y 2019 en el cuadro 10 del anexo 10. Solicitaron asilo 2.867 personas, a 217 de las cuales se les concedió la condición de refugiado y a 552 la condición jurídica alternativa.

104.Las personas refugiadas o a las que se haya otorgado la condición jurídica alternativa, los solicitantes de asilo y sus hijos menores de 18 años pueden recibir asistencia sanitaria pagada por el Estado en la misma medida y con arreglo al mismo procedimiento que los residentes permanentes de Letonia. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asilo, los solicitantes de asilo tienen derecho a recibir, con cargo al Estado, asistencia médica de urgencia, atención primaria de la salud y asistencia psiquiátrica ambulatoria y hospitalaria en los casos de trastornos mentales graves, así como toda aquella asistencia médica para los menores de edad cuya no prestación pueda representar una amenaza para el desarrollo y la salud del niño. Una persona a la que se haya concedido protección temporal tiene derecho a recibir asistencia médica de urgencia pagada por el Estado. En el período comprendido entre 2017 y 2018, el Fondo de Integración Social ejecutó un proyecto piloto de apoyo a la vivienda para refugiados y personas con la condición jurídica alternativa. El proyecto piloto tenía como objetivo sufragar los gastos de alquiler y una parte del costo de los servicios públicos, entre otras cosas.

Artículo 14

Recomendación núm. 17

105.En el período comprendido entre 2014 y 2019, se llevó a cabo una reforma territorial de los tribunales que unificó los diferentes territorios de los tribunales ordinarios de distrito, estableciéndose legalmente, de ese modo, tribunales de primera instancia más grandes. Desde el inicio de la reforma, en Letonia funcionan 9 tribunales de distrito en lugar de 34. Aunque antes de la reforma existía un gran número de pequeños tribunales en el país, con entre 3 y 5 jueces, actualmente el promedio de jueces en cada tribunal de distrito es de 30. Cuando los tribunales están compuestos por un número mayor de jueces, estos últimos pueden especializarse, lo que mejora la calidad de las sentencias judiciales y permite reducir el tiempo de tramitación de las causas y repartir estas aleatoriamente.

106.El 1 de junio de 2019 se suprimieron las oficinas de registro de bienes raíces de los tribunales de distrito como dependencias autónomas y, desde entonces, los jueces de dichas oficinas forman parte de los tribunales de distrito, lo que permite examinar otros tipos de casos con arreglo al plan de reparto de causas de cada tribunal de distrito. La reforma se llevó a cabo con determinadas condiciones, a fin de evitar cualquier riesgo en relación con la posibilidad de registrar bienes y la verificación de los derechos de propiedad.

107.En 2019 se puso en marcha un portal público de datos de los tribunales que garantiza el acceso de la población a información sobre la labor de estos como, por ejemplo, la duración media de los procedimientos basada en datos reales. El portal contiene información obtenida de los sistemas de contabilidad y registro de las actividades de los tribunales, elaborándose posteriormente informes analíticos u ordinarios. En el período comprendido entre 2014 y 2019, se redujo gradualmente la duración media de los procedimientos judiciales. En 2019, la duración media de los procedimientos había disminuido en 1,2 meses en los tribunales de primera instancia y en 1,5 meses en los tribunales de apelación en comparación con 2014 (véanse los cuadros 1 a 4 del anexo 11).

Formación de jueces

108.Letonia se remite al documento básico común (HRI/CORE/LVA/2017, párrs. 165, 120 y 121, y 215) y señala que, en el período comprendido entre 2014 y 2019, los jueces y el personal de los tribunales participaron en varias ocasiones en actividades de formación sobre el derecho a un juicio imparcial, el derecho a la libertad y a la seguridad, y la jurisprudencia relativa a la imposición de la detención (véase el cuadro 5 del anexo 11). En los cuadros 6 a 8 del anexo 11 figuran datos estadísticos sobre los jueces, desglosados por sexo, y sobre los procedimientos disciplinarios incoados.

Ley de Indemnización del Estado a las Víctimas

109.Letonia apoya a las víctimas de la trata y les otorga indemnizaciones. En 2014 se introdujeron modificaciones en el artículo 7 de la Ley de Indemnización del Estado a las Víctimas para que se ajustara a lo dispuesto en el Código Penal, que se había modificado a su vez con el fin de aplicar la Directiva 2011/93/UE, ampliando de ese modo el alcance del término “violencia sexual”, cuyas víctimas tienen derecho a recibir una indemnización. En 2018 se modificó esa ley para aumentar la cuantía de la indemnización estatal del 70 % al 90 % de la indemnización máxima (cinco salarios mínimos mensuales) en los casos en que la persona haya sufrido lesiones corporales graves o haya sido víctima de una violación o violencia sexual, se haya cometido un delito contra la integridad moral o la indemnidad sexual de un menor o una persona haya sido víctima de la trata. En los casos en que un menor ha sufrido lesiones corporales moderadas o se ha infectado con el VIH o la hepatitis B o C, la cuantía de la indemnización estatal ha aumentado del 50 % al 70 % de la cuantía máxima de la indemnización estatal. Se han introducido modificaciones con la finalidad de ampliar el plazo de presentación de solicitudes de indemnización y garantizar un procedimiento de pago y cobro de las indemnizaciones más eficiente (véanse los cuadros 9 y 10 del anexo 11).

Ley de Asistencia Jurídica Garantizada por el Estado

110.En 2015 se modificó la Ley de Asistencia Jurídica Garantizada por el Estado para ampliar las categorías de casos en los procedimientos administrativos en los que se presta asistencia jurídica garantizada por el Estado. Se aclararon otros aspectos del procedimiento de ejecución de la decisión de pago de asistencia jurídica garantizada por el Estado, entre ellos, los motivos por los que se deniega la prestación de asistencia jurídica y los motivos por los que se presta dicha asistencia en casos en que se solicita una indemnización por daño moral. Desde 2017 se presta asistencia jurídica garantizada por el Estado en todas las causas administrativas en las que el tribunal decide otorgar dicha asistencia tras evaluar la situación financiera de la persona física y la complejidad de la causa administrativa en cuestión. En 2017 se adoptó la normativa sobre la concesión y prestación de asistencia financiera a los ciudadanos letones para proteger sus derechos o intereses en relación con la interrupción o retirada del derecho de custodia de un menor en el extranjero. En 2018 se adoptaron otros dos reglamentos, a saber, un reglamento en el que se dispone la concesión de asistencia jurídica en procedimientos ante el Tribunal Constitucional relacionados con la trata de personas a fin de promover la protección de los derechos de una persona y un juicio imparcial, eficiente, de gran calidad y rápido; y un reglamento en el que se establece la prestación de asistencia jurídica garantizada por el Estado a las personas cuyos ingresos no excedan el salario mínimo mensual en procedimientos con abogado en los casos previstos en el Código de Procedimiento Civil. En el cuadro 11 del anexo 11 figuran datos estadísticos sobre las solicitudes de asistencia jurídica garantizada por el Estado en el período comprendido entre 2014 y 2019. En 2019 entró en vigor la Ley de Denuncia de Irregularidades, por la que se establece la prestación de asistencia jurídica garantizada por el Estado a los denunciantes de irregularidades cuando las denuncias hayan tenido consecuencias perjudiciales para el denunciante. En los últimos años se ha modificado el Código de Procedimiento Civil con el propósito de garantizar una vista pública y con las debidas garantías en las causas civiles ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por ley (véanse el cuadro 12 y los gráficos 1 y 2 del anexo 11).

Artículos 15 y 16

111.Con respecto a la información incluida en su segundo informe periódico (CCPR/C/LVA/2002/2, párrs. 234 a 239), Letonia señala que no se han introducido modificaciones en el marco regulatorio relativo a la retroactividad de la ley y al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Artículo 17

Derecho al respeto de la vida privada

112.En el artículo 96 de la Constitución se reconoce el derecho al respeto de la vida privada, mientras que la responsabilidad jurídica por una injerencia injustificada en la vida privada de una persona se establece en el artículo 92 de la Constitución y en el artículo 1635 del Código Civil, en virtud del cual la persona demandada tiene la obligación de reparar el daño sufrido. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el honor de una persona está protegido por el artículo 2352 del Código Civil, especialmente en aquellos casos en que se publiquen en la prensa o en documentos, o se difundan por escrito, verbalmente o por otros medios, informaciones que menoscaben su honor o dignidad. En esos casos, en la ley se prevén medidas de reparación de derecho civil como el derecho a exigir una retractación de la información objeto de la demanda y el pago de una indemnización. Las decisiones del Tribunal Supremo facilitan el establecimiento de una jurisprudencia uniforme y se sistematizan en los resúmenes de jurisprudencia de dicho tribunal.

113.Puede producirse una vulneración del derecho a la vida privada de una persona cuando, entre otras cosas, se publiquen declaraciones negativas u obscenas sobre la persona o sobre su madre, su padre o su padrastro, que contengan información falsa que suponga un menoscabo del honor y la dignidad de la persona; o cuando se publique una fotografía de la persona desnuda sin su consentimiento o una fotografía en la que se vea a la persona en una iglesia junto a un niño que va a ser bautizado durante un ritual religioso, si dichas fotografías aparecen en una revista de gran difusión. En la causa núm. SKC-8/2012, el Tribunal Supremo concluyó que la libertad de expresión está sujeta a formalidades y restricciones cuyo fin es proteger la reputación y los derechos de terceros, y el editor tiene la obligación de evaluar si la publicación objeto de la demanda infringe el derecho al respeto de la vida privada de terceros. En lo tocante al respeto de la vida privada de las figuras públicas, estas deben soportar un mayor grado de crítica pública, pero cabría esperar que esa crítica guardara relación con asuntos públicos y no personales. Aunque la mayoría de las causas civiles relacionadas con el derecho al respeto de la vida privada implican la difusión pública de información, la práctica demuestra que la publicidad no es siempre pertinente para establecer que se ha producido una vulneración, como pone de manifiesto, por ejemplo, la sentencia de un tribunal nacional que consideró que el intercambio de insultos y agresiones verbales también puede constituir una injerencia. Tras haber establecido que a la demandante se le había diagnosticado esquizofrenia y que las agresiones verbales podrían haberla llevado a reiterados intentos de suicidio, el tribunal se refirió a la doctrina de que la preservación de la estabilidad mental es una condición importante para disfrutar de una vida privada plena, y concluyó que las acciones de los demandados habían constituido una injerencia en el derecho de la demandante al respeto de su vida privada (véanse también los cuadros 1 a 3 del anexo 12).

Limitación de la capacidad jurídica de las personas

114.El 27 de diciembre de 2010 se concluyó en una resolución judicial que las disposiciones del Código Civil en las que se establecía la privación total de la capacidad jurídica de una persona eran incompatibles con el artículo 96 de la Constitución. A raíz de esa sentencia se procedió a modificar el Código Civil. En el nuevo título II1, relativo a la tutela temporal, se prevé que si una persona tiene un trastorno mental u otros trastornos de salud, podrá limitarse su capacidad jurídica cuando el interés de la persona lo requiera y dicha limitación sea la única forma de protegerla (véase el cuadro 4 del anexo 12). En la nueva normativa se dispone que la limitación prevista de la capacidad jurídica se revisará al menos una vez cada siete años, y en el período transitorio de la nueva legislación se establece que se revisará la limitación de la capacidad jurídica de una persona que ha sido reconocida como incapacitada hasta el 31 de diciembre de 2011, y que el tutor tendrá la obligación de presentar al tribunal una solicitud para que se examinen dichas limitaciones antes del 31 de diciembre de 2016. En 2016 se observó un aumento considerable del número de solicitudes de limitación de la capacidad jurídica de las personas y de reevaluaciones de dicha limitación (1.525 solicitudes presentadas ante los tribunales de primera instancia y 11 ante los tribunales regionales). En el período comprendido entre 2017 y 2019, el número de solicitudes se estabilizó y los tribunales recibieron anualmente un promedio de 300 a 400 solicitudes. En el primer semestre de 2019, en el registro de población estaban registradas 3.022 personas con capacidad jurídica limitada y 44 personas con tutela temporal (véase también el cuadro 5 del anexo 12). En 2021 se modificó el Código de Procedimiento Civil y se abandonó la práctica de reproducir la parte dispositiva de las sentencias de los tribunales sobre la limitación de la capacidad jurídica de una persona y los datos personales de esta en la publicación oficial Latvijas Vēstnesis. Actualmente, solo una persona que conozca el nombre propio, el apellido y el número de identidad personal de su posible socio comercial puede comprobar, de forma fiable, la capacidad jurídica de este último en el sitio web www.latvija.lv.

Protección de los datos de los pacientes

115.El 4 de agosto de 2015, el Consejo de Ministros aprobó el reglamento relativo a los procedimientos para la utilización de los datos de los pacientes en un estudio específico, en el que se establecen los procedimientos por los que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades autoriza la utilización de tales datos en un determinado estudio. En la legislación nacional se establecen las condiciones en las que los datos de los pacientes consignados en documentos médicos pueden utilizarse en un estudio. En 2017, en las modificaciones introducidas en el artículo 12 de la Ley de Investigación del Genoma Humano se establecieron las condiciones para otorgar el consentimiento en una investigación sobre el genoma humano en el caso de una persona con capacidad jurídica limitada o un menor (véase el cuadro 6 del anexo 12).

Personas sin hogar

116.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social, a las personas sin hogar se les brinda alojamiento en un albergue o un albergue nocturno, se les proporciona información y se les facilita la realización de consultas, por ejemplo, sobre la posibilidad de inscribirse en la lista para la asignación de una plaza de alojamiento de las que ofrecen las administraciones locales. A la administración local de un territorio en el que una persona ha declarado ser residente le compete proporcionarle asistencia social, lo que incluye una prestación de pago único en situaciones de crisis, la renta mínima garantizada y el subsidio de vivienda (así como el alojamiento gratuito en un albergue); y puede concederse una prestación de asistencia sanitaria. Con arreglo al artículo 15 de la Ley de Administraciones Locales y al artículo 9 de la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social, las administraciones locales deben disponer de medidas específicas como, por ejemplo, albergues (véase el cuadro 7 del anexo 12). En el procedimiento incoado a raíz de la denuncia del Defensor del Pueblo sobre la conformidad de la renta mínima garantizada con el artículo 109 de la Constitución (seguridad social), el Tribunal Constitucional concluyó que la renta mínima garantizada no permitía a las personas llevar una vida digna y consideró que era incompatible con la Constitución.

Artículo 18

117.En el período comprendido entre 2014 y 2019, se registraron una iglesia, dos diócesis, 29 congregaciones, 25 entidades jurídicas de derecho público pertenecientes a la Iglesia católica, un monasterio y una misión. Se emitieron 2 decisiones de denegación del registro de asociaciones religiosas y 35 decisiones de aplazamiento de su registro (véanse los cuadros 1 y 2 del anexo 13).

118.En el período comprendido entre 2014 y 2019, la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 2018 supuso importantes cambios en materia de libertad religiosa, al modificar el modelo anterior de relación entre las organizaciones gubernamentales y las organizaciones religiosas (véase el cuadro 3 del anexo 13). Se eliminaron las diferencias relativas al registro de las congregaciones, la adquisición de la condición de entidad jurídica y el alcance de los derechos y autorizaciones de las organizaciones, tal y como se especifica en la Ley de Organizaciones Religiosas.

Artículo 19

Investigación relativa a Leonīds Jākobsons – Recomendación núm. 18

119.Las actuaciones penales incoadas el 29 de marzo de 2012 por un delito de lesiones corporales causadas a L. Jākobsons se archivaron el 29 de diciembre de 2014. El 9 de enero de 2015, el fiscal supervisor anuló la decisión de archivarlas y reabrió la investigación. Actualmente, esas actuaciones penales continúan pendientes.

120.Desde el inicio de las actuaciones penales, se practicaron diferentes diligencias de investigación. Tras anular la decisión de archivar las actuaciones penales el 9 de enero de 2015, la investigación consistió principalmente en verificar la información obtenida durante las actividades operacionales y las actividades especiales de investigación (véase el cuadro 1 del anexo 14). Esas diligencias de investigación se centraron en la posible implicación de varias personas en la agresión a L. Jākobsons. Aunque las autoridades llevaron a cabo diligencias de investigación activas y específicas, debido a las circunstancias objetivas que concurrían en el período sobre el que se informa, no se pudo identificar a los agresores.

Medidas adoptadas para prevenir e investigar las agresiones a periodistas

121.Como durante mucho tiempo tras la agresión al periodista L. Jākobsons no se denunció ninguna otra agresión o amenaza contra periodistas, las fuerzas del orden dejaron de estar tan alerta a ese respecto. En 2019, un hombre acosó a los miembros de la redacción del Centro Báltico de Periodismo de Investigación Re: Baltica, haciendo llamadas telefónicas groseras a los periodistas y sus familias y publicando comentarios irrespetuosos en los medios sociales. Cuando el acosador acudió a la redacción, se telefoneó a la policía. No obstante, esta no se tomó en serio las amenazas, algo que fue criticado tanto por la redacción como por la asociación de periodistas. A raíz de esas críticas, la dirección de la Policía Estatal reconoció sus errores y designó a una persona de contacto a la que los periodistas pueden dirigirse en caso de recibir amenazas.

Libertad de los medios de comunicación

122.Debido al creciente uso de los medios sociales, los medios de comunicación tradicionales se enfrentan a nuevos retos, como el cambio de hábitos de la audiencia y la difusión de información engañosa. El cambio de hábitos, con un consumo cada vez mayor de contenidos disponibles en dispositivos móviles y plataformas digitales, obliga a los medios de comunicación tradicionales a adaptarse. Aunque los medios de comunicación siempre han sufrido reestructuraciones, estas se han producido con especial rapidez en los últimos años, suscitando preocupación respecto de la capacidad de los medios para ofrecer los contenidos de calidad que son necesarios para el funcionamiento de la sociedad democrática. Como consecuencia de algunos problemas de liquidez graves, las redacciones se han visto obligadas a tomar decisiones difíciles que podrían hacerlas más vulnerables a las influencias externas. Por ello, con el objetivo de fortalecer los medios de comunicación, se elaboraron las Directrices de Política de Medios de Comunicación de Letonia para el período 2016‑2020, en las que se fija como objetivo general de la política la creación de un entorno mediático fuerte, diverso, profesional, sostenible, responsable y estable.

123.En 2017 se creó la Fundación de Apoyo a los Medios de Comunicación para ayudar a los medios de comunicación en la elaboración de contenidos de interés público. En el período comprendido entre 2017 y 2019, la Fundación contribuyó a 220 proyectos mediante la asignación de 3,5 millones de euros de los presupuestos del Estado en concepto de ayudas. Además, los medios de comunicación públicos han abandonado el mercado publicitario, por lo que no compiten con los medios de información de carácter comercial. Se modificó la legislación con el fin de apoyar la independencia de los medios de comunicación públicos (véase el cuadro 2 del anexo 14). En 2018 se prestó asistencia financiera con cargo a los presupuestos del Estado para la creación del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Letonia, que actúa con arreglo a un exhaustivo código de ética (véase el cuadro 3 del anexo 14).

Artículo 20

Recomendación núm. 19

124.En 2014 entraron en vigor las modificaciones introducidas en los artículos 48, 78, 1491 y 150 del Código Penal, por las que se tipifica como delito el discurso de odio (véase el cuadro 1 del anexo 15). En los cuadros 2 y 3 del anexo 15 figuran datos estadísticos relativos a los casos de discurso de odio y su examen. En Letonia no se elabora un resumen específico de los casos de discurso de odio motivados por la orientación sexual de una persona y las actuaciones penales conexas.

Investigación del discurso de odio

125.La Policía Estatal, en colaboración con la Academia de Policía Estatal y el Servicio de Seguridad del Estado, elaboró las Directrices para la Detección e Investigación del Discurso de Odio, a fin de detectar el discurso de odio que está comprendido dentro de las competencias de la Policía Estatal e investigarlo adecuadamente (véase el cuadro 4 del anexo 15). La Fiscalía General, el Defensor del Pueblo y la ONG Centro de Derechos Humanos de Letonia participaron en su elaboración. Las Directrices se han publicado en el sitio web de la Policía Estatal y pueden consultarlas todos los agentes. En el cuadro 5 del anexo 15 figuran datos estadísticos sobre las actuaciones penales por delitos de odio. En el período comprendido entre 2014 y 2019 se ha registrado un aumento del número de quejas relacionadas con el discurso de odio presentadas al Defensor del Pueblo.

Otras medidas para erradicar el discurso de odio

126.En 2016, el Ministerio de Cultura preparó un informe con información sobre diversas propuestas concebidas para impedir la difusión de información que incite al odio y a la violencia en el dominio público, incluido Internet, que contiene recomendaciones para evitar que se difunda el discurso de odio en los medios de comunicación (véase el cuadro 6 del anexo 15). En 2018, la UE alcanzó un acuerdo sobre la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, por la que se restringe el discurso de odio en los medios de comunicación, se amplía la responsabilidad de los medios de comunicación y se promueve la diversidad cultural. En 2020 se aplicó lo dispuesto en la Directiva mediante las modificaciones introducidas en la Ley de Medios de Comunicación Electrónicos, imponiéndose a las plataformas de intercambio de videos la obligación de proteger a las personas de la incitación a la violencia o el odio y de los contenidos ilegales. En 2021, como consecuencia de la COVID‑19, se creó un juego de alfabetización mediática para los jóvenes en el que se trataban, entre otros temas, el discurso de odio y los comentarios hostiles.

Artículo 21

127.En la Constitución y en la Ley de Reuniones, Procesiones y Piquetes se establece el derecho a participar en reuniones, procesiones y piquetes pacíficos y a expresar libremente las propias opiniones. La libertad de reunión se aplica a las personas físicas, a los grupos o asociaciones de personas y a las personas jurídicas de derecho privado. En 2019, mediante las modificaciones introducidas en la Ley de Reuniones, Procesiones y Piquetes, se reformuló el capítulo V de la Ley, se añadieron infracciones administrativas en el ámbito de la organización y celebración de todas las reuniones, procesiones y piquetes, y se designó una autoridad competente para imponer las correspondientes sanciones. En las modificaciones se prevé que, en caso de infringirse los procedimientos de organización y celebración de reuniones, procesiones y piquetes, se emitirá una advertencia o se impondrá una multa de hasta 70 unidades de multa (350 euros) a las personas físicas y de hasta 580 unidades de multa (2.900 euros) a las personas jurídicas. De la tramitación de los procedimientos por infracciones administrativas se encargan la Policía Estatal o la policía municipal.

128.La Ley de Seguridad de los Espectáculos Públicos y Festejos regula la organización de actos públicos y los derechos, las obligaciones y la responsabilidad jurídica del organizador de un acto público y de otras personas que participen en él, a fin de garantizar el orden público y la seguridad.

Artículo 22

129.En 2017, en virtud de las modificaciones introducidas en la Ley de Asociaciones y Fundaciones, se facultó a las fuerzas del orden para imponer medidas de control más estrictas a las asociaciones que representen una amenaza para la seguridad nacional o para la seguridad o el orden públicos, así como para suspender las actividades públicas o de otro tipo de dichas asociaciones mediante una resolución judicial (véanse los cuadros 1 y 2 del anexo 13).

Artículo 23

Disolución del matrimonio

130.Desde 2010, un notario puede disolver un matrimonio. Actualmente, la mayoría de los cónyuges opta por la disolución del matrimonio ante un notario. En 2019 se disolvieron 5.971 matrimonios. Ese año, los tribunales de primera instancia examinaron 1.581 demandas de disolución del matrimonio, mientras que los notarios registraron 4.863 casos de disolución del matrimonio. Un tribunal puede disolver un matrimonio a petición de uno de los cónyuges. Un notario puede hacerlo a petición de ambos cónyuges si estos han acordado la disolución del matrimonio y no tienen hijos menores de edad ni bienes en común, o si han llegado a un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos menores de edad, el derecho de visita, los medios de manutención y la división de los bienes (véase también el anexo 16).

Personas sujetas a un régimen de custodia y tutela

131.En 2013 se modificó el artículo 114 del Código Civil, en el que se dispone que si una de las personas que van a contraer matrimonio o uno de los cónyuges tiene una capacidad jurídica limitada, contraerá matrimonio en la medida en que su capacidad jurídica no esté limitada, pero en todo lo demás, habrá de contar con el consentimiento del tutor. Cuando una persona cuya capacidad jurídica esté limitada no pueda actuar de forma independiente y la otra persona que va a contraer matrimonio o el cónyuge sea también su tutor, la institución de tutela decidirá sobre la celebración del matrimonio. A raíz del aumento del número de casos relacionados con el ejercicio del derecho de visita, en las modificaciones introducidas en el Código Civil en 2015 se estableció el marco jurídico del derecho de visita parental. Con anterioridad a esas modificaciones, no existía ningún procedimiento detallado para la ejecución de las resoluciones judiciales en los casos relacionados con el derecho de custodia o el derecho de visita, lo que dificultaba considerablemente el ejercicio de tales derechos.

Artículo 24

Derecho del niño a una familia

132.En el período comprendido entre 2014 y 2019 disminuyó el número de niños acogidos en instituciones de atención a la infancia. A los niños se les proporcionan un entorno seguro y oportunidades para crecer en el seno de una familia. En diciembre de 2019 había 33 instituciones de atención a la infancia en Letonia, en las que estaban acogidos 621 niños huérfanos o privados del cuidado de sus padres. En cambio, en diciembre de 2014, el número de niños acogidos en esas instituciones ascendía a 1.551 (véanse los cuadros 1 y 2 del anexo 17). En las modificaciones introducidas en 2018 en la Ley de Protección de los Derechos del Niño se hizo hincapié en el derecho inalienable de todo niño a crecer en una familia.

133.El concepto de mejora del sistema de adopción y cuidados fuera del entorno familiar y el Plan de Acción para la Puesta en Práctica de la Desinstitucionalización (2015‑2020) se aplicaron con el objetivo de reducir el número de casos de huérfanos y niños privados del cuidado de sus padres que eran acogidos en instituciones de atención a la infancia y el tiempo que los niños tenían que permanecer en esas instituciones (véase el cuadro 3 del anexo 17). Se han incrementado las ayudas financieras para las familias de acogida, los tutores y los adoptantes y la cuantía de la prestación que reciben las familias de acogida para la manutención del niño. Con el propósito de mejorar los conocimientos y aptitudes de las familias de acogida para hacerse cargo de niños huérfanos o privados del cuidado de sus padres y garantizar su estabilidad psicoemocional, se ha creado una red de centros de apoyo a los cuidados fuera del entorno familiar. Cada familia de acogida debe formalizar un acuerdo con un centro de apoyo de su elección. El centro de apoyo garantiza la supervisión periódica de las actividades de la familia de acogida, el apoyo psicológico, las consultas y la mejora continua de los conocimientos. Los centros de apoyo a los cuidados fuera del entorno familiar también prestan asistencia a otras categorías de familias que acogen a niños.

134.Se ha creado un instituto especializado en familias de acogida para niños que atraviesan una situación de crisis, a fin de mejorar sus oportunidades de encontrar inmediatamente un entorno seguro en el seno de una familia, en lugar de en centros de crisis o instituciones de atención a la infancia. Las familias de acogida para situaciones de crisis garantizan el acogimiento de un niño en una familia, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, a petición de una institución de tutela o la Policía Estatal. Otro tipo de familias de acogida especializadas son las familias de acogida para niños con discapacidad respecto de los que se ha emitido un dictamen en el que se señala la necesidad de cuidados especiales debido a trastornos funcionales graves. Las familias de acogida especializadas siguen un curso de capacitación adicional y reciben una ayuda económica suplementaria.

135.Además, se han adoptado algunas medidas concebidas para transformar el contenido de los servicios prestados por las instituciones de atención a la infancia existentes, partiendo del supuesto de que, en el futuro, algunos niños huérfanos o privados del cuidado de sus padres necesitarán los servicios de esas instituciones en situaciones especiales y por un tiempo limitado. El principal grupo destinatario son los niños que necesitan cuidados especiales y no pueden ser atendidos adecuadamente en casa debido a su estado de salud. En el cuadro 4 del anexo 17 se enumeran las principales medidas relacionadas con el grupo destinatario de niños en el marco del Plan de Acción para el Cuidado de Niños con Necesidades Especiales en el Entorno Familiar. El Plan de Acción comprende servicios concebidos para las familias que crían a un niño con discapacidad funcional (servicios para niños y cuidadores), con el fin de mejorar las oportunidades y competencias de las familias para atender de forma independiente a los niños con ese tipo de discapacidad.

Derecho del niño a preservar su identidad

136.Con el propósito de velar por el respeto del derecho del niño a preservar su identidad, en las modificaciones introducidas en 2012 en el artículo 155 del Código Civil se señala que el reconocimiento de la paternidad se produce cuando la madre del niño, el marido de la madre del niño o el exmarido de la madre del niño y el padre biológico del niño presentan personalmente una solicitud conjunta ante la Oficina del Registro General o una solicitud dirigida a esta entidad. En lo referente al derecho del niño a preservar su identidad, en las modificaciones que se introdujeron en 2014 en el artículo 148 del Código Civil se afirma que la impugnación de la presunción de paternidad debe ser proporcional al derecho del niño a la identidad y a un entorno familiar estable (véase el cuadro 5 del anexo 17).

Protección prioritaria de los derechos del niño

137.A fin de garantizar la protección prioritaria de los derechos del niño, en el artículo 182 del Código Civil se establece el marco jurídico relativo a la participación de una persona de contacto (una persona jurídica que garantiza la presencia de un especialista durante el ejercicio del derecho de visita) en el proceso de aplicación del derecho de visita. El marco jurídico para el examen de los casos relacionados con los derechos de visita y custodia se complementó con la regulación de la facultad de los tribunales de proteger los derechos del niño (véase el cuadro 6 del anexo 17). Se añadieron al Código de Procedimiento Civil dos nuevos capítulos, sobre la ejecución de resoluciones en casos derivados del derecho de custodia y sobre la ejecución de resoluciones en casos derivados del derecho de visita, en los que se describen las medidas que deberá poner en práctica un agente judicial jurado cuando no se ejecute una resolución, lo cual redunda en una mejora de la calidad de las actuaciones judiciales y en una reducción del número de casos en los que una resolución es inejecutable por la falta de buena fe de una de las partes.

Protección de los niños contra la violencia en el proceso de adopción

138.Con objeto de proteger a los niños contra la violencia, en las modificaciones introducidas en 2013 en el artículo 163 del Código Civil se indican las personas que no pueden ser adoptantes (véase el cuadro 7 del anexo 17).

139.El 5 de diciembre de 2019, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la disposición por la que se imponía la prohibición absoluta de solicitar la adopción de un hijo del otro cónyuge a las personas que habían sido condenadas por la comisión de un delito doloso grave relacionado con la violencia o las amenazas de violencia, independientemente de que se hubieran eliminado los antecedentes penales. A raíz de esa declaración de inconstitucionalidad, se introdujeron modificaciones en el Código Civil. Sin embargo, durante la tramitación de dichas modificaciones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional y la interpretación de la norma jurídica pertinente prevista en dicha sentencia fueron de obligado cumplimiento para todas las autoridades gubernamentales estatales y locales y todos los tribunales, funcionarios y personas físicas y jurídicas.

Artículo 25

140.En virtud de las modificaciones introducidas en 2014 en los artículos 1 y 2 de la Ley de Elecciones al Parlamento, se suprimió la disposición que privaba del derecho de voto a las personas que tenían capacidad jurídica limitada de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación. Letonia se remite a la información que proporcionó en el tercer informe periódico sobre la aplicación del Pacto (CCPR/C/LVA/C/3, párrs. 534 a 547) y señala que no ha habido ningún otro cambio importante respecto de esa información.

Artículos 26 y 27

Recomendación núm. 20

141.Desde hace más de 20 años, Letonia está inmersa en una reforma educativa que tiene como objetivo adoptar el letón como principal idioma de instrucción en la enseñanza. Las modificaciones introducidas en 2018 en la Ley de Educación y el Reglamento núm. 716 del Consejo de Ministros garantizan la integración de todos los alumnos y sus posibilidades de acceder al mercado laboral, ejercer de forma efectiva sus derechos en los procesos democráticos y cursar estudios de educación superior (véase el cuadro 1 del anexo 18). Por medio de la reforma, Letonia cumple su obligación de garantizar el derecho de todas las personas a comunicarse en el idioma oficial del Estado y a obtener y difundir información sin trabas en un idioma que se entiende bien. Letonia tiene la segunda mayor tasa de multilingüismo de la UE. En el cuadro 2 del anexo 18 se indican las cifras de alumnos que asisten a establecimientos educativos de enseñanza primaria y secundaria general, desglosados por idioma de instrucción. Dado que las Directrices para el Desarrollo de la Educación (2014-2019) de Letonia tenían como finalidad promover el desarrollo de una personalidad multilingüe a través del aprendizaje de idiomas extranjeros y fomentar la adquisición de la lengua materna y el idioma oficial del Estado, en septiembre de 2019 comenzó una transición gradual, en las escuelas secundarias, hacia el aprendizaje en letón únicamente, manteniéndose la posibilidad de que los alumnos pertenecientes a minorías lingüísticas estudiaran su idioma, su literatura y varias asignaturas relacionadas con su cultura e historia (módulos) en su lengua materna.

142.El idioma de instrucción de los programas de educación para las minorías dependía de la edad y el grado de los alumnos (véase el cuadro 3 del anexo 18). La obligación de garantizar un idioma de instrucción adecuado atañe a todos los centros educativos de titularidad estatal, municipal o privada. Las modificaciones del marco jurídico nacional garantizan que Letonia cumpla sus obligaciones internacionales y que los alumnos pertenecientes a minorías puedan seguir aprendiendo su idioma, su cultura y su historia.

143.En 2016 se asignó financiación estatal a 104 centros educativos que impartían programas de educación para minorías (véase el gráfico 1 del anexo 18) y a 60 escuelas que seguían un programa doble (programas impartidos en letón y en idiomas minoritarios). En las Directrices de la Política Lingüística Oficial (2015‑2020) se dispuso que el acceso al aprendizaje y la mejora del letón forman una parte importante de la política lingüística del Estado. En el período comprendido entre 2014 y 2019, se ofrecieron oportunidades para el aprendizaje del idioma oficial del Estado a las minorías étnicas, los solicitantes de asilo, los refugiados, las personas con una condición jurídica alternativa, los emigrantes y los nacionales de terceros países.

144.En el nivel de las escuelas secundarias, y con el objetivo de que la educación secundaria general prepare a los alumnos para cursar con éxito estudios universitarios, se modificó el artículo 41, párrafo 1, de la Ley de Educación, añadiéndole los párrafos 11 y 12, por los que se establecen las disposiciones sobre el idioma de instrucción en la educación básica (en los grados 1º a 9º). En los grados 1º a 6º de los programas de educación para minorías, al menos un 50 % del plan de estudios para las minorías se cursa en letón, incluidos los idiomas extranjeros, mientras que en los grados 7º a 9º, la proporción es de al menos un 80 %, incluidos los idiomas extranjeros. Esas modificaciones entraron en vigor gradualmente (véase el cuadro 4 del anexo 18). En las modificaciones introducidas en 2018 en la Ley de Educación General se contemplaba el aprendizaje en el idioma oficial del Estado en los centros de educación secundaria general. Esas modificaciones entraron en vigor en septiembre de 2021, por lo que, en el caso de la educación secundaria, la transición a la enseñanza en el idioma oficial del Estado comenzó en el año escolar 2020/21, cuando los estudiantes, que habían aprobado todos los exámenes en ese idioma al terminar el 9º grado a finales del año escolar 2019/20, se matricularon en el 10º grado. La transición a la enseñanza en letón comenzó simultáneamente en los grados 11º y 10º, mientras que, en el caso del 12º grado, se inició en el año escolar 2021/22. El artículo 43 de la Ley de Educación General se amplió con el párrafo 2, en el que se establece que los centros educativos tienen derecho a complementar los programas de educación secundaria general con asignaturas que no figuran en la norma de educación secundaria general, entre otras, los idiomas minoritarios y un plan de estudios relacionado con la identidad y la integración social de las minorías de Letonia, garantizándose así las oportunidades de las minorías de conocer su idioma y su cultura. Letonia imparte formación a los docentes sobre la transición al letón como idioma de instrucción y elabora materiales metodológicos (véanse el cuadro 5 y el gráfico 2 del anexo 18).

Recomendación núm. 21

145.El Fondo de Integración Social y el Organismo Estatal de Empleo ofrecen cursos del idioma oficial del Estado a los adultos residentes en Letonia. En 2018, el Fondo de Integración Social ejecutó el programa Aprendizaje del Letón para Adultos, que permitió a las minorías y a los no ciudadanos residentes en Letonia aprender letón o mejorar sus conocimientos de este idioma, y facilitó su integración social. Comenzaron su aprendizaje 645 personas y 574 finalizaron la formación, mientras que 414 aumentaron un nivel su grado de competencia en letón. En 2019, el Organismo Estatal de Empleo impartió cursos de letón a 2.743 personas desempleadas y solicitantes de empleo (véase el cuadro 6 del anexo 18).

146.La Agencia de la Lengua Letona, que aplica la política lingüística del Estado, presta apoyo a las minorías desde 1996 (véase el cuadro 7 del anexo 18). La Agencia ofrece cursos para mejorar el dominio del letón con fines profesionales. El Organismo Estatal de Empleo organiza distintos cursos de letón para personas desempleadas y solicitantes de empleo en el marco de los programas de educación no formal (véase el cuadro 8 del anexo 18). Se trata de cursos gratuitos y cada participante recibe una beca de 5 euros por día lectivo. Los cursos en que se enseña letón utilizando otro idioma se estructuran en tres niveles: nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Se necesitan 150 horas para completar cada nivel. Pueden cursarse tres veces al año programas de aprendizaje del idioma oficial del Estado en los distintos niveles. Al terminar los cursos de cada nivel, las personas desempleadas y solicitantes de empleo pueden presentarse a los exámenes del idioma oficial del Estado. En la mayoría de los cursos se utiliza el ruso como idioma vehicular. Los cursos del idioma oficial del Estado se imparten en todo el territorio de Letonia, en centros educativos autorizados por la Comisión Permanente de Selección de Proveedores de Actividades y en centros de capacitación.

147.En el sitio web del Organismo Estatal de Empleo y en sus delegaciones puede consultarse información sobre las oportunidades de formación lingüística en el idioma oficial del Estado para personas desempleadas y solicitantes de empleo. Como parte del servicio ofrecido a ambos grupos de personas, un funcionario del Organismo Estatal de Empleo elabora in situ un perfil de la persona, en el que evalúan, entre otras cosas, el empleo que desea encontrar, la formación adquirida, la experiencia laboral previa y su ocupación, tras lo cual el funcionario le propone la actividad más adecuada y registra a la persona en la base de datos. La información sobre los servicios que ofrece el Organismo Estatal de Empleo, incluidos los programas de educación no formal, puede consultarse en www.latvija.lv. El Organismo Estatal de Empleo ofrece a las personas desempleadas y solicitantes de empleo el curso Desarrollo de Competencias Lingüísticas en el Idioma Oficial del Estado (formación práctica impartida durante 56 horas lectivas) como una de las actividades para mejorar su competitividad. El curso está dirigido a personas sin conocimientos previos de letón. Se trata de una actividad en la que puede participar cualquier persona inscrita en el Organismo Estatal de Empleo como desempleada o solicitante de empleo. Los cursos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo y se imparten en Riga y en otros municipios. La información sobre cómo realizar este curso se expone en los puntos de información de las delegaciones del Organismo Estatal de Empleo y puede consultarse en su sitio web.

148.Tras adquirir la condición de refugiado o la condición jurídica alternativa, las personas tienen derecho a inscribirse en el Organismo Estatal de Empleo y a aprender letón sin utilizar un idioma vehicular en el marco de un programa de educación no formal, así como a participar en otras actividades relacionadas con el empleo. En 2017 se mejoraron los cursos de letón impartidos sin utilizar otro idioma vehicular para su enseñanza, adaptándolos a las necesidades de las personas y dividiendo la formación en seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). Se necesitan 120 horas para completar cada nivel. En un año, una persona puede asistir a un máximo de tres cursos. A los refugiados, las personas con la condición jurídica alternativa y otras personas extranjeras sin conocimientos de ruso o de inglés, que no pueden asistir a los cursos impartidos utilizando esos idiomas como idioma vehicular, en función de la demanda, se les ofrecen cursos de letón sin utilizar otro idioma como idioma vehicular, siempre que tengan la condición de persona desempleada o solicitante de empleo. El Organismo Estatal de Empleo informa a las personas desempleadas o solicitantes de empleo de esas actividades después de elaborar su perfil. Los asociados para la cooperación (el Fondo de Integración Social, la asociación Patvērums “Droša māja” y el centro de asilo Muceniki), que mantienen un contacto estrecho con los refugiados y las personas con la condición jurídica alternativa, reciben información sobre las posibilidades de capacitación.

149.En 2018, el Organismo Estatal de Empleo puso en marcha un nuevo servicio de mentorías de letón para refugiados y personas con la condición jurídica alternativa que estaban empleados, en el marco del proyecto Integración de Refugiados y Personas con la Condición Jurídica Alternativa en el Mercado Laboral Letón. Esa actividad se realiza en los locales del empleador, a los que acude un mentor de letón para ayudar a las personas participantes a mejorar sus competencias lingüísticas en letón, adquirir la terminología profesional necesaria para su trabajo e integrarse con autonomía en el entorno laboral. Los servicios de un mentor de letón se prestan durante los primeros cuatro meses tras haberse iniciado la relación laboral, de acuerdo con el plan individual del trabajador para la adquisición del idioma oficial del Estado y con un máximo de 20 horas lectivas mensuales. En 2018‑2019 se prestaron servicios de mentoría de letón a nueve personas que tenían la condición de refugiado o la condición jurídica alternativa. En el período comprendido entre 2014 y 2019, 16.924 personas empezaron el curso Adquisición de Competencias Lingüísticas en el Idioma Oficial del Estado (véase el cuadro 9 del anexo 18). Además, en varios municipios, 5.624 personas comenzaron ese mismo curso para mejorar su competitividad (véase el cuadro 10 del anexo 18).

150.El Ministerio de Cultura es responsable de la aplicación de las políticas de integración relativas al Fondo de Asilo, Migración e Integración para 2014-2020, el cual lleva a cabo actividades relacionadas con la adquisición del idioma letón (en el cuadro 11 del anexo 18 figura información detallada al respecto).

Disponibilidad de intérpretes en los procedimientos judiciales

151.En todas las leyes procesales de Letonia se define quiénes reúnen las condiciones para recibir asistencia de un intérprete en los procedimientos judiciales (en el cuadro 12 del anexo 18 figura información detallada al respecto).

Recomendación núm. 21

152.Letonia se remite a la información proporcionada en su tercer informe periódico y señala que se reúnen datos sobre la actitud de la población hacia los diferentes grupos étnicos y periódicamente se llevan a cabo estudios sobre cuestiones relacionadas con la integración de las minorías, lo que incluye el seguimiento de la educación de la población romaní. Las autoridades preparan informes anuales con información sobre la aplicación de las medidas de política para la integración de los romaníes (véase el cuadro 13 del anexo 18).

153.En el estudio “Los romaníes en Letonia”, de 2015, se señala que los romaníes están expuestos a riesgos sociales y que la mayoría vive en la pobreza y se enfrenta a prejuicios negativos, tanto de los empleadores como de la sociedad. En un estudio de 2017 sobre el nivel de comprensión y sensibilización pública se señala que, en los tres años anteriores, el 82,3 % de los romaníes o sus familiares más cercanos se habían enfrentado a situaciones en las que los empleadores se negaron a contratarlos por su nacionalidad. En la encuesta realizada en 2019 se observa que, en el empleo y las relaciones personales, los encuestados se mantendrían, en su mayoría, apartados de la población romaní. El 33 % de las personas residentes en Letonia indicaron que no estarían dispuestas a trabajar en el mismo equipo con romaníes, mientras que el 36 % de los encuestados respondieron que tendrían objeciones en caso de que sus vecinos fueran romaníes. Una encuesta del Eurobarómetro de 2019 sobre la discriminación en la UE puso de manifiesto que el 14 % de las personas residentes en Letonia se sentirían incómodas si alguno de sus compañeros de trabajo fuera romaní.

154.A fin de reducir la exclusión y la discriminación de la población romaní de Letonia, se han llevado a cabo varias actividades, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil romaní, en favor de la integración de los romaníes, la preservación de su cultura y la protección de sus derechos. Además, se ha asegurado la cooperación con las autoridades gubernamentales encargadas de las dimensiones fundamentales de la integración de los romaníes, a saber, la educación, el empleo, la salud y la vivienda (véanse los cuadros 14 a 20 del anexo 18). Desde 2012, las autoridades letonas aplican una serie de medidas de política nacional para la integración de los romaníes, entre las que se encuentran las Directrices sobre Identidad Nacional, Sociedad Civil y Política de Integración (2012‑2018) (desde 2019 se denominan Plan de Aplicación de la Política Nacional de Identidad, Sociedad Civil e Integración para 2019‑2020). Las autoridades letonas utilizan un enfoque específico basado en la integración, en particular con respecto al desarrollo de la educación y la sociedad civil.

155.El Consejo Consultivo para la Aplicación de la Política de Integración de los Romaníes, establecido en 2012, depende del Ministerio de Cultura. Su objetivo es fomentar la integración de los romaníes que residen en Letonia (véase el cuadro 21 del anexo 18). Con la finalidad de promover el intercambio regular de información y experiencias entre los especialistas municipales en integración de los romaníes y establecer cauces de cooperación entre las autoridades y los romaníes, en 2014, el Ministerio de Cultura estableció la Red de Expertos Regionales en Integración de los Romaníes, de la que forman parte delegados en representación de 19 municipios letones. Por conducto de la Red de Expertos Regionales se organizaron actividades de cooperación como, por ejemplo, las reuniones de expertos regionales con las administraciones locales y las visitas centradas en las buenas prácticas a nivel local, entre ellas, el asesoramiento de los activos representantes romaníes.

156.A fin de sensibilizar a la población sobre la cultura, la historia y los problemas sociales de los romaníes, así como sobre los efectos negativos de los prejuicios y los estereotipos en la situación de los romaníes en Letonia, desde 2015, el Ministerio de Cultura organiza varias actividades como parte de la campaña del Consejo de Europa ¡ Dosta ! – “¡Ya basta!¡Acabe con los estereotipos! ¡Conozca a los romaníes!” (véase el cuadro 22 del anexo 18).

157.El proyecto Plataforma Romaní de Letonia, ejecutado en el marco del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la UE, es una medida especial de apoyo a la coordinación de la política de integración de los romaníes, con la que se pretende fomentar el diálogo entre la comunidad romaní y las organizaciones de la sociedad civil y establecer un procedimiento eficaz para la coordinación de la política de integración de los romaníes a nivel nacional. Desde 2016, más de 930 personas han participado en esas actividades (véase el gráfico 3 del anexo 18). Los mediadores romaníes actúan desde 2017 como intermediarios en cinco municipios letones, contribuyendo así al fomento del diálogo y la cooperación entre las familias romaníes socialmente desfavorecidas y las autoridades municipales y los profesionales de los organismos estatales. Los mediadores representan a la comunidad romaní y están motivados para colaborar activamente con las autoridades municipales, a fin de ayudar a los romaníes a mejorar su situación social y participar más en las actividades culturales y de apoyo organizadas en la ciudad o región. Los mediadores brindan a las familias romaníes el apoyo de una “persona de confianza” para buscar soluciones adecuadas junto con los profesionales de la administración local.

158.Desde 2015, la asociación Centro de Cultura Romaní organiza actos conmemorativos e informativos sobre las víctimas del genocidio romaní durante la Segunda Guerra Mundial, celebra los conciertos internacionales Mundo Romaní en homenaje a la cultura romaní, y atiende las consultas de particulares sobre la protección de los derechos de los romaníes. Como parte de las tareas de administración pública, las autoridades prestan su apoyo para garantizar el funcionamiento del Museo de Historia y Arte Romaníes. En 2016 y 2017, en el marco del programa de la UE Europa para los Ciudadanos (2014‑2020), la asociación Centro de Cultura Romaní ejecutó varios proyectos a gran escala para conmemorar, recordar y honrar a las víctimas del genocidio.

159.Dentro del programa operativo de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión de la UE, durante el período de programación de 2014‑2020 (Desarrollo y Empleo), se llevaron a cabo otras medidas de apoyo en materia de educación, empleo y asistencia sanitaria en beneficio del grupo destinatario de los romaníes. La minoría étnica romaní es uno de los grupos en riesgo de exclusión social a los que se aplica el Reglamento núm. 173 del Consejo de Ministros. Desde 2016, el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Comisión Europea, ejecuta el proyecto Plataforma Romaní de Letonia (véase el cuadro 23 del anexo 18) para promover la inclusión de los romaníes en la sociedad.

Recomendación núm. 22

160.De acuerdo con el Plan para la Aplicación de las Directrices para el Desarrollo de la Educación (2014‑2020) en el período comprendido entre 2015 y 2017, en el año escolar 2016/17 se realizaron varias actividades con miras a obtener datos sobre la calidad de la educación de los alumnos romaníes, los alumnos romaníes que cursaban educación básica y educación secundaria general, y la gama de medidas de apoyo ofrecidas por los centros educativos para la educación de los romaníes. En el año escolar 2016/17, el número de centros de educación general a los que asistían alumnos romaníes había aumentado (el 20 % de los centros educativos). En el año escolar 2016/17, 900 alumnos romaníes (el 0,5 % del alumnado) asistían a 144 centros de educación general, mientras que en el año escolar 2013/14 esa cifra fue de 1.032 alumnos romaníes. La tasa de abandono escolar de los alumnos romaníes es del 15,9 %, y la mayoría de los casos de abandono se produce en los grados 7º a 9º. En el año escolar 2016/17 se organizaron actividades de aprendizaje adicionales para el 21,5 % de los alumnos romaníes (en el año escolar 2013/14, ese porcentaje fue del 26,4 %). En el mismo año escolar, disminuyó considerablemente el número de alumnos que no habían finalizado la educación básica obligatoria (véanse los cuadros 24 y 25 del anexo 18).

161.El Defensor del Pueblo considera que el acceso a la educación preescolar sigue siendo un problema para los niños romaníes, que afecta a su posterior integración en el sistema educativo. Según el Defensor del Pueblo, no todos los centros educativos a los que asiste un número importante de niños romaníes disponen de auxiliares docentes romaníes. Ofrecer esas medidas de apoyo a los niños romaníes sigue dependiendo de la voluntad de las administraciones locales. También es importante promover medidas de apoyo que faciliten el aprendizaje de idiomas, habida cuenta de que el conocimiento del idioma oficial del Estado es una cuestión clave que dificulta la participación de los niños romaníes en el proceso de aprendizaje.

162.Se elaboró un conjunto de medidas nacionales de política para la integración de los romaníes en el que se resumen las actividades relacionadas con los alumnos romaníes (véase el cuadro 26 del anexo 18). En el año escolar 2016/17, el Ministerio de Educación y Ciencia hizo un seguimiento del rendimiento escolar de los alumnos romaníes (véase el cuadro 27 del anexo 18). Por recomendación del consejo pedagógico de los centros educativos, se han establecido medidas de apoyo para mejorar el rendimiento escolar (véase el cuadro 28 del anexo 18). Las autoridades han reunido datos sobre los auxiliares docentes romaníes empleados en centros de educación general. Los indicadores relativos a las medidas de apoyo a los alumnos romaníes ofrecidas por los centros educativos para el aprendizaje de materias como Matemáticas, Ciencias, Lengua Extranjera o Lengua Letona, entre otras, no han registrado ninguna variación en los últimos tres años. En Letonia no hay clases segregadas, tampoco en lo referente al idioma de instrucción (véase el cuadro 29 del anexo 18). Desde 2015, Letonia lleva a cabo una amplia gama de actividades destinadas a fomentar la tolerancia, reducir los estereotipos negativos sobre la población romaní y promover su cultura.

Recomendación núm. 21

163.En Letonia viven personas de más de 150 nacionalidades diferentes. Los grupos étnicos más numerosos son los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, los polacos, los lituanos, los judíos, los romaníes, los alemanes y los estonios. Las minorías y su cultura forman una parte esencial de la sociedad y la cultura de Letonia. Tienen una historia, un número de representantes y unos contextos económicos, sociales y culturales diferentes. Los derechos de las minorías están protegidos por la Constitución. Las minorías reciben un amplio apoyo del Estado en materia de educación y de preservación y desarrollo de su cultura (véase el cuadro 30 del anexo 18).

Recomendación núm. 21

164.Las comunidades minoritarias más numerosas han constituido asociaciones y forman una parte activa de la población que preserva y desarrolla su cultura. La encuesta sobre la participación de las minorías indica que las personas pertenecientes a minorías que son miembros de esas asociaciones están mejor informadas y son más leales a Letonia. En comparación con 2015, la proporción de la población de las minorías que tiene un sentimiento de pertenencia a Letonia ha aumentado sustancialmente. En la encuesta de 2017 se observa que el 85 % de la población perteneciente a minorías ha desarrollado un vínculo fuerte o muy fuerte con Letonia. Al menos el 20 % del presupuesto del Estado asignado al Ministerio de Cultura se destina a la aplicación de medidas de apoyo a las minorías. En el período comprendido entre 2012 y 2018, alrededor de 30.000 personas participaron en distintos tipos de actividades dirigidas a las minorías. Se ha prestado apoyo regularmente a diversas actividades concebidas para promover la participación de las minorías, preservar su identidad cultural y fomentar el diálogo intercultural. En el período comprendido entre 2013 y 2018, Letonia organizó varios foros para las minorías en los que anualmente participaron al menos 200 representantes de las asociaciones de minorías. En 2018 se celebró en Riga el VI Foro sobre las Minorías, con el título “De la integración a la sociedad cohesionada”. Se pusieron en marcha el programa Embajadores de la Cultura Letona y el programa Huellas Europeas en Letonia, con el que se pretende promover la participación y cooperación de los estudiantes y los jóvenes. En estos programas participan cada año unos 1.000 jóvenes que cursan estudios en las escuelas de las minorías. También se presta apoyo a actividades de promoción de la cultura de las minorías y al festival Unidos en la Diversidad, organizado por la Asociación Ita Kozakeviča de Sociedades Culturales Nacionales de Letonia. En el período comprendido entre 2014 y 2019, Letonia ejecutó el Programa Regional para ONG, que abarcó todas las regiones del país. En el marco de este programa, podían asignarse determinados fondos para financiar a asociaciones y fundaciones que llevaran a cabo proyectos de fomento de la sociedad civil y apoyo a las asociaciones y fundaciones de las minorías. El Programa Regional para ONG permitió organizar actividades de formación en materia de participación de la sociedad civil, diálogo intercultural y fortalecimiento de la capacidad, que estaban dirigidas a las minorías, incluidas las de la población romaní, así como actividades centradas en el diálogo intercultural con diversos grupos destinatarios. Se ha prestado apoyo a la participación de grupos artísticos de las minorías en el Festival Internacional de Folclore Baltica 2018 y en el Festival de Canción y Danza de Letonia. También se ha proporcionado ayuda para la conservación del patrimonio cultural inmaterial de las minorías, por ejemplo, mediante cursos de perfeccionamiento profesional, seminarios, campamentos y jornadas creativas para profesionales especializados en las culturas de las minorías.

Participación de las ONG en la preparación del informe

165.Antes de la presentación del informe al Consejo de Ministros y al Comité, se presentó a varias ONG y a la Oficina del Defensor del Pueblo. El informe se remitió también a aquellas ONG que han suscrito el Memorando de Cooperación entre el Consejo de Ministros y las ONG para que formularan comentarios.

166.En el marco de esa coordinación, Centrs Marta, la Oficina del Defensor del Pueblo y la asociación Alianza Cívica de Letonia expresaron su opinión sobre el informe. Los comentarios formulados por la Oficina del Defensor del Pueblo y Centrs Marta se han incluido en el presente informe, mientras que la asociación Alianza Cívica de Letonia aprobó el informe sin formular ningún comentario. Después de presentar el informe, se ha publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores la información relativa a la posibilidad de presentar informes paralelos directamente a las Naciones Unidas.