Comité de Derechos Humanos

Informe sobre el seguimiento de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos *

Adición

Evaluación de la información sobre el seguimiento de las observaciones finales sobre Nigeria

Observaciones finales (126º período de sesiones):	CCPR/C/NGA/CO/2, 19 de julio de 2019
Párrafos objeto de seguimiento:	23, 29 y 31
Información recibida del Estado parte:	CCPR/C/NGA/FCO/2, 7 de marzo de 2022
Información recibida de las partes interesadas:	Pueblo Indígena de Biafra, 23 de julio de 2020; Jubilee Campaign y Stefanos Foundation, 17 de julio de 2023
Evaluación del Comité:	23 [B], 29 [C] y 31 [C]

Párrafo 23: mortalidad materna, derechos reproductivos e interrupción del embarazo

El Estado parte debe: a) redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso sin trabas a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso efectivo de las mujeres y las niñas a una atención sanitaria prenatal y posterior al aborto que sea de calidad, en todas las circunstancias y con carácter confidencial; b) revisar su legislación con miras a garantizar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o la niña embarazada estén en peligro y cuando llevar a término el embarazo pueda causarle dolor o sufrimiento graves, y en particular cuando el embarazo resulte de una violación o un incesto o no sea viable; c) velar por que no se apliquen sanciones penales a las mujeres y las niñas que aborten ni a los profesionales que les presten asistencia médica; y d) garantizar el acceso de las mujeres, los hombres y los adolescentes de todo el país a información y educación de calidad y basada en datos empíricos sobre la salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos apropiados y asequibles.

Resumen de la información recibida del Estado parte

Desde 2019, el Estado parte ha impartido formación a trabajadores de la salud en el estado de Borno; ha creado comités para la vigilancia de la mortalidad materna y perinatal y para ofrecer la respuesta correspondiente en todos los estados del noreste; ha establecido el Departamento de Salud Familiar y la Plataforma de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil, de Adolescentes y Ancianos, más Nutrición, en todos los estados del noreste para una mejor coordinación y ejecución de las actividades de reducción de la mortalidad materna, perinatal y de niños menores de 5 años; ha aprobado un proyecto de ley en 2021 que prevé la vigilancia, revisión y prevención eficaces de las muertes maternas y perinatales; y ha puesto en marcha la plataforma electrónica nacional de vigilancia y respuesta a las muertes maternas y perinatales para recopilar datos de los centros de las zonas rurales pobres con el fin de mejorar la planificación y la adopción de decisiones.

El Gobierno está adoptando medidas para transformar los servicios de aborto en condiciones de riesgo y prestar asistencia posterior a los abortos a las nigerianas en edad de procrear en los 36 estados y en el Territorio de la Capital Federal, y se está centrando en la elaboración de directrices sobre el aborto terapéutico legal, la creación de capacidad en relación con la atención segura del aborto y el diálogo comunitario sobre el aborto en condiciones de riesgo. Se revitalizarán los establecimientos y servicios de salud, y la creación del plan nacional de seguro médico mejorará la cobertura universal de salud y eliminará los gastos directos en atención de salud.

También se están tomando medidas para mejorar el Programa Nacional de Planificación Familiar y apoyar la ampliación de la prestación de servicios de planificación familiar de calidad, incluida la aprobación de una política para que la información, los servicios y los productos básicos de planificación familiar sean gratuitos en los establecimientos de salud públicos. Se han elaborado directrices básicas y manuales de formación para facilitar la ejecución del programa, y el Gobierno federal se ha comprometido a proporcionar fondos para la adquisición de productos básicos de planificación familiar. La gama de métodos de planificación familiar disponibles en el país está en continua expansión, con nuevos productos de planificación familiar que proporcionan mayor autonomía y mayores posibilidades de elección a todos los clientes. Los proveedores de servicios de planificación familiar reciben formación continua sobre asesoramiento y prestación de servicios relacionados con todos los métodos.

El Segundo Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la Salud 2018-2022 se sustenta en la nueva Política Nacional de Salud (2016) y adopta un enfoque más integral, inclusivo y holístico de la salud. El Ministerio Federal de Salud colabora con el Ministerio Federal de Trabajo y Empleo para acelerar la aplicación de la ampliación de la licencia de maternidad remunerada de 16 a 18 semanas y continuar llevando a cabo actividades de promoción para ampliarla a 24 semanas.

El 12 de octubre de 2020, como parte de los esfuerzos del Gobierno para reducir la mortalidad materna, el Ministro de Salud puso en marcha la Plataforma de Coordinación de la Alianza de Múltiples Partes Interesadas en la Salud Reproductiva, Materna, de los Recién Nacidos, de los Niños, de los Adolescentes y de las Personas de Edad, y en la Nutrición, que trata de mejorar el bienestar de las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores. Dada la elevada cobertura de telefonía móvil en el país, el Gobierno planea utilizar la tecnología de salud móvil para reducir las desigualdades en mortalidad materna, derechos reproductivos e interrupción del embarazo. Se promulgará legislación para ayudar a las autoridades de salud pública nigerianas a adoptar rápidamente la salud móvil para superar las distancias y las carencias de conocimientos y mejorar los servicios de salud materna, como la adhesión al tratamiento antirretrovírico, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la atención perinatal y postnatal.

Resumen de la información recibida de las partes interesadas

Jubilee Campaign y Stefanos Foundation

La cobertura de telefonía móvil es inestable, sobre todo en las zonas rurales, y puede verse afectada por las condiciones meteorológicas y de otra índole. Es necesario encontrar otros medios de hacer llegar la información a las zonas rurales hasta que se disponga de una cobertura telefónica completa y fiable. Debe darse prioridad a la creación de centros médicos plenamente operativos y bien equipados en las zonas rurales, ya que la mayoría de ellas carecen de ese tipo de servicios.

Evaluación del Comité

[B]

El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para reducir la mortalidad materna, perinatal y de niños menores de 5 años y para ampliar la prestación de servicios de planificación familiar de calidad en todo el Estado parte. No obstante, lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas para: a) revisar la legislación nacional con miras a garantizar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o la niña embarazada estén en peligro y cuando llevar el embarazo a término pudiera causarle un dolor o sufrimiento graves, y en particular cuando el embarazo resulte de una violación o un incesto o no sea viable; y b) velar por que no se apliquen sanciones penales a las mujeres y las niñas que aborten ni a los profesionales que les presten asistencia médica. El Comité solicita más información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas para reducir la mortalidad materna, perinatal y de niños menores de 5 años, así como información sobre las medidas adoptadas para revisar su legislación sobre el acceso al aborto, y que se garantice que no se aplicarán sanciones penales a las mujeres y las niñas que aborten ni a los profesionales de la salud que las asistan.

Párrafo 29: violencia entre comunidades y entre grupos étnicos

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para: a) garantizar la seguridad en la región, en particular mediante la creación de refugios seguros, especialmente para las mujeres y los niños; y b) velar por que se investiguen todos los ataques y actos de violencia interétnica y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes gubernamentales, se enjuicie a los responsables y se otorgue a las víctimas una reparación integral.

Resumen de la información recibida del Estado parte

En 2019 entró en funcionamiento la Dependencia de la Guardia Agrícola del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria como parte del programa de guardas agrícolas del Gobierno federal concebido para brindar protección a los agricultores. El Cuerpo de Defensa ha desplegado 3.000 guardas agrícolas para prevenir los ataques a explotaciones y los conflictos entre agricultores y pastores, en particular en algunas zonas de los estados de Benue, Kaduna, Nasarawa, Níger, Plateau y Taraba, entre otros, y para aumentar la confianza de los agricultores para que trabajen en sus explotaciones sin temor a ser atacados. Entre las medidas dirigidas a velar por la seguridad y la protección en la región figuran la creación de capacidad para aumentar la protección de infraestructuras vitales para objetivos poco protegidos y la elaboración de una estrategia nacional de protección. En 2021 se elaboró un proyecto de política nacional de protección de civiles y de mitigación de daños a civiles, que el Ministerio del Interior difundió para recibir aportaciones.

Resumen de la información recibida de las partes interesadas

Pueblo Indígena de Biafra y Jubilee Campaign y Stefanos Foundation

Ambas comunicaciones indican que, a pesar de los esfuerzos del Estado parte, la violencia entre comunidades perdura desde julio de 2019. Jubilee Campaign y Stefanos Foundation informaron de que la violencia militante ha aumentado exponencialmente y de que nuevos actores, como la denominada Provincia de África Occidental del Estado Islámico y grupos de militantes islamistas fulanis, han asumido distintos roles en los episodios de violencia, como llevar a cabo ejecuciones y tratos inhumanos y degradantes de civiles, quemar viviendas y lugares de culto, secuestrar y esclavizar a mujeres y niñas y realizar conversiones forzadas. El Pueblo Indígena de Biafra indicó que también se han producido numerosos tiroteos y que existe un sinfín de pruebas de ataques perpetrados por pastores fulanis contra el pueblo igbo del sudeste de Nigeria, que se cometen con impunidad y tienen como objetivo el traslado forzoso de la población igbo, en el contexto de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil. El Pueblo Indígena de Biafra también señaló que a muchos almajiris y a otros pueblos de los estados del norte se les ha negado la entrada en varios estados nigerianos, como los de Abia y Enugu. Las autoridades nigerianas no han llevado a los responsables ante la justicia ni han velado por que se concedan reparaciones a las víctimas y sus familias.

Jubilee Campaign y Stefanos Foundation informaron de que, en enero de 2023, 5.014 cristianos fueron asesinados por islamistas y otros grupos militantes, y de que, entre octubre de 2019 y septiembre de 2021, asaltantes yihadistas, incluidos militantes fulanis, Boko Haram y la denominada Provincia de África Occidental del Estado Islámico, habían asesinado a más de 8.500 cristianos nigerianos y a 2.417 musulmanes. No obstante, los militantes islamistas no son los únicos autores de tan horrendas atrocidades.

Evaluación del Comité

[C]

Si bien toma nota de la información proporcionada sobre el despliegue y los esfuerzos de la Guardia Agrícola y sobre el proyecto de política nacional de protección de civiles y de mitigación de daños a civiles, preocupan al Comité los informes sobre el aumento considerable de la violencia entre comunidades perpetrada por pastores y grupos islamistas y la persistente impunidad de tales actos. Asimismo, lamenta la falta de información sobre las investigaciones relativas a casos de uso excesivo de la fuerza por parte de actores gubernamentales, sus resultados y cualquier reparación concedida a las víctimas. El Comité reitera su recomendación y solicita más información sobre el proyecto de política nacional y, si ya se ha aprobado, sobre su aplicación y sobre las repercusiones que pueda haber tenido a la hora de reducir la violencia y garantizar la seguridad en la región.

Párrafo 31: conflicto con Boko Haram y protección de civiles

El Estado parte debe llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces de las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto con Boko Haram, por agentes tanto no estatales como estatales, a fin de identificar, enjuiciar y sancionar a los responsables, y garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos y a una reparación integral. Debe tomar medidas para aumentar la transparencia de las investigaciones, entre otros medios publicando sus resultados. El Estado parte debe adoptar medidas para garantizar la seguridad de la población afectada por el conflicto y prevenir las violaciones de sus derechos humanos por cualquiera de las partes.

Resumen de la información recibida del Estado parte

Además de la Constitución, la Ley de Prevención del Terrorismo (en su forma modificada) (2013), el Plan de Acción Nacional para Prevenir y Contrarrestar el Extremismo Violento (2017) y la Estrategia de Seguridad Nacional (2019) son marcos institucionales pertinentes para las operaciones de contrainsurgencia en el nordeste y en toda Nigeria. El Jefe del Estado Mayor del Ejército emitió una directriz normativa dirigida a los comandantes destinada a prevenir las infracciones y mejorar el cumplimiento de las leyes nacionales con el fin de orientar las operaciones del personal del ejército.

El Pacto de Servicios con Todos los Nigerianos, un contrato social entre el Gobierno y el pueblo, se consolidó en los ministerios y organismos pertinentes con el nombramiento de funcionarios encargados de atender las denuncias del público, y vela por que las víctimas obtengan reparación por los agravios sufridos. Los funcionarios de los departamentos jurídicos reciben formación para llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre violaciones de los derechos humanos.

Con el objetivo de frenar la ola de radicalización en el país, reducir las actividades violentas, cambiar el comportamiento de los extremistas violentos y promover los valores nacionales fundamentales, en el marco del Programa de Erradicación del Extremismo Violento se llevaron a cabo diversos proyectos y actividades centrados en la educación y la sensibilización, el diálogo con las comunidades y la reinserción de extremistas reformados. Además, se han introducido planes de estudios sobre derechos humanos en los centros de formación de las distintas fuerzas armadas, la policía nigeriana y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, y el Gobierno ha organizado actividades de educación y formación en derechos humanos para policías y militares a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Política Nacional de Desplazados Internos (2012) da prioridad a la protección de las mujeres desplazadas y establece un marco para solicitar restitución y exigir responsabilidades a los agresores estatales y no estatales por violaciones de los derechos humanos. El reasentamiento y la rehabilitación de los desplazados internos están actualmente en curso en las zonas afectadas del nordeste de Nigeria.

Las operaciones de contrainsurgencia en el nordeste de Nigeria tienen tres objetivos simultáneos difíciles de alcanzar: la protección de las fuerzas de contrainsurgencia, la observancia de los derechos humanos bajo el concepto de distinción y la aniquilación de los insurgentes. Parece existir una tensión irreconciliable entre la salvaguardia de las fuerzas de contrainsurgencia y la eliminación de los insurgentes, sin dejar de respetar al mismo tiempo los derechos humanos individuales. El conflicto es irreconciliable porque la persecución simultánea de estos tres objetivos suele implicar concesiones. Los objetivos de seguridad nacional consistentes en proteger a las fuerzas de contrainsurgencia y eliminar a los insurgentes se anteponen a la promoción del objetivo más sostenible y encaminado hacia la paz, a saber, respetar y proteger los derechos humanos de los civiles atrapados en el centro de la insurgencia, como demuestran los resultados en materia de derechos humanos de las operaciones de contrainsurgencia en el nordeste.

Resumen de la información recibida de las partes interesadas

Jubilee Campaign y Stefanos Foundation

Las iniciativas del Estado parte no han resultado eficaces sobre el terreno. Aumentan los secuestros perpetrados por bandas de delincuentes. Hay informes preocupantes de bandas de delincuentes que se apoderan de comunidades rurales en Katsina, Kogi, Zamfara y otros estados del norte y obligan a sus habitantes a pagarles un impuesto para poder recolectar sus propios cultivos sin amenazas de violencia. Las bandas de delincuentes siguen atacando comunidades y pueblos enteros y apoderándose de todo ello sin que se los arreste, y permanecen impunemente en esas comunidades y pueblos.

En Nigeria hay al menos 3 millones de desplazados internos. La mayoría de esas personas están desplazadas en partes del nordeste de Nigeria y en la región del Cinturón Medio, y también se informa del aumento de los desplazados internos en el noroeste. Los desplazados internos de la región del Cinturón Medio informan de que casi toda la ayuda y el refugio que se les proporcionan proceden de agentes de la sociedad civil.

Evaluación del Comité

[C]

Aunque acoge con satisfacción la información relativa a las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la población afectada por el conflicto, en particular a través del Programa de Erradicación del Extremismo Violento, preocupan al Comité los informes según los cuales se han observado pocos efectos sobre el terreno y las denuncias de que está aumentando la violencia, incluidos los secuestros por bandas de delincuentes. El Comité solicita más información sobre las repercusiones de las actividades realizadas en el marco del Programa de Erradicación del Extremismo Violento. El Comité lamenta que no se le haya facilitado información sobre las investigaciones de las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto con Boko Haram, por agentes tanto no estatales como estatales, y reitera sus recomendaciones.

Medida recomendada: Envío de una carta al Estado parte para informarlo de la suspensión del procedimiento de seguimiento. La información solicitada debe incluirse en el próximo informe periódico del Estado parte.

Fecha de presentación del próximo informe periódico: 2028 (el examen del país se realizará en 2029, con arreglo al ciclo de examen previsible).