Décimo informe periódico que Austria debía presentar en 2026 en virtud del artículo 18 de la Convención * , ** , ***
[Fecha de recepción: 7 de abril de 2026]
Generalidades
La recopilación y el análisis ininterrumpidos de datos sobre las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida son fundamentales para promover la igualdad de género en sus múltiples dimensiones (véase el anexo para conocer los datos actualizados). En Austria, las políticas en materia de igualdad de género con base empírica se sustentan en numerosos informes, estudios y recopilaciones de datos. El Ministerio Federal de la Mujer, la Ciencia y la Investigación está determinado a recopilar datos de forma periódica y a largo plazo en relación con todos los ámbitos de la vida de las mujeres y las niñas. Desde 2012 se publica un informe, que apareció de nuevo en 2025, en el que figuran los datos más recientes sobre ámbitos clave, desglosados por género, y que arroja luz sobre la igualdad de género desde diversas perspectivas. En 2024 se publicó una recopilación estadística sobre igualdad de género en Austria, que abarca seis dimensiones de la igualdad de género. El Órgano de Estadísticas de Austria llevó a cabo una encuesta sobre el uso del tiempo entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, cuyos resultados se publicaron en 2023. El programa gubernamental para el período 2025-2029 prevé que la próxima encuesta sobre el uso del tiempo se lleve a cabo en Austria en el marco de la encuesta de ámbito europeo, y que se elabore un nuevo informe sobre las mujeres. El órgano de coordinación para la aplicación del Convenio de Estambul recaba datos sobre la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas a nivel nacional. Se publican análisis de datos pertinentes extraídos de estadísticas policiales y judiciales sobre delincuencia, así como de servicios de apoyo especializados.
Mediante una resolución ministerial que conmemora el 25º aniversario de la Estrategia de Integración de la Perspectiva de Género y del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Integración de la Perspectiva de Género y Presupuestación que Responde a las Cuestiones de Género en 2025, el Gobierno federal reforzó su compromiso con una política eficaz de igualdad de género y definió medidas concretas de integración de la perspectiva de género. Entre ellas destaca fomentar la recopilación, el análisis y la presentación de datos desglosados por género en informes, estudios y publicaciones.
La Oficina de Estadística de Austria publica periódicamente informes como parte de su seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, en los que figuran datos sobre el ODS 5 relativos a los ingresos, la violencia contra las mujeres, la salud sexual y reproductiva y las mujeres en puestos con capacidad decisoria. En el proyecto para elaborar estadísticas periódicas sobre discapacidad y participación que desde 2023 lleva a cabo el Organismo de Estadísticas de Austria por encargo del Ministerio de Asuntos Sociales, Salud, Atención y Protección de los Consumidores, se recogen, entre otros, datos desglosados por género, que permiten extraer conclusiones sobre la realidad de la vida de las mujeres y las niñas con discapacidad, por ejemplo, en materia de educación, mercado laboral y vivienda. El folleto anual del Fondo austríaco para la Integración contiene datos actualizados sobre la integración de las mujeres en ámbitos como la inmigración, la vivienda, el idioma, la educación, el trabajo, la familia y la salud. Para consultar los análisis y la recopilación de datos de los distintos estados federados, véase el anexo.
Marco constitucional y definición de la discriminación contra la mujer
La igualdad entre mujeres y hombres es una responsabilidad social con la que el Gobierno federal se ha comprometido en reiteradas ocasiones y que está consagrada en el ordenamiento jurídico austríaco (véanse los párrs. 14 y 15). La aplicación de la integración de la perspectiva de género a nivel federal se fundamenta en siete resoluciones ministeriales. Durante el período sobre el que se informa, las resoluciones ministeriales permitieron alcanzar hitos como el compromiso sostenido en el tiempo de ejecutar de manera integral la estrategia de integración de la perspectiva de género (2020) y el compromiso reforzado con una política eficaz de igualdad de género y con medidas específicas de integración de la perspectiva de género (2025) (véanse los párrs. 2 y 22). En el año 2000 se creó el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Integración de la Perspectiva de Género, en que están representados todos los Ministerios, los órganos supremos, el Sindicato de la Función Pública y los estados federados. Otros mecanismos de coordinación están presididos por la Ministra de Asuntos de la Mujer (véase el anexo). En el encuentro que celebran anualmente las consejerías de asuntos de la mujer de los distintos estados federados se debaten a nivel político cuestiones relacionadas con políticas de la mujer, se fijan posiciones comunes y se elaboran resoluciones conjuntas, siendo los resultados posteriormente remitidos a los miembros pertinentes del Gobierno. La Ministra de Asuntos de la Mujer es invitada a asistir.
Con la aplicación de la directiva 2019/1158 de la Unión Europea, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, en 2023 se aprobó modificar la Ley de Igualdad de Trato y la Ley de Igualdad de Trato en el Servicio Federal, de manera que incluyeran protecciones contra la discriminación respecto de determinados derechos legales relativos a las responsabilidades de cuidado familiar, y en virtud de las cuales la discriminación no está necesariamente ligada al género. Al incorporarse a la Ley de Igualdad de Trato, la responsabilidad recae en el Defensor de la Igualdad de Trato y la Comisión de Igualdad de Trato. Asimismo, se modificó el plazo para presentar denuncias, a fin de evitar complicaciones debidas a la falta de tiempo. Además, ahora también se pueden designar responsables de asuntos de la mujer y de igualdad en la administración pública federal, aunque las mujeres no estén ya infrarrepresentadas.
Acceso a la justicia
La Comisión de Igualdad de Trato, en sus procedimientos, vela por el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Trato y lucha contra la discriminación. La Comisión de Igualdad de Trato es una entidad autónoma y ofrece una manera accesible y gratuita de dilucidar si se ha producido una situación de discriminación. El procedimiento no es público y no es obligatorio contar con un abogado, aunque las partes implicadas pueden estar representadas por una ONG. Durante la pandemia de COVID-19, se introdujo la posibilidad de realizar entrevistas a través de videollamada, lo que facilitó el acceso a los trámites. Además, se ha establecido un procedimiento por escrito para casos en que no hay contacto personal (por ejemplo, solicitudes de empleo), a fin de agilizar el proceso y acelerar trámites.
Los centros de orientación para mujeres y niñas, financiados por la Dirección General de la Mujer y la Igualdad, están a disposición de todas las mujeres y niñas que busquen orientación, en todo el país, independientemente de su origen, edad, orientación sexual o condición de discapacidad. Se ofrece un servicio integral de consulta, asesoramiento jurídico y orientación a mujeres en diversas situaciones vitales. La Dirección General también financia la Asociación para la Protección Jurídica de la Mujer y la organización sin fines de lucro Klagsverband para la defensa de los derechos de las víctimas de discriminación, especializada en litigios, que ofrecen asesoramiento y representación jurídica, especialmente en casos de discriminación interseccional y de género contra las mujeres, en todos los ámbitos. Klagsverband, cofinanciada también por el Ministerio de Asuntos Sociales, está facultada para intervenir en los procedimientos judiciales como tercera parte, presumiéndosele un interés legítimo.
A nivel federal, la mejora de los derechos de las víctimas y su protección ha sido un elemento central de casi todas las modificaciones introducidas en el procedimiento penal durante las últimas décadas (véase también el informe de evaluación temática sobre la aplicación del Convenio de Estambul de 2023). La Ley de Protección contra la Violencia de 2019 amplió el grupo de víctimas de violencia doméstica para incluir a aquellas personas que han sufrido algún tipo de violencia en su entorno social cercano, como las víctimas de acoso criminal (artículo 107 a) del Código Penal) o las víctimas de conflictos vecinales. Con la Ley contra el Odio en Internet de 2021, se amplió aún más el apoyo psicosocial y la asistencia jurídica en los procedimientos penales para las víctimas de discursos de odio en Internet, así como para los testigos de violencia doméstica menores de edad, en consonancia con el Convenio de Estambul, y se facilitó considerablemente a las personas afectadas por los discursos de odio en Internet el ejercicio de sus derechos. La Ley de Modificación del Procedimiento Penal de 2024 introdujo mejoras adicionales. Entre otras cosas, facilitó el acceso a la justicia, ampliando el grupo de las víctimas con derecho a asistencia judicial y garantizando que conozcan sus derechos y brindándoles oportunidades mediante el apoyo psicosocial y jurídico a lo largo de todo el procedimiento. Además, en los procedimientos penales en Austria se prevén numerosos derechos y medidas para la protección de las víctimas de la violencia de género. Se consideran muy vulnerables las víctimas cuya integridad sexual o derecho a la libertad sexual hayan podido verse violados, por lo que pueden adoptarse medidas de protección al respecto, como órdenes de alejamiento y de protección. Estas víctimas gozan además de otros derechos (véase el anexo A).
Entre otras cosas, se prestará asistencia psicosocial y jurídica en los tribunales a las personas afectadas por delitos violentos o sexuales deliberados, incluidos el acoso y el discurso de odio, en línea o fuera de línea, a los familiares de las personas fallecidas por ser víctimas de infracciones penales o que hayan sido testigos de estos, y a niños y adolescentes víctimas o testigos de actos de violencia, incluida la violencia sexual. A partir de 2025, la asistencia se amplió a todos los menores que hubieran sido testigos de actos de violencia. El Ministerio Federal de Justicia establece acuerdos con instituciones de todos los estados federados para que presten asistencia judicial. La asistencia psicosocial en los tribunales abarca la preparación para el proceso y el estrés emocional que conlleva, y prevé asimismo el acompañamiento durante los interrogatorios en las actuaciones preliminares y durante el procedimiento. La asistencia jurídica que los abogados prestan en los tribunales incluye asesoramiento y representación jurídicos. Las organizaciones de asistencia jurídica y los abogados mantienen su compromiso con el principio de confidencialidad y actúan en interés de las víctimas.
En el ámbito laboral, la esfera de aplicación de la Ley de Igualdad de Trato abarca el sexo y el género, el origen étnico, la edad, la religión o las creencias y la orientación sexual. Fuera del ámbito laboral, además, la Ley de Igualdad de Trato ofrece distintos niveles de protección en consonancia con el ámbito de aplicación de las directivas contra la discriminación de la Unión Europea. Se ha reclamado en repetidas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional (ante instancias como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o el examen periódico universal), una armonización que permita elevar el nivel de protección en lo que respecta a los motivos de discriminación recogidos en la Ley de Igualdad de Trato en virtud de los cuales se aplica hoy una protección limitada. Es necesario dar continuidad a este debate.
La Constitución Federal de Austria prohíbe de manera general que los poderes legislativo y ejecutivo practiquen la discriminación, prohibición que los ciudadanos pueden hacer valer ante los tribunales. La distribución de competencias en materia de legislación e instituciones contra la discriminación se fundamenta en las estructuras federales del país y regula las competencias del Gobierno federal y sus respectivos ministerios y de los estados federados. Al tratarse de una cuestión interdisciplinaria, la igualdad de trato incide asimismo en varias esferas de políticas. Debido a esta división de competencias, no es posible lograr armonizar de manera exhaustiva la legislación sobre igualdad de trato y lucha contra la discriminación. El Gobierno federal es consciente de que, debido a esa distribución de competencias, la legislación austríaca contra la discriminación plantea grandes dificultades a las víctimas que desean acogerse a las protecciones jurídicas y a las instituciones existentes. Así pues, el Gobierno se esfuerza, mediante procesos de evaluación periódicos, por hacer la legislación más eficaz, mejorar las protecciones jurídicas y ofrecer todo el apoyo y la orientación posibles. En ese contexto, la cooperación y la coordinación entre los organismos e instancias responsables son esenciales para que las personas afectadas puedan determinar fácilmente cuál es la autoridad competente en cada caso. En la práctica, el Defensor de la Igualdad de Trato actúa como instancia de tramitación. A fin de facilitar la situación y mejorar el acceso a la justicia, el Defensor de la Igualdad de Trato puso en marcha en 2025 una plataforma digital de asesoramiento inicial que ofrece, por primera vez, un punto de contacto centralizado, el cual además brinda información local, a fin de que las personas afectadas puedan encontrar rápidamente el organismo que les preste apoyo en casos de discriminación. Las directivas 2024/1499 y 2024/1500 de la Unión Europea, relativas a las normas aplicables a los organismos de igualdad, prevén mejoras en el acceso a la justicia y la cooperación, y deberán aplicarse a más tardar en 2026. Se espera que la aplicación de esas directivas facilite aún más el acceso a los organismos competentes y mejore los recursos y las competencias de los organismos de igualdad. Debido a la distribución de competencias prevista en la legislación federal, la armonización de la legislación en materia de igualdad de trato y lucha contra la discriminación supone un reto y requiere consenso político.
Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
El presupuesto de la Dirección General de Mujeres e Igualdad se ha triplicado desde 2019, año en que fue de 10,15 millones de euros. En 2024 y 2025 ascendió a un total de 33,6 millones de euros y siguió aumentando hasta alcanzar los 34,1 millones de euros en 2026. Todos los recursos financieros y humanos de la Dirección General se destinan a proteger y empoderar a las mujeres y las niñas, así como a promover la igualdad de género en Austria. Una parte considerable del presupuesto se destina a financiar los centros de orientación para mujeres y niñas y la protección frente a la violencia a nivel nacional, lo que incluye la financiación de centros de protección contra la violencia, centros de atención forense y un acuerdo entre el Gobierno federal y los estados federados sobre refugios y medidas de apoyo para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Estos alojamientos temporales ofrecen a las mujeres víctimas de violencia cuya situación no requiere el ingreso en un centro, además, asesoramiento y apoyo, a fin de ayudarlas en su camino hacia una vida autónoma y sin violencia. El análisis del servicio presupuestario del Parlamento ofrece una visión general del presupuesto global consignado a las mujeres y la igualdad de género.
La protección contra la violencia y su prevención son cuestiones transversales, por lo que todos los ministerios implicados deben aportar los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados en sus respectivos ámbitos de actuación. En 2024, el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Integración de la Perspectiva de Género informó sobre el análisis del gasto del presupuesto federal de 2023, y ofreció una visión general de algunos de los fondos presupuestarios destinados a medidas en pro de la mujer y la igualdad y a medidas específicas de protección contra la violencia y su prevención en Austria.
Dado que es una cuestión interministerial y transversal, la política en materia de mujer e igualdad de género requiere la colaboración de todos los ministerios. En ese contexto, el Ministerio de la Mujer asume la labor de coordinación y asesoramiento, y cada ministerio competente se encarga de formular y aplicar los objetivos de igualdad de género dentro de su ámbito de competencia. Entre las preocupaciones principales figuran la mejora general de la igualdad de las mujeres, en particular su independencia económica, la prevención de la violencia contra ellas y el desarrollo de medidas contra la discriminación. Para lograr estos objetivos se brindará un acceso sin barreras a servicios de asesoramiento integral y se ampliarán las medidas de prevención de la violencia. Asimismo, se han adoptado medidas específicas de información y sensibilización con miras a reducir las diferencias salariales y en las pensiones y para empoderar a las mujeres y las niñas. El cumplimiento de los objetivos se examina periódicamente según una serie de indicadores. Se está trabajando de manera ininterrumpida en la capacitación continua de los asesores y en la cooperación interministerial. Los informes sobre igualdad de trato y las medidas de divulgación garantizan la transparencia y la eficacia, y aseguran una política de igualdad de género sostenible. Los resultados en relación con los objetivos, los indicadores y las evaluaciones se publican en línea.
La obligación de aplicar una gestión presupuestaria que responda a las cuestiones de género está consagrada en la Constitución Federal austríaca desde 2009. La Ley de Presupuestos Federal de 2013 establece que las disposiciones legales y los proyectos importantes deben ser evaluados en cuanto a su impacto en la igualdad de género. El informe anual presentado al Parlamento sobre el análisis de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el marco de la orientación a los resultados ofrece una sinopsis amplia de la situación de la igualdad en Austria en esferas como el mercado laboral, la educación, la salud, la infraestructura y el medio ambiente. El informe se apoya en metaindicadores cuantitativos y se confecciona con las aportaciones de todos los ministerios y órganos federales superiores. La Constitución Federal obliga asimismo a los estados federados a confeccionar presupuestos que respondan a las cuestiones de género. Véanse ejemplos en el anexo.
Institución nacional de derechos humanos
Las recomendaciones formuladas en 2022 se referían al método para nombrar a los miembros de la Junta de Defensores del Pueblo y a la ampliación de la cooperación con la sociedad civil. Para garantizar la legitimidad democrática, y en virtud del artículo 148 g) de la Constitución Federal, los tres partidos con mayor representación en el Consejo Nacional seleccionan candidatos y el Consejo elige a los tres miembros de la Junta de Defensores del Pueblo. En la práctica, esto permite garantizar la mayoría de las veces que la oposición pueda designar al menos a un miembro de la Junta. Los miembros de la Junta, cuya presidencia se renueva anualmente, deben tener conocimientos sobre la organización y funcionamiento de la administración pública, así como experiencia en el ámbito de los derechos humanos. La Junta de Defensores del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus funciones (artículo 148 a) 6), de la Constitución Federal). El programa gubernamental actual incluye nuevas medidas de reforma. Se prevé la celebración de una audiencia obligatoria en el Parlamento para los miembros de la Junta designados y se evaluará y rediseñará el procedimiento de designación sin modificar el artículo 148 g) 2) de la Constitución Federal. Con ello se satisface el deseo de transparencia y participación de la sociedad civil en el proceso de selección.
Las mujeres están representadas en la Junta de Defensores del Pueblo desde 1983. Durante el período de mandato 2019-2025, más específicamente entre noviembre de 2024 y junio de 2025, dos de los tres miembros de la Junta fueron mujeres. Desde el 1 de julio de 2025, uno de los miembros de la Junta es una mujer. Más del 50 % del personal de la Junta y el 50 % del personal que ocupa puestos directivos en ellas estaba integrado por mujeres.
La Junta de Defensores del Pueblo colabora habitualmente con organizaciones no gubernamentales. La cooperación institucional se vehicula a través del Consejo de Derechos Humanos, creado en virtud de una ley constitucional y compuesto por una presidenta y su suplente, a los que se suman 16 miembros y sus suplentes, en su mayoría representantes de ONG y ministerios. El foro de ONG que la Junta organiza anualmente ofrece una plataforma para el intercambio de opiniones sobre asuntos relacionados con los derechos humanos. La Junta mantiene un estrecho contacto con numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas grupos de autogestión de personas con discapacidad, organizaciones de jóvenes y de personas mayores, y la Armutskonferenz, una plataforma contra la pobreza. Unas 15 ONG se reúnen trimestralmente con la Junta en el marco del grupo consultivo de ONG, a fin de coordinarse, detectar solapamientos en sus actividades y compartir información sobre próximas iniciativas y oportunidades para la participación.
Medidas especiales de carácter temporal
En relación con el párrafo 6 a), en una resolución ministerial de abril de 2025, el Gobierno federal se comprometió a aumentar del 40 % al 50 % la proporción de mujeres en los miembros designados por el Gobierno federal para los órganos de supervisión, (la llamada “cuota femenina federal”) de las empresas en que el Gobierno federal posea una participación de al menos el 50 %. Esta meta se aplicará durante el actual período legislativo (2025-2029). Los informes anuales de seguimiento reflejan una evolución positiva, pues la proporción media de mujeres en los órganos de supervisión a nivel federal ha aumentado del 26 % el año de su introducción, en 2011, hasta el 55 % en 2025.
Las mujeres siguen disfrutando de menor número de oportunidades en el mundo laboral, sus sueldos son significativamente inferiores y presentan una tasa de empleo inferior a la de los hombres. Las políticas activas del mercado laboral (véase el párr. 81), como la distribución del presupuesto destinado a la promoción del mercado laboral, contrarrestan estas desventajas. En lo referido a la proporción de mujeres en la población desempleada, cabe destacar que estas reciben una mayor dotación dentro del presupuesto que desde el 2016 se destina a la promoción del mercado laboral. Entre 2016 y 2019, al menos el 50 % de este presupuesto estuvo dedicado a las mujeres. En 2020 se redefinió el objetivo, de modo que la proporción del presupuesto destinada a las mujeres debía pasar a ser al menos un 3,5 % superior a la proporción de mujeres desempleadas; a partir de 2022, ese porcentaje aumentó hasta el 4 %.
A fin de reducir la pronunciada brecha salarial de género existente en Austria, se pusieron en marcha tres proyectos, cofinanciados por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Fondo Social Europeo Plus, que contribuyen a la igualdad de género y a la puesta en valor desde el punto de vista económico de las profesiones tradicionalmente femeninas (véase el anexo).
En relación con el párrafo 6 b), una resolución ministerial de 2025 dispone la puesta en marcha, según las necesidades, de un programa de capacitación y perfeccionamiento profesional en la Escuela Federal de Administración (véase el párr. 2). La Escuela ofrece cursos de capacitación específicos para todos los empleados públicos, entre ellos cursos sobre la discriminación interseccional contra las mujeres con discapacidad. La sensibilización del personal judicial se vehicula a través del programa integral de capacitación y perfeccionamiento sobre derechos fundamentales y derechos humanos, así como en cursos específicos contra la discriminación. Todos los aspirantes a la judicatura deben superar el módulo sobre derechos fundamentales. A fin de garantizar que la discriminación no tiene cabida en el desempeño profesional, desde 2020 se imparten al personal judicial cursos de capacitación adicionales sobre discapacidad y accesibilidad.
Estereotipos y prácticas nocivas
A fin de promover una imagen positiva de las mujeres y contribuir a la eliminación de los estereotipos de género, desde 2023 se conceden los galardones Grete Rehor y Käthe Leichter en el marco de los Premios de las Mujeres de Austria. El galardón Grete Rehor se otorga por logros pioneros y ejemplares que contribuyan a la igualdad de género y a la independencia de las mujeres y las niñas, en diferentes categorías. El galardón Käthe Leichter reconoce hitos académicos destacados en el ámbito de los estudios sobre la mujer y el género, las aportaciones relacionadas con el movimiento feminista y el fomento de la igualdad de género, así como los logros que promueven la igualdad en el lugar de trabajo.
En colaboración con la Dirección General de la Mujer y la Igualdad, la Junta Consultiva contra el Sexismo se integró en el procedimiento de reclamaciones del Consejo de Publicidad de Austria. Las opiniones de la Junta Consultiva contra el Sexismo sobre las denuncias de publicidad discriminatoria por motivos de género se remiten al Consejo de Publicidad, junto con las reclamaciones y la respuesta de la empresa. A continuación, el Consejo de Publicidad decide si recomienda suspender la campaña en cuestión. No se trata de una decisión vinculante, pero las amplias sanciones han demostrado ser muy eficaces. En 2024, la Junta Consultiva contra el Sexismo emitió 40 dictámenes.
La situación social de las mujeres y niñas romaníes (romnja) está a menudo marcada por una discriminación múltiple, por motivos de etnia y de género. Las estructuras familiares romaníes tradicionales suelen ser patriarcales y se caracterizan por unos roles de género y generacionales rígidos. Así pues, la estrategia para seguir fomentando la inclusión de la población romaní en Austria se centra especialmente en empoderar a las mujeres romaníes para que participen en la sociedad de manera autónoma; informarles sobre sus derechos y sobre cómo hacerlos valer; garantizarles el acceso a las instituciones sociales; y sensibilizarlas sobre cuestiones relacionadas con la igualdad.
Para combatir el matrimonio forzado, la mutilación o ablación genital femenina y otras formas de coacción y opresión, se hace hincapié en el trabajo que se hace junto con niñas y mujeres jóvenes a fin de detectar los patrones patriarcales de violencia en fases tempranas y poder intervenir de manera eficaz. Los talleres sobre prevención dirigidos a niños y jóvenes ayudan a sensibilizar sobre estas formas de violencia. En los últimos años se ha venido ampliando de manera ininterrumpida la red de centros de asesoramiento especializados cofinanciados por el Ministerio de la Mujer, que ofrecen asesoramiento en materia de salud y actividades de sensibilización y apoyo, especialmente a las mujeres de origen migrante, así como cursos de capacitación para personal especializado. El Centro de Coordinación contra la Mutilación Genital Femenina es la instancia de referencia para las mujeres y niñas afectadas por la mutilación genital femenina o en riesgo de sufrirla, y publica un informe anual sobre sus actividades. Se busca generar un efecto multiplicador que ayude a mejorar la salud de las mujeres y las niñas afectadas por la mutilación o ablación genital femenina, ampliar las medidas de prevención mediante la sensibilización y educar a las comunidades afectadas. PeriFeri (antes Orient Express) es una ONG que lucha a nivel nacional contra el secuestro y la violencia familiar, presta asistencia en el país y organiza los retornos desde el extranjero. PeriFeri ha publicado una guía para cuidadores recomendaciones prácticas para que puedan detectar tempranamente señales de alerta ante posibles matrimonios forzados. Más allá de los centros especializados, existe una amplia red de servicios de apoyo y refugios para las víctimas de violencia doméstica. Los centros de orientación para mujeres y niñas son importantes puntos de contacto inicial. En el marco de la convocatoria de subvenciones correspondiente a 2024/25 de la Dirección General de las Mujeres y la Igualdad, se financiaron cuatro proyectos por un importe total de unos 440.500 euros, que fueron ejecutados hasta finales de 2025, a fin de sensibilizar y prevenir la violencia y las prácticas nocivas en el ámbito familiar.
El matrimonio forzado es en Austria un tipo penal autónomo (artículo 106 a) del Código Penal). El ejecutivo colabora estrechamente con diversas ONG para prevenir los matrimonios forzados. La estrategia de financiación del Ministerio Federal del Interior para la protección contra la violencia incluye la ampliación continua de las medidas de prevención y la cooperación con organizaciones de protección de las víctimas. Una junta consultiva contra los secuestros y los matrimonios forzados, integrada por representantes de los ministerios pertinentes y de organizaciones no gubernamentales y presidida por PeriFeri, se reúne cuatro veces al año para debatir tanto casos específicos como problemas estructurales que es necesario solucionar. El informe de 2024 sobre el matrimonio forzado en el contexto de la migración en Austria pone de relieve las diferentes situaciones de riesgo y las opciones que existen para proteger a las posibles víctimas. Sus resultados y conclusiones se integraron en el plan de acción nacional para combatir la violencia contra las mujeres (véase el párr. 32). Véase el anexo para obtener información sobre los procedimientos en relación con los matrimonios forzados durante el período sobre el que se informa y sobre las medidas adoptadas por los estados federados para combatir los estereotipos y las prácticas nocivas.
Un importante paso legal para proteger a los menores del matrimonio precoz y forzado fue la Ley por la que se modifica la Ley de Matrimonio y Unión Civil de 2025. En virtud de esta Ley, en Austria no es ya posible legalmente contraer matrimonio ni constituir uniones registradas siendo menor de 18 años, y esta prohibición se ha ampliado a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, a fin de impedir matrimonios, por ejemplo, entre primos o entre tíos y sobrinas.
En Austria, la autoridad judicial competente puede emitir alertas preventivas dentro del Sistema de información de Schengen. Estas medidas son también aplicables a menores que necesitan protección, por ejemplo, para evitar el secuestro por parte de uno de sus progenitores, y a posibles víctimas de la trata de personas, del matrimonio forzado, de la mutilación genital femenina, de otras formas de violencia de género o de amenazas terroristas. Con la directiva 2024/1712 de la Unión Europea se ampliaron las formas de explotación para incluir el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la maternidad subrogada. La capacitación de las fuerzas policiales en lo referido a estos cambios sirvió para sensibilizar en particular sobre la explotación a través del matrimonio forzado y sobre cómo contactar, en caso de sospecha, con la línea de atención multilingüe contra la trata de personas, creada en 2016.
Desde 2017, el código Z91.7 (Historia personal de mutilación genital femenina) de la CIE-10 puede registrarse como diagnóstico adicional a efectos estadísticos. Las asociaciones profesionales de médicos y psicoterapeutas, entre otras, adoptan medidas para sensibilizar sobre la mutilación y ablación genital femenina en los programas de capacitación y perfeccionamiento profesional. La capacitación médica debe proveer conocimientos en la especialidad de ginecología y obstetricia sobre cómo reconocer los indicios de maltrato y atender a las mujeres víctimas de violencia, incluida la mutilación genital femenina. Además, la ley obliga a diversos profesionales de la salud a informar en caso de que exista una sospecha fundada de que niños o jóvenes están siendo maltratados, torturados, desatendidos o lo han sido en el pasado o de que están sufriendo abusos sexuales o los han sufrido.
Violencia de género contra las mujeres y las niñas
El Gobierno federal concede la máxima prioridad a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Puesto que la protección y la prevención de la violencia son tareas que incumben a la sociedad en su conjunto en tanto que cuestiones transversales, todos los ministerios competentes y los estados federados adoptan medidas integrales para combatir cualquier forma de violencia, dentro de sus respectivos ámbitos. Para obtener información sobre las medidas adoptadas, como el Paquete de Protección contra la Violencia de 2021, el aumento de los presupuestos, la ampliación de los refugios y los alojamientos temporales, así como el refuerzo de la asistencia en el sector de la salud, consulte el informe de evaluación temática. Para conocer las medidas adoptadas por los estados federados, véase el anexo.
Con la aprobación, el 26 de noviembre de 2025, del plan de acción nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas correspondiente al período 2025-2029, se hizo realidad una reivindicación que venía planteándose desde hacía tiempo tanto a nivel nacional como internacional. En ocho grupos de trabajo temáticos, dirigidos o codirigidos por diversos ministerios, se han formulado propuestas de medidas concretas a través de un proceso participativo en que intervino la sociedad civil. Este plan de acción nacional se apoyó en el exhaustivo trabajo preparatorio hecho en el marco de la estrategia de protección para la coordinación y la creación de redes, centrada en el asesoramiento a las mujeres afectadas por la violencia en Austria; en las medidas fijadas en el actual programa gubernamental; en las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa (GREVIO) y del Tribunal de Cuentas de Austria, y en las medidas tanto derivadas de la directiva 2024/1385 de la Unión Europea como propuestas por la sociedad civil y los expertos.
Dentro de las estadísticas sobre el asesoramiento prestado a las mujeres y las niñas de 2023, la violencia, incluidas la violencia física, la psicológica y la sexual, figura entre los cinco temas más tratados en el marco del asesoramiento personal. Ello pone de manifiesto el papel de los centros de orientación para mujeres y niñas como primer punto de contacto para las mujeres que buscan ayuda. Además, existen centros de asesoramiento especializados y una amplia red de servicios de apoyo, alojamientos de emergencia e infraestructura dedicada a la protección contra la violencia. La Estrategia de Protección contra la Violencia para la Coordinación y la Creación de Redes puesta en marcha en 2024 tiene por objeto reforzar y mejorar aún más la protección y el apoyo. En definitiva, todas las mujeres y niñas de Austria deberían saber desde el primer momento a quién pueden acudir en caso de sufrir violencia y cómo recibir ayuda profesional y adaptada a sus necesidades. En la estrategia se describen medidas concretas en materia de prevención, protección de las víctimas, sensibilización y aseguramiento de la calidad a largo plazo. Entre los elementos clave figuran el refuerzo de la coordinación institucional, una estrategia de comunicación conjunta, la sensibilización sobre las distintas formas de violencia, la mejora en la calidad de los datos y la constante toma en consideración de los puntos de vista de los usuarios.
Entre 2020 y 2025, la Dirección General de Mujeres e Igualdad publicó convocatorias adicionales de financiación destinadas a la educación, la sensibilización y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular en lo referido a la violencia doméstica, cultural y digital. En 2025, se prestó especial atención a la violencia en Internet y en los medios sociales, y se financiaron proyectos dirigidos a dar a conocer estrategias de protección contra la ciberviolencia y a educar sobre los riesgos de las tecnologías digitales.
En la plataforma contra la violencia en el ámbito familiar, financiada por la Dirección General de Mujeres e Igualdad, colaboran 45 organizaciones, como centros de protección infantil, servicios de asesoramiento para mujeres y hombres, centros juveniles y asociaciones de personas mayores, con el objetivo de reducir la violencia, aumentar la tasa de detección, intervenir eficazmente y sensibilizar a la población. Además, el servicio de asesoramiento familiar gratuito y anónimo financiado por la Dirección General de Mujeres e Igualdad ofrece protección y ayuda a las mujeres víctimas de la violencia, con independencia de su situación económica, a fin de prevenir las crisis familiares. En colaboración con el Ministerio Federal de la Mujer, la Ciencia y la Investigación, la Dirección General de Mujeres e Igualdad creó en 2025 un grupo de trabajo dedicado a la adopción de medidas preventivas contra la violencia sexual ejercida contra y por los niños y los jóvenes, en el que participaron expertos de la sociedad civil y del ámbito académico. La creación del grupo de trabajo obedece a las recomendaciones y obligaciones vigentes en materia de prevención de la violencia sexual (GREVIO, Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, directiva 2024/1385 de la Unión Europea). El grupo de trabajo tiene por objeto elaborar medidas que ayuden a niños y jóvenes a entender el concepto de consentimiento libre en las relaciones sexuales de manera adecuada a su edad y los sensibilicen sobre los efectos nocivos de la pornografía violenta y de la difusión de imágenes íntimas de sí mismos o de otras personas, y buscan asimismo fomentar proyectos de prevención sobre la conciencia corporal y el respeto por el propio cuerpo. En 2025, el grupo de trabajo sobre aseguramiento de la calidad elaboró una serie de criterios para los facilitadores de talleres, que constituyen la base para ampliar la oferta de talleres de prevención de la violencia en el ámbito del asesoramiento familiar.
El Ministerio de Asuntos Sociales ha puesto en marcha en los últimos años un conjunto de medidas entre las que se cuentan proyectos de prevención de la violencia en los ámbitos del empoderamiento de las mujeres afectadas por la violencia, la violencia contra las personas mayores y la prevención de la violencia sexual contra las mujeres. Desde 2021, el Ministerio de Asuntos Sociales también financia la línea de ayuda telefónica para hombres en situación de crisis (0800 400 777), en la que los hombres pueden acceder fácilmente a una orientación inicial, intervenciones en casos de crisis y derivación a servicios de asesoramiento locales, lo que ayuda a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. De media, la línea de ayuda atiende unas 500 consultas al mes. La financiación destinada a los centros de orientación para hombres cubre 10.000 horas anuales de orientación para la prevención de la violencia. Parte de la financiación se dirige asimismo a la labor de sensibilización sobre cuestiones de género dirigida a los niños y los jóvenes, para que desarrollen competencias para solucionar conflictos sin violencia desde la infancia y la juventud. Esta financiación permite organizar talleres de prevención de la violencia en toda Austria en los que participan unas 16.000 personas cada año.
A través del derecho civil se va desarrollando y ampliando de manera constante la protección civil contra la violencia, en concreto mediante el dictamen de requerimientos provisionales. Para conocer más detalles sobre los cambios legislativos de 2019 (Ley de Protección contra la Violencia), 2021 (aplicación) y 2022 (orientación para la prevención de la violencia), véase el informe de evaluación temática. La tercera versión del decreto de 2019 sobre directrices para la persecución de delitos en el entorno social inmediato entró en vigor en 2021. Especialmente en los procedimientos relacionados con la violencia en el círculo social, la evaluación objetiva, oportuna y fundamentada de las lesiones constituye un elemento probatorio fundamental. Un informe médico pericial convincente puede incrementar la probabilidad de que se dicte una sentencia condenatoria. Por ello, se puso en marcha un proyecto interministerial para crear en todo el país varias clínicas ambulatorias de examen forense de fácil acceso en que las víctimas de violencia física y sexual pueden recibir atención gratuita las 24 horas, con independencia de los procedimientos judiciales. Estas clínicas ambulatorias garantizan la obtención de pruebas válidas para los procedimientos penales y están directamente vinculadas a los servicios de protección de las víctimas. En una cumbre sobre protección contra la violencia celebrada en 2022 se presentó un estudio sobre el statu quo de la medicina forense y la creación de clínicas ambulatorias. A fin de poner en marcha el proyecto de forma expeditiva, se establecieron centros piloto en las regiones modelo del este del país (Viena, Baja Austria y norte de Burgenland) y del sur (Estiria, Carintia y sur de Burgenland), los primeros de los cuales abrieron sus puertas en abril de 2024 y enero de 2025, en Graz y Viena, respectivamente. La Ley de Financiación de las Clínicas Ambulatorias Forenses de 2024 prevé financiación adicional. El objetivo es implantar clínicas en todo el país con arreglo a las disposiciones de la Ley, una vez evaluados los centros piloto.
Se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027 el proyecto para la creación de centros de competencia en materia de delitos informáticos, en marcha desde marzo de 2022, que buscan ampliar las actividades de investigación sobre la ciberviolencia y los delitos de odio, incluidos los cometidos contra mujeres y niñas. Asimismo, se han designado coordinadores en materia de ciberdelitos en las instancias superiores de la fiscalía. En estos centros, fiscales con capacitación específica ofrecen información sobre cuestiones jurídicas y técnicas relacionadas con la ciberdelincuencia. De esta manera mejorará aún más la aplicación de la ley. Con ánimo de combatir el ciberexhibicionismo en Internet, este quedó tipificado como subcategoría delictiva del acoso sexual el 1 de septiembre de 2025. Pasa a ser delito la transmisión intencionada y no solicitada, mediante un sistema de telecomunicaciones o informático, de imágenes que busquen mostrar los genitales humanos.
Se han adoptado numerosas medidas a nivel nacional para combatir la violencia de género y la violencia en el ámbito doméstico. En los últimos años, los homicidios de mujeres a manos de sus parejas o exparejas han sido, a menudo, objeto de una amplia cobertura mediática. Solo en contadas ocasiones intervinieron las fuerzas de seguridad antes de que se cometieran los delitos. La Ley de Protección contra la Violencia de 2019 también introdujo la posibilidad de celebrar reuniones de coordinación de las fuerzas de seguridad, cuyo objetivo es coordinar de la forma más eficaz posible las medidas de protección para las personas en situación de riesgo. Además, se asentó el fundamento jurídico para encargar a los centros de orientación que realicen con los agresores una labor específica orientada a la protección de las víctimas (orientación para la prevención de la violencia). Estos centros de asesoramiento para la prevención de la violencia ofrecen orientación a personas que representan una amenaza tras el dictamen de una orden de alejamiento y protección por parte de la policía, a fin de mejorar la protección de las víctimas. El objetivo es trabajar para prevenir el uso de la violencia y la reincidencia. Las disposiciones relativas a la transmisión de datos de la Ley de las Fuerzas de Seguridad también se modificaron cuando estos centros de orientación empezaron a funcionar. El 1 de enero de 2020 se introdujo una orden de alejamiento móvil dirigida a las personas en situación de riesgo, que se suma a la orden de protección. Desde el 1 de enero de 2022, se aplica una prohibición temporal de portar armas a las personas que representen una amenaza cuando se dicta una orden de alejamiento o de protección preventiva para proteger a una víctima. A continuación, la autoridad competente en lo que se refiere a armas debe examinar si se cumplen las condiciones para dictar una prohibición de portar armas de carácter indefinido.
Además de las medidas legales, se llevaron a cabo numerosas acciones de sensibilización durante los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas (véase el anexo).
El programa de capacitación de cuatro años para los aspirantes a jueces incluye la celebración periódica de jornadas con especialistas, en colaboración con instituciones de protección de las víctimas y los centros de protección contra la violencia. Las sesiones tratan sobre la protección de las víctimas y la Ley sobre las Víctimas de Delitos, el trato a personas con traumas y el acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas durante las actuaciones penales. La capacitación de los candidatos a jueces incluye cursos sobre derecho de familia y prácticas en juzgados competentes en materia de detención preventiva y garantías, así como, desde 2009, unas prácticas obligatorias de al menos dos semanas en una institución dedicada a la protección de las víctimas o a la asistencia social. Todos los candidatos a jueces cursan el programa obligatorio sobre derechos fundamentales, que abarca asimismo el Convenio de Estambul. La protección contra la violencia y la violencia en las relaciones interpersonales son asimismo elementos obligatorios esenciales en la capacitación obligatoria para los candidatos a jueces en los cuatro distritos que abarcan los tribunales regionales. La ley dispone que todos los jueces y fiscales, de manera general, sigan una capacitación profesional para toda la vida. Aún no se ha previsto la participación obligatoria en determinadas actividades de capacitación, lo que se considera que puede no ser compatible con la independencia del poder judicial, garantizada por la Constitución. No obstante, está debatiéndose una formulación más específica en relación con la obligatoriedad de la capacitación. Desde 2008, se exige una capacitación específica a los funcionarios de fiscalías de más entidad que se ocupan de procedimientos relacionados con la violencia en el marco de las relaciones interpersonales. Durante el período en cuestión se celebraron conferencias y cursos de capacitación específicos sobre derecho de familia y protección contra la violencia. El programa de capacitación se evalúa y adapta de manera constante. El plan de estudios de cuatro años para jueces de familia incluye módulos de varias jornadas de duración sobre estas cuestiones. Desde 2021, en la reunión de trabajo periódica sobre violencia en las relaciones interpersonales se dan cita representantes de las fiscalías, los tribunales, la Oficina de la Policía Criminal Federal, las instituciones de protección de las víctimas, la abogacía y la asociación NEUSTART, a fin de detectar los problemas de hoy y formular conjuntamente buenas prácticas. Esta reunión se celebró por cuarta vez en 2024 y giró en torno a las nuevas clínicas ambulatorias forenses. Además, se mejoraron los cursos de capacitación para psicólogos forenses y los programas de capacitación contra la violencia dirigidos a reclusos.
Junto con expertos en prevención de la violencia, refugios para mujeres, organismos de protección de la infancia y el Ministerio Federal de Justicia, en 2024 se presentaron las directrices sobre cómo abordar la violencia en el contexto de los derechos de custodia y a visitas. Su objetivo es reforzar la protección de los niños frente a todas las formas de violencia, realizando una amplia labor de sensibilización sobre las distintas formas de violencia y su impacto y siguiendo estrategias de actuación concretas. Así, el poder judicial garantiza un enfoque armonizado y coordinado en este ámbito tan sensible. En diciembre de 2023 se creó un grupo directivo dirigido a poner en práctica la estrategia ministerial para enfrentar todas las formas de acoso y violencia en el entorno laboral del sistema judicial. Este grupo directivo formula medidas estratégicas para seguir fomentando la sensibilización e incorporar los resultados obtenidos a la capacitación y la capacitación continua, en forma de contenidos didácticos específicos. Durante el período sobre el que se informa, también participaron en los programas de capacitación internacionales ofrecidos por la Red Judicial Europea y la Academia de Derecho Europeo jueces y fiscales austríacos.
La capacitación policial, tanto básica como avanzada, se centra también en el tema de la violencia en el ámbito privado. La Oficina Federal de Inmigración y Asilo ofrece numerosos programas de capacitación y capacitación continua para los empleados que participan en procedimientos relacionados con personas vulnerables. Si durante un procedimiento de asilo se tiene conocimiento o sospecha de un delito, la Oficina Federal de Migración y Asilo remite inmediatamente los datos del caso a las fuerzas del orden. Si un solicitante de asilo funda su temor a ser perseguido (artículo 1, sección A 2) de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados) en violaciones de su libertad sexual, deberá ser entrevistado por un funcionario de su mismo sexo, salvo que solicite lo contrario. Debe demostrarse que se ha informado a los solicitantes de asilo sobre esta opción.
En lo que respecta a las prestaciones sociales básicas federales, la Agencia Federal de Servicios de Recepción y Apoyo ha formulado propuestas en materia de protección infantil y protección contra la violencia que se ajustan a lo dispuesto en el Convenio de Estambul. Estas propuestas incluyen medidas de prevención e intervención, como la capacitación de personal, la difusión entre los solicitantes de asilo de información adaptada a cada grupo, medidas de apoyo para la vida cotidiana (talleres, cafés para mujeres, cursos sobre la prohibición de la violencia y puntos de contacto) y el establecimiento de contactos con partes interesadas pertinentes. Durante su puesta en marcha, se establecen contactos con asociados externos, como los centros de protección contra la violencia, y se definen modalidades de cooperación. Se elaboran planes de protección personalizados para cada centro y cada oficina en todo el país.
La red de asesoramiento de los centros de orientación para mujeres y niñas incluye centros especializados en migrantes que ofrecen atención en sus idiomas maternos, así como centros de orientación para mujeres con discapacidad y mujeres LBTIQ+. La financiación destinada a los centros de orientación para mujeres y niñas ha aumentado considerablemente, pasando de unos 5,5 millones de euros en 2019 a un presupuesto récord de unos 13,9 millones de euros en 2024. Está previsto mantener el volumen total de financiación en unos 14 millones de euros para los centros de orientación para mujeres y niñas en 2025 y 2026, a fin de garantizar el apoyo ininterrumpido y el desarrollo de los servicios de orientación. Asimismo, se han adoptado medidas específicas para la ampliación y ya se han creado centros de orientación para mujeres víctimas de violencia sexual en toda Austria. Además, desde 2024, existe un centro de orientación cofinanciado por el Ministerio de la Mujer en cada distrito. En el marco de la política de empleo, los centros de protección contra la violencia del programa Perspektive:Arbeit prestan apoyo a las mujeres en busca de empleo que han sufrido violencia para que encuentren un trabajo seguro, a largo plazo y viable, requisito indispensable para alcanzar la autonomía económica y romper el círculo vicioso de la violencia.
Los refugios para mujeres son competencia general de los estados federados, que también aplican medidas para prevenir y proteger contra la violencia, entre otras cosas financiando o cofinanciando nuevos servicios de orientación. En los estados federados está ampliándose considerablemente la oferta de alojamientos para mujeres y niños afectados por la violencia o en riesgo de sufrirla, con el apoyo del Gobierno federal y en el marco de un acuerdo entre este y los estados federados (véase el anexo). La modificación de la Ley de Bienestar Social del estado federado de Baja Austria del año 2000 tenía por objeto ampliar el grupo destinatario con derecho a recibir asistencia en caso de sufrir violencia a manos de familiares. En virtud de esa ley, todas las mujeres que residen legalmente en Austria tienen derecho a alojarse en un refugio para mujeres, siempre que no reciban o no puedan recibir prestaciones sociales básicas. Las personas solicitantes de asilo, las personas con derecho a protección subsidiaria, otras personas con derecho a residencia y las personas desplazadas tienen derecho a prestaciones sociales básicas y pueden ser atendidas en los refugios para mujeres para obtener estas ayudas.
El sistema de atención de la salud suele ser el primer punto de contacto para las personas afectadas. Los establecimientos de atención de agudos tienen la obligación jurídica de crear unidades para la protección infantil desde 2024 y unidades para la protección de víctimas desde 2011 (artículo 8 e) de la Ley de Hospitales y Establecimientos de Salud). Las organizaciones que ofrecen protección a víctimas se encargan de detectar precozmente la violencia doméstica y sensibilizar a los grupos ocupacionales que corresponda. En 2020 se publicó el conjunto de herramientas en línea para la protección de las víctimas, a fin de ayudar a los hospitales a crear y desarrollar sus unidades de protección para estas, que les brindan la información y herramientas necesarias. El conjunto de herramientas se ha venido actualizando y ampliando regularmente desde entonces. El proyecto encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales sobre la protección contra la violencia en el sector de la salud prevé la adopción de medidas y la elaboración de normas a escala nacional en alianza con una junta consultiva multidisciplinar integrada por representantes de hospitales, grupos de protección de las víctimas, instituciones dedicadas a la prevención de la violencia y el mundo académico, entre otros. El plan de acción nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas correspondiente al período 2025-2029 prevé varias medidas dirigidas a seguir desarrollando la detección precoz en el sector de la salud. Para conocer las medidas de capacitación y sensibilización de los estados federados, véase el anexo.
ZARA-Civil Courage and Anti-Racism Work es una de las 48 organizaciones que prestan asistencia jurídica (véase el párr. 9) y se especializa en el apoyo a las víctimas del discurso de odio en Internet. En virtud de la Ley para Contrarrestar el Odio en Internet, entre otras, se ampliaron los supuestos castigados por el delito de discurso de odio (véase el párr. 9). La inclusión de los insultos dirigidos contra la dignidad humana de las personas supone que, en lo sucesivo, esos insultos podrán considerarse discurso de odio y, por tanto, ser castigados con penas más severas. En 2021, el Ministerio Federal de Justicia dio a conocer la nueva ley a la ciudadanía.
Desde 2020, las fuerzas policiales han recibido capacitación a nivel nacional para reconocer y registrar los motivos de discriminación; se ha incorporado documentación al programa de registro policial; y los datos registrados con el identificador de delito “motivo discriminatorio” se transmiten a las autoridades judiciales a través de una interfaz creada al efecto, sirviéndose de un sistema oficial de comunicación electrónicas entre instancias judiciales. Tras las mejoras técnicas de la interfaz entre las bases de datos policiales y judiciales realizadas en abril de 2025, cualquier motivo discriminatorio registrado por los agentes activa de forma automática el identificador correspondiente al delito, a saber, el motivo discriminatorio específico y sus subcategorías, en relación con los sospechosos respectivos que aparezcan en bases de datos judiciales. Para acompañar esa transición técnica, en mayo de 2025 se publicó un nuevo decreto dirigido a las autoridades judiciales, en el que figuraba además información sobre los antecedentes, el fundamento jurídico, las medidas técnicas y las oportunidades de capacitación continua. El decreto se centra en las nuevas categorías de motivos discriminatorios, y en él se ofrecen ejemplos prácticos. En lo sucesivo será obligatorio que los órganos decisorios judiciales determinen o revisen el identificador correspondiente a cada delito.
La Ley de Modificación del Procedimiento Penal de 2024 reforzó aún más los derechos de las víctimas, pues hizo posible que las víctimas pidieran la transferencia de sus datos personales a una organización de su elección, a fin de que esta las contactara y les brindara orientación sobre posibles denuncias, y permite asimismo a las víctimas solicitar el enjuiciamiento del delito cuando no se han iniciado las actuaciones preliminares. Además, ofrece la posibilidad de flexibilizar los requisitos formales para que se dé continuidad al procedimiento, y mejora la situación jurídica de las víctimas en el marco de los procedimientos relativos a reclamaciones en el ámbito del derecho privado.
Se ofrecen a las fuerzas policiales cursos de capacitación, en tres fases: seminarios obligatorios de aprendizaje en línea, seminarios de capacitación para los formadores de la policía y capacitación individual de los alumnos por parte de los formadores. La sociedad civil participa regularmente y se organizan, por un lado, talleres de ámbito internacional sobre el apoyo a las víctimas y, por otro, campañas informativas en colaboración con autoridades nacionales y extranjeras. Los acuerdos a nivel nacional con organizaciones de protección de las víctimas garantizan la aplicación de medidas destinadas a sensibilizar y prestar apoyo a las víctimas de la violencia de género, en estrecha colaboración con las fuerzas policiales. La financiación que el Ministerio Federal del Interior destina a las ONG en este ámbito ha aumentado de manera constante a lo largo de los últimos años.
La asistencia social básica prevé que las mujeres víctimas de violencia reciban atención médica personalizada en centros de atención federales y tengan la posibilidad de contactar con centros especializados, por ejemplo, en el caso de las víctimas de mutilación y ablación genital femenina. En 2023 y 2024 se impartió capacitación al personal de atención sobre la promoción de la salud de las mujeres refugiadas, con un enfoque que propugna el fácil acceso. Además de la capacitación en línea obligatoria sobre la mutilación y ablación genital femenina para personal médico, psicólogos y administradores de atención de la salud, en 2025 también está previsto impartir cursos de capacitación de un día de duración sobre la mutilación y ablación genital femenina dirigido a los puntos de contacto específicos para mujeres y niñas (véase el párr. 102). En todos los centros de atención federales se ofrece asesoramiento psicológico en línea para los solicitantes de asilo. Los psicólogos clínicos reciben capacitación periódicamente en torno al apoyo específico que puede brindarse a cada grupo destinatario. El enfoque de la Agencia Federal de Servicios de Recepción y Apoyo en materia de violencia y protección infantil hace hincapié en la especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas con discapacidad, así como en las relaciones de dependencia derivadas de esa situación. Los empleados reciben información sobre este asunto y sobre la gestión de casos cuando se enfrentan a casos sospechosos. Los posibles motivos de sospecha que no exigen notificación son registrados en el sistema de gestión de casos interno y se tratan en reuniones internas. Si es necesario, los casos también se tratan anónimamente con organismos especializados.
Trata y explotación de la prostitución
En relación con el párrafo 11 a), la Oficina Operacional Conjunta de la Policía Federal Criminal lleva a cabo controles bilaterales anuales, en cooperación con Hungría, Rumanía y Bulgaria, para identificar a las víctimas de la trata de personas y a las personas responsables, y mantiene un diálogo bilateral constante con representantes de Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia, Grecia, el Líbano y Türkiye, entre otros países, con fines de coordinación estratégica y ejecución operacional. En 2024 se celebraron eventos y talleres de capacitación internacionales, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial y el Centro para la Seguridad de la Sociedad de Viena. Austria también participó en proyectos internacionales para combatir la trata de personas (en Nigeria y los Balcanes Occidentales, entre otros lugares), que estuvieron centrados en reconocer los vínculos entre la migración irregular y la identificación de mujeres, hombres y niños procedentes de terceros países como víctimas de la trata de personas. Se ha prorrogado para el período comprendido entre 2023 y 2026 el acuerdo de cooperación y subvención entre Alemania y Austria que se celebró en el marco del Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea para el proyecto THB Liberi II, centrado en la lucha multidisciplinar contra la trata de personas menores de 21 años.
En relación con los apartados b) y c) del párrafo 11, el Ministerio Federal del Interior renovó en 2023 el decreto relativo a la competencia a nivel nacional de la policía judicial en lo referido a las víctimas de la trata de personas, con arreglo al artículo 104 a) del Código Penal, y sobre su identificación y tratamiento, en el cual se presenta el mecanismo nacional de derivación o el sistema nacional de Austria en este ámbito. El Equipo de Tareas contra la Trata de Personas, de carácter interministerial, está elaborando actualmente el mecanismo nacional de derivación, que debería incluir a todas las autoridades, las organizaciones de protección de las víctimas y las instituciones de la sociedad civil, a fin de mejorar los procedimientos, la coordinación y la eficacia de las medidas en la lucha contra la trata de personas, especialmente en lo referido al apoyo y la atención a las víctimas. La cooperación de las fuerzas del orden con otras autoridades y organizaciones implicadas, en particular las organizaciones de protección de las víctimas, tiene por objeto garantizar que las personas afectadas y las víctimas reciban la asistencia y protección adecuadas. El Equipo de Tareas ha confeccionado asimismo el séptimo plan de acción nacional contra la trata de personas, para el período 2024-2027, en el que se prevé una amplia gama de medidas en materia de coordinación, prevención, protección de las víctimas, enjuiciamiento y cooperación internacional.
En relación con los apartados d) y e) del párrafo 11, para garantizar que los ciudadanos del Espacio Económico Europeo que sean víctimas de la trata de personas o de matrimonio forzado puedan obtener una confirmación de registro en virtud de la Ley de Asentamiento y Residencia, aun cuando no se cumplan los requisitos, como tener un empleo remunerado o medios de vida suficientes y un seguro médico, deberá consultarse a la Oficina Federal de Migración y Asilo indicando la condición de víctima. A continuación, la Oficina Federal de Migración y Asilo comunica que no es posible adoptar medidas para poner fin a la estancia y la autoridad competente en materia de asentamiento y residencia expide de inmediato un certificado de registro para garantizar la vigencia del derecho de residencia en el país. En este contexto, están aplicándose procedimientos de cooperación entre las autoridades competentes y las ONG muy eficaces. El programa de orientación para el retorno de la Agencia Federal de Servicios de Recepción y Apoyo capacita a orientadores en materia de retorno para que se especialicen en el ámbito de los adultos vulnerables y las víctimas de violencia. Esta capacitación provee conocimientos amplios sobre la naturaleza y las dinámicas de la trata de personas y de la violencia de género, y forma asimismo en la comprensión de las necesidades y retos específicos que enfrentan los adultos vulnerables y las víctimas de violencia. Además, se promueve una mayor sensibilización ante los indicios de explotación, maltrato y trauma, y se capacita a adultos vulnerables en el desarrollo de competencias de evaluación de riesgos y planificación de la seguridad. En la orientación para el retorno se ofrece a las víctimas apoyo para que contacten con instituciones de protección de las víctimas, centros de protección contra la violencia y otros centros de orientación pertinentes.
En relación con el párrafo 11 f), desde 2014, la Dirección General de Mujer e Igualdad y el Ministerio Federal del Interior financian el Centro de Intervención para las Mujeres Víctimas de Trata, que ofrece apoyo muy especializado a mujeres mayores de 15 años víctimas de la trata de personas. El Centro de Intervención para las Mujeres Víctimas de Trata se propone empoderar a las víctimas en todos los aspectos y presta apoyo a las mujeres y las niñas en su camino hacia una vida autónoma y digna, así como en su integración social (por ejemplo, en lo que respecta al idioma y el trabajo). En el marco del apoyo integral que ofrece, el Centro de Intervención para las Mujeres Víctimas de Trata presta especial atención a los migrantes y la obtención de permisos de residencia para las mujeres víctimas de la trata. Además de cuatro refugios, el Centro ofrece asistencia psicosocial y jurídica gratuita y acompañamiento a las comparecencias ante las autoridades, por ejemplo, en los procedimientos previstos en el artículo 104 a) del Código Penal alemán; apoyo durante la detención previa a la expulsión en casos de sospecha de trata de mujeres; asesoramiento e intervención en lo referido al derecho de residencia; y preparación para el retorno, incluido el análisis del riesgo, en colaboración con organizaciones de los países de origen (véase también el apartado e)). En 2021, el presupuesto se incrementó en un 50 % y se amplió la duración del contrato, lo que permitió realizar actividades de divulgación en línea a nivel nacional, ampliar la cooperación en materia de capacitación policial y reforzar el apoyo a las mujeres con discapacidad y a las mujeres y niñas trans.
En las actividades de capacitación periódicas para el poder judicial dirigidas a la fiscalía y a los jueces, incluidos los del Tribunal Administrativo Federal, se aborda el tema de la trata de personas. Desde 2013 se celebra un intercambio anual de experiencias y opiniones entre fuerzas del orden, tribunales y ONG; en 2024 se trabajó en torno a la trata de personas con fines de matrimonio forzado. El congreso anual sobre ciberdelincuencia, un curso de capacitación básica con módulos de especialización y el nuevo curso certificado agregado en 2024 brindan a la fiscalía y la judicatura los conocimientos y especialización técnicos necesarios sobre ciberdelincuencia, también en el ámbito de la trata.
El grupo de trabajo interministerial contra la trata de niños, en el que están representadas todas las autoridades pertinentes (Dirección General de Mujeres e Igualdad, Ministerio Federal del Interior, Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales, Ministerio Federal de Justicia), las oficinas de protección de la infancia y la juventud de los estados federados, instituciones de protección de las víctimas, organizaciones internacionales y centros de investigación, intercambia regularmente información sobre las novedades más recientes. El grupo de trabajo publicará en 2026 nuevas directrices, y ampliará las vigentes, para la identificación de posibles víctimas de la trata de niños y la atención a ellas, a fin de brindar información y sensibilizar y capacitar a las fuerzas policiales, las autoridades en materia de asilo, los servicios de asistencia social básica y de protección de la infancia y la juventud, y el poder judicial, así como a las instituciones sociales y de la salud, para la detección precoz, la atención y la derivación a los servicios adecuados de las víctimas de la trata de personas. Además de la provisión de material informativo y la capacitación específica para grupos profesionales sobre la trata de niños, el plan de acción nacional correspondiente a 2024-2027 (véase el párr. 54) prevé, como proyecto piloto, la creación de un centro nacional de protección para las víctimas de la trata de niños. Para su preparación, la Dirección General de Mujeres e Igualdad y el Consejo de Europa colaboran en un proyecto de instrumento de apoyo técnico.
Austria aplica un enfoque regulador en materia de servicios sexuales como parte de una estrategia integral para combatir la trata de personas. La meta es mejorar la protección en ámbitos especialmente vulnerables a la explotación, como los cuidados intensivos, el trabajo estacional, la construcción y el trabajo sexual. Un marco regulatorio que se centre en la protección y los derechos de las personas que prestan servicios sexuales podría resultar más eficaz a la hora de prevenir posibles situaciones de explotación. Ese marco regulatorio permitiría influir en las condiciones de trabajo, llegar a las personas que prestan servicios sexuales y prestarles apoyo de manera más eficaz, a través de los centros de orientación y las fuerzas policiales, brindándoles atención de la salud específica y garantizándoles mejores salvaguardas sociales, como seguros médicos, de accidentes y de jubilación. En 2009 se creó el grupo de trabajo sobre servicios sexuales, de ámbito nacional y presidido por la Dirección General de Mujer e Igualdad, y quedó integrado en el actual plan de acción nacional correspondiente al período 2024-2027. Una de las tareas más importantes del grupo de trabajo interdisciplinario es hacer recomendaciones específicas para minimizar el riesgo de explotación y mejorar de manera efectiva las condiciones de trabajo y de vida de las personas trabajadoras sexuales. A ese respecto, se publican periódicamente informes sobre la aplicación de dichas recomendaciones. A fin de reducir el estigma, el grupo de trabajo elaboró, en colaboración con centros de orientación y grupos autoorganizados de personas trabajadoras sexuales, un documento informativo dirigido a periodistas con recomendaciones sobre cómo realizar una cobertura informativa objetiva y respetuosa. La legalidad y la regulación de los servicios sexuales también facilitan la identificación de las víctimas de la trata de personas. El grupo de trabajo publicó un folleto en nueve idiomas con información sobre el trabajo sexual, los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras sexuales y el sistema de apoyo en vigor en Austria.
De conformidad con el reglamento sobre precauciones sanitarias para las personas que se dedican al trabajo sexual, estas deben someterse a revisiones médicas periódicas que deberá llevar a cabo un funcionario médico de la salud pública. Se debe informar a las personas afectadas sobre los servicios de orientación y apoyo pertinentes, incluidas, si así lo solicitan, posibles maneras de abandonar el trabajo sexual. Cada estado federado cuenta con al menos un centro de asesoramiento especializado para personas dedicadas al trabajo sexual, normalmente cofinanciado por la Dirección General de Mujer e Igualdad. Los centros financiados ofrecen apoyo psicosocial y servicios de trabajo social y colaboran con centros de orientación especializados en situaciones de violencia. Asimismo, se presta ayuda a los trabajadores sexuales que desean cambiar de profesión. En 2023, unas 3.200 personas dedicadas al trabajo sexual recibieron asesoramiento en estos centros de especializados cofinanciados. Los ámbitos en que más frecuentemente se solicita asesoramiento son el jurídico, el fiscal y el de la seguridad social. En las sesiones de orientación se abordaron con menos frecuencia cuestiones relacionadas con la violencia, y en la mayoría de los casos se trataba de violencia doméstica.
Participación de las mujeres en la vida pública y política
De conformidad con la Ley de Igualdad de Trato en los Servicios Federales, para aumentar la presencia de las mujeres en los ministerios, estos deben elaborar un plan para el adelanto de las mujeres que incluya medidas y metas vinculantes. Se da un trato preferencial a las mujeres con cualificaciones equivalentes, hasta que se alcance una proporción del 50 % de mujeres en la categoría funcional correspondiente, lo que debe indicarse claramente en las ofertas de empleo. A fin de garantizar un seguimiento y una aplicación coherentes, se elaboraron indicadores referidos a la clasificación salarial más alta (véase el anexo). Desde 1996, se publica bianualmente, por ley y a nivel federal, un informe sobre la igualdad de trato en el que se detalla el estado de la aplicación de la legislación sobre la igualdad de trato y el adelanto de las mujeres en la administración pública federal, así como las actividades de la Comisión Federal para la Igualdad de Trato.
En el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales hay actualmente 158 puestos directivos superiores con destino en Austria y en el extranjero, incluidos departamentos, embajadas, representaciones ante organismos multilaterales y consulados generales. De ellos, 57 (es decir, el 36 %) están dirigidos por mujeres. La evolución demográfica prevista contribuirá a aumentar la proporción de mujeres en puestos directivos superiores en la diplomacia, tanto en el país como en el extranjero. El aumento de la proporción de mujeres en el Ministerio Federal de Defensa y en las Fuerzas Armadas de Austria se debe a la ejecución de un plan para el adelanto de las mujeres, que prevé programas de mentoría para el ámbito civil y el militar, campañas de sensibilización, la participación de las mujeres en procesos de adopción de decisiones, horarios laborales flexibles, servicios de atención infantil durante los meses de verano, teletrabajo y puestos directivos a tiempo parcial. Las Fuerzas Armadas han aplicado nuevas medidas para facilitar el acceso de las mujeres al servicio militar y les ofrecen perspectivas de carrera a largo plazo, a través de, por ejemplo, un modelo de incorporación a las Fuerzas Armadas adaptado, jornadas de reclutamiento e información dirigidas a niñas y mujeres, participación de mujeres militares en las relaciones públicas y encuentros anuales para graduadas. Las medidas adoptadas en el plan de adelanto de las mujeres del Ministerio Federal de Justicia incluyen la organización de un mayor número de actividades de capacitación dirigidas a mujeres (en particular, para empleadas con responsabilidades familiares), la participación representativa de mujeres como docentes, la garantía de una representación femenina suficiente en las instancias administrativas internas, la garantía del deber de diligencia de los superiores jerárquicos en lo referido al adelanto profesional de las mujeres (entre otras cosas, fomentando la presentación de candidaturas a puestos de mayor responsabilidad), el apoyo en la organización del trabajo para mujeres que están gestando o que se reincorporan tras una licencia parental, y la visibilidad lingüística de las mujeres en la comunicación. El plan de adelanto de las mujeres dirigido a las funcionarias de prisiones y de justicia incluye medidas adicionales en materia de capacitación inicial y continua, promoción profesional, conciliación y mejora de sus condiciones laborales.
Numerosos ministerios aprovechan el Día de las Niñas para dar a conocer a las jóvenes la amplia gama de oportunidades laborales y profesionales que tienen a su alcance en la administración pública federal, así como para atraer a más mujeres a estos ámbitos profesionales en el largo plazo. El programa de mentorías cruzadas de la administración pública federal presta apoyo desde 2005 a empleadas que aspiran a desempeñarse en puestos directivos. También se llevan a cabo programas de mentoría para mujeres ejecutivas en los estados federados de Viena y Vorarlberg.
La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en las juntas de gobierno rige desde 2018 y en ella se fija como objetivo que haya un mínimo de 30 % de representación de mujeres u hombres en los consejos de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa y de las grandes empresas, es decir, con más de 1.000 empleados, en determinadas condiciones (véase el párr. 19 para las empresas públicas). El plan prevé ampliar la normativa vigente mediante la aplicación de la directiva 2022/2381 de la Unión Europea.
En 2019, la Ley de Financiación de los Grupos Parlamentarios introdujo un aumento del 3 % en la financiación, en forma de bonus, para los grupos parlamentarios del Consejo Nacional y del Consejo Federal en los que la proporción de mujeres fuera del 40 % o superior. La Dirección General de Mujer e Igualdad publica anualmente un informe sobre la representación política de las mujeres a nivel municipal, estatal y federal, así como en las organizaciones sociales asociadas; además, en 2023 se publicó un estudio sobre la participación política de las mujeres jóvenes. Se ejecuta anualmente desde 2022 el proyecto Girls in Politics, en el que niñas y jóvenes acompañan durante una jornada de trabajo a políticos locales de toda Austria para conocer de cerca la administración a ese nivel. El proyecto se ha ido ampliando año tras año y es una iniciativa conjunta del Ministerio Federal de la Mujer, la Ciencia y la Investigación, la Asociación de Municipios de Austria y distintos municipios. Para conocer otras medidas adoptadas por los estados federados, véase el anexo.
Según la encuesta All in Plus, en 2024 la proporción de mujeres en los puestos directivos superiores de las federaciones de deportes olímpicos en Austria era del 18 % en el caso de las presidencias, del 19 % en el de las vicepresidencias, del 24 % en el de las direcciones de gerencia y del 28 % en las juntas directivas. Se han puesto en marcha programas específicos a nivel federal para fomentar la participación de las mujeres en el deporte, y en el marco del programa de buena gobernanza se han asignado fondos adicionales a las federaciones deportivas nacionales que más eficazmente han aplicado las políticas correspondientes, como la protección contra el acoso sexual, la promoción de la igualdad de género y las medidas para combatir la discriminación en el deporte. El Ministerio de Deportes presta su apoyo a la asociación 100 % Sport, de carácter autónomo, como centro austríaco de competencia en materia de género y deporte seguro, con el fin de prevenir la violencia y garantizar la igualdad de género en el deporte. Además, el centro de apoyo contra el acoso y la violencia en el deporte conocido como Vera*, creado en 2022, ofrece asesoramiento y apoyo confidenciales en casos de acoso o violencia. Asimismo, el Ministerio de Deportes puso en marcha en 2021 dos proyectos innovadores destinados a empoderar eficazmente a las mujeres en el deporte de élite; por un lado, un programa de formación en igualdad de género, de ocho años de duración, que busca capacitar a entrenadoras y árbitras muy cualificadas para garantizar su participación a largo plazo en todos los ámbitos del deporte austríaco; por otro, el programa Dream Teams tiene como fin elevar el desempeño de las ligas femeninas y las selecciones nacionales y garantizar su competitividad internacional. Se prestó apoyo específico a las niñas, las jóvenes y las deportistas activas en deportes de equipo, a fin de fomentar la igualdad y lograr la armonización de las condiciones marco en los deportes de equipo, en los que la presencia masculina sigue siendo mayoritaria. Existe asimismo un proyecto para innovar en el impulso del fútbol femenino en Austria, mediante la capacitación de entrenadoras en clubes y estados federados, con miras a aumentar el número de entrenadoras y ampliar la capacitación para que incluya conocimientos específicos sobre las mujeres, de modo que puedan entrenar profesionalmente en el fútbol base y también en el de competición.
Nacionalidad
El artículo 14 de la Ley de Nacionalidad austríaca permite adquirir la nacionalidad austríaca a las personas que sean apátridas desde su nacimiento y hayan nacido en Austria. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Nacionalidad, los niños adquieren la nacionalidad austríaca si uno de sus progenitores es ciudadano austríaco. En el caso de los hijos de ciudadanos austríacos varones nacidos fuera del matrimonio, es necesario presentar por los cauces formales un reconocimiento de la paternidad dentro de un plazo de ocho semanas desde el nacimiento del niño. Existen vías simplificadas para obtener la nacionalidad austríaca si no se concede el reconocimiento en ese período. Para que se lo considere suficientemente seguro, un medio de subsistencia debe aportar una suma equivalente al importe de referencia del complemento de compensación. Para calcular el importe se tiene en cuenta la situación económica de las mujeres, especialmente de las madres solteras, agregando a sus propios ingresos la manutención establecida por ley, las prestaciones de seguros y otras ayudas, como prestaciones familiares o por hijos a cargo. En lo que respecta a la franja de renta baja, el programa actual del Gobierno establece que, en el caso de las personas que ejercen profesiones que satisfacen primeras necesidades, debe recurrirse al convenio colectivo para determinar si mantendrán la capacidad de subsistir por sí mismas.
Educación
La enmienda a la ley de educación que prohíbe el uso del velo en los establecimientos educativos fue aprobada por el Parlamento el 18 de diciembre de 2025. Las disposiciones entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2026. A partir del semestre de verano de 2026, estará prohibido el uso del velo hasta octavo curso, es decir, hasta los 14 años, en todos los establecimientos educativos, a fin de promover el desarrollo en igualdad de condiciones y la realización personal de las niñas, pues se considera que el uso del velo puede resultar opresivo para las menores.
Las convocatorias de financiación para los ejercicios 2021/22 y 2022/23 de la Dirección General de Mujeres e Igualdad tienen como objetivo empoderar a las niñas y las mujeres en el ámbito educativo y el mundo profesional, especialmente en la esfera de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). La convocatoria correspondiente al ejercicio 2021/22, de 1,6 millones de euros, estuvo dedicada a fomentar la independencia económica mediante la alfabetización y la educación financieras; la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022/23, de 2 millones de euros, se centró en la enseñanza de competencias digitales, la protección contra la ciberviolencia, el fomento de la diversidad y el aseguramiento de la calidad en la orientación. Universidades y asociaciones, entre otras entidades, ejecutaron un total de 31 proyectos dirigidos a niñas y mujeres jóvenes, así como a sus padres, docentes y orientadores, con el objetivo de romper con los roles tradicionales, promover la digitalización y facilitar el acceso a la educación en CTIM y la educación financiera.
Las iniciativas conocidas como Girls’ Day y Girls’ Day MINI, que llevan funcionando en la administración pública federal desde 2006 y 2015, respectivamente, buscan alentar a las niñas y a las jóvenes a que desarrollen intereses y carreras profesionales que trasciendan los estereotipos de género. Desde 2008, participan anualmente en el Boys’ Day más de 7.000 niños varones, que se familiarizan con profesiones como la enfermería, la educación infantil y el trabajo social, y reflexionan sobre los estereotipos de género en otros ámbitos de la vida. El MINT Girls Challenge es una iniciativa relacionada con las CTIM que se llevó a cabo por primera vez en 2021 y estuvo organizada por el Ministerio Federal de la Mujer, la Ciencia y la Investigación y por el Ministerio de Economía en colaboración con la Federación de la Industria de Austria. El fin de la iniciativa es alentar a las niñas y las jóvenes a que experimenten e investiguen en CTIM, ofrecerles una visión de la amplia gama de oportunidades profesionales que ofrecen estos campos y motivarlas para que, a largo plazo, se decanten por profesiones menos tradicionales entre las mujeres. El Fondo Austríaco para el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas (Let’s Empower Austria), creado en 2022, tiene por objeto promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el país.
Una circular de 2018 sobre la educación reflexiva en materia de género y la igualdad de género ofrece a los centros educativos un marco de referencia para poner en marcha esta materia interdisciplinar y orientada a las competencias, que ya se ha incorporado a los nuevos planes de estudios. En el ámbito de la educación escolar, en 2023 se establecieron puntos de contacto en las instancias educativas para la educación de género reflexiva y la igualdad de género. El curso universitario sobre educación de género reflexiva e igualdad en el contexto de entornos de convivencia heterogéneos, que acompaña la aplicación de la circular, concluyó su cuarto ciclo el verano de 2025. Actualmente se está trabajando para dar continuidad al curso. Con vistas al desarrollo futuro de escuelas superiores de capacitación del profesorado, el plan de desarrollo establece varios objetivos en materia de igualdad e igualdad de género dentro del objetivo estratégico de desarrollo de los recursos humanos. Las competencias en materia de género se imparten en el marco de la capacitación del personal responsable de gestionar la calidad en las escuelas, lo que les permite determinar las cuestiones de género en todos sus aspectos y tratarlas con un enfoque orientado a la igualdad. Las directrices sobre educación de género reflexiva e igualdad en los materiales didácticos, de 2023, ofrecen apoyo para la elaboración y aprobación de medidas dirigidas a contrarrestar posibles contenidos discriminatorios y estereotipados en los materiales didácticos. Auspiciados por el Ministerio Federal de Educación, los programas de capacitación del profesorado ofrecen numerosos cursos cuyo fin es seguir contrarrestando las consecuencias que tiene la perpetuación de los estereotipos y los desequilibrios de género. Los temas que se tratan en los seminarios, como la asignación de roles estereotipados en la enseñanza y la elección de la carrera universitaria, el tratamiento de la diversidad de género, la violencia de género, el papel de los medios sociales en estereotipos como, entre otros, los ideales de belleza, y los comportamientos asociados al género masculino, tocan muy de cerca la realidad cotidiana de los alumnos. Durante el curso académico 2023/24, tomaron estos cursos de capacitación 3.613 docentes.
En la gestión orientada a los resultados, el objetivo de resultados número 2 se centra en las opciones educativas menos habituales en función del género, y busca contrarrestar la segregación horizontal y vertical en la educación, habiéndose observado en los últimos años una tendencia a la diversificación. Austria está aplicando amplias medidas destinadas a aumentar la presencia de mujeres y niñas en la ingeniería, la tecnología y otros programas de capacitación y prácticas en ámbitos profesionales menos tradicionales. En 2023 se puso en marcha el plan de acción Join in STEM, una de las principales iniciativas del Ministerio Federal de Educación y el Ministerio Federal de la Mujer, la Ciencia y la Investigación. El objetivo de Join in STEM es alentar a las mujeres jóvenes a que cursen estudios en el ámbito de las CTIM, y se dirige a todo el arco educativo, desde la educación preescolar hasta los estudios de posgrado. Se ha fijado como objetivo para antes de 2030 aumentar en un 20 % la proporción de tituladas en disciplinas CTIM y en un 5 % la proporción de tituladas en carreras técnicas. Estas ambiciosas metas de la Estrategia de Investigación, Tecnología e Innovación austríaca contribuyen a combatir la escasez de personal cualificado en los campos de las CTIM, en particular fomentando que más mujeres se incorporen a los ámbitos de la informática y la tecnología. Aumentar la proporción de mujeres tituladas en sectores técnicos es un indicador clave del desempeño para el Ministerio Federal de la Mujer, la Ciencia y la Investigación. Esta meta es asimismo un elemento fundamental en los principales documentos estratégicos, entre ellos el Plan General de Desarrollo Universitario de Austria 2025-2030 y el Plan de Financiación de las Universidades de Ciencias Aplicadas 2023/24-2025/26. Un componente clave del plan de acción Join in STEM es la iniciativa de las regiones CTIM, a saber, colaboraciones a nivel regional entre instituciones educativas y empresas ideadas para inspirar a las niñas y las jóvenes y alentarlas a que estudien materias relacionadas con las CTIM desde una etapa temprana. Los solicitantes del sello de calidad de las regiones CTIM deben explicar detalladamente qué iniciativas están llevando a cabo para promover la igualdad de género y qué proyectos concretos van a ponerse en marcha para motivar a las niñas y las mujeres.
Desde hace más de un decenio, y en el marco de los acuerdos relativos al desempeño, vienen acordándose con todas las universidades de perfil técnico medidas destinadas a aumentar la presencia de las mujeres en las CTIM. Este enfoque se ha reforzado aún más con los acuerdos relativos al desempeño para el período 2025-2027, con medidas dirigidas a alentar a más niñas y jóvenes a que estudien ingeniería. Durante los meses de verano, las universidades ofrecen asimismo talleres en el marco de laboratorios de enseñanza y aprendizaje. Para aumentar la proporción de mujeres catedráticas y profesoras titulares, se han acordado objetivos vinculantes con todas las universidades, en las que los puestos vacantes o de nueva creación deberán ser cubiertos por mujeres, en función de la proporción de mujeres que haya en la categoría profesoral inmediatamente inferior. Para eliminar el techo de cristal que enfrentan las mujeres, las universidades de perfil técnico están apostando por programas de mentoría dirigidos a jóvenes científicas y medidas encaminadas a mejorar la conciliación de las auxiliares de investigación mujeres. Desde 2007, el Ministerio Federal de la Mujer, la Ciencia y la Investigación concede anualmente dos becas For Women in Science, patrocinadas por L’Oréal y dotadas con 25.000 euros cada una, a fin de impulsar la labor de las investigadoras jóvenes en el ámbito de la medicina, las ciencias naturales, la informática o las matemáticas. La proporción de mujeres que se gradúan en carreras técnicas en las universidades austríacas aumentó considerablemente entre los cursos 2019/20 y 2022/23 (véase el anexo).
El Servicio Público de Empleo se esfuerza por acabar con la segregación horizontal prestando orientación y apoyo, y persigue alentar a los ciudadanos a que desarrollen sus intereses y habilidades personales. Con este fin, el Servicio Público de Empleo ofrece un asesoramiento personalizado y sensible al género en materia de capacitación, capacitación continua y búsqueda de empleo. Además, se sensibiliza a las empresas en lo referido al potencial de las niñas y las mujeres y se las alienta a que se formen en profesiones relacionadas con las CTIM. Los centros de orientación profesional del Servicio Público de Empleo ofrecen material informativo adaptado a la edad y el género. Durante las excursiones escolares, las alumnas descubren oficios manuales y técnicos y ponen a prueba sus intereses en talleres prácticos, entre otras actividades. Los centros de capacitación profesional para mujeres jóvenes, conocidos como youngFBZ, ofrecen a las jóvenes de entre 15 y 25 años apoyo personalizado en materia de orientación profesional y las asesoran también en la elección y planificación de capacitación y capacitación continua. Tras la ejecución de proyectos de larga duración en Viena, Graz y el estado federado de Carintia, desde 2023 se han venido creando centros youngFBZ en toda Austria. Desde 2025, hay centros youngFBZ en ocho estados federados, y la Baja Austria ofrece además asesoramiento itinerante mediante un autobús youngFBZ. Una de las áreas prioritarias consiste en brindar información sobre profesiones con futuro, como las del sector CTIM, y oficios cualificados y verdes. Los progenitores también pueden participar activamente en el proceso de orientación, según sea necesario. El programa FiT, que fomenta la presencia de las mujeres en los oficios manuales y la tecnología y viene funcionando desde hace años, sigue ofreciendo a las mujeres la oportunidad de recibir capacitación en profesiones técnicas, incluidos los empleos verdes. La calculadora salarial del programa FiT compara las oportunidades de ingresos en profesiones tradicionalmente femeninas con las de profesiones tradicionalmente masculinas, lo que ayuda a las jóvenes a adoptar decisiones informadas sobre su trayectoria profesional y valorar de forma más adecuada su potencial de ingresos.
Para reducir las tasas de abandono escolar prematuro, durante el período sobre el que se informa siguieron aplicándose varias estrategias, como la obligatoriedad de la educación o la capacitación profesional hasta los 18 años, que desde 2016 puede complementarse con la asistencia escolar, programas de capacitación a través de prácticas en una o varias empresas y otras opciones de capacitación en el marco de las políticas relacionadas con el mercado laboral. Los jóvenes que no cursan estudios reciben apoyo a través de programas de orientación juvenil. El objetivo es reducir el número de alumnos que abandonan prematuramente los estudios e incentivar que los completen. Estos y otros servicios de la Red de Asistencia Laboral (NEBA), como las escuelas de capacitación profesional, constituyen medidas de fácil acceso para la integración de las niñas y los niños en riesgo de marginación. Otra medida preventiva es el asesoramiento psicosocial en los centros educativos y dirigido a estos, que propone un enfoque sensible al género para ofrecer un asesoramiento y apoyo óptimos a las jóvenes y los jóvenes afectados por el abandono escolar prematuro. La Escuela de Verano, puesta en marcha a mediados de 2020 para alumnos con un nivel insuficiente de idioma alemán, junto con la información que se facilita simultáneamente a progenitores migrantes a través de cursos específicos del Fondo Austríaco para la Integración, tiene como objetivo prevenir el abandono escolar. Entre las medidas adicionales destinadas a prevenir que las niñas abandonen la escuela y los programas de capacitación profesional y a fomentar su reincorporación al sistema educativo, figuran el asesoramiento educativo y profesional, el apoyo individual para la reincorporación y las medidas encaminadas a consolidar sus trayectorias educativas. Entre 2019 y 2025, se financiaron a tal fin proyectos por un importe total de 1,65 millones de euros. El programa de apoyo a la integración pone en marcha medidas específicas dirigidas a las niñas y las mujeres jóvenes, con una dotación de 3,56 millones de euros para el período comprendido entre 2019 y 2025.
La proporción de plazas en cursos de idioma alemán ocupadas por mujeres aumentó significativamente tras la introducción de las medidas de integración obligatorias previstas en Ley de Integración de 2017, pasando del 36,6 % (2017) al 52,1 % (2018) y, posteriormente, al 62,0 % (2019). La proporción de mujeres disminuyó en los años siguientes, marcados por la COVID-19, y quedó en el 48,7 % en 2025. El número de mujeres matriculadas en cursos de idioma alemán pasó de 7.313 (2019) a 29.361 (2024). Desde la entrada en vigor de la Ley de Integración, han asistido a un curso de idiomas unas 147.900 mujeres. Desde el curso escolar 2018/19, los alumnos con nivel insuficiente de alemán reciben clases o cursos de apoyo en este idioma, a fin de que puedan aprenderlo y reincorporarse a las clases con el resto de los alumnos a la mayor brevedad. En 2025 se empezó a ofrecer clases de orientación inicial a los alumnos que se incorporaban al sistema escolar. Para conocer las medidas puestas en práctica en Viena, véase el anexo.
Los planes de estudios para la educación especial se han modernizado y entraron en vigor en el curso escolar 2025/26 a fin de propugnar la inclusión de los alumnos con discapacidad en la enseñanza ordinaria. La lengua de signos austríaca se ha incorporado a estos nuevos planes de estudios como asignatura independiente y, a partir del curso 2026/27, también podrá impartirse como segunda lengua extranjera en la enseñanza secundaria. El Fondo Social de Viena promueve el apoyo y la asistencia especializada en los centros de enseñanza obligatoria de Viena para niños con trastornos del espectro autista que sin este apoyo individualizado no podrían asistir a tiempo completo a un centro de enseñanza preescolar o a la escuela. Además, se presta apoyo a dos colegios privados para estudiantes con discapacidad, que complementan el sistema escolar ordinario. Las clases de apoyo básicas permiten crear un entorno escolar inclusivo para alumnos con discapacidad y necesidades múltiples en centros en que también estudian niños sin discapacidad.
En virtud de la Ley de Universidades de Austria de 2002, las universidades están obligadas a tomar en consideración los objetivos que figuran en el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al diseñar los planes de estudios, pero no establecen distinciones por motivos de género en este proceso. Los estudiantes con discapacidad gozan de derechos reconocidos por la ley, entre ellos el derecho a formas alternativas de evaluación, a ser eximidos de determinados criterios de aptitud y a medidas de apoyo adecuadas, en particular apoyo lingüístico. Los estudiantes con un grado de discapacidad de al menos el 50 % están exentos del pago de las tasas de matrícula, aun si les toma más tiempo del previsto superar los estudios. La Ley de Universidades fue modificada en 2021 para incluir la incapacidad temporal relacionada con una discapacidad como motivo legal para solicitar una excedencia. Los estudiantes con discapacidad, como prevé el artículo 3 de la Ley de Discapacidad, están exentos de cumplir el requisito mínimo de desempeño académico fijado por la ley (16 créditos ECTS en los cuatro primeros semestres), que se aplica desde el semestre de invierno del curso 2022/23. Las universidades están obligadas a garantizar un acceso sin barreras a los exámenes en formato electrónico. La Ley de Accesibilidad Web exige a las universidades que ofrezcan sitios web accesibles. Todas las universidades cuentan con una persona de contacto para los estudiantes con discapacidad o que enfrentan dificultades adicionales relacionadas con la salud. Las medidas de orientación y apoyo tienen por objeto facilitar la participación en condiciones de igualdad, mitigando y compensando las barreras existentes en el sistema de educación superior. El apoyo individual tiene como objetivo prevenir el abandono escolar. No hay datos suficientes sobre las elevadas tasas de abandono de las mujeres con discapacidad en las universidades. Esa carencia se debe, en parte, a que, según la normativa vigente, los datos sobre la discapacidad no pueden recopilarse de forma sistemática y, por lo tanto, no quedan reflejados en las estadísticas nacionales sobre educación superior.
En la escuela, la violencia y la violencia de género, en sus diversas formas, y las actitudes agresivas deben combatirse mediante iniciativas de empoderamiento, desarrollo de competencias y sensibilización. Es necesario seguir aplicando las medidas adoptadas para proteger a los niños de la violencia para prevenir la violencia sexual y combatirla, y fomentar la igualdad mediante la difusión de imágenes positivas de los géneros.
Empleo
En relación con el párrafo 17 a), al examinar la discriminación salarial en el marco de la Ley de Igualdad de Trato, en la práctica suele resultar difícil comparar el trabajo realizado por dos personas y determinar si son iguales o tienen igual valor. Si se sospecha que existe discriminación salarial en casos concretos, el Defensor de la Igualdad de Trato y la Comisión de Igualdad de Trato puede hacer que la institución del seguro social pertinente facilite información sobre los datos relativos a los ingresos de personas comparables. Los artículos 11 y 25 de la Ley de Igualdad de Trato disponen que las normas de clasificación de las empresas y los convenios colectivos deben respetar el principio de igualdad de remuneración por trabajos iguales o de igual valor. Desde 2011, la Ley de Igualdad de Trato ha incorporado nuevas disposiciones dirigidas a mejorar la transparencia salarial, particularmente en lo referido a las ofertas de empleo neutras en cuanto al género, la indicación del sueldo mínimo en las ofertas y la elaboración obligatoria de informes salariales (véase también el apartado c) para conocer las últimas novedades). La Dirección General de Mujeres e Igualdad ofrece periódicamente a empleados y empleadores información amplia y actualizada sobre sueldos, que incluye una calculadora salarial en línea, una herramienta para elaborar un informe sobre los ingresos y la herramienta TRAPEZ para ayudar a las empresas a garantizar los derechos de sus empleados a una pensión.
En relación con el párrafo 17 b), en el marco de su programa de políticas de mercado laboral para las mujeres, el Servicio Público de Empleo presta apoyo a las mujeres en función de sus circunstancias particulares y ofrece asesoramiento, apoyo y capacitación orientada al futuro, a fin de facilitar su integración en el mercado laboral y destacar la importancia de un empleo que permita a las mujeres alcanzar la independencia económica. Para obtener datos y detalles sobre las medidas del Servicio Público de Empleo, véase el anexo.
En relación con el párrafo 17 c), la Ley de Igualdad de Trato obliga a las empresas con más de 150 empleados a presentar informes sobre ingresos cada dos años. No obstante, también las empresas más pequeñas, al igual que los proyectos del FSE+ (véase el párr. 21) pueden usar motu proprio el conjunto de herramientas, que se actualizó por última vez en 2021 para ayudar a las empresas a elaborar y analizar informes de ingresos. Los ministerios competentes, los interlocutores sociales y otras partes interesadas están trabajando actualmente en la integración de la directiva 2023/970 de la Unión Europea para el sector privado en la Ley de Igualdad de Trato. Es preciso adoptar medidas, entre otras cosas, en lo que se refiere al desarrollo y la puesta a disposición del público de herramientas y métodos para la evaluación del trabajo; la creación de un organismo encargado de la vigilancia coordinada, la sensibilización, el análisis y el apoyo; la adaptación de los informes salariales; la instauración de una evaluación salarial conjunta obligatoria en colaboración con los representantes de los trabajadores; la imposición a los empleadores de la obligación de facilitar información sobre criterios para fijar los sueldos y su progresión; la adopción de medidas para facilitar la aplicación de la ley y la imposición de sanciones; y la ampliación de las competencias de los organismos de igualdad. A fin de desarrollar y poner a disposición del público herramientas y métodos para la evaluación del trabajo, el Ministerio Federal de la Mujer encargó en 2025 un proyecto cuyo fin es brindar documentación práctica a las empresas para mediados de 2026.
En relación con el párrafo 17 d), desde 2019, se tiene en cuenta toda la licencia parental disfrutada a la hora de calcular los derechos que dependen de los años de antigüedad. El derecho a un mes de licencia de paternidad, el conocido como Papamonat, del que pueden disfrutar todos los padres asalariados del sector privado, aprobado también en 2019, fomenta la participación de los padres en la crianza de sus hijos. Durante ese mes de licencia se concede una prestación en efectivo familiar cuyo importe se ha aumentado hasta los 1.700 euros. En 2020 se reconoció el derecho legal a una licencia de cuidados a tiempo parcial de hasta cuatro semanas en las empresas con más de cinco empleados. Sigue siendo necesario alcanzar un acuerdo sobre la licencia para el cuidado de familiares a tiempo parcial para los trabajadores de empresas más pequeñas. Los empleados tienen derecho a percibir una prestación durante la licencia de cuidados a tiempo parcial. En 2023 se reconoció el derecho a excedencias sin sueldo para los trabajadores que deban cuidar de menores de 14 años durante estancias hospitalarias, por un período de cuatro semanas por año natural; este derecho se amplió en 2024. La persona que presta los cuidados tiene derecho a una prestación por licencia de cuidado de familiares en sustitución de sus ingresos.
La directiva 2019/1158 de la Unión Europea, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, entró en vigor en 2023. En virtud de la ley se establecieron dos meses no transferibles de licencia parental para cada progenitor. Además, se flexibilizaron las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y personal (por ejemplo, la posibilidad de solicitar una licencia parental a tiempo parcial de mutuo acuerdo hasta que el menor cumpla ocho años, la ampliación del grupo de personas para las que se puede solicitar una licencia de cuidados y la flexibilización de plazos y fechas límite). Se ha obligado asimismo a los empleadores a justificar sus decisiones en caso de que denieguen determinadas medidas de conciliación o despidan a empleados por acogerse a dichas medidas. La Ley de Igualdad de Trato ofrece protección contra la discriminación a los padres y cuidadores (véase el párr. 5). También se acordaron disposiciones similares para la administración pública federal y se amplió la normativa sobre flexibilidad de horarios, de modo que ya no es necesario especificar una franja horaria de presencia obligatoria. En 2021 y 2024 se promulgaron, respectivamente, normativas laborales y de seguridad social relativas al teletrabajo desde el domicilio y al teletrabajo fuera del domicilio.
El programa de gobierno actual prevé nuevas mejoras en materia de conciliación. A fin de garantizar una educación y un cuidado infantil de calidad que satisfagan las necesidades básicas, se destinarán 200 millones de euros anuales a capacitaciones en educación infantil que se organicen durante los cursos 2022/23 y 2026/27, mientras que el Fondo para el Futuro invertirá 500 millones de euros al año (recalculados anualmente) entre 2024 y 2028. Además, el Gobierno federal ha acordado introducir un segundo año obligatorio de educación infantil a partir de 2027, para lo cual destinará 80 millones de euros adicionales al año. La Dirección General de Mujeres e Igualdad también promueve medidas que contribuyen a la conciliación, como una red de empresas solidarias con las familias, que cuenta actualmente con 980 miembros. En el curso 2023/24 se hizo hincapié en la participación de los padres, en el marco de una iniciativa de alianza entre empresas y padres. En 2025, la atención estuvo centrada en una labor orientada a las distintas etapas de la vida. Las medidas estructurales adoptadas se complementan con iniciativas de información sobre el acceso de los padres a las prestaciones familiares y con la creación de un grupo de trabajo interministerial destinado a reforzar las alianzas y la implicación de los padres.
En relación con el párrafo 17 e), desde principios de la década de 1980, el Ministerio de Asuntos Sociales se ha encargado de gestionar centros similares a los centros especiales de empleo, en los que personas con discapacidad trabajan con cobertura completa de la seguridad social y perciben salarios conforme a la legislación laboral austríaca. Se trata de ocho empresas inclusivas cuyo fundamento jurídico es el artículo 11 de la Ley de Discapacidad. Además, el Ministerio de Asuntos Sociales recurre a la línea de financiación para el trabajo inclusivo a fin de apoyar proyectos en los estados federados que ofrezcan alternativas de empleo en los talleres participantes a las personas con grandes necesidades de asistencia. La meta es facilitar a las personas con discapacidad el acceso a un empleo fijo con una remuneración justa, que incluya la cobertura completa en lo que concierne a los seguros sociales y de desempleo. La meta es establecer gradualmente normas modernas de inclusión laboral, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Gobierno destina 36 millones de euros a este fin.
En relación con el párrafo 17 f), según la Ley de Igualdad de Trato, el acoso sexual o el acoso por motivos de género, etnia, religión, creencias, edad u orientación sexual también constituyen discriminación. La Ley de Igualdad de Trato reconoce a las personas víctimas de acoso el derecho a reclamar una indemnización por los daños materiales causados por el acoso y, asimismo, el derecho a reclamar una indemnización por daños morales a raíz del acoso, por un importe mínimo de 1.000 euros. La reclamación puede dirigirse tanto contra la persona que acosa como, en el ámbito laboral, contra los empleadores si estos no adoptan las medidas correctivas adecuadas, y debe interponerse ante los tribunales.
La Inspección de Trabajo subsanó una deficiencia importante en 2023 al centrarse en la violencia física y psicológica mediante cursos de capacitación para inspectores de trabajo e inspecciones en las empresas con el foco puesto en la violencia. Las inspecciones permitieron determinar en qué sectores se producen con frecuencia casos de violencia en el lugar de trabajo. Son habituales las agresiones a mujeres cuyas profesiones requieren esfuerzo físico, como es el caso en los sectores de los cuidados o la hostelería. Además de las lesiones físicas, las secuelas psicológicas de la violencia tanto física como psicológica pueden suponer un riesgo para los empleados. En algunos casos, el riesgo de violencia puede constituir, y de hecho así lo hace, una condición laboral, pero no debe suponer un riesgo en el lugar de trabajo. Las inspecciones y consultas de la Inspección de Trabajo abordan la salud y la seguridad ocupacional prestando especial atención a los resultados obtenidos por el enfoque sobre la violencia. La evaluación de riesgos es una herramienta útil para detectar y valorar los peligros y definir las medidas correspondientes. Se informa a los empleados afectados sobre sus derechos y los puntos de contacto.
En relación con el párrafo 17 g), las personas con dificultades relacionadas con la salud reciben el apoyo de asesores especialmente capacitados del Servicio Público de Empleo. Entre las principales medidas que este Servicio prevé para este grupo figuran la prestación de reintegración, las ayudas para prácticas, y el programa fit2work, que ofrece asesoramiento gratuito a empleados y empresas para que puedan trabajar y promover condiciones laborales saludables. Las mujeres con discapacidad suelen enfrentar numerosos obstáculos en el mercado laboral debido a su género y a la discapacidad. Así pues, existe un programa de promoción para la inclusión de personas con discapacidad que ofrece incentivos específicos a empresas para que contraten a mujeres con discapacidad y las retengan en sus puestos de trabajo a largo plazo (véanse los párrs. 109 y siguientes). Además, los programas de promoción y apoyo existentes están perfeccionándose continuamente con el fin específico de fomentar la cualificación, el empleo y el adelanto profesional de las mujeres con discapacidad. Uno de los objetivos es sensibilizar a las empresas y fomentar las oportunidades de participación en el mercado laboral en general.
La directiva especial sobre el empoderamiento de la población romaní para el mercado laboral en el período 2022-2030 tiene por objeto ofrecer mejores oportunidades de participación a los romaníes en general y las mujeres romaníes en particular, en calidad de minoría étnica reconocida, y destina un total de 10 millones de euros a tal fin. Entre 2025 y 2026 se ejecutarán diez proyectos. Dos de las condiciones de financiación son que al menos el 50 % de los puestos clave en los proyectos estén ocupados por personas de etnia romaní y que la proporción de mujeres romaníes tanto entre el personal del proyecto como en los grupos objetivo sea de al menos el 50 %. Los proyectos tienen por objeto reducir las barreras de acceso al mercado laboral asociadas a las múltiples experiencias de discriminación que enfrentan las mujeres romaníes, aplicar políticas laborales de fácil acceso para combatir eficazmente el desempleo de larga duración y luchar contra la perpetuación de condiciones de vida desfavorables.
El Centro de Mujeres del Fondo Austríaco para la Integración ofrece amplios servicios de integración y asesoramiento sobre el mercado laboral a fin de llegar al mayor número posible de mujeres migrantes y apoyar su integración en el mercado laboral y su autonomía. En las horas de atención del Fondo Austríaco para la Integración, las mujeres migrantes trabajan con expertos para elaborar planes de capacitación personal dirigidos a su incorporación al mercado laboral, en el marco de los cuales se ofrecen asimismo servicios de interpretación y cuidado infantil si es necesario. También se organizan seminarios periódicos dirigidos a las mujeres en los que se tratan cuestiones como las oportunidades educativas, la autonomía y el mercado laboral. Las plataformas profesionales, cuyo fin es establecer un primer contacto con posibles empleadores, facilitan el establecimiento de contactos directos con empresas que necesitan personal, con el foco puesto en las mujeres migrantes. La Dirección General de Mujeres e Igualdad apoya diversos proyectos destinados a mejorar la integración laboral de las mujeres migrantes. En el marco del proyecto de la encuesta a nivel nacional sobre barreras para el empleo de personas migrantes durante el período 2023-2025, financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales, la Federación Sindical austríaca ofrece a los trabajadores migrantes asesoramiento en su idioma materno sobre cuestiones relacionadas con la legislación social o laboral. La atención se centra en la integración en el mercado laboral, la prevención de la pobreza, la igualdad y la captación de trabajadores calificados. Durante la ejecución del proyecto, se hizo evidente que las mujeres necesitan un asesoramiento específico y que es necesario prestar más atención a la lucha contra la pobreza entre las mujeres. El proyecto UNDOK ofrece asesoramiento a trabajadores indocumentados en su idioma materno sobre legislación social y laboral desde 2013, prestando especial atención a la lucha contra la explotación de las mujeres.
Los refugiados y los desplazados a quienes se ha reconocido su condición suelen tener libre acceso al mercado laboral en Austria. El Servicio Público de Empleo aplica diversas medidas, tanto a nivel interno como a través de políticas activas del mercado laboral, a fin de ofrecer el mejor apoyo posible a los migrantes. Los programas de capacitación para empleados y directivos de Servicio Público de Empleo incluyen capacitación sobre diversidad y competencias interculturales. Algunas oficinas regionales también cuentan con funcionarios especializados de cuestiones relacionadas con la diversidad. Para superar las barreras lingüísticas, se contratan servicios de interpretación adicionales, se publican folletos y material informativo multilingüe y se organizan periódicamente sesiones informativas iniciales en otros idiomas para ofrecer a los migrantes que buscan empleo una primera visión general del mercado laboral austríaco. La herramienta Berufsinfomat, basada en IA y presentada en 2024, responde a preguntas sobre oportunidades profesionales en 99 idiomas. Además de las medidas generales del Servicio Público de Empleo destinadas a este grupo, como los cursos de idioma alemán orientados al empleo, las cualificaciones básicas o el colegio juvenil, existen medidas específicas para las mujeres que ayudan a las migrantes a integrarse en el mercado laboral (véase el anexo), como los centros de capacitación profesional para mujeres, en particular los youngFBZ, que a menudo se gestionan en colaboración con organizaciones aliadas a los centros de orientación para mujeres y niñas, ofrecen un marco para las experiencias específicas relacionadas con la migración y la cultura de las jóvenes migrantes, y les prestan apoyo para afrontar retos personales y profesionales.
Salud
En relación con el párrafo 18 a), según una encuesta representativa de 2024 sobre anticoncepción en Austria, el 50 % de las mujeres asume los gastos de esta por su cuenta, mientras que solo el 27 % los comparte. Si los anticonceptivos fueran gratuitos, el 36,6 % cambiaría sus hábitos en lo referido a la anticoncepción, es decir, empezaría a utilizarlos o lo haría de forma diferente o con mayor frecuencia. Los resultados ponen de relieve la importancia de la educación y el acceso a la información sobre las opciones anticonceptivas. El acceso sin trabas a los métodos anticonceptivos es una de las medidas del Plan de Acción para la Salud de la Mujer. El Ministerio de Asuntos Sociales financia desde junio de 2024 un proyecto piloto sobre anticoncepción informada en Vorarlberg, en el marco del cual unas 3.500 mujeres mayores de 14 años del estado federado piloto reciben gratuitamente anticonceptivos a largo plazo y a corto plazo, así como asesoramiento médico y psicosocial gratuito sobre anticoncepción, hasta diciembre de 2026. Una reducción de los impuestos puede hacer que los anticonceptivos seguros y eficaces sean más asequibles para todos los grupos de la población y fomentar el uso de medidas de medicina preventiva. Dado que el levantamiento de ciertas barreras económicas que obstaculizan la libertad sexual y reproductiva también contribuye a la promoción de la igualdad de género, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 estableció la exención del IVA para los anticonceptivos a partir del 1 de enero de 2026.
En relación con el párrafo 18 b), en Austria también pueden llevarse a cabo abortos en establecimientos distintos a hospitales. Desde 2020, los especialistas en ginecología y obstetricia pueden realizar abortos médicos de bajo riesgo en sus consultas. Desde finales de 2023, en el hospital público de Vorarlberg pueden llevarse a cabo abortos como servicio privado. En Viena, los hospitales públicos garantizan el acceso a abortos seguros y a la atención médica necesaria en caso de que aparezcan complicaciones. Los costos de una interrupción del embarazo se calculan de manera que las mujeres de ingreso bajo no se vean en desventaja. Además, corren a cargo del seguro social en los casos en que existe indicación médica. Cuando no la hay, los costos pueden quedar cubiertos también si la persona atraviesa dificultades económicas graves. La proporción de abortos en los hospitales públicos financiados por seguros médicos en 2023 fue del 55 %.
En relación con el párrafo 18 c), las mujeres y los niños de Vorarlberg pueden presentar denuncias por violencia obstétrica a través del centro de denuncias de los hospitales públicos o ante el defensor del paciente. En los hospitales públicos de Viena están aplicándose medidas preventivas mediante cursos de capacitación para el personal sanitario. Se ofrece asesoramiento integral sobre cuestiones relacionadas con la salud de la mujer y se han puesto en marcha campañas de sensibilización en estrecha colaboración con los institutos del centro de salud de la mujer FEM. La Asociación de Matronas de Austria organiza eventos sobre violencia obstétrica.
En relación con el párrafo 18 d), el reglamento hospitalario, de conformidad con la Ley de Hospitales y Establecimientos de Salud, no podrá contener ninguna disposición que prohíba la realización de un aborto no punible o la participación en él, o que prevea acciones perjudiciales para los profesionales que objeten de realizarlo. La responsabilidad de aplicar la ley recae, en última instancia, en los estados federados. En los hospitales de Viena se practican abortos en pacientes de alto riesgo, abortos por indicación médica dentro y fuera del plazo legal, así como abortos en caso de embarazos no deseados dentro del plazo legal. Se garantiza así que la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos no suponga un obstáculo para las mujeres que deseen abortar. Existe la posibilidad de solicitar sesiones de asesoramiento individualizadas y detalladas en varios idiomas para facilitar el proceso de adopción de decisiones.
En relación con el párrafo 18 e), la educación sexual se ha integrado en todos los planes de estudios como principio pedagógico, como área educativa y como contenido prioritario en determinadas asignaturas obligatorias. La Oficina de Educación Sexual, creada en 2023, apoya a los centros educativos y las autoridades escolares en la evaluación de la calidad de los programas externos. A partir de 2025, todos los proveedores externos de educación sexual deberán estar acreditados. Esta certificación a nivel nacional garantiza que los cursos cuenten con un temario sólido y que tengan calidad educativa y reconocimiento oficial. Para conocer las medidas adoptadas por los estados federados, véase el anexo.
En relación con el párrafo 18 f), según la Ley de Hospitales y Establecimientos de Salud, la legislación de los estados federados obligará a los gestores hospitalarios a garantizar los derechos de los pacientes, tales como el derecho a consultar su historial médico, a recibir información sobre las opciones de tratamiento y los riesgos de estos, la posibilidad de consultar a una persona de confianza, el acceso a la atención espiritual y psicológica y la protección de la intimidad. Además, los hospitales deben obtener el consentimiento de los pacientes para aplicar el tratamiento médico y garantizar que se les facilite la información necesaria. En los hospitales de Vorarlberg y Viena, intérpretes jurados ofrecen información y apoyo en la adopción de decisiones en diferentes idiomas, también por videoconferencia, y pueden asimismo responder cualquier pregunta relacionada con el tratamiento médico.
En relación con el párrafo 18 g), el Ministerio de la Mujer financia servicios que también ofrecen asesoramiento y apoyo integral en materia de salud. También presta apoyo a proyectos relacionados con la salud de la mujer, entre ellos la prevención, el asesoramiento y la asistencia ante problemas sociales, de salud o jurídicos, la prestación de apoyo psicosocial, e iniciativas sobre temas específicos como la violencia sexual, la atención sanitaria preventiva para mujeres migrantes o la prevención de la mutilación genital femenina. Los materiales informativos multilingües facilitan el acceso a la atención de la salud en un contexto intercultural. Para obtener más detalles, véase el anexo.
En relación con el párrafo 18 h), este tipo de asistencia se ofrece en Viena, por ejemplo, en el centro sociosanitario AmberMed, que presta asistencia médica a personas sin seguro médico.
En relación con el párrafo 18 i), en cuanto a las directrices terapéuticas, el Ministerio de Asuntos Sociales publicó en 2019 unas recomendaciones sobre las variantes del desarrollo sexual. Las Directrices de Viena sobre la obtención del consentimiento y la garantía de la información previa también se aplican a las mujeres y niñas intersexuales. El programa de gobierno actual prevé “una normativa clara para proteger a los menores intersexuales de cirugías que no sean necesarias por motivos de salud, con la implicación de las organizaciones de representación propia (por ejemplo, AGS y VIMÖ) y la ampliación de las medidas de sensibilización del personal sanitario para informar mejor sobre la intersexualidad”. En 2022 se publicó un informe sobre la salud de las personas LGBTIQ+, en el que por primera vez se recogieron datos sobre la situación sanitaria de las personas LGBTIQ+ en toda Austria. En el informe se pone de manifiesto que el bienestar mental de las personas LGBTIQ+, en particular, se ve afectado por el estrés. En el informe, además, se ofrece una base importante a partir de la cual aplicar medidas, como la elaboración de una herramienta de aprendizaje en línea destinada al personal sanitario, a fin de sensibilizarlo sobre la realidad y las experiencias de discriminación que viven las personas LGBTIQ+. En otoño de 2025 se llevó a cabo una prueba piloto de un curso de formación de formadores que encargó el Ministerio de Asuntos Sociales. Es necesario sensibilizar sobre los aspectos relacionados con el género y mejorar la prevención, la promoción de la salud, la atención sanitaria y los cuidados centrados en la persona. Además, hay que concienciar a los profesionales de la salud para que detecten y atiendan adecuadamente las diversas necesidades y requisitos de las personas LGBTIQ+, las mujeres y los jóvenes.
Mujeres y niñas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
Austria cuenta con un sistema de asilo reconocido internacionalmente y que se fundamenta en el estado de derecho. Todas las decisiones que se adoptan en virtud de la legislación en materia de asilo e inmigración se basan en un procedimiento de investigación individual exhaustivo, de conformidad con la normativa nacional, europea e internacional pertinente. Este sistema de evaluación individualizada permite detectar a grupos vulnerables y prestar especial atención a sus necesidades. Para tratar a las personas especialmente vulnerables con la sensibilidad necesaria y que la violencia de género se tenga en cuenta en la evaluación de cada caso, el Ministerio Federal del Interior ofrece cursos de capacitación y perfeccionamiento impartidos por expertos internos y externos. La posibilidad de que la persona solicitante de asilo sea entrevistada por una persona de su mismo sexo en el procedimiento de asilo garantiza que se tengan en cuenta las cuestiones de género. Si los solicitantes de asilo fundan su temor a ser perseguidos (artículo 1 A. 2) de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados) en una violación de su libertad sexual, deberán ser entrevistados por un funcionario del mismo sexo, salvo que soliciten lo contrario. Se debe demostrar que se ha informado a los solicitantes de asilo de que existe esa opción. Como víctimas de violencia, las mujeres y las niñas tienen derecho, en determinadas condiciones, a obtener un permiso de residencia por motivos humanitarios, denominado “derecho de residencia por motivos de protección especial”. Las vulnerabilidades específicas de las mujeres y sus experiencias de violencia se evalúan y documentan cuando se admite por primera vez a las solicitantes de asilo en un refugio. Cada refugio cuenta con una persona de contacto para mujeres y niñas, y el personal médico de los centros de atención federales está capacitado para reconocer y tratar los casos relacionados con la tortura y el trauma. Las mujeres que viajan solas o con niños se alojan en zonas separadas del refugio y son atendidas por personal exclusivamente femenino. Los refugios ofrecen una dinámica diaria pensada específicamente para las mujeres. Los cuidadores ofrecen apoyo para establecer contacto con los centros de protección de víctimas, los centros de protección contra la violencia y otros centros de orientación pertinentes. En el refugio de Traiskirchen hay organizaciones especializadas que prestan apoyo a los solicitantes de asilo de forma regular (LEFÖ-Centro de Intervención para las Mujeres Víctimas de Trata, el programa UNDINE de orientación para mujeres migrantes, FEM-Süd, servicios de apoyo temprano). Asimismo, se mantiene una colaboración estrecha en materia de capacitación y educación de los empleados de la Agencia Federal de Servicios de Recepción y Apoyo con esas organizaciones especializadas y con organismos internacionales, como el ACNUR o la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Los asesores jurídicos de la Agencia Federal de Servicios de Recepción y Apoyo tienen asimismo la obligación de asignar los procedimientos en que estén implicadas mujeres y niñas a asesoras e intérpretes mujeres, siempre que sea posible. Si se denuncia o se sospecha una violación de la libertad sexual, es preciso informar de que el asesoramiento y la representación pueden correr a cargo de una persona del mismo sexo. Si en el marco del procedimiento se ha denunciado una violación de la libertad sexual, se deberá designar a asesores e intérpretes del mismo sexo. Además, en casi todas las oficinas hay un asesor jurídico especializado en cuestiones específicas relacionadas con la mujer.
Una de las prestaciones sociales básicas que se ofrecen en el estado federado de Vorarlberg a las mujeres que viajan solas es un alojamiento especial, consistente en una vivienda o alojamiento independientes con acceso particular. El programa de asistencia social básica de Viena también ofrece alojamientos específicos para mujeres solteras, mujeres mayores y madres solteras. En los refugios para menores refugiados no acompañados hay dos apartamentos compartidos destinados a niñas menores no acompañadas, que reciben asistencia las 24 horas de personal educativo especializado. El Fondo Social de Viena también refuerza el papel de las mujeres al permitir que las esposas o madres actúen como personas de contacto en lo que se refiere a las solicitudes y sesiones de asesoramiento, y que reciban el abono de la ayuda social básica destinada a los refugiados, si únicamente se dispone de una cuenta conjunta. El Fondo Social de Viena presta apoyo a mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo con cursos de idiomas especializados conocidos como FAVoritIN, centrados en la preparación para el mercado laboral, así como programas educativos que incluyen servicios de enseñanza preescolar. A través de los proyectos FINI y PONTO, el servicio de vivienda para la integración presta apoyo a las familias con derecho a asilo a su llegada a Viena. Además de orientación en general sobre temas como la seguridad económica, el cuidado de los hijos y la educación, el apoyo a la integración ofrece también protección contra la violencia, prevención y asesoramiento sobre crianza sin violencia, y tiene ofertas especiales para grupos dirigidas a las mujeres. El sistema de asistencia social básica de Alta Austria ofrece dos refugios dirigidos específicamente a mujeres. En general, y de conformidad con la Ley de Bienestar Social de Alta Austria, las mujeres que reciben prestaciones sociales básicas no pueden alojarse en refugios para mujeres, aunque, en casos concretos, si es preciso se procura una solución de alojamiento.
Los solicitantes de asilo tienen un umbral de ingresos complementarios de 110 euros, mientras que los desplazados desde Ucrania tienen un límite de 142 euros (con 80 euros adicionales por cada miembro de la familia para ambos grupos, cuando procede). Esta medida es transitoria, hasta que las personas desplazadas o solicitantes de asilo dispongan de un medio de vida. Toda restricción de las prestaciones sociales básicas ofrecidas a los refugiados cuando estos tienen un empleo remunerado está sujeta, en cualquier caso, a una valoración personalizada por parte de la autoridad competente. Las personas desplazadas desde Ucrania tienen un derecho de residencia temporal y, desde abril de 2023, pueden acceder al mercado laboral de Austria sin necesidad de permiso. Este derecho de residencia se ha prorrogado de nuevo a escala europea hasta el 4 de marzo de 2027. Las personas desplazadas tienen derecho a prestaciones sociales básicas, asistencia médica, prestaciones por cuidados y prestaciones por hijos u otros familiares a cargo. Desde el 1 de octubre de 2024, las personas desplazadas que hayan trabajado durante al menos 12 meses de los últimos 24 y estén sujetas al régimen de cotización completa al seguro social pueden obtener la conocida como Tarjeta Roja-Blanca-Roja Plus, que concede un permiso de residencia permanente ordinario con acceso sin restricciones al mercado laboral. El objetivo es aumentar la tasa de participación en el mercado laboral de los ucranianos desplazados garantizando su derecho de residencia. Las personas desplazadas que no cumplen los requisitos de la Tarjeta siguen teniendo pleno acceso al mercado laboral sin necesidad de autorizaciones extraordinarias. Tras un total de cinco años de residencia legal con la condición de persona desplazada y en posesión de una Tarjeta Roja-Blanca-Roja Plus, es posible obtener la residencia de larga duración en la Unión Europea, siempre que se cumplan los demás requisitos. Sin embargo, la integración en el mercado laboral de las mujeres desplazadas de Ucrania, en función de sus cualificaciones, sigue representando un gran desafío. Según un estudio encargado en 2024 por el Servicio Público de Empleo a la Universidad de Innsbruck, constituyen obstáculos importantes la falta de conocimientos de idioma alemán, la elevada proporción de mujeres con responsabilidades de cuidado de los hijos menores de edad o familiares mayores y la falta de reconocimiento oficial de las cualificaciones adquiridas. En las zonas rurales supone un obstáculo adicional la limitación de la movilidad debido a la falta de transporte público. La transición desde las prestaciones sociales básicas a la condición de empleado también se considera un obstáculo para la rápida integración en el mercado laboral, pues suele ir acompañada de la pérdida de la vivienda subvencionada por el Estado. El Servicio Público de Empleo ayuda a los progenitores financiando servicios de cuidado infantil adaptados al mercado laboral.
Según la directiva 2011/95 de la Unión Europea, relativa a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas, los Estados Miembros tienen la posibilidad de limitar la igualdad de trato de los beneficiarios de protección subsidiaria a las prestaciones básicas de asistencia social. Austria ha recurrido a esta opción en el artículo 4 de la Ley Básica de Asistencia Social. Según la jurisprudencia reiterada del tribunal constitucional austríaco, el alcance de las prestaciones básicas debe fijarse en el nivel de la ayuda social básica, que constituye asimismo el límite máximo de las prestaciones de asistencia social para personas con derecho a protección subsidiaria. El reglamento de reconocimiento, que sustituirá a la directiva 2011/95 de la Unión Europea el 1 de julio de 2026, no elimina la posibilidad de limitar las prestaciones básicas si dicha limitación está prevista en la legislación nacional.
Las opciones de los apátridas para obtener la nacionalidad austríaca se suman al resto de alternativas para obtener la nacionalidad; por ejemplo, las personas nacidas en Austria pueden adquirir la nacionalidad austríaca tras seis años de residencia legal e ininterrumpida en el país. Además, desde el 1 de mayo de 2022, las personas apátridas nacidas en Austria pueden solicitar la concesión de la nacionalidad al cumplir los 18 años y, a más tardar, 3 años (anteriormente eran 2) después de alcanzar la mayoría de edad, en determinadas condiciones, siempre que se cumplan criterios adicionales (entre ellos, haber tenido su residencia principal en Austria durante al menos 10 años, de los que al menos 5 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la concesión de la nacionalidad). El artículo 14 de la Ley de Nacionalidad austríaca se ajusta ahora al artículo 1 2. a) de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Si no es patente que una persona puede obtener la nacionalidad austríaca, la persona interesada tiene la posibilidad de solicitar en cualquier momento un procedimiento de determinación de conformidad con la Ley de Nacionalidad, siempre que muestre un interés legítimo en ello. A fin de mejorar la protección de las personas apátridas, el actual programa gubernamental establece que debe estudiarse el procedimiento para determinar la apatridia y este debe ser accesible, justo y eficaz.
Mujeres rurales
Las convocatorias de ayudas de 2023 y 2024 de la Dirección General de Mujeres e Igualdad estuvieron centradas en el apoyo a las mujeres y las niñas de zonas rurales. En 2023 se financiaron 14 proyectos por un valor de 1,1 millones de euros a fin de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a las mujeres del sector agrícola e impulsar su participación económica. En 2024 este enfoque se amplió para incluir temas de actualidad, como la lucha contra la violencia de raíz cultural, en particular el matrimonio forzado. En 2024 se seleccionaron 18 proyectos, con una financiación de 2 millones de euros. En ambas convocatorias se tuvo en cuenta asimismo a las mujeres de origen migrante y con discapacidad. En 2021, se armonizó la legislación laboral agrícola y se sustituyeron las nueve normativas laborales de ese ámbito de los distintos estados federados por una normativa que se aplica de manera uniforme en el sector agrícola y de la silvicultura de toda Austria. Asimismo, se incorporaron a la Ley del Trabajo Agrícola medidas relativas a la conciliación y destinadas a alentar a los hombres a que disfruten de licencias de paternidad más prolongadas (véanse los párrs. 83 y 84).
Las mujeres de las zonas rurales y del sector agrícola contribuyen de manera significativa a la cohesión social, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en los ámbitos social, económico y cultural. Además de su labor en las explotaciones agropecuarias, muchas trabajadoras contribuyen de manera importante a la vida social del campo mediante el voluntariado. Según la última encuesta sobre la estructura del mundo agrícola, el número de explotaciones agropecuarias dirigidas por mujeres ha aumentado levemente, pues en 2023 eran más de un tercio (36 %), porcentaje que en 2020 era del 35 %. La Política Agrícola Común europea correspondiente al período 2023-2027 reconoce, por primera vez, la promoción de la igualdad de género como objetivo específico, e incluye, también por primera vez, la igualdad de género y el impulso de la participación de las mujeres en la agricultura entre los objetivos de los planes estratégicos de esa Política. En el marco del plan estratégico, Austria parte de la premisa de que muchas medidas ya existentes pueden tener un efecto positivo sobre la igualdad de género. A este fin, se creó el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género en el seno del Comité de Supervisión del Plan Estratégico, con miras a definir el margen de maniobra para la aplicación de las medidas, de modo que mujeres y hombres se beneficien por igual de las medidas ofrecidas. El plan de acción elaborado por el grupo de trabajo viene aplicándose desde junio de 2024. Austria integra la igualdad de género en las zonas rurales a través de los proyectos de igualdad de género LEADER y FSE+. Existe un amplio abanico de proyectos destinados a promover el papel de la mujer en las zonas rurales, entre ellos el proyecto educativo ZAM, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres en el sector agrícola y alentarlas a que aprovechen su capacidad de acción y participen activamente en el futuro de la agricultura. Se publicó un folleto sobre derechos de las mujeres dirigido a las mujeres del sector agrícola austríaco que permite a estas solucionar cuestiones jurídicas importantes con mayor seguridad. En 2025 se puso a disposición del público un curso de autoaprendizaje en línea sobre seguridad financiera para mujeres de zonas rurales. Véase el anexo para conocer las medidas aplicadas en el estado federado de Vorarlberg.
Mujeres y niñas con discapacidad
Los servicios de apoyo para las mujeres con discapacidad en el mercado laboral incluyen capacitación adaptada a sus necesidades e información profesional, así como un asesoramiento individual amplio. El programa de políticas relativas al mercado laboral del Servicio Público de Empleo para las mujeres también presta apoyo a las mujeres con discapacidad en su integración en el mercado laboral, por ejemplo, eliminando los obstáculos al empleo. En general, todas las prestaciones ofrecidas por el Servicio Público de Empleo están abiertas a las mujeres con discapacidad, a las que se ayuda a reincorporarse al trabajo aplicando medidas de cualificación y apoyo para puestos de trabajo en el mercado laboral primario, empleos de transición o proyectos de empleo, así como a través de subsidios de empleo, como la prestación de reintegración (véase el párr. 89). En el marco de los subsidios salariales, el Ministerio de Asuntos Sociales puso en marcha en 2020 el programa Ayuda para la Inclusión Plus, dirigido a fomentar el empleo de las mujeres con discapacidad. Esta iniciativa ofrece apoyo específico para la inserción laboral en el mercado de trabajo convencional de mujeres que se acojan a ella, mediante un complemento adicional del 25 % a la financiación de inclusión en vigor, que se concede por un período de 12 meses. Habida cuenta de su éxito, el proyecto piloto de Ayuda para la Inclusión Plus dirigido a las mujeres se ha incorporado a los programas de apoyo que ya existían. A fin de centrar la asistencia en los usuarios, el Servicio Público de Empleo colabora en todos los estados federados con NEBA, fit2work y la organización BBRZ, dedicada a la formación profesional y la rehabilitación. Con la modificación legislativa sobre la posibilidad de que una persona con discapacidad sea declarada no apta para trabajar antes de los 25 años, desde el 1 de enero de 2024 los adolescentes y jóvenes sobre cuya capacidad para trabajar existan dudas pueden inscribirse en el Servicio Público de Empleo, obtener apoyo y hacer uso de sus servicios, en función de su estado de salud y aptitudes personales. A finales de diciembre de 2025, el 44 % de las personas del grupo objetivo que puede beneficiarse de esa modificación legislativa eran mujeres. En lo referido a la educación, véanse los párrafos 77 y 78.
En Viena, el Fondo Social de Viena viene priorizando desde hace años medidas de desinstitucionalización, a fin de ofrecer a todas las personas con discapacidad un entorno de vida inclusivo y adaptado a sus necesidades individuales. Desde 2015 viene ampliándose la oferta de apartamentos tipo estudio con asistencia parcial, de modo que las personas con discapacidad pueden recibir ayuda domiciliaria y personalizada en su hogar.
En las condiciones de financiación de los centros de orientación para mujeres y niñas, cofinanciados por el Ministerio de la Mujer, se establece que los servicios de asesoramiento deben ser accesibles. La mayoría de los centros de orientación para mujeres y niñas que reciben subvenciones ya cumplen este requisito. Se ofrecen servicios de asesoramiento adicionales dirigidos específicamente a mujeres con discapacidad, por ejemplo, a mujeres sordas. En 2024 se financiaron cinco proyectos destinados a apoyar a las mujeres con discapacidad, con un presupuesto de unos 234.000 euros. Está previsto que este proyecto siga recibiendo financiación. El empoderamiento de las mujeres con discapacidad se considera una cuestión transversal, en el contexto tanto del apoyo estructural general a los servicios de orientación como de las convocatorias de financiación y otras medidas de la Dirección General de Mujeres e Igualdad. Existen asimismo centros de asesoramiento específicos para mujeres con discapacidad víctimas de violencia, como la asociación Ninlil de Viena, que está cofinanciada por el Fondo Social de Viena y a la que pueden acudir mujeres con dificultades de aprendizaje o discapacidades múltiples en casos de violencia sexual.
En julio de 2022, el Gobierno federal aprobó el segundo Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad (2022-2030), que incluye una sección dedicada a las mujeres con discapacidad. También los estados federados participaron en su preparación y puesta en marcha. En Austria, las personas con discapacidad suelen disfrutar de pleno acceso a las prestaciones del seguro médico y de accidentes obligatorio. En el Plan de Acción Nacional se fijan medidas para mejorar la calidad de los datos y para ampliar los dispensarios ambulatorios inclusivos e implantar la gestión de la discapacidad en todos los sectores del sistema de salud. En 2026 se confeccionará un informe sobre el estado de salud y la prestación de asistencia sanitaria a personas con discapacidad, haciendo hincapié a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. En el Plan de Acción para la Salud de la Mujer se prevén medidas dirigidas a sensibilizar a las instituciones, en particular los centros de orientación, sobre los aspectos de la discapacidad consustanciales a las mujeres y también para designar funcionarios encargados de las cuestiones de igualdad en las instituciones para personas con discapacidad y mejorar las competencias de asesoramiento, especialmente en lo referido a la situación vital de las mujeres con discapacidad.
El proyecto Kick mit INKLUSIV (2024-2027) facilita el acceso al fútbol a las niñas y mujeres con discapacidad, fomenta la salud, el empoderamiento y las habilidades sociales, y busca eliminar las barreras en los clubes deportivos mediante la integración gradual de las participantes en equipos de fútbol.
Mujeres de edad
La pobreza en la tercera edad es mucho más acusada entre las mujeres. En 2024, el 32 % de las mujeres jubiladas que vivían solas enfrentaban riesgo de pobreza, porcentaje que en el caso de los hombres que vivían solos era del 16 %. Ello se debe, ante todo, a sus trayectorias laborales, caracterizadas por el cuidado de los hijos, el trabajo de cuidados y la discriminación. Para tratar esta cuestión en lo sucesivo, el Gobierno está determinado a hacer que el trabajo a tiempo completo resulte más atractivo y accesible, ampliar los servicios de cuidado infantil y desarrollar, antes del fin de 2026, modelos que aumenten la participación de los padres, mediante licencias parentales y subsidios para el cuidado infantil, entre otras prestaciones. A fin de prevenir la pobreza de las mujeres de edad, en los últimos años se han adoptado medidas de protección social y se han creado servicios de información al efecto. En lo que respecta a las pensiones, la simulación de estas ofrece información sobre las ventajas de prolongar la vida laboral o de limitar las etapas de trabajo a tiempo parcial. Asimismo, se actualiza y amplía de manera constante la información disponible que ofrece el Ministerio de la Mujer sobre las opciones para asegurarse una pensión a lo largo de la vida. Las medidas en favor de la igualdad en el mercado laboral contribuyen de manera significativa a reducir la brecha de pensiones entre hombres y mujeres.
Además, el FSE+ ha cofinanciado un servicio de asesoramiento sobre cambio demográfico y digitalización, gratuito para las empresas, que tiene por objeto contribuir a la creación de puestos de trabajo adaptados a las diferentes edades. A lo largo de un período de cinco años (2023-2027), se prestará apoyo a unas 1.000 empresas. El objetivo es sostener la capacidad laboral de los trabajadores de más edad y mejorar sus oportunidades de empleo. Se ha establecido una cuota femenina del 50 %, de modo que la mitad de las personas que se benefician del asesoramiento deben ser mujeres. Además, la igualdad de género queda incluida, de forma sistemática, como tema transversal en todos los contenidos y medidas de la consulta. El programa fit2work ofrece apoyo a personas de todas las edades para que mantengan su capacidad laboral o la recuperen, lo que además genera oportunidades de empleo adecuadas a la edad para mujeres mayores y fomenta la prolongación de la vida laboral. En 2024, el 56,7 % de las sesiones de orientación iniciales en fit2work estuvieron dirigidas a mujeres.
En 2022, la opción de jubilarse anticipadamente sin deducciones fue sustituida por una bonificación por incorporación temprana. En el primer semestre de 2023 se concedieron alrededor de 29.000 pensiones directas con bonificación por incorporación temprana, de las que 15.805, es decir, el 55 %, se concedieron a mujeres. Se está asimismo intentando garantizar la seguridad económica de las mujeres que ya se han jubilado. En la práctica, en Austria no existe una pensión mínima. Las mujeres siguen constituyendo la gran mayoría de las beneficiarias del complemento de compensación, y sus pensiones se han incrementado hasta alcanzar la tasa estándar de dicho complemento, a fin de garantizar un nivel de vida digno. Durante los ejercicios con inflación elevada, esas tasas estándar crecieron siempre más que la tasa de inflación anual, lo que tuvo un efecto especialmente positivo en las mujeres. A fin de compensar la inflación, las prestaciones de 2,3 millones de pensionistas y la totalidad de prestaciones sociales y familiares, incluido el complemento de compensación, se incrementaron un 4,6 % el 1 de enero de 2025. El complemento de compensación y las bonificaciones a las pensiones, vigentes desde 2020 para quienes hayan cotizado al menos 360 y 480 meses, respectivamente, suponen asimismo un especial beneficio para las mujeres.
Cambio climático y reducción del riesgo de desastres
A fin de aplicar la recomendación general núm. 37 (2018), Austria está adoptando un enfoque integrador para tratar los aspectos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático específicas del género. El fundamento de ese enfoque es la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y el Plan de Acción que lo acompaña, ambos aprobados en 2024, que integran de manera amplia la perspectiva de género y se elaboraron en alianza con las partes interesadas. En el marco de la Estrategia, el género es uno de los aspectos sociales de la adaptación al cambio climático. En una sección se tratan las diferencias respecto del género en lo referido a las diferentes formas en que las personas se ven afectadas por los efectos del cambio climático y las repercusiones de las medidas de mitigación. El Plan de Acción tiene en cuenta la perspectiva de género en los 14 ámbitos de actividad y en las más de 120 recomendaciones de actuación. Los planes de protección contra las altas temperaturas que han puesto en marcha el Gobierno federal y casi todos los estados federados constituyen una herramienta clave para una atención de la salud resiliente frente al cambio climático. Estos planes prevén una protección especial a grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, e incluyen medidas en consecuencia; por ejemplo, en Baja Austria se provee una protección especial a establecimientos especialmente vulnerables como residencias, hospitales y centros de educación preescolar.
La iniciativa del Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura dirigida a promover la participación de especialistas mujeres en el control técnico de crecidas y avalanchas ofrece un enfoque integral para reducir las desventajas estructurales existentes, incorporando la igualdad en la práctica profesional, el desarrollo de los recursos humanos, la mentalidad de gestión y la estructura organizativa, y mejorando las oportunidades de desarrollo profesional a largo plazo para las mujeres con profesiones de perfil técnico. Los objetivos son aumentar la presencia de las mujeres en puestos técnicos, dar visibilidad a la experiencia y los conocimientos de las mujeres, y promover la igualdad de oportunidades en la formación, el acceso al mercado laboral y la promoción profesional. El programa de acción para técnicos en el ámbito del control de las crecidas y las avalanchas incluye cursos de sensibilización dirigidos a los directivos, que se imparten en colaboración con expertos externos en igualdad de género, a fin de fomentar una visión común de la igualdad de género en los ámbitos técnicos y la integración de esta perspectiva en las estructuras de gestión. Se ha puesto en marcha un programa de mentoría que tiene en cuenta las cuestiones de género, dirigido al personal técnico con menos de cinco años de experiencia profesional en el control de crecidas y avalanchas, a fin de fomentar la creación de redes, el intercambio de conocimientos y la planificación personal de la carrera profesional. Los programas de capacitación continua dirigidos a mujeres que ocupan puestos técnicos también reciben un apoyo específico, como la preparación del examen estatal de silvicultura o formación profesional que ofrezca también la posibilidad de acceder posteriormente a la universidad. Existe un programa de coaching complementario dirigido a mujeres con aspiraciones de liderazgo que incluye capacitación en comunicación, estrategia y aptitudes de liderazgo. Las medidas dirigidas a fortalecer los medios e impulsar la comunicación se llevan a cabo en colaboración con la Escuela Federal de Administración. La etapa piloto se extenderá desde la primavera de 2024 hasta la primavera de 2026 y está previsto que las estructuras queden establecidas a partir del otoño de 2026. Se hace un seguimiento constante de los programas y sus resultados, con el objetivo de asegurar la calidad, determinar la proporción de mujeres que ocupan puestos técnicos, recabar opiniones de las participantes e integrar los resultados en la estrategia de igualdad en el ámbito del control de crecidas y avalanchas.
La financiación internacional para el clima presta apoyo a las regiones y comunidades que más ayuda necesitan para enfrentar los efectos negativos del cambio climático y para su desarrollo. Los proyectos financiados persiguen, entre otras cosas, reforzar el papel de las mujeres en las zonas rurales, facilitar el acceso a la educación y la educación superior o acabar con las estructuras patriarcales para que las mujeres puedan acceder a órganos decisorios.
La red europea Women Exchange for Disaster Risk Reduction, fundada en 2016, tiene como objetivo el empoderamiento y la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres y la gestión de los riesgos naturales, así como la integración de la perspectiva de género en la prevención de desastres. En la actualidad, la red cuenta con más de 200 expertos procedentes del ámbito de la investigación, la administración y la práctica profesional, procedentes de más de 15 países. La red organiza periódicamente eventos, seminarios en línea, cursos de capacitación y reuniones especializadas sobre la gestión de los peligros naturales y la transversalización de la perspectiva de género. El más reciente de estos eventos tuvo lugar en Bolzano en 2025 y versó sobre estrategias para involucrar a los grupos vulnerables en la gestión de riesgos. Women Exchange for Disaster Risk Reduction contribuye de manera significativa a la participación de las mujeres en los procesos decisorios sobre la reducción del riesgo de desastres, visibilizando sus conocimientos e integrando el género en las estrategias nacionales e internacionales, y propone planteamientos inclusivos y eficaces para la reducción del riesgo de desastres ante el cambio climático. Los estados federados aplican nuevas medidas en materia de género y cambio climático y promueven la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad.
Matrimonio y relaciones familiares
El programa gubernamental actual prevé continuar modernizando la legislación sobre el matrimonio, la custodia de los hijos y la tutela, prestando especial atención a la exclusión de la custodia compartida de los hijos en los casos de violencia doméstica. Además, el padre no tendrá derecho de visita si el niño fue concebido como consecuencia de un delito sexual. La normativa vigente ya establece que, en caso de que exista un riesgo para el bienestar del niño (por ejemplo, violencia), el tribunal retirará la custodia al progenitor responsable de dicha situación. Las actividades educativas y de perfeccionamiento profesional sobre la violencia contra las mujeres buscan sensibilizar a los jueces de familia que se encargan de los procedimientos de custodia (véase el párr. 41). Para conocer las medidas aplicadas en Vorarlberg, véase el anexo.
Las medidas jurídicas y administrativas en Austria garantizan la seguridad económica de las familias monoparentales. Si uno de los progenitores no paga la manutención de los hijos, se conceden anticipos de la suma correspondiente, previa solicitud. Se libera así al menor de la carga y el riesgo que supone un cobro fallido de la deuda. Los menores y quienes actúan en su nombre no están obligados a pagar las costas judiciales en los procedimientos relacionados con la manutención y de anticipo de esta, incluidos los procedimientos de recurso. Si el progenitor obligado al pago de la manutención no cumple su obligación, el representante legal del menor puede designar como representante a la autoridad de protección de la infancia y la juventud, la cual se encargará de adoptar las medidas necesarias para que se cobre la manutención de los hijos de forma gratuita, prestará asesoramiento, presentará las solicitudes pertinentes ante el tribunal, velará por el cobro de los pagos y, en caso necesario, actuará en nombre del niño para la aplicación de la ley en lo referido a la pensión, tanto en Austria como en el extranjero. Además, los acuerdos relativos a la manutención pueden celebrarse ante la autoridad de protección de la infancia y la juventud, lo que les confiere el mismo efecto que una resolución judicial y, por lo tanto, constituyen títulos ejecutivos. Para garantizar que los menores reciban expeditivamente la manutención, es posible solicitar una manutención provisional si hay un procedimiento pendiente para fijar el importe de la manutención a cargo del progenitor o dicho procedimiento está iniciándose de manera simultánea. En el Código de Ejecución existen dos fundamentos jurídicos distintos para ello. Para garantizar la ejecución transfronteriza efectiva de las obligaciones relacionadas con las manutenciones y la aplicación de los acuerdos internacionales a ese respecto, la Ley de Pensiones Alimenticias en el Extranjero de 2014 regula en detalle la cooperación entre autoridades competentes. El incumplimiento grave de la obligación de pagar la manutención es punible por ley si pone en peligro la manutención o la crianza de la persona con derecho a ella, o si dicha manutención o crianza se ve en peligro sin la ayuda de un tercero. Además de optar a anticipos de la manutención, los progenitores únicos tienen acceso a un sistema de seguridad social integral que ofrece prestaciones familiares y sociales a nivel federal, estatal y municipal. Además, el programa gubernamental prevé la creación, a partir de 2026, de un fondo de garantía de manutenciones dotado con 35 millones de euros, a fin de proteger a las mujeres y los niños de la pobreza en caso de que no se abonen las manutenciones regulares y las prestaciones existentes no basten.
Información adicional
Austria ratificó el 11 de septiembre de 2024 el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190), que entró en vigor el 11 de septiembre de 2025.
En octubre de 2025 se puso en marcha la iniciativa She Goes AI, cuyo objetivo es potenciar el papel de las mujeres en el ámbito de la inteligencia artificial. Entre sus objetivos figuran la mejora de las competencias en inteligencia artificial, el aumento del número de mujeres expertas en inteligencia artificial, la integración de la perspectiva de género y una atención especial a las mujeres en los programas actuales, así como la creación de una red amplia. La iniciativa, que propugna una alianza entre la política, la administración, la ciencia, el mundo empresarial y la sociedad civil, englobará las actividades existentes y emergentes relacionadas con las mujeres y la inteligencia artificial.