COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
70º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1798ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el lunes 26 de febrero de 2007, a las 15.00 horas.
Presidente: Sr. de GOUTTES
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)
Informes periódicos cuarto a séptimo de la ex República Yugoslava de Macedonia
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (punto 5 del programa) (continuación)
Informes periódicos cuarto a séptimo de la ex República Yugoslava de Macedonia (CERD/C/MKD/7; CERD/C/MKD/CO)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de la ex República Yugoslava de Macedonia toman asiento a la Mesa del Comité.
La Sra. GELEVA (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que desde la firma del Acuerdo Marco de Ohrid con representantes albaneses, el 13 de agosto de 2001, su Gobierno ha llevado a cabo amplias reformas para la protección y promoción de los derechos de las minorías. Se han introducido una serie de enmiendas en los reglamentos relativos a los derechos de las minorías, en particular para que puedan utilizar los idiomas y los símbolos de sus comunidades, aspirar a la igualdad en la representación y la adopción de decisiones en los órganos estatales e instituciones públicas, y tener acceso a la educación elemental y secundaria en sus lenguas maternas.
Desde la presentación de su anterior informe periódico, su Gobierno ha aprobado 67 leyes, incluida la más reciente, la Ley de Policía, que ofrece una mayor protección de los derechos humanos sin distinción de raza, nacionalidad o género, y exige que las autoridades locales designen a los agentes de la policía. En mayo de 2006, el Gobierno introdujo nueva legislación para ofrecer igualdad de oportunidades a hombres y mujeres y combatir la doble discriminación contra las mujeres pertenecientes a las minorías. En octubre de 2006 se estableció un Comité de Ministros encargado de supervisar y coordinar las actividades para promover la igualdad en la participación de las minorías en los servicios del Gobierno y en las empresas públicas. En enero de 2007, el Gobierno aprobó una estrategia para promover la representación equitativa de los miembros de las comunidades étnicas, asignando más del triple de los fondos para esos fines que se habían adjudicado en anteriores años. Esas medidas deben redundar en la contratación de 250 funcionarios públicos provenientes de las comunidades no mayoritarias, a más tardar en marzo de 2007. Asimismo, se ha promulgado una nueva ley sobre días feriados nacionales, que incluye importantes días para los miembros de las minorías, como dos feriados religiosos musulmanes y el Día del Idioma de Albania. Por último, en 2006 se estableció una Comisión de Derechos Humanos para coordinar las actividades del Estado en el ámbito de los derechos humanos.
Refiriéndose a la pregunta 1 de la lista de cuestiones planteadas por el Relator en relación con los informes periódicos cuarto a séptimo de su país (CERD/C/MKD/7), la oradora dice que desde 2003 se han presentado 2.521 solicitudes de asilo, principalmente de nacionales de la República de Serbia. A fines de 2006, se había concedido asilo a 1.389 personas, en calidad de refugiados o de personas protegidas por razones humanitarias. De ese número, 267 no obtendrán la renovación de su estatuto tras su vencimiento el próximo año, mientras que sí se concederá a un total de 1.122. El Gobierno ha rechazado 530 solicitudes.
Con respecto a la pregunta 2, en dos casos el Tribunal Constitucional hizo referencia directa a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución. Uno de los casos se relacionaba con una denuncia de violación del artículo 9 de la Constitución, y el otro, con una decisión para rescindir un artículo de la Ley de reuniones públicas. En otro caso, el Tribunal Supremo anuló sentencias impuestas de conformidad con el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En fecha más reciente, el 29 de enero de 2007, y sobre la base del artículo 14 de la Convención, el Defensor del Pueblo recomendó formular cargos penales contra las empresas que practicaran discriminación contra los romaníes.
El artículo 9 de la Constitución contiene una definición general de discriminación, aunque no de discriminación racial, tal como se define específicamente en el artículo 1 de la Convención (pregunta 3). Sin embargo, considerando que la Convención forma parte del sistema jurídico de su país, la definición que ofrece la Convención puede aplicarse directamente.
La cláusula contra la discriminación que figura en el artículo 9 de la Constitución debe leerse junto con el párrafo 1 del artículo 28, que prevé que los extranjeros en la ex República Yugoslava de Macedonia disfruten de las libertades y derechos garantizados por la Constitución en las condiciones definidas por la legislación y los acuerdos internacionales (pregunta 4). También debe tenerse en cuenta el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención, en virtud del cual la Convención “no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos”. En ese sentido, la distinción que se hace en el capítulo 2 de la Constitución entre ciudadanos y otras personas son legítimas y compatibles con la legislación internacional de derechos humanos. De cualquier modo, sobre la base del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención, el artículo 9 de la Constitución es aplicable a los no ciudadanos.
En la ex República Yugoslava de Macedonia hay dos corrientes de pensamiento en lo que respecta a la promulgación de legislación contra la discriminación: una favorece la aprobación de una ley específica, mientras que la otra está a favor de la incorporación de disposiciones contra la discriminación en la legislación existente (pregunta 5). Su Gobierno considera que toda legislación de ese tipo debe examinarse detenidamente antes de adoptar cualquier decisión.
En 2006 se estableció un nuevo mecanismo de supervisión periódica de las actuaciones del Gobierno, encargado de efectuar una mejor labor de seguimiento de las solicitudes y recomendaciones del Defensor del Pueblo (pregunta 6). Ese sistema de presentación de informes trimestrales ha dado los siguientes resultados: entre enero y marzo de 2006, se presentaron 168 solicitudes y el Defensor del Pueblo recibió respuestas de los órganos interesados en relación con 122 de esas solicitudes; entre abril y junio, se presentaron 219 solicitudes a diversos ministerios, que respondieron en 171 casos; entre julio y septiembre se presentaron 219 solicitudes, de las cuales se tramitaron 170; en el último trimestre de 2006, se presentaron 311 solicitudes.
El Comité de Relaciones Intercomunitarias, establecido para promover el diálogo entre las distintas comunidades del país, centra su labor particularmente en las actividades preparatorias para la promulgación de legislación relativa a los intereses de las minorías (pregunta 7). Se han establecido 47 comités locales para las relaciones intercomunitarias, pese a que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de la autonomía local, su establecimiento es obligatorio sólo en 26 municipalidades y voluntario en las demás. Las deliberaciones de esos comités abarcan una amplia gama de cuestiones que surgen en la vida cotidiana de las municipalidades. Un reciente problema fue la controvertida erección de un monumento a Skender-bay, un legendario guerrero de los Balcanes, en la municipalidad de Skopje.
El mayor logro de la Estrategia nacional sobre los romaníes es la participación de la comunidad romaní en la identificación de sus propias necesidades (pregunta 8). El principal obstáculo para la aplicación de esa Estrategia es la insuficiencia de fondos, debido a la situación económica del país.
Su país es parte en el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad, que es un reciente instrumento internacional que incorpora todos los principios pertinentes de la Convención para reducir los casos de apatridia (pregunta 9). Se ha enmendado la legislación nacional para integrar plenamente la prevención de casos de apatridia, y la práctica ha demostrado que las autoridades macedonias hacen todo lo que está a su alcance para impedirlos. En consecuencia, el Gobierno no considera necesario ratificar la Convención.
La oradora proporciona las siguientes cifras en relación con casos de incitación al odio o a la discriminación racial o de carácter interétnico, en función de distintos artículos del Código Penal: artículo 137, 18 casos comunicados, formulación de cargos en 2 casos y ninguna sentencia; artículo 138, ningún caso; artículo 319, 5 casos comunicados; artículo 417, 1 caso comunicado (pregunta 10).
Su país ha ratificado el Protocolo Adicional de la Convención sobre la ciberdelincuencia, que tipifica como delito los actos de carácter racista y xenofóbico cometidos a través de sistemas informáticos (pregunta 11), y se han efectuado las correspondientes enmiendas en la Constitución. Su artículo 144 prevé ahora una condena por un máximo de cinco años de prisión para toda persona que, a través de la utilización de un sistema informático, amenace con cometer delitos que entrañen discriminación por motivos de raza, nacionalidad o religión. Se ha elaborado también un código de ética para los periodistas, con el fin de impedir la difusión de información que pueda poner en peligro los derechos y libertades humanos, particularmente alentar discursos de incitación al odio y la violencia.
Con el fin de promover la utilización de idiomas no mayoritarios en las actuaciones civiles, penales y administrativas, se ha añadido una disposición al reglamento de los tribunales para asegurar que los documentos judiciales se publiquen también en idioma albanés o en otros idiomas pertinentes distintos del idioma de Macedonia (pregunta 12). Además, en 2005, 99 miembros de comunidades no mayoritarias recibieron formación como traductores e intérpretes durante nueve meses. Una vez concluido el curso, 61 empezaron a trabajar en ministerios y otros órganos estatales, y 38 en los tribunales del país.
En virtud del párrafo 3 del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, los participantes en actuaciones jurídicas son informados sobre su derecho a obtener los servicios de un traductor, hecho que debe constar en las actas. Asimismo, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de procedimientos administrativos generales, el tribunal debe tener en cuenta la falta de conocimientos o la ignorancia de parte de cualquier persona que participe en las actuaciones, y cerciorarse de que sea debidamente informada.
Tras la enmienda de la Ley de ciudadanía, se habían naturalizado 6.044 extranjeros hasta el 21 de febrero de 2007 (pregunta 13). Más de la mitad eran albaneses, y la mayoría de los demás eran serbios, musulmanes, romaníes, búlgaros, croatas, turcos o montenegrinos. Se rechazaron 517 solicitudes, de las cuales más de la mitad habían sido presentadas por albaneses. Están pendientes otras 2.403 solicitudes de ciudadanía. El Ministerio del Interior ha tomado medidas para alentar a los residentes extranjeros del país a adquirir la nacionalidad de la ex República Yugoslava de Macedonia, incluida la publicación de folletos de información sobre ese derecho.
Respondiendo a la pregunta 14, la oradora dice que la vivienda es una de las prioridades de la Estrategia nacional sobre los romaníes. El Gobierno ha aprobado un plan de acción nacional centrado en la legalización de los asentamientos romaníes, en la planificación urbana y la mejora general de las condiciones de las viviendas y de la infraestructura. Se está elaborando legislación que prevé la legalización de los asentamientos romaníes. El programa de vivienda social del Gobierno comprende, entre otras cosas, la construcción de 363 apartamentos en Suto Orizari, una municipalidad de Skopje habitada principalmente por romaníes. Los romaníes también se beneficiarán de un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, en cuyo marco se iniciará la construcción de viviendas para grupos vulnerables. En 2006 se iniciaron varios proyectos de rehabilitación y construcción de infraestructura de agua y saneamiento en los asentamientos romaníes.
El número de matrimonios mixtos ha aumentado, especialmente desde 2004 (pregunta 15). En las respuestas escritas se proporcionan datos pertinentes.
Los matrimonios religiosos no surten efecto civil (pregunta 16). La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, previo consentimiento de los progenitores. La legislación prevé la libre elección de cónyuge, aunque la práctica de los matrimonios arreglados persiste en algunas comunidades tradicionales.
Las violaciones del artículo 6 de la Ley de comunidades religiosas y grupos religiosos son punibles en virtud del artículo 319 del Código Penal (pregunta 17). Esa disposición se ha aplicado en un solo caso, en el que el perpetrador fue condenado a 18 meses de prisión y liberado tras 8 meses. Actualmente se está elaborando nueva legislación sobre el tema, que contiene disposiciones menos restrictivas en relación con la inscripción de las organizaciones religiosas.
La Ley de relaciones laborales se ha promulgado recientemente, por lo que aún no se dispone de la información pertinente (pregunta 18).
La oradora señala a la atención del Comité las estadísticas sobre la afiliación étnica de los niños en la educación primaria y secundaria, que figuran en las respuestas escritas (pregunta 19). El proyecto “Educación para Todos”, que se aplica con el apoyo del UNICEF, prevé una serie de medidas para impedir la deserción escolar, especialmente entre los niños de las comunidades étnicas albanesas o romaníes. Se han adoptado medidas para mejorar el funcionamiento de los establecimientos educativos e identificar los factores que contribuyen a la deserción escolar. Sobre la base de esas conclusiones, se han elaborado programas de estudio especiales, que se aplican ahora en varias escuelas a modo experimental. También se proporcionan recursos y mayor apoyo técnico y logístico a esas escuelas. Asimismo, se realizan actividades fuera del horario escolar en un total de 20 escuelas primarias y secundarias de composición étnica mixta, con el propósito de reducir las tasas de deserción escolar.
En el marco de la Estrategia nacional sobre los romaníes, se han llevado a cabo actividades para facilitar el acceso a becas y promover la educación para adultos. Se ha aprobado el funcionamiento de cinco escuelas como centros de educación para adultos y se está ejecutando un proyecto relativo a la inclusión de niños romaníes en la educación preescolar. Se están otorgando becas para niños provenientes de familias desfavorecidas, y se alienta activamente a los progenitores a enviar a sus hijos a la escuela; el no hacerlo conlleva sanciones. El Ministerio de Educación y Ciencia organiza cursos de formación de maestros en los idiomas de la comunidad, y está intensificando los esfuerzos para promover cursos en idioma macedonio para niños pertenecientes a comunidades étnicas y facilitar así su integración en el sistema de educación.
Respondiendo a la pregunta 20, y haciendo un resumen de los objetivos de la Ley de la cultura, la oradora dice que la responsabilidad de ofrecer apoyo institucional y financiero a las instituciones y proyectos culturales, y actividades conexas, radica en las municipalidades. Las respuestas escritas contienen información detallada sobre la Ley de la cultura. Figuran allí, asimismo, los pormenores de la legislación aprobada para la reglamentación de las actividades relativas a la protección del patrimonio cultural.
El Ministerio de Cultura proporciona financiamiento para actividades culturales y para la protección del patrimonio cultural de las diferentes comunidades étnicas. El Ministerio celebra un concurso anual, en cuyo marco las entidades públicas y privadas que trabajan en el ámbito de la cultura pueden solicitar financiación para proyectos. En las respuestas escritas se describe detalladamente el proceso de selección. El programa de financiamiento anual se publica con el objeto de asegurar la transparencia.
La oradora describe las principales actividades del Ministerio de Cultura, que incluyen la descentralización, el apoyo equilibrado para la preservación del patrimonio cultural y obras creativas modernas, la mejora de la gestión cultural y la promoción de la identidad cultural de las comunidades étnicas (pregunta 21). El Ministerio colabora estrechamente con las ONG, la comunidad internacional y los Estados vecinos. Recientemente se ha promulgado legislación para mejorar la competencia de las autoridades locales en lo que respecta al establecimiento y funcionamiento de bibliotecas, museos, etc.
No se ha presentado ante los tribunales ningún caso de violencia por motivos raciales (pregunta 22). En el caso de Jasar c. la ex República Yugoslava de Macedonia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no encontró que hubiera violación de las disposiciones del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en términos de maltrato por parte de la policía. Sin embargo, el Tribunal encontró una situación de violación relativa a la falta de investigación efectiva de las alegaciones de maltrato, por lo que dispuso el pago de indemnización al Sr. Jasar.
Las víctimas de discriminación racial tienen derecho tanto a reparación civil como penal (pregunta 23). Las solicitudes de indemnización en actuaciones penales pueden referirse a daños materiales o no materiales, a la devolución de artículos o a la anulación de una determinada decisión judicial. El tribunal en lo penal también puede instruir a la parte perjudicada para que inicie acciones civiles para obtener una indemnización.
El personal del Ministerio del Interior comprende un 80,4 por ciento de macedonios, un 15,12 por ciento de albaneses, un 1,8 por ciento de serbios, un 0,57 por ciento de turcos, y un 0,64 por ciento de romaníes; el 1,45 por ciento pertenece a otras comunidades étnicas (pregunta 24). En comparación con datos anteriores proporcionados en el informe, se ha registrado un notable aumento en la diversidad étnica del personal del Ministerio.
Respondiendo a la pregunta 25, señala a la atención de los presentes la legislación aprobada en 2005, que prevé el establecimiento de una academia para la formación de jueces y fiscales. Las respuestas escritas contienen una descripción detallada de los objetivos de la academia y de las actividades de su programa de estudios, que incluyen formación en instrumentos de derechos humanos nacionales e internacionales. El establecimiento de la academia forma parte de reformas de gran alcance del poder judicial. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se está traduciendo al idioma macedonio con fines de referencia.
En 2002, la Dirección de Ejecución de Penas, adscrita al Ministerio de Justicia, dio comienzo a un proyecto experimental de formación del personal de prisiones, en cooperación con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Entre 2002 y 2004, se llevaron a cabo tres cursos de formación de 10 días de duración cada uno, sobre temas tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. La Ley de ejecución de penas, de 2002, prevé programas de formación continuos, y la supervisión del personal de prisiones por conducto de la Dirección anteriormente mencionada.
Tras la firma del Acuerdo Marco de Ohrid, el Ministerio del Interior recibió instrucciones para impartir formación a agentes de policía en servicio, en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, interlocutores internacionales y las ONG. Se han celebrado también otros cursos, de duración que fluctuaba entre 3 y 12 meses, destinados a establecer una fuerza policial multiétnica. La academia de policía organizó cursos de formación de seis meses de duración para inspectores de policía pertenecientes a distintas comunidades étnicas. Con el fin de mejorar la cooperación con el sector no gubernamental, el Ministerio del Interior, junto con una ONG local, organizó talleres sobre “la policía en un entorno multiétnico”.
De conformidad con un reciente sondeo efectuado por el PNUD, sólo el 8 por ciento de los macedonios y el 1,3 por ciento de los albaneses consideran las relaciones interétnicas como una causa de preocupación.
El Sr. LINDGREN ALVES, Relator para el país, agradece a la delegación su informe periódico de gran calidad y sus respuestas informativas y amplias a la lista de preguntas. Elogia al Estado Parte por su eficaz labor para establecer un Estado multiétnico, a pesar de las dificultades que se derivan de las tensiones étnicas y religiosas que afligen a la región. Haciendo un breve resumen de la historia de la República de Macedonia desde su independencia, destaca algunos de los principales problemas, y los esfuerzos que despliega el país para resolverlos.
Muchas de las medidas descritas en el informe se adoptaron con el fin de aplicar el Acuerdo Marco de Ohrid, que es de pertinencia directa para la Convención. Esas medidas intentan crear un delicado equilibrio entre las distintas comunidades que constituyen la población macedonia. El orador elogia al Estado Parte por su utilización del término “comunidades” en lugar de “minorías”; se trata de un término adecuado para los dos principales grupos del país, y no crea obligaciones que el Estado Parte no pueda cumplir. Aparte de unos pocos incidentes carentes de importancia, ese equilibrio está funcionando bien y puede servir de modelo para otros Estados de la región y de otros lugares.
El orador pregunta cuál fue la razón para incluir el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en el Código Penal, y si se ha juzgado algún caso de esa índole en el marco de la legislación nacional. Resulta difícil comprender por qué el macedonio es el único idioma oficial de las actuaciones penales. No es claro si la situación es distinta en el caso de las actuaciones civiles. Solicita aclaración con respecto a los idiomas oficiales de Macedonia. No comprende la razón de la Ley sobre el uso de banderas, y desea saber si los albaneses de Macedonia tienen derecho a enarbolar la bandera albanesa como su símbolo nacional y conservar al mismo tiempo su estatuto de ciudadanos leales del Estado Parte.
Pregunta si ha concluido ya el programa de devolución de armas, y si el Gobierno considera que se han entregado la mayoría de las armas. Sería conveniente saber si el Estado Parte ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. ¿Qué base jurídica se utilizó en la alegada “rendición” del Sr. Khaled al-Masri en 2003?
Convendría también contar con mayor información sobre la integración de las diferentes comunidades. En particular, pregunta si una persona de origen étnico albanés puede vivir sin correr riesgos en una comunidad macedonia eslava, y si un macedonio ortodoxo eslavo puede vivir entre albaneses musulmanes sin sentirse amenazado. La delegación debe aclarar cuál es la diferencia entre el visado que se menciona en el párrafo 142 del informe periódico y los visados de salida que muchos regímenes comunistas solían exigir a sus ciudadanos. Solicita también más información sobre los acuerdos de readmisión que se mencionan en el párrafo 143.
No queda claro si es correcto que la Ley por la que se modifica la Ley de la nacionalidad adopte la definición de nacionalidad del Convenio Europeo como el vínculo legal con el Estado, en lugar de la identidad étnica. En ese contexto, el orador cuestiona la validez de referirse a las comunidades de Macedonia como “comunidades nacionales”. Pide mayor información sobre la aplicación de la Ley de comunidades religiosas y grupos religiosos.
El Sr. AVTONOMOV dice que, si bien el tamaño de la delegación indica la importancia que el Estado Parte asigna a la Convención, el informe periódico no proporciona información suficiente sobre la aplicación de la legislación recientemente promulgada.
Pregunta qué estatuto tiene el Acuerdo Marco de Ohrid en el sistema jurídico nacional, y en particular si está establecido en legislación aplicable. De ser así, la delegación debe indicar si tiene mayor fuerza legal que los actos parlamentarios o que la Constitución. ¿Puede invocarse directamente el Acuerdo ante los tribunales nacionales?
Solicita información adicional sobre el origen de los refugiados egipcios a los que ha hecho referencia la delegación.
El Sr. VALENCIA RODRÍGUEZ elogia al Estado Parte por las 17 enmiendas constitucionales efectuadas con el fin de proteger el derecho de los miembros de las comunidades, y por su aplicación de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención. Solicita mayor información sobre el ámbito de las recomendaciones formuladas por la Oficina del Defensor del Pueblo. Sería conveniente saber si el Defensor del Pueblo está facultado para atender reclamaciones de los miembros de las comunidades. Se necesita información más detallada sobre las actividades del Comité de Relaciones Intercomunitarias. El orador agradecería recibir una indicación de los resultados de las medidas que se han tomado para la integración de los romaníes en la sociedad y para mejorar sus condiciones de vida. Solicita información adicional sobre la aplicación de la legislación que prohíbe actos de discriminación. El Estado Parte debe proporcionar ejemplos concretos de casos en los que se haya aplicado el Código de Ética Policial. Recomienda que los oficiales de policía reciban entrenamiento específico sobre las disposiciones de la Convención.
Pregunta si un niño nacido en territorio de Macedonia, uno de cuyos progenitores sea macedonio y el otro extranjero, tiene derecho automático a la nacionalidad macedonia. Sería interesante saber si, en ese caso, sería un problema que el progenitor extranjero no tuviera residencia legal en el Estado Parte. No queda claro si la nacionalidad macedonia se puede obtener a través del matrimonio. El Estado que presenta el informe debe indicar qué medidas ha adoptado para reducir la tasa de deserción escolar, particularmente en relación con la comunidad romaní. También agradecería recibir mayor información sobre cualquier reclamación presentada por las comunidades con respecto a restricciones en el acceso a la educación.
El Sr. CALI TZAY pregunta si la política de integración de los romaníes aborda la reducción de la pobreza, en particular entre las mujeres romaníes. Convendría saber si esa política forma parte de un marco más amplio de protección de los derechos humanos, incluida la eliminación de la discriminación racial. Expresa preocupación por la suerte de unos 300 refugiados que podrían ser deportados del Estado Parte por no poseer documentos de identidad adecuados. Desea recibir más información sobre esos refugiados y, en particular, saber a qué grupo étnico pertenecen.
El Sr. PILLAI elogia al Estado Parte por la declaración efectuada en el marco del artículo 14 de la Convención, por las actividades que realiza para fortalecer su entramado étnico, y por las investigaciones de las denuncias de abusos por parte de agentes de la policía. Pide a la delegación que se pronuncie en relación con informaciones recibidas por el Comité, que afirman que los romaníes posiblemente representan hasta el 6,6 por ciento del total de la población, constituyendo así la tercera comunidad étnica más grande del país. Dado que en numerosos informes se señala la insatisfactoria situación socioeconómica de los romaníes, desea saber qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para ocuparse de esa cuestión.
El Comité también ha recibido información según la cual, a pesar de que algunos periodistas albaneses y macedonios han llevado a cabo actividades para promover las relaciones interétnicas, los líderes políticos y religiosos, los intelectuales y los representantes de los medios de comunicación están exacerbando las divisiones étnicas. Solicita mayor información sobre ese problema, y sobre las medidas que se estén adoptando al respecto. Le complacería, sobre todo, conocer la opinión de la delegación con respecto a las informaciones que apuntan a una diferencia cada vez mayor entre los macedonios y los albaneses; según esas informaciones, las dos comunidades celebran sus eventos sociales y sus deliberaciones en lugares separados, y tienen distintos medios de comunicación, escuelas, organizaciones y partidos políticos. Pregunta cuántos casos de discriminación se han presentado al Defensor del Pueblo.
El Sr. TANG Chengyuan solicita más información sobre las medidas que se están adoptando en el marco del Decenio de los Romaníes en colaboración con los países vecinos. Desea saber qué cambios espera el Gobierno a raíz del Decenio de los Romaníes. El Comité ha recibido información que señala que agentes de la policía y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, implicados en actos ilegales, no han sido sometidos a una investigación oportuna y completa. Desea saber qué medidas se están adoptando para remediar esa situación, y para mejorar el manejo de casos relacionados con esos funcionarios.
El Sr. YUTZIS dice que el Comité ha sido informado sobre diferentes grupos étnicos que ejercen influencia en los medios de comunicación de Macedonia. Pregunta cómo se maneja esa cuestión, y si en alguna oportunidad ha sido necesario tomar medidas en relación con el contenido informativo de los medios de comunicación. Desea saber qué se está haciendo para corregir la representación desproporcionadamente baja de los romaníes en la judicatura, y solicita estadísticas sobre la representación de los romaníes en los sectores de la educación primaria y secundaria, el empleo y la vivienda. ¿Qué medidas se están adoptando para corregir la escasa representación de los romaníes en la educación universitaria, y cuáles son las tasas de matrícula de los romaníes en la educación preescolar, primaria y secundaria?
El Sr. THORNBERRY pregunta si los representantes de los romaníes participan en la elaboración de iniciativas para su integración en la sociedad. Se pregunta hasta qué punto las escuelas constituyen un entorno agradable para los niños romaníes, ya que en muchos países los sistemas de educación, de carácter supuestamente neutro, tienen una estructura basada en las perspectivas culturales de ciertos grupos. Pregunta si las tradiciones culturales y religiosas de las minorías afectan la asistencia de los niños a la escuela, y si la modalidad de organización de las escuelas, el tipo de formación de los maestros y los programas de estudios contribuyen a la elevada tasa de abandono de los estudios entre los niños romaníes. Se pregunta qué referencias se hacen a la comunidad romaní en los libros de texto escolares. Desea saber si hay mediadores entre la comunidad romaní y las autoridades del sector de la educación, y si existen ejemplos de sistemas de educación intracomunitaria en los que los maestros trabajen en las comunidades romaníes, o si existe un sistema de enseñanza itinerante para las comunidades móviles.
Desea saber cuál es el significado de la frase “mediante un sistema de información”, que figura en el apartado d) del párrafo 64 del informe del Estado Parte, en relación con la legislación de aprobación o justificación del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra. Solicita más información sobre la aplicación de esa legislación, ya que la aprobación del genocidio no puede ser algo abstracto sino con referencia a situaciones específicas. El delito tendría que ser un actus reus, como la negación de un genocidio, sería necesario demostrar más allá de toda duda razonable la comisión de ese delito, o tendría que haber un mens rea, como por ejemplo un acto de incitación al odio. Pregunta en qué medida los tribunales pueden depender de las conclusiones de los tribunales internacionales para determinar si se ha producido un acto de genocidio.
El PRESIDENTE elogia al Estado Parte por la formulación de una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención, y acoge con agrado la información contenida en los anexos del informe periódico. El Comité agradece el examen de la discriminación indirecta en el trabajo, en el marco de la legislación de Macedonia. Desea saber si se han presentado casos ante los tribunales en virtud de la legislación que prohíbe la manifestación de creencias religiosas con fines políticos. También solicita más información sobre las actividades para impedir la discriminación contra la población romaní, que sigue siendo motivo de preocupación.
La Sra. GELEVA (ex República Yugoslava de Macedonia) dice que la Unión Europea desempeñó una importante función en las negociaciones que condujeron a la concertación del Acuerdo Marco de Ohrid. Su Gobierno es consciente de que los instrumentos internacionales y la legislación no bastarán por si solos para combatir la discriminación; se necesita un espíritu de compromiso y voluntad en el terreno. Reconoce que hay varios problemas relacionados con la población romaní, que padece diversas formas de discriminación indirecta. Es preciso adoptar medidas para el progreso de los romaníes, y se asignarán recursos con ese propósito. La comunidad romaní participa en las actividades pertinentes relativas al Decenio de los Romaníes. Aunque hay especulación en cuanto al tamaño de la población romaní, se ha llevado a cabo un censo, y no hay pruebas que sugieran que los romaníes no participan, o que están sometidos a presión para inscribirse como macedonios o albaneses.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.
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