Comité de Derechos Humanos
141 er período de sesiones
1 de julio a 2 de agosto de 2024
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto
Respuestas de Honduras a la lista de cuestiones relativa a su tercer informe periódico *
[Fecha de recepción: 6 de marzo de 2024]
Índice
Página
I.Introducción3
II.Respuesta a la lista de cuestiones3
Marco constitucional y jurídico de aplicación del Pacto (Art. 2)3
Lucha contra la impunidad y violaciones cometidas en el pasado (Arts. 2, 6, 7 y 14)3
Estado de excepción (Art. 4)4
No discriminación (Arts. 2, 19, 20 y 26)5
Igualdad de género (Arts. 3 y 26)7
Violencia contra la mujer y violencia doméstica (Arts. 2, 3, 6, 7 y 26)8
Interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos (Arts. 6, 7 y 8)10
Derecho a la vida (Art. 6)12
Prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Arts. 6, 7 y 10)15
Personas privadas de libertad (Arts. 6, 7, 9, 10, 14 y 26)15
Prohibición de la esclavitud y la trata de personas (Arts. 2, 7, 8 y 26)17
Libertad de circulación (Art. 12)18
Acceso a la justicia e independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la administración de justicia (Arts. 2 y 14)19
Libertad de expresión (Arts. 19-20)20
Derechos de las minorías (Arts. 1 y 27)22
I.Introducción
1.En 2021 el Estado de Honduras presentó su tercer informe periódico, relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto) ante el Comité de Derechos Humanos (el Comité) de conformidad con el artículo 40 de dicho pacto.
2.El Comité ―conforme al procedimiento simplificado de presentación de informes― remitió en septiembre de 2023 una lista de cuestiones relativas al tercer informe periódico. En tal sentido, Honduras presenta el informe de respuesta a la lista de cuestiones.
3.La preparación del informe estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH), que coordinó el proceso de elaboración con los tres poderes del Estado, entes desconcentrados y descentralizados en el marco del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Honduras (SIMOREH).
4.El informe resume las principales medidas adoptadas en el período 2021-2023, así como los retos y desafíos enfrentados por el Gobierno Solidario de la presidenta Xiomara Castro.
II.Respuesta a la lista de cuestiones
Marco constitucional y jurídico de aplicación del Pacto (Art. 2)
Cuestión 1
5.Para que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) pueda cumplir con su mandato de manera autónoma e independiente, conforme con los Principios de París, ha adoptado medidas como la aprobación de su Plan Estratégico Institucional (PEI 2022-2026), que traza cinco objetivos estratégicos de mediano plazo. Asimismo, enmarcado en su PEI, incorporó nuevos elementos a su Plan Operativo Anual, como el enfoque basado en derechos humanos, género e interseccionalidad.
6.Sobre la asignación de recursos suficientes al CONADEH, en 2023 se incrementó su presupuesto en 33,4 % respecto al presupuesto de 2022, aprobándose L111.415.781,00, con una ejecución para el mes de diciembre del 98,7 %.
Lucha contra la impunidad y violaciones cometidas en el pasado (Arts. 2, 6, 7 y 14)
Cuestión 2
7.Sobre las investigaciones de los casos de violaciones de derechos humanos (DD.HH.) ocurridos en 2009, el Ministerio Público (MP) afirmó que, en el ámbito de las vulneraciones a los derechos fundamentales ocurridas en la crisis post electoral, “se les garantiza a las víctimas el ejercicio de la acción penal pública a través de investigaciones objetivas e imparciales”.
8.El 04 de febrero de 2022 entró en vigor la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que condena el golpe de Estado de 2009 y deroga el Decreto 141-2009. Asimismo, se concede amnistía general, amplia e incondicional para las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, participado en la protesta social y acciones de defensoría. Con esta medida se benefició a 217 personas, incluidos 74 participantes de manifestaciones y protestas, además, ordena la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras bajo la asesoría de la ONU.
9.Para garantizar la reparación y el derecho a la verdad a las víctimas de graves violaciones de DD.HH. y sus familiares, se crea el Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia, que beneficia a las familias de las víctimas de asesinato del golpe de Estado, y otorga medidas de reparación integral y garantiza su educación y sobrevivencia en condiciones de dignidad y seguridad. Adicionalmente, se crea el Programa Memoria y Reparación a cargo de la SEDH, que busca garantizar la documentación y conservación de la memoria histórica y la reparación integral de las víctimas.
10.El Estado reconoce que existe un desafío para dimensionar el número de casos criminalizados desde el golpe de Estado de 2009 y el conflicto poselectoral de 2017.
Estado de excepción (Art. 4)
Cuestión 3
11.Sobre las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia por la COVID-19, adicionales a las informadas en el tercer informe, destacan las siguientes:
a)Para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y atención a la población, se decretó estado de emergencia sanitaria en el territorio nacional, extendido hasta el 31 de diciembre de 2021;
b)Se aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del Coronavirus COVID-19; y la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus reformas;
c)Para asegurar reservas suficientes de alimentos, se declaró prioridad nacional para dar apoyo al sector productor de alimentos y la agroindustria mediante el Decreto Ejecutivo PCM-030-2020;
d)Se aprobó L18.000.000,00 para implementar medidas de contención, habilitación de espacios, equipos de protección, alimentación de personas aisladas para evitar la propagación del virus, que fuerontransferidos a ocho municipios priorizados. Para el control de dichos fondos, se aprobó el Reglamento paraLiquidación de Recursos FinancierosTransferidos en forma extraordinaria a las municipalidades para la Atención de la Emergencia Humanitaria y Sanitaria del COVID-19;
e)Aprobación de la Ley Especial de Apoyo a los Migrantes Hondureños en el marco de la Crisis Sanitaria del COVID-19, para la repatriación de restos humanos cremados de hondureños fallecidos en el exterior;
f)Para garantizar a toda la población el acceso gratuito y universal a la vacuna, se aprobó la Ley de Vacuna Gratuita para Todos contra el COVID-19; y la Ley Especial de Regulación del Uso de Vacunas y Tratamientos Médicos para el Combate de la Emergencia Sanitaria a Consecuencia del COVID-19, por Personas Naturales y Jurídicas Nacionales o Extranjeras;
g)Ley de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), que ratifica la creación de la ARSA;
h)Ley para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa y su Reglamento;
i)En junio de 2022 se declara nueva emergencia sanitaria en el Sistema de Salud Pública a nivel nacional, misma que fue prorrogada en 2023, por motivo de continuar vigentes las condiciones que motivaron la declaratoria de emergencia;
j)Además, mediante decretos, se aprobaron protocolos y guías de prevención de la COVID-19, como medidas fiscales, de ahorro y de reducción presupuestaria en el sector público, exceptuando en los servicios de salud, educación, energía, seguridad y defensa.
12.Respecto al estado de emergencia nacional de seguridad decretado en 2022 por la grave perturbación de la paz y la seguridad ocasionada por grupos criminales organizados y el alza de la extorsión, la Presidenta en Consejo de secretarios de Estado, mediante el Decreto PCM-29-2022, decretó la suspensión de garantías constitucionales de los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99. Decisión tomada para implementar medidas para el combate frontal contra el crimen organizado en línea con el eje estratégico del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026.
13.Por los buenos resultados obtenidos en la reducción de los índices de violencia por la Secretaría de Seguridad (SEDS), mediante la Policía Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), mediante la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la declaratoria de suspensión de garantías ha sido extendido hasta en cinco ocasiones, por lo que se mantiene vigente hasta la fecha.
14.En cuanto a informar sobre la adopción de esta medida de carácter temporal, el artículo 6 del Decreto PCM-29-2022, instruye a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) informar de manera inmediata sobre los motivos de la suspensión y los derechos suspendidos a la OEA y a los Estados parte.
15.Para supervisar y proteger los DD.HH. durante el estado de suspensión de garantías, se creó la Mesa de seguimiento al estado de excepción, que fortaleció la participación de instituciones clave en la protección y garantía de los derechos de la población.
No discriminación (Arts. 2, 19, 20 y 26)
Cuestión 4 Inciso a)
16.Para garantizar la aplicación de las disposiciones sobre no discriminación contenidas en la legislación nacional, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, enmarcado en su Plan de Gobierno 2022-2026, reestructuró la debilitada administración pública, creando la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que suprime la anterior Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
17.También se crea la Coordinación Nacional de los Pueblos Originarios y Afrohondureños (CONAPOA), adscrita a SEDESOL, en remplazo de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Con el objetivo del estudio, creación, diseño y elaboración de políticas públicas en favor de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) y sus derechos.
18.En 2022, adscrita a SEDESOL, se creó el Centro Hondureño para el Estudio de las Políticas de Estado en el Sector Social (CHEPES), para realizar la investigación y adopción de políticas públicas del sector social con la participación de OSC. Su objetivo es generar una estrategia especializada en poblaciones priorizadas de grupos en situación de vulnerabilidad, personas en situaciones de riesgo debido a emergencias naturales, económicas, sanitarias, entre otras, intervenciones de desarrollo y protección sociales en alianza con la academia y organismos internacionales, con un enfoque en lecciones aprendidas de los ámbitos locales, nacional e internacionales.
19.La SEDESOL elabora una nueva política pública integral en favor de los pueblos originarios y afrohondureños (POAH), que incorporará acciones contra el racismo y la discriminación. Entre sus avances, se ha realizado la revisión de la Política Pública contra el Racismo y Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los PIAH, mediante espacios de consulta con instituciones estatales, organizaciones de sociedad civil (OSC) y la academia.
20.A través de CHEPES inició el proceso de socialización de la nueva Política Pública con 54 actores estratégicos de organizaciones de los POAH, secretarías de Estado, agencias de cooperación y la academia. Se elaboró el documento Bases para la construcción de una nueva política integral hacia los POAH.
21.La SEDESOL capacita a funcionarios públicos mediante el Curso Estándar sobre Desarrollo y Protección Social impartidos por CHEPES. También, capacita sobre derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
22.Para atender de forma integral a las mujeres, en 2022 se crea la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), ente rector de la implementación de la Política Nacional de la Mujer, que promueve políticas, planificación y análisis presupuestarios sensible al género. Con su creación se suprime el Instituto Nacional de la Mujer.
23.Adicionalmente, el Congreso Nacional (CN) aprobó el presupuesto sensible a género, como herramienta democrática de acción afirmativa en la asignación de recursos destinados para poner en marcha acciones y cerrar la brecha de discriminación entre hombres y mujeres.
24.Por otra parte, la Dirección de Educación y Cultura de Paz de la SEDH realizó campañas y cursos para prevenir la violencia, la discriminación y la estigmatización en contra de las mujeres, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales y personas que viven con el VIH. Estas actividades están dirigidas a servidores públicos y personal hospitalario. Las temáticas incluyen trato digno en la atención de la salud, prevención de la discriminación, DD.HH. de grupos colocados en situación de vulnerabilidad, igualdad y equidad de género. También, capacita a la población general por medio de:
a)Curso prevención de la discriminación;
b)Curso formación de promotores en DD.HH. para miembros de organizaciones no gubernamentales;
c)Curso Formación de Promotores Juveniles en DD.HH., para miembros de la Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH/SIDA en Honduras, Fundación Peniel Manos Extendidas, Organización Alternativas y Oportunidades, Comité de Mujeres, y jóvenes estudiantes de la UNAH. Con el objetivo de fomentar una participación efectiva en la vida política, civil, económica y social de las mujeres, para disminuir prácticas discriminatorias.
Inciso b)
25.En cuanto a las denuncias recibidas por actos de discriminación, entre enero y agosto de 2023, el MP ha recibido 70 denuncias y se han obtenido seis requerimientos fiscales.
Igualdad de género (Arts.3 y 26)
Cuestión 5
26.Para fomentar la participación de la mujer en la vida pública y política, se informa que, por primera vez en la historia de Honduras, una mujer ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo, resultando electa la Presidenta Xiomara Castro.
27.Igualmente, el Poder Judicial (PJ) es presidido por la magistrada Rebeca Ráquel Obando, destacándose la equidad de género en la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) período 2023-2030, conformada por ocho magistradas y siete magistrados.
28.En cuanto a la conformación del CN período 2022-2026, del total de 128 representantes, 35 son diputadas, equivalente al 27,34 % de la cámara.
29.Enmarcados en el Plan de Gobierno 2022-2026, se retoma la planificación estratégica bajo tres ejes transversales: DD.HH., género y transparencia, logrando incorporar la perspectiva de género en la planificación y el presupuesto público. A través de SEMUJER se realiza incidencia, se brinda asistencia técnica y asesoría especializada para la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas.
30.Previo al proceso electoral de noviembre de 2021, se elevaron los niveles de violencia y polarización política, manifestados tanto en crímenes contra la vida e integridad física como en discursos de odio, provenientes de diferentes sectores y dirigidos contra mujeres, personas LGBTIQ+ y contrincantes políticos por motivaciones ideologías.
31.Según información del Observatorio Nacional de la Violencia (IUDPAS–ONV–UNAH), desde el llamado al proceso de elecciones 2021 por parte del Consejo Nacional Electoral, del 23 de diciembre de 2020, al 27 de enero de 2022 —día del traspaso de mando presidencial—, se contabilizaron 114 casos de violencia política (42 homicidios, 37 coacciones, 22 atentados, 11 amenazas, una coacción y un rapto).
32.Del total de casos de violencia política, en 21 casos las víctimas fueron mujeres y en uno fue una persona LGBTIQ+. Sobre los casos de violencia homicida, en tres casos las víctimas fueron mujeres y en un caso fue una persona LGBTIQ+, ocurridos durante el proceso de elecciones generales. En cuanto a los atentados, se registra dos amenazas y un caso de coerción contra mujeres —en dos casos contra candidatas a diputadas.
33.Para la investigación efectiva de los casos de violencia política contra las mujeres, y los delitos contra lideresas y defensoras de DD.HH., el MP implementa el Manual único de investigación criminalcon principios básicos orientadores de la actividad investigativa en el proceso penal.
34.Sobre la implementación del Plan de Igualdad y Equidad de Género, con la creación de SEMUJER, se elaboran nuevos instrumentos de política pública para impulsar, de manera progresiva, la transversalización de género en la institucionalidad del Estado, entre ellos:
a)El III Plan de Igualdad y Justicia de Género de Honduras (III-PIJGH 2023-2033). Sus ejes incorporan el enfoque de interculturalidad e interseccionalidad;
b)Plan Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres y Niñas 2023-2033. Contempla cinco ejes de actuación para orientar las acciones del Estado y políticas públicas para lograr el cumplimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
35.En diciembre de 2023, SEMUJER socializó ambos instrumentos.
Violencia contra la mujer y violencia doméstica (Arts. 2, 3, 6, 7 y 26)
Cuestión 6
36.Para hacer frente a todas las formas de violencia contra la mujer, se asigna a SEMUJER un presupuesto de L53.388.673,00, mediante el Decreto de Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2022. En 2023 se aprobaron L100.985.735,00, equivalente a un incremento del 89,15 %.
37.Para articular la respuesta estatal, se crearon 83 mecanismos de género en instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. Asimismo, mediante el Proyecto de Fortalecimiento y Vinculación Intersectorial para la Prevención y Abordaje de la Violencia hacia las Mujeres, se estableció la Red de Actores Territoriales en el marco de la campaña Tejiendo comunidades libres de violencia.
38.Se han realizado consultas para la construcción de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana con Enfoque de Género y Derechos Humanos. Esta política está estructurada en cinco ejes estratégicos y cuenta con la asistencia del PNUD para su elaboración.
39.El MP en coordinación con las diferentes oficinas fiscales, realizó entre 2018-2022 más de 48 operaciones a nivel nacional con despliegue de fiscales, psicólogos, trabajadores sociales y autoridades policiales. Impartiendo a comunidades, organizaciones de base y gremiales; centros educativos públicos y privados, y universidades, jornadas de información y sensibilización frente a la violencia de género, trata y discriminación contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes (NNA).
40.Con el auspicio de la Iniciativa Spotligth, se realizó en 2021 la campaña televisiva “La otra pandemia”, con el propósito de visibilizar la violencia hacia las mujeres y niñas en todas sus formas que incrementó a raíz del confinamiento.
41.En 2021 se realizó la campaña sobre derechos de los PIAH con enfoque en DD.HH., la cual incluyó productos audiovisuales, trifolios, afiches y agendas bajo el lema “Como indígena y afrodescendiente exija, defienda y proteja sus derechos, denuncie”. Se entregaron 365.000 trifolios relacionados con la prevención de la violencia con enfoque de género.
42.En cuanto a la recopilación de estadística, el Observatorio Nacional de Género permite visibilizar la desigualdad entre mujeres y hombres mediante datos e información estadística a nivel nacional sobre violencia de género, que facilita la formulación, evaluación y monitoreo de la incorporación de la perspectiva de género.
43.El Instituto Nacional de Estadística (INE) y SEMUJER elaboraron la Primer Encuesta Nacional Especializada sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas de 15 años y más. Esta encuesta registra que, entre noviembre de 2021 a noviembre de 2022, el 52,8 % de las mujeres y niñas a partir de los 15 años han experimentado algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, así como discriminación al menos una vez en su vida. Asimismo, el 23,2 % experimentaron más de un incidente —el 57,6 % son mujeres y niñas del área urbana y el 45,7 % del área rural.
44.En relación al tipo de violencia, el 39,5 % de las mujeres y niñas a partir de los 15 años han sufrido violencia psicológica; el 26,4 % violencia patrimonial y/o económica o discriminación; el 23,7 % violencia sexual; y el 18,2 % violencia física.
45.Respecto a las denuncias por violencia doméstica, en 2022 la SEDS registró 6.907 denuncias que, en relación con las 9.704 denuncias registradas en 2021, representa una disminución de 2.707 denuncias, equivalente al 28,82 %.
46.Según la Unidad Estadística del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), en 2021 los Juzgados de Violencia Doméstica recibieron 18.489 casos y emitieron 15.333 resoluciones. En 2022 recibieron 15.868 casos ―14.558 casos presentados por mujeres y 1.310 por hombres― y emitieron 16.175 resoluciones.
47.Respecto a las muertes violentas de mujeres y femicidios, el IUDPAS-UNAH registró 308 muertes violentas de mujeres a nivel nacional en 2022, 22 casos menos que en 2021.
48.En 2022 los Juzgados de Letras de lo Penal recibieron 187 casos por delitos contra la vida de mujeres, de los cuales 129 son homicidios. También, emitieron 157 resoluciones ―106 por homicidio, de las cuales 34 con sentencias condenatorias―. En 2023 recibieron 152 casos, de los cuales 84 son homicidio, 37 asesinato, 24 femicidio y siete parricidios. También, emitieron 128 resoluciones de las cuales, 63 fueron por homicidio (26 con sentencias condenatorias); 39 por asesinato (cuatro con sentencias condenatorias); 17 por femicidio (una sentencia condenatoria); y nueve por parricidios (dos con sentencias condenatorias).
Cuestión 7 Inciso a)
49.Sobre los protocolos de denuncia y la debida protección y asistencia legal a las mujeres, la SEDS creó la Unidad de Muertes Violentas de Mujeres. También, se suscribió un acuerdo entre SEDS y SEMUJER para la implementación de la línea 114, para la recepción, atención de denuncias por violencia de género, que fue relanzada en enero de 2024.
50.Para fortalecer los mecanismos de recepción e investigación de denuncias, se instruyó al MP consignar de manera etiquetada y progresiva los recursos para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación criminal (ATIC), la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer y los Módulos de Atención Integral Especializado (MAIE).
51.El MP lidera la ejecución de operaciones y actividades de prevención en las que se desarrollan charlas, conversatorios, campañas a través de redes, medios de comunicación, y operaciones especiales y periódicas en materia de género que permiten fomentar la cultura de denuncia y de respeto a los DD.HH., así como el impulso de la investigación de los delitos y su sanción.
52.Para abordar de manera integral y adecuada a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, la Secretaría de Salud (SESAL) lanzó en diciembre de 2022, el Protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual, que constituye una herramienta técnica para que los proveedores de servicios de salud públicos y privados brindar atención integral y oportuna. Además, se realizaron talleres para capacitar a médicos, psicólogos y sexólogos sobre la aplicación del protocolo.
53.Para brindar asistencia y representación legal a mujeres víctimas de violencia, los seis Centros Ciudad Mujer (CCM) del Programa Ciudad Mujer cuentan con el Módulo de Atención y Protección de Derechos de la Mujer (MAPRODEM), que brindan los servicios de atención psicológica y social, elaboración de planes de vida y seguridad, recepción de denuncias, asesoría y representación legal oportuna, asistencia e investigación policial y evaluación médica legal.
Inciso b)
54.Ciudad Mujer contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia, salud sexual y reproductiva (SSR), educación comunitaria y otras afines, mediante una red de servicios integrales ofrecidos por los seis módulos de los CCM.
Total de atenciones y servicios brindados en los CCM entre 2020-2023
|
Año |
Atenciones |
Servicios |
|
2020 |
128 402 |
339 552 |
|
2021 |
228 474 |
609 570 |
|
2022 |
235 565 |
829 593 |
|
2023* |
233 901 |
841 751 |
|
Total |
1 007 615 |
2 999 986 |
Fuente: Ciudad Mujer. Memoria Institucional 2022. Pág. 12 .
* Informe de Resultados Gabinete Social 2023. Pág. 91 .
55.El presupuesto asignado a la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer se incrementó en 80,27 % pasando de L83.150.047,00 en 2021 a L149.892.382,00, en 2023.
56.Respecto al proyecto de Ley de Casas Refugio, este se encuentra pendiente de aprobación por el CN. El Presupuesto General de 2023 establece que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) asignará L30.000.000,00 a SEMUJER para la construcción, equipamiento y mantenimiento de las casas refugio y L20.000.000,00 para acciones de prevención de la violencia.
57.La Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC) y SEMUJER instalaron en diciembre de 2023, la Mesa Técnica de Seguimiento a la construcción de la primera casa refugio estatal.
58.Para la implementación del Plan Estratégico contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas se aprobó un incremento del 325 % al presupuesto de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) pasando de L7.131.063,00 en 2022 a L30.307.772,00 en 2023.
Interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos (Arts. 6, 7 y 8)
Cuestión 8
59.Sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, se informa que la legislación penal hondureña penaliza el aborto.
Cuestión 9
60.Respecto a las tasas de mortalidad materna, la SESAL informa que, en 2022 se identificaron 95 defunciones relacionadas con el embarazo, de las cuales 86 fueron clasificadas como muertes maternas (54 muertes obstétricas directas y 32 muertes obstétricas indirectas). En comparación con 2021 ―que registró 218 muertes maternas― hubo una reducción considerable de las muertes maternas debido a la disminución de los casos de COVID-19 en embarazadas, señalada como causa fundamental de muerte materna.
61.De los 86 casos de muertes maternas registrados, en 30 casos el lugar de residencia era en el área urbana y 56 en el área rural. Según las causas básica de muerte maternas, el 3,5 % equivalente a tres casos de muerte materna en 2022, su causa son embarazo terminado en aborto.
62.La Red de Servicios de Salud reportó en 2022 la atención de 125.520 partos, de los cuales 22.920 fueron en adolescentes, que equivale al 19 % de los partos atendidos en los establecimientos de salud del primer y segundo nivel.
63.Para la reducción de la mortalidad materna, se implementa el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y el Plan Nacional de Reducción del Embarazo en Adolescenteque se desarrolla en el Primer y Segundo Nivel de Atención 2022-2026. Estos incluyen actividades de prevención, atención, educación y planificación familiar, incluyendo la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).
64.La atención de embarazos por personal calificado reduce la mortalidad materna. En 2022 el 96 % de mujeres entre 15-49 años con un hijo nacido vivo en los últimos dos años, recibieron atención prenatal por personal calificado ―86 % atendidas por médicos y 10 % por personal de enfermería―. El 88 % de las mujeres recibió cuatro o más visitas de atención prenatal. Asimismo, el 92 % de las mujeres entre 15-49 años que dio a luz se atendieron en instalaciones de salud, ―87 % atendidas en el sector público y 5 % en el sector privado.
65.En 2021 se brindaron 3.027.703 atenciones integrales a mujeres embarazadas que incluyeron promoción, prevención y atención en el primer nivel, y 291.360 atenciones de hospitalización y consulta externa de segundo nivel de atención. En 2022 se brindaron 2.270.484 atenciones integrales en el primer nivel y 335.316 atenciones en segundo nivel.
66.Sobre los Comité de Vigilancia de Mortalidad Materna, la SESAL con apoyo técnico y financiero de la OPS/OMS, Banco Mundial y el UNFPA, ha implementado desde noviembre de 2021 el proceso que incluye las directrices para la conformación, juramentación, activación y funcionamiento de dichos comités en el ámbito público y privado; así como, los lineamientos para la organización y funcionamiento de la mesa técnica nacional multisectorial de atención integral de adolescentes; y de los comités locales para la prevención de embarazo en adolescentes.
67.Para garantizar el acceso a servicios de salud y SSR a las mujeres de zonas remotas, SEDESOL, como contraparte del UNFPA, implementaron los proyectos siguientes:
a)Proyecto No Dejar a Nadie Atrás: Reducción del embarazo en adolescentes en Comunidades creoles, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la costa del Caribe. El proyecto abordó a jóvenes y mujeres de las etnias garífunas y de habla inglesa de siete municipios de intervención. Las actividades realizadas incluyeron fortalecimiento de la educación sexual integral, mejora de los servicios de SSR, fortalecimiento del liderazgo, visitas a actores locales y establecimientos de salud para identificar los retos y desafíos que estos enfrentan al momento de crear estrategias para la reducción de embarazos en adolescentes; y un diagnóstico comunitario mediante grupos focales divididos con jóvenes de los municipios;
b)Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes (DEREJUV).Se realizaron jornadas de planificación de acciones de prevención del embarazo con equipos locales de los municipios priorizados, también se definió el plan de acción para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes de las comunidades, la prevención de los embarazos en adolescentes y la violencia de género con énfasis en violencia sexual.
68.Para la prevención de embarazos, la Secretaría de Educación (SEDUC), realizó acciones de seguimiento para evaluar los resultados de la Estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. Además, desarrolló el conversatorio para la construcción de las bases del reglamento de la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes.
69.Sobre el acceso efectivo a la PAE, en marzo de 2023 la presidenta y el titular de la SESAL firmaron el Acuerdo 75-2023 para garantizar el uso, acceso, compra y venta de la PAE, dejando sin valor y efecto el Acuerdo que prohibía su uso y comercialización.
70.Para garantizar el acceso seguro a la PAE, la ARSA autorizó los registros sanitarios para su comercialización y garantizar el cumplimiento de estrictos estándares de fabricación y etiquetado.
Derecho a la vida (Art. 6)
Cuestión 10 Inciso a)
71.Para enjuiciar y sancionar el delito, la FEDCV emprendió acciones, como la presentación de requerimientos fiscales, capacitaciones, acompañamiento a víctimas y operativos de captura para desarticular bandas criminales.
72.El presupuesto de la FEDCV para el 2022 fue de L27.514.838,97. El recurso humano asignado es de 31 fiscales, ocho auxiliares fiscales en Tegucigalpa, 19 fiscales y un auxiliar de fiscal en San Pedro Sula, dos fiscales en La Ceiba y un fiscal en cada fiscalía local.
73.Inciso b)Sobre los programas para la prevención y protección de los NNA que rechazan integrarse en bandas criminales o maras, la Policía Nacional continúa implementando el Programa GREAT para prevenir la delincuencia juvenil, la violencia, la asociación con pandillas, las drogas, y el bullying, mediante diversas actividades comunitarias, entre ellas, las capacitaciones constantes y la interacción continua con los NNA de la localidad.
74.En septiembre de 2021 se adoptó el Plan Nacional de Respuesta para la Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (2021-2026). La SEDS lideró su elaboración y contó con el asesoramiento de UNICEF, la Iniciativa Spotlight y el Gobierno de Canadá. El Plan contempla intervenciones para la prevención de la violencia en centros educativos, la violencia intrafamiliar, la seguridad en línea, la trata y tráfico de menores, y el apoyo a padres, madres y cuidadores. Se afianza en diferentes enfoques de prevención mediante estrategias como la Estrategia INSPIRE.
75.Cabe informar que, en enero de 2024, empezó a funcionar la Secretaría en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), encargada de la política pública, la normativa y los programas para la protección integral de los derechos de los NNA y la familia.
76.Inciso c) Sobre las medidas adoptadas para eliminar la criminalidad generalizada y la violencia de bandas criminales y maras, el Gobierno Solidario ha implementado una serie de medidas, logrado la disminución de los índices de homicidios. En 2022 se registraron 3.455 homicidios, con un promedio de 10,16 homicidios por día. Al 6 de diciembre de 2023, esta cifra se redujo a 2.865, con un promedio de 8,43 homicidios diarios.
77.En 2022 se creó la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), para el combate del crimen organizado, la extorsión y delitos conexos.
78.La Policía Nacional, con el respaldo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y otras direcciones, en diciembre de 2022 implementó la Operación Cabañas para reducir la criminalidad. Dando como resultado 41 órdenes de captura por varios delitos, 27 detenciones en flagrancia por distintas infracciones, una orden de aprehensión y la realización de 43 allanamientos de morada con autorización judicial. A esta medida se suma la declaración del estado de excepción.
79.En 2023 se introdujo la Operación Candado en el Valle de Sula. Durante los 18 días de esta operación se logró disminuir un 71 % los casos de homicidio en esa área, en comparación con los mismos períodos en 2021 y 2022.
80.Hasta el 05 de julio de 2023 se logró una reducción significativa de la tasa de homicidios, la desarticulación de más de 150 bandas criminales, la realización de 3.445 allanamientos de morada y la emisión de 3.134 órdenes de captura.
81.Para lograr un control efectivo de las armas de fuego, la Policía Nacional, cumpliendo con las leyes vigentes, procede a investigar, ubicar y capturar a las personas vinculadas con la portación, tenencia y tráfico ilícito de armas, así como el control de operativos en las fronteras y aduanas para evitar transferencias internacionales de armas, procediendo a decomisar las mismas y poniendo a disposición de la autoridad competente a los responsables.
82.La SEDS es responsable del manejo de un banco de evidencias, el registro en el Sistema de Registro Balístico de toda arma de fuego previo a su venta legal en La Armería. Igualmente, el registro de huellas balísticas y otorgamientos de licencias debe estar a la disposición íntegra e inmediata del MP para efectos de investigación forense.
83.En cumplimiento de la Ley de Control de Armas, SEDENA designa la Unidad de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, para gestionar información proveniente de Unidades de inteligencia sobre transferencias internacionales de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, y definir sus acciones.
84.El PJ registra a nivel nacional los delitos relacionados a la tenencia o porte ilegal de armas, reportando 656 delitos, equivalentes al 35 % de los delitos de flagrancia en 2022.
Cuestión 11 Inciso a)
85.Para prevenir las ejecuciones extrajudiciales, la FEDCV incorpora en su estructura la Sección de Muertes Cometidas por miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Seguridad, el Orden Público o Funcionarios Públicos, responsable de investigar de manera minuciosa las muertes que fueron llevadas a cabo bajo la apariencia de ejecuciones extrajudiciales, colaborando estrechamente con la unidad especial de la ATIC. Además, opera desde una perspectiva de DD.HH. utilizando los protocolos y convenciones internacionales diseñados para tal fin .
86.La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) imparte capacitaciones virtuales y presenciales. Con el apoyo y financiamiento de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), realizó, entre abril y junio de 2022 un taller especializado en DD.HH. dirigido a 27 fiscales y analistas de la FEDH, en temas como discriminación, responsabilidad penal en casos de violación de DD.HH., derechos de reparación, estándares internacionales, crímenes de odio, torturas, crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, admisibilidad de amnistía, prescripción, entre otros.
87.Complace informar que, en mayo de 2023 se recibió la visita del Dr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Cuestión 12
88.Respecto a la investigación de los casos de desapariciones forzadas, la FEDH también realiza investigaciones de casos a pesar de no contar con agentes de investigación propiamente dichos, asumiendo tal actuación los fiscales asignados al caso.
89.Para facilitar la identificación de personas fallecidas no identificadas que podrían tener reporte de desaparición, en 2022 se inauguró el laboratorio de antropología forense, encargado de analizar restos óseos para determinar el perfil biológico en los casos que sea posible.
90.En aquellos casos en que los restos no hayan sido reclamados, se dispone a su inhumación en ataúdes y fosas individuales, con el objetivo de facilitar su identificación posterior en caso de ser reclamados. En 2023 se inhumaron 92 cuerpos en el cementerio privado memorial Los Ángeles, con la colaboración de la AMDC.
91.Para fortalecer las capacidades en materia de investigación, la Unidad de la Policía Internacional (INTERPOL) de la DPI impartió, en agosto de 2023, el Taller de Formación en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas a 45 funcionarios policiales.
92.Respecto a las investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas y los resultados de personas localizadas y las que continúan desaparecidas entre 2021-2023, la SEDS brindó las siguientes estadísticas correspondientes Francisco Morazán:
Número de casos investigados y resueltos de personas desaparecidas y personas pendientes de localizar entre 2021-2023
|
Años |
Casos resueltos/ personas localizadas |
Casos pendientes/ personas pendientes de localizar |
Total |
|
2021 |
382 |
103 |
485 |
|
2022 |
255 |
135 |
390 |
|
2023 |
254 |
119 |
373 |
Fuente: SEDS (Francisco Morazán) .
93.En cuanto a la búsqueda de hondureños desaparecidos en el extranjero, la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante (DGPHM) de la SRECI coordina con los familiares la búsqueda de los hondureños desaparecidos en la ruta migratoria. Además, con el apoyo de CICR habilitó en 2023 el Servicio de salud mental y apoyo psicológico (SMAPS) para atender a los familiares de migrantes hondureños desaparecidos/no localizados.
94.En agosto de 2023 fue aprobada la Ley de Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN. El MP informa que está en proceso de equipamiento del Laboratorio de la Base de Datos (CODIS). Una vez puesto en marcha, los perfiles que realiza la Universidad de Granada (PROKID’S) y los perfiles de los migrantes que realiza la SRECI con el Equipo Argentino de Antropología Forense serán ingresados en la base de datos (CODIS-Humanitaria), conforme al artículo 7 de la referida Ley.
95.Actualmente existen los anteproyectos o propuestas de ley pendientes de aprobación, siguientes:
a)Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familias. Este anteproyecto establece mecanismos para que las organizaciones de familiares y las autoridades nacionales trabajen de manera conjunta en la búsqueda de personas desaparecidas;
b)Reglamento de la Ley de Alerta Temprana AMBER para la búsqueda y localización de NNA desaparecidos;
c)Ley de Alerta Morada para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas, previniendo su vulnerabilidad y posible fatal desenlace. Esta propuesta fue formulada con la asistencia técnica de la Iniciativa Spotlight.
96.En marzo de 2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó una visita oficial a Honduras, paraobtener información de primera mano sobre la situación de los DD.HH., relativa a las desapariciones forzadas.
97.El Gobierno Solidario, enmarcado en el Plan de Gobierno 2022-2026, busca brindar reparación integral a todas las víctimas de graves violaciones de DD.HH. y su familia. Por medio del Programa de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia y el Programa Memoria y Reparación, se garantiza el derecho a la verdad, reparación y acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridos en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, el golpe de Estado de 2009, los fraudes electorales y la instauración de la dictadura, incluidas las víctimas de desaparición forzada.
Prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Arts. 6, 7 y 10)
Cuestión 13
98.Para la prevención de la tortura y tratos inhumanos, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) al recibir una denuncia o conocer por algún medio de comunicaciones, procede hacer las investigaciones correspondientes, previo a la visita de monitoreo para corroborar si la denuncia interpuesta es verás. Tras comprobarse la denuncia, se procederán los oficios correspondientes junto con la recomendación para los directores de los centros de detención, custodia o internamiento, para luego conocer a las autoridades competentes para la investigación.
99.Entre las medidas adoptadas para eliminar el uso excesivo de la fuerza, en marzo de 2023 se aprobó el Manual del uso de la fuerza y armas de fuego de la policía nacional de honduras, que ofrece parámetros legales que orientan a los agentes policiales en sus actividades, facilitando la toma de decisiones respecto al uso apropiado de la fuerza y armas de fuego.
100.Además, SEDENA ha realizado un proceso constante de formación de instructores en el uso de la fuerza con la colaboración de CICR mediante el curso Training of Trainers. Durante 2023 se formaron a 77 instructores que están replicando los conocimientos.
101.Además, se han impartido programas de formación enfocados en DD.HH., derecho humanitario, uso de la fuerza y equidad de género. Se registraron 43.933 participaciones en 2022 y 41.900 hasta noviembre de 2023.
Personas privadas de libertad (Arts. 6, 7, 9, 10, 14 y 26)
Cuestión 14
102.Para reducir el número de detenidos en prisión preventiva, se reformó el artículo 184 del Código Procesal Penal, referente a la sustitución de la prisión preventiva. Se estipulo la medida transitoria de revisión obligatoria de las medidas cautelares de prisión preventiva de las personas privadas de libertad (PPL) procesadas con enfermedades de base, que les exponga en la población con mayor riesgo a contraer la COVID-19, sustituyendo la medida cautelar por la de arresto domiciliario. Adicionalmente, se redujo el catálogo de delitos que no aceptan medidas sustitutivas a la prisión preventiva, quedando exentos los delitos de narcotráfico, violación especial, tráfico de armas o delitos relacionadas con el crimen organizado.
103.Respecto al descongestionamiento de los centros penitenciarios, el PJ implementó el Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios durante el período de la pandemia por la COVID-19. Entre 2020-2021 se otorgaron 5.176 beneficios a PPL, y entre 2022 y julio de 2023 se otorgaron 12.277 beneficios.
104.Por su parte, el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) implementó el Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad, aplicada trimestralmente con el objetivo de descongestionar los centros pedagógicos de internamiento para menores en conflicto con la ley (CPI). En 2021 se aplicaron 1.460 medidas.
105.La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia ha capacitado a Fiscales y al personal de los CPI, sobre medidas sustitutivas a la privación de libertad y la proporcionalidad de las medidas cautelares y socioeducativas.
106.Por otra parte, los PPL participan en el programa de pre-liberación y reinserción paulatina a la sociedad, teniendo anualmente más de 500 PPL que pueden optar a este beneficio.
107.En cuanto a las medidas implementadas para garantizar la separación entre los detenidos en proceso judicial y los condenados, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó que los 25 centros penitenciarios, a nivel nacional, han sido clasificados en áreas específicas para ser procesados y condenados, además, de haber realizado una separación según el nivel de peligrosidad.
Cuestión 15
108.Sobre las medidas para asegurar las condiciones de salud en los centros penales, el departamento médico del INP informó que, las unidades de salud en los 25 centros y el anexo del Primer Batallón de Infantería cuentan con personal médico, odontológico, nutricional y de enfermería.
109.Para garantizar la asistencia legal y agilizar el acceso a la justicia y debido proceso para las PPL, se realizó gestiones para la reapertura de los juzgados móviles en los Centros Penitenciarios de Ilama, Morocelí, Támara y la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), y la creación de cuatro salas de audiencias virtuales funcionales para evitar el traslado de PPL a los juzgados. Asimismo, se están implementando cuatro juzgados móviles más.
Cuestión 16
110.En respuesta a la violencia registrada por enfrentamientos entre miembros de estructuras criminales en cuatro centros penitenciarios ocurridos en abril de 2023, se nombró una Comisión Interventora.
111.Tras los crímenes ocurridos en PNFAS el 20 de mayo de 2023, el Gobierno anunció fuertes medidas para contrarrestar dicha violencia como:
a)Ratificación del estado de emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional vigente hasta el 23 de junio de 2024, mediante el Decreto PCM-28-2023;
b)Los miembros de la Comisión Interventora de los Centros Penales fueron cesados en sus cargos;
c)El 01 de julio de 2023 la PMOP asumió por un año la coordinación, dirección y control de 21 centros penales;
d)Se instruye formar, al menos a 2.000 nuevos custodios de centros penales;
e)Se solicitó al PJ otorgar medidas sustitutivas distintas a la prisión a las mujeres recluidas en PNFAS, que no estén condenadas o que padecen enfermedades terminales.
112.Además, se creó la Mesa de Seguimiento a Centros Penales para dar seguimiento, supervisión continua y asesoramiento en materia de DD.HH.
113.Respecto a los mecanismos para presentar denuncias por los internos, familiares y representantes legales, el INP cuenta con la Unidad de Protección de Derechos Humanos, para realizar visitas de monitoreo, seguimiento e inspección mediante un control de expedientes de denuncias y de ayudas humanitarias, las cuales se reciben personalmente vía teléfono o correo electrónico.
Prohibición de la esclavitud y la trata de personas (Arts.2, 7, 8 y 26)
Cuestión 17
114.Para garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como los buzos misquitos, la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo (CIAPEB) y la Visión Mundial certificaron en 2022 a 11 inspectores mediante el taller práctico sobre seguridad marítima, la primera guía de buceo seguro, las responsabilidades y competencias de las instituciones vinculadas a la CIAPEB, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169-OIT y el Acuerdo de Solución Amistoso.
115.Entre 2022-2023, la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) certificó a ocho inspectores de trabajo con el curso de seguridad marítima para realizar inspecciones en alta mar. Además, impartió el curso básico de seguridad marítima para inspectores de la mesa técnica de la CIAPEB.
116.Por medio de inspectores de la DGMM, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS); la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; la SESAL y la Fuerza Naval de Honduras, en el marco de la CIAPEB, realizaron inspecciones ordinarias, levantando actas integrales circunstanciadas en puertos de embarcaciones pesqueras, en cumplimiento al Convenio 81-OIT y la normativa local. Entre julio y septiembre de 2023, se emitieron 79 constancias de embarcaciones pesqueras, en aplicación de procedimientos y sanciones que establece el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Pesca Submarina por Buceo aprobado en 2020 por la SETRASS.
117.Respecto a las condiciones actuales de trabajo de los buzos misquitos y buzos con síndrome de descompresión, en 2023 la SETRASS realizó una gira para establecer procesos operativos, recopilación de información y fortalecimiento de las oficinas de la SETRASS instaladas en Puerto Lempira. Realizaron reuniones con la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados y brindaron charlas en temas de salud y capacitaciones a 101 personas sobre el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, realizaron acompañamientos, visitas domiciliarias y entrevistas a buzos activos y buzos con discapacidad.
118.En marzo de 2023, el Estado realizó el acto de perdón público y reconocimiento de responsabilidad internacional en cumplimiento de la sentencia del Caso Opario Lemoth Morris vs. Honduras. Además, anunció destinar más de L700.000,00 para la Clínica de Atención del Síndrome de Descompresión, la compra de insumos médicos, mejora de las instalaciones y la atención de los buzos con discapacidad. También, se han gestionado la adquisición de dos cámaras hiperbáricas.
119.Respecto a las denuncias recibidas por la CICESCT, entre 2021-2022 el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI-CICESCT) rescató a 133 víctimas en el país y 24 víctimas en el extranjero que se retornaron al país. Además, brindó seguimiento a 320 víctimas identificadas de años anteriores, atendiéndose a 477 víctimas directas y 601 víctimas indirectas y se cerraron 66 caso.
120.Sobre los casos que investiga la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas del MP, en 2022 reportó 101 casos que involucran a 120 personas denunciadas. El presupuesto asignado en 2023 a la Unidad Contra la Trata es de L9.744.190,00.
121.Respecto a la judicialización de los delitos de explotación y la trata de personas, en 2021 se obtuvieron 21 sentencias, se condenaron 29 personas y se judicializaron 132 casos con requerimiento fiscal. En 2022 se obtuvieron 31 sentencias, se condenó a 36 personas y se judicializaron 22 casos que involucraron a 30 personas por estos delitos.
122.Entre los avances de la CICESCT destaca la apertura de nuevas oficinas regionales en las ciudades de Roatán, Tocoa, La Ceiba y San Pedro Sula. También se habilitó en 2022 el primer centro de refugio para mujeres rescatadas víctimas de trata de personas ubicado en la zona norte del país, con capacidad para 30 mujeres.
123.En materia de prevención, la CICESCT brindó capacitaciones en 2022 para 323.139 personas y realizó procesos de sensibilización a NNA en centros educativos. Elaboró videos animados, trifolios, cuentos, historietas y audios que buscan traer mensajes claros y precisos para que identifiquen y se puedan informar si están siendo explotados o amenazados. Sensibilizando a 282.415 niñas y 174.968 niños.
124.El ERI-CICESCT y la SETRASS han realizado un paquete de formación para la identificación, atención, protección y canalización de posibles casos de trata de personas en los negocios y empresas de servicios. Ambos entes ejecutan operativos permanentes de inspección para detectar el incumplimiento de la normativa.
125.Las instituciones que conforman a la CICESCT están trabajando en la reforma del Código Penal respecto al delito de trata de personas en sus tres niveles: nacional, departamental y municipal.
Libertad de circulación (Art. 12)
Cuestión 18
126.Para brindar respuesta y atención a las personas víctimas de desplazamiento interno por violencia, la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia de la SEDH, incrementó las atenciones brindadas en 2022, atendiendo a 331 personas desplazadas a través del Mecanismo de Asistencia Humanitaria en Emergencia. Los proyectos de atención implementados son:
a)“Fortaleciendo la capacidad del Estado de Honduras para la atención de las personas desplazadas internamente por la violencia y retornados con necesidad de protección”, financiado por ACNUR. Este proyecto brinda asistencia y protección a 94 casos que cubren a 442 personas desplazadas y/o en riesgo de desplazamiento ―96 niñas, 135 mujeres, 103 niños, 106 hombres y dos personas LGTBIQ+. En 2023, contó con un presupuesto de L8.568.964,96;
b)“Fortalecer la respuesta del Estado de Honduras para la atención de las personas desplazadas internas por la violencia”, financiada con fondos MIRPS con un presupuesto de L2.450.000,00 para 2023-2024.
127.Entre las acciones para prevención y protección del desplazamiento destacan, la aprobación en diciembre de 2022, de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. La ley contempla medidas integrales de prevención, como sistemas de alerta temprana; planes de prevención y contingencia; asistencia humanitaria y protección de derechos afectados, como la educación, vivienda, tierra y propiedad abandonada o despojada. La Ley incluye disposiciones para el otorgamiento de capital semilla y el acceso a la justicia, además, crea el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado encargado de velar por el cumplimiento de la misma.
128.Con el asesoramiento de ACNUR, se elaboró un protocolo sobre el desplazamiento forzado para prevención de futuros conflictos sociales y desplazamientos.
129.En noviembre de 2023, la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad (IP) y ACNUR, realizaron la revisión del Manual para la unificación de criterios aplicables a los procesos registrales en materia inmobiliaria, para incorporar el enfoque de protección de derechos de vivienda, tierra y propiedad de personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento.
Acceso a la justicia e independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la administración de justicia (Arts. 2 y 14)
Cuestión 19
130.Sobre las medidas adoptadas para la plena independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces y magistrados, el CN aprobó diversas leyes para garantizar el proceso de elección de los magistrados(as) de la CSJ período 2023-2030:
a)Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la CSJ. Para regular la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora y el procedimiento de selección conforme con los parámetros establecidos en la Constitución de la República y los tratados y demás instrumentos internacionales;
b)Decreto 2-2023, contentivo de la elección de los 15 magistrados de la CSJ para un período de siete años de una nómina de 45 candidatos. Destacando la equidad de género en su conformación.
131.Sobre la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se informa que, en marzo de 2023 el CN estableció una comisión para investigar detalladamente la sentencia que provocó la disolución del Consejo y redactar una nueva ley que defina la estructura, alcance y atribuciones de esta institución.
132.En marzo de 2023, el pleno de la CSJ emitió el Acuerdo que reforma por adición el Acuerdo 04-02 contentivo del Reglamento Interior de la CSJ, que establece:“Artículo 6. Numeral 15. Aprobar por 3/4 de sus miembros, un listado de magistrados integrantes no menor de seis para los Plenos de la CSJ, los que serán escogidos del último listado de candidatos propuestos al CN por la Junta Nominadora, quienes serán llamados a integrar en orden sucesivo y rotatorio al Pleno, pero excepcionalmente a las distintas Salas de la CSJ”.
Cuestión 20
133.Sobre las medidas para proteger y garantizar el acceso a la justicia a los PIAH y combatir los altos índices de impunidad, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) ha reducido la impunidad al enjuiciar casos de vulneración de derechos indígenas, capacitando a líderes comunitarios y funcionarios, elaborando protocolos y presentando requerimientos fiscales por delitos, como usurpación y explotación de recursos naturales. Las estrategias de investigación y manejo de casos de la FEP-ETNIAS/PC se basan en un enfoque de DD.HH., estándares internacionales, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
134.El 01 de diciembre de 2023 el MP presentó un requerimiento fiscal con orden de captura contra un nuevo individuo vinculado al crimen de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores. Por lo tanto, se han establecido la existencia de pruebas contundentes que permiten identificar la responsabilidad penal de uno de los implicados en la planificación del delito.
135.Para el fomento de los derechos de los PIAH, la Escuela Judicial Jiménez Castro y la Corte-IDH desarrollaron en octubre de 2021, la tercera edición del Curso Derechos de los pueblos indígenas y tribales, derechos al medio ambiente y personas defensoras de DD.HH., capacitando a 50 servidores públicos, entre jueces, fiscales, agentes de la Procuraduría General de la República y personal del CONADEH.
136.En 2023, la Escuela Judicial realizó 23 acciones formativas en materia de DD.HH., dirigidas a funcionarios(as) del PJ, servidores de instituciones estatales y población en general.
137.Por su parte, en 2022 la FEP-ETNIAS/PC y la Escuela de Formación Orlan Arturo Chávez, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, fortaleció las capacidades de fiscales asignados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Olancho, Yoro, La Paz, Márcala, Santa Bárbara, Comayagua y La Esperanza, para representar y defender los derechos de los PIAH en los procesos penales. En 2023, el MP capacitó al personal que atiende casos en materia de DD.HH., con la asistencia de la OACNUDH.
Libertad de expresión (Arts. 19-20)
Consulta 22
138.Respecto a los actos de violencia e intimidación de los que son víctimas los defensores de DD.HH. y las personas LGBTIQ+, entre 2020-2023, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FEPRODDHH) registró 44 casos de agresiones contra defensores de DD.HH. que, según el tipo penal, se desagregan en 17 casos de amenazas; nueve casos por violaciones de los deberes de los funcionarios; ocho casos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios; dos casos de incitación a la discriminación; dos casos de limitación o impedimento de derechos fundamentales, entre otros. De los casos registrados, 36 víctimas son hombres y 12 son mujeres.
139.La FEPRODDHH también realiza jornadas de capacitación sobre la labor de defensoría y destaca el logro de la reducción de la mora. El presupuesto asignado en 2023 fue de L5.491.089,00.
140.Sobre la investigación de delitos contra las personas LGBTIQ+, la FEDCV tiene la responsabilidad de realizar la investigación, para ello, cuenta con la sección de muertes de grupos sociales vulnerables, que colabora con unidades especiales de la DPI y la ATIC. En los últimos tres años se han llevado a juicio 21 casos de delitos contra la vida de personas LGBTIQ+.
141.En el Caso Vicky Hernández vs. Honduras, mujer trans asesinada durante el golpe de Estado, la Corte-IDH condenó y ordenó al Estado las medidas de reparación, incluido el acto de perdón público y reconocimiento de responsabilidad internacional, que se realizó el 09 de mayo de 2022. Se reconoció la responsabilidad en la violación a los DD.HH. debido a su identidad de género, uso de su libertad de expresión y un atropello al reconocimiento a la personalidad jurídica. Además, el Estado se comprometió en garantizar y proteger a las personas LGBTIQ+ contra agresiones, estigmatización, discriminación y violencia.
142.También, como parte de las medidas de reparación, se crea la Beca Vicky Hernández para mujeres trans, en coordinación con la Organización Red Lésbica Cattrachas y representantes de las víctimas. Esta beca es canalizada por SEDESOL mediante el Programa Becas Solidarias, por un monto anual de L100.000,00.
Cuestión 23
143.Para prevenir la estigmatización y criminalización de los defensores de DD.HH. por su labor de defensoría y ejercer su derecho a la libertad de expresión, la SEDH ha emitido comunicados lamentando y condenando los hechos de violencia e intimidación contra los defensores, comunicadores y periodistas. Ha realizado llamados al respeto de la vida, los DD.HH. y a la importancia de la labor de defensoría o comunicación, instando a las autoridades competentes a realizar las investigaciones prontas y efectivas que lleve a la identificación y sanción de los responsables.
144.Para recibir asesoría experta en el tema de libertad de expresión, el Estado giró invitación a la señora Irene Khan, Relatora Especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Durante su visita realizada en octubre de 2023, sostuvo reuniones con representantes de los tres poderes del Estado, OSC, comunicadores y periodistas, con el propósito de evaluar las medidas y esfuerzos implementados por el actual Gobierno.
145.La Relatora reconoció los avances del Gobierno Solidario, como la derogaciónde la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, que además, ordena la desclasificación de la información archivada como reservada.
Consulta 24
146.Sobre las medidas adoptadas en el marco de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, el Gobierno Solidario asumió la responsabilidad de refundar el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos. En julio de 2022 se reestructuró integralmente su personal por profesionales multidisciplinarios, con amplia experiencia en materia de DD.HH. permitiendo que, por primera vez, se realizaran abordajes desde perspectivas múltiples. Se retomó la credibilidad y comunicación con todas las personas beneficiarias de medidas de protección y se mejoró la calidad del servicio brindado a la población.
147.La SEDH elaboró el Reglamento Interno de Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Sistema de Protección, para regular los procedimientos de adquisición de bienes, suministros, servicios y obras públicas, así como el otorgamiento de medidas preventivas y de protección. También, elaboró el borrador del Manual Estándar Operativo para Atención de la Línea de Emergencia y creó el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana con enfoque de DD.HH. y de género.
148.A noviembre de 2023, el Mecanismo Nacional de Protección registraba 767 personas con medidas de protección distribuidos en 185 casos activos ―115 casos individuales y 70 casos colectivos.
149.Del total de casos activos, 15 corresponden a periodistas, 16 comunicadores sociales, 16 operadores de justicia y 138 defensores de DD.HH., desagregados en 49 defensores del medioambiente, 29 de la tierra, 19 ancestrales y patrimonio cultural, 13 defensores de los LGBTIQ+, 11 defensores del agua, nueve defensoras de la mujer, tres del debido proceso y acceso a la justicia, tres de los NNA y dos de la educación.
150.Respecto a las investigaciones, entre 2019-2023 la FEDCV registró ocho casos de crímenes contra defensores y documentó tres casos con sentencias condenatorias que implican a seis personas por delitos contra la vida de tres defensores y tres casos adicionales en los que se dictó sentencia condenatoria contra seis personas por delitos similares. Además, inició la investigación por el asesinato de dos defensores ambientales en la comunidad de Guapinol.
151.Cabe señalar que la Ministra de la SEDH ha sostenido reuniones al más alto nivel para solicitar al Fiscal General interino, avances en los procesos investigativos tanto de los casos de defensores asesinados como de feminicidios. Además, se generaron acciones para reducir la mora judicial en los procesos relacionados con la defensa de los DD.HH.
152.En cuanto a los recursos asignados al Mecanismo Nacional de Protección, en junio de 2022, se gestionó con la SEFIN, duplicar la asignación presupuestaria a L20.000.000 para el 2023.
Derechos de las minorías (Arts. 1 y 27)
Consulta 25
153.Para proteger de la violencia a los PIAH y otras minorías, la FEP-ETNIAS/PC atiende las denuncias por la comisión de delitos que impactan directamente en los derechos, tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas, así como aquellos que afecten el patrimonio cultural nacional. Asimismo, realiza acciones tendientes al respeto del derecho a la consulta, presentado nueve requerimientos fiscales por haber omitido el deber de consultar a los PIAH, por lo que obtuvo una sentencia condenatoria contra un alto funcionario.
154.En agosto de 2023 la presidenta inauguró la planta de energía solar en la Mosquitia, que cuenta con 741 paneles solares, aunado a un sistema fotovoltaico con capacidad de almacenamiento de energía de 420 kilovatios. Esta tiene una inversión de L115,7 millones, beneficiando a 14.000 habitantes directos e indirectos. La instalación de este proyecto fue consultada en 2018, con 435 miembros de las comunidades beneficiadas.
Cuestión 26
155.Para asegurar que los PIAH gocen del derecho a una consulta libre, previa e informada (CPLI), la SETRASS trabaja en el anteproyecto de Ley. Con la asistencia técnica del PNUD y la OIT, en mayo de 2022 desarrolló el Proyecto Estrategia Integral de Formación y Promoción de Espacios de Interacción con los PIAH con enfoque basado en derechos con participación social. Con una inversión de US $500.000,00.
156.La Comisión de Enlace con Grupos PIAH del CN creó el plan y agenda estratégica 2022-2025, que busca eliminar los obstáculos en la aplicación de la CPLI bajo estándares internacionales. Plantea iniciativas de ley para el saneamiento territorial, enfocado en los pueblos ancestrales que han tenido problemas de despojo (misquito, tawahkas y garífunas), además de proponer leyes, programas e inversiones.