Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
77º período de sesiones
10 a 28 de febrero de 2025
Examen de los informes: informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Respuestas de Chipre a la lista de cuestiones relativaa su séptimo informe periódico * **
[Fecha de recepción: 25 de octubre de 2023]
Abreviaciones
EEEEspacio Económico Europeo
EU-SILCEstadísticas de la Unión Europea sobre ingresos y condiciones de vida
GEIgases de efecto invernadero
PIBproducto interno bruto
UEUnión Europea
I.Introducción
1.Luego de que la República de Chipre presentara su séptimo informe periódico en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “el Pacto”) en noviembre de 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó una lista de cuestiones sobre dicho informe durante su 71er período de sesiones.
2.En respuesta a la citada lista de cuestiones, el Gobierno de la República de Chipre presenta las siguientes respuestas, formuladas por la Oficina del Comisionado Jurídico de Chipre, que, por decisión del Consejo de Ministros, se encarga de garantizar el cumplimiento por parte de Chipre de las obligaciones que le incumben de presentar informes en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las respuestas se formularon a partir de la información y los datos facilitados por los ministerios, viceministerios, autoridades y servicios competentes de la República de Chipre.
3.El Gobierno de la República de Chipre lamenta que la ocupación en curso le impida garantizar el disfrute de los derechos previstos en el Pacto en la totalidad de su territorio y que, por lo tanto, también se vea privado de capacidad para aplicar las disposiciones de este a quienes viven en las zonas que no están bajo el control efectivo del Gobierno. Por consiguiente, el Gobierno de la República de Chipre es incapaz de garantizar la efectivad plena de sus políticas y de aplicar sus leyes, políticas y programas relativos a los derechos humanos a quienes viven en las zonas ocupadas.
4.Debido a la situación descrita, no se dispone de información ni datos sobre el disfrute de los derechos pertinentes entre la población chipriota que vive en las zonas que no están bajo el control efectivo del Gobierno. Por lo tanto, toda la información y los datos que figuran en estas respuestas se refieren a las zonas controladas por el Gobierno.
II.Respuestas a la lista de cuestiones
A.Información general
Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones (E/C.12/CYP/Q/7)
5.El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante la Ley de Ratificación de los Pactos Internacionales (Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos Civiles y Políticos) de 1969 (núm. L.14/1969) y se ha incorporado en el derecho interno chipriota. Las disposiciones del Pacto también se reflejan en numerosos artículos de la Constitución, como el derecho a una existencia digna y a la seguridad social (art. 9), el derecho a la educación gratuita (art. 20), el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos (art. 21, párr. 2), el derecho a ejercer cualquier profesión o a ejercer una actividad empresarial (art. 25) y el derecho a la huelga (art. 27). Además, el derecho a participar en la vida cultural queda amparado en disposiciones como las relativas la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de expresión (art. 19) y el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley (art. 28). Periódicamente se organizan seminarios de sensibilización y formación para fiscales y abogados sobre derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. En el apéndice I figura un breve análisis de la jurisprudencia pertinente.
Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones
6.La Oficina del Comisionado para la Administración y la Protección de los Derechos Humanos tiene un íntimo conocimiento y dilatada experiencia en lo que respecta a la promoción y protección de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, incluido el Pacto, y cita con asiduidad el Pacto y los derechos contemplados en él en sus intervenciones e informes. A título indicativo:
En su informe sobre el protocolo de actuación adoptado por la Universidad Tecnológica de Chipre para combatir la pandemia de COVID-19 en el campus (diciembre de 2021), se citó el artículo 13 del Pacto sobre el derecho de toda persona a la educación, con especial referencia al párrafo 2 c).
En su Informe Sistémico (julio de 2021), relativo a las medidas generales adoptadas que Chipre adoptó en su momento para combatir la pandemia de COVID-19, y a la compatibilidad de esas medidas con el derecho de los derechos humanos, la Oficina del Comisionado citó los artículos 4, 7, 17, 12 y 19 del Pacto.
En el informe que presentó por propia iniciativa sobre las condiciones de vida de la comunidad romaní en Chipre (diciembre de 2020), la Oficina del Comisionado citó los artículos 6, 11, 12 y 13 del Pacto.
7.La participación activa y constructiva de las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en los procesos de toma de decisiones para la elaboración de nuevas leyes y políticas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar a través comunicaciones escritas, un diálogo público abierto, reuniones y debates a nivel de ministerios o departamentos y servicios, la participación en grupos de trabajo conjuntos para abordar cuestiones específicas, la organización de talleres y otras actividades de aprendizaje, etc.
8.Por ejemplo, el Departamento de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Viceministerio de Bienestar Social, que ejerce de punto focal en Chipre para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ha consultado con organizaciones que representan a las personas con discapacidad para la formulación y el seguimiento de la ejecución de la Estrategia Nacional y los Planes Nacionales de Acción sobre la Discapacidad. Asimismo, en relación con la aplicación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay en marcha un nuevo programa piloto en cooperación con organizaciones de personas con discapacidad, el cual cuenta con una subvención del Departamento de Inclusión Social, dedicado a hacer un estudio pormenorizado y dejar constancia de los servicios de apoyo necesarios y del funcionamiento del nuevo marco legislativo e institucional que introducirá el proyecto de ley.
9.En 2021, los Servicios de Bienestar Social del Viceministerio de Bienestar Social, que constituyen la autoridad coordinadora competente, presentaron a la Comisión Europea el Marco Estratégico Nacional de Chipre para la Población Romaní para 2021-2030, elaborado en colaboración con todos los Ministerios y Servicios competentes y aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2021. En este contexto, los Servicios de Bienestar Social han entablado una relación de cooperación con la Asociación Romaní de Chipre para la aplicación del Marco Estratégico.
Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones
10.Chipre ha adoptado una serie de políticas para mitigar el cambio climático:
a)Adopción de la Estrategia Nacional de Adaptación (2017)
El Departamento de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente coordina la elaboración y ejecución de la Estrategia Nacional del Adaptación al Cambio Climático. Para la aplicación de la Estrategia se elaboró el correspondiente Plan de Acción Nacional. Las medidas que contiene son puestas en práctica por los ministerios y autoridades competentes, con cargo a sus correspondientes presupuestos. Las principales medidas y políticas de adaptación a los efectos de los fenómenos de evolución lenta en la agricultura, la vivienda y el sector de la salud, así como las instituciones responsables de su ejecución, figuran en los cuadros 1 a 3 del apéndice II. La Estrategia Nacional de Adaptación y el Plan de Acción Nacional ante el cambio climático fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 18 de mayo de 2017. Todas las partes interesadas pertinentes han participado a lo largo del proceso y, en particular, en el seguimiento de los avances logrados en la ejecución de las medidas de adaptación. Está previsto que el Plan de Acción Nacional se revise a finales de 2024.
La Estrategia Nacional de Adaptación constituye un marco holístico que ayuda a las instancias decisorias, las partes interesadas y la ciudadanía a responder eficazmente a los riesgos asociados al cambio climático, a evaluar los posibles efectos transversales y la vulnerabilidad al cambio climático y a mitigar las repercusiones mediante opciones de adaptación que presenten una buena relación costo-eficacia. Incluye un análisis detallado de las repercusiones observadas y potenciales y de las correspondientes vulnerabilidades, las medidas de adaptación que deben adoptarse de inmediato, así como las políticas para futuras actuaciones en los distintos sectores de la economía. Los sectores de importancia para mitigar el cambio climático en Chipre incluyen la gestión de los recursos hídricos, la agricultura, la gestión de las zonas costeras, el turismo, la biodiversidad, la energía, la pesca y la acuicultura, el suelo, la silvicultura, la salud pública y las infraestructuras.
En el apéndice III figuran otras medidas recogidas en el Plan de Acción Nacional de Chipre relacionadas con las catástrofes naturales, los fenómenos extremos y el riesgo de catástrofes.
b)Establecimiento del Sistema Nacional de Gobernanza para el Clima y la Energía (2017)
Con el fin de cumplir las disposiciones del Reglamento (UE) núm. 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima y los objetivos del Acuerdo de París, el Consejo de Ministros aprobó el 15 de noviembre de 2017 una nueva estructura para la gobernanza del clima y la energía. La nueva estructura se guiaba por las orientaciones políticas impartidas por un comité ministerial de cuatro miembros y su correspondiente comité técnico de secretarios permanentes, mientras que, a nivel técnico, había siete grupos de trabajo distintos encargados de las esferas temáticas de descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía, investigación, innovación y competitividad, energías renovables y transporte. En 2019, esta estructura se convirtió en el Sistema Nacional de Gobernanza para la Aplicación del Pacto Verde, aprobado también por el Consejo de Ministros.
c)Aprobación del Plan Nacional de Energía y Clima (2020)
Este Plan examina la actual estructura del sector energético, las políticas en marcha, la posible evolución del sistema energético, y las medidas y políticas que se aplicarán para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos nacionales para 2030. A través de varias medidas concretas, el Plan Nacional tiene el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 24 % con respecto a 2005 para 2030.
Entre las medidas de política concretas figuran la importación y utilización de gas natural para la producción de electricidad, la mayor presencia de las fuentes de energía renovable en la generación de energía, en la calefacción y refrigeración y en el transporte, y la reducción de las cantidades de residuos biodegradables en las plantas de tratamiento de desechos sólidos gracias a la recogida selectiva de residuos para la generación de electricidad y energía térmica y para su reciclado.
En cuanto al sector del transporte, el Plan Nacional de Energía y Clima ha establecido medidas de política que promueven el uso de fuentes de energía renovable y aumentan la eficiencia energética del sector, incluido el desarrollo de infraestructuras para la electrificación del sector y para el transporte público, la promoción de combustibles alternativos y biocombustibles para el transporte, la promoción de autobuses y vehículos con bajas emisiones y la aplicación de planes de movilidad urbana sostenible. Entre las medidas adicionales figuran la promoción de la compra y el uso de vehículos con emisiones bajas o nulas, el desarrollo de planes de desguace de vehículos viejos, incentivos financieros para la compra de vehículos eléctricos, la incorporación de nuevas condiciones en los contratos de transporte público referidas a la compra y el uso de autobuses con emisiones bajas o de emisión cero, la armonización/aplicación de las directivas de la Unión Europea (UE) y los incentivos para el uso de autobuses turísticos de misión cero.
La revisión de la Política Agrícola Común ha introducido medidas específicas en el contexto de la ayuda directa verde mediante el fomento de la producción sostenible de alimentos, la gestión sostenible de las explotaciones agropecuarias y las prácticas y métodos inocuos para el medio ambiente y el clima. Estas medidas tienen como objetivo la prevención de la desertificación, una mejor gestión del agua, la reducción de la intensidad de uso de los recursos naturales, la optimización del uso de las tierras agrícolas, la reducción del uso de fertilizantes y una mejor gestión de los residuos animales.
Asimismo, el Programa de Desarrollo Rural promueve una aplicación más intensiva de las medidas forestales, lo cual aumentará también la absorción atribuible al sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Actualmente, no se puede estimar la contribución de estas medidas al saldo total de emisiones y absorción del país. El Departamento de Bosques tiene en marcha un plan destinado a las organizaciones públicas y privadas para aumentar la producción de especies forestales mediante la plantación de árboles procedentes de sus viveros en tierras actualmente no forestadas. El plan comenzó con la plantación de 70.000 árboles en 2020 y está previsto que alcance los 300.000 árboles plantados al año en 2030.
d)Adopción de la estrategia a largo plazo de la República de Chipre para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (2022)
A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de la República de Chipre dimanantes del del Acuerdo de París y el marco institucional pertinente de la UE, el Departamento de Medio Ambiente diseñó la Estrategia a Largo Plazo para un Desarrollo con Bajas Emisiones de GEI para 2050, adoptada por el Consejo de Ministros en septiembre de 2022. La Estrategia es para Chipre una hoja de ruta en materia de clima y energía, y forma parte de su participación en el objetivo colectivo europeo de lograr para 2050 la transición sostenible hacia una economía de efecto neutro para el clima. La estrategia de la República de Chipre está alineada con la Estrategia de Neutralidad Climática, y prevé la puesta en marcha de soluciones innovadoras pero realistas en materia de tecnología, financiación e investigación, al tiempo que vela por la justicia social en el contexto de una transición justa. La Estrategia a Largo Plazo 2050 analiza escenarios de evolución del sistema energético y del patrón de consumo en los sectores de uso final, con el objetivo de lograr la transición a una economía de efecto neutro para el clima en 2050 a más tardar. La tendencia de las emisiones de GEI per cápita 1990-2020 se expone en el apéndice IV.
e)Preparación de la Evaluación de Riesgos del Cambio Climático
La primera y detallada Evaluación de Riesgos del Cambio Climático de la República de Chipre se preparó en 2016 y ofrece una visión general de los riesgos y oportunidades que podría representar el cambio climático para Chipre de aquí a 2100. El Gobierno utilizó sus conclusiones para elaborar planes de adaptación. La evaluación de la vulnerabilidad se centró en 11 sectores prioritarios: recursos hídricos, uso de la tierra, zonas costeras, biodiversidad, silvicultura, agricultura, pesca, turismo, energía, infraestructuras y salud pública.
La Evaluación de Riesgos del Cambio Climático se concentra en los grupos vulnerables que tienden a sufrir de manera desproporcionada los efectos negativos del cambio climático, como son las personas afectadas por la pobreza, la mala salud y la discapacidad. La Evaluación de Riesgos reconoce que es probable que la vulnerabilidad social al cambio climático refleje pautas de desigualdad ya existentes, mientras que, en determinados escenarios demográficos, la vulnerabilidad social podría aumentar en el futuro debido a que una población envejecida es más vulnerable al estrés térmico. Asimismo, la Evaluación presta atención a quienes trabajan al aire libre, pues son más vulnerables a los riesgos relacionados con el calor, y a las personas con bajos ingresos, que corren mayor riesgo de verse afectadas por al aumento de los precios de los alimentos o el agua.
f)Medidas y planes de gestión del agua
Chipre ha implementado políticas de gestión racional del agua con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua y la seguridad hídrica, satisfacer al máximo posible la demanda de agua para usos domésticos, agrícolas, industriales, ambientales y otros, y garantizar la calidad y la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente, mediante el uso óptimo y sostenible de los recursos hídricos convencionales y no convencionales. Además, se están aplicando medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos, con el objetivo de seguir mejorando las buenas prácticas de consumo y reutilización del agua, minimizar las pérdidas de agua, reducir el riesgo de agotamiento de los escasos recursos hídricos de la isla y preservar su calidad.
Al mismo tiempo, se hace hincapié en aumentar la resiliencia del ecosistema acuático, con miras a la adaptación al cambio climático y a la adopción de medidas intensivas y selectivas para la gestión de desastres y para la respuesta a los efectos de los fenómenos extremos, como las sequías y las inundaciones. El Departamento de Desarrollo Hídrico del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha elaborado y aplicado un Plan de Gestión de la Sequía, que forma parte integrante del Plan de Gestión de las Cuencas Fluviales de Chipre, de conformidad con la Directiva Marco del Agua de la UE, así como planes de gestión del riesgo de inundación, de conformidad con la Directiva de Inundaciones de la UE.
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones
11.El Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre tiene por objeto promover e implementar reformas e inversiones que mitiguen el impacto económico y social de la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Garantiza a todos el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en materia de empleo, becas, protección social, educación y acceso a los bienes y servicios a disposición del público. En concreto, la economía debe ofrecer las mismas oportunidades a todos, y el crecimiento debe ser inclusivo y compartido entre toda la ciudadanía. La promoción de la igualdad de oportunidades es un principio horizontal que rige el Plan de Recuperación y Resiliencia, y en él se incorporan medidas legislativas centradas en seguir eliminando de la sociedad las brechas de género, los estereotipos y los prejuicios sociales. Para acelerar el proceso de eliminación y reducción de la brecha, se celebraron consultas entre las distintas partes interesadas. El Plan de Recuperación y Resiliencia también se ocupa de la exclusión social. Prevé medidas financieras y administrativas dirigidas a diversos casos de personas desfavorecidas, tanto mujeres como hombres, que sufren exclusión social, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, se conceden subvenciones a familias o personas con bajos ingresos (incluidos ancianos y personas necesitadas). Más concretamente, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad se promueven mediante la participación de los organismos competentes durante la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
B.Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto(arts. 1 a 5)
Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones
12.Según los resultados de la Encuesta sobre los Ingresos y las Condiciones de Vida, de las Estadísticas de la UE sobre ingresos y condiciones de vida (EU-SILC) (2022), tomando como período de referencia de ingresos el año 2021, el porcentaje de la población que se encontraba en riesgo de pobreza (proporción de personas con un ingreso disponible equivalente (una vez contabilizadas las transferencias sociales) inferior al umbral de riesgo de pobreza) era del 13,9 %, manteniéndose en torno al mismo nivel que el observado para 2021 (13,8 %). En 2022, el umbral de riesgo de pobreza (el 60 % de la mediana del ingreso disponible equivalente de los hogares) se estimó en 10.713 euros para los hogares unipersonales y en 22.498 euros para los hogares con dos adultos y dos niños a cargo. Los umbrales en 2021 eran de 10.011 euros y 21.024 euros, respectivamente. El mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza de los últimos diez años se registró en 2015 (16,1 %). Desde entonces, ha ido disminuyendo gradualmente.
13.Los datos de desigualdad disponibles para Chipre (coeficiente de Gini e índice S80/S20) proceden de la Encuesta sobre Ingresos y las Condiciones de Vida de EU‑SILC. El coeficiente de Gini se basa en la comparación de las proporciones acumuladas de la población con las proporciones acumuladas de los ingresos que perciben, y oscila entre 0 cuando la igualdad es perfecta y 1 cuando la desigualdad es perfecta. El índice S80/S20 se refiere a la relación entre el ingreso disponible equivalente total que percibe el 20 % de la población con el ingreso disponible equivalente más elevado y el ingreso disponible equivalente total que percibe el 20 % de la población con el ingreso disponible equivalente más bajo. Estos índices no mostraron cambios significativos en relación con 2021, lo que indica que no se produjo un aumento de la desigualdad económica, al tiempo que esta se mantuvo en niveles inferiores a los de la UE. En concreto, el coeficiente de Gini se mantuvo en el 29,4 % (en la UE fue del 29,6 %), mientras que el índice S80/S20 aumentó del 4,2 al 4,3 (en la UE fue del 4,8). Durante los últimos diez años, el mayor nivel de desigualdad se observó entre 2013 y 2016 (34,8 % y 5,4 en 2014). Desde 2017, la desigualdad se ha mantenido relativamente estable en torno al 29,5 % (coeficiente de Gini) y al 4,5 (índice S80/S20), aunque el coeficiente de Gini alcanzó un máximo del 31,1 % en 2019.
14.Tras una contracción de tres años durante 2012-2014, después del rescate bancario y el programa de ajuste macroeconómico, Chipre salió del programa en 2015 y volvió a una trayectoria de crecimiento. La economía registró tasas de crecimiento significativas durante seis años hasta 2019, siendo la tasa media de crecimiento del 5,4 %. Sin embargo, en 2020 la economía se vio muy afectada por la pandemia de COVID-19 y registró una contracción (‑4,4 %). Aunque Chipre había empezado 2020 en una situación macroeconómica y fiscal considerablemente favorable, la economía se vio muy afectada por la pandemia debido a su dependencia del turismo. Durante 2021, las medidas de restricción para contener la COVID‑19 fueron mucho menos estrictas, lo que permitió la reactivación de la mayoría de los sectores económicos. La economía se recuperó con fuerza en 2021 (6,6 %) y 2022 (5,6 %) a pesar de la situación en Ucrania y las sanciones impuestas. El producto interno bruto (PIB) per cápita pasó de los 26.677 euros en 2021 a los 29.589 euros en 2022, el más alto de los últimos diez años, sin contar 2020. La deuda pública, en porcentaje del PIB, ha bajado del 101,2 % al 86,5 %, la más baja desde 2013, aunque superior a la de 2012 (80,1 %). Los datos estadísticos de los años 2012 y 2022 figuran en el apéndice V, cuadro 1.
15.En el apéndice V, cuadros 2 a 5, se presenta un análisis más detallado sobre la parte de los ingresos públicos que procede de los impuestos y como porcentaje del PIB, sobre el gasto público como porcentaje del PIB, sobre el presupuesto público asignado a defensa y sobre las políticas fiscales aprobadas en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones
16.En 2022, el Parlamento promulgó tres leyes importantes que mejoran el marco anticorrupción existente: a) la Ley de Creación y Funcionamiento de la Autoridad Independiente contra la Corrupción (núm. L.19(I)/2022); b) la Ley de Transparencia de la Toma de Decisiones Públicas y Procedimientos Pertinentes (núm. L.20(I)/2022); y c) la Ley de Protección de los Denunciantes de Infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho Nacional (núm. L.6(I)/2022).
17.Además, sigue en vigor el Plan Nacional de Acción Horizontal contra la Corrupción, revisado en 2021, cuyo objetivo es mejorar el entorno jurídico, político, financiero y social a través de 27 medidas específicas, divididas en 3 pilares: a) prevención, educación y sensibilización; b) refuerzo y modernización del marco jurídico existente; c) supervisión, evaluación de riesgos y participación activa de la sociedad civil. Además, estableció un mecanismo de rotación de los funcionarios expuestos a riesgos de corrupción. Mediante una circular de 31 de agosto de 2021, el Departamento de Administración Pública y Personal dirigió varias recomendaciones a los ministerios, viceministerios, oficinas independientes, departamentos y servicios con el fin de combatir y minimizar el riesgo de corrupción en la función pública.
18.La legislación sobre la protección de los denunciantes de irregularidades (Ley núm. L.6(I)/2022) entró en vigor en 2022 y establece disposiciones complementarias sobre la protección de las personas que denuncien conductas delictivas, incluidos los actos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado (personas no implicadas en los hechos denunciados). En cuanto a las personas implicadas en actos de corrupción, pero que los denuncian voluntariamente a la policía y/o cooperan con las autoridades, dando lugar a la plena investigación y enjuiciamiento del caso, la Ley núm. L.6(I)/2022 establece que la pena máxima en caso de condena se reduce a la mitad. Se está realizando una labor de divulgación sobre el contenido de la Ley núm. L.6(I)/2022 y sobre las obligaciones y derechos que establece (por ejemplo, publicación en línea de guías informativas de fácil acceso sobre la protección de los denunciantes de irregularidades dirigidas a empleados, empleadores y autoridades competentes, publicación de una lista de “autoridades competentes” en el sitio web para ayudar a denunciar conductas delictivas).
19.La recién creada Autoridad Independiente de Lucha contra la Corrupción es la autoridad competente para la coordinación de la labor de los servicios del sector público, del sector público en sentido amplio y del sector privado para la prevención y la lucha contra los actos de corrupción a escala nacional. Está compuesta por el Comisionado para la Transparencia y cuatro miembros nombrados por el Presidente según el procedimiento establecido en la Ley núm. L.19(I)/2022. La Autoridad Independiente de Lucha contra la Corrupción tiene su propia oficina y personal (funcionarios públicos y otros funcionarios del Estado y tres contratistas externos que realizan labores administrativas y de oficina). Los gastos de la Autoridad Independiente, incluido el salario de los miembros y de su personal, se sufragan con cargo al presupuesto público de la República, en su propio apartado. El presupuesto de la Autoridad Independiente para 2023 asciende a 1.019.173 euros.
20.Asimismo, en marzo de 2022 se creó un Equipo de Tareas Anticorrupción con el mandato de supervisar, orientar y coordinar los procedimientos de investigación iniciados en las causas penales por actos graves de corrupción. El Equipo de Tareas está encabezado por el Fiscal General o el Fiscal General Adjunto y está integrado por abogados experimentados de la Oficina Jurídica de la República y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Policía. La Oficina Jurídica y la Autoridad Independiente de Lucha contra la Corrupción han llegado a un acuerdo para evitar todo solapamiento innecesario en la investigación de casos de corrupción.
21.Desde 2018, todas las causas penales relacionadas con la corrupción (tanto en fase de investigación como llevadas ante los tribunales) han sido recopiladas por la Policía de Chipre, categorizadas e incluidas en un registro único que se actualiza con frecuencia. Desde 2022, el Equipo de Tareas Anticorrupción examina el contenido de este registro en sus reuniones ordinarias. El Equipo de Tareas ejerce una función de supervisión en esas causas e imparte orientaciones con respecto a su investigación y trámite ante los tribunales. En 2021, se investigaron 12 casos de corrupción (algunos aún se están investigando) y uno de ellos fue objeto de enjuiciamiento. Desde principios de 2022 hasta marzo de 2023, se investigaron o se están investigando 30 casos. En 2020, 10 personas fueron condenadas en cuatro causas, en 2021, 8 personas fueron condenadas en dos causas y en 2022, 16 personas fueron condenadas en cuatro causas.
Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones
22.En la Primera Estrategia Nacional sobre la Discapacidad (2018-2028) y en el Plan de Acción Nacional sobre la Discapacidad (2021-2023) se incluyen medidas contra la discriminación por discapacidad, como programas de formación sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destinados a los escolares y a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad, con el fin de propiciar un cambio cultural y combatir la ignorancia y los prejuicios sobre la discapacidad. Además, el papel de la Comisionada para la Administración y la Protección de los Derechos Humanos, y su función como Autoridad para la Igualdad, permiten a las personas discriminadas denunciar su caso.
Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones
23.Los Servicios de Bienestar Social del Viceministerio de Bienestar Social siguen aplicando las medidas adoptadas en 2019 y 2020 para la acogida e integración de los solicitantes de asilo en Chipre. Los Servicios de Bienestar Social ofrecen condiciones de acogida materiales a los solicitantes de asilo que no pueden ser alojados en un centro de acogida (subsidios mensuales para sus necesidades básicas, suministro de electricidad, abastecimiento de agua, gastos menores y alquiler). Se concede una prioridad elevada a las personas en situación de vulnerabilidad y a las familias con niños en situación de riesgo, lo que incluye la organización de disposiciones de alojamiento y vivienda.
24.Los formularios de solicitud para la obtención de condiciones de acogida materiales se han revisado y traducido a seis idiomas. Los Servicios de Bienestar Social han preparado un folleto informativo sobre las condiciones de acogida materiales y los derechos y las obligaciones de los solicitantes, el cual se ha traducido a seis idiomas. Los interesados pueden encontrar toda la información necesaria sobre los servicios prestados por los Servicios de Bienestar Social en su sitio web y en las Oficinas de Bienestar Social de cada distrito.
25.El 1 de junio de 2019, el Consejo de Ministros aprobó un incremento del subsidio mensual en concepto de condiciones de acogida materiales destinado a los solicitantes de protección internacional. Se han introducido criterios específicos para viviendas en alquiler, con respecto al número de personas alojadas, en función del número de habitaciones. También se proporciona la fianza para la conclusión de un contrato de alquiler. Al mismo tiempo, los servicios de bienestar social se ocupan inmediatamente de los casos de solicitantes de asilo que no encuentran alojamiento y pueden encontrarse sin hogar. Mediante decisión de 7 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó sufragar los gastos de manutención de las familias de los solicitantes de protección internacional con hijos menores (independientemente de su vulnerabilidad) y de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las víctimas de violencia, según se definen en el artículo 9KG de las leyes sobre el estatuto de los refugiados 2000-2020 (por ejemplo, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o víctimas de la violencia), en alojamientos temporales (hoteles y otras formas de acogida) únicamente durante un período de uno a tres meses, con el fin de ayudarlas a encontrar lo antes posible un lugar de residencia permanente en el seno de la comunidad. Asimismo, a los solicitantes de asilo recién llegados que se derivan a los Servicios de Asistencia Social se les facilita asistencia financiera de emergencia desde el primer día para que puedan cubrir sus necesidades básicas y encontrar alojamiento.
26.Además, los Servicios Públicos de Empleo del Departamento de Trabajo ofrecen asistencia para encontrar empleo a todos los demandantes de empleo que tienen acceso al mercado laboral, sin discriminación alguna, para lo cual proceden a su inscripción y les prestan servicios de búsqueda de empleo y de colocación, en particular orientación profesional, asesoramiento y derivación hacia programas de formación y ofertas de empleo. Los solicitantes de asilo tienen acceso a determinados sectores laborales regulados por orden ministerial. La lista de estos sectores se amplió en 2019 y de nuevo en octubre de 2021.
Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones
27.El Plan de Acción Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2019-2023) está siendo evaluado por un experto independiente externo. El objetivo de esta evaluación es demostrar el grado de ejecución del Plan de Acción Nacional, tanto cuantitativa como cualitativamente, y determinar cuáles fueron los problemas y dificultades que obstaculizaron su plena ejecución. Según una recopilación preliminar de datos e información llevada a cabo por el Ministerio de Justicia y Orden Público, se ha puesto en marcha un importante número de medidas en el marco de las siete prioridades clave del Plan de Acción Nacional, que son la prevención y la lucha contra la violencia de género, la lucha contra los estereotipos, la promoción del equilibrio en la representación de las mujeres en puestos de liderazgo, la modernización del marco legislativo, el empoderamiento de los grupos vulnerables de mujeres, el empoderamiento profesional de las mujeres y la formación y educación de las mujeres en las tecnologías de la comunicación y la información. Se espera que los resultados de la evaluación se presenten al Ministerio en octubre y se tengan en cuenta en la formulación de la nueva Estrategia Nacional de Igualdad de Género (2024-2026). La Nueva Estrategia está siendo formulada actualmente por la Comisionada para la Igualdad de Género, en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, y se ha previsto someterla a la aprobación del Consejo de Ministro antes de que termine 2023.
28.La brecha salarial entre hombres y mujeres en Chipre ha disminuido considerablemente en el último decenio y prosigue su tendencia a la baja. La disminución ha alcanzado un 20 % desde 2017 (11,2 %), y actualmente se sitúa en el 9,7 % según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2021. La brecha salarial en el sector privado también ha disminuido desde 2017 (21 %) y actualmente se sitúa en el 19,3 %.
29.Además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo actividades que contribuyen a sensibilizar a la opinión pública sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres y sus consecuencias perjudiciales para la vida económica y social de las mujeres (por ejemplo, organiza actos anuales del Día de la Igualdad Salarial, mesas redondas, etc.). El Organismo Nacional de Certificación, fundado en 2014 con el propósito de certificar a las empresas que siguen políticas de apoyo a la igualdad de género en el lugar de trabajo, ha premiado a 67 empresas e instituciones por sus esfuerzos para lograr la igualdad salarial, retener a integrantes del sexo menos representado, mejorar el equilibrio de género en los puestos de responsabilidad, adoptar sistemas de clasificación de puestos de trabajo que sean neutros en cuanto al género y aplicar políticas de conciliación de la vida laboral y personal.
30.En cuanto a las inspecciones realizadas en virtud de la legislación pertinente, desde 2010 hasta 2021, las inspecciones realizadas perseguían un objetivo de efectuar entre 200 y 300 inspecciones al año, con carácter tanto preventivo como represivo. La principal función del cuerpo de inspectores consiste en recabar datos con el fin de detectar la discriminación directa en materia de remuneración, facilitar información a empresarios y trabajadores sobre las disposiciones de la legislación y orientar a los empresarios sobre cómo cumplir la normativa en la práctica. En 2022 se realizaron inspecciones selectivas y más detalladas, basadas en una evaluación de riesgos previa.
31.En el apéndice VI puede consultarse una lista indicativa de la jurisprudencia referida a las condenas en virtud de la Ley núm. L.205(I)/2002, en su versión modificada, en materia de acoso sexual y acoso en general.
Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones
32.En marzo de 2014, por una decisión presidencial, se creó la Oficina del Comisionado para la Igualdad de Género. La Comisionada preside el Mecanismo Nacional para los Derechos de la Mujer, de conformidad con una decisión del Consejo de Ministros de 23 de abril de 2014. Desde 2023, la Comisionada preside el comité interministerial formado por los puntos focales de género designados en cada ministerio y viceministerio.
33.La Comisionada para la Igualdad de Género es directamente responsable ante el Presidente. El 5 de julio de 2023, el Consejo de Ministros encargó a la Comisionada la elaboración, la coordinación y el seguimiento de la ejecución de la nueva Estrategia de Igualdad de Género (2024-2026). Se espera que la nueva Estrategia se publique a finales de 2023. La Oficina del Comisionado para la Igualdad de Género, a través de la Estrategia y en estrecha colaboración con los puntos focales de género, se propone integrar horizontalmente la perspectiva de género en las políticas del Gobierno. A este respecto, el 26 de septiembre de 2023 se celebró una amplia consulta en la que representantes de las autoridades públicas, universidades, organizaciones no gubernamentales, miembros del Mecanismo Nacional para los Derechos de la Mujer y otras organizaciones de los sectores público y privado intercambiaron ideas y opiniones sobre la nueva estrategia.
34.La Comisionada para la Igualdad de Género también es responsable de la coordinación y el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Nacional titulado “Mujeres, paz y seguridad”, cuyo propósito es dar cumplimiento a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este Plan de Acción Nacional, elaborado con todos los ministerios competentes, es un plan integral que abarca el período de 2021 a 2025 e incluye cuatro pilares principales: a) participación y empoderamiento; b) protección; c) prevención; y d) promoción de la resolución e información al respecto. Se creó un Comité de Seguimiento y Evaluación que celebró su primera reunión el 3 de julio de 2023, la cual estuvo presidida por la Comisionada.
C.Cuestiones relativas a disposiciones específicas del Pacto(arts. 6 a 15)
Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones
35.Los datos actualizados del Servicio Estadístico de Chipre sobre la tasa de participación en la fuerza de trabajo y la tasa de empleo y desempleo figuran en el apéndice VII, cuadros 1 a 8.
Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones
36.Desde 2014, el Departamento de Trabajo puso en marcha 16 planes de incentivos al empleo que ofrecen subvenciones a los empleadores que contraten a desempleados. Dichos planes estaban pensados para los desempleados de larga duración, los jóvenes de entre 25 y 29 años, los jóvenes de hasta 25 años, los jóvenes de entre 15 y 29 años sin empleo y que no estaban estudiando ni siguiendo ninguna formación, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas, las personas desfavorecidas (como los antiguos reclusos y los beneficiarios del ingreso mínimo garantizado), las personas mayores de 50 años y las personas que trabajan específicamente en el sector minorista. Todos los planes de incentivos han alcanzado su objetivo y unas 13.500 personas han encontrado empleo. Los planes para personas con discapacidad, enfermedades crónicas y antiguos reclusos siguen en marcha y recibiendo solicitudes.
37.En el apéndice VIII, cuadro 1, pueden consultarse los datos sobre el número de participantes y programas aprobados y subvencionados por la Autoridad para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Chipre en 2021, desglosados por plan. La legislación, las políticas y las medidas relativas a la creación y el funcionamiento de la Autoridad para el Desarrollo de los Recursos Humanos garantizan que no haya discriminación en lo que respecta a la formación profesional de las personas en función de su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional o extracción social o cualquier otra característica. No se dispone de datos sobre las características de los participantes.
38.La Autoridad para el Desarrollo de los Recursos Humanos ha creado un sistema integral para evaluar el impacto de sus actividades. Se realizan continuamente estudios de evaluación sobre el impacto que tienen los planes de la Autoridad en los beneficiarios. En febrero de 2022, se publicó un estudio de la Autoridad sobre el Plan sobre Programas de Formación para Desempleados (2018-2019), que muestra que, aproximadamente 7 meses después de completar su participación, el 24,2 % de los participantes habían encontrado empleo y solo el 32,8 % de los que trabajaban lo hacían en el oficio para el que se habían formado. Por lo tanto, no parece que el plan haya logrado un nivel satisfactorio de reincorporación de los desempleados al mundo laboral en los oficios para los que fueron formados.
39.La Autoridad para el Desarrollo de los Recursos Humanos diseñó y puso en marcha dos planes para superar las dificultades ocasionadas por la pandemia de COVID-19, uno para la integración de los desempleados e inactivos en el mercado laboral y otro para el aprendizaje permanente de los empleados (véase el apéndice VIII, cuadro 2).
Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones
40.Tras un amplio diálogo entre los interlocutores sociales, el Decreto del Salario Mínimo de 2022 sustituyó al Decreto del Salario Mínimo de 2012, que solo era aplicable a determinadas profesiones. Desde el 1 de enero de 2023, el salario mínimo nacional es de 940 euros. El decreto especifica que, durante los seis primeros meses de empleo, el salario se fija en 885 euros y, a partir de entonces, sube a 940 euros. El decreto no se aplica a las profesiones relacionadas con la agricultura y la navegación, a los trabajadores domésticos ni a las personas que reciben formación o educación para obtener un título o cualificación profesional.
41.Además, el Decreto del Salario Mínimo estableció un comité de nueve miembros (compuesto por tres representantes sindicales, tres representantes de las organizaciones patronales y tres académicos o expertos en cuestiones laborales) encargado del ajuste del salario mínimo nacional. El primer ajuste del salario mínimo nacional tendrá lugar el 1 de enero de 2024 y, a partir de entonces, cada dos años. El Comité efectúa una labor de investigación e informa de la eventual necesidad de realizar un ajuste salarial, teniendo en cuenta el poder adquisitivo del salario mínimo nacional, las tendencias de las tasas de empleo y de desempleo, la variación del crecimiento económico y los niveles de productividad, la variación y las tendencias de los niveles salariales y su distribución, los efectos que cualquier cambio en el salario mínimo tendrá sobre los niveles de empleo, los indicadores de pobreza relativa y absoluta, el costo de la vida y la competitividad de la economía. El Órgano Consultivo Laboral asesora al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo que respecta al informe del comité sobre el ajuste del salario mínimo nacional.
Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones
42.Una de las medidas adoptadas para la protección de los trabajadores a quienes no se aplica una legislación específica o un convenio colectivo es la introducción del salario mínimo nacional. El Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se centra en asegurar, supervisar y someter a inspección la aplicación y la correcta ejecución de la legislación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. Par ello, lleva a cabo inspecciones, poniendo especial énfasis en aquellos lugares donde trabajan los grupos de trabajadores más vulnerables. En 2023, las inspecciones incluyen la aplicación del Decreto Nacional del Salario Mínimo. El Ministerio también organiza campañas para informar al público sobre sus derechos laborales. Estas campañas han demostrado tener un impacto increíblemente positivo en la concienciación pública a lo largo de los años.
43.Por lo que se refiere a los trabajadores domésticos, Chipre ha emprendido los trámites para ratificar el Convenio núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está preparando y promulgando leyes en las que incorporar los procedimientos actuales en relación con el examen y la resolución de denuncias y conflictos laborales de los trabajadores domésticos, garantizando así que los trabajadores domésticos de terceros países sigan disfrutando de los mismos derechos que los nacionales chipriotas y de la UE, especialmente en lo que respecta a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social salvaguarda la igualdad de trato de los trabajadores nacionales de países no pertenecientes a la UE en lo que respecta a las condiciones de empleo a través de condiciones de empleo estipuladas por escrito. El Departamento de Relaciones Laborales se esfuerza continuamente, mediante los procedimientos de resolución de denuncias, por proteger los derechos de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos de terceros países.
44.La decisión del Consejo de Ministros de 2019 aumentó la eficacia del mecanismo de resolución de denuncias. En particular, la decisión prevé la supresión del comité encargado de resolver las denuncias presentadas por nacionales de terceros países, constituido por representantes del Departamento de Relaciones Laborales, del Departamento de Registro Civil y Migración (Ministerio del Interior) y de la Unidad de Extranjería e Inmigración (Policía de Chipre). Ahora, las denuncias relacionadas con asuntos laborales son examinadas directamente por el Departamento de Relaciones Laborales, que informa al Departamento de Registro Civil y Migración. Este nuevo procedimiento ha demostrado ser más eficaz, ya que ha reducido considerablemente el plazo de examen (aproximadamente tres semanas a partir de la fecha de presentación de la denuncia). Además, si durante la investigación se detectan indicios de explotación o violación de los derechos humanos, la denuncia se remite a la Oficina del Comisionado para la Administración y la Protección de los Derechos Humanos.
45.Se emiten recomendaciones estrictas para la protección de los salarios, a fin de que los empresarios paguen los salarios y prestaciones pendientes a sus empleados. En caso contrario, se les sanciona con la retirada del permiso para sustituir al empleado.
46.La Inspección de Trabajo, creada en 2017, cuenta con 8 inspectores y 24 coinspectores y es responsable de hacer cumplir 30 leyes laborales diferentes, que incluyen disposiciones relativas al salario mínimo, las condiciones de empleo en la construcción, la hostelería/restauración, la jornada laboral, etc. En 2019 realizó 7.630 inspecciones, en cuyo transcurso entrevistó a más de 15.000 empleados. Se impusieron 747 multas administrativas por trabajo no declarado.
Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones
47.Las medidas legislativas y de políticas introducidas para proteger los derechos de los trabajadores no sindicados a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, en particular respecto de la remuneración justa, etc., son las mismas que las mencionadas en la respuesta al párrafo 15. La densidad sindical en 2019 fue del 44 %, con un total de 184.833 personas sindicadas.
48.Durante la pandemia de COVID-19 no hubo restricciones al ejercicio de los derechos sindicales, incluido el derecho de huelga, y durante ese período se registraron 21 nuevos sindicatos. Durante las restricciones debidas a la COVID-19, Chipre introdujo medidas para facilitar que las actividades sindicales se llevaran a cabo en línea, luego de que esto se solicitara y fuera aprobado por la Oficina del Registro de Sindicatos, ayudando así a los sindicatos a continuar con su funcionamiento normal.
Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones
49.Chipre ha tomado medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del régimen de seguridad social. Estas medidas tienen por objeto hacer frente a los efectos del envejecimiento demográfico y aumentar los ingresos mediante el incremento progresivo de las cotizaciones, así como mediante el aumento gradual del período mínimo de cotización para poder optar a la pensión reglamentaria, de 3 años (156 semanas) a 15 años (780 semanas). A partir del 1 de enero de 2017, el período mínimo de cotización para poder optar a la pensión reglamentaria es de 780 semanas. Si la persona no cumple los requisitos mínimos para percibir la pensión reglamentaria pero ha cotizado en cualquier otro Estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo (EEE) o Suiza o en un tercer país con el que Chipre haya celebrado un acuerdo bilateral, los períodos de cotización transcurridos en esos países se tendrán en cuenta para determinar el derecho a una pensión prorrateada. Si una persona no ha cumplido el período mínimo pero ha completado al menos 6 años de cotización (312 semanas), esa persona tiene derecho a una prestación en forma de pago único.
50.Con 780 semanas, se garantiza una pensión mínima que es muy superior a la cuantía que correspondería a una pensión resultante de 780 semanas de cotización. La pensión mínima asciende al 85 % de la pensión básica completa. Si una persona no tiene derecho a percibir pensión de ninguna fuente, y siempre que haya residido al menos 20 años en Chipre a partir de la fecha en que cumplió 40 años, o 35 años a partir de la edad de 18 años, y resida habitualmente en Chipre, podrá optar a una pensión social equivalente al 81 % de la pensión mínima establecida por la Ley de Pensiones Sociales de 1995 (núm. L.25(I)/1995), en su versión modificada. Los períodos de residencia completados en otros Estados miembros de la UE, del EEE o en Suiza se tienen en cuenta a efectos de este derecho.
51.La legislación en materia de seguridad social no hace ninguna distinción por nacionalidad u origen étnico; por lo tanto, todos los asegurados tienen los mismos derechos y responsabilidades.
Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones
52.Para paliar los efectos de la COVID-19, desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021 se introdujeron programas especiales de apoyo a los ingresos de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de mantenimiento del empleo, de apoyo a las empresas y de apoyo a aquellos desempleados que habían agotado su derecho a prestaciones de desempleo (véase el anexo IX, cuadro 1). Estos programas se financiaron con cargo al presupuesto general y a mecanismos financieros europeos. El período durante el cual las personas percibían prestaciones especiales a causa de la COVID-19 se consideraba un período de empleo por cuenta ajena o por cuenta propia con arreglo a la legislación sobre la seguridad social y los historiales de cotización se ajustaban en consecuencia. Véase el anexo IX, cuadros 2 y 3, donde figuran los datos disponibles para 2021 sobre la seguridad social.
53.En lo que respecta a la adecuación de las prestaciones de la seguridad social, las pensiones básicas se ajustan anualmente en función del incremento porcentual de la remuneración asegurable básica. La remuneración asegurable básica se incrementa anualmente atendiendo a los resultados de una encuesta anual de remuneración y salarios. Las pensiones complementarias se reajustan el mismo día, de acuerdo con el incremento del índice del costo de la vida (en comparación con el segundo semestre de los dos años anteriores). El incremento de la pensión complementaria no puede superar el incremento de la pensión básica. Las pensiones (básicas y complementarias) también se reajustan cada mes de julio en función del incremento del índice del costo de la vida (comparación del primer semestre del año en curso con el segundo semestre del año anterior) si dicho incremento es como mínimo del 1 %. Este incremento se tiene en cuenta al determinar el aumento de las pensiones a principios del año siguiente.
Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones
54.En diciembre de 2022 se promulgó una nueva ley (núm. L.216(Ι)/2022) según la cual los trabajadores por cuenta ajena que ejercen responsabilidades parentales tienen derecho a una licencia parental y reciben una prestación por permiso parental, independientemente de su estado civil o familiar.
Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones
55.Todas las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, siempre que cumplan la definición de “persona con discapacidad” establecida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los criterios específicos para la obtención de prestaciones sociales del Departamento de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, pueden solicitar y recibir dichas prestaciones. También tienen derecho a un ingreso mínimo garantizado y a un subsidio por discapacidad (un total de hasta 848,38 euros mensuales), independientemente de los ingresos de su familia. En septiembre de 2023, un total de 2.233 niños con discapacidad eran beneficiarios del ingreso mínimo garantizado y del complemento por discapacidad. En el apéndice X, cuadros 1 y 2, pueden verse otras medidas referidas a los niños con discapacidad.
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones
56.La aplicación de los programas para la vida independiente se atribuye, mediante procedimientos de contratación pública, a personas físicas o jurídicas que, en su calidad de contratistas, están obligadas a:
Diseñar un programa de vida independiente basado en las necesidades, requisitos y capacidades de las personas con discapacidad.
Proporcionar un alojamiento seguro, digno y confortable que satisfaga las necesidades y requisitos de las personas con discapacidad. (Cabe señalar que hasta 2026 se adquirirán cinco residencias financiadas con cargo al Programa de Recuperación y Resiliencia de Chipre. Las residencias se utilizarán para atender las necesidades de alojamiento de los programas).
Contratar al personal necesario y facilitar a las personas con discapacidad acceso a todos los servicios de apoyo que necesiten (cuidadores, asistentes personales, asesores, etc.).
Apoyar y asesorar a las personas con discapacidad de modo que puedan hacer frente a sus gastos administrativos y financieros para cubrir todas sus necesidades vitales (por ejemplo, para abastecerse de alimentos y bebida, ropa, calzado, artículos de limpieza e higiene) y sus gastos de vivienda (gastos de funcionamiento y fijos asociados a su alojamiento, como serían el suministro de electricidad y agua, la recogida de basuras, etc., la sustitución de aparatos antiguos y el mantenimiento de la vivienda), así como sus gastos de ocio y socialización.
57.Se espera que los programas de servicios de apoyo a la vida independiente atiendan al mayor número posible de personas con discapacidades graves, principalmente con discapacidad intelectual o autismo, que no pueden vivir de forma independiente o sin un entorno que ofrezca el apoyo adecuado. Las medidas emprendidas en el marco de estos programas:
Proporcionarán servicios de apoyo eficaces y de calidad a las personas con la máxima autonomía, de acuerdo con los principios y valores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Preservarán los vínculos de los beneficiarios con sus familias.
Incluirán a las personas con discapacidades graves que actualmente corren peligro de aislamiento, institucionalización y exclusión social debido a sus dificultades para vivir de forma autónoma en programas que les permitan vivir integradas en la comunidad.
Aumentarán la sensibilización de la sociedad.
Promoverán la adquisición en Chipre de conocimientos y competencias en servicios para la vida independiente destinados a las personas con discapacidad.
Generarán empleo en el ámbito de los servicios sociales y la asistencia social.
58.Hasta la fecha, se ha desinstitucionalizado a 50 personas con discapacidad ingresadas en hospitales psiquiátricos o residencias de ancianos y se les ha prestado apoyo para evitar su institucionalización. Un total de 49 personas con discapacidad participan en programas de servicios de apoyo a la vida independiente y 16 personas con discapacidad se integrarán en estos programas antes de que termine 2023. Se calcula que a finales de 2027 habrá 86 personas con discapacidad inscritas en programas de servicios de apoyo a la vida independiente. El número de personas con discapacidad que se acogen a la ayuda al alquiler es, en septiembre de 2023, de 997.
Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones
59.En cuanto a las medidas para hacer frente a la pobreza y la exclusión social en respuesta a la pandemia de COVID-19 y para la recuperación tras ella, y las medidas para prevenir la pobreza entre las personas con discapacidad, el Departamento de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad gestiona varios planes y servicios de prestaciones sociales (véase el apéndice XI), independientemente de los criterios de ingresos, que tienen por objeto compensar los costos derivados de la situación de discapacidad y facilitar la participación de las personas con discapacidad en la comunidad local y la prestación de asistencia personal.
60.Además, unos 10.385 beneficiarios del ingreso mínimo garantizado reciben ayuda económica del Servicio de Administración de Prestaciones Sociales, para hacer frente a los costos adicionales que la discapacidad ocasiona en sus vidas, y unos 2.732 beneficiarios con discapacidad reciben subsidios para sufragar los cuidados que necesitan. Asimismo, 11.500 familias monoparentales reciben la prestación para familias monoparentales. Durante este período, los Servicios de Bienestar Social prosiguieron su labor y estrecharon su cooperación con todas las demás autoridades competentes e interlocutores sociales para prestar servicios sociales a todas las personas necesitadas y, en especial, a las familias y los niños.
61.Además, el Ministerio de Energía, Comercio e Industria promueve medidas destinadas a reducir el costo de la electricidad para los beneficiarios discapacitados y a asegurar el suministro ininterrumpido de electricidad.
Respuesta al párrafo 23 a) de la lista de cuestionesEstado general de la atención sanitaria en Chipre
62.Globalmente, la población chipriota es una de las más sanas de la UE. La población presenta buenos resultados en materia de salud, a pesar de la prevalencia de factores de riesgo como el tabaquismo y la obesidad. Desde 2019, las reformas efectuadas en el sistema de salud introdujeron la cobertura universal y mejoraron su eficiencia general, a pesar de la pandemia, y los cambios introducidos en los mecanismos de financiación de la atención de la salud han facilitado el aumento de la capacidad de refuerzo. Un objetivo importante de las reformas recientes es reducir los gastos efectuados directamente por el paciente, que eran los más elevados de la UE, mejorando para ello la protección financiera.
63.Desde la implantación del Sistema General de Atención de la Salud el 1 de junio de 2019, la planificación de la capacidad de refuerzo es mucho más flexible. Desde junio de 2019, el Sistema presta servicios de atención ambulatoria (médicos de familia, pediatras, especialistas, pruebas de laboratorio y medicamentos) y, desde junio de 2020, presta además servicios de atención hospitalaria, tratamiento de urgencias, envío de ambulancias, servicios de atención odontológica preventiva y atención ambulatoria por profesionales sanitarios asociados.
64.Menos de uno de cada seis chipriotas declaró no haber obtenido la atención médica necesaria durante la pandemia de COVID-19, una tasa que encaja con unas cifras de necesidades médicas no cubiertas inferiores a la media de la UE antes de la pandemia. Para garantizar un acceso sin riesgo a la atención sanitaria durante la pandemia, se alentó a los pacientes a que consultaran con su médico principalmente por teléfono.
Respuesta al párrafo 23 b) de la lista de cuestionesRepercusiones de la pandemia de COVID-19
65.Los datos más recientes procedentes de la Comisión Europea sugieren que la proporción de personas que, habiéndose repuesto de la COVID-19, experimentarán síntomas debilitantes que durarán mucho más de lo esperado, con la consiguiente erosión de su calidad de vida, podría ser de hasta una de cada ocho. De las personas infectadas por el coronavirus de 2019, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estima que el 13,3 % presentó síntomas durante un mes o más y el 2,5 % durante 3 meses o más. La detección y el tratamiento de un cuadro posagudo de larga duración requieren un alto grado de concienciación y un enfoque múltiple, lo cual exige a su vez profesionales especializados, una labor de investigación apropiada y entornos clínicos adecuados. Por lo tanto, es necesario que las organizaciones de salud pública y las autoridades nacionales diseñen y respalden iniciativas que puedan atender adecuadamente la discapacidad de larga duración plazo debida a la COVID-19 y deben poner en marcha sistemas de vigilancia para la detección precoz de pacientes con síntomas de cuadros posagudos. Estas iniciativas son fruto de una colaboración estrecha entre profesionales sanitarios, investigadores y pacientes, y abarcan tres pilares: salud pública, sistemas de atención sanitaria e investigación.
Respuesta al párrafo 23 c) de la lista de cuestionesEfectos de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Dependencia de Sustancias Ilícitas y el Uso Nocivo del Alcohol (2013-2020)
66.Desde 2004, el Observatorio Chipriota de las Drogas y las Toxicomanías proporciona a la Autoridad Nacional de Adicciones de Chipre información epidemiológica para el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas, mientras que, a escala europea, la labor del Observatorio Chipriota ha sido aprovechada por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Los datos disponibles más recientes muestran que, desde principios de enero hasta finales de diciembre de 2022, 1.442 personas solicitaron tratamiento a centros especializados en el tratamiento de la drogodependencia en Chipre. A pesar de algunas fluctuaciones a lo largo de los años, se observa una tendencia general al alza. El número de personas tratadas cada año, de 2004 a 2022, figura en el apéndice XII.
Respuesta al párrafo 23 d) de la lista de cuestionesPruebas, tratamientos y vacunas para la COVID-19
67.En Chipre se llevó a cabo un riguroso programa de pruebas para detectar la COVID‑19 durante toda la pandemia. Todas las personas identificadas como contactos cercanos o casos positivos (a efectos de darles el alta) o que presentaban síntomas de COVID-19 (tras ser remitidos por su médico de cabecera) fueron sometidos gratuitamente a pruebas del tipo PCR en centros clínicos públicos creados al efecto en todos los distritos. A medida que la pandemia iba evolucionando, se introdujeron algunos cambios en este sistema (casos positivos dados de alta sin necesidad de prueba, prueba rápida para contactos cercanos), aunque se han mantenido las pruebas gratuitas.
68.Desde el principio se puso en marcha un programa de detección entre la población, coordinado por el Ministerio de Salud. Concretamente:
Se crearon unidades móviles de detección en varios lugares, en todos los distritos, que ofrecían a la población pruebas rápidas de antígenos todos los días y de manera gratuita. Todas las personas, incluidos los solicitantes de asilo y los refugiados (incluso los no registrados en el sistema de salud), podían someterse a una prueba gratuita (por ejemplo, una prueba rápida) durante toda la pandemia.
En las escuelas primarias y secundarias se puso en marcha un programa de detección, y se estableció un programa llamado “Test to Stay” para los contactos cercanos.
Se puso en marcha un programa de detección de personas en situación de vulnerabilidad, que sigue operativo, centrado en las personas ingresadas en residencias de ancianos (pruebas semanales) y otros centros (centros de acogida para solicitantes de asilo), así como en las personas que visitan a pacientes hospitalizados.
En distintos períodos de la pandemia, las farmacias ofrecieron pruebas autoadministradas gratuitas a la población general. También se distribuyeron pruebas autoadministradas gratuitos en guarderías y centros de cuidados de larga duración.
69.Las personas que residen legalmente en Chipre también pueden someterse a pruebas en laboratorios privados, corriendo ellas con los gastos. Se estableció por decreto un precio máximo para todas las pruebas. Además, se permitió a las farmacias realizar pruebas rápidas de antígenos de la COVID-19 mediante la introducción de una exención.
70.Los pacientes con COVID-19 tienen acceso a los hospitales públicos de todos los distritos, donde pueden recibir tratamiento. Además, todos los médicos de cabecera pueden recetar medicamentos antivíricos de forma gratuita.
71.Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las vacunas se han administrado en centros de vacunación específicos en todos los distritos, incluso en zonas remotas. La vacunación puede realizarse sin cita previa o, en determinados períodos, a través de un portal para pedir cita. Los ciudadanos pueden elegir entre diferentes vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos. También hay en marcha un programa independiente de unidades móviles de vacunación que acuden a residencias de ancianos y al domicilio de pacientes encamados. Por decisión del Consejo de Ministros, todas las personas, incluidos los solicitantes de asilo o refugiados, no registradas en el sistema de salud, tienen derecho a vacunarse gratuitamente contra la COVID-19. Los datos estadísticos sobre la población vacunada figuran en el apéndice XIII, cuadros 1 a 3.
Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones
72.Se adoptaron las siguientes medidas para reforzar el sector de la educación pública.
Respuesta al párrafo 24 a) de la lista de cuestionesAplicación de un nuevo sistema de nombramiento para el cuerpo docente
73.En 2017 se puso en marcha el nuevo sistema de nombramiento para el cuerpo docente, cuyo objetivo es asignar a los centros públicos el personal docente más idóneos, basándose en criterios cualitativos y meritocráticos, como los resultados de los exámenes del candidato, su nota en la carrera universitaria, sus cualificaciones académicas adicionales y su experiencia en la enseñanza. Los primeros exámenes escritos para el nombramiento del cuerpo docente en todos los niveles de enseñanza tuvieron lugar en noviembre de 2017. A mediados de noviembre de 2019 se organizó la segunda ronda de exámenes. Desde septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2027, el 50 % de los nombramientos se realizarán a partir del actual sistema de lista de espera y el otro 50 %, según el nuevo sistema basado en exámenes. A partir de septiembre de 2027, todos los nombramientos se harán en función de los méritos de los candidatos.
Respuesta al párrafo 24 b) de la lista de cuestionesSistema unificado de evaluación de los alumnos
74.A propuesta de un comité científico, y desde noviembre de 2019, todos los centros de enseñanza preescolar y primaria comenzaron a utilizar boletines de progreso individual para cada alumno, con fines formativos, y boletines de progreso académico, con el fin de ayudar al cuerpo docente a detectar esferas susceptibles de mejora, evaluar directamente a los alumnos y favorecer su desarrollo y progreso y, al mismo tiempo, orientar las intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados de aprendizaje globales del alumnado. El boletín de progreso académico se cumplimenta para cada niño matriculado en la enseñanza preescolar y primaria, dos veces al año, al final del primer semestre (mediados de enero) y hacia el final del segundo semestre (principios de junio). Inmediatamente después, se organiza un diálogo individual con los padres o tutores sobre el progreso del alumno, tomando como base el contenido del boletín de progreso académico. En cuanto a la enseñanza secundaria, se promulgaron dos nuevas enmiendas al Reglamento de la Escuela Secundaria Pública (R. 480/2022 y 211/2023), con el objetivo de suprimir los exámenes al final de cada semestre e implantar exámenes finales al final del curso escolar. El número de asignaturas que son objeto de examen al final del primer curso en el primer ciclo de la enseñanza secundaria se reduce ahora a dos (lengua griega y matemáticas), para que la transición del alumnado de la enseñanza primaria a la escuela secundaria sea más fácil. Además, la nueva normativa hace hincapié en los métodos alternativos de evaluación formativa del alumnado.
Respuesta al párrafo 24 c) de la lista de cuestionesAumento de la edad de escolarización
75.En lo que respecta al aumento gradual la edad de inicio del último curso de enseñanza preescolar de los 4 años y 8 meses a los 5 años y del primer curso de la enseñanza primaria de 5 años y 8 meses a 6 años, cabe señalar que estos cambios comenzaron a aplicarse a partir del curso escolar 2020/21 y se completaron en el curso 2021/22.
Respuesta al párrafo 24 d) de la lista de cuestionesPrograma para reducir el analfabetismo funcional
76.El programa paliativo para la alfabetización funcional comenzó a aplicarse a partir de 2021/22 sobre una nueva base y forma parte de la política general del Ministerio de Educación, Deporte y Juventud para prevenir y combatir el analfabetismo funcional. Durante el curso escolar 2021/22, participaron 38 escuelas y se destinó más tiempo a la prestación de apoyo, con fines de prevención, intervención temprana y enseñanza diferenciada, para niños de primer a sexto grado. Durante el curso escolar 2022/23, 50 escuelas primarias participaron en el programa y fueron elegidas de nuevo en función de la existencia de un número elevado y constante de niños en riesgo de analfabetismo, según los resultados de la encuesta de alfabetización del Centro de Investigación y Evaluación de la Educación. El número de centros escolares para el curso 2023/24 ha aumentado a 56. Se espera que el apoyo prestado a los niños tenga un efecto tanto preventivo como supresor, para reducir el número de niños que se enfrentan a un mayor riesgo de analfabetismo funcional.
Respuesta al párrafo 24 e) de la lista de cuestionesDatos sobre el rendimiento escolar
77.En 2019, los alumnos de cuarto de primaria de Chipre participaron por cuarta vez en el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias de la Asociación Internacional de Evaluación del Rendimiento Escolar. Los resultados mostraron que, estadísticamente, tanto en matemáticas como en ciencias, los alumnos de cuarto curso tenían un rendimiento significativamente superior a la media. También se observa un aumento constante del rendimiento medio en ambas asignaturas desde 1995, año en que Chipre participó por primera vez en el estudio. En particular, en 1995, el rendimiento medio de los alumnos de cuarto curso fue de 475 en matemáticas y 450 en ciencias, cifras que aumentaron gradualmente hasta 532 y 511, respectivamente, en 2019.
Respuesta al párrafo 24 f) de la lista de cuestionesEscolarización de niños refugiados en las escuelas públicas
78.En lo que respecta a la acogida de alumnos procedentes de Ucrania en centros públicos, en todos los niveles, estos niños podrán, desde el curso escolar 2021/22, matricularse en centros públicos, donde recibirán la acogida y el apoyo correspondientes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación, Deporte y Juventud ha tomado disposiciones junto con la Embajada de Ucrania en Chipre y, considerando que tal vez haya alumnos que deseen seguir asistiendo a distancia a clases del sistema educativo ucraniano, ha proporcionado instalaciones para estos alumnos, en complemento a la escolarización normal en las escuelas públicas. Para ello, el Ministerio ordenó que se asignaran espacios específicos en las escuelas de cada ciudad.
Respuesta al párrafo 24 g) de la lista de cuestionesTasas de asistencia irregular
79.La matriculación y la asistencia a clase son obligatorias para los niños a partir de los 6 años y en la educación preescolar a partir de los 4 años y 8 meses, hasta los 15 años. Sin embargo, un pequeño porcentaje de alumnos matriculados en centros de enseñanza primaria (el 1,07 %) no asistió de manera asidua a clase durante el curso escolar 2021/22. De este porcentaje, 181 alumnos son de origen inmigrante, lo que corresponde al 33,8 % de los alumnos que no han asistido asiduamente a la escuela durante el curso escolar correspondiente. Del mismo modo, en lo que concierne a la educación preescolar, el 0,84 % de los alumnos matriculados no asistió asiduamente a clase durante el curso 2021/22. De este porcentaje, 66 alumnos son de origen inmigrante, lo que corresponde al 75.9 % de los alumnos que no han asistido asiduamente durante el curso escolar correspondiente en la enseñanza preescolar. El anexo XIV, cuadro 1, contiene los datos estadísticos disponibles para los dos últimos cursos escolares.
80.En cuanto a la enseñanza secundaria:
En el anexo XIV, cuadros 2 y 3, se presenta el porcentaje de alumnos que abandonaron los estudios en los gimnasios y liceos, por grado, género y grupo de edad (menores de 15 años y mayores de 15 años) durante los cursos escolares 2020/21 y 2021/22.
En el apéndice XIV, cuadros 4 y 5, se presenta el porcentaje de alumnos de gimnasios y liceos, por curso y género, cuya asistencia a clase fue insuficiente y que no pasaron de grado debido a sus ausencias (asistencia irregular), en los cursos escolares 2020/21 y 2021/22.
En el anexo XIV, cuadros 6 y 7, se presenta el porcentaje de alumnos de gimnasios y liceos, por grado y género, que no pasaron de grado debido a su rendimiento académico durante los cursos escolares 2020/21 y 2021/22.
Respuesta al párrafo 24 h) de la lista de cuestionesMedidas para mejorar la educación terciaria
81.Las medidas adoptadas por el Departamento de Educación Superior para mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la educación superior figuran en el anexo XIV, cuadro 8.
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones
82.A raíz de la labor investigación sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en los niños, llevada a cabo por un comité científico designado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Deporte y Juventud puso en marcha una serie de medidas.
83.Como parte de la política establecida de empoderar a los profesores y apoyar a los alumnos de todos los niveles en tiempos de crisis, el Instituto Pedagógico, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, organizó numerosas actividades de formación para profesores, funcionarios del sector educativo, padres o tutores y alumnos. Además, el Servicio de Psicología Educativa del Ministerio ha ofrecido a alumnos y profesores actividades educativas y material didáctico. El Ministerio de Educación, Deporte y Juventud ha seguido aplicando medidas dirigidas a la gestión responsable de la crisis durante el curso escolar 2022/23, que incluyen formación adicional, programas de intervención en las escuelas y la elaboración de materiales educativos y de apoyo.
84.Además, el Ministerio de Educación, Deporte y Juventud incorporó medidas como las sugeridas en la evaluación del impacto que las restricciones habían tenido en los derechos del niño, realizada por la Comisionada para la Protección de los Derechos del Niño (véase el apéndice XV).
85.El Ministerio de Educación, Deporte y Juventud se esforzó por mitigar toda repercusión negativa de la COVID-19 en los derechos económicos, sociales y culturales de los alumnos, impartiendo considerable formación a los docentes y apoyo a los alumnos. En particular, el Ministerio ofreció apoyo a los alumnos vulnerables (por ejemplo, los procedentes de entornos socioeconómicos menos favorecidos), los dotó del material necesario (por ejemplo, ordenadores portátiles/ordenadores/tabletas) y les brindó acceso a Internet. Además, elaboró material educativo y facilitó el acceso a las tecnologías educativas a todos los docentes, alumnos y padres o tutores. Los psicólogos escolares mantuvieron una comunicación constante con todos los alumnos de educación secundaria, especialmente cuando las clases eran en línea. Además, en muchos casos los psicopedagogos prestaron servicios en forma de ayuda individualizada a los alumnos con dificultades de aprendizaje, emocionales o de comportamiento, o en forma de intervenciones y programas preventivos de carácter más general.
86.Durante la pandemia, el Departamento de Educación Superior, en colaboración con el Ministerio de Salud, elaboró protocolos para ayudar a las instituciones de educación superior a impartir cursos presenciales, velando al mismo tiempo por que los estudiantes gozaran de buenas condiciones higiénicas. Además, el Departamento de Educación Superior, en colaboración con otras autoridades competentes, proporcionó directrices a las instituciones de educación superior para gestionar la participación semipresencial y en línea en los cursos, velando al mismo tiempo por la calidad y el reconocimiento de la educación impartida.
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones
87.El Programa de Descentralización Cultural, puesto en marcha en 2016, corre a cargo del Departamento de Cultura Moderna y Contemporánea del Viceministerio de Cultura, y sus actividades van dirigidas a: promover, cultivar y difundir la cultura y ofrecer oportunidades de encuentro, comprensión, participación y creación en los estratos más amplios posibles de las comunidades rurales; fomentar la movilidad de los artistas y otros profesionales de la cultura, así como su labor artística; permitir tanto a los artistas como al público formular percepciones y estímulos artísticos. El Programa de Descentralización Cultural abarca cada año unas 30-35 comunidades (el 6 % del total) con una población de 43.500 habitantes (el 4 % de la población total de la isla). A fin de que todos los segmentos de la población puedan acceder a la vida cultural a precios asequibles y para eliminar todo tipo de barreras que impidan a las personas con discapacidad participar plenamente en la vida cultural, todas las actividades culturales organizadas en el contexto del Programa son gratuitas.
88.El Programa sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial subvenciona actividades que promuevan y salvaguarden elementos ya incluidos —o pendientes de ser incluidos— en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, preservando y desarrollando así una cultura local y tradicional relacionada con aldeas, comunidades y zonas concretas de la isla. La finalidad del Programa es vertebrar el apoyo público destinado específicamente a aquellos organismos y grupos de personas físicas (así como a las autoridades administrativas locales que han consignado entradas en la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial) que desarrollan su actividad en ámbitos y sectores relacionados con la Lista Nacional, así como con las expresiones culturales tradicionales.
89.El Programa sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial financia categorías de actividades que contribuyen al registro, la exhibición y la transferencia del patrimonio cultural inmaterial y las expresiones culturales tradicionales, así como a la formación al respecto, al fortalecimiento de la creatividad, al fomento de la participación del público y a la movilidad y colaboración internacional de creadores e investigadores. En el marco del Programa se presta apoyo cada año a unas 35 organizaciones, grupos de personas físicas e individuos. También se han financiado actividades de municipios ocupados que promueven la conservación y salvaguardia de técnicas tradicionales inscritas en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial.