34º período de sesiones
Acta resumida de la 713ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 26 de enero de 2006, a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Pimentel (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela
En ausencia de la Sra. Manalo, la Sra. Pimentel, Vicepresidenta, ocupa la Presidencia
Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6, CEDAW/C/VEN/Q/4-6 y Add.1)
1.Por invitación de la Presidencia, los miembros de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela toman asiento a la mesa del Comité.
2.La Sra. León (República Bolivariana de Venezuela) dice que otro gobierno estaba instalado durante parte del período al que se refiere el informe de su país. Bajo el nuevo gobierno, elegido en 1999, su país no ha escatimado esfuerzos para cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular en lo que respecta a los derechos humanos de mujeres y hombres, que están incorporados en su Constitución. Como sociedad inclusiva y auténticamente democrática, la República Bolivariana de Venezuela promueve la integración de todos los grupos anteriormente excluidos, en particular la mujer. No obstante, ha sufrido agresiones imperialistas y criminales, que han retrasado su adelanto en los aspectos económico y social.
3.Con arreglo a la legislación venezolana, la situación de la mujer ha mejorado considerablemente. En la Constitución de 1999 se reconoce el trabajo doméstico de la mujer como actividad económica que crea valor añadido y produce riqueza. También se reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley, se prevé la adopción de la acción afirmativa contra la discriminación y se establecen derechos sociales y familiares. Por la Ley de la tierra se concede trato preferente a las mujeres cabezas de familia en la adjudicación de tierras. La atención prenatal está subvencionada y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer están garantizados.
4.Dos instituciones han desempeñado un papel preponderante en el adelanto de la mujer en su país: el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), establecido en 1999, y el Banco de Desarrollo de la Mujer (BANMUJER), establecido en 2001. Ambas instituciones se han beneficiado de un incremento en sus asignaciones presupuestarias. Se han logrado considerables adelantos en la incorporación de las cuestiones de género, gracias, en particular, al establecimiento de un subcomité de estadística de género en el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la adopción en 2005 de un presupuesto nacional que toma en consideración la igualdad del hombre y la mujer.
5.La participación de la mujer en la vida pública ha aumentado como resultado de la labor concertada de INAMUJER y organizaciones de mujeres, que se ha reflejado en una resolución de 2005 del Consejo Nacional Electoral en la que se piden candidatos masculinos y femeninos a órganos nacionales, municipales y locales encargados de adoptar decisiones. La proporción de diputadas en la Asamblea Nacional ha aumentado de 10 por ciento a 25 por ciento. Entre otros ejemplos del carácter más participatorio y sensible al género de la democracia de su país se pueden mencionar organizaciones populares de mujeres conocidas como “Encuentros con INAMUJER” y los círculos femeninos populares de clientes de BANMUJER. Aunque los derechos civiles y políticos de la mujer están incorporados en la Constitución, todavía se necesitarán otras medidas para combatir modalidades persistentes de discriminación contra la mujer, legado de una cultura patriarcal.
6.El empleo es uno de los sectores a los que el Gobierno concede un grado más alto de prioridad, sobre todo en el marco de sus esfuerzos para erradicar la pobreza. Ha alentado a las mujeres a establecer microempresas, primero, a través de un plan de microcrédito y, tras la apertura del Banco Poder para el Pueblo en 2001, con un programa de crédito especial para la mujer, conocido como “credimujer”, establecido por el Banco a través de organizaciones cooperativas. Otros medios de asistencia financiera se han facilitado a la mujer a través del Banco de Desarrollo de la Mujer, el Fondo de Microfinanzas y, en fechas más recientes, el Ministerio de Economía Popular y las campañas o misiones especiales.
7.Las mujeres, incluso las más pobres, se han beneficiado considerablemente de las campañas nacionales de alfabetización y educación que tanto éxito han tenido, y de la labor que ha llevado a cabo el Gobierno para crear empleo, que les permite establecer cooperativas con el apoyo de fondos públicos. El establecimiento del servicio de atención de salud también se ocupa concretamente de la mujer, en particular durante el embarazo. Otras campañas se han dirigido a zonas remotas, donde vive la mayor parte de las mujeres marginadas, y la población indígena, concentrada en seis estados, cuyos representantes en la Asamblea Nacional han participado activamente en cuestiones relativas a la legislación y formulación de políticas.
8.La población rural indígena y otros grupos vulnerables de mujeres han participado en diversas campañas de gran alcance (“misiones”), que atacan la raíz de problemas tales como el subdesarrollo, la dependencia, las desigualdades socioeconómicas, la degradación ambiental, la pobreza y la feminización de la pobreza. Se ha adelantado en todos estos aspectos, pero no tanto como el Gobierno hubiera deseado. Al vincular y coordinar la acción de las mujeres venezolanas con de las de otras mujeres de todo el mundo, su país adelantará a un ritmo mucho mas rápido.
9.Su país ha emprendido numerosas iniciativas para combatir la violencia contra la mujer. Se han organizado más de 1.500 cursillos de trabajo con el apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y se entrado en contacto con cerca de 500.000 mujeres de todo el país. La Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia prevé procedimientos para denunciar los actos de violencia, medidas cautelares y tipos de sanciones aplicables. Se ha inaugurado un servicio telefónico gratuito para denunciar casos de violencia contra la mujer y se han abierto albergues para la protección de víctimas. La violencia contra la mujer es un problema cultural, vinculado a la persistencia de valores patriarcales, por lo que no es posible erradicarlo de la noche a la mañana.
10.El Ministerio del Interior y Justicia ha elaborado un programa en cooperación con IMAMUJER, para atacar las causas sociales, económicas y culturales de la prostitución y la trata de seres humanos, en particular niños y mujeres. En lo que respecta a los derechos humanos en general, los esfuerzos desplegados por el Gobierno actual superan con creces a todo lo que se había hecho anteriormente. El Gobierno, consciente de que todavía queda mucho por hacer, seguirá trabajando en pos de los mismos objetivos, en particular a través de su transcendental labor para promover la igualdad de género.
Artículos 1 a 6
11.El Sr. Flinterman elogia al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por haber ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y pregunta si se han adoptado medidas para dar amplia publicidad al Protocolo, con arreglo a su artículo 13. Tras recordar los recursos y procedimientos que ofrece el Protocolo Facultativo, expresa su preocupación por la afirmación del Gobierno de que algunas de las denominadas organizaciones de la “sociedad civil” se han negado a participar en la preparación del informe, en particular dado que, de varias fuentes independientes, ha llegado a sus oídos que algunas mujeres que han expresado opiniones que difieren de las del Gobierno han sido objeto de malos tratos o, incluso, se les ha dado muerte. Por tanto, desea saber qué medidas ha adoptado o adoptará el Gobierno para asegurar que las mujeres que presentan comunicaciones al Comité no sean objeto de malos trato o intimidación.
12.En cuanto a la obligación del Estado parte de establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer (artículo 2 de la Convención), acoge con satisfacción el hecho de que, con arreglo al artículo 23 de la Constitución nacional, las convenciones internacionales de derechos humanos prevalecen frente a la legislación interna y se interesa por los recursos concretos de que dispone la mujer en el ámbito nacional. Tras tomar nota de que, entre 2000 y 2003, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer tramitó 12.000 quejas presentadas por mujeres por la violación de sus derechos, solicita información actualizada del número de quejas presentadas en 2004 y 2005, y cuántas de ellas se han cursado a los tribunales nacionales. También desea saber si el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) está facultado para incoar diligencias en relación con dichas quejas y, de ser así, si sus decisiones tienen fuerza de ley. Se pregunta si en algún fallo de los tribunales nacionales se ha invocado la Convención y si se han previsto medidas para familiarizar al personal judicial y de ejecución de la ley con las disposiciones de la Convención y las recomendaciones generales del Comité.
13.Por último, dirige al atención del Comité a la aparente falta de distinción entre los términos “equidad” e “igualdad” en el ordenamiento jurídico del Estado parte y solicita una aclaración de cómo entiende el Gobierno estos términos.
14.La Sra. Tavares da Silva señala que, si bien en el informe del Estado parte se ofrece información detallada sobre las políticas y medidas adoptadas con miras a eliminar la discriminación contra la mujer, no se presenta un análisis del efecto real de dichas medidas. Espera que esta deficiencia se subsane en el próximo informe.
15.En el informe no se presta mucha atención a la cooperación entre el Gobierno y la sociedad civil. Por consiguiente, desea saber si existe alguna vía oficial para dicha cooperación y si a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas se les ha dado la oportunidad de formular observaciones sobre el informe. Habida cuenta de que todos los órganos públicos de la República Bolivariana de Venezuela tienen que llevar un registro de todas las ONG que desean participar en sus trabajos, se pregunta si existen requisitos para inscribirse en INAMUJER y si las ONG están sujetas a restricciones operativas.
16. Aunque reconoce que el uso de determinados términos varía de un idioma a otro, desea resaltar la aparente incapacidad del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de establecer una distinción entre los términos “equidad” e “igualdad”. Mientras el primero pone el acento en un trato justo y condiciones comparables y, en América Latina, se suele considerar como el objetivo último de la lucha por los derechos de la mujer, no es sinónimo del último. Por tanto, insta al Estado parte a considerar detenidamente la distinción entre ellos.
17.En el informe se describen numerosos planes y programas para el adelanto de la mujer. Si bien es digna de encomio la labor del Gobierno de este aspecto, subraya la necesidad de un planteamiento integral y coordinado para impedir la duplicación de esfuerzos y asegurar que la igualdad de género se incorpore en todos los aspectos de la vida nacional.
18.La Sra. Arocha Domínguez dice que el Comité está consciente de las dificultades socioeconómicas a las que se enfrenta el Estado parte y el deseo del Gobierno de cumplir las disposiciones de la Convención. Ya en 1997, el Comité expresó su preocupación por el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, pero, según varias fuentes extraoficiales, el mecanismo actual (a saber, INAMUJER) es aun más débil que su predecesor. En este aspecto, todavía no está claro el papel de INAMUJER, que se define como órgano autónomo adscrito al Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social. ¿Qué ventajas le reporta al Instituto esa condición particular? y ¿se están haciendo gestiones para asegurar a su presidente un puesto en el Gabinete? Agradecería saber si, en su forma actual, INAMUER está en condiciones de cooperar efectivamente con altos funcionarios del Gobierno y los ministerios.
19. La Sra. Schöpp-Shilling elogia al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por los serios esfuerzos que ha realizado para acelerar el adelanto de la mujer. No obstante, está algo confusa en cuanto a la manera en que el Estado parte entiende el concepto de derechos humanos: los derechos de la mujer son también derechos humanos y, por consiguiente, los esfuerzos para proteger y promover los derechos de la mujer mediante la eliminación de la discriminación y el logro de la igualdad de género son también esfuerzos para proteger y promover los derechos humanos. Estos esfuerzos deben perseguirse sin demora , no de una forma progresiva
20.En lo que respecta al tema de medidas provisionales especiales, acoge con satisfacción el hecho de que, con arreglo al artículo 21 de la Constitución, el Gobierno está obligado a adoptar medidas positivas en favor de personas o grupos que pudieran ser discriminados, marginados o vulnerables. No obstante, parece haber cierto grado de confusión en cuanto el significado de la expresión “medidas positivas” que, con arreglo al derecho internacional, suele significar medidas positivas adoptadas por un Estado para alcanzar un objetivo determinado. Si bien elogia las acciones del Estado parte para promover el adelanto de la mujer, como el establecimiento del Banco de Desarrollo de la Mujer y la concesión de viviendas rurales a las madres, estas medidas, en apariencia permanentes, no son, a su entender, medidas provisionales especiales destinadas a acelerar el adelanto de la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer. En este aspecto, se pregunta si la confusión del Estado parte en cuanto a la índole de las medidas provisionales especiales pudiera ser el motivo de su decisión de 1997 de no aplicar cuotas. Por consiguiente, desea saber si se está llevando a cabo actualmente un debate sobre la índole de dichas medidas en el Gobierno y en la sociedad civil. Pregunta si el Gobierno tiene la intención de aplicar esas medidas a otros aspectos de la vida de la mujer y si tiene algún plan para introducir medidas provisionales especiales dirigidas concretamente a las mujeres indígenas y a las mujeres de ascendencia africana que, con frecuencia, son víctimas de múltiples modalidades de discriminación.
21.La Sra. Popescu recuerda que, durante su examen del tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité señaló la persistencia de estereotipos de género y normas patriarcales y recomendó la adopción de medidas generales para combatirlos. En ese aspecto, acoge con agrado el hecho de que la Constitución de 1999 contiene lenguaje no sexista y que en su artículo 76 se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Además, se ha establecido una serie de programas de educación y de sensibilización de los medios de información. Ahora bien, el informe, no presenta una evaluación del adelanto realizado en ese sector ni una descripción de los principales obstáculos encontrados.
22. En lo que respecta a la imagen de la mujer presentada por los medios de información, toma nota de que, si bien la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ha sido un acontecimiento positivo, no se han recibido quejas de infracciones de dicha ley. Además, los trámites para la investigación de las quejas son extremadamente complicados. Se pregunta si el Gobierno se propone facilitar dichos trámites e introducir un sistema más de claro de sanciones para las infracciones. También desea saber si se han adoptado medidas concretas para alentar la presentación de imágenes positivas de la mujer, desde una perspectiva dinámica, en los medios de información.
23.Agradecería recibir una evaluación de los resultados de la segunda fase del programa Educando para la Igualdad e invita al Estado parte a facilitar información adicional sobre cualquier otra medida adoptada para hacer a niñas y mujeres conscientes de la necesidad de asegurar la igualdad de género y combatir la violencia sexual en las escuelas. Desea saber si se han dado algunos pasos dirigidos a preparar a las niñas para el desempeño de profesiones tradicionalmente reservadas para el hombre.
24. Por último, señala que las tasas de analfabetismo y deserción escolar son muy elevadas entre las mujeres indígenas y las de ascendencia africana, que también son más susceptibles de ser víctimas de la trata y la explotación. Pregunta si se han llevado a cabo estudios o investigaciones sobre dichos grupos y resalta la necesidad de adoptar medidas provisionales especiales para mejorar la situación.
25.La Sra. Pimentel, en calidad de miembro del Comité, dice que le preocupan las mujeres víctimas de la violencia en el hogar, que es un fenómeno especialmente generalizado en América Latina. La persistencia de estereotipos de género y el arraigado principio de no intervención en la vida privada de los demás son en gran parte responsables de esta situación y se declara partidaria de prestar más atención a la investigación en ese sector. Dado que rara vez se denuncian los incidentes a la policía, los servicios de salud deben establecer registros de violencia en el hogar para poder seguir los casos. Además, se deben incorporar en los programas de estudios medidas cautelares para erradicar la violencia y cambiar la actitud de la población y también se deben organizar campañas en los medios de información dirigidos tanto a la mujer como al hombre. Expresa especial preocupación por la solicitud de la Fiscalía del Estado a omitir de la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia disposiciones que contemplan medidas cautelares contra los autores de actos de violencia en el hogar y pide información acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno y la sociedad civil para hacer frente a esa delicada cuestión.
26.Por último, en su respuesta a la lista de cuestiones y preguntas, el Estado parte ha afirmado que la prostitución y la trata no parecen ser un grave problema en la República Bolivariana de Venezuela. No está de acuerdo con este aserto porque, como es de conocimiento general, la creciente pobreza del mundo en desarrollo ha conducido a un aumento de dichos delitos e insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para combatir el problema.
27.La Sra. León (República Bolivariana de Venezuela), en respuesta a preguntas de miembros del Comité, dice que Venezuela cuenta ahora con una Defensoría del Pueblo y una Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, adscrita al Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER).
28.La Sra. Jaimes (República Bolivariana de Venezuela) dice que, en Venezuela, los tratados de derechos humanos gozan de la misma jerarquía que la Constitución. Por tal motivo, la legislación venezolana tiene que estar en conformidad tanto con dichos tratados como con la Constitución. Por lo que atañe a la labor realizada para hacer a la mujer más consciente de la existencia de instrumentos de derechos humanos y su jerarquía jurídica, observa que la Convención se ha invocado en los tribunales. En este aspecto, se debe recordar que Venezuela está atravesando un proceso político que alienta la participación activa del hombre y la mujer, sobre la base del conocimiento de principios constitucionales. Por consiguiente, no se han escatimado esfuerzos para informar al público acerca de la Constitución y los principios contenidos en ella, mediante, entre otras actividades, la publicación y divulgación de centenares de ejemplares de la Constitución, la organización de cursillos y conferencias sobre derechos humanos y campañas para informar al público de la existencia de tratados y convenciones internacionales, entre ellos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Además, INAMUJER ha invocado la Convención en respuesta a la solicitud del Fiscal General del Estado de anular la disposición sobre la adopción de medidas cautelares contra los responsables de la violencia en el hogar. En 2004, INAMUJER ha publicado un folleto que se ha distribuido a mujeres de todo el país. Se han organizado cursillos sobre la jerarquía constitucional de los tratados y se ha publicado un documento que facilita información sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, todas las cuales son bien conocidas en Venezuela. Los cursillos están dirigidos a los coordinadores, que pueden así sensibilizar a la población general, los órganos que reciben las acusaciones de violencia contra la mujer y otras autoridades públicas. Los derechos incorporados en la Constitución también se tratan en estos cursillos.
29.La Sra. Acevedo (República Bolivariana de Venezuela), en respuesta a la pregunta sobre la labor del Gobierno para asegurar una acción concertada hacia la aplicación del Plan Nacional para la Igualdad de la Mujer, dice que INAMUJER, órgano rector de las políticas públicas sobre la mujer y la equidad en cuestiones de género, ha redactado un plan quinquenal para uso de todas las autoridades públicas. Los mecanismos para la incorporación de las cuestiones de género incluyen consultas con los diversos órganos durante la fase preparatoria, y grupos de trabajo técnico y acuerdos con agencias del Gobierno durante la fase de ejecución. La evaluación se lleva a cabo sobre la base de indicadores identificados en el Plan. Dado que los gobiernos estatales y municipales de Venezuela gozan de autonomía para elaborar proyectos y presupuestos, INAMUJER instó a que se establecieran institutos regionales y municipales de la mujer para la ejecución del Plan. Estos institutos regionales y municipales son evaluados por las Direcciones regionales y otras de INAMUJER. Hasta la fecha, se han establecido 14 institutos regionales y siete municipales. En algunos estados, el presidente del instituto regional de la mujer es también miembro del Gobierno estatal. INAMUJER también procura capacitar en cuestiones de género a funcionarios del Gobierno directamente encargados de elaborar y aplicar normas de equidad de género.
30.Con respecto a las actividades destinadas a asegurar la coordinación, se ha firmado un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para incorporar una perspectiva de género en las estadísticas nacionales, en un intento de abordar la falta de datos desglosados por sexo. También se ha establecido recientemente un subcomité sobre el género. En un cursillo organizado en el Ministerio de Salud, se está elaborando el Programa de salud sexual y reproductiva, y se están aplicando normas de salud sexual y reproductiva en el ámbito nacional. Asimismo, se han firmado acuerdos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Planificación y Desarrollo.
31.Afirma que los efectos de las políticas del anterior Consejo Nacional para la Mujer se han dejado sentir en todo el país. En cuanto a las gestiones del Instituto para mejorar su condición en el Gobierno, la propuesta de establecer un ministerio independiente se sigue debatiendo y, entre tanto, INAMUJER está estudiando todas las vías posibles para conseguir más influencia en los gobiernos central y regionales. Pese a la condición del Instituto como órgano autónomo adscrito al Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, ha elaborado estrategias para tener alcance nacional y trabajar de la manera más eficaz posible con los diversos órganos de gobierno. No obstante, INAMUJER está convencida de que tiene que intensificar su interacción con el resto del Gabinete ejecutivo.
32.La Sra. de Saab (República Bolivariana de Venezuela), en respuesta a una pregunta sobre el papel del Fiscal General, dice que en agosto de 2005, como resultado directo de la labor de INAMUJER, se envió un comunicado a todos los venezolanos en el que se les informaba de que en todos los estados se establecerá, al menos, una fiscalía encargada de tramitar los casos de violencia en el hogar. Por primera vez, los estados contarán con un fiscal especial para tramitar los casos de violencia en el hogar.
33.En un intento por poner fin a la explotación por individuos sin escrúpulos de mujeres y niñas de comunidades indígenas en su propio estado de Anzoátegui, el Gobierno estatal y la comunidad Warao han firmado un acuerdo por el que se proporcionan a la comunidad Warao bienes tales como barcos y artes de pesca y se les presta asistencia para vender sus productos a través de conductos oficiales, lo que les da independencia económica y les permite regresar a su lugar de origen y ganarse el sustento de una manera más acorde con su modo de vida tradicional.
34.En lo que respecta a la trata, Anzoátegui, al igual que otras mecas del turismo, tiene una serie de zonas remotas a las que, con frecuencia, no llegan las campañas especiales del Gobierno conocidas como “misiones”. Tras la firma del acuerdo entre Venezuela y Cuba, en sólo un año (2004-2005), más de 95.000 niños y adolescentes, en particular niñas, se han inscrito como parte de la campaña “Misión identidad”. Éste es un importante paso adelante, ya que muchas madres carecen de los recursos necesarios para llevar a sus hijos a la capital del estado. Como resultado de esta misión y del registro, no les será fácil a los grupos sin escrúpulos llevar a las niñas a las zonas turísticas. En reconocimiento del éxito de la misión, se ha establecido en el estado de Anzoátegui un centro permanente de registro de niños y adolescentes especialmente vulnerables a la trata.
35. Por último, el estado de Anzoátegui también ha establecido por decreto oficial el instituto estatal de la mujer y ha abierto un albergue en el que pueden permanecer las mujeres con sus hijos por un período máximo de tres meses y recibir asistencia jurídica, psicológica y de salud. También se mantiene un registro de todas las víctimas de la violencia en el hogar que han recibido asistencia en la región. En este aspecto, el apoyo prestado por INAMUJER con directrices, cursillos regionales y lugares de reunión ha sido inestimable.
36.La Sra. del Mar Álvarez (República Bolivariana de Venezuela), en respuesta a la pregunta sobre medidas adoptadas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, dice que la política del Gobierno es de respeto absoluto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluidos los miembros de la oposición. La presentación de una queja por una entidad pública o privada da lugar a la incoación de los procedimientos judiciales legalmente establecidos. Esta norma está en marcado contraste con las de gobiernos anteriores, que han hecho a los venezolanos víctimas de persecución y desapariciones forzosas. No hay constancia de violaciones de derechos humanos en Venezuela; se cumplen las disposiciones constitucionales por las que se prohíben dichos delitos, incluidos la desaparición forzosa y los registros no autorizados.
37. Con respecto a las comunicaciones entre las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno, dice que el Gobierno, en particular INAMUJER, siempre está dispuesto a escuchar lo que tiene que decirle una ONG que se pone en contacto con él. En el informe se hace mención de las ONG que han trabajado en cuestiones de violencia. INAMUJER lleva un registro de ONG para saber quiénes son y cómo puede apoyar su labor. El único requisito para la inscripción es un documento legal que acredite que la entidad interesada es una ONG que trabaja en cuestiones de violencia contra la mujer o violencia en el hogar. No existe requisito alguno que impida a una ONG inscribirse en el registro.
38. En lo referente a las preguntas sobre violencia en el hogar, toma nota de que 13 estados tienen Defensorías de los Derechos de la Mujer, que se ocupan de las mujeres víctimas de la violencia en el hogar. El número de denuncias de dichos delitos ha aumentado debido a que la mujer es cada vez más consciente de que la violencia en el hogar es un delito, lo que hace que esté más dispuesta a presentar denuncias. Las estadísticas del número de casos denunciados se han incluido en el informe, aunque las cifras reales pueden ser más altas, ya que muchas mujeres todavía tratan de ocultar el hecho de que son víctimas. Todas las denuncias recibidas por los órganos sectoriales se cursan a la Defensoría de los Derechos de la Mujer. Cuando el subcomité de estadísticas de género del Instituto de Estadística concluya sus trabajos, se dispondrá de un panorama general más claro de la situación.
39. En cuanto a la solicitud de la Fiscalía General al Tribunal Supremo en relación con las medidas cautelares contra los responsables de la violencia en el hogar, INAMUJER ha mantenido conversaciones con las ONG que se han manifestado ante el Tribunal Supremo para expresar su protesta y los magistrados del Tribunal constitucional, pero, hasta la fecha, no se ha llegado a ninguna decisión y no se ha salido del punto muerto. La Comisión encargada de examinar la ley espera que su propuesta esté lista para su examen por las ONG en marzo de 2006.
40.La Sra. Castañeda (República Bolivariana de Venezuela) dice que el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela también ha entablado un interesante y amplio debate sobre el significado de los términos “igualdad” y “equidad” para el adelanto de la mujer. Señala que es posible hablar de igualdad en la diversidad: aunque una mujer profesional en Caracas y una mujer indígena de la región amazónica son iguales y, sin duda, tienen intereses comunes, sus vidas son muy distintas en muchos aspectos. De momento, no es posible resolver la cuestión, pero el debate continuará.
41.La Sra. Osorio (República Bolivariana de Venezuela) dice que han aumentado las denuncias de malos tratos en el hogar y de enfermedades de transmisión sexual, en gran parte debido a que la mujer está más consciente de la disponibilidad de asistencia. Aproximadamente la mitad de los estados facilitan estadísticas de salud al Instituto Nacional de Estadística.
42.El Gobierno ha decidido instituir una política de acción afirmativa en beneficio de grupos indígenas, que prevé la restauración de sus derechos, y ha establecido programas especiales de atención de salud, programas educativos, hospitales y servicios bilingües para atender a sus necesidades. Como resultado de las campañas de inmunización en masa, en particular contra la fiebre amarilla, está disminuyendo la tasa de mortalidad de las enfermedades infecciosas entre la población indígena.
43.También le llena de orgullo anunciar que la UNESCO ha declarado a Venezuela “Territorio sin analfabetos”, en su trigesimotercera Conferencia General, en octubre de 2005.
44.La Sra. Arratia (República Bolivariana de Venezuela) dice que la firma del Protocolo Facultativo a la Convención se ha anunciado en la prensa nacional y en boletines publicados por INAMUJER. Este organismo continuará dando amplia difusión al Protocolo Facultativo para asegurar que todas las mujeres estén debidamente informadas del mecanismo de quejas. Todos los venezolanos gozan de libertad de expresión y no se dan malos tratos a quienes expresan opiniones disidentes. El informe al Comité ha sido redactado con la ayuda de datos aportados por organizaciones no gubernamentales, organismos gubernamentales y órganos independientes.
45.El Ministerio de Educación y Deportes está revisando el programa de estudios y los libros de texto escolares para conciliarlos con las disposiciones antidiscriminación de la Constitución. Acaba de establecer una comisión a la que se ha encomendado la eliminación de estereotipos del material didáctico, en particular los referentes a las mujeres indígenas y las de ascendencia africana. La ley de los Pueblos Indígenas incluye el derecho a la educación en los idiomas indígenas. También existe un programa nacional educativo para cambiar la imagen de los venezolanos de ascendencia africana entre la población general. Del total de 1.400.000 personas que reciben clases para aprender a leer y escribir, 67.000 son indígenas y un elevado número, de ascendencia africana.
46.La Comisión Presidencial sobre la Discriminación Racial, que dirige el Ministro de Educación y Deportes con la participación de ONG y otros organismos del Gobierno, se ha establecido para acabar con la cultura discriminatoria que existe en la sociedad venezolana. Ella misma ha experimentado el cambio de mentalidad directamente cuando, como mujer de ascendencia africana, dirigió la delegación que firmó el Protocolo Facultativo a la Convención en 2005, algo que no hubiera sido posible en tiempos de la generación anterior.
47.Con arreglo a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, recientemente aprobada, hasta la fecha se han incoado dos procedimientos judiciales por infracciones.
48.La Sra. Jaimes (República Bolivariana de Venezuela) dice que con arreglo a la nueva Constitución, el Parlamento bicameral ha pasado a ser la Asamblea Nacional Unicameral. Dentro de la nueva estructura, la Comisión Parlamentaria sobre Derechos de la Mujer ha sido reemplazada en la Asamblea Nacional por la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud, que está integrada por tres subcomités sobre cada una de las esferas de interés. De este modo, en la Asamblea Nacional hay un comité que se ocupa concretamente de cuestiones de género. La proporción actual de mujeres en dicho órgano, 25 por ciento, no tiene precedentes, aunque no llega al objetivo final de 50 por ciento. La Constitución defiende el lenguaje no sexista y ya se ha empezado a trabajar para eliminar el lenguaje sexista de algunas leyes. No obstante, la mujer sigue estando subrepresentada en la judicatura y la abogacía.
49.La Sra. León (República Bolivariana de Venezuela) dice que las sanciones impuestas a los infractores de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión son dedicar espacio en las ondas a transmitir mensajes positivos sobre la mujer y las minorías o presentar programas educativos para niños. Las mujeres han hecho grandes adelantos para lograr el acceso a los medios de información, tener su propia voz y enviar mensajes sobre quiénes son en toda su diversidad, por todo el país.
50.La Sra. Morvai señala que, con el relieve que se ha dado a la dignidad humana bajo la revolución, se necesita un compromiso más firme para dar al traste con todas las formas de explotación de los seres humanos, incluida la prostitución, que relega a la mujer al papel de objeto para ser usado para satisfacer las necesidades de otros.
51.La Sra. Saiga pregunta si se ha aplicado el artículo 88 de la Constitución y si todavía está en vigor, sin modificaciones, el Código Civil de 1982. Con respecto al Código Penal de 1937, pone de relieve el hecho de que INAMUJER opina que debería ser reemplazado, no sólo enmendado, y pregunta cuál es la posición de la delegación al respecto.
52.La Sra. Patten solicita información sobre medidas adoptadas para mejorar el acceso de la mujer a los tribunales, por ejemplo, en el caso de las mujeres de ascendencia africana, y poner la asistencia jurídica a disposición de todas las mujeres.
53.La Presidenta, en calidad de miembro del Comité, felicita a la delegación por la campaña nacional de alfabetización, pero pregunta si se ha trazado algún plan para impedir que las nuevas personas alfabetizadas pierdan sus aptitudes recientemente adquiridas.
54.La Sra. León (República Bolivariana de Venezuela) responde que el Presidente comparte la preocupación por la capacidad de leer y escribir de la población y, por consiguiente, la campaña inicial de alfabetización ha dado paso inmediatamente a una segunda campaña para elevar a un grado más alto la alfabetización. Muchos estudiantes ya han superado el nuevo grado de estudios.
55.La Sra. Castañeda (República Bolivariana de Venezuela), en respuesta a preguntas sobre la prostitución y la fuerza laboral, explica que la estrategia de su Gobierno, de conformidad con los objetivos de desarrollo del Milenio, es reducir la pobreza extrema a 12,5 por ciento para el año 2015 y eliminarla para el 2021. En consecuencia, más personas estarán empleadas en la economía estructurada y menos en la no estructurada. A tal fin se debe facilitar infraestructura y financiación, y la reforma agraria debe procurar alentar a la población a trasladarse de las zonas urbanas costeras, donde existen bolsas de gran pobreza, y asentarse en las zonas de los llanos norteños.
56. Este empeño está íntimamente relacionado con la solución del problema de la prostitución y la trata de seres humanos, porque ayudará a la mujer a escapar de la pobreza, tener trabajos dignos y ser parte central de la economía. Un ejemplo de lo que ya se ha hecho en este sentido es el Banco de Desarrollo de la Mujer.
57.La Sra. Mar Álvarez (República Bolivariana de Venezuela) señala que, en virtud de la reforma del Código Civil de 1982, se estableció la igualdad de derechos y deberes del hombre y la mujer y se eliminó el papel subordinado de la mujer en el matrimonio. Esas disposiciones se han ampliado en la Constitución Bolivariana, por ejemplo, con respecto a las responsabilidades paternas del padre y la madre.
58.Está de acuerdo en que el Código Penal es anticuado, pero nuevas disposiciones, redactadas desde una perspectiva de género y presentadas por INAMUJER, se están debatiendo y, tras la consulta pública, se utilizarán en la elaboración de un proyecto combinado de código penal y código de género.
59. Las Defensorías del Pueblo han facilitado el acceso a los tribunales a las mujeres pobres, por ejemplo, mediante la preparación, a título gratuito, de los necesarios y, a veces, muy costosos documentos legales. Esta documentación se presenta a los tribunales por la Defensora Especial de la Mujer.
60.La Sra. Jaimes (República Bolivariana de Venezuela) recuerda que, con arreglo a la Constitución, el acceso al sistema judicial es gratuito, y el gran aumento del número de Defensores del Pueblo asegura la representación jurídica gratuita a toda la población. Además, más de la cuarta parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son mujeres, como también lo son más de la mitad de los jueces del país. La selección de jueces se hace actualmente por oposición, para la que existe un programa intensivo de preparación. La mitad de los jueces en servicio activo han sido seleccionados mediante dicho procedimiento y se espera que la cifra pronto alcance el 100 por ciento, con miras a asegurar la independencia del poder judicial.
61.La Sra. Castañeda (República Bolivariana de Venezuela), con respecto al artículo 88 de la Constitución y el derecho de la mujer a la seguridad social, explica que se está tratando de que esas disposiciones se conviertan en realidad a través del sistema de pensiones. Esta cuestión se está debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional.
Se levanta la sesión a las 1.05 horas.