Se ha iniciado el proceso de elaboración y redacción del Plan de Acción Nacional para la Mujer en el Afganistán. El Departamento de Política y Planificación, el Departamento de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Oficina de Promoción se encargan de elaborar y redactar el Plan de Acción. Con la colaboración de estas instituciones, se ha avanzado aproximadamente un 50 % en la preparación del Segundo Plan de Acción Nacional para la Mujer en el Afganistán, en su sistema de seguimiento y evaluación y en su presupuesto y presentación de informes.

El Plan Estratégico Quinquenal del Ministerio de Asuntos de la Mujer (2018-2022) se elabora en función de las necesidades y prioridades de dicho Ministerio. Con el Plan se pretende gestionar con éxito y eficacia las cuestiones del Ministerio para que logre sus objetivos a largo plazo. Para la aplicación de este Plan Estratégico se desarrolla un plan flexible que puede ajustarse y se revisa cada año en función de los logros alcanzados y las condiciones del momento. La aplicación del Plan se sufragará con recursos del presupuesto ordinario, el presupuesto de desarrollo y las ayudas de las organizaciones internacionales. En general, los objetivos que el Ministerio de Asuntos de la Mujer pretende lograr con el Plan de Acción Estratégico son los siguientes:

1)Eliminar todas las dimensiones de la violencia para acabar con la discriminación de género;

2)Materializar los derechos de las mujeres en virtud de la sharía y en materia jurídica y civil para asegurar la justicia social;

3)Contribuir al desarrollo nacional aumentando la participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida;

4)Contribuir al desarrollo nacional sostenible empoderando a las mujeres en las esferas social, cultural y económica;

5)Promover la igualdad social de género y la incorporación de la perspectiva de género sobre la base del Plan de Acción Nacional;

6)Supervisar y evaluar la aplicación de las políticas y planes gubernamentales para mejorar la condición de la mujer.

Institución nacional de derechos humanos

E.Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

De conformidad con el Decreto Presidencial núm. 905, de 9 de julio de 2018 y a fin de nombrar a los miembros para el tercer mandato de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán , inicialmente se estableció un Grupo de Trabajo de siete miembros representantes de organizaciones de la sociedad civil. El Grupo de Trabajo elaboró una lista de 81 solicitantes elegibles de entre los candidatos a formar parte de la Comisión y se la presentó al comité de selección. Este comité está formado por el Presidente del Tribunal Supremo del Afganistán, que ocupa la Presidencia, el Fiscal General, el Ministro de Justicia, la Ministra de Asuntos de la Mujer y el Presidente de la Comisión Independiente de Supervisión de la Aplicación de la Constitución. Tras entrevistar a los solicitantes, el comité envió al Presidente una lista de 27 solicitantes designados por el Grupo de Trabajo para ser nombrados miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán. El Presidente no consideró que la lista fuera suficiente y en virtud de su mandato ordenó a la Comisión Independiente de Reforma Administrativa y Función Pública que eligiera a 27 representantes de los eruditos religiosos, 27 representantes de las organizaciones de la sociedad civil y 27 representantes de los profesores de las universidades del país. Entre esos representantes, el Presidente nombró a ocho como miembros de la Comisión y a uno como jefe por un período de cinco años. Cabe destacar que, de los ocho miembros, tres son mujeres y la jefatura también se concedió a una mujer.

Estereotipos discriminatorios y prácticas nocivas

F.Respuesta a los párrafos 7, 8 y 9 de la lista de cuestiones

Los efectos y resultados de los programas de sensibilización pública y de los distintos esfuerzos por proteger y fortalecer los derechos de la mujer en relación con el acceso de las mujeres a la educación, al mercado laboral y a la justicia, entre otras esferas, son claramente visibles. La asistencia de 3.658.980 niñas a las escuelas del Afganistán, cifra que representa el 38 % del total de estudiantes, la presencia del 27,49 % de las mujeres en la administración pública afgana, el registro e investigación de 26.531 casos de violencia contra la mujer cometidos entre 2013 y 2017 en los órganos judiciales, y la presencia del 27 % de las mujeres en el Parlamento afgano son, de hecho, los signos más claros de los resultados de los programas de sensibilización pública, los litigios y los esfuerzos que se siguen realizando.

En lo que respecta al baad (solución de controversias mediante la entrega de mujeres y niñas) y los matrimonios forzados, cabe señalar que, de conformidad con las leyes aplicables del país, en particular la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ambos se consideran como delitos de violencia contra la mujer y la ley dispone que se castigue a los responsables. Desde su establecimiento, la Fiscalía para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha registrado y procesado nueve casos de baad. Además, desde 2010, se denunciaron 82 casos de matrimonio forzado ante la Fiscalía General que luego se enjuiciaron. En general, en virtud de las leyes aplicables del país, y específicamente la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, todas las formas de violencia contra la mujer están tipificadas como delito, y los órganos judiciales afganos se ajustan a lo dispuesto en esas leyes.

El Gobierno de la República Islámica del Afganistán ha preparado el proyecto de Ley de la Familia para regular mejor los asuntos de la familia de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. El proyecto de ley fija la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años para ambos sexos. En general, se están haciendo esfuerzos para que el proyecto de Ley de la Familia se ajuste a la sharía de manera tal que no se violen las normas internacionales de derechos humanos suscritas por el Gobierno de la República Islámica del Afganistán. Cabe destacar que el proyecto de ley está siendo examinado y debe procesarse y finalizarse durante el año 2020.

En lo que respecta a la aplicación del artículo 640 del Código Penal, cabe señalar que las autoridades judiciales respetan ese artículo. Estas instituciones no están obligadas a realizar a pruebas de virginidad. Dichas pruebas (en caso de ser necesarias) estarán sujetas al pronunciamiento de un tribunal con jurisdicción o consentimiento únicamente de casos de violación. También debe quedar claro que la Fiscalía para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recurrirá a las pruebas de virginidad en caso de que ya no haya ninguna otra prueba del delito. Cabe señalar que el Ministerio de Salud Pública ha prohibido realizar pruebas de virginidad en los centros sanitarios.

Como se indica en el informe, en lo que respecta al abandono del hogar, hay que señalar que, de conformidad con la resolución (1133) del Consejo Superior del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2012, si el abandono se hace sin intención de cometer un delito, no es objeto de enjuiciamiento. Los órganos judiciales y especialmente los tribunales se adhieren a esta disposición. Su incumplimiento entraña la responsabilidad penal de los fiscales y los jueces.

En lo que respecta a la aplicación del Plan de Acción Nacional en relación con el matrimonio infantil, cabe señalar que el Ministerio de Asuntos de la Mujer ha elaborado y puesto en práctica un Plan de Acción Nacional para eliminar el matrimonio infantil en el Afganistán con objeto de aplicar de manera efectiva la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer e investigar los casos de violencia contra las mujeres. El Ministerio ha elaborado un plan de aplicación de ese Plan de Acción que ya ha empezado a poner en práctica un comité conjunto en coordinación con la Secretaría de Asuntos de la Juventud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Cabe señalar que la financiación necesaria para ello se ha coordinado con los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

Violencia de género contra la mujer

G.Respuesta a los párrafos 10 y 11 de la lista de cuestiones

Con la promulgación de la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el incremento del nivel de sensibilización pública y la facilitación del acceso de las mujeres a los centros judiciales, en general, ha aumentado la cantidad de casos de violencia contra la mujer denunciados ante la justicia. Entre diciembre de 2018 y el 23 de septiembre de 2019, 98 personas fueron condenadas por actos de violencia contra la mujer y 9 fueron absueltas. La mayoría de los condenados son hombres. Ninguno de los condenados tiene discapacidad, sus edades oscilan entre los 25 y los 45 años y los casos tuvieron lugar tanto en ciudades como en aldeas. En términos de parentesco, estos casos se dan mayormente entre marido y mujer y, en segundo lugar, entre parientes cercanos; solo en unos pocos casos se han presentado cargos de violencia contra la mujer contra personas ajenas a esos dos grupos. En términos de etnia, todas están incluidas: no hay estadísticas que indiquen qué grupo étnico específico tiene más probabilidades de cometer actos de violencia contra la mujer.

En cuanto al sistema de registro de casos de violencia contra la mujer, cabe señalar que la Fiscalía General ha establecido para sus oficinas un sistema de gestión (la Base de Datos sobre los Expedientes en Línea) en 32 provincias del país, que actualmente está en funcionamiento, y registra los casos de violencia. Por otra parte, en las dos provincias restantes se está trabajando para poner en funcionamiento esas bases de datos en línea. Cabe señalar que, desde principios de 2018 hasta septiembre de 2019, se registraron 2.582 casos en la base de datos.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer, en coordinación con los organismos gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, con la asistencia financiera y técnica de los donantes asociados, y mediante programas de sensibilización pública y de litigio, pudo mejorar la mentalidad de las mujeres vulnerables a la violencia para construir viviendas seguras y contribuir a la disminución en todo el país del nivel de las situaciones entre mujeres y hombres condicionadas por los estereotipos. En este momento existen 29 centros de apoyo en 20 provincias. El Ministerio de Asuntos de la Mujer de la República Islámica del Afganistán está trabajando para establecer centros de apoyo estatales para las mujeres víctimas de la violencia en todo el país. En la resolución 41del Consejo de Ministros, de 2019, se prevé que se establezcan centros de apoyo estatales en ocho zonas del país. Cabe señalar que ya ha comenzado la labor preliminar de establecimiento de esos centros.

Trata y explotación de la prostitución

H.Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

En el Afganistán, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la guerra, el bajo nivel de alfabetización y el analfabetismo son algunos de los principales factores que contribuyen a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. El Gobierno de la República Islámica del Afganistán ha establecido una Alta Comisión bajo los auspicios del Ministerio de Justicia y con miembros de los respectivos ministerios para combatir este fenómeno crónico de conformidad con la Ley de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Esta Comisión elaborará programas para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, facilitará la colaboración entre las autoridades competentes en la lucha contra estos fenómenos y recopilará datos e información sobre ese tipo de delitos en todo el país. Además, la Comisión facilita la difusión de esta información, elabora y aplica programas de sensibilización pública para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y establece procedimientos para aplicar las disposiciones de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Cabe destacar que, en la capital, la Alta Comisión de Lucha contra la Trata de Personas es la máxima autoridad en la coordinación de los asuntos relacionados con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. También se han creado y están en funcionamiento comisiones provinciales, presididas por los gobernadores de las respectivas provincias. Con este mecanismo, el Gobierno de la República Islámica del Afganistán puede llevar a cabo importantes operaciones de detención y enjuiciamiento de los traficantes; liberar a las víctimas de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, en particular las mujeres, las niñas y los niños víctimas de la trata; sensibilizar a la opinión pública sobre la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; y proteger a las víctimas.

Con arreglo a la Ley de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en el Afganistán no se enjuicia a las víctimas de la trata. En la actualidad, en la República Islámica del Afganistán no hay víctimas de la trata recluidas en las cárceles, ni en los centros de detención.

En relación con el apoyo a las víctimas de la trata, cabe señalar que en la ciudad de Kabul se ha creado y está en funcionamiento un centro de apoyo a los niños y niñas víctimas. Además, en virtud de un acuerdo entre la Alta Comisión para Luchar contra la Trata de Personas y el Ministerio de Asuntos de la Mujer, las víctimas de la trata de personas, especialmente las mujeres y las niñas, disponen de protección y alojamiento en los centros de apoyo hasta ser devueltas a sus familias. Durante el año 2018, 492 niños y 40 niñas víctimas de la trata recibieron ayuda en los centros de apoyo para mujeres.

Participación en la vida política y pública

I.Respuesta a los párrafos 13 y 14 de la lista de cuestiones

De conformidad con el artículo 37 del Código Electoral del Gobierno de la República Islámica del Afganistán, toda persona que haya cumplido los 18 años de edad y tenga la ciudadanía afgana a la que no se le hayan retirado sus derechos civiles por una orden judicial podrá votar, y en virtud de su derecho de voto, participar como votante en las elecciones. Además, el sistema electoral del Afganistán está estructurado sobre la base de un ente electoral no transferible, o voto único no transferible, para que, de conformidad con el Código Electoral, puedan celebrarse unas elecciones justas, generales, rápidas y directas en el país. Por lo tanto, está prohibida la votación por poder.

En 2014, la Comisión Electoral Independiente adoptó las siguientes medidas para aumentar el acceso de las mujeres a sus derechos políticos y aumentar su participación en las elecciones (como votantes y como receptoras de votos):

•Estableció centros de inscripción y votación separados para las mujeres;

•Emitió mensajes especiales en todas las plataformas de los medios de comunicación (radio y televisión, radioteatro y teatros móviles) para fomentar la participación de las mujeres;

•Realizó programas cara a cara con las votantes;

•Designó a observadoras para la vigilancia de los centros de votación de mujeres (el 31 % del total de observadores y testigos eran mujeres);

•Estableció como opcional para las mujeres el requisito de presentar fotografías durante la inscripción, de modo que las que, sobre la base de sus normas sociales, no quisieran ser fotografiadas pudieran participar en las elecciones;

•Colaboró con las candidatas en la preparación de publicaciones y campañas electorales;

•Realizó programas especiales en 17 distritos de Kabul y las provincias para los mulás a fin de alentar a las mujeres a participar en el proceso electoral;

•Facilitó la igualdad en el reclutamiento de hombres y mujeres para el proceso de inscripción electoral, que se realizó en tres etapas en la capital, el distrito y los equipos móviles;

•Creó un grupo de género y elecciones formado por 30 entidades nacionales y extranjeras. Para sensibilizar a las mujeres y alentar su participación en las elecciones presidenciales de 2019, la Comisión Electoral Independiente adoptó las siguientes medidas:

•Produjo y emitió anuncios de sensibilización pública en la radio, de 90 segundos de duración, y en la televisión, de entre 1 y 2 minutos de duración. Además, de los 8anuncios, al menos 2 se difundieron en los idiomas oficiales del Afganistán;

•Produjo un documental de 20 minutos sobre la Comisión Electoral Independiente en los idiomas oficiales del país;

•Envió mensajes de texto (SMS) mediante dos populares redes de telecomunicaciones y publicó anuncios en Facebook;

•Implantó el número de teléfono de asistencia 190 con capacidad de 30 operadores de centros de llamadas en dos turnos de trabajo todos los días, incluidos los festivos, e impartió cursos de concienciación del personal y los directores de los centros de llamadas;

•Organizó seminarios de concienciación pública y obras de teatro en los distritos;

•Imprimió y distribuyó carteles, folletos, fichas descriptivas, pancartas y vallas publicitarias y otro material pertinente para concienciar a la población sobre las elecciones;

•Contrató a 11 nuevos funcionarios para los programas de sensibilización pública y supervisión de las actividades regionales de concienciación pública;

•Estableció colaboraciones con el Ministerio de Hajj y Asuntos Religiosos, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil a fin de aumentar el nivel de participación de la mujer en el proceso de inscripción de votantes;

•Realizó programas de capacitación en materia de género y elecciones en la oficina principal y las oficinas provinciales.

Se estima que, en 2019, el número de personas con derecho a voto fue de 14.652.962, entre ellas 7.185.992 mujeres y 7.466.970 hombres. En las elecciones parlamentarias de 2019, el número total de votantes inscritos fue de 8.834.708, de los cuales 5.632.395 fueron hombres y 3.031.136 mujeres. Cabe señalar que, para facilitar el proceso de votación a las mujeres, se asignan zonas separadas para los votantes en función del sexo.

Estadísticas de las elecciones presidenciales por participación electoral y porcentaje de participación de mujeres votantes

Fecha de las elecciones	Número de votantes	Porcentaje de mujeres votantes
10 de octubre de 2005	8 128 940	40 %
20 de agosto de 2009	4 823 090	38 %
5 de abril de 2014 ( Primera etapa )	7 018 849	36 %
14 de junio de 2014	8 109 493	37 , 63 %

Estadísticas de las elecciones parlamentarias por participación electoral y porcentaje de participación de mujeres votantes

Fecha de las elecciones	Número de votantes	Porcentaje de participación de mujeres
18 de septiemb r e de 2005	6 408 324	41 %
20 de septiembre de 2010	5 602 690	39 %
20 y 21 de octubre de 2018	3 659 470	37 , 4 %

Nacionalidad

J.Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el artículo 2 de la Ley de Nacionalidad Afgana establece que el régimen de ciudadanía afgana debe ser igualitario y sin distinciones para todos los ciudadanos del Afganistán. El artículo 5 de la Ley establece además que la estancia en el extranjero no priva a una persona de su condición de ciudadano o ciudadana. Además, la Ley de Inscripción de los Registros de Población del Afganistán garantiza los servicios de censo a todos los ciudadanos del país por igual y sin discriminación alguna. La Organización Central de Estadísticas del Afganistán, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, presta servicios de inscripción y de expedición de documentos de identificación a todos los ciudadanos del país, en la capital y en las provincias.

En lo que respecta a las disposiciones de la nueva ley de ciudadanía, cabe señalar que el proyecto de esta ley ha sido aprobado por el Gabinete de la República Islámica del Afganistán y en breve se remitirá al Parlamento para su aprobación.

Educación

K.Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

En lo que respecta al acceso de las mujeres a la educación, cabe señalar que, en la actualidad, la tasa de alfabetización en el Afganistán se estima en un 36 %. Las estadísticas indican que el 20 % de las mujeres y el 50 % de los hombres están alfabetizados y además, muestran que en el año 2019, asistieron a escuelas públicas y privadas un total de 9,6 millones de alumnos, , de los que el 38 % fueron niñas. Sin embargo, en 2019, no tuvieron acceso a la educación aproximadamente 3,7 millones de niños y niñas, de los cuales, en la actualidad 636.186 están matriculados en escuelas, y, de ellos, un 40 % son niñas. Se calcula que la tasa general de alumnas es del 38% en los centros de educación, del 25 % en los programas de educación islámica, del 55 % en los centros de formación de docentes y del 49 % en los programas de alfabetización.

En el Afganistán, la tasa de deserción escolar de las niñas debido a causas profundas es del 9,1 %. Estas causas incluyen la situación general de inseguridad, los ataques contra escuelas, el matrimonio, y la carga de las tareas domésticas y las responsabilidades de cuidados. El Ministerio de Educación ha elaborado la política relativa a la educación de las niñas para reducir las tasas de deserción escolar entre ellas y eliminar las causas profundas. Esta política se está aplicando con los recursos del Ministerio de Educación, con cargo al presupuesto nacional y a la ayuda de los asociados internacionales. De conformidad con la política relativa a la educación de las niñas, en los planes y programas de acción del Ministerio de Educación se han adoptado las siguientes medidas principales:

•Facilitar la inclusión de las niñas en la educación mediante la creación de nuevas escuelas y la oferta de clases locales y de aprendizaje rápido en zonas y regiones aisladas, donde el acceso a la educación es difícil para los niños, y especialmente las niñas (hasta la fecha, este programa ha facilitado el acceso a la educación a 46.853 niñas en zonas aisladas del país);

•Contratar a maestras, especialmente en las escuelas de zonas aisladas;

•Construir escuelas y equiparlas teniendo en cuenta las necesidades de las niñas (en los próximos cuatro años se espera construir escuelas seguras en el marco del programa Iqra en 17 provincias del país con altas tasas de deserción escolar de niñas).

Empleo

L.Respuesta a los párrafos 17 y 18 de la lista de cuestiones

La Constitución del país subraya que no debe hacerse ningún tipo de distinción en la contratación para los cargos públicos. El párrafo 4 del artículo 50 de la Constitución establece que “los ciudadanos afganos deben ser empleados al servicio del Gobierno en función de su rango y sin discriminación alguna, y de conformidad con lo dispuesto en la ley”. El artículo 8 de la Constitución, con arreglo a lo dispuesto en la misma, establece que “los empleados de la República Islámica del Afganistán tienen derecho a igual salario por trabajo igual”. Asimismo, según el párrafo 1 del artículo 9 de la legislación laboral “se prohíbe toda discriminación en materia de empleo, remuneración, elección de la ocupación y la profesión, conocimientos y seguridad social”.

En lo que respecta al establecimiento de condiciones de trabajo adecuadas para las empleadas durante el embarazo, cabe señalar que el artículo 54 de la Ley del Trabajo del Afganistán establece que las empleadas que den a luz gozan de 90 días de licencia de maternidad. En el artículo 123 de la Ley se dispone que, a lo largo del embarazo, las empleadas embarazadas deben realizar trabajos ligeros y seguir ocupando su puesto original. Además, en el artículo 124 de la Ley se establece que ningún departamento puede negarse a contratar a una mujer embarazada o en período de amamantamiento. El artículo 125 de la Ley establece que los departamentos deben estar equipados con una guardería y un jardín de infancia para que su personal pueda cuidar y proteger a sus hijos. Al contar con estas instalaciones, las mujeres en período de amamantamiento pueden tomar descansos no inferiores a 30 minutos cada 3 horas además del descanso para el almuerzo.

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución de la República Islámica del Afganistán, el Gobierno del país se esfuerza por promover el derecho al trabajo en un entorno saludable y libre de discriminación y acoso en el Afganistán, en particular para las mujeres. En consecuencia, se ha formulado la Política de Respeto Mutuo actualizada, que se aplica en más de 25 departamentos gubernamentales.

La Comisión Independiente de Reforma Administrativa y Función Pública, con el fin de reforzar el proceso de contratación de mujeres en el sector estructurado, el 10 de enero de 2018 elaboró una política para aumentar la participación de la mujer en la administración pública, que fue aprobada por el Gabinete mediante el decreto núm. 20, de 23 de febrero de 2019, y se centra en lo siguiente:

1)Detección de problemas (análisis de la situación);

2)Facilitación del proceso de contratación;

3)Facilitación de los contratos para puestos clave;

4)Promoción del desarrollo de la capacidad;

5)Organización de bases de datos por género;

6)Garantía de la seguridad en el lugar de trabajo;

7)Publicación de casos ilustrativos de mujeres de éxito que trabajan en la administración pública. En el documento se hace hincapié en la necesidad de coordinación entre departamentos para reducir o eliminar los problemas y obstáculos, y ayudar a aumentar la participación de las mujeres en la administración pública. Los principales objetivos de esta política son facilitar oportunidades para las mujeres, crear un entorno de trabajo seguro, promover la creación de capacidad y fomentar la participación de las mujeres en la administración pública.

Además, a fin de prevenir el acoso de las mujeres en el lugar de trabajo, en particular en los organismos públicos, y de atender debidamente las denuncias al respecto, en todos los organismos se han constituido las comisiones para la eliminación del acoso contra las mujeres previstas en el artículo 7 de la Ley de Lucha contra el Acoso de Mujeres y Niños. Cabe señalar que, en virtud del artículo 9 de dicha Ley, el Ministerio de Asuntos de la Mujer de la República Islámica del Afganistán supervisa periódicamente el funcionamiento de este mecanismo.

Como resultado de las campañas de sensibilización sobre los derechos de la mujer, incluida la de concienciación sobre las oportunidades de empleo en las oficinas de la administración pública, se han puesto en marcha campañas como la de contratación de 1.000 mujeres graduadas con títulos de licenciatura de cuatro universidades públicas. Estas mujeres pueden ejercer su derecho al trabajo, en particular por lo referente al empleo de las mujeres en cargos públicos. Por ejemplo, en 2018, se contrató a 3.119 mujeres en la administración pública tras realizar un examen general. Además, cabe señalar que, en la actualidad, hay 107.320 mujeres empleadas en la administración pública, lo que representa el 27,5 % del total del funcionariado, y, entre ellas, el 6,8 % ocupa cargos directivos. La Comisión Independiente de Reforma Administrativa y Función Pública está trabajando para aumentar aún más la cantidad de mujeres que ocupan cargos directivos de la administración pública.

En 2018, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales expidió licencias a 2.346 mujeres. El Ministerio también declaró que habían completado su aprendizaje 3.000 mujeres en el sector privado, 141 mujeres en el sector público y 1.780 mujeres en el Programa de Promoción. El Ministerio tiene previsto conseguir más apoyo jurídico para aumentar la participación de las mujeres en los sectores público y privado y reducir al mínimo la brecha entre la participación de los hombres y las mujeres en la fuerza de trabajo.

	Estadísticas de empleo desglosadas por género
	Hombres	Mujeres	Total
Empleados a tiempo completo	4 195 526	937 162	5 132 688
Empleados a tiempo parcial	1 027 040	293 888	1 320 928
Desempleados	1 170 089	854 729	2 024 818
Fuerza de trabajo	6 392 655	2 085 779	8 478 434

Fuente : Informe final de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida en el Afganistán de 2016 .

Salud

M.Respuesta a los párrafos 19 y 20 de la lista de cuestiones

Como se señala en el informe, la mortalidad materna en el Afganistán suele deberse normalmente a factores médicos relacionados con el embarazo, entre los que las hemorragias representan el 56 %, la hipertensión durante el embarazo (preeclampsia y eclampsia) el 20 %, los partos obstruidos y prolongados el 13 %, las infecciones el 5 %, y otros desencadenantes directos e indirectos el 3 %. La salud maternoinfantil es una de las prioridades del Gobierno de la República Islámica del Afganistán y del Ministerio de Salud Pública. El Departamento de Salud Pública presta servicios de salud para madres y bebés en 2.500 centros en todo el país. Las medidas adoptadas en los últimos años para mejorar los indicadores de salud materna y neonatal se resumen a continuación:

•El número de matronas que han conseguido graduarse en universidades públicas y privadas tras terminar sus estudios es de 22.000, de las cuales 7.000 han aprobado el examen del Ministerio de Salud y recibido certificados;

•El número de centros de atención obstétrica básica de urgencia ha aumentado de 1.007 a 1.288;

•El número de centros de atención obstétrica integral de urgencia ha aumentado de 91 a 11;

•Gracias a la formación para el desarrollo de capacidad y los programas de sensibilización impartidos a 5.069 profesionales de la salud ha mejorado la calidad de la atención a las madres y los bebés;

•Se prestan servicios de atención prenatal, de maternidad temprana y posparto para madres y recién nacidos en las 194 salas de recién nacidos de los Centros de Salud Familiar de Ghor, Herat, Daikundi, Bamiyán, Faryab, Khost y Badajshan (en 2020 se prevé construir 115 salas de recién nacidos en las provincias de Kandahar, Paktika, Badghis y Samangan);

•Se han mejorado los sistemas de control de la salud de los hogares y la sensibilización sobre la importancia de la salud materna e infantil en las familias para empoderar a las mujeres de modo que tomen decisiones sobre su propia salud y la de sus hijos. Se ha difundido la información a través de las Directrices de Salud Maternoinfantil en tres provincias (Kabul, Nangarhary Bamiyán), para 2020 se difundirá a otras 8 provincias, y a finales de 2021 a todas las provincias del Afganistán;

•Se ha aumentado la distribución de pastillas de calcio para prevenir la preeclampsia, y el suministro de misoprostol a nivel comunitario para prevenir las hemorragias posparto;

•Se ha mejorado el sistema de remisión con la distribución de 40 ambulancias equipadas para los centros donde se han observado tasas elevadas de defectos congénitos;

•Se ha instalado equipo moderno en 21 bancos de sangre en 21 provincias del país;

•La tasa de asistencia cualificada en el parto (con ayuda de matronas y obstetras) ha aumentado hasta alcanzar un 68 % al nivel nacional;

•Se han prevenido las hemorragias posparto mediante el fomento de la distribución de Misoprostol en las comunidades de 23 provincias;

•Se ha promovido la distribución de pastillas de calcio durante el embarazo para prevenir la preeclampsia.

Además de las medidas mencionadas, hay que señalar que, en todos los centros sanitarios y hospitales que proporcionan servicios básicos de salud, también se ofrecen los servicios de atención primaria y secundaria para madres y niños menores de 1 año siguientes :

•Atención prenatal;

•Atención durante el parto, incluidas las cesáreas;

•Atención posnatal;

•Servicios de planificación familiar;

•Servicios de salud mental;

•Atención neonatal, incluida la reanimación neonatal;

•Tratamiento integral de enfermedades para los niños menores de 1 año y neonatos, incluida la vacunación;

•Educación sanitaria.

Los programas de prevención de la mortalidad materna se centran más en sus principales causas. Los estudios e investigaciones recientes muestran que la mortalidad materna ha disminuido significativamente de una tasa de 1.291 muertes por cada cien mil nacimientos en 2015 a 395 muertes por cada cien mil nacimientos en 2018.

Con respecto al aborto, cabe señalar que el Código Penal del Afganistán lo tipifica como delito en su conjunto, y está sancionado por la ley. Sin embargo, practicarlo no se considera un delito cuando está prescrito por un médico como tratamiento necesario para salvar la vida de la madre. Además, el proyecto de Ley de la Familia, que aún se está examinando, permite el aborto hasta los 120 días. La Política Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública establece que se deben tomar medidas efectivas en la asistencia posterior a un aborto. Los centros sanitarios deben contar con las herramientas necesarias para practicar abortos y el Ministerio de Salud Pública y las instituciones educativas pertinentes deben ofrecer programas de capacitación en la materia. Por consiguiente, en el año 2019, se impartió capacitación e instrucción a 32 matronas y médicos a través de programas de desarrollo de la capacidad en asistencia posterior al aborto.

La prestación de servicios de salud adaptados a los jóvenes y adolescentes forma parte del Programa de Salud Reproductiva, que ha iniciado un programa experimental de asesoramiento de salud por teléfono (la línea 120) en nueve provincias del país. Además, el Ministerio de Salud Pública ha presentado información para incluir la salud reproductiva en las asignaturas escolares, que se ha remitido al Ministerio de Educación de modo que se incorpore al plan de estudios.

En lo que respecta a la prestación de servicios de salud relacionados con el tratamiento de la fístula, cabe señalar que, de conformidad con la Estrategia Nacional de Salud Reproductiva (2017-2021), a través del programa de servicios básicos de salud y el paquete básico de servicios hospitalarios, todos los centros de salud del país ofrecerán servicios que incluirán los relacionados con la fístula. En la actualidad, el tratamiento de los pacientes con fístula en el Hospital Malalai, el Hospital Regional de Herat y el Hospital Regional de Nangarhar es gratuito.

Mujeres rurales

N.Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

El Gobierno de la República Islámica del Afganistán ha elaborado un Programa de Prioridades Nacionales de la Carta de los Ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de la población, en particular las de las mujeres de las zonas rurales. El programa es un compromiso de colaboración entre el Gobierno y la sociedad para mejorar la participación social de los ciudadanos en el desarrollo y la aplicación de proyectos gubernamentales. El plan decenal cubre un tercio de la población del país en 34 provincias. El objetivo del programa es erradicar la pobreza y mejorar el nivel de vida mediante la provisión de infraestructuras y servicios de alta calidad y la creación de unidad entre aldeas y ciudades. El programa garantiza que todas las personas, mujeres, niños y niñas incluidos, participen en las actividades y medidas para el desarrollo y puedan supervisar los proyectos relacionados. Según el plan, el 50 % de los miembros de los consejos de desarrollo deben ser mujeres y en la junta directiva del consejo dos puestos deben ocuparlos mujeres. Además, el plan del programa ha facilitado la participación de las mujeres en los comités de salud, educación, agricultura e irrigación. Al formar parte de esos comités, pueden ser voluntarias en las esferas de educación, alfabetización, salud y agricultura, y beneficiarse de los servicios sanitarios. Cabe señalar que el programa de reforma de los consejos de desarrollo de las aldeas ya está en funcionamiento y que se han reformado 11.745 consejos de desarrollo de las aldeas en 123 distritos. En el programa de reforma de los consejos de las aldeas se procura aumentar la participación de las mujeres hasta el 50 %.

Además, el Programa de Desarrollo Económico Rural tiene por objeto mejorar la capacidad social y económica de las mujeres rurales pobres. El programa cubre 34 provincias del país y proporciona a las mujeres rurales servicios financieros y técnicos que les permiten empoderarse económicamente y contribuir a mejorar la economía familiar mediante la creación de empresas y la inversión en actividades generadoras de ingresos.

El Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rural planifica y ejecuta el Programa Nacional Prioritario para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Este programa, del que se benefician el 80 % de las mujeres, contribuye a aumentar su acceso a los servicios financieros y de préstamo así como a los servicios técnicos y de comercialización y promoción a través de su participación en grupos de ahorro, grupos de empresas y las Village Saving and Loan Associations en 5.000 consejos de desarrollo de las aldeas de 76 distritos de 34 provincias.

Además, el proyecto de Mejora de los Medios de vida en las Zonas Transfronterizas entre Tayikistán y el Afganistán (LITACA-2) ha proporcionado una serie de oportunidades a las mujeres de los distritos provinciales fronterizos con Tayikistán (Badajshan, Takhar, Kunduz y Balj), entre ellas:

•Cursos de dieciséis meses sobre alfabetización, contabilidad, higiene y gestión de producción y ventas para 250 mujeres, además de construir 12 centros de formación;

•Programa de formación de matronas de dos años de duración para 18 mujeres que ya se está impartiendo en las provincias mencionadas;

•Formación profesional sobre productos indígenas (artesanía);

•Cursos de cría de animales para 100 mujeres pobres en el distrito de Shahrzab de Badajshan y el distrito de Chahar Ab de Takhar, y donación de cabras lecheras de raza Asmari para la formación con todos los suministros necesarios;

•Oportunidades de comercio en Tayikistán y otros países para 25 mujeres. Cabe señalar que el Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rural tiene en cuenta y aumenta la participación de la mujer en todos los programas de desarrollo y creación de capacidad.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer, con el apoyo del Programa de Prioridades Nacionales de la Carta de los Ciudadanos, ha podido crear oportunidades de empleo para las mujeres rurales mediante el establecimiento de pequeñas plantas de elaboración de productos lácteos, agua mineral, producción de uvas pasas y plantación de Pinus gerardiana (pino chilgoza) en las provincias de Herat, Balj, Baglan, Kunduz, Kandahar, Sar-e-Pol, Panjshir, Kabul, Paktiya y Paktika. Cabe destacar que este programa está en funcionamiento y se prevé ampliar su aplicación a zonas apartadas. Además, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha organizado exposiciones en el país y en el extranjero en el marco del Programa Nacional Prioritario para el Empoderamiento Económico de las Mujeres con el propósito de alentar e inspirar a las mujeres a participar en actividades económicas.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer del Gobierno de la República Islámica del Afganistán ha iniciado el proceso de redacción y elaboración de un Plan de Acción Nacional para aplicar debidamente la política sobre los derechos de sucesión y de propiedad de la mujer. Este Plan de Acción, que se promulgará en un futuro próximo y prevé medidas específicas a adoptar por los departamentos e instituciones pertinentes. La aplicación de estas medidas facilitará el ejercicio por las mujeres de los derechos de sucesión y de propiedad. Además, el Ministerio tiene la intención de supervisar continuamente la aplicación de esta política en un marco predeterminado y como parte del Plan de Acción Nacional.

Matrimonio y relaciones familiares

O.Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

En el Afganistán, con arreglo a la sharía, está permitida la poligamia. Sin embargo, como se indica en el informe, en la República Islámica del Afganistán no se alienta la poligamia, al contrario, en el artículo 86 de la Ley Civil (el Código Civil) de la República Islámica del Afganistán se prevé y restringe la cantidad de matrimonios polígamos. Cabe señalar que las disposiciones del artículo 86 del Código Civil se siguen cumpliendo en la Ley de la Familia.

De conformidad con las leyes vigentes en la República Islámica del Afganistán, tanto la madre como el padre tienen la responsabilidad y el deber de cuidar de sus hijos. Según el párrafo 1 del artículo 236 de la Ley Civil “la custodia es el cuidado de un niño o una niña durante el período en que necesitan la protección y la crianza de una mujer”. Según el párrafo 2) de este artículo, “la custodia es el derecho de las personas que están bajo esta ley”. En virtud de la Ley Civil de la República Islámica del Afganistán, en caso de ruptura del matrimonio y después de la separación de un cónyuge, la mujer tiene la prioridad en la custodia de los hijos porque la legislación del país tiene en cuenta los intereses del niño o la niña en las primeras etapas de la infancia y, de conformidad con el artículo 237 de dicha Ley, en caso de ruptura del matrimonio o separación de un cónyuge, la madre tiene prioridad en la custodia del niño o la niña. Según el artículo 249, el plazo de custodia de un niño termina a los 7 años de edad y el de una niña a los 9 años. De acuerdo con el artículo 250 de esta Ley, el tribunal puede extender este período hasta dos años más. De conformidad con las disposiciones de la legislación civil sobre la custodia puede concluirse que tras la separación de un cónyuge, la custodia de los hijos es responsabilidad de la madre hasta los 7 y los 9 años de edad para el niño y la niña respectivamente, tras lo cual el padre pasa a ser el custodio legítimo del niño o la niña.