Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Quinto informe periódicoque el Ecuador debía presentar en 2024 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto ** , ***

[Fecha de recepción: 30 de octubre de 2024]

I.Introducción

1.La República del Ecuador presenta ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Comité) su Quinto Informe Periódico, en virtud de la obligación derivada del artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante Pacto o PIDESC). El presente informe fue elaborado por el MMDH en coordinación con el MREMH, con apoyo de la ACNUDH y la participación de 30 instituciones pertenecientes a las 5 funciones del Estado.

II.Información relativa a los artículos del Pacto

2.La CRE prevé la aplicación directa e inmediata de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que han sido ratificados por parte del Estado. En el mismo sentido se han establecido garantías constitucionales de tres tipos: Normativas, de Política pública y Jurisdiccionales.

3.El artículo 428 ibidem, permite a la CCE resolver consultas sobre la constitucionalidad de normas que puedan contradecir la CRE o los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los jueces pueden suspender un proceso y remitirlo a la Corte para garantizar que las normas nacionales se apliquen de forma coherente con las internacionales. Este proceso está regulado por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Artículo 1

4.El Estado ecuatoriano reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la CRE, y a los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre los derechos que faculta está mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

5.La CRE expresa como uno de los principios de participación de la organización colectiva, el reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

6.Asimismo, reconoce la justicia indígena estableciendo que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

Artículo 3

7.Las principales prioridades para cambiar estereotipos y eliminar la discriminación directa e indirecta basada en el género en el Ecuador han sido las siguientes:

Promulgar normativas que eliminen las barreras que impiden a las mujeres acceder a una vida digna, en condiciones de igualdad y libre de violencia

8.CRE establece los principios de igualdad y no discriminación, prohibiendo cualquier forma de discriminación por motivos de sexo, identidad de género, orientación sexual, entre otros. Los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa aplicación. El COIP tipifica la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar el femicidio, y la trata de personas. La LOC incluye artículos relativos a la no discriminación por género y la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. El Código Civil establece la nulidad del matrimonio celebrado por personas menores de 18 años para evitar el matrimonio infantil. La LOIPEVCM aprueba acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres. La Ley Orgánica Reformatoria del COIP para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha Contra los Delitos Informáticos reforma varios artículos para abordar la violencia sexual digital. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) incluye el principio de paridad de género y alternabilidad en listas electorales. Las reformas en 2020 establecen una política de cuotas progresiva para mujeres que encabecen listas pluripersonales. La LOEI y Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior incorporan principios de igualdad y no discriminación, y la erradicación y sanción de violencia contra mujeres en el ámbito educativo. La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar reconoce derechos laborales para trabajadoras no remuneradas del hogar y trabajadoras remuneradas, incluyendo afiliación a la seguridad social. La LOSEP reformada establece permisos para tareas de cuidado. La Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano regula el derecho al cuidado de familiares y establece la obligación del empleador de garantizar y respetar estos derechos. La Ley Orgánica de las Tierras Rurales y Territorios Ancestrales prioriza la redistribución de tierras para mujeres y madres jefas de hogar que han asumido la manutención. La Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta y su Reglamento busca reducir barreras institucionales y fomenta la participación de las mujeres en roles de poder y decisión, especialmente para aquellas en situaciones de vulnerabilidad.

Fortalecer el sistema judicial en casos de violencia de género para garantizar la justicia y evitar la impunidad

9.En el marco del “Acuerdo Nacional 2030” se establece la Comisión Mixta integrada por el MIES, el MMDH, el CJ, la FGE, la DP, y la CNJ, como un mecanismo para coordinar acciones entre entidades judiciales y ejecutivas con el objetivo de superar barreras en el acceso a la justicia para víctimas de violencia, especialmente mujeres, niñas y adolescentes. En febrero de 2020, la Comisión activó mesas provinciales para atender casos de violencia sexual contra NNA en las 24 provincias del país. Estas mesas identifican problemas críticos y proponen soluciones inmediatas, así como estrategias de políticas públicas para atender los casos a nivel local. En 2021, la Comisión trabajó en identificar los principales obstáculos y soluciones para la judicialización, investigación especializada, y reparación integral de víctimas de delitos de violencia sexual y femicidio. También se discutieron reformas legislativas, como la ampliación del alcance del bono para hijos de víctimas de femicidio y la implementación de un modelo de atención interinstitucional para víctimas de violencia.

10.En la misma línea, el CJ promueve la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones judiciales y ha impulsado reformas legales que buscan especializar el tratamiento de los delitos relacionados con la violencia de género, incluidos aquellos que afectan la integridad sexual y reproductiva. Esto se reflejó en la reforma al artículo 570 del COIP en diciembre de 2019, y fue ratificado con las modificaciones al artículo 232 del Código Orgánico de la Función Judicial en diciembre de 2020.

Crear y consolidar instituciones estatales que contribuyan a cerrar brechas y superar desigualdades mediante la implementación de planes, programas y proyectos

11.En el año 2020 se emitió el Protocolo de Prevención y Atención de casos de Discriminación, Acoso Laboral y/o cualquier forma de violencia contra la Mujer en los espacios de trabajo. En el período comprendido entre 2021 y 2023, se llevaron a cabo 828 inspecciones, de las cuales el 50 % se enfocó específicamente en verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las situaciones de discriminación o acoso.

12.En 2021, el MDT ejecutó el Programa de prevención de riesgos psicosociales que contempla el tema de Violencia Sexual Basada en Género. Entre 2021 y 2023 se ha llevado a cabo un total de 22 procesos formativos, con la participación de 16.476 personas y se han realizado 3.152 inspecciones.

13.Entre 2021 y 2023 se llevaron a cabo un total de 1.339 talleres de sensibilización sobre “Derechos de equidad en la inclusión laboral, perspectivas de igualdad de género y diversidad sexual, así como acoso laboral”. En cuanto a reparación a víctimas de violencia sexual en el ámbito laboral, el MDT dispone medidas administrativas para vincular laboralmente a las víctimas directas e indirectas en casos de violencia o femicidio. De marzo 2022 a agosto 2023, se ha gestionado la vinculación laboral de 247 personas mediante el servicio público de empleo. A partir de mayo de 2022, el MDT implementa el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT, referente a Acoso y Violencia en el mundo del trabajo.

14.En referencia a la prevención del acoso sexual en el ámbito educativo, el MINEDUC elaboró la estrategia de Recorrido Participativo para prevención de violencia sexual y de género cuya metodología permite desarrollar capacidades en los estudiantes para establecer diálogos sobre sexualidad y brinda información para la prevención de la violencia basada en género y violencia sexual. Como resultado ha capacitado a 11.685 estudiantes en 2021; 64.488 en 2022 y 9.095 en 2023. En junio de 2023 se formuló el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales 2023-2030, con el objetivo de prevenir el acoso escolar, así como la violencia física, psicológica y sexual en el ámbito educativo. Se han sensibilizado a 2.003.750 estudiantes. Se han entregado 27.000 ejemplares y capacitado a 13.059 miembros de la comunidad educativa sobre los Protocolos y Rutas de Actuación frente a situaciones de violencia detectada o cometida dentro del sistema educativo.

15.Se creó el Protocolo para la prevención, detección y atención de la violencia de género en el ámbito deportivo en el 2022; el Modelo Preliminar de Evaluación Institucional con Fines de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas para la incorporación del enfoque de género 2023; la Guía para el abordaje de la Violencia Basada en género en la prevención, respuesta y recuperación, en contextos de emergencias y desastres 2023; y, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático.

Reforzar las instituciones estatales responsables de la protección y promoción de los derechos de las mujeres

16.El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) cuenta con 45 oficinas del Servicio de Protección Integral (SPI) que ofrecen atención en psicología, trabajo social y asistencia jurídica. En 2021, se brindaron 68.933 atenciones integrales a mujeres, niñas, niños y adolescentes, en 2022 fueron 65.968 atenciones, y hasta septiembre de 2023 se registraron alrededor de 50.930. Además, se crearon 8 Centros Violetas, espacios dedicados a la atención integral para promover el reconocimiento y restablecimiento de los derechos de estos grupos, con un enfoque en igualdad de género, derechos y empoderamiento de las mujeres.

17.El MMDH también dispone de cinco casas de acogida ubicadas en las provincias de Orellana, Azuay, El Oro, Guayas y Pichincha, que ofrecen refugio temporal a mujeres en su diversidad, víctimas de violencia que no cuentan con una red de apoyo segura. Estos espacios brindan atención integral, incluyendo asesoría legal, trabajo social, atención psicológica, seguridad y acompañamiento educativo.

18.De igual manera, el MMDH también cuenta con 22 centros de atención distribuidos en las coordinaciones zonales que brindan servicios integrales e interdisciplinarios (legal, psicológica y social) a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual. Tanto las casas de acogida como los centros de atención operan mediante acuerdos público-privados entre el MMDH y organizaciones que promueven los derechos humanos, proporcionando un enfoque de protección y recuperación.

Aumentar el presupuesto destinado a promover la igualdad de género

19.Los datos que el MEF registra, a través del Clasificador Orientador del Gasto en Políticas de Igualdad y Ambiente, muestran que en el año 2021 las instituciones del SNIPEVCM reportaron USD 0,02 millones. En el año 2022, el reporte fue de USD 745,47 millones, mientras que en el año 2023 (con corte agosto) se reportó USD 512,34 millones.

Implementar medidas legislativas de alcance general para garantizar los derechos de las mujeres

20.Ecuador ha avanzado significativamente en la protección del derecho a una vida libre de violencia, con la aprobación de varias normas clave. En 2021, se incorporó en la Ley Orgánica de Movilidad Humana la persecución por motivos de género como una causa adicional para el reconocimiento de la condición de refugiado/a, siendo uno de los pocos países que lo hace. Además, el “Instructivo para el Procedimiento de Determinación de la Condición de Personas Refugiadas y Apátridas en Ecuador” prioriza la atención a solicitantes por motivos de género y otorga a las víctimas de violencia de género la opción de elegir el sexo de la persona entrevistadora, para evitar la revictimización.

21.Para implementar esta normativa, Ecuador ha desarrollado un programa continuo de capacitación para los servidores públicos y, en coordinación con ACNUR, realiza actividades de sensibilización, formación de funcionarios y brigadas móviles para mejorar el acceso y los procesos de entrevistas. Desde la pandemia de COVID-19, se adoptó la presentación en línea de solicitudes de refugio como una política nacional, facilitando el acceso de personas a su derecho a protección internacional. Esta medida ha beneficiado a 17.885 mujeres y sigue vigente en la actualidad.

22.El MMDH tiene como misión promover los derechos de la población LGBTI+ y erradicar la violencia y discriminación por orientación sexual y diversidad sexo-genérica. Entre sus acciones más destacadas se encuentra la implementación del Plan de Acción de Diversidades LGBTI+ 2022-2025, la primera política pública en Ecuador para garantizar los derechos de esta población, que incluye 151 indicadores y 148 acciones obligatorias para 28 instituciones. Además, el MMDH ha desarrollado un Glosario de términos para comprender la diversidad sexual y de género, una Guía para facilitar talleres de sensibilización y una Ruta interinstitucional para enfrentar la violencia contra personas LGBTI+.

23.Asimismo, cuenta con un registro administrativo de variables sexo-género para las instituciones del Estado, y, en colaboración con diversas instituciones ha trabajado en la actualización de instrumentos interinstitucionales como el Manual de Buenas Prácticas en la Atención Integral en Salud a Personas de las Diversidades Sexo-Genéricas (2023); el Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencia Basada en Género y Orientación Sexual en el Ámbito Universitario (2024); y, el Protocolo de Atención a Personas LGBTI+ en Situación de Privación de Libertad (2024). También se han realizado jornadas de sensibilización en instituciones públicas y el desarrollo de un programa de formador de formadores para prevenir la violencia y discriminación hacia personas LGBTI+. En cuanto a la recolección de datos, se han llevado a cabo pilotajes de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ en varias ciudades, con la expectativa de implementar la encuesta en 2025. Además, el MMDH ha producido materiales educomunicacionales como el documental “Una Mirada a la Diversidad” y videos educativos para sensibilizar sobre la diversidad sexo-genérica.

24.De igual manera, el CNIG realiza un trabajo integral para transversalizar el enfoque de género tanto en la institucionalidad pública como en la transformación de patrones socioculturales. Entre sus principales acciones, destaca la formulación de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género (ANIG) 2021-2025, que aborda temas como empleo, cuidados, derechos sexuales y reproductivos, educación, participación política, vida libre de violencia, y cambio climático.

25.En 2023-2024, el CNIG apoyó la transversalización del enfoque de género en Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), priorizando a 6 GAD provinciales y 44 cantonales en 2023, y asistiendo a 31 GAD cantonales en 2024. Además, distribuyó 720 “Cajas de Herramientas” con directrices para políticas locales con enfoque de género. También se aprobó una Norma Técnica en 2024 para garantizar la igualdad de género en el sector público. El CNIG, junto con el CNE, está capacitando a organizaciones políticas para las elecciones de 2025 en temas de participación política y prevención de violencia política de género.

Artículos 6 y 7

26.La CRE establece el derecho de toda persona a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Así también, el país es signatario de 17 Convenios de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo y al formar parte de la Comunidad Andina mantiene vigente las disposiciones del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

27.El Ecuador reconoce al trabajo como un derecho y un deber social así como el respeto de la dignidad, remuneraciones y retribuciones justas y trabaja en políticas y programas que permitan garantizar empleo pleno. Conforme datos del INEC de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, en su informe del I trimestre 2024 el desempleo en área urbana ha disminuido de 7,4 % en el II trimestre 2021 al 5,6 % en el I trimestre 2024; y en el área rural del 1,9 al 1,3 en los mismos períodos.

28.En cuanto a la inclusión laboral, el Ecuador busca desarrollar estrategias que permitan generar vínculo entre la oferta y demanda de trabajo formal y el mejoramiento de los perfiles ocupacionales; así como, ejercer control de los servicios de empleo y colocación. Entre los años 2020 y 2024 se tiene como resultado a 217.165 personas colocadas y 277.971 personas capacitadas.

29.Por su parte las estrategias gratuitas “Fortalece Empleo” y “Emprende EC” brindan a la ciudadanía talleres presenciales y en la plataforma e-learning del MDT, con el propósito de otorgar herramientas que les permitan reinsertarse en el ámbito laboral; realizar un proceso de reconversión laboral; o, generar y fortalecer un emprendimiento. Estas estrategias han permitido desde el 2021 hasta junio de 2024 beneficiar a un total de 30.344 personas, de las cuales el 60 % son mujeres.

30.El salario equitativo en el Ecuador se define anualmente mediante diálogo tripartito con los representantes de los sectores trabajador y empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En caso de no existir consenso, el Ministro del Trabajo los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto.

31.El salario básico unificado se considera para el trabajador en general, los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas, trabajadores de maquila, trabajadores remunerados del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa. Ningún trabajador amparado en el Código de Trabajo podrá ganar menos que lo establecido por la entidad rectora.

32.Con la finalidad de garantizar la igualdad de remuneración y cualquier otra forma de retribución económica entre hombres y mujeres en el desempeño de un mismo trabajo o para trabajo de igual valor se emitió la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres (2024), que establece criterios fundamentales entre ellos: competencias y calificaciones, condiciones laborales, esfuerzo y responsabilidad entre otros, así mismo, la obligatoriedad de capacitar y sensibilizar a los trabajadores y/o funcionarios, la atención de denuncias de desigualdad salarial y certificación de buenas prácticas. Al momento, se encuentra en proceso el Reglamento de aplicación de la citada Ley.

33.Sobre la protección de la seguridad: se expidió en el año 2020 el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y/o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. En el año 2022, la Resolución Ministerial Nro.44 sobre listas de verificación de cumplimiento de obligaciones de Seguridad y salud en el trabajo, y en el año 2024 el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, Decreto Ejecutivo Nro. 255.

34.De igual forma, la ley y reglamento a la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta establece la figura del Acoso sexual laboral, y establece medidas específicas para la prevención del acoso sexual laboral y procedimientos específicos para la investigación de denuncias y sanción. Durante el período de enero 2020 a junio 2024, el MDT ha efectuado controles de cumplimiento con un promedio de 1.000 inspecciones en promedio por año, alrededor de 50 procesos de capacitación por año y dos guías de prevención de riesgos.

35.Sobre la protección ante despido: se reconoce en el artículo 188 del Código de Trabajo, conforme el cual el empleador será condenado a indemnizar según el tiempo de servicio del empleado. Adicionalmente, dentro de las Garantías para dirigentes sindicales, del artículo 187, se establece que el despido intempestivo de la trabajadora o el trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores será considerado ineficaz y no impedirá que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del período.

Artículo 8

36.La CRE garantiza el derecho de las personas trabajadoras y empleadores a organizarse sin autorización previa, lo que incluye la formación de sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización. El Estado tiene la responsabilidad de fomentar la creación de estas organizaciones y asegurar su funcionamiento democrático, participativo y transparente. El Código de Trabajo establece un marco legal claro para la formación de asociaciones, manejo de conflictos colectivos, protección de la libertad de asociación y otros aspectos relacionados.

37.Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) permite que los servidores públicos se organicen para defender sus derechos, mejorar los servicios públicos y ejercer el derecho a la huelga, con algunas excepciones, como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

38.La CRE también dispone que los conflictos colectivos de trabajo se resuelvan a través de tribunales de conciliación y arbitraje, y garantiza la contratación colectiva, con excepciones legales. El derecho a la huelga está reconocido tanto en la CRE como en el Código de Trabajo. Sin embargo, la CRE prohíbe la paralización de servicios públicos esenciales como salud, educación, justicia, entre otros, y establece límites para garantizar su funcionamiento.

39.El MDT cuenta con el Sistema Único de Trabajo (SUT),en el cual los sindicatos deben realizar su registro oficial. Este sistema facilita la inscripción de organizaciones sindicales, la actualización de datos y el seguimiento del estado de los sindicatos en Ecuador.

Artículo 9

40.El Ecuador reconoce a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todas las personas, un deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación. Adicionalmente, la CRE establece que el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse, el sistema se regirá por los principios de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad.

41.El IESS es la entidad autónoma regulada por la ley, que será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social; sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social.

42.El IESS cuenta con 101 establecimientos de salud y para los casos que ameriten se contrata prestadores externos. Además, el IESS atiende de manera preferencial a las personas de grupos prioritarios y vulnerables.

43.En cuanto a jubilación el IESS ha aumentado sus beneficiarios de 447.823 pensionistas en 2020 a 540.195 pensionistas en 2023, que comprende a las jubilaciones por vejez, por invalidez y por discapacidad.

Artículo 10

44.En los últimos años, Ecuador ha avanzado en la protección de la familia y los derechos relacionados, destacándose la sentencia de la CCE de junio de 2019 que reconoció el matrimonio igualitario, permitiendo el matrimonio legal entre personas del mismo sexo. Además, en el marco de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que incluye protección contra la violencia intrafamiliar, se crearon Juntas Cantonales de Protección de Mujeres, que ofrecen a las sobrevivientes de violencia medidas de protección de manera rápida y efectiva.

45.Otro avance significativo es la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, que garantiza el derecho al cuidado y la corresponsabilidad paterna en el cumplimiento de obligaciones familiares. Esta ley establece licencias remuneradas de maternidad y lactancia tanto para madres biológicas como adoptivas, y también otorga derechos de cuidado a los padres en situaciones específicas. La normativa asegura la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, y protege a las personas con responsabilidades de cuidado, promoviendo la igualdad de género y los derechos humanos.

46.En cuanto al trabajo infantil se expidió la Norma Técnica del Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil que establece el protocolo de intervención para la identificación, restitución de derechos, y seguimiento de los casos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. El enfoque de esta normativa es proporcionar acompañamiento técnico y psicosocial a los menores afectados, coordinando recursos intersectoriales para garantizar su protección integral.

47.Se emitió el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil-MIRTI, desarrollado con asistencia de la OIT y CEPAL. Ecuador es el primer país miembro de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil en desarrollar esta herramienta estadística.

48.Se está ejecutando el Plan Operativo Binacional Ecuador – Colombia para la erradicación del trabajo infantil peligroso en minería. Convenio para articular acciones y atender a personas en mendicidad, trabajo infantil, situación de calle y movilidad humana entre el MIES y ECU 911. Campaña “Derechos con Dignidad”, liderada por el MIES a escala nacional y Programa de Erradicación del Trabajo Infantil del MIES.

49.Finalmente,el MINEDUC cuenta con el Protocolo de Actuación en el Sistema Nacional de Educación. Este protocolo incluye medidas pedagógicas y administrativas para proteger a los menores, garantizando su permanencia en el sistema educativo y previniendo su reincorporación a actividades laborales. Se hace especial énfasis en la identificación temprana de casos y la atención integral de los estudiantes y sus familias.

50.En cuanto a las personas adultas mayores, la CRE establece que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. De igual manera, la CRE garantiza la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas, el trabajo remunerado, en función de sus capacidades, la jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, acceso a una vivienda, y otros.

51.Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo es promover, regular y garantizar los derechos de las personas mayores, bajo principios de atención prioritaria y especializada, según la CRE y leyes internacionales. Esta ley incorpora enfoques de género, movilidad humana, y aspectos interculturales. Además, el COIP tipifica como delito el maltrato a personas mayores, estableciendo penas de uno a tres años de prisión por abuso físico, psicológico o sexual, y castiga el abandono de personas vulnerables.

52.El MIES brinda atención especializada a través de 14 centros de gerontológicos (residenciales, atención diurna y espacios alternativos de recreación) de atención directa; además de 428 convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en todo el país para atender a personas adultas mayores a través de diversas modalidades de atención.

53.Respecto a la trata de seres humanos, el Ecuador destaca la Promulgación de la Ley Orgánica Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y su Reglamento de aplicación. PACTA 2019 – 2030; PACTIM 2024 -2030; la elaboración de manuales (5), protocolos (2), instructivos (4), guías (2): manual de identificación y derivación de casos de explotación laboral y trabajo forzoso (2023); manual del proceso de seguimiento a las actividades interinstitucionales ejecutadas para combatir la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (2024); manual de primer abordaje para víctimas de trata de personas (2024); manual del proceso de seguimiento a las actividades interinstitucionales ejecutadas para combatir la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (2024); manual del proceso de registro para la identificación de víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (2024); protocolo de Actuación Interinstitucional de asistencia y protección para víctimas de trata de personas (2024); protocolo Binacional entre Ecuador y Colombia para la Protección y Asistencia a Víctimas y Sobrevivientes de Trata de Personas (2023); instructivo para el análisis de casos para el otorgamiento de visado humanitario para las víctimas de trata de personas (2023); instructivo de asistencia, protección y repatriación de víctimas ecuatorianas de trata de personas rescatadas en el exterior (2023); instructivo de asistencia, protección y repatriación de víctimas extranjeras de trata de personas rescatadas en Ecuador (2023); instructivo para el análisis e identificación de casos susceptibles del visado humanitario y/o renovación a personas extranjeras víctimas de trata de personas (2023); guía para la atención y protección de víctimas y posibles víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (2023); y, guía orientativa para la detección de casos de trata de personas (2024).

54.De igual manera, se resalta la participación en tres encuentros binacionales con Perú, Colombia y Chile (2023); la suscripción de 02 convenios internacionales con ‘Counter Human Trafficking Joint Task Force’ y “Operation Underground Railroad-Our”; desarrollo de campañas, ferias, talleres, jornadas de capacitación y sensibilización (4.130 participantes capacitados y sensibilizados entre funcionarios públicos, funcionarios de la sociedad civil y población en general) y, el fortalecimiento del REGISTRATT, así como el proceso de Certificación de Operación Estadística de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes lo cual facilitará tener estadísticas confiables para continuar con acciones específicas en la materia.

55.Además, se capacitó a 35 funcionarios de embajadas y consulados, 2.970 profesionales del sistema educativo, 60 agentes de la UNAT en primeros auxilios psicológicos y manejo de los sistemas REGISTRATT y SISEGETT. También se formó a 49 policías de la UNAT en técnicas de investigación documental.

56.En el marco de las acciones del Comité Interinstitucional de coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas, se ha logrado coordinar una ruta de actuación y cooperación contra el delito de Trata de personas y tráfico ilícito de Migrantes, creando espacios de coordinación para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y justicia frente al delito de trata de personas y análisis de buenas prácticas desarrolladas por la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); y, el Protocolo de Colaboración entre los Sistemas Judiciales de Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización del Delito de Trata.

57.La FGE ha desarrollado diversos documentos técnicos en materia de trata de personas y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para cometer delitos. Entre estos avances se encuentra la Política Criminal sobre Lineamientos del Fenómeno Delictual de la Trata de Personas, la cual guía a los fiscales y equipos misionales para realizar investigaciones proactivas y utilizar técnicas especiales de investigación que prioricen medios probatorios distintos al testimonio de la víctima, aplicando un enfoque de derechos humanos.

58.Además, se han elaborado la Guía Operativa para la Custodia y Procesamiento de Indicios en Casos de Trata de Personas y la Guía Operativa para Fiscales que brinda lineamientos mínimos para la investigación de este delito.

Artículo 11

59.El Plan Nacional de Desarrollo 2023-2025 establece como uno de sus objetivos mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social estableciendo como política el contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema a través de desarrollar las capacidades de empleabilidad y autoempleo, acceso a financiamiento; así como acompañamiento inclusión económica de actores de la economía popular y solidaria teniendo como meta reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 9,81 % en el año 2023 a 9,12 % al 2025, y reducir la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 30,84 % en el año 2023 al 30,11 % al 2025.

60.De igual manera, el Estado ecuatoriano implementará programas y servicios dirigidos a la población más vulnerable, abarcando desarrollo infantil integral, atención intergeneracional, atención a discapacidades y protección especial, así como la entrega de bonos y pensiones para quienes se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema. Para lograr estos objetivos se ha planificado un presupuesto superior a los 147 millones de dólares, destinado a atender las necesidades de estos grupos prioritarios a lo largo de todo su ciclo de vida.

61.Ecuador, a través de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, busca garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos y nutritivos. La ley promueve la producción campesina y artesanal, respetando la agrobiodiversidad y los métodos tradicionales. Además, establece políticas para asegurar la seguridad alimentaria, fomentando la producción agroecológica y familiar. También impulsa la participación ciudadana y la educación nutricional, con el objetivo de fortalecer la producción local y sostenible en el país.

62.Por otro lado, el Ecuador ha participado en la actualización del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Erradicación del Hambre 2030 regional, efectuado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Chile. La participación en este espacio es crucial, ya que permite a Ecuador contribuir activamente en la formulación de políticas alimentarias regionales, intercambiar experiencias con otros países y fortalecer su liderazgo en la promoción de seguridad alimentaria y nutricional, alineada a los desafíos globales y locales.

63.Además, se impulsa la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales. Como principales resultados se tiene que, 5.770 mujeres rurales están vinculadas a circuitos de comercialización; 5.608 mujeres disponen servicios de riego y drenaje nuevos y/o mejorados; 3.957 mujeres rurales se capacitan en comunidades de aprendizaje para tener los conocimientos y las técnicas que le garanticen una producción sostenible y sustentable. Además, 1.534 mujeres rurales se desempeñan como promotoras de sistemas de producción sustentable y sostenibles; 7.548 mujeres se han beneficiado con más de 19 millones de dólares en créditos flexibles.

64.El Censo 2022 en Ecuador revela un avance significativo en el acceso a servicios básicos, aunque el progreso ha sido gradual. A nivel nacional, el acceso a agua potable a través de la red pública alcanzó el 84.2 % en 2022, comparado con el 72 % registrado en 2010. El acceso a sistemas de alcantarillado aumentó del 53.6 % en 2010 al 65.8 % en 2022, y la recolección de basura subió del 77 % al 88.7 % en el mismo período.

65.En Ecuador, la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social establece un marco legal para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad. Los criterios de priorización incluyen núcleos familiares que cuidan a personas mayores, mujeres jefas de hogar embarazadas, personas con discapacidad, familias afectadas por enfermedades catastróficas y aquellas expuestas a violencia. Además, el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda 2021-2025 busca reducir el déficit habitacional mediante inversiones que promuevan hábitats seguros y saludables, alineados con la provisión de servicios básicos y el respeto a las necesidades culturales y ambientales.

66.Ecuador también cuenta con un sistema de subsidios para viviendas accesibles, con cuotas para la construcción de viviendas universales para personas con discapacidad. Desde 2022, el programa “Creamos Vivienda” ha fortalecido la oferta de vivienda social, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos vulnerables a través de ejes como vivienda VIS/VIP, titulación de propiedades, kits de mejora de viviendas y regeneración verde. En términos de inversión, el país ha invertido 152,41 millones de dólares en proyectos habitacionales entre 2022 y 2023, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, en 2024 se lanzó el programa de créditos hipotecarios “5/25/5”, facilitando el acceso a la vivienda para familias que no califican para créditos tradicionales. Un ejemplo de éxito es el proyecto “Sueño Guayaquileño”, que benefició a 668 familias con viviendas totalmente subsidiadas.

Artículo 12

67.El sistema de salud en Ecuador tiene como objetivo proteger, desarrollar y recuperar la capacidad de llevar una vida saludable, garantizando inclusión, equidad y respeto a la diversidad cultural y social. Se basa en principios de género, generacional, bioética e interculturalidad. El MSP regula y controla las actividades del sector salud, que se organiza en sectores público y privado.

68.En cuanto a la política nacional de salud se informa que el Ecuador cuenta con el Plan Decenal de Salud 2022-2031 que se basa en un análisis exhaustivo de datos y la participación de más de 700 actores clave. Sus objetivos incluyen reducir desigualdades en el acceso a la salud, promover el bienestar en todas las etapas de vida, prevenir enfermedades, garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y consolidar un sistema de salud eficiente.

69.En cuanto a accesibilidad, el Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Discapacidad, que garantiza el acceso de personas con discapacidad a espacios, servicios y bienes, eliminando barreras para su integración social. El MSP sigue normas específicas para asegurar la accesibilidad en el entorno construido y además ofrece el servicio de tamizajes de prevención de discapacidades los cuales son: tamizaje de neurodesarrollo visual, auditivo o de reflejo rojo pupilar, para prevenir discapacidades, habiéndose realizado 465.069 tamizajes entre enero y julio de 2024.

70.El MSP establece los procesos para brindar atención integral a personas ecuatorianas y extranjeras en los diferentes niveles de atención en salud, con un enfoque prioritario en grupos vulnerables y personas con discapacidad, garantizando calidad y calidez en los servicios. Además, el MSP emitió el Acuerdo Ministerial Nro. 00227-2023, que regula los procesos de calificación, recalificación y certificación de la discapacidad en el Ecuador.

71.En Ecuador, para regular y estandarizar el sistema de salud, se implementó el Tarifario Único de Prestaciones, un instrumento técnico que organiza el pago de servicios, prioriza las prestaciones de salud y regula los pagos al sector privado. Además, para garantizar el acceso a la salud, se creó el Reglamento de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano que establece y regula los procedimientos para la fijación, revisión y control de los precios de venta al consumidor final en el país.

72.La CRE del Ecuador establece que el Estado debe garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, promoviendo su producción nacional y el uso de genéricos según las necesidades de salud pública, priorizando estos intereses sobre los económicos. La Ley Orgánica de Salud encarga al MSP la formulación de políticas y programas para asegurar la disponibilidad de medicamentos de calidad, a bajo costo, con énfasis en los medicamentos genéricos.

73.De igual manera, el Ecuador cuenta con la Codificación de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano que establece que las entidades públicas responsables de salud deben adquirir exclusivamente medicamentos genéricos, según el CNMB.

74.Es importante manifestar que, los medicamentos que constan en el CNMB décimo primera revisión, al ser considerados esenciales, son responsabilidad de los establecimientos de salud de la RPIS y RPC en el marco de la prestación de servicios de salud a pacientes derivados de la RPIS, garantizar su disponibilidad para los pacientes que lo requieran en las indicaciones terapéuticas aprobadas en su Registro Terapéutico.

75.Para medicamentos no contemplados en el CNMB, principalmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades raras o de baja prevalencia, existe la posibilidad de adquirirlos con autorización conforme el Acuerdo Ministerial 00119-2023, siempre que se base en evidencia científica sólida que demuestre su eficacia clínica. Para medicamentos de difícil acceso, debido a la falta de Registro Sanitario o interrupciones en su comercialización, se establecen mecanismos centralizados de adquisición, principalmente a través de Organismos Internacionales y los Convenios suscritos.

76.Los medicamentos antirretrovirales son adquiridos de manera centralizada por la Estrategia Nacional de VIH a través del Fondo Estratégico de la OPS, mientras que los medicamentos para enfermedades crónicas son gestionados por las Coordinaciones de Salud y EOD’s mediante el catálogo electrónico del SERCOP o a través de subastas inversas institucionales. Además, el MSP ha gestionado la adquisición y distribución de medicamentos internacionales para hemofilia, enfermedades oncológicas, diabetes (insulina de acción rápida e intermedia) y otras patologías, asegurando un abastecimiento del 100 %.

77.Asimismo, el MSP cuenta con el reglamento para la gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos y su control administrativo financiero con el propósito de controlar, monitorear y evaluar los diferentes procesos de la cadena del suministro de medicamentos en todos los establecimientos de salud de la RPIS. Para la adquisición de todo equipamiento biomédico es necesario dar cumplimiento a las fichas técnicas, en la que se detallan las especificaciones del bien, entre la cuales están las Certificaciones de Producto de Fabricación Nacional o Internacional asegurándonos, por medio de estas, de la calidad en la fabricación y aplicación del bien.

78.En cuanto a salud materna, el MSP ha desarrollado el siguiente marco normativo: Manual de Prevención de la Violación Gineco-Obstétrica; Instructivo de Registro e Interpretación de los formularios de la norma técnica de Establecimientos de Salud Amigo de la Madre y el Niño; Directrices para el uso y correcto registro de la Libreta Integral de Salud; Norma y Protocolo de planificación Familiar; Regulación del Acceso a Métodos Anticonceptivos; y, Modelo de Atención Integral en Contextos Educativos-MAIS-CE.

79.Por otro lado, el MSP, brinda el servicio de tamizaje metabólico neonatal de manera obligatoria a partir del año 2011, siendo una de las estrategias de salud pública más efectivas en el Ecuador. Este Tamizaje se lo realiza hasta los 28 días de nacido y tiene por objetivo la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del metabolismo: Hiperplasia Suprarrenal; Hipotiroidismo; Galactosemia; Fenilcetonuria.

80.Sobre las barreras de acceso a los servicios de salud que presentan la población de pueblos y nacionalidades, el MSP ha identificado principalmente barreras geográficas y socioculturales, por lo cual ha desarrollado e implementado instrumentos y/o normativas que respondan a la realidad no solo urbana, sino también a nivel rural y más aún si son de difícil acceso, los cuales involucra acciones en salud relacionadas al idioma ancestral, respeto a la vestimenta y alimentación tradicional, la articulación y complementariedad de la atención con la medicina ancestral tradicional, así como estrategias que permitan garantizar el transporte para el traslado del paciente y acompañante en caso de emergencias y retornos a su domicilio, al igual que la coordinación de actividades extramurales y problemáticas en salud con líderes comunitarios, fomentando la confianza y corresponsabilidad por parte de los usuarios externos, plasmándose en el Reglamento para la Aplicación del Enfoque Intercultural en los Establecimientos de Salud del Sistema Nacional de Salud y en la Atención, Referencia, Derivación, Referencia Inversa y Contrarreferencia a Usuarios/Pacientes Provenientes de Comunidades de Difícil Acceso.

81.Bajo este mismo contexto, a nivel nacional se promueve la atención de parto con pertinencia intercultural en base al Instructivo de Especificaciones Técnicas para el área de atención de parto y la Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente Adecuado. De la aplicación de la normativa se han obtenido los siguientes resultados: 149 salas de parto están adecuadas para la atención del parto en libre posición con pertinencia intercultural, de las cuales, 46 cumplen con el 100 % de adecuación (26,17 %). Se atendieron 11.523 partos en libre posición en el primer cuatrimestre del 2024, representando el 71,01 % del total de partos. Se brindó acompañamiento en 17.743 partos, equivalente al 71,75 %, en el primer cuatrimestre del 2024.

82.En cuanto a enfermedades relacionadas con el uso y consumo del agua, el MSP ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de las acciones colectivas de promoción de la salud relacionadas con esta temática. Durante el período de enero a agosto de 2024, se logró sensibilizar a nivel nacional a 72.461 personas mediante 8.823 actividades de promoción de la salud.

83.En el Ecuador, de acuerdo con la CRE, el consumo de drogas es considerado un problema de salud púbica y no puede ser criminalizado. Además, la Ley Orgánica en la materia tiene un espíritu de prevención integral. En este sentido, el MSP como institución rectora se encuentra realizando acciones para el mejoramiento en la calidad en los servicios de atención para personas con consumo problemático de drogas, con asistencia técnica internacional; asimismo, desarrolla estrategias de prevención al consumo en diversas poblaciones. Durante el 2024 se implementan las estrategias “NuevaMente” para prevención en niñas, niños y adolescentes, con enfoque en fortalecimiento de factores protectores y reducción de factores de riesgo; y, la estrategia “Sin Presión, hay diversión”, como parte de las acciones de desarrollo alternativo, integral y sostenible en el marco de la política de drogas.

84.Adicionalmente, bajo el Acuerdo Interministerial 001 - 2024 entre el MSP y el MDI, se encuentran trabajando en un mecanismo de diálogo con mesas temáticas a fin de revisar de manera interinstitucional e intersectorial la Resolución 001-CONSEP-2013 relacionada con las cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal, misma que fue derogada bajo Decreto Ejecutivo No. 28 del 2023.

85.Entre enero y junio de 2024, se realizaron 1.202 actividades de promoción de estilos de vida saludables y prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas para jóvenes de 10 a 19 años. El MSP cuenta con diez CETAD, que ofrecen tratamiento residencial. En 2023, se registraron 18.279 atenciones en el primer nivel de atención, 4.940 en el segundo nivel, y 925 en el tercer nivel.

86.En cuanto al VIH/sida, el MSP lidera la respuesta nacional, para lo cual, en el 2011, conformó el CEMSIDA, espacio en el que se genera de forma articulada con las instancias que forman parte de la respuesta al VIH/sida, así como la elaboración del Plan Estratégico Nacional Multisectorial (PENM) 2023-2025, en el cual se establecen líneas estratégicas para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas que viven con VIH.

87.El MSP, en colaboración con ONUSIDA y el Fondo Mundial, ha desarrollado una propuesta de modelo de contrato social y un paquete de servicios. Este contrato busca integrar a organizaciones de la sociedad civil como proveedores de servicios comunitarios, financiados públicamente, con una cobertura territorial y poblacional específica. Actualmente, el MSP tiene un plan piloto para implementar este modelo y sus servicios asociados, reafirmando su compromiso con la atención comunitaria en el marco de la salud pública.

88.En el marco de la prevención combinada del VIH, se está realizado la ampliación del servicio de profilaxis preexposición (PrEP) de 20 establecimientos a 45 establecimientos hasta finales de 2024, incluyendo, 5 establecimientos del IESS, 1 establecimiento del ISSFA y 1 del ISSPOL. La PrEP es una estrategia de prevención dirigida a personas que se encuentran en riesgo sustancial de adquirir VIH, su acceso es gratuito y universal. En el período enero-junio 2024 han accedido 1.577 personas de grupos de población clave a la estrategia de PrEP, a nivel nacional.

89.El MSP cuenta con 239 establecimientos que brindan atención en casos de exposición laboral y no laboral (violencia sexual, relaciones sexuales sin protección y ruptura del preservativo). En la actualidad, 2.500 usuarios han recibido Profilaxis post Exposición sobre todo personas víctimas de violencia sexual, y usuarios que tienen relaciones sexuales de riesgo.

90.La prueba de VIH se encuentra disponible en todos los niveles de atención, con énfasis en el primer nivel, su acceso es gratuito a la población en general y no se requiere de agendamiento o cita médica para su realización.

91.El Estado ecuatoriano cuenta con la Estrategia de Eliminación de la Transmisión Materno infantil Plus, a través de la cual el MSP ha fortalecido acciones, con el objetivo de prevenir la transmisión materno infantil de VIH, sífilis, hepatitis B y la enfermedad de Chagas, mediante la oferta de las pruebas, captación oportuna en casos positivos y vinculación a la atención y tratamiento. En esta estrategia se llevaron a cabo diversas acciones clave. Se actualizó la normativa mediante el protocolo ETMI plus y las guías de práctica clínica (GPC) para VIH en adolescentes, adultos, niños, y gestantes, además del protocolo para hepatitis B y C. Se firmó un convenio con el DYA para tamizaje y seguimiento de embarazadas con VIH y expuestos perinatales. A nivel nacional, se capacitó a profesionales en la atención de gestantes con VIH y en el estudio de enfermedad avanzada de VIH. También se implementó el sistema PRAS para el uso de PrEP y autopruebas de VIH en establecimientos del MSP, IESS, ISSFA y sociedad civil. Se elaboró el reporte país de 2023 bajo el GAM, y se organizaron diálogos y reuniones con organizaciones civiles y públicas para socializar el nuevo modelo del CEMSIDA. Además, se desarrolló una hoja de ruta para promover la prevención del VIH, ITS y hepatitis en la región amazónica, garantizando atención integral a personas con VIH/sida-ITS.

92.Para la atención integral en VIH, el MSP cuenta con 51 Unidades de Atención Integral (UAI), en 24 provincias del país, donde se da la atención integral a través de un equipo multidisciplinario a personas que viven con VIH, además del seguimiento a embarazadas con VIH y expuestos perinatales menor de 18 meses de edad, tratamiento antirretroviral y realización de exámenes de seguimiento. En la actualidad el MSP a través de las UAI brinda atención médica, tratamiento antirretroviral, exámenes diagnósticos de carga Viral y CD4, y posterior a ello el seguimiento a la adherencia y tratamiento de manera mensual, trimestral y semestral de cada una de las personas que viven con VIH.

93.En cuanto a la atención Integral en hepatitis B y C, el MSP cuenta con 45 servicios de atención, en los cuales se brindan la atención, tratamiento y seguimiento, a los pacientes que hayan sido diagnosticados en los diferentes niveles de atención. En la actualidad, el MSP garantiza el diagnóstico, tratamiento y seguimiento con un stock de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la implementación de esta estrategia. Es importante mencionar que el MSP, por primera vez, adquiere el medicamento que cura la hepatitis C para atender a pacientes a nivel nacional.

94.En la misma línea, el Ecuador informa sobre su adherencia a la Alianza Mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación asociadas a VIH, a través del MMDH y el MSP, con el objetivo de generar un plan de intervención de forma conjunta con las organizaciones de sociedad civil de VIH, en los entornos priorizados por el país. La actualización del contenido de las plataformas virtuales de las instituciones para la sensibilización de los profesionales públicos de las principales instituciones que forman parte de respuesta al VIH. Propuesta para la generación del observatorio de derechos humanos para las personas que forman parte de los grupos de población clave y de las personas que viven con VIH, instancia que se planifica determinar en el CEMSIDA, con la participación de delegados de instituciones públicas, organismos cooperantes y organizaciones de la sociedad civil y diseño de un nuevo modelo de funcionamiento del CEMSIDA.

95.Sobre el tratamiento y atención a los enfermos mentales, el MSP brinda la atención a través del Centro Especializado en Psiquiatría, y se encuentra bajo la jurisdicción de la Coordinación Zonal 9 Salud. Las Unidades de Salud Mental Hospitalaria se enfocan en la atención integral de las personas con trastornos mentales, se encuentran implementados en los hospitales básicos, generales y de especialidades en el segundo y tercer nivel de atención y además cuenta con el servicio hospitalización de corta estancia a personas que presentan trastornos mentales agudos y graves.

96.Adicional, se informa que a partir de enero de 2024 entró en vigor la Ley Orgánica de Salud Mental con la que se determina la necesidad de implementar servicios de salud mental en establecimientos de primer y segundo nivel de atención, a fin de transitar del modelo hospitalario al modelo comunitario. Al momento, el MSP se encuentra desarrollando el Reglamento a la Ley.

Artículos 13 y 14

97.Ecuador establece en su CRE que la educación debe servir al interés público y ser accesible a todos sin discriminación, garantizando la obligatoriedad en los niveles inicial, básico y bachillerato, y la gratuidad hasta el tercer nivel de educación superior. Para asegurar este derecho, se aplica la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, que define los criterios de acceso al Sistema Nacional de Educación, como las edades sugeridas y los mecanismos de matrícula ordinaria, extraordinaria y automática.

98.El MINEDUC, como ente rector de la educación, impulsa varias iniciativas para garantizar el acceso a la educación inclusiva y de calidad, enfocadas en diversos grupos de la población: Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica (31.876 estudiantes, 757 instituciones beneficiados); Plan Nacional “Aprender a Tiempo” (4.244 instituciones educativas, beneficiadas); Estrategia “Todos al Aula” (26.144 personas identificadas y 17.238 reinsertados al sistema 11,73 % adolescentes embarazadas o madres menores de 20 años); la Estrategia “Fortalecer Aprendizajes mediante Tutorías Remotas” (4.632 estudiantes con la participación de 823 tutores universitarios y 101 coordinadores de tutores); y, la estrategia de Redes de Aprendizaje (4.356 redes en 41.627 instituciones educativas con 79.664 docentes).

99.En este sentido, en octubre de 2023 se expidió la normativa que regula la educación en casa y las modalidades semipresenciales y a distancia, que incluye la regulación de la oferta educativa para el nivel de bachillerato para todas las poblaciones.

100.Actualmente se oferta el bachillerato técnico en 1.585 instituciones educativas y se cuenta con 274.799 estudiantes, en seis áreas técnicas (Agropecuaria, Industrial, Artística, Servicios. TICs, Deportiva). El bachillerato técnico Productivo se oferta en 17 instituciones educativas a 322 estudiantes, en tres áreas (Servicios, Industrial, Agropecuaria). A partir de agosto de 2024, se amplió el catálogo de las figuras profesionales de la nueva oferta formativa de Bachillerato Técnico, con el propósito de actualizar la oferta de educación técnica acorde a los avances tecnológicos, industria 4.0 y desarrollo sostenible, proporcionando a los y las estudiantes habilidades y competencias necesarias para una transición exitosa al mundo laboral o a la educación superior.

101.Respecto a la educación inconclusa, se informa que, en julio de 2024 se emitió normativa que regula la educación formal para personas jóvenes, adultas y adultas mayores en situación de escolaridad inconclusa. Desde el MINEDUC se ofertan los servicios de alfabetización, post alfabetización, educación general básica superior y bachillerato (en ciencias y técnico), a fin de que este segmento de la población pueda culminar su trayectoria educativa.Este portafolio flexible de servicios educativos tiene modalidad semipresencial y a distancia (virtual y asistida).

Artículo 15

102.La CRE del Ecuador garantiza el derecho a la libertad de expresión y creación artística y establece el Sistema Nacional de Cultura, para fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, e incentivar la libre creación artística.

103.La Ley Orgánica de Cultura asigna al MCYP la rectoría del Sistema Nacional de Cultura, con la responsabilidad de formular e implementar políticas culturales que promuevan la libertad creativa. El MCYP, y SENADI mediante un convenio promueven los derechos de los autores a ser reconocidos como creadores. Entre 2020 y 2024 se han registrado aproximadamente 12.500 obras, destacándose principalmente las categorías literarias y musicales como las más representadas.

104.Por otro lado, el IFCI, en sus convocatorias, ha establecido como requisito el presentar el registro de sus obras en el SENADI para acceder a los fondos de fomento disponibles. Esta medida incentiva la creación artística, y la necesidad de que los autores formalicen el reconocimiento de sus derechos.

105.En cuanto al patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional se ha establecido salvaguardia, que concibe como una responsabilidad compartida entre los portadores, grupos y comunidades que crean, mantienen y transmiten sus manifestaciones, así como las instituciones públicas y privadas, y la ciudadanía en general, que son responsables de su protección dentro de sus competencias. En los últimos tres años, se han otorgado certificaciones a varias manifestaciones culturales, como bailes, fiestas, bordados, comidas, atuendos, entre otros. Además, se han incorporado varias manifestaciones culturales en la “Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial”, respaldadas por investigaciones y planes de salvaguardia. En el 2021, la manifestación cultural “Pasillo, Canción y Poesía” fue inscrita en la Lista Representativa de Patrimonio Mundial.

106.Durante el año 2024 se destinaron más de USD 583.000 para la movilidad internacional de artistas ecuatorianos en diversas disciplinas. También, la “Casa Ecuador París 2024” durante los Juegos Olímpicos de París, permitió mostrar al Ecuador su identidad cultural, sus tradiciones, arte, música y gastronomía, a una audiencia internacional diversa fomentando la identidad nacional en el exterior.

III.Información de seguimiento a las observaciones finales del Comité (E/C.12/ECU/CO/4)

Información relativa a los párrafos 5 y 6, a), b), c) y d)

107.Las condiciones macroeconómicas adversas de 2017-2018, con un elevado endeudamiento (59 % del PIB) y déficit fiscal (5.64 % del PIB), empeoraron por las paralizaciones de 2019 y la contracción económica de 2020 debido a la pandemia. Ecuador requirió apoyo financiero de organismos multilaterales, obteniendo USD 6.500 millones, que se destinaron a la balanza de pagos, salud, y protección social, incluyendo transferencias a 1.2 millones de familias vulnerables. A pesar de la fragilidad económica en 2023, exacerbada por la crisis de seguridad y transición política, el país implementó medidas fiscales para reducir el déficit y promover el empleo, manteniendo el gasto social como prioridad.

108.El gasto social devengado pasó de USD 10.542 millones en 2019 a USD 13.805 millones en 2023, con una composición de: educación 34,64 %, salud 22,79 %, Seguridad Social 22,79 %, bienestar Social 14,15 %, desarrollo urbano y vivienda 0,71 %, trabajo 0,69 % y cultura 0,27 %.

109.La CRE de Ecuador establece que, el Estado debe planificar el desarrollo para garantizar derechos y promover la equidad social y territorial, involucrando a comunidades y pueblos en armonía con la naturaleza. Este objetivo se refleja en el PND, que guía las decisiones económicas y fiscales del país para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos. En cuanto a educación y salud, la CRE dispone incrementar el presupuesto en al menos 0.5 % del PIB anualmente, hasta alcanzar el 6 % para educación y 4 % para salud, con la Ley Orgánica Reformatoria al COPLAFIP de 2022 regulando estos aumentos. La Proforma Presupuestaria de 2023 y 2024 cumple con estas disposiciones, asignando recursos a la educación y el sistema de salud.

110.Por su parte, la PR emitió el Decreto Ejecutivo No. 457, de junio de 2022, que estableció nuevos lineamientos para la optimización del gasto público, sustituyendo normas de austeridad anteriores. Al cierre de 2023, el Presupuesto General del Estado (PGE) ascendió a USD 32.216 millones, con un devengado del 95.19 % con un incremento del 6 % respecto a 2022. Este aumento se relaciona con la homologación salarial de docentes, la apertura de unidades médicas, mayores transferencias sociales, gasto electoral, y fortalecimiento de la seguridad. El 72 % del gasto en personal se concentró en MINEDUC, MSP, PNE y MDN. A nivel sectorial, el 85 % del gasto se destinó a educación (43 %), salud (19 %), asuntos internos (10 %), defensa (7 %) y el sector jurisdiccional (7 %) y otros 15 %, sectores prioritarios para abordar las principales necesidades de la población y la crisis de seguridad.

Información relativa al párrafo 7

111.El Estado de emergencia declarado en Ecuador en octubre de 2019, mediante varios decretos, fue ejecutado conforme a la CRE y ratificado por la CCE, que estableció límites como la prohibición de disolver protestas pacíficas y la obligación de respetar los derechos humanos. La PNE, en coordinación con la justicia y otras entidades, aplicó medidas para garantizar el orden público y los derechos durante manifestaciones. Además, la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza (2022) y el Manual de Derechos Humanos de 2024 establecieron marcos para el uso de la fuerza. Desde 2022, 15.500 miembros de las Fuerzas Armadas han sido capacitados en el uso legítimo de la fuerza y derecho humanitario, en colaboración con la Cruz Roja y otros organismos.

Información relativa al párrafo 8 a)

112.La CRE garantiza el derecho a la asociación, reunión y manifestación, y reconoce el derecho a la resistencia. La Policía Nacional del Ecuador tiene la misión de garantizar la seguridad y el orden público, respetando los derechos humanos. Para ello, se han implementado normativas como el “Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial”, el “Manual para Operaciones de Mantenimiento del Orden Público” y la “Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza” (2022) y su reglamento.

113.El MDI y la Comandancia General de la PNE emiten directrices previas a protestas para asegurar el respeto a los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza. Las Fuerzas Armadas, en el contexto de protestas, actúan bajo principios de respeto a las manifestaciones pacíficas, utilizando la fuerza solo como último recurso, en cumplimiento de las normas de derechos humanos nacionales e internacionales. Limitaciones en aglomeraciones han sido decretadas únicamente para prevenir riesgos en espacios públicos.

Información relativa a párrafo 8 b)

114.Ecuador, como Estado garantista, asegura la seguridad y el respeto a los derechos humanos a través del MDI y la PNE, regulados por el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. El MDN también actúa bajo estándares de derechos humanos. En 2019, ante protestas sociales por medidas económicas, se declaró el estado de excepción bajo el Decreto Ejecutivo Nro. 884, ratificado como constitucional. Las medidas, limitadas a 30 días, fueron proporcionales y eficaces para restaurar el orden público sin afectar el derecho a la protesta pacífica, con mecanismos de supervisión y control evaluando su aplicación.

Información relativa al párrafo 8 c)

115.El Presidente tiene la facultad de aplicar medidas para el buen funcionamiento de la administración pública sin necesidad de consulta ciudadana, salvo en casos donde la CRE o leyes específicas lo requieran. Sin embargo, puede convocar espacios consultivos, como lo permite el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para incorporar la opinión de ciudadanos y organizaciones civiles en el proceso de toma de decisiones. Estos espacios consultivos desempeñan un papel puramente asesor y no tienen poder decisivo, sin embargo, facilitan una mayor participación ciudadana en la gestión pública, permitiendo que las voces de diversos sectores sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones gubernamentales.

Información relativa al párrafo 9

116.En los últimos años, la CCE de Ecuador ha emitido importantes sentencias sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, abarcando temas como educación, seguridad social, alimentación, agua, salud, trabajo y un ambiente sano. La CCE ha reiterado la obligación del Estado de garantizar la progresividad de los derechos, prohibiendo políticas regresivas. Destacan sentencias como la 1438-20-JP/23, que protegió el derecho a la educación de becarios, y la 615-14-JP/23, que reafirmó la irrenunciabilidad de la seguridad social. Otras sentencias protegieron el acceso a alimentos (4-16-EI/21), agua (533-15-EP/23), salud pública (127-21-IN/23), y equidad en la educación policial (791‑21‑JP/22). La CCE también abordó el derecho al trabajo digno (16-16-IN/22), el vínculo entre medio ambiente y salud (2167-21-EP/22), la protección de saberes ancestrales (22-17-IN/22), inclusión laboral de personas con discapacidad (1292-19-EP/21), y el acceso a medicamentos de calidad (679-18-JP/20).

Información relativa al párrafo 10

117.Ecuador está trabajando para institucionalizar el Mecanismo Nacional de Coordinación para la Implementación y Seguimiento a Recomendaciones de Derechos Humanos (MCDH). El objetivo es fortalecer la participación de las instituciones estatales en la implementación de las recomendaciones y asegurar la integración de los derechos humanos en las políticas públicas. Para ello, el MREMH, el MMDH, con el apoyo de ACNUDH elaboraron un proyecto de acuerdo interministerial que formalizará este mecanismo.

Información relativa a los párrafos 11 y 12

118.La NDC es la política clave del Acuerdo de París y refleja los compromisos climáticos de cada país, actualizándose cada cinco años. Ecuador presentó su primera NDC 2020-2025, tras un proceso participativo, con el objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia climática en sectores priorizados. Los proyectos nacionales abarcan sectores productivos y estratégicos, promoviendo la descarbonización y el desarrollo económico bajo en emisiones.

119.En el sector energético, Ecuador impulsa la energía renovable, eficiencia energética y movilidad sostenible. Aunque su economía depende de la explotación petrolera, Ecuador ha integrado acciones que contribuyen a la lucha global contra el cambio climático. Las últimas licitaciones petroleras se han limitado a áreas con explotación previa, y desde 2018 no se han otorgado nuevas concesiones mineras. Esto demuestra que las actividades extractivas no contradicen los compromisos climáticos del país, que buscan equilibrar desarrollo y sostenibilidad climática.

Información relativa a los párrafos 13 y 14

120.El Estado ecuatoriano cuenta con la mesa interinstitucional integrada por el MMDH, DPE, FGE, CJ, el MDI, los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad, DP, el CDPIC y el MAATE, que tiene la finalidad de construir la Política Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza.

121.La mesa interinstitucional, en una primera fase, elaboró el documento teórico conceptual para la construcción de la política pública integral. De igual manera, dentro de la mesa se acordó que, como segundo momento para la construcción de una política pública integral, es necesario la recolección y sistematización de información para la elaboración de un diagnóstico de situación con la finalidad de identificar problemas y dar posibles soluciones a los conflictos visibilizados.

122.Actualmente se cuenta con una metodología para iniciar el levantamiento de información primaria con un enfoque cualitativo a través de la realización de entrevistas en profundidad, encuestas y puntos focales a personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza a escala nacional, para elaborar un diagnóstico inicial. A fin de cumplir con la elaboración del diagnóstico, se logró concretar cooperación internacional financiera de AECID con el apoyo de ACNUDH, el proyecto ha sido validado y se espera a su implementación una vez los recursos sean asignados.

123.Por su parte, la DPE elaboró un informe de análisis de la situación de las personas defensoras de derechos y de la naturaleza en el Ecuador sobre casos relacionados con la defensa de los derechos de la Naturaleza y sobre casos de personas defensoras de derechos humanos que hayan sido criminalizadas.

124.Finalmente, desde la FGE se desarrolló durante el año 2023, la Política Criminal para garantizar el acceso a la justicia y la protección dentro de la investigación penal a las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Además, en cuanto a defensores de derechos humanos que lo hacen a través del ejercicio del trabajo periodístico en el Ecuador existe el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, creado bajo el artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Comunicación y gestionado por el CDPIC, instancia técnica destinada a garantizar la seguridad de periodistas. Este mecanismo, implementado tras la expedición de su reglamento general, realiza evaluaciones de riesgo, acciones urgentes, y monitorea agresiones, entre otras funciones.

Información relativa al párrafo 16

125.Respecto a las actividades hidrocarburíferas en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), según se establece en al artículo 57 inciso 2 de la CRE y el Decreto Ejecutivo 751, están vetadas a perpetuidad todas las actividades extractivas, incluida las actividades hidrocarburíferas, forestales y mineras, por lo que no existen concesiones en esta zona. Por otro lado, frente a las actividades ilegales, la DMSPPIAV continúa con la ejecución del sistema de monitoreo en la ZITT y su área de influencia, para precautelar los derechos humanos y territoriales de los pueblos en aislamiento voluntario mediante la articulación con el MAATE para la detección y control de ilícitos ambientales (minería ilegal, tala y cacería). Con el fin de adoptar medidas para asegurar a los pueblos indígenas la seguridad jurídica en cuanto a sus tierras, territorios y recursos naturales ocupados y usados tradicionalmente, el Estado Ecuatoriano en el marco de la XI Ronda Petrolera realizó el proceso de Consulta Previa en varios bloques del Sur Oriente en los que constan los bloques 79 y 83.

126.Con respecto a los proyectos mineros Mirador, San Carlos Panantza, Río Blanco el Estado a través del MEM, desarrolla estrategias para garantizar el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa en las comunidades indígenas de las zonas de influencia de los referidos proyectos. Adicionalmente, el MAATE estableció procedimientos para la adjudicación de tierras en el Patrimonio Forestal del Estado y Bosques y Vegetación Protectores a posesionarios con derechos adquiridos, bajo principios de equidad y solidaridad. Esta estrategia se enfoca en el Desarrollo Forestal Sustentable, buscando asegurar la permanencia de los bosques mediante la adjudicación de tierras a pueblos indígenas, comunidades afroecuatorianas, colonos y otros grupos sociales interesados, promoviendo el manejo forestal sostenible para garantizar la provisión de materias primas y servicios ambientales.

127.Desde 2008, el MAATE ha realizado 2.343 adjudicaciones de tierras a nivel nacional, beneficiando a 87 comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y asociaciones. En el marco del Proyecto Pago por Resultados, del levantamiento de línea base de tenencia de la tierra en 8 Bosques Protectores y 6 Áreas Protegidas se ha identificado el expediente de 5 comunidades Shuar que se encuentran dentro del bosque protector KutukuShaimi, de las cuales se provee realizar la adjudicación de 2 comunidades durante el año 2024.

128.Respecto a los Bloques Petroleros 79 y 83, no se han emitido autorizaciones ambientales ni se han identificado actividades hidrocarburíferas en esos bloques.

Información relativa al párrafo 16 b)

129.Desde el año 2020, se han creado áreas protegidas en los cuatro subsistemas existentes: estatal, comunitario, GADS y privado. Para la creación de cada nueva área protegida, el MAATE realiza un proceso participativo, en el que se busca garantizar que las personas que viven dentro estén de acuerdo con el establecimiento de este mecanismo de conservación y reconozcan las limitaciones y obligaciones que conlleva pertenecer a un área protegida. Este proceso incluye 1) información y sensibilización 2) consulta previa 3) participación en la elaboración del plan de manejo y 4) firma de acuerdos.

130.Al garantizar la participación de las comunidades locales, se aumenta la probabilidad de que estas áreas sean protegidas de manera efectiva y sostenible. En el caso de los subsistemas privados y comunitarios, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial 083, del 08 de agosto de 2016, dentro del procedimiento para la declaración y gestión de áreas protegidas, se estipula como requisito el documento que garantice la voluntad expresa de la comunidad o de los propietarios privados de incluir el correspondiente espacio del territorio dentro del SNAP, y con respecto al subsistema de los GADs, uno de los requisitos es el informe del proceso participativo de declaratoria y el informe de tenencia de la tierra con las fichas de cada propietario o posesionario.

131.Para la gestión de las áreas protegidas, los planes de manejo se desarrollan de forma participativa con diversos actores estratégicos como comunidades, GADs, academia, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y privadas, entre otros. En el proceso de elaboración de los planes de manejo se realizan reuniones y talleres en donde se consideran los criterios y aportes de los participantes los cuales son incluidos o absueltos conforme la normativa vigente.

132.El 28 de abril de 2022, a través de la Asamblea Nacional y de manera conjunta con la DPE de Ecuador, se presentó el Proyecto de Ley Código Orgánico de Consulta Previa Libre e Informada, Ambiental y Legislativa, que regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas previa; así como promover la participación ciudadana. El proyecto continúa en revisión.

Información relativa a los párrafos 16 c) y d)

133.La CRE establece la prohibición para la explotación de recursos naturales no renovables dentro de áreas protegidas y zonas intangibles, sin embargo cabe indicar que mediante Resolución Legislativa 0, publicada en 2do suplemento del RO Nro. 106, de 22 de octubre de 2013, se declaró de interés nacional la explotación del bloque 31 y 43, es por ello que dichos Bloques cuentan con una Autorización Administrativa Ambiental.

134.Sin embargo, existía un litigio pendiente por la no realización de consulta popular sobre esta explotación, en el año 2023, mediante sentencia Nro. 6-22CP/23 la CCE, respecto a la explotación del Bloque 43, resolvió disponer que se proceda conforme al proceso prescrito para consultas populares en la CRE y en el Código de la Democracia. La consulta se efectuó el 20 de agosto de 2023 y sus resultados se oficializaron mediante resolución PLE‑CNE-2-31-8-2023, el 25 de octubre de 2023, el resultado de la consulta mayoritariamente favorable al “SI” correspondía a que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente en subsuelo. En acuerdo a los resultados de la Consulta Popular y lo resuelto por la CCE, no se han continuado ni se han emitido autorizaciones administrativas ambientales en el Bloque 43.

Información relativa a los párrafos 17, 18 a) y b)

135.La CRE reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos de explotación de recursos naturales no renovables en sus tierras, que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Este derecho, reconocido tanto por la CRE como por la normativa secundaria, se aplica de manera igualitaria, incluyendo al pueblo afrodescendiente. Además, el marco constitucional ha impulsado la regulación de territorios ancestrales, destacando su relevancia para la identidad y cultura afrodescendiente.

136.Adicionalmente, el MEM, en marzo de 2024, expidió el Manual de operativización de la consulta previa libre e informada que tiene por objeto recoger los estándares constitucionales para la operativización de la consulta previa, libre e informada; estableciendo la obligatoriedad de su implementación “previo a la emisión de medidas administrativas sobre planes y programas de prospección, exploración, explotación y comercialización de recursos minerales de las concesiones mineras que se encuentren en tierras de comunas, comunidades y nacionalidades indígenas”.

137.El MAATE, a través de las iniciativas de REDD+, construyó la Guía Nacional de Consulta REDD+ con el objetivo de guiar el proceso de consulta por el que toda actividad de la REDD+ pasa antes de ejecutarse. Así también para que las decisiones durante la implementación y ejecución de acciones REDD+ incorporen la cosmovisión de las comunidades locales, sus conocimientos tradicionales y que las decisiones vayan acorde a sus formas de gobernanza y anhelos de desarrollo. El trabajo realizado en el marco de la Salvaguarda REDD+ C está directamente vinculado con los conocimientos tradicionales.

138.Adicionalmente, la SGDPN ha georreferenciado los conflictos socio ambientales presentes en comunidades indígenas relacionados con contaminación por intervención petrolera y minería; procesado información relacionada a conflictos socio ambientales en el marco de la socialización de la Agenda para la igualdad; implementado mesas de diálogo con expertos de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, donde se discuten las perspectivas, avances, buenas prácticas respecto a la implementación de la consulta previa, libre e informada; con miras a construir un mecanismo metodológico referencial a nivel regional, que aporte a garantizar el ejercicio del derecho a la consulta por parte de las nacionalidades indígenas.

139.De igual forma, las sentencias 69-16-IN/21 y 1325-15-EP/22, ambas relacionadas con la vulneración de derechos colectivos a la consulta prelegislativa y a la consulta previa, libre e informada, respectivamente, reciben seguimiento por parte de la DPE.

Información relativa a los párrafos 19 y 20

140.El Estado ecuatoriano consciente de las necesidades existentes en la frontera norte, mismas que son integrales, ha reforzado su trabajo a través del MIES en donde se mantienen servicios de inclusión social extramurales e intramurales para los grupos de atención prioritaria de administración directa y bajo convenios con organizaciones sociales. En materia de desarrollo infantil integral, en la Comunidad La Merced de Buenos Aires se atiende con el servicio de atención domiciliar modalidad cuyos beneficiarios son 70 niñas y niños entre 1 a 3 años de las diferentes comunidades del sector.

141.El MDI cuenta con puestos de control para el registro de entradas y salidas del país, ubicados en los aeropuertos internacionales, en los puertos marítimos, además de los puestos de control terrestre que están en: los centros binacionales de atención fronteriza (CEBAF) en San Miguel (Sucumbíos) y Huaquillas (El Oro). El Centro Nacional de Atención Fronteriza (CENAF) en Rumichaca (Carchi) y los puestos de control migratorio en: Tufiño (Carchi), Macará, Jimbura y Lalamor (Loja).

142.La PNE cuenta con la Dirección Nacional de Control de Fronteras, creada el 27 de julio de 2016, con el objetivo de coordinar operativamente con los servicios policiales a nivel nacional e interinstitucional para fortalecer el control en zonas fronterizas garantizando la seguridad y el orden público, a través de operativos de control e interdicción para combatir delitos transnacionales.

143.En 2024, se recibió un cuartel móvil donado por la Embajada de Estados Unidos, destinado a operar en situaciones de emergencia o de alta gravedad, como desastres naturales, terrorismo, narcotráfico y minería ilegal. Este cuartel incrementó la capacidad operativa en la frontera, permitiendo albergar hasta 40 servidores policiales y aumentando los operativos en un 9 % con respecto al 2022.

Información relativa a los párrafos 21 y 22

144.Para implementar una política tributaria progresiva en Ecuador que reduzca la desigualdad y garantice mayores derechos económicos, sociales y culturales, se proponen varias acciones: ajustar las tasas del impuesto a la renta con posibles nuevos tramos, aplicar impuestos sobre grandes patrimonios, herencias y ganancias de capital para evitar la concentración de riqueza, y desarrollar incentivos fiscales para empresas que inviertan en sectores clave como educación, salud y tecnología. Además, se fortalecerá la fiscalización para combatir la evasión fiscal y se garantizará que los ingresos adicionales se destinen eficientemente a programas sociales.

145.El Ecuador fundamenta su política fiscal en una perspectiva de largo plazo para aumentar la presión fiscal. Así, el país, a partir de la adopción de la dolarización, ha incrementado la presión fiscal de manera significativa, pasando del 13.9 % del PIB en el año 2000 al récord histórico en el año 2015 con el 22.0 % del PIB.

146.Se observa que la presión fiscal disminuyó en el 2016, y esto se debió a la reducción del precio mundial del petróleo en el 2015, y al terremoto registrado en el año 2016 en la provincia de Manabí. No obstante, la presión fiscal durante los últimos años, se ha mantenido en un promedio del 19.5 %, a pesar de los problemas generados por el COVID-19 en el año 2020.

147.En diciembre de 2023, se promulgó la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo 2023, cuyo objetivo es mejorar la economía ecuatoriana mediante incentivos tributarios para la inversión y la creación de empleo. El MEF estimó que esta ley generaría un impacto fiscal neto de USD 382 millones en 2024. La ley está alineada con el PND, que busca un sistema tributario simple, progresivo y eficiente, reduciendo la evasión fiscal y promoviendo un crecimiento económico sostenible. El PND 2024-2025 establece aumentar la recaudación del sector minero de USD 202 millones en 2022 a USD 248 millones en 2025, y elevar la proporción del presupuesto financiado por ingresos tributarios internos del 32,37 % en 2022 al 34,16 % en 2025.

148.Se busca fortalecer el marco regulatorio de las APP, atraer inversión privada y cerrar la brecha de servicios e infraestructura. La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo establece las APP como una modalidad clave para gestionar activos y servicios públicos, con la SIPP encargada de estructurar y adjudicar proyectos. Además, se han priorizado impuestos directos y progresivos, lo que ha permitido incrementar la recaudación del impuesto a la renta del 4.0 % del PIB en 2021 al 4.9 % en 2023.

149.La política fiscal de Ecuador busca hacer el sistema del impuesto a la renta más progresivo, enfocándose en personas naturales y ajustando las tasas tributarias y los gastos tributarios para personas y empresas. Esto ha mejorado la recaudación de impuestos directos y ha contribuido a una reducción en la desigualdad, reflejada en una disminución del Índice de Gini a 0.457, el nivel más bajo desde 2007, mitigando los efectos negativos del COVID‑19.

Información relativa al párrafo 23

150.En mayo de 2022, Ecuador creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción ahora Secretaría General de Integridad Pública, con el objetivo de coordinar, gestionar y evaluar la implementación de la Política Nacional de Integridad Pública. Esta entidad diseña y propone el Sistema Nacional de Integridad Pública, asesora al Presidente en temas de integridad y anticorrupción, y da seguimiento a la Estrategia Nacional de Integridad Pública. El enfoque es prevenir la corrupción, monitorear su implementación y coordinar con otras entidades para garantizar la integridad en la función pública.

151.La Estrategia abarca nueve líneas estratégicas, incluyendo la concientización sobre la corrupción, la transparencia en el gasto público y el uso de tecnologías en la lucha contra la corrupción. Ecuador ha suscrito varios convenios internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los Compromisos de Lima, para fortalecer su capacidad de prevenir, detectar y sancionar la corrupción.

Información relativa al párrafo 25

152.El MEF utiliza el clasificador de orientación del gasto en políticas de igualdad y ambiente para identificar el gasto destinado a estas áreas, promoviendo la transparencia sin comprometer las regulaciones para la asignación de recursos públicos.

Información relativa a los párrafos 27 y 28

153.El Estado ecuatoriano reconoce los derechos al asilo y refugio en su CRE y Ley Orgánica de Movilidad Humana, permitiendo a las personas solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado sin necesidad de documentación, incluyendo pasaporte. La única condición es estar en territorio ecuatoriano, y el procedimiento es gratuito y accesible a nivel nacional. El reconocimiento de refugiado otorga una visa de Residencia Temporal de Protección Internacional, permitiendo a los beneficiarios acceder a los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano ecuatoriano. En 2022, el MIES, en coordinación con MDI y MREMH, desarrolló un protocolo de atención para niños, niñas y adolescentes no acompañados, garantizando un proceso acelerado de solicitud de refugio y otorgando una visa humanitaria para regularizar su estatus migratorio.

154.Adicionalmente, entre 2016 y 2023, el Estado lanzó la campaña “Un Solo Rumbo” para prevenir la violencia y la xenofobia, sensibilizando a 19.140 personas.

Información relativa al párrafo 29

155.En el país, como en América Latina aún se muestran desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. A través de la ENEMDU podemos identificar que, en el 2019 el porcentaje de mujeres dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 3,59 % y para marzo de 2024 fue de 3,54 %. Aunque esta disminución es marginal, sugiere que las mujeres continúan enfrentando desafíos para participar plenamente en el mercado laboral.

156.En cuanto a la tasa de empleo adecuado de mujeres se tiene que para el 2019 es de 43,53 % y para marzo 2024 es de 28,72 %. Sin embargo, es importante identificar que la diferencia entre la tasa de empleo adecuado de mujeres y hombres pasa de 15,71 % en el 2019, a 9,80 % para marzo 2024. Reduciéndose la brecha en 5,91.

157.En el mismo sentido, en el año 2019 en promedio una mujer ganaba un 22,98 % menos que un hombre, para marzo de 2024 el porcentaje de diferencia es de 11,77 %; mostrando una mejora en la diferencia entre hombres y mujeres.

Información relativa al párrafo 30 a) y c)

158.El MDT emitió el Acuerdo Ministerial para regular las obligaciones de los empleadores y establecer procedimientos de inspección, y el Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación y Violencia contra la Mujer en los espacios de trabajo. Además, en enero de 2024 se publicaron las directrices para el registro obligatorio de Planes de Igualdad. Estos planes buscan garantizar igualdad de trato y oportunidades, eliminar la discriminación de género y promover el crecimiento profesional de las mujeres en el ámbito laboral.

159.El MDT también tiene la responsabilidad de emitir directrices para atender casos de acoso laboral, acoso sexual y acoso por motivos de género, además de promover la igualdad en la negociación colectiva. Para reconocer a las empresas que se destacan en estos esfuerzos, el MDT creó el “Sello Violeta”, una certificación distintiva otorgada a las empresas que promueven la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.

Información relativa al párrafo 30 b)

160.El 2 de junio de 2020, se emitieron las Directrices para la Prevención y Protección de los Trabajadores y Servidores Públicos pertenecientes a grupos de atención prioritaria y con mayores factores de riesgo frente al SARS CoV-2, con el objetivo de establecer lineamientos para el teletrabajo y el retorno progresivo al trabajo. Además, el MDT ha implementado varios programas de sensibilización, como el curso Instituciones Seguras y Libres de Violencia Contra las Mujeres, que, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ que ha sensibilizado a 245.698 funcionarios públicos entre febrero de 2019 y abril de 2024. Asimismo, en colaboración con ONU Mujeres y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, se llevó a cabo el curso Transversalización del Enfoque de Género para 30.031 funcionarios del sector público, privado y sociedad civil, y el curso “Empresa Segura” sensibilizó a 616 trabajadores sobre la violencia contra las mujeres.

161.En el mismo contexto, se realizaron 1.996 talleres de sensibilización sobre temas como acoso laboral, derechos de equidad e inclusión en el trabajo, sensibilizando a 89.265 empleadores y personas de la sociedad civil entre enero de 2020 y abril de 2024. Además, el MDT gestiona el SPE “Encuentra Empleo”, que facilita la conexión entre empleadores y buscadores de empleo a nivel nacional. A través de este servicio, 115.469 mujeres fueron colocadas laboralmente entre enero de 2019 y diciembre de 2023, contribuyendo a la recuperación económica y la inclusión laboral.

Información relativa al párrafo 30

162.El Código del Trabajo establece que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es el órgano encargado de fijar anualmente el salario básico unificado para los trabajadores privados, bajo un esquema de diálogo tripartito. El Consejo también asesora al Ministro en políticas salariales para equilibrar los factores productivos. En noviembre de 2023 se reformó la normativa sobre la fijación de salarios, indicando que el salario básico para 2024 debía establecerse antes del 22 de diciembre de 2023, lo cual no se logró por falta de consenso en las sesiones del Consejo.

163.Ante la falta de acuerdo, el MDT fijó el salario básico unificado en 460 dólares mensuales para 2024, aplicable a trabajadores de la pequeña industria, agricultura, maquila, servicio doméstico y microempresa, según el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-175, del 15 de diciembre de 2023. Este incremento del 2.223 % respecto al salario de 2023 también servirá de referencia para fijar los salarios mínimos sectoriales. La decisión se basó en la inflación proyectada, con el objetivo de reducir la pobreza y garantizar las necesidades de los trabajadores.

Información relativa a los párrafos 33 y 34

164.Revisar respuesta en el Artículo 8.

Información relativa a los párrafos 35 y 36

165.El Estado ecuatoriano está implementando el proyecto “Compromiso por el Empleo”, cuyo objetivo es fortalecer el perfil profesional y promover la inclusión laboral formal de jóvenes (18-26 años), mujeres y adultos (45-64 años). El proyecto se enfoca en identificar las habilidades técnicas requeridas por el mercado laboral, gestionar capacitaciones, certificar competencias laborales y crear mecanismos para la inserción laboral. Entre las actividades planificadas se incluyen encuestas de habilidades al sector empleador, fortalecimiento de la plataforma del Servicio Público de Empleo, estudios prospectivos sobre el futuro del trabajo, creación de nuevos perfiles profesionales, y la capacitación y certificación de competencias a través de organismos acreditados.

Información relativa a los párrafos 37 y 38 a) y g)

166.La CRE de Ecuador establece que el sistema de seguridad social es público, universal y no privatizable, asegurando la atención de las necesidades de la población a través del seguro universal obligatorio y regímenes especiales. Este sistema se rige por principios de inclusión, equidad, obligatoriedad, suficiencia, solidaridad y subsidiaridad. Las prestaciones deben ser financiadas por los aportes de trabajadores, empleadores, independientes, ecuatorianos en el exterior y el Estado.

167.En respuesta a las recomendaciones del Comité en el caso Trujillo Calero vs Ecuador, desde 2014, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha implementado un sistema automatizado y seguro para que los afiliados, jubilados y el público en general accedan en línea a su historia laboral y otros servicios.

168.Este sistema permite a los afiliados verificar sus aportes, sueldos, tiempos de contribución y cumplimiento de pagos por parte de los empleadores, garantizando así el derecho a solicitar información relacionada con la seguridad social de manera eficiente y accesible.

Información relativa a los párrafos 38 b) y c)

169.El IESS implementó, en 2024, una nueva modalidad de aportes dirigida a jóvenes emprendedores con actividades económicas formales o informales, y una afiliación voluntaria para aquellos sin actividad económica, como estudiantes. Estos afiliados tienen acceso a prestaciones como jubilación por vejez e invalidez, montepío, auxilio funerario, riesgos laborales y atención integral de salud.

170.El IESS otorga a los afiliados y sus dependientes protección en salud, maternidad y otras contingencias, incluyendo atención médica integral, diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, y rehabilitación. Las beneficiarias del seguro de maternidad reciben cuidados durante el embarazo, parto y puerperio, con la opción de elegir entre prestadores de salud públicos o privados dentro de las limitaciones legales. Además, el programa OEI 33 promueve la movilidad ascendente para personas en condiciones de vulnerabilidad mediante transferencias monetarias y capacitación, beneficiando a más de 1.4 millones de personas registradas en el sistema de protección social.

Información relativa a los párrafos 38 d) y e)

171.Conforme a la normativa vigente, las personas sin relación de dependencia pueden acceder a la afiliación voluntaria. Para afiliarse se requiere tener cédula de identidad, un RUC activo, ser mayor de quince años si se es trabajador independiente, y no tener deudas con el IESS. Estos afiliados están cubiertos por las contingencias de la Ley de Seguridad Social, excepto el seguro de cesantía y desempleo.

172.Por otro lado, las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar, están protegidas por el IESS contra contingencias como vejez, muerte e invalidez total y permanente, así como por auxilio de funerales, según lo estipulado en la Ley de Seguridad Social.

Información relativa al párrafo 38 f)

173.El IESS trabaja por la comunidad ecuatoriana migrante en todo el mundo, las personas ecuatorianas residentes en el exterior pueden acceder a la afiliación voluntaria y tienen prestaciones y servicios tales como pensión jubilar, seguro de vida o montepío, convenios internacionales para jubilación. Actualmente, el Ecuador tiene convenios con 13 países, que permiten al afiliado jubilarse en el extranjero.

Información relativa a los párrafos 39 y 40 e)

174.El Decreto Ejecutivo Nro. 370, promulgado el 8 de marzo de 2022, establece un bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad debido a la muerte violenta de su madre o figura materna, ampliando el beneficio a hijos menores de 18 años en casos de femicidio, asesinato, homicidio y violación. No se requiere una sentencia ejecutoriada, ya que el bono provisional se otorga basado en los resultados preliminares de la investigación. Este bono busca mitigar el impacto de la violencia de género en los menores afectados.

Información relativa a los párrafos40 a), b), c) y d)

175.En el último quinquenio, el Estado ecuatoriano ha enfocado recursos financieros y humanos en la erradicación de la violencia, mediante reformas legales y nuevas normas. El COIP de 2014 tipificó delitos como la violación física, psicológica, sexual y el femicidio, y en 2021 se incluyó la violencia digital. La LOIPEVCM, liderada por el MMDH, establece el SNIPEVCM, que involucra a 24 ministerios, lo cual ha permitido contar con insumos para la elaboración de informes de cumplimiento y adoptar políticas públicas, así como el Mecanismo de Seguimiento al PNPEVCM.

176.En el año 2023 se estableció el Reglamento para el funcionamiento del Comité Interinstitucional, Comisiones y Mesa técnica del SNIPEVCM, para priorizar acciones específicas anuales y cumplir con las recomendaciones formuladas en la Evaluación de la LOIPEVCM, realizada por la Asamblea Nacional, el 7 de marzo del 2023.

177.El Estado ecuatoriano desde el 2007 crea la política pública para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y lo hace a través del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. Esta política fue evaluada al cabo de los 10 años de su implementación por la SNP. Con las recomendaciones de esta evaluación se crea el Plan nacional Para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 2020-2030.

178.El PNPEVCM es una propuesta que permite tener claridad en las definiciones, objetivos y metodologías a seguir, como principios fundamentales para la coordinación y articulación entre las instituciones de las funciones Ejecutiva, Judicial y de Control y Transparencia. Desde 2022 se establecieron 142 indicadores para medir la gestión y resultados en base a las acciones estratégicas y competencias de las instituciones que forman parte del SNIPEVCM. Dentro de este plan, se contempla la gestión del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres (ONVCM) y el Registro Único de Violencia (RUV).

179.De forma posterior a la aprobación, desde las instituciones del Sistema se ha divulgado el contenido de la Ley en formato amigable, capacitando a personas funcionarias públicas para el fortalecimiento de sus capacidades y la transformación de sus instituciones, a la comunidad en general en temas de prevención y promoción de derechos y el reconocimiento de la violencia contra la mujer como un delito de carácter público y además se conozca a qué instancias pueden acudir.

180.El Estado Ecuatoriano, además, cuenta con la Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género (LOARTI) en donde establece las directrices para protección y reparación de igual manera estos procedimientos se verán detallados en el Reglamento a la LOARTI.

Información relativa a los párrafos 41 y 42

181.La pobreza y extrema pobreza en Ecuador son problemas multidimensionales que se miden en dimensiones como vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación, empleo y protección social. El Estado ecuatoriano, a través de la SGDPN, trabaja en la reducción de la pobreza fortaleciendo y reactivando las economías de pueblos indígenas, nacionalidades, afrodescendientes y montubios. Esto se logra mediante la implementación de proyectos productivos del Proyecto de Desarrollo Integral y el reconocimiento de personería jurídica a organizaciones de estos grupos, promoviendo así el fortalecimiento organizacional, la preservación territorial, los valores culturales y la reactivación económica de sus integrantes.

182.Actualmente, se ejecuta el Proyecto para el Desarrollo Integral de los Pueblos Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (2021-2025), cuyo objetivo es apoyar el fortalecimiento socioeconómico y cultural de estas comunidades. Entre 2021 y 2023, se han implementado 67 proyectos en áreas como artesanía, agricultura, pecuaria, infraestructura productiva, floricultura y turismo, beneficiando a 26.355 personas de 67 parroquias con una inversión de más de 4 millones de dólares.

183.Adicionalmente, para garantizar los derechos de comunas ancestrales, comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones se han establecido reglamentos que facilitan el otorgamiento de personería jurídica. Durante el período 2021-2023, 396 organizaciones han obtenido este reconocimiento, lo que les permite ejercer sus derechos y perseguir fines económicos, productivos, culturales y sociales. La SGDPN también articula con entidades rectoras para promover derechos y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida. Esto incluye procesos participativos para identificar necesidades de desarrollo en comunidades indígenas como las nacionalidades Epera, Chachi, Awá y Tsáchila; la promoción de 17 ferias nacionales de soberanía alimentaria y cultura entre 2022 y 2023; y la actualización de la Agenda Nacional para la Igualdad de Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios 2021-2025.

Información relativa a los párrafos 43 y 44 d)

184.La Desnutrición Crónica Infantil en Ecuador afecta al 20,1 % de los niños menores de 2 años y al 17,5 % de los menores de 5 años, con mayores prevalencias en niños que en niñas. Para enfrentar esta problemática, el Gobierno implementó la ENECSDI en 2020, priorizando la prevención y reducción de la DCI en niños menores de 2 años y madres gestantes. La STECSDI lidera la estrategia, coordinando acciones entre diversas instituciones y utilizando un paquete priorizado de servicios que incluye vacunación, control prenatal, educación y transferencias monetarias.

185.Desde la implementación de la ENECSDI, se han invertido importantes recursos, con un crecimiento constante en la asignación presupuestaria, alcanzando USD 352.9 millones en 2024. La estrategia está enmarcada en seis ejes estratégicos, incluyendo la creación del Comité Intersectorial y el Consejo Consultivo para asegurar una coordinación eficiente entre actores públicos y privados. A marzo de 2024, más de 109.000 personas han sido beneficiarias del Bono 1.000 días, y el MSP ha ampliado la cobertura de servicios de salud para gestantes y menores de 2 años, mejorando significativamente el acceso a controles prenatales y atención médica.

186.Además de la prestación de servicios, se han priorizado 710 parroquias y 133 cantones para enfocar acciones en zonas de mayor vulnerabilidad. La estrategia también cuenta con Mesas Intersectoriales Cantonales (MIC) para coordinar acciones locales, y se han fortalecido los sistemas de información con la creación del SUUSEN que permite monitorear a 530.196 niños y 97.530 gestantes. En términos de infraestructura, se ha mejorado la conectividad de 753 establecimientos de salud, se ha adquirido equipo antropométrico y se ha garantizado el abastecimiento de biológicos y micronutrientes.

187.La estrategia incluye campañas de educomunicación para fomentar cambios de comportamiento en torno a la DCI, con la implementación de 221 planes locales de educomunicación. Durante 2023 y 2024, se realizaron ferias, actividades lúdicas y jornadas de capacitación que involucraron a más de 150.000 personas. La estrategia también promueve la alimentación saludable y la regulación de bares escolares para combatir la malnutrición en niños mayores de 2 años.

188.Hasta la fecha se ha contratado 1.604 profesionales para la ejecución de actividades de promoción y provisión de salud. Se cuenta con 1.517 grupos de apoyo a la lactancia materna en primer nivel de atención y 82 Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna (GALM) en segundo nivel de salud.

189.Dentro del “Paquete Priorizado”, el MSP se encarga de asegurar un esquema de vacunación completo, el control prenatal y el seguimiento del niño sano. El Registro Civil garantiza que los niños obtengan su número único de identificación de manera oportuna. El MIES ofrece sesiones educativas a través de los programas “Creciendo con Nuestros Hijos” y Centros de Desarrollo Infantil, además de gestionar transferencias monetarias a las familias. Por su parte, el MINEDUC asegura que las gestantes puedan acceder y permanecer en un entorno educativo seguro. La Unidad de Registro Social se encarga de evaluar las condiciones socioeconómicas de las familias para facilitar el acceso a transferencias monetarias y otros servicios complementarios. Finalmente, el INEC realiza y actualiza anualmente la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI).

Información relativa al párrafo 44 a)

190.El MAG, a través del Proyecto de Regularización de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, ha informado sobre la adjudicación de un total de 1.293,29 hectáreas a 189 beneficiarios. Según la normativa vigente, las personas jurídicas conformadas por campesinos sin tierra o con poca tierra, agricultores familiares campesinos, pequeños y medianos productores de la economía popular y solidaria, pueden acceder a los programas de redistribución de tierras del patrimonio estatal. Estas organizaciones deben estar estructuradas bajo esquemas solidarios y ser reconocidas legalmente.

Información relativa al párrafo 44 c)

191.El MAG, a través del Proyecto de Regularización de Tierras Rurales, adjudica terrenos para redistribución a asociaciones conformadas por pobladores rurales que cumplen ciertos criterios prioritarios. Estas asociaciones deben incluir entre sus miembros personas con discapacidad o familiares a su cargo, mujeres jefas de hogar, trabajadores con más de un año de servicio, jefes de familia rurales sin tierra, jóvenes sin tierra, y migrantes en proceso de retorno, siempre que pertenezcan al quintil uno o dos de la línea de pobreza.

192.El MAG también se compromete a transferir, de manera prioritaria, tierras productivas que no sean menores a una Unidad Productiva Familiar, con el fin de promover la producción agrícola. A estas familias se les proporciona capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero. Además, el MAG garantiza el reconocimiento y protección de formas colectivas de tenencia de tierras, excluyendo a asociaciones, federaciones y otros grupos similares que se regulan bajo el Código Civil y que no se consideran comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Estas asociaciones pueden optar por actos de regularización de posesión agraria conforme a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Información relativa al párrafo 44 e)

193.Para impulsar la implementación y preparación de los establecimientos de salud en el marco de la Certificación de ESAMyN, se ha capacitado a 319 profesionales de salud en 43 hospitales y unidades de atención ambulatoria del MSP, en colaboración con UNICEF y la Fundación FIGESS. También se han llevado a cabo jornadas virtuales para fortalecer la gestión de calidad en los establecimientos y la capacitación de 170 profesionales en emergencias obstétricas.

194.Además, se ha brindado acompañamiento técnico a varios subsistemas de salud capacitando a 80 profesionales en atención directa a madres y neonatos. Se han realizado talleres nacionales, eventos de “Formadores de Formadores”, y sesiones de fortalecimiento de capacidades para preparar los establecimientos en sus procesos de autoevaluación y preevaluación. Estas acciones han motivado la entrega de cartas de intención de varios establecimientos para certificarse, lo que contribuirá a mejorar la calidad de la atención materna neonatal en Ecuador.

195.A la presente fecha, 17 establecimientos del MSP y del IESS cuentan con la Certificación ESAMyN.

Información relativa al párrafo 44 f)

196.El programa de alimentación escolar del MINEDUC cuenta con la validación y aprobación de 11 Fichas Técnicas de alimentos y combinaciones de alimentos para cubrir los requerimientos nutricionales de los refrigerios escolares. Este programa ha evolucionado a lo largo de los años, pasando por diversas formas de administración y variando el contenido de las raciones alimenticias hasta llegar a 2.877.114 beneficiarios en 2022, es de carácter permanente y obligatorio.

Información relativa al párrafo 44 g)

197.El MAG identifica personas productoras y organizaciones de productores que conservan, utilizan y propagan semillas campesinas, como una alternativa para prolongar la calidad genética y características de adaptación de las especies, contribuyendo de manera significativa a la soberanía alimentaria, conservación de la agrobiodiversidad y el derecho colectivo de pueblos y nacionalidades a preservar la calidad y condición de sus alimentos.

Información relativa a los párrafos 45 y 46

198.El Ecuador, en línea con los desafíos de reducir desigualdades, está implementando el proyecto “Fortalecimiento de la salud intercultural en el Ecuador” para el periodo 2023‑2025, con un presupuesto de 20.054.030,69 USD. Este proyecto busca fomentar la participación comunitaria, fortalecer la medicina ancestral, desarrollar competencias interculturales en el personal del MSP y adaptar el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS-FCI) con un enfoque intercultural. Además, cuenta con un reglamento que reduce barreras de acceso a la salud, respetando aspectos culturales como idioma, vestimenta y alimentación, y coordinando con la medicina ancestral. Se está ejecutando en 64 distritos de salud, con la contratación de 69 Médicos Familiares y 79 Facilitadores comunitarios para integrar la interculturalidad en el Sistema Nacional de Salud.

Información relativa al párrafo 48 a)

199.Se responde en el detalle del Artículo 12.

Información relativa a los párrafos 48 c) y d)

200.El SNAI ha implementado diversas acciones para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria. Desde 2020, se han llevado a cabo 43 repatriaciones, 1.267 indultos, y la entrega de 23.566 beneficios penitenciarios, régimen semiabierto y prelibertad. Además, el SNAI ha expedido un reglamento para la calificación de las personas privadas de libertad que participan en programas de tratamiento y pueden acceder a beneficios penitenciarios.

201.Para mejorar las condiciones de vida, el SNAI ha creado pabellones específicos para adultos mayores en varios centros de privación de libertad y ha establecido centros exclusivos para mujeres, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales. También se han llevado a cabo adecuaciones en infraestructura, como la reconstrucción de pabellones en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, y se han realizado compras de materiales esenciales como uniformes, útiles de aseo y herramientas para actividades de rehabilitación. En 2020, la población alcanzó los 38.618 internos, con una capacidad instalada de 29.746, lo que resultó en un 29,83 % de hacinamiento. Para mayo de 2023, la población se registró en 32.222, con una capacidad de 27.714, lo que resultó en un 16,27 % de hacinamiento.

202.El SNAI también ha facilitado el acceso a instituciones públicas y fundaciones que monitorean los derechos humanos de las personas privadas de libertad, permitiéndoles visitar los centros de privación de libertad.

Información relativa a los párrafos 49, 50 a), b) y c)

203.En el marco de la formulación de la Política Nacional de Salud Mental y con el fin de implementar el Modelo de Salud Mental Comunitario en la Red Pública Integral de Salud, el MSP se encuentra trabajando en un catálogo de variables estándar para mejorar la calidad del dato sobre salud mental de la instancia de salud pública. La implementación de un tamizaje de salud mental en las atenciones médicas y actualización de variables PRAS también está en proceso de actualización. Se ha incorporado en la política una línea estratégica correspondiente a la prevención del suicidio, con actividades establecidas, indicadores y metas.

204.Se detalla más información en respuesta al Artículo 12.

Información relativa al párrafo 50 d)

205.El MSP, desde el año 2018, cuenta con el Protocolo para la atención en salud mental y apoyo psicosocial en emergencias, desastres o catástrofes. Adicional a esta normativa, se está trabajando en el Protocolo de operativización estratégica de salud mental en emergencias para la activación de la mesa de salud mental, en el marco de la mesa técnica de salud en emergencias y desastres.

Información relativa a los párrafos 51 y 52 a)

206.En julio de 2018, se expidió la PIPENA 2018-2025, articulada por el MSP, MINEDUC, MIES y MMDH. Para su implementación, en 2020 se aprobó el Reglamento del Comité Nacional Interministerial para la Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (CNIPENA), que estableció 9 mesas intersectoriales zonales para ejecutar esta política. Entre los avances, el MIES aprobó en 2023 la norma técnica del “Servicio de Intervención Psicosocial” y capacitó a 18.864 funcionarios en 2022 sobre prevención de violencia de género, y a 8.927 en 2023 sobre temas como violencia y ciberacoso. Además, el MIES socializó un plan de capacitación sobre violencia de género con 8.928 usuarios. Asimismo, a través del programa Creciendo Nuestros Hijos se trabaja en la protección y restitución de derechos de niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, con especial atención a embarazadas menores de 14 años.

207.En 2024, se lanzó la primera fase de la campaña educomunicacional del SNIPEVM sobre prevención de embarazos, alcanzando a 5.979 personas. El MINEDUC, por su parte, ha ejecutado diversos proyectos con presupuestos que van desde USD 1.373.002,15 en 2019 a USD 190.310,07 en 2021, enfocados en fortalecer el abordaje integral de la violencia y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. En 2023, se ejecutaron USD 75.559,20, y para 2024 se planifican USD 191.512,57. El MSP ejecutó USD 8.991.906,37 entre 2019 y 2022 en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes y lanzó un nuevo proyecto para 2023-2025 con un presupuesto de USD 14.845.389,90 para la salud sexual y reproductiva de adolescentes.

Información relativa al párrafo 51 d)

208.Desde septiembre del 2023, el MINEDUC, en coordinación con la STECSDI, implementa dentro de la estrategia “Todos al Aula”, la gestión de alertas de niñas y adolescentes gestantes y/o madres menores de 20 años fuera del Sistema Nacional de Educación SNE. Actualmente, 1.544 niñas y adolescentes embarazadas o madres están en el SNE.

209.Además, se ha presentado una propuesta para brindar los servicios educativos de: a) Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP): garantizar el acceso, reinserción, permanencia y promoción de los estudiantes de bachillerato con rezago o desfase; y, b) EPJA TEC: dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa para que permitan desarrollar competencias profesionales para la empleabilidad, emprendimiento y continuidad en educación superior.

Información relativa al párrafo 51 f)

210.La CCE en el año 2021, mediante la sentencia 34-19-IN/21,declaró la inconstitucionalidad de la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental”, constante en el art. 150 núm. 2 del COIP con lo que se despenalizó la interrupción del embarazo en caso de violación. A partir de esto se ha desarrollado los Lineamientos Operativos para la Atención integral y Acceso Efectivo a Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación, y 2.500 profesionales de salud a nivel nacional fueron capacitados en los mismo.

Información relativa al párrafo 51 h)

211.El 1 de junio de 2018, el MSP y el MINEDUC emitieron el Manual de Atención Integral en Salud en Contextos Educativos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los estudiantes mediante una gestión integral y sostenible de la salud, enfocada en el desarrollo de sus capacidades, así como en la promoción y prevención de la salud en el entorno escolar.

212.El plan se implementa en tres fases, cubriendo diferentes grupos etarios: estudiantes de 3 a 5 años en la primera fase, de 6 a 19 años en la segunda fase, y estudiantes de 20 años en adelante en la tercera fase. Hasta enero de 2024, el MSP reportó que el 75,45 % de las instituciones educativas fiscales del país están adscritas a centros de salud.

Información relativa a los párrafos 52 b), c) y d)

213.El 23 de octubre de 2023, el Ecuador emitió la ENEIS, de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país. Su objetivo es establecer lineamientos para la implementación, apoyo y seguimiento de la Educación Integral en Sexualidad en todos los niveles del sistema educativo. Desde 2021, se han publicado herramientas curriculares para docentes, capacitando a 21.173 docentes a través del curso MOOC RECONOCE y se han creado 1.525 clubes de adolescentes en establecimientos de salud, además de realizar un piloto de Educación Integral en Sexualidad con 6.665 adolescentes.

214.En cuanto a salud reproductiva, el marco normativo del Ecuador incluye leyes y protocolos que regulan el acceso a métodos anticonceptivos, con un presupuesto de más de 5 millones de USD en 2023 y estimado en 4 millones para 2024. Se han adquirido 22.180 unidades de anticonceptivo oral de emergencia y se ha creado la página web “Sexualidad Sin Misterios” para ofrecer información confiable. Además, se han implementado cajas de herramientas para la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención de violencia basada en género. El MSP cuenta con 365 establecimientos calificados para la atención integral y amigable para adolescentes, y ha implementado mejoras en la infraestructura hospitalaria y distribuidos trajes antishock para la prevención de muertes maternas con una inversión de USD 136.229,76.

215.Desde el MSP se emitió el Instructivo de “Tamizaje de Violencia Física, Psicológica y sexual en niñas y adolescentes de 10 a 18 años”, el Manual de “Atención Integral a Niñas y Adolescentes Embarazadas Menores de 15 años de edad” y el “Manual Atención Integral de Salud en Adolescentes 2023”.

Información relativa al párrafo 53

216.La CRE de Ecuador establece que los recursos naturales no renovables solo pueden ser explotados respetando los principios ambientales. Para garantizar el derecho al agua, la Autoridad Única del Agua (AUA)-MAATE tiene la competencia de establecer y delimitar Zonas y Áreas de Protección Hídrica, destinadas a la conservación, mantenimiento y recuperación del agua y sus ecosistemas asociados. Hasta la fecha, la AUA ha delimitado 32 áreas de Protección Hídrica en el país, abarcando 263.876,17 hectáreas, lo que contribuye significativamente a la conservación de las fuentes de agua para el consumo humano y la soberanía alimentaria.

Información relativa al párrafo 54

217.El país cuenta con el PAGcc Ecuador que incluye 38 acciones a corto y mediano plazo, con el objetivo de integrar la perspectiva de género e interculturalidad en la gestión del cambio climático. El plan promueve el empoderamiento y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de ecosistemas, biodiversidad y agua, aprovechando los conocimientos ancestrales para reducir los riesgos climáticos. Además, capacita a las mujeres en el uso de tecnologías limpias, reduce la sobrecarga de trabajo, impulsa emprendimientos sostenibles y facilita el acceso a crédito flexible, capacitación y asistencia técnica para la conservación de los recursos naturales.

Información relativa al párrafo 55

218.El MINEDUC promueve el acceso temprano a la educación para niños y niñas de 3 y 4 años a través del SAFPI, que ofrece educación a distancia asistida, permitiendo que los docentes visiten los hogares de aquellos niños que no pueden asistir a una institución educativa.

219.Entre 2018 y 2023, SAFPI ha atendido a un número significativo de niños, con un aumento en los casos atendidos tras la pandemia. Mientras que en 2020 la atención se redujo considerablemente a 1.851 debido a la COVID-19, en 2021 la cifra ascendió a 20.528. En 2022 y 2023, el servicio atendió a más de 18.500 niños cada año. En cuanto a la educación intercultural bilingüe, el MINEDUC y SEIBE trabajan de manera conjunta para gestionar 1.736 instituciones educativas bilingües, fortaleciendo competencias, talento humano, infraestructura y presupuesto.

Información relativa al párrafo 56 a)

220.El presupuesto del MINEDUC ha aumentado: en el 2020 recibió una asignación presupuestaria de USD 3.817,97 millones mientras que para el 2024 se aprobó un presupuesto de USD 4.615,71 millones.

Información relativa al párrafo 56 b)

221.El 21 de noviembre de 2023, se expidió el Marco Curricular de Aprendizajes para el Sistema Nacional de Educación mediante el cual introduce un currículo basado en competencias. Estas competencias, que abarcan conocimientos, habilidades y actitudes, se dividen en tres áreas: fundacional (comunicativo-lingüísticas, lógico-matemáticas y socioemocionales), integradora (ciudadanía mundial, cultura, deporte y sostenibilidad), e innovación (metacognición, emprendimiento, técnico-científicas y digitales). Este currículo tiene como objetivo formar individuos autónomos, críticos y creativos, capaces de enfrentar desafíos individuales y colectivos.

222.Para el período escolar 2024-2025 en la Sierra, se implementará la Certificación de Suficiencia Lingüística (CESLI), que exige que los docentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe demuestren su competencia en la lengua ancestral de su nacionalidad. Hasta el 31 de diciembre de 2023, se ha certificado al 56,6 % de los docentes en suficiencia lingüística.

Información relativa al párrafo 56 c)

223.El MINEDUC, por medio del Servicio de Nivelación y Aceleración de Aprendizajes (NAP), busca la nivelación de los conocimientos y habilidades de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, con rezago o desfase escolar moderado o significativo, brindándoles un proceso acelerado, que les permite reincorporarse al grado o curso que les corresponde por edad. Desde 2017 hasta 2024, se ha atendido a 26.920 niñas y niños beneficiarios, de los cuales 19.822 están ubicados en zonas urbanas y 7.090 en zonas rurales.

224.El MINEDUC ha implementado también el Plan Nacional “Aprender a Tiempo”, una estrategia diseñada para proporcionar apoyo técnico-pedagógico a autoridades de las instituciones educativas a través de visitas presenciales y/o virtuales para fomentar la implementación de diversas estrategias de nivelación y recuperación de aprendizajes, con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje. Su alcance desde noviembre de 2021 hasta la actualidad es de 4.244 instituciones atendidas.

Información relativa al párrafo 56 d)

225.Desde el MINEDUC se implementan ofertas y servicios educativos para personas jóvenes, adultas y adultas mayores con escolaridad inconclusa, en modalidades semipresencial y en el servicio de centros de privación de libertad, implementando Alfabetización, Post-Alfabetización, Educación General Básica Superior y Bachillerato, y a distancia en Educación General Básica Superior y Bachillerato, además de atender a personas sordas. En el periodo 2023-2024, las cifras indican que se ha atendido a 48.059 mujeres y 47.469 hombres.

Información relativa al párrafo 57

226.En las Instituciones Educativas Interculturales Bilingües del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, los docentes imparten clases en la lengua de las 14 Nacionalidades donde se contextualizan las actividades diarias promoviendo el diálogo en la lengua predominante, así como la integración de saberes, conocimientos y cosmovisión utilizando herramientas como: taptanas, cajitas mágicas, triángulos mágicos; textos educativos: guías de inter-aprendizaje para cada nacionalidad, cuentos y material visual. Además, se pone en conocimiento que dentro de las 1736 instituciones interculturales bilingües existen estudiantes extranjeros que se nutren de experiencias, lengua, cultura y cosmovisión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Información relativa al párrafo 57 a)

227.La política de inclusión educativa en Ecuador cuenta con el apoyo de 389 profesionales de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI), quienes brindan atención psicopedagógica, acompañamiento y seguimiento a 14.621 estudiantes con Necesidades Educativas Específicas, y 583 docentes especializados en inclusión, que han asesorado a más de 25.000 docentes en todo el país. Además, el Proyecto Inclusión Universal para el Aprendizaje, financiado por el BID con un presupuesto de 7.6 millones hasta 2026, tiene como objetivo fortalecer la atención integral a estudiantes con discapacidad, dotando de recursos y asesoramiento técnico a centros educativos especializados y otras instituciones de apoyo.

228.Por otro lado, el Plan Estratégico Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana 2020‑2025 busca redefinir y fortalecer la identidad cultural del pueblo afroecuatoriano dentro del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe. Este plan aborda dimensiones clave como la calidad, el acceso y los derechos, y promueve la formación de docentes y directivos, la evaluación de estándares de calidad, y la cooperación interinstitucional. Actualmente, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe está trabajando en la difusión del Modelo Educativo Afroecuatoriano (METAFE).

Información relativa al párrafo 57 c)

229.La SEIBE a fin de fortalecer e implementar una política de Educación Intercultural Bilingüe en todos los pueblos y nacionalidades adaptadas a sus lenguas, cultura y cosmovisión, cuenta el MOSEIB. Adicionalmente, la Ampliación Curricular para el Bachillerato General Unificado Intercultural Bilingüe completa la educación con pertinencia cultural en estos tres últimos años de educación previos al nivel superior dando continuidad. Se cuenta con (14) currículos nacionales interculturales bilingües de Educación General Básica de las nacionalidades Achuar, A’i Kofán, Andwa, Awa, Siona, Chachi, Eperara, Kichwa, Siekopaai, Sapara, Shiwiar, Shuar, Tsa’chila y Waodani y para el nivel de Bachillerato General Intercultural Bilingüe una Ampliación Curricular.

Información relativa a los párrafos 59 y 60 a) y b)

230.La SEIBE está trabajando activamente en el fortalecimiento, revitalización y recuperación de las lenguas indígenas y afrodescendientes de Ecuador, como el Achuar Chicham, Kichwa, Shiwiar Chicham, entre otras. A través de investigaciones, la creación de materiales educativos y la capacitación de técnicos y docentes, se busca preservar estos idiomas y su transmisión a futuras generaciones.

231.Además, en colaboración con UNICEF y UNESCO, se están desarrollando iniciativas para revitalizar lenguas como la lengua Atupama Sapara, debido a que es una de las lenguas en peligro de extinción. Actualmente la SEIBE está trabajando en el fortalecimiento de la lengua A’ingae de la nacionalidad A´i Kofán.

232.En febrero de 2023, con el fin de promover el uso de las lenguas de las 14 nacionalidades del Ecuador, se celebró el encuentro intercultural “Lenguas Diversas Vívelas” en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que contó con la participación de padres, sabios, estudiantes y docentes de las nacionalidades. Asimismo, se organizó el evento SHIMI “Semilla de Herencia, Identidad y Memoria Indígena” en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), con la participación de sabias de las 14 nacionalidades, coordinadores pedagógicos y público en general. Además, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SEIBE) firmó una carta de intención con los Casals Catalá de Quito, fortaleciendo las lenguas y la interculturalidad.

233.Paralelamente, la SEIBE, trabaja en la certificación de Suficiencia Lingüística mediante la plataforma CESLI. Este proceso busca visibilizar el uso y la aplicación pedagógica de las lenguas ancestrales en las Unidades Educativas Interculturales Bilingües. En 2024, los reactivos interpretados en las 14 lenguas de las nacionalidades ecuatorianas serán integrados en las pruebas de suficiencia lingüística en esta plataforma.

234.Es importante mencionar que la SEIBE viene implementando cursos de capacitación en lenguas de las nacionalidades dirigidas a docentes, en nivel básico e intermedio.

Información relativa al párrafo 61

235.El Estado ecuatoriano es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual reconoce el derecho a consulta previa de pueblos indígenas y pueblos tribales. En la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica se establece los derechos de los pueblos indígenas a un desarrollo integral, asignando recursos importantes provenientes de la actividad petrolera tanto para el desarrollo de proyectos sociales como para los planes de vida de las nacionalidades.

Información relativa al párrafo 62 a)

236.El Estado ecuatoriano garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la asignación de recursos provenientes de la actividad petrolera para su desarrollo integral, según lo establece la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica. Además, en la actualización de la Agenda Nacional para la Igualdad de los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades, se consensuó una política pública orientada a desarrollar mecanismos que aseguren la autoridad propia de estos pueblos en la protección del medioambiente, la sostenibilidad de los recursos y la distribución equitativa de la tierra y el agua.

Información relativa al párrafo 62 b)

237.En el territorio de los bloques 22 y los campos, 86 y 87, no existe actividad hidrocarburífera ya que son áreas que no han sido licitadas ni asignadas a operadora alguna.

238.En lo que respecta al Bloque 83, si bien está adjudicado a un operador privado, no se han efectuado operaciones o actividades hidrocarburíferas dentro del mismo, de igual forma no se ha emitido autorizaciones administrativas ambientales para el mencionado Bloque.

Información relativa al párrafo 62 c)

239.El MAG promueve el rescate y la difusión de los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades a través de la recopilación de prácticas tradicionales, el desarrollo de diálogos de conocimientos y la capacitación de técnicos y productores en técnicas basadas en esos saberes.

Información relativa a los párrafos 63 y 64 a) y b)

240.La Agenda de Transformación Digital del Ecuador para el período 2022-2025 busca abordar retos en innovación abierta y medir el avance hacia ciudades inteligentes y sostenibles. En paralelo, el MINTEL ha implementado el Plan de Servicio Universal 2022‑2025 para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de telecomunicaciones, junto con iniciativas como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la implementación de la Red Nacional de Equipos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT).

241.Desde la puesta en marcha de estas políticas, se ha mejorado la cobertura de 4G, pasando del 77,84 % en 2022 a 78,49 % en 2023. La penetración de Internet fijo y móvil ha experimentado un incremento del 74,44 % registrado en 2022, alcanzando el 78,21 % en 2023, ampliado el acceso a Internet fijo y móvil, y beneficiado a 25 parroquias rurales con servicios móviles avanzados. Además, se ha capacitado a más de 94.000 ciudadanos, incluidas comunidades indígenas y afrodescendientes, en el marco del proyecto Puntos Digitales Gratuitos, con el objetivo de reducir la brecha digital y promover habilidades en áreas tecnológicas clave.

Información relativa al párrafo 65

242.El Decreto Ejecutivo de 2018, que declara la adopción de la Agenda 2030 como política pública en Ecuador, resalta la importancia de alinear los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con los instrumentos nacionales de planificación. Este esfuerzo permite que el país articule las prioridades nacionales con las metas globales establecidas en la Agenda 2030, asegurando un enfoque coherente entre los diversos niveles de gobierno y entidades públicas.

243.El Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 refleja un fuerte compromiso con los ODS. Este plan, estructurado en cuatro ejes (social, económico, infraestructura, energía y medio ambiente, e institucional), abarca 9 objetivos, 70 políticas, 176 estrategias y 105 metas.

Información relativa al párrafo 66

244.Ecuador ha implementado un sistema de seguimiento mediante indicadores que permite evaluar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, destacando el Índice de Pobreza Multidimensional. Este índice abarca cuatro dimensiones principales: educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, y hábitat, vivienda y ambiente sano. Se utilizan 12 indicadores diseñados para medir el cumplimiento de los derechos de las personas, basados en datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Acumulada Anual. Además, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan de Desarrollo Estadístico apoyan el monitoreo del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

245.El PND cuenta con 105 indicadores que son monitoreados por 32 instituciones públicas y reportados periódicamente. Estos indicadores se encuentran disponibles para consulta pública y son evaluados progresivamente según las metas establecidas.

246.En cuanto a la Agenda 2030, Ecuador ha desarrollado un Plan de Desarrollo Estadístico dividido en dos tomos, que identifican las operaciones estadísticas y estrategias a corto y largo plazo para el reporte de los ODS. El país cuenta con 240 indicadores, de los cuales 14 son multipropósito y 226 son indicadores únicos, disponibles en la página web del INEC.

Información relativa al párrafo 67

247.El Ecuador, a través del MMDH y en colaboración con el MREMH, realiza la difusión de las observaciones finales en particular entre los parlamentarios, los funcionarios públicos y las autoridades judiciales, es así que el presente informe cuenta con la participación de las instituciones de las 5 funciones del Estado.

Información relativa al párrafo 68

248.El Estado ecuatoriano remitió su informe sobre el seguimiento a las observaciones finales aprobado por el Comité, sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en los párrafos 6, apartados b) y d) (medidas de austeridad), 18, apartado a) (derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado), y 40, apartado a) (protección de la familia y el niño) el 11 de noviembre de 2021.