Período extraordinario de sesiones
Acta resumida de la 578ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 12 de agosto de 2002, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados y quinto informe periódico de Guatemala (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados y quinto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/3-4), CEDAW/C/GUA/5; CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.6 y CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.3) ( continuación)
Por invitación de la Presidenta, el Sr. Molina Avilés, la Sra. Barrera, el Sr. Mejía Monzón, la Sra. Caravantes Tobías y la Sra. Soberanis (Guatemala) toman asiento a la mesa del Comité.
Artículos 1 a 5 (continuación)
Se proyecta un breve vídeo documental sobre la situación de la mujer en Guatemala.
La Sra. Soberanis (Guatemala) dice que los efectos que han tenido para las mujeres de Guatemala los decenios de violencia y conflicto interno armado han sido numerosos y difíciles de superar, y señala que entre las víctimas de esa violencia una de cada cuatro ha sido mujer. En su empeño por atender a las necesidades de las víctimas, Guatemala ha incorporado al proceso de reconciliación nacional un amplio programa de consolidación de la paz. Como parte de ese proceso, el Gobierno está adoptando medidas para institucionalizar la paz, descentralizar la autoridad y fortalecer el poder local, dar prioridad a los derechos de la población indígena, promover los derechos de la mujer, reducir la pobreza y realzar el desarrollo rural. En muchos de esos programas desempeñan una función activa mujeres que perdieron a sus maridos durante el conflicto interno armado.
El Sr. Molina Avilés (Guatemala), haciendo referencia a la pobreza en Guatemala, señala que el Gobierno hace frente a realidades presupuestarias y fiscales, así como a limitaciones de índole práctica a su capacidad para recaudar ingresos tributarios. Se perciben en Guatemala marcados contrastes entre la minoría adinerada y la gran mayoría de la población, que es pobre y que en su mayor parte reside en las zonas rurales y en sectores urbanos marginados; a las mujeres pobres les es particularmente difícil subvenir a sus necesidades con los recursos de que disponen.
La Sra. Soberanis (Guatemala) dice que el Gobierno ha apoyado numerosas iniciativas de organizaciones femeninas tendientes a promover la participación de las mujeres en la vida pública por medio de un sistema de cuotas. Tras varios reveses, se está considerando como parte del programa de reforma electoral una medida encaminada a asegurar la inclusión de mujeres en las llamadas “listas mixtas” de candidatos a puestos políticos.
Artículos 7 a 9
La Sra. González y la Sra. Regazzoli expresan la esperanza de que las reformas políticas de Guatemala puedan avanzar con más celeridad.
La Sra. Feng Cui toma nota de que los grupos indígenas componen una gran parte de la población de Guatemala, y acoge complacida la presencia en el Congreso del país de tres representantes que son mujeres indígenas. Solicita más información acerca de la representación de las mujeres indígenas en los partidos políticos, en los diversos niveles del proceso de adopción de decisiones en los mecanismos nacionales para la mujer, y en el gobierno en general, así como también sobre cualesquier medidas normativas para alentar la participación de las mujeres indígenas en la política y en la vida pública.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que si bien la participación femenina en la vida pública es aún relativamente limitada, varias mujeres indígenas ocupan puestos en el Gobierno, incluido el de Ministra de Cultura, y la mayoría de los miembros del comité de coordinación del Foro Nacional de la Mujer son mujeres indígenas.
Seis candidatas a puestos de diputadas nacionales participaron en las elecciones de 1999 en cuatro distritos, y cuatro mujeres indígenas presentaron sus candidaturas al Parlamento Centroamericano; además, cuatro mujeres indígenas han sido nombradas para puestos judiciales.
Artículos 10 a 14
La Sra. Ferrer Gómez solicita que se describan los principales cambios que se prevén en la reforma del Código de Trabajo que las organizaciones no gubernamentales han propuesto al Ministerio de Trabajo, así como la acción de la Secretaría Presidencial de la Mujer en apoyo de esa propuesta. Asimismo, desea saber cuándo se han de considerar las propuestas reformas de las leyes que rigen la administración pública y el sistema de seguridad social, y si las garantías para las trabajadoras del servicio doméstico se han formulado en el contexto de la legislación existente o constituyen una propuesta nueva.
Sería útil disponer de más información acerca del progreso y los resultados del actual programa de reforma, así como también con respecto a la situación de las trabajadoras en las empresas maquiladoras coreanas. Luego de manifestar particular preocupación por el aparente empeoramiento de las condiciones en que trabajan esas mujeres, pide que se aclaren los alcances del acuerdo concluido recientemente entre el Ministerio de Trabajo y las empresas coreanas, y pregunta si hay en Guatemala empresas maquiladoras con propietarios de otras nacionalidades, y si el Gobierno u organizaciones no gubernamentales han iniciado programas de asistencia social para las mujeres que trabajan en esas empresas.
La Sra. González expresa la esperanza de que las medidas vigentes y los programas en curso para el desarrollo educacional de las niñas se mantengan, especialmente los que apuntan a reducir la disparidad entre los niveles educacionales de los niños y las niñas. Toma nota con preocupación de que los gastos totales por concepto de educación han disminuido, al tiempo que los índices de analfabetismo de las mujeres indígenas y de la población femenina en general siguen siendo muy elevados.
Solicita información sobre los factores “culturales” que obstaculizan el acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud e impiden una disminución significativa de la tasa global de fecundidad, que se mencionan en las respuestas de la delegación a las preguntas del Comité.
La Presidenta, haciendo uso de la palabra a título personal, conviene en que en un país que ha sufrido largos años de guerra existe la necesidad de reponer la población, pero subraya que es importante tener presente que las cuestiones relativas a la mujer y la reproducción van mucho más allá de la procreación e incluyen un variado conjunto de temas de salud y otros problemas, como el de la violencia en el hogar. En este orden de cosas, aún no se ha presentado información sobre programas de apoyo para la salud mental de las mujeres y la rehabilitación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Guatemala. Asimismo, hace referencia a las altas tasas de fecundidad y de mortalidad materna y pone de relieve la relación directa que existe entre estos dos fenómenos y la necesidad de reducir ambos índices. Tampoco hay en el informe datos relativos al abuso del alcohol, las drogas o las substancias adictivas, si bien sería razonable suponer que al menos parte de la población femenina podría haber recurrido a dicho abuso en el contexto de su vulnerabilidad a la violencia y la dislocación social que imperaron durante tanto tiempo en Guatemala.
La Sra. Gabr, observando que los problemas de gran magnitud, como el de la pobreza, afectan la educación y el nivel de analfabetismo de las niñas y por consiguiente el empleo de las mujeres, dice que está claro que se precisan soluciones urgentes. Las ideas preconcebidas sobre el trabajo de la mujer llevan a que las mujeres se vean relegadas a determinados tipos de empleo. Pregunta si se prevé alguna medida legislativa encaminada a disponer una verdadera igualdad intersectorial entre los géneros. Le interesa particularmente saber más acerca de las condiciones de trabajo de las mujeres indígenas.
Desea saber también de qué manera las autoridades protegen a las mujeres del sector no estructurado, especialmente las que trabajan en familias, algunas de las cuales no perciben remuneración, contra la explotación y el trato inhumano. Como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Guatemala debe velar por que se apliquen medidas efectivas para proteger los derechos sociales y económicos de la mujer. Igualmente, solicita información sobre las condiciones de salud de las mujeres indígenas, particularmente en relación con la planificación de la familia.
La Sra. Livingstone Raday expresa su consternación por el elevado índice de subempleo, con el consiguiente bajo nivel en los salarios y la productividad, que se registra en Guatemala, fenómeno que afecta a las mujeres más que a los hombres y que se manifiesta claramente en el empleo no remunerado de mujeres en la agricultura. La pobreza de esas mujeres es un factor inequívoco del alto índice de trabajo infantil. No se desprende claramente del informe si el trabajo de menores está prohibido en general o sólo en determinadas circunstancias, ni qué tipo de protección se ha dispuesto para que los menores que trabajan puedan asistir a la escuela. Si bien reconoce que en una economía tan pobre como la del país no es posible hacer valer la prohibición del trabajo infantil y cumplir las disposiciones de los convenios internacionales sobre el trabajo de menores, desea conocer la política del Gobierno respecto de esa prohibición y saber de qué manera se aplica.
Sería de interés saber qué medidas ha adoptado el Gobierno para asegurar que se respeten los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico. Observando que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe informar a las mujeres de sus derechos, pregunta qué medidas de ejecución se han puesto en vigor, y si en caso de infracción el Gobierno inicia la acción para enjuiciar a los empleadores o imponerles multas administrativas.
La oradora dice que ha sido alentador enterarse de que la Dependencia de la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social promueve la participación de las mujeres en los sindicatos, pero desea saber si esa promoción y la entrega de información a las mujeres representan la totalidad de las actividades del Ministerio a este respecto, y qué medidas se han adoptado en lo que se refiere al enjuiciamiento penal y la acción administrativa.
Aplaude la prioridad que ha asignado el Gobierno a la tarea de proveer viviendas para familias pobres y hogares encabezados por mujeres, y agradece los datos desagregados por género que figuran en los cuadros 2 y 3 del informe, aunque desea que éstos se expliquen con más detalle. También acoge complacida la copropiedad de bienes para las parejas que cohabitan, y pregunta si esta copropiedad es obligatoria para las parejas casadas y si se aplica a la propiedad conyugal urbana o sólo a los terrenos rurales, como se sugiere en el informe (CEDAW/C/GUA/5).
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que el grupo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) que, conjuntamente con la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), se está ocupando de la reforma del Código de Trabajo ha formulado un proceso no sólo para enmendar sus disposiciones sino para integrar en la totalidad del Código una auténtica perspectiva de género.
La Sra. Barrera (Guatemala) dice que los beneficios que se otorgan a las trabajadoras domésticas en virtud del artículo 112 de la Constitución, como garantía constitucional mínima, son los mismos a que tienen derecho los trabajadores en otros sectores, y el Código de Trabajo revisado dispondrá una exención respecto de cualquier artículo de la Constitución que contravenga ese principio.
La reforma del Código de Trabajo comprende la adopción de disposiciones sobre la maternidad y paternidad responsables y la eliminación del trabajo infantil. También se hace referencia a las trabajadoras agrícolas; en razón de que su trabajo siempre se ha considerado como un mero apéndice del trabajo masculino, no se han garantizado hasta ahora sus beneficios. De las 224 empresas maquiladoras, el 69% son de origen coreano, el 23% son guatemaltecas, el 4% son estadounidenses y el 4% restante tiene su origen en otros países. Una gran mayoría de esas empresas está situada en la Ciudad de Guatemala y otros centros urbanos importantes y todas tienen acceso a servicios médicos de diversos niveles.
Las denuncias que se reciben en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social son verificadas por la Inspección del Trabajo. Dadas las continuas violaciones, se ha creado un órgano encargado de diseñar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las leyes laborales y vigilen su aplicación. Este órgano reúne a representantes de las empresas maquiladoras que tienen sus propios códigos de conducta, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Economía y una entidad no gubernamental de coordinación. Su misión es determinar qué maquiladoras persisten en la violación de los derechos de sus trabajadores, instruir e informar a los empleadores y trabajadores acerca de sus respectivos derechos y obligaciones y, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y otras instituciones estatales, establecer mecanismos de vigilancia y hacer efectivo el cumplimiento de la legislación interna y las disposiciones pertinentes de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos.
En el marco del Proyecto de Promoción y Defensa de los Derechos Laborales de las Mujeres Trabajadoras, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en coordinación con la ONAM y la SEPREM, se han organizado seminarios y talleres para instruir a las mujeres respecto de sus derechos. También se capacita a los directores y jefes de sector en la asimilación de las perspectivas de género en sus programas y proyectos. Se están adoptando medidas para coordinar los programas de capacitación de trabajadoras respecto de sus derechos, y se están celebrando consultas con los sindicatos con el fin de mejorar la comprensión de la legislación laboral. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social se ha descentralizado en ocho regiones, donde hombres y mujeres pueden asistir a seminarios sobre reglamentos laborales.
Guatemala ha ratificado el Convenio No. 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social suministra a las empresas instrucción en las disposiciones de dicho Convenio. Naturalmente, las autoridades desean erradicar el trabajo de menores, pero la realidad del país hace que ello sea una ilusión. La edad mínima para el ingreso al empleo que se prevé en el Código de Trabajo corresponde a lo dispuesto en el Convenio No. 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo. Dentro de poco se establecerá una comisión, como resultado de una encuesta tripartita efectuada en 1999 para conocer los puntos de vista de los tres órganos que se ocupan de relaciones laborales respecto de la aplicación de esa ley, que llevó a la formulación del Plan para la Prevención del Trabajo Infantil y la Protección a la Adolescencia Trabajadora.
En relación con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la OIT, cada Estado debe determinar en qué sectores se registran las peores formas de trabajo de menores y adoptar iniciativas para eliminarlas. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social está formulando medidas que permitirán a los trabajadores pobres denunciar casos de violación ante los tribunales. Guatemala ha ratificado el Convenio No. 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y se capacita a las mujeres indígenas en materia de derechos laborales. Si bien las mujeres forman parte de los sindicatos, por lo general lo hacen como simples afiliadas y rara vez prestan servicios en los comités ejecutivos o a título de asesoras. No obstante, se han realizado dos talleres para sensibilizar a los sindicatos más representativos del país respecto de la contribución que pueden aportar las mujeres en puestos de más responsabilidad.
A través de diversos fondos y programas se presta asistencia a las personas que buscan empleo, se garantizan préstamos a desocupados para que establezcan sus propias microempresas, se subvencionan estudios, y se ayuda a los trabajadores incapacitados a integrarse al mercado laboral; a este respecto, se consulta a las personas que han quedado inválidas como consecuencia del conflicto armado. El Ministerio de Trabajo insiste ante los diversos sectores en la importancia del cumplimiento de las normas internacionales. De conformidad con el Convenio Tripartito No. 144 de la OIT, se ha establecido una comisión tripartita, con representación de los empleadores y los sindicatos, para instar a éstos a acatar los tratados y convenios internacionales de derechos humanos.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que se ha promulgado una nueva ley que dispone la igualdad en la representación conyugal y en la responsabilidad de la pareja en el hogar, así como la administración conjunta del patrimonio conyugal. Se ha derogado la disposición del artículo 114 del Código Civil que permitía al marido impedir que la mujer se dedicase a actividades fuera del hogar. La tenencia conjunta de la tierra por los cónyuges, así como también la copropiedad en caso de parejas en uniones de hecho y los derechos de propiedad de las mujeres solteras, han fortalecido la capacidad de negociación de las mujeres dentro del hogar.
Entre los obstáculos culturales que dificultan la prestación de servicios de salud adecuados a las mujeres se cuenta la idea de que la citología cérvicouterina es indecente; además, la oposición a la planificación de la familia tiene profundo arraigo en Guatemala, que es un país altamente religioso donde la anticoncepción se considera comúnmente un pecado contra la moral. No obstante, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha logrado algunos progresos en esta esfera.
El Sr. Molina Avilés (Guatemala) dice que no existía en el país ningún programa de salud reproductiva antes de que el nuevo Gobierno se hiciese cargo de sus funciones y crease el Programa Nacional de Salud Reproductiva. Hay asimismo un programa nacional de salud mental, pero éste también ha tropezado con dificultades culturales, planteadas no sólo por la población sino por los propios trabajadores de la salud.
En el pasado, la mujer no tenía acceso a la anticoncepción ni a la esterilización sin el consentimiento directo del marido. En tiempos más recientes, sin embargo, las autoridades han logrado levantar todas las barreras que la profesión médica oponía a la planificación de la familia, incluso la exigencia de que tanto la mujer como el hombre diesen su consentimiento y el uso de la edad de la mujer como criterio para el acceso a la anticoncepción. Además, la Constitución garantiza el libre derecho de la pareja a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Se ha equipado a numerosos centros de salud y clínicas para el diagnóstico oportuno del cáncer y los síntomas de la menopausia.
Durante el año y medio de vigencia del programa, las actividades de planificación de la familia se han orientado hacia el perfeccionamiento de la competencia y los conocimientos del personal sanitario, mediante la difusión de información, el asesoramiento y la formación técnica, a fin de capacitarlo para proporcionar un servicio de alta calidad. Se han desplegado esfuerzos en muchos niveles para garantizar una disponibilidad adecuada de anticonceptivos en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Se ha creado un grupo técnico interinstitucional, con competencia en materia de información, educación y comunicaciones, para que preste apoyo y asesoramiento en relación con todos los aspectos de la salud reproductiva al personal encargado de la información y la educación.
En el espacio de la ejecución del programa, enero a noviembre de 2001, el acceso incrementado a los servicios, la información, la educación y las comunicaciones dio por resultado un aumento del número de usuarios de métodos anticonceptivos. El porcentaje de los centros de salud del Ministerio que habían suministrado métodos anticonceptivos una o más veces se elevó del 52 al 81% durante ese período. Se dio amplia difusión a la información sobre el programa, tanto en español como en las lenguas mayas.
Se han distribuido folletos sobre planificación de la familia a los servicios de salud en todo el país. En el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto de Seguridad Social funciona actualmente un centro nacional de capacitación en salud pública, y 60 médicos y 48 enfermeras de 18 hospitales han asistido a programas de formación en cirugía anticonceptiva voluntaria. Miles de trabajadores de la salud han recibido capacitación en planificación de la familia, y se ha ideado un manual de instrucción para distribuirlo entre las poblaciones de zonas alejadas.
Se ha formulado un conjunto de normas y disposiciones reglamentarias relativas a la planificación de la familia, y de este proceso ha dimanado también información para la adopción de decisiones y el diálogo político. El Gobierno ha establecido siete centros de enseñanza, de los que cada uno se especializa en un sector diferente de la salud, y ha suministrado equipo hospitalario esencial para la prestación de servicios de planificación de la familia, artículos para salas de operaciones, aparatos técnicos, dispositivos audiovisuales y computadoras.
Como secuela del conflicto armado, en las zonas rurales y los sectores urbanos marginales se produjo una grave crisis de la salud mental. Bajo los auspicios de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Educación se ha establecido un Programa de Salud Mental. El Gobierno de los Estados Unidos ha suministrado fondos para ampliar este programa, principalmente en las zonas más afectadas por el conflicto.
En respuesta a las preguntas formuladas en relación con el Programa Nacional de Salud Reproductiva, dice que la tasa global de fecundidad ha disminuido y que se espera que para el período 2000-2005 la tasa media nacional sea de 4,1.
La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) de 1998-1999, que es la última que se ha publicado, reveló que la tasa de mortalidad materna era de 190 por 100 000 nacidos vivos. Los datos más recientes, que aún no se han publicado, indican que la mortalidad materna está disminuyendo en varias regiones, registrándose tasas de aproximadamente 170 y 180. Cabe entonces concluir que el Programa Nacional de Salud Reproductiva ya está surtiendo efectos positivos.
El Gobierno ha suscrito acuerdos con organizaciones no gubernamentales para prestar atención médica y servicios básicos a mujeres y niños a nivel comunitario. El actual Gobierno ha logrado incrementar de 56 a 160 el número de tales acuerdos, cada uno de los cuales compromete a una organización no gubernamental diferente y le asigna jurisdicción respecto de un grupo de población determinado, que comprende entre 7.000 y 32.000 habitantes. Las actividades que se realizan en virtud de dichos acuerdos abarcan una variedad de servicios y programas de salud, relacionados principalmente con la prevención y la educación. En sólo 18 meses, el programa ha rendido resultados positivos en lo que hace al control de las enfermedades infecciosas, gracias a una eficaz campaña de inmunización. La propagación del virus del VIH/SIDA y la lucha para contener la infección son materias de alta prioridad para el Gobierno. Valiéndose de la descentralización, el Gobierno está trabajando en microrregiones para entregar información y prestar atención médica a comunidades locales.
El Sr. Mejía Monzón (Guatemala) dice que el Gobierno, a través del Departamento de Educación Familiar, está fortaleciendo su programa de educación para la mujer, centrándolo en la familia y la escuela, con objeto de fomentar la participación activa de las mujeres junto con otros miembros de la familia en la solución de los problemas que afectan la vida familiar. En el plano comunitario, se promueven asimismo los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas con miras a lograr la igualdad de oportunidades para todas las poblaciones locales en los sectores rurales y marginales. La estrategia en relación con la educación familiar, que se aplica en coordinación con organizaciones no gubernamentales, apunta a alentar los proyectos educacionales y productivos, con insistencia en la participación de las mujeres, a fin de ayudar a las comunidades a atender a sus propias necesidades.
El orador reconoce que los índices de analfabetismo son más elevados entre las mujeres, especialmente en las poblaciones indígenas, e indica que el Gobierno está consciente de la necesidad de tener en cuenta las consideraciones culturales. Por consiguiente, se asigna gran importancia al fortalecimiento de la educación bilingüe y al uso de idiomas locales. Además, se ha prestado especial atención a la necesidad de aumentar la matrícula de niñas.
Muchos de los problemas relacionados con la violencia contra la mujer en el hogar se han visto agravados por una cultura del silencio, en que las cuestiones que llevan al comportamiento violento no se consideran temas aptos para la discusión fuera del ámbito de la familia. Existe un profundo recelo de las autoridades y otros agentes ajenos a las comunidades locales. Es importante transmitir conceptos de la vida familiar que no presenten la violencia dentro de la familia como un fenómeno aceptable y normal.
Con respeto al VIH/SIDA, el Gobierno ha iniciado proyectos dirigidos a muchachos y muchachas adolescentes en que se procura explicar los riesgos de la epidemia.
El Gobierno estima que la mejor manera de combatir el trabajo infantil es ofrecer becas para la educación de los niños, y a ese fin tiene previsto aumentar sus subsidios en el próximo año.
La Sra. Tavares da Silva hace referencia a las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.3), en que se afirma que las mujeres reciben los mismos beneficios en todos los sectores y que en el sector de la maquila se efectúan inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las disposiciones legislativas. En cambio, en el quinto informe se presentaba un cuadro más bien perturbador a este respecto. Por consiguiente, acoge complacida los esfuerzos que realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entre otras entidades, para proteger a las trabajadoras y espera que en el próximo informe se dé cuenta de avances importantes. Pregunta si la propuesta enmienda del Código de Trabajo garantizará los derechos de los trabajadores y si el Proyecto de Promoción y Defensa de los Derechos Laborales de las Mujeres Trabajadoras atenderá a los problemas que se describen en el informe y que han sido confirmados por observadores independientes.
La oradora señala con agrado que las respuestas que se han dado oralmente a las preguntas formuladas en relación con el artículo 12, sobre la planificación de la familia, han sido más alentadoras que la información suministrada en los informes periódicos. Con todo, no se ha respondido a una pregunta respecto de la existencia de una política nacional de salud reproductiva. Se manifiesta impresionada por los esfuerzos que se están desplegando en materia de educación, información, comunicaciones y sensibilización de toda la población, ya que son de importancia crucial para un país como Guatemala, donde grandes sectores de la población abrigan actitudes conservadoras. Tras señalar que la responsabilidad de informar y educar no recae exclusivamente en el sistema de salud, pregunta si en las actividades de información pública, sobre todo las que tienden a asegurar que no queden excluidas las poblaciones locales de zonas alejadas, intervienen instituciones de servicio social y medios de información. Desea saber también si el acceso a los anticonceptivos es gratuito.
La Sra. Açar señala que al prestar atención preferente al aumento de la matrícula escolar el Gobierno no se ocupa efectivamente del problema del analfabetismo entre las mujeres, particularmente entre las mujeres indígenas y de otras minorías. Pregunta, por lo tanto, si se han puesto en marcha programas especiales de alfabetización para mujeres y, en caso afirmativo, qué resultados se han obtenido. Con referencia a la sección 2.2 del quinto informe periódico, en que se menciona un programa que compromete a estudiantes de nivel medio a realizar prácticas de alfabetización, principalmente alfabetización de mujeres, pregunta en qué media ha tenido éxito este programa.
La oradora solicita información sobre la presencia de mujeres en el cuerpo docente de las instituciones académicas de nivel superior, incluyendo las categorías en que están empleadas y su rango administrativo y académico. ¿Cómo se distribuyen las mujeres entre las diversas disciplinas en los círculos académicos? Esta cuestión es vital para la transformación de las percepciones y los estereotipos. Además de servir de modelos para la emulación, las mujeres que ocupan puestos académicos están en situación de fijar el rumbo de las investigaciones, y pueden desempeñar una función catalítica para la modificación de los planes de estudios y el contenido de las asignaturas en esas instituciones. ¿Hay mujeres indígenas en las facultades?
La Sra. Regazzoli felicita al Gobierno de Guatemala por los programas que ha puesto en marcha después de la concertación de los Acuerdos de Paz. Suele ser difícil para los observadores comprender los sufrimientos padecidos durante conflictos bélicos prolongados. Guatemala merece elogios por el alcance de los progresos que ha logrado. La oradora aguarda con interés la presentación, en informes futuros, de datos más precisos que permitan evaluar el adelanto de las mujeres en la sociedad guatemalteca, y espera que se registren nuevos avances en la promoción de la alfabetización y la participación de las mujeres indígenas en los asuntos locales y en la vida política. Le desea al Gobierno de Guatemala el mayor éxito en las tareas de fortalecimiento de la nación.
La Sra. Manalo dice que el hecho de que la prostitución sea lícita en Guatemala supone para el Gobierno la responsabilidad de proteger a las prostitutas. Pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para prevenir la propagación de la infección con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). También le interesa saber más acerca de la prostitución clandestina y la forma en que se podría proteger con eficacia a las mujeres que se dedican a ella.
Con respecto al Programa de Salud Mental, recomienda que se preste más atención a la salud mental de las mujeres, tomando en consideración la carga emocional y psicológica particular que recae en la mujer. El Gobierno debe formular un programa preciso para las mujeres guatemaltecas en este sentido.
La oradora pregunta de qué manera regula el Gobierno la emigración de trabajadoras domésticas. Potencialmente, podrían derivarse de esa emigración beneficios mutuos para la sociedad guatemalteca y para el país de destino, a condición de que se dispongan resguardos efectivos. En el próximo informe periódico se podrían describir las medidas adoptadas para proteger a las mujeres guatemaltecas que emigran en busca de trabajo.
Desea igualmente que se suministre más información sobre la incidencia del acoso sexual en el lugar de trabajo, tanto en el sector privado como en el público.
Asimismo, pregunta si las mujeres que trabajan en la economía no estructurada o en microempresas pueden obtener préstamos en condiciones favorables. Desea saber también si las mujeres que trabajan cuentan con el apoyo de una infraestructura adecuada, con inclusión, por ejemplo, de centros de puericultura y cooperativas. ¿Tienen acceso a la tecnología las mujeres del sector no estructurado? ¿Les es posible recibir capacitación adicional en el tipo de servicio que prestan?
La Sra. Goonesekere encomia a Guatemala por las iniciativas que ha adoptado para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención no obstante los problemas que le plantean la pobreza, las dificultades económicas y las secuelas de un prolongado conflicto armado. En particular, aprecia las informativas respuestas que se han dado al Comité, que han atendido a algunas de sus preocupaciones con respecto a las mujeres del sector de la maquila y la interacción entre el trabajo infantil y la situación ocupacional de las mujeres. Comparte la inquietud que se ha expresado en relación con el incumplimiento de las normas pertinentes a la situación de las trabajadoras domésticas y las mujeres en el sector de la maquila. La delegación debe proporcionar información sobre el método que aplica el Gobierno para hacer cumplir las normas, el número de casos y los procedimientos judiciales que se utilizan para hacer efectiva la responsabilidad de las grandes empresas por el trato de sus empleados, y también la forma en que se supervisa la inspección de las compañías.
La oradora hace notar la referencia a un sistema de autorregulación de las compañías que se dedican a la producción en la industria de la maquila e insta a Guatemala a reforzar el arreglo tripartito entre los sindicatos, las empresas y el Gobierno a fin de hacer valer la responsabilidad del sector privado. Pregunta si los inversionistas que establecen empresas en Guatemala participan activamente en programas que contribuyen al mejoramiento de los sectores sociales, en particular la educación respecto del trabajo de menores. A su parecer, la intención de aguardar hasta que se produzca el crecimiento económico antes de abordar la eliminación del trabajo infantil no constituye una estrategia eficaz. La experiencia de otros países en desarrollo indica que la educación contribuye a retirar a los niños de la fuerza laboral y hace posible una mayor participación de las mujeres en ésta. La explotación de menores debe combatirse por todos los medios posibles. La oradora desea saber si los códigos de autorregulación se aplican a través de las federaciones de empleadores. En cuanto al cumplimiento de los requisitos relativos a las condiciones de trabajo y las prestaciones de las trabajadoras domésticas, pregunta si existen reglamentos que regulen el trabajo doméstico. En caso de haberlos, desea saber si el trabajo doméstico se regula mediante la inscripción, los contratos de empleo u otros medios, y de qué mecanismos se dispone para hacer cumplir los reglamentos que afectan a las trabajadoras domésticas.
La Sra. Livingstone Raday señala que la proporción de mujeres entre quienes reciben subsidios de vivienda alcanza al 11%. Pregunta si el 89% restante corresponde a hombres en su calidad de jefes de hogar o mayormente a parejas, de conformidad con la política de copropiedad.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) indica que el consenso que llevó a la promulgación de la Ley de Desarrollo Social se alcanzó al cabo de una conferencia de obispos celebrada en Guatemala. Ello demuestra que hay apoyo dentro de la Iglesia Católica para el desarrollo de servicios de planificación de la familia.
El Sr. Molina Avilés (Guatemala) dice que la actual elaboración de una política de salud reproductiva, en el marco de la Ley de Desarrollo Social, se ha visto facilitada por la promulgación de la Ley. El Gobierno está procurando lograr que la sociedad guatemalteca en general se sienta responsable y que la salud reproductiva llegue a ser en definitiva una auténtica política del Estado que no pueda ser modificada por gobiernos futuros. El Gobierno se siente complacido por el apoyo amplio que su política ha merecido hasta la fecha, y está convencido de que el programa de salud reproductiva será sostenible.
Con respecto al acceso a los anticonceptivos, dice que a todos los centros de planificación de la familia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se les dota de una gama de dispositivos de control de la natalidad para que los distribuyan al público, conforme a un acuerdo entre el Ministerio y el Fondo Nacional de Población. El número total de usuarios de métodos de control de la natalidad, y especialmente de anticonceptivos inyectables, ha aumentado notablemente.
El Programa de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fue formulado con participación de organizaciones no gubernamentales. Se han logrado progresos considerables en los esfuerzos por educar a las prostitutas respecto de las prácticas sexuales sin riesgo, si bien resulta difícil llegar a las mujeres que trabajan en la industria del sexo sin licencia.
La regulación de la migración interna plantea un reto de gran magnitud para el Gobierno. Numerosos trabajadores del noroeste se desplazan a las regiones más fértiles del país en busca de empleo en la agricultura. Además, muchos migrantes, entre ellos viudas que son jefas de hogar, han huido a las ciudades para escapar del conflicto armado. La mayoría de esas personas están económica y socialmente marginadas y muchas padecen de problemas de salud mental a consecuencia del trauma.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que se requiere un enfoque nuevo para el tema de la prostitución. Por ejemplo, las disposiciones pertinentes del Código de Salud actualmente en vigor se centran en la protección de los clientes de las trabajadoras del sexo, más bien que de las propias mujeres. Al presente, una organización no gubernamental se está ocupando de formular resguardos jurídicos para proteger los derechos de las trabajadoras de la industria del sexo.
La Secretaría Presidencial de la Mujer ha suscrito un convenio con el Consejo Nacional de Alfabetización en relación con programas de alfabetización para mujeres adultas. En la fase de post alfabetización se incluirá un componente de salud reproductiva.
El Sr. Mejía Monzón (Guatemala) dice que, al margen de las iniciativas de alfabetización descritas en el quinto informe periódico, el Gobierno está haciendo uso de la radiofonía comunitaria para llevar cursos de alfabetización a las regiones más alejadas del país. Existen programas especiales dirigidos a las mujeres indígenas, que reciben instrucción en sus lenguas vernáculas. En total, más de 290.000 adultos se han beneficiado del Programa Nacional de Alfabetización y otros 94.800 de los programas de post alfabetización. Desgraciadamente, no se dispone de datos desagregados por género.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que de los 3.792 estudiantes de la Universidad de San Carlos, que es estatal, 1.668 son mujeres. No se dispone de datos respecto de la representación de los grupos indígenas en el estudiantado, ni del número de profesoras universitarias. En cuanto al programa de vivienda para grupos desarraigados o desmovilizados, en que el 11% de los beneficiarios han sido mujeres, confirma que el 89% restante de los beneficiarios han sido parejas.
La Sra. Barrera (Guatemala) dice que todos los trabajadores gozan de los derechos mínimos consignados en la Constitución y el Código de Trabajo. Además, las trabajadoras domésticas tienen derecho a beneficios tales como las vacaciones pagadas, la licencia de maternidad remunerada y la compensación en caso de despido injustificado; no están amparadas por las leyes de salario mínimo. Surgen a veces litigios porque, de conformidad con el Código de Trabajo, los empleadores pueden concertar acuerdos verbales con las trabajadoras domésticas, en sustitución de los contratos de empleo reglamentarios. Se están adoptando medidas para corregir los abusos de los empleadores en el sector de la maquila. En particular, se ha establecido un mecanismo de vigilancia para hacer que los empleadores se atengan cabalmente a los códigos de conducta pertinentes, y se instruye a los trabajadores respecto de sus derechos. Entre las propuestas enmiendas al Código de Trabajo se cuenta la inclusión de disposiciones sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.
Una de las funciones de la comisión tripartita que se estableció en fecha reciente, y que integran representantes de las organizaciones de empleadores, los sindicatos y el Gobierno, es promover la observancia por parte de los empleadores de las normas laborales internacionales, incluidas las normas consignadas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo a los que se ha adherido Guatemala. La Inspección del Trabajo se ha descentralizado y se ha aumentado el número de inspectores.
Se han iniciado programas especiales de formación vocacional para jóvenes refugiadas o desplazadas. Además, se están formulando programas para mejorar la productividad y competitividad de las trabajadoras del sector no estructurado. Está en vías de creación un fondo rotatorio para ofrecer créditos a mujeres que desean establecer microempresas que generen ingresos, al tanto que se dota a dirigentes comunitarios de los conocimientos prácticos que requieren para movilizar recursos para el desarrollo.
Guatemala ha firmado, pero no ha ratificado, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y es parte en varios convenios regionales sobre migración. El Gobierno está negociando con los Gobiernos del Canadá y de Chile y con un grupo de Estados centroamericanos medidas para salvaguardar los derechos de los trabajadores migratorios guatemaltecos, y se ha previsto la introducción de enmiendas en la legislación nacional pertinente. Con arreglo a la Ley de Migración, el tráfico de migrantes es un delito penal. La Organización Internacional para las Migraciones ha realizado un estudio y formulado un plan de acción para la regulación de la migración interna y externa que actualmente se está examinando en los departamentos competentes del Gobierno.
Artículos 15 y 16
La Sra. Shin dice que el Gobierno de Guatemala merece elogios por los avances que ha logrado en la reforma del Código Civil. Le preocupa, sin embargo, que si bien la edad mínima para el matrimonio es de 18 años, los muchachos pueden casarse a los 16 y las muchachas a los 14 si tienen el consentimiento de los padres. Pregunta por qué es tan elevado el número de parejas que prefiere cohabitar en las llamadas uniones de hecho en lugar de contraer matrimonio, si los hombres y las mujeres tienen el mismo derecho a heredar propiedades, y cómo trata el Estado los conflictos entre el Código Civil y las prácticas tradicionales de los grupos indígenas.
La Sra. Gaspard, señalando que una de cada tres mujeres, aproximadamente, cohabita con un compañero en una unión de hecho, dice que no está claro si hay leyes que rigen este tipo de unión, cuál es la condición civil de los hijos de progenitores no casados, y si las mujeres pueden exigir pensión de alimentos si la relación se disuelve.
La Sra. González Martínez pregunta si se ha adoptado alguna medida para sensibilizar a la opinión pública respecto de la reforma del Código Civil, y si hay mujeres que han solicitado el divorcio por razones de violencia en el hogar, que es un derecho consignado en la nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
La Sra. Ferrer Gómez pregunta si los padres o madres que no cumplen la obligación de pagar una pensión de alimentos están sujetos a sanción con arreglo al Código Penal.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que los hombres y las mujeres que viven en uniones de hecho tienen los mismos derechos y obligaciones que los maridos y las esposas. La legislación se enmendó en fecha reciente con objeto de permitir que una madre no casada diese a sus hijos el apellido del padre, además del suyo, eliminándose así el estigma que había afectado a los niños en esa situación. La ley sobre la sucesión no discrimina entre hombres y mujeres. No obstante, entre los pueblos indígenas es costumbre que los hombres hereden la propiedad. Se ha entablado una demanda que impugna la constitucionalidad de esa práctica, pero el Tribunal Constitucional aún no ha emitido un fallo. Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo institucional para presionar al Tribunal a fin de que acelere el proceso.
La Sra. Soberanis (Guatemala) dice que su Gobierno se propone aumentar la edad mínima de matrimonio para las niñas con consentimiento de los padres de 14 a 16 años. Sin embargo, el matrimonio precoz es común en Guatemala, particularmente entre las mujeres indígenas, y la legislación vigente refleja esquemas socioculturales establecidos desde hace largo tiempo. A raíz de la reforma del Código Penal, se ha abolido el enjuiciamiento penal por la falta de pago de pensiones de alimentos, aunque el Gobierno intenta deshacer esa modificación. Señala que si bien los ciudadanos pueden entablar demandas civiles para exigir el pago de esas pensiones, los jueces están facultados para desestimar esas causas y ordenar a las partes que lleguen a arreglos extrajudiciales cuando las sumas involucradas son muy reducidas. Las ONG femeninas están abogando por la abolición de esa disposición. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se estipula que las prácticas consuetudinarias de los grupos indígenas deben reconocerse en el derecho guatemalteco. De conformidad con el Acuerdo, se está diseñando un mecanismo que ha de servir de enlace entre el derecho consuetudinario y la legislación nacional. Guatemala se ha adherido al Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
La Presidenta dice que el Estado parte debe dar la más amplia difusión posible a las observaciones finales del Comité respecto de los informes periódicos tercero y cuarto combinados y el quinto informe periódico de Guatemala, incluso mediante su traducción a las lenguas locales y su distribución a las ONG y a los grupos de mujeres indígenas. El pueblo de Guatemala merece felicitaciones por el éxito del proceso de paz y su integración en el proceso de desarrollo. Confía en que el próximo informe periódico reflejará nuevos avances en la situación de la mujer guatemalteca, particularmente en el sector de la salud.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que el diálogo con el Comité ha sido constructivo y provechoso, y que las recomendaciones de éste aportarán una contribución muy valiosa a los esfuerzos por mejorar la condición de la mujer en Guatemala. Se han alcanzado grandes progresos, pero queda mucho por hacer. Su Gobierno está decidido a elevar el índice de alfabetización de las mujeres, mejorar su salud reproductiva y mental, y lograr un mayor cumplimento de las disposiciones de la Convención.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.