Documento básico común que forma parte integrante de los informes de los Estados partes

Suecia * **

[Fecha de recepción: 4 de julio de 2024]

1.El propósito del presente documento básico común es ayudar a los órganos creados en virtud de tratados a comprender la situación en Suecia. El documento contiene información de naturaleza general y específica sobre la aplicación de los tratados en los que Suecia es parte, que puede ser de interés para todos o para algunos de los órganos creados en virtud de los tratados.

I.Información general

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturalesdel país

2.La primera constitución nacional en vigor en toda Suecia se redactó hacia 1350. El parlamentarismo sueco inició su evolución en el siglo XIX, cuando el poder político empezó a transferirse del monarca al Parlamento. El sufragio universal masculino se introdujo en 1909 y el femenino, en 1921.

3.En el Instrumento de Gobierno de 1809 se estableció el principio de la división del poder político entre el ejecutivo y los órganos legislativos del Estado. En la actualidad, los derechos y las libertades fundamentales están protegidos por el Instrumento de Gobierno de 1974, que es una de las cuatro leyes fundamentales de Suecia que, conjuntamente, forman lo que suele denominarse “la Constitución”. No existe una carta de derechos separada. En su lugar, el Instrumento de Gobierno protege los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. La libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación están protegidas por dos leyes fundamentales, a saber, la Ley de Libertad de Prensa y la Ley Fundamental de Libertad de Expresión. La cuarta ley fundamental es la Ley de Sucesión. La Ley del Riksdag ocupa una posición intermedia entre una ley fundamental y una ley ordinaria. Contiene normas relativas a los procedimientos de trabajo del Riksdag (el Parlamento sueco). Hasta 1974, la Ley del Riksdag tenía rango de ley fundamental, pero, como se ha señalado, actualmente ocupa una posición intermedia.

Población

4.La población de Suecia aumentó en 30.151 personas hasta los 10.551.707 habitantes en 2023, lo que representa el menor aumento de población desde 2001. La inmigración disminuyó en comparación con 2022, siendo el número de inmigrantes llegados a Suecia de 94.514. La emigración aumentó con respecto a 2022, registrándose la salida de 73.434 personas en 2023.

5.En 2023 fallecieron 94.385 personas. El 89 % de las personas fallecidas tenía más de 65 años. Se registró una disminución de 352 defunciones con respecto a 2022.

6.En 2023 nacieron 100.051 niños. El 51,2 % de los recién nacidos fueron niños y el 48,8 %, niñas.

7.Tendencias de los últimos cinco años:

a)La población está aumentando y hay más hombres que mujeres. Aunque el aumento de la población ha sido mayor entre los hombres, esta tendencia se invirtió en 2023, cuando se registró un incremento ligeramente mayor de la población femenina respecto de la masculina;

b)Está aumentando el número de habitantes por kilómetro cuadrado;

c)Está disminuyendo el número de nacimientos y nacen más niños que niñas. El número de nacimientos está disminuyendo a pesar del aumento de población. La tasa global de fecundidad ha disminuido desde 2010 y en 2023 se situó en 1,45, la tasa más baja jamás registrada. Nacen alrededor de 106 niños por cada 100 niñas;

d)El número de defunciones aumentó en 2020 durante la pandemia, pero, desde entonces, ha vuelto a niveles normales. Las diferencias entre uno y otro sexo dependen de la distribución por edad y sexo de la población. La esperanza de vida de las mujeres supera en más de tres años a la de los hombres;

e)El número de ciudadanos extranjeros que residen en Suecia ha aumentado en los últimos cinco años.

Datos demográficos

	2019	2020	2021	2022	2023
Población al 31 de diciembre	10 327 589	10 379 295	10 452 326	10 521 556	10 551 707
Hombres	5 195 814	5 222 847	5 260 707	5 298 324	5 312 519
Mujeres	5 131 775	5 156 448	5 191 619	5 223 232	5 239 188
Número de personas de 0 a 17 años	2 180 508	2 189 403	2 198 240	2 194 785	2 176 224
Personas de 0 a 17 años como porcentaje de la población total	21,1	21,1	21	20,9	20,6
Número de personas de 65 años o más	2 065 367	2 088 086	2 118 766	2 147 137	2 174 752
Personas de 65 años o más como porcentaje de la población total	20	20,1	20,3	20,4	20,6
Hogares	4 718 271	4 776 239	4 831 811	4 883 816	No se dispone de datos
Promedio de residentes por hogar	2,19	2,17	2,16	2,15	No se dispone de datos
Ciudadanos extranjeros 1	940 580	905 323	880 826	865 256	No se dispone de datos
Ciudadanos extranjeros como porcentaje de la población total	9,1	8,7	8,4	8,2	No se dispone de datos
Nacidos en el extranjero	2 019 733	2 046 731	2 090 503	2 145 674	2 170 627
Nacidos en el extranjero como porcentaje de la población total	19,6	19,7	20	20,4	20,6
Personas extranjeras que han obtenido la nacionalidad sueca	1 168 202	1 227 977	1 292 203	1 358 014	No se dispone de datos
Personas nacidas en Suecia de dos progenitores nacidos en el extranjero	615 234	639 309	662 069	681 448	No se dispone de datos
Personas de origen extranjero como porcentaje de la población total 2	25,5	25,9	26,3	26,9	No se dispone de datos
Nacidos vivos	114 523	113 077	114 263	104 734	100 051
Tasa de natalidad (‰ de la población media)	11,1	10,9	11	10	9,5
Tasa global de fecundidad	1,7	1,66	1,67	1,52	1,45
Defunciones	88 766	98 124	91 958	94 737	94 385
Tasa de mortalidad (‰ de la población media)	8,6	9,5	8,8	9	9
Esperanza de vida, hombres	81,34	80,6	81,21	81,34	No se dispone de datos
Esperanza de vida, mujeres	84,73	84,29	84,82	84,73	No se dispone de datos
Mortalidad de niños menores de 1 año (‰ de nacidos vivos)	2,07	2,37	1,85	2,19	No se dispone de datos
Inmigración	115 805	82 518	90 631	102 436	94 514
Inmigración (‰ de la población al comienzo del año)	11,3	8	8,7	9,8	9
Emigración	47 718	48 937	48 284	50 592	73 434
Emigración (‰ de la población al comienzo del año)	4,7	4,7	4,7	4,8	7,0
Crecimiento demográfico	97 404	51 706	73 031	69 230	30 151
Crecimiento demográfico (‰ de la población al comienzo del año)	9,5	5	7	6,6	2,9
Naturalizaciones	64 206	80 175	89 354	92 225	No se dispone de datos

Fuente: Oficina de Estadística de Suecia.

* http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/31156 .

* http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/31157 .

1 No se incluyen las personas suecas con doble nacionalidad.

2 Incluye a las personas de origen extranjero nacidas en el extranjero y a las nacidas en Suecia cuyos progenitores hayan nacido en el extranjero.

Población de Suecia (por grupos de edad), 2019‑2023

Año	Edad
De 0 a 19 años	De 20 a 64 años	65 años o más
Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
2019	1 163 754	1 239 976	2 864 294	2 994 198	1 103 727	961 640
2020	1 170 648	1 243 726	2 871 277	3 005 558	1 114 523	973 563
2021	1 179 382	1 250 692	2 883 310	3 020 176	1 128 927	989 839
2022	1 180 395	1 251 545	2 900 453	3 042 026	1 142 384	1 004 753
2023	1 173 013	1 243 246	2 910 816	3 049 880	1 155 359	1 019 393

Fuente: Oficina de Estadística de Suecia.

Empleo y situación social

8.En la primavera de 2020, la crisis provocada por la enfermedad por coronavirus (COVID‑19) tuvo importantes consecuencias negativas en el mercado laboral sueco, si bien, desde entonces, este ha evolucionado positivamente. La tasa de empleo empezó a repuntar en el verano de 2020 y siguió aumentando hasta el primer trimestre de 2023. Durante la última parte de 2023, registró una ligera disminución. La tasa de empleo (personas de 15 a 74 años) aumentó del 66,8 % en 2020 al 69,4 % en 2023. En ese mismo período, el número de trabajadores aumentó en 260.000 (5,2 %). Entre los hombres y las mujeres nacidos en el extranjero, la tasa de empleo aumentó del 59,2 % en 2020 al 67,1 % en 2023. Al mismo tiempo, el número de hombres y mujeres nacidos en el extranjero que tenían empleo aumentó un 21,9 % (las estadísticas relativas al empleo y el desglose del empleo por sector económico figuran en el apéndice 1).

9.A raíz de la crisis de la COVID‑19, el desempleo aumentó en 2020 hasta el 8,5 %, en comparación con el 6,9 % en 2019. En 2021, el desempleo comenzó a disminuir, si bien fue ligeramente superior al de 2020, situándose en el 8,9 %. Tras un importante descenso en 2022, el desempleo ha comenzado a aumentar de nuevo y llegó al 7,7 % en 2023. Durante la crisis de la COVID‑19, el desempleo repuntó considerablemente más entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en Suecia. Desde entonces, la disparidad en el desempleo entre las personas nacidas en Suecia y las nacidas en el extranjero se ha reducido de 14,1 puntos porcentuales en 2021 a 10,0 puntos porcentuales en 2023. En los últimos años, el porcentaje total de personas afiliadas a sindicatos ha registrado en gran medida una tendencia a la baja. Entre 2014 y 2015, el 75 % de las mujeres y el 68 % de los hombres estaban afiliados a sindicatos. En la encuesta más reciente, que data de 2021, en Suecia, algo menos del 72 % de las mujeres y algo más del 65 % de los hombres estaban sindicados.

10.Son más las personas en condiciones de ganarse la vida, pero la proporción de personas excluidas del mercado laboral y del sistema de seguridad social ha permanecido invariable en los últimos años. La relación precaria con el mercado laboral tiene un fuerte impacto en las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, el riesgo de enfermar. Las personas excluidas del mercado laboral, en particular las que nunca han formado parte de él, corren también el riesgo de no beneficiarse de la protección que brinda la parte del sistema de seguridad social que guarda relación con los ingresos. Este sistema es personalizado e incluye prestaciones relacionadas con los ingresos y protección básica en forma de prestaciones universales y prestaciones condicionadas al nivel de recursos del beneficiario. El sistema de seguridad social proporciona seguridad financiera durante las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en caso de enfermedad o discapacidad, así como a las personas de edad y a las familias con niños. No incluye, sin embargo, la atención sanitaria ni el desempleo.

11.El sector público está integrado por la administración central, los organismos gubernamentales, las regiones y los municipios. Este sector presta servicios como la atención sanitaria, el cuidado de las personas de edad y la educación. También administra el sistema de seguridad social, lo que incluye, por ejemplo, la prestación por hijos a cargo y las pensiones públicas. Los gastos del sector público se financian principalmente con cargo a los impuestos, las cotizaciones al seguro social y, en cierta medida, la tasa pagada por los pacientes. De la prestación de atención sanitaria y servicios sociales se encargan directamente las autoridades regionales y locales, o bien actores del sector privado, y, aunque se trata de servicios regulados a nivel nacional, su financiación corre a cargo principalmente de las administraciones locales.

12.La pobreza crónica (cinco años o más) ha seguido disminuyendo en todos los grupos de población. Los ingresos también han aumentado en todos los grupos, aunque el aumento fue más importante entre aquellos con mayores ingresos. Por tanto, la diferencia de ingresos se ha incrementado (las estadísticas sobre las condiciones de vida, los indicadores, los porcentajes por género, edad y período, el coeficiente de Gini y los indicadores de salud y socioeconómicos figuran en el apéndice 2).

13.En Suecia, el 53 % de la población vive en las tres mayores regiones metropolitanas, definidas como las tres principales ciudades y sus suburbios, desde los que sus residentes se desplazan diariamente a sus trabajos. La proporción de la población que vive en las tres mayores regiones metropolitanas ha aumentado en los últimos decenios. Algo más del 50 % de la población, tanto de Suecia en su conjunto como de las regiones metropolitanas, son hombres, mientras que las mujeres representan casi el 50 %. En comparación con el resto del país, en las tres mayores regiones metropolitanas hay más jóvenes y más personas con educación superior. En Suecia no se lleva un registro de la religión, el grupo étnico o la lengua materna de las personas, solo se registra el país de nacimiento. La mayoría de las personas nacidas en el extranjero vive en zonas urbanas (las tres mayores regiones metropolitanas del país). En esas zonas vive el 63 % de todos los nacidos en el extranjero. El 24 % de la población de esas tres regiones ha nacido en países distintos de Suecia, en comparación con el 21 % de la población total. No obstante, no es infrecuente que más del 20 % de la población de los municipios de esas tres regiones haya nacido en el extranjero. Esta tendencia se ha acentuado en los últimos cinco años.

14.Hay indicios de un aumento de la segregación en las ciudades suecas. Las diferencias en materia de desempleo, resultados escolares, ingresos, dependencia de las prestaciones sociales, necesidad de recibir apoyo de los servicios sociales públicos, salud, participación electoral e inseguridad pueden variar considerablemente entre las diferentes zonas residenciales de la misma ciudad o municipio. Estos factores también varían entre mujeres y hombres y entre niños y niñas. Algunos problemas generales de bienestar social pueden darse simultáneamente, y una de las combinaciones frecuentes son los problemas de salud y la vulnerabilidad financiera. Las enfermedades graves suelen conllevar un empeoramiento de la situación económica y un mayor riesgo de separación de las parejas (las estadísticas sobre las personas en riesgo de pobreza durante el período comprendido entre 2011 y 2015 figuran en el apéndice 3).

Educación

15.La educación preescolar, primaria y secundaria es obligatoria para los niños de 6 a 16 años que se considera que son residentes en Suecia. Todos los niños deben estar escolarizados. En el año escolar 2022/23 había 1.111.568 alumnos matriculados en las escuelas primarias (las estadísticas sobre el número de alumnos que cursan la educación obligatoria figuran en el apéndice 4). Los municipios y las escuelas están obligados a velar por que todos los niños en edad de cursar la educación obligatoria asistan a la escuela.

16.Los niños solicitantes de asilo y los niños que viven en Suecia sin los permisos o el apoyo jurídico necesarios tienen derecho a asistir a la escuela primaria y secundaria, pero en su caso no rige la obligatoriedad. También tienen derecho a la educación en el ciclo superior de la escuela secundaria si se escolarizaron antes de los 18 años. Los municipios reciben una subvención específica del Gobierno para la educación de estos niños. Según la evaluación de la Dirección General de Migraciones de Suecia, casi todos los niños están matriculados en la escuela y las excepciones son raras. Los funcionarios de inmigración alientan a los padres a que se pongan en contacto con la escuela más cercana y, si están de acuerdo, la Dirección General de Migraciones de Suecia lo notifica al municipio encargado de impartir la enseñanza.

17.El ciclo superior de la educación secundaria incluye programas nacionales de formación profesional, programas nacionales de preparación para la educación superior y programas introductorios. Los requisitos mínimos para que un alumno pueda matricularse en un programa nacional son haber aprobado la educación obligatoria en sueco o sueco como segundo idioma, inglés, matemáticas y un mínimo de cinco materias de los programas de formación profesional o un mínimo de nueve materias de los programas preparatorios para la educación superior. Los alumnos que no reúnan estos requisitos pueden matricularse en un programa introductorio, que los prepara para acceder a un programa nacional o para la vida laboral. Al comienzo del año escolar 2023/24, el 85,2 % de los alumnos reunía los requisitos para matricularse en los programas nacionales. El 14,8 % restante, que no los reunía, cursará un programa introductorio.

18.El porcentaje de alumnos que terminan la educación obligatoria y pasan al ciclo superior de la educación secundaria llega casi al 100 %.

19.En el cuadro que figura a continuación se indica el porcentaje de alumnos del ciclo superior de la educación secundaria que han completado el programa de tres años durante un período de cinco años (si se supone que el alumno que no ha completado el programa de tres años en cinco años ha abandonado los estudios, estas cifras podrían dar una idea de la tasa de abandono escolar en el ciclo superior de la educación secundaria).

Año de matriculación en la educación secundaria universal	Mujeres que han completado los estudios en un período de cinco años	Hombres que han completado los estudios en un período de cinco años	Total de alumnos que han completados los estudios en un período de cinco años
Otoño de 2018	78,3 %	71,2 %	74,6 %

Fuente: Base de datos del Organismo Nacional de Educación.

Número de alumnos por docente en las escuelas financiadas con fondos públicos

Número de alumnos por docente en la educación obligatoria
2018 / 19	2019 / 20	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23
12,1	12,2	12,2	12,2	12,0

Fuente: Organismo Nacional de Educación.

Número de docentes por cada 100 alumnos en el ciclo superior de la educación secundaria
2018 / 19	2019 / 20	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23
11,9	12,1	12,2	12,3	12,2

20.Suecia no dispone de estadísticas sobre la tasa de alfabetización. Los resultados de las evaluaciones internacionales, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pueden servir de indicador de la tasa de alfabetización de los alumnos en la educación primaria. El estudio PISA es el único estudio internacional sobre educación que mide los conocimientos y las aptitudes de los alumnos de 15 años, edad a la cual los estudiantes de la mayoría de los países están finalizando la educación obligatoria. El resultado del último estudio PISA, realizado en 2022 pero publicado a finales de 2023, muestra que los anteriores resultados positivos de Suecia en 2018 han experimentado un retroceso en comprensión lectora y matemáticas (en ciencias, los resultados son los mismos que en 2018, aunque ha aumentado el número de alumnos con bajo rendimiento). Los resultados están ahora al mismo nivel que en el estudio PISA de 2012. Ese retroceso se debe, en gran medida, al aumento del número de alumnos cuyo rendimiento ha empeorado (nivel 2 o inferior). En matemáticas, por ejemplo, la proporción de alumnos con un rendimiento igual o inferior al nivel 2 ha aumentado del 19 % en 2018 al 27 % en 2022, mientras que el número de alumnos con alto rendimiento ha disminuido del 13 % al 10 %. En ciencias, sin embargo, esa disminución no ha sido tan acusada gracias al aumento del número de alumnos con un mejor rendimiento en los niveles superiores (nivel 5 o superior), lo que ha compensado parte de los efectos del alumnado con bajo rendimiento. En conjunto, según el estudio PISA, la equidad en general ha disminuido. Con todo, Suecia sigue estando por encima de la media de la OCDE en las tres materias. Según el Organismo Nacional de Educación de Suecia, el empeoramiento de los resultados del país puede explicarse en gran medida por la pandemia.

Finanzas públicas

21.El apéndice 5 contiene información general sobre el producto interno bruto (PIB), el índice de precios al consumo, los ingresos y gastos del sector público y el saldo presupuestario del Gobierno central.

Cooperación para el desarrollo

22.En diciembre de 2023 se aprobó un programa de reforma de la cooperación internacional para el desarrollo de Suecia, denominado Asistencia para el Desarrollo para una Nueva Era: Libertad, Empoderamiento y Crecimiento Sostenible. Esta nueva política se centra en una perspectiva a largo plazo, la transparencia y la eficacia, con el objetivo de poder responder mejor a los múltiples retos mundiales. El programa de reforma consta de siete prioridades temáticas, a saber: la lucha contra la pobreza mediante la creación de empleo, el comercio y la educación; la mejora de la salud de las personas más vulnerables; la promoción de la libertad y la lucha contra la opresión; el incremento de la ayuda climática y de su eficacia; el fortalecimiento de la libertad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas; el aumento de las sinergias entre la asistencia para el desarrollo y las políticas migratorias, y el aumento de la asistencia humanitaria con el fin de salvar vidas y aliviar el sufrimiento.

23.El presupuesto de asistencia para el desarrollo de Suecia correspondiente al período comprendido entre 2023 y 2026 asciende a 56.000 millones de coronas suecas anuales. Suecia es uno de los pocos países que cumplen el objetivo de las Naciones Unidas de destinar a la asistencia oficial para el desarrollo el 0,7 % del ingreso nacional bruto (INB).

B.Estructura constitucional, política y jurídica

24.Suecia es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario. La democracia sueca se basa en el sufragio universal e igual y en la libre formación de opinión. El monarca es el Jefe del Estado, pero no tiene poder político.

25.Suecia es una democracia parlamentaria. Todo el poder público emana del pueblo. La forma de gobierno es representativa; el pueblo está representado por el Riksdag (Parlamento sueco), en el que reside el poder legislativo. El Gobierno aplica las decisiones del Riksdag y presenta propuestas de nuevas leyes o modificaciones legislativas. Una de las consecuencias del sistema parlamentario es que el Gobierno debe contar con la confianza del Riksdag o, al menos, ser tolerado por este. Siempre debe ser posible que una mayoría parlamentaria obligue al Gobierno a dimitir.

26.El Instrumento de Gobierno de 1974, que forma parte de la Constitución de Suecia, se basa en los principios de la soberanía popular, la democracia representativa, el parlamentarismo, la autonomía local y el estado de derecho. Todo el poder público debe ejercerse de conformidad con la ley. Esto se aplica no solo a los tribunales y las autoridades administrativas, sino también al Gobierno y al Riksdag. Se aplica igualmente a las administraciones locales y al Gobierno central.

27.En lo que respecta a la protección de los derechos y las libertades fundamentales, se asigna un papel central a los derechos y las libertades que tienen especial importancia para la forma de gobierno, es decir, las libertades “políticas”. Su objetivo concreto es garantizar la libre formación de opiniones sobre cuestiones políticas, religiosas y culturales. Sin embargo, las normas también tienen como finalidad la protección de la persona, por ejemplo, contra los castigos inhumanos y otros maltratos físicos o psicológicos que puedan utilizarse como medios de acoso o coacción.

28.De conformidad con el Instrumento de Gobierno, el Gobierno dirige el país. Para llevar a cabo esta tarea, dispone de autoridades administrativas. El Gobierno decide cómo se organizan estas y qué tareas desempeñan. Sin embargo, las autoridades administrativas tienen capacidad de decisión independiente del Gobierno, así como de otras autoridades públicas, incluido el Riksdag, cuando se trata de un caso concreto relacionado con el ejercicio de la autoridad pública frente a un particular o una autoridad local, o relacionado con la aplicación de la ley. Por ello, en esos casos, se prohíbe al Gobierno dar instrucciones sobre la decisión que debe tomar la autoridad administrativa.

29.El Instrumento de Gobierno garantiza la independencia del poder judicial. Ninguna autoridad pública, ni siquiera el Riksdag, puede determinar cómo debe juzgar un tribunal de justicia una causa determinada o aplicar una norma jurídica en un caso concreto. En la legislación se han establecido las disposiciones relativas a las funciones de los tribunales en materia de administración de justicia, los principales aspectos de su organización y sus normas de procedimiento.

Elecciones

30.A principios del siglo XX se registró un aumento gradual del electorado. El sufragio universal se introdujo en 1909 para los hombres y en 1921 para las mujeres. Cada cuatro años se celebran elecciones generales al Riksdag y a las asambleas regionales y municipales. El Riksdag es un órgano unicameral, cuyos miembros son elegidos por un mandato fijo de cuatro años, que cuenta con 349 escaños. De ellos, 310 son escaños permanentes de los distritos electorales, en tanto que los 39 escaños restantes se asignan para garantizar una mayor proporcionalidad en la distribución nacional de los escaños de los distritos electorales. El sistema electoral se basa en la proporcionalidad.

31.El electorado está integrado por todos los ciudadanos suecos mayores de 18 años que sean o hayan sido residentes en Suecia. Además de los ciudadanos suecos, los ciudadanos de la Unión Europea (UE), Noruega e Islandia mayores de 18 años y que residan legalmente en Suecia, así como otros extranjeros que hayan sido residentes en Suecia durante un mínimo de tres años, pueden participar en las elecciones a las asambleas regionales y municipales. Los ciudadanos suecos con derecho a participar en las elecciones al Riksdag también pueden participar en las elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos de la UE que residan en Suecia pueden igualmente participar en las elecciones al Parlamento Europeo si reclaman este derecho y certifican que no ejercerán el derecho a votar o a presentarse como candidatos en las elecciones de su país de origen.

32.En el actual período electoral (2022‑2026), están representados en el Riksdag ocho partidos políticos: Socialdemokraterna (Partido Socialdemócrata), Sverigedemokraterna (Demócratas de Suecia), Moderaterna (Partido Moderado), Vänsterpartiet (Partido de Izquierda), Centerpartiet (Partido del Centro), Kristdemokraterna (Demócratas Cristianos), Miljöpartiet (Partido Verde) y Liberalerna (Partido Liberal). Para formar parte del Riksdag, un partido debe lograr un mínimo del 4 % de los votos. Se hace una excepción a esta norma general si un partido obtiene al menos el 12 % de los votos en cualquiera de los distritos electorales. En ese caso, el partido puede participar en la distribución de escaños en ese distrito electoral aunque no haya obtenido el 4 % de los votos en todo el país.

33.Un total de 7.772.120 personas tenían derecho a votar en las elecciones al Riksdag de 2022, 8.196.423 tenían ese derecho en las elecciones a los consejos municipales de 2022 y 8.147.129 podían votar en las elecciones a los consejos regionales de 2022.

34.Las elecciones al Riksdag, los consejos regionales y los consejos municipales se celebran cada cuatro años en septiembre. En las elecciones al Riksdag de 2022, la participación del electorado disminuyó en 3 puntos porcentuales, situándose en el 84,2 %, en comparación con las anteriores elecciones, celebradas en 2018. Estas fueron las primeras elecciones desde 2002 en que se registró una disminución de la participación. La disminución de la participación en las elecciones a los consejos regionales y los consejos municipales de 2022 fue de 3,5 y 3,6 puntos porcentuales, respectivamente. La participación en las elecciones a los consejos regionales fue del 80,2 %, mientras que en las elecciones a los consejos municipales fue del 80,5 %.

35.Cualquier persona que, según el censo electoral, tenga derecho a votar en las elecciones y considere que se ha cometido una equivocación o un error que ha afectado a los resultados de las elecciones puede presentar un recurso en los diez días posteriores a la finalización de las elecciones. También puede presentar un recurso un partido que haya participado en las elecciones. Los recursos se presentan ante la Comisión de Control de Procesos Electorales. Tras la elecciones de 2022, se presentaron 148 recursos relativos a las elecciones nacionales, 110 recursos relativos a las elecciones a las asambleas regionales y 148 recursos en relación con las elecciones a las asambleas municipales. En todos los casos relacionados con el resultado de las elecciones nacionales se consideró que los recursos carecían de fundamento. En tres casos relativos a las elecciones a las asambleas municipales, los recursos dieron lugar a un recuento de los votos (en los municipios de Färgelanda, Haninge y Laxå).

36.El Riksdag consta de una sola cámara con 349 escaños. Desde las elecciones de 2022, la coalición de gobierno está formada por Moderaterna (Partido Moderado), Kristdemokraterna (Demócratas Cristianos) y Liberalerna (Partido Liberal), y la distribución de los escaños entre los distintos partidos es la siguiente: Socialdemokraterna (Partido Socialdemócrata), 107 escaños; Sverigedemokraterna (Demócratas de Suecia), 73 escaños; Moderaterna (Partido Moderado), 68 escaños; Vänsterpartiet (Partido de Izquierda), 24 escaños; Centerpartiet (Partido del Centro), 24 escaños; Kristdemokraterna (Demócratas Cristianos), 19 escaños; Miljöpartiet (Partido Verde), 18 escaños, y Liberalerna (Partido Liberal), 16 escaños. Dos diputados han abandonado sus partidos desde las elecciones de 2022. Siguen siendo miembros del Riksdag, pero ya no están afiliados a ningún partido. Tras las elecciones celebradas en 2022, las mujeres representan el 46,1 % del número total de diputados (161 de 349 escaños).

Partido político	Porcentaje de votos en las elecciones de 2022	Escaños obtenidos en el Riksdag en las elecciones de 2022
Socialdemokraterna	30,33	107
Sverigedemokraterna	20,54	73
Moderaterna	19,10	68
Vänsterpartiet	6,75	24
Centerpartiet	6,71	24
Kristdemokraterna	5,34	19
Miljöpartiet	5,08	18
Liberalerna	4,61	16
Otros partidos	1,54

Fuente: Comisión Electoral de Suecia.

Medios de comunicación

37.Las empresas editoras de periódicos de publicación diaria, que representan una proporción considerable de la difusión de noticias independiente, se enfrentan a presiones de distinta procedencia, como la que ejercen los competidores, tanto nacionales como internacionales. Los avances tecnológicos, los nuevos patrones de consumo y el aumento de la competencia en el mercado de los medios de comunicación plantean al sector problemas importantes como, por ejemplo, que los anunciantes estén optando por otras formas de llegar a su público destinatario. La prensa escrita en particular tiene problemas relacionados con la transformación estructural y la digitalización en curso. Las revistas tienen dificultades para cobrar a los usuarios el acceso a su contenido digital y las ventas digitales no han podido compensar la caída de las ventas de publicidad en la prensa escrita. La mayor empresa de Suecia es Bonnier AB, que controla directa o indirectamente 55 cabeceras de prensa diaria, entre ellas, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Expressen/GT/Kvällsposten y Dagens Industri, y tiene una cifra de negocios de 6.800 millones de coronas suecas. En segundo lugar se encuentra Schibsted, propietario de Aftonbladet y Svenska Dagbladet, con una cifra de negocios de 2.500 millones de coronas suecas. En tercer lugar, Norrköpings Tidningars Media (NTM), centrado en los mercados de periódicos locales y regionales, tiene una cifra de negocios de 1.900 millones de coronas suecas. Los nueve mayores grupos de prensa facturan un total de 14.400 millones de coronas suecas, lo que representa la práctica totalidad del mercado.

38.El uso de servicios audiovisuales a la carta sigue aumentando, y el visionado de servicios de radiodifusión televisiva no ha dejado de disminuir. Juntos, el servicio público de radiodifusión Sveriges Television AB (SVT) y TV4 Media, que es propiedad de Telia Company, concentran la mayor parte de la cuota de audiencia de la televisión lineal. Otros organismos de radiodifusión, como Viaplay Group AB y Warner Bros. Discovery, son vistos por una parte más reducida de la audiencia. Entre los servicios a la carta que no requieren suscripción, el servicio a la carta de SVT, SVT Play, es el más popular entre el público de mayor edad y YouTube lo es entre el público más joven. Netflix es el servicio a la carta por suscripción que goza de mayor difusión, seguido de C More/TV4 Play y Viaplay. Con respecto a la radio, la emisora pública Sveriges Radio AB (SR) atrae a más de dos tercios de todos los oyentes. Las radios comerciales, nacionales o regionales y locales, tienen algo menos de un tercio. Actualmente, casi todas las emisoras de radio locales independientes son propiedad de Bauer Media o Viaplay Group Radio o están controladas por estos grupos empresariales.

Sociedad civil

39.En Suecia, las organizaciones no gubernamentales (ONG) suelen ser asociaciones sin fines de lucro o comunidades religiosas registradas. Las primeras, sin embargo, no tienen obligación de estar registradas. No existe una legislación general que rija las asociaciones sin fines de lucro ni imponga el requisito general de registrarse. El derecho de toda persona a crear cualquier tipo de asociación o a participar en ella (libertad de asociación) es un derecho constitucional. Para ser reconocida como persona jurídica, una ONG debe tener una junta y un reglamento en el que se disponga claramente cómo se toman las decisiones y se especifique quiénes están autorizados a representar a la asociación. Las actas redactadas de conformidad con el reglamento constituyen la prueba de quiénes son las personas autorizadas a representar a la asociación. Como en el caso de otras organizaciones con personalidad jurídica, las asociaciones sin fines de lucro están sujetas a normas y reglamentos establecidos en leyes específicas, como la legislación tributaria y la legislación laboral. No existen restricciones para que las ONG suecas reciban financiación del extranjero ni para que los extranjeros creen ONG suecas o participen en ellas. Para ser considerada ONG sueca, la organización debe tener su sede en el país. De conformidad con los principios de independencia de la sociedad civil, las ONG no están registradas por el Gobierno y no hay constancia del número total de organizaciones reconocidas. Según las estimaciones de la Oficina de Estadística de Suecia, en el país hay más de 260.000 ONG locales, nacionales y regionales.

40.En el presupuesto del Gobierno central se estableció por primera vez en 2001 una política sobre las organizaciones sin fines de lucro y los movimientos populares como esfera normativa específica. Esta política ha consistido en alentar y prestar apoyo a los interesados para que se organicen en asociaciones y agrupaciones similares, y en ofrecer un entorno favorable para que estas organizaciones puedan operar y desarrollar sus actividades.

41.En 2009 se presentó una política sobre la sociedad civil. Con ella se pretende mejorar las condiciones de la sociedad civil como parte esencial de la democracia. Se trata de establecer un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil mediante la creación de oportunidades para que estas ayuden a las personas a participar sobre la base del compromiso y el deseo de influir en su propia vida y en la sociedad en general.

Poder judicial

42.En Suecia, la independencia del poder judicial está garantizada por el Instrumento de Gobierno. Ni el Riksdag, ni el Gobierno ni ninguna otra autoridad pública pueden determinar cómo debe juzgar un tribunal una causa determinada o aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Ninguna otra autoridad pública, ni siquiera el Gobierno, puede determinar cómo se distribuyen las responsabilidades judiciales entre los distintos jueces. Estos solamente pueden ser destituidos si, en razón de un acto delictivo o un incumplimiento patente o reiterado de sus deberes oficiales, han demostrado claramente su ineptitud para desempeñar el cargo, o si, de conformidad con la ley, están obligados a jubilarse.

43.En Suecia, los tribunales de justicia desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas. Los recursos jurídicos previstos en el sistema judicial sueco se adoptan como un medio de proteger los derechos humanos. El sistema judicial está integrado por los tribunales generales y los tribunales administrativos. Los tribunales que se ocupan de cuestiones generales son los tribunales de distrito, los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo. También existen tribunales administrativos regionales, tribunales administrativos de apelación y el Tribunal Supremo Administrativo para las cuestiones administrativas. Se ha establecido igualmente una serie de juzgados y tribunales para que conozcan en casos pertenecientes a ramas específicas del derecho.

44.En el Instrumento de Gobierno se dispone que los litigios entre particulares no deben ser resueltos por una autoridad distinta de un tribunal, salvo que la ley así lo disponga. El Instrumento de Gobierno garantiza también que un tribunal pueda examinar siempre, sin dilaciones indebidas, los casos de privación de libertad. Las disposiciones relativas a las funciones de los tribunales en materia de administración de justicia, los principales aspectos de su organización y sus normas de procedimiento deben establecerse en una ley.

45.Durante el período comprendido entre 2017 y 2023, el número de jueces profesionales de los tribunales por cada 100.000 habitantes osciló aproximadamente entre 11,8 y 12,3. En cambio, si se incluyen los jueces no permanentes, el número de jueces profesionales de los tribunales por cada 100.000 habitantes se sitúa en torno a 23.

46.En el cuadro que figura a continuación se indica el número medio de causas pendientes, por juez, en las diferentes instancias del sistema judicial, en el período comprendido entre 2017 y 2023 (se indica, entre paréntesis, el número medio de casos juzgados por juez).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tribunal Supremo	14 (110)	12 (119)	16 (128)	20 (128)	26 (149)	28 (142)	41 (153)
Tribunales de apelación	7 (35)	8 (36)	9 (37)	10 (40)	11 (42)	11 (44)	11 (42)
Tribunales de distrito	122 (301)	129 (308)	138 (329)	137 (346)	130 (339)	127 (333)	130 (338)
Tribunal Supremo Administrativo	43 (129)	31 (136)	28 (126)	33 (128)	36 (133)	36 (146)	35 (147)
Tribunales administrativos de apelación	23 (132)	32 (120)	37 (126)	24 (129)	28 (109)	21 (102)	21 (106)
Tribunales administrativos	172 (425)	185 (464)	176 (514)	173 (592)	159 (569)	150 (510)	116 (515)

Nota: En estas cifras están incluidos los jueces no permanentes, que conocen independientemente en algunas causas.

47.Las modificaciones legislativas referentes a los plazos de prisión preventiva entraron en vigor el 1 de julio de 2021. Se establece un máximo de nueve meses para la privación de libertad previa al enjuiciamiento penal en el caso de los adultos y de tres meses cuando los sospechosos sean menores de 18 años. Ese límite de tiempo solo podrá superarse si existen razones excepcionales como, por ejemplo, cuando la pena señalada para el delito sea muy elevada y se trate de un delito cuya investigación resulte especialmente difícil. Con respecto al número de personas privadas de libertad en Suecia en espera de juicio y los detalles de los períodos de detención, pueden consultarse los datos estadísticos y los indicadores sobre delincuencia que figuran en el apéndice 6.

48.Si un sospechoso detenido o encarcelado así lo solicita, se designará un abogado defensor de oficio para que lo represente. También deberá designarse un abogado defensor de oficio, previa solicitud, para que represente a una persona sospechosa de haber cometido un delito castigado con una pena de prisión no inferior a seis meses. Se designará asimismo un abogado defensor de oficio cuando el sospechoso requiera asistencia letrada en relación con la investigación del delito, o bien cuando se planteen dudas sobre la sanción que se decidirá imponer y existan motivos para imponer una sanción distinta de multa o condena condicional, o bien ambas sanciones conjuntamente, o cuando existan otros motivos específicos relacionados con las circunstancias personales del sospechoso o la naturaleza del caso. Inicialmente, el Gobierno central sufragará los gastos del abogado defensor de oficio. Si el acusado o sospechoso es absuelto, este no tendrá que reembolsar ningún gasto. Si es condenado, normalmente deberá pagar, dependiendo de sus ingresos, la totalidad o parte de los gastos sufragados por el Gobierno central. El número de abogados defensores designados de oficio en el período comprendido entre 2017 y 2022 fue, en promedio, de entre 60.000 y 70.000 por año. No se dispone de datos estadísticos sobre el número de solicitudes de designación de abogado defensor de oficio rechazadas y, por ello, se desconoce el porcentaje de solicitantes para los que se nombró un abogado defensor de oficio.

49.Conforme a la Ley de Responsabilidad Civil (1972:207), las víctimas de un delito pueden tener derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios al autor del delito. La indemnización puede abarcar lesiones personales, daños o pérdidas materiales, pérdidas financieras y violación de la integridad personal. En los casos en que no pueda identificarse al autor del delito, o cuando este no pueda pagar la indemnización y no haya un seguro que cubra la totalidad de los daños, en general, las víctimas podrán solicitar una indemnización del Gobierno central. Dicha indemnización se conoce como “indemnización por lesiones derivadas de delitos” y está regulada por la Ley de Indemnización por Lesiones Derivadas de Delitos (2014:322). El Organismo de Indemnización y Apoyo a las Víctimas de Delitos se encarga de tramitar las solicitudes presentadas en virtud de esa Ley. La indemnización se paga principalmente por lesiones personales, tanto físicas como psicológicas, y, si el delito diera a la víctima derecho a tal cosa, también por violación de la integridad personal. En casos excepcionales, se puede pagar una indemnización por pérdidas financieras o por daños y pérdidas materiales.

50.En 2022, el Organismo de Indemnización y Apoyo a las Víctimas de Delitos evaluó 10.383 solicitudes de indemnización del Gobierno central y se pagó a los solicitantes un total de 117.684.000 coronas suecas. En 2021, evaluó 9.755 solicitudes y se pagó a los solicitantes un total de 105.278.000 coronas suecas. En 2020, evaluó 10.086 solicitudes y se pagó a los solicitantes un total de 95.842.000 coronas suecas. En 2019, evaluó 10.372 solicitudes y se pagó a los solicitantes un total de 104.562.000 coronas suecas. En 2018, evaluó 8.686 solicitudes y se pagó a los solicitantes un total de 91.211.000 coronas suecas. Y, en 2017, el número de solicitudes evaluadas por el Organismo fue de 9.539 y se pagó a los solicitantes un total de 91.272.000 coronas suecas.

51.En Suecia, el número de agentes de policía por cada 100.000 habitantes ha aumentado, pasando de 195 en 2017 a 218 en 2023. Durante el mismo período, el porcentaje del gasto del Gobierno central destinado a la Dirección de Policía de Suecia aumentó del 2,35 % al 2,95 %. La proporción del gasto del Gobierno central correspondiente al poder judicial ha aumentado del 4,68 % en 2017 al 4,97 % en 2022. El número de fiscales por cada 100 000 habitantes era de 13,44 en 2023. Esa cifra representa un aumento respecto de 2017 (10,62 fiscales).

52.El Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia elabora y distribuye información sobre la delincuencia y la prevención del delito. Elabora las estadísticas oficiales sobre delincuencia, evalúa las reformas, lleva a cabo investigaciones y presta apoyo a las actividades locales de prevención del delito. Por ejemplo, cada mes publica estadísticas preliminares sobre los delitos denunciados. En ellas se recopilan los incidentes denunciados y registrados como delitos por la policía, el servicio de aduanas y las fiscalías en Suecia. Por ello, en esas estadísticas figuran los incidentes que han sido denunciados pero que, tras una investigación exhaustiva, se considera que no constituyen delito, así como los incidentes denunciados en relación con los cuales el delito no ha podido probarse. El Consejo publica anualmente estadísticas sobre la delincuencia y la Encuesta sueca sobre delincuencia, en la que se plasman las actitudes y experiencias de la población en general (personas de 16 a 84 años) con respecto a la victimización, el temor a la delincuencia y la confianza en el sistema de justicia (puede encontrarse mayor información en www.bra.se).

53.En 2022 (1 de octubre), 6.146 personas se encontraban cumpliendo una pena de prisión, lo que representa un aumento del 8 % respecto de 2021. La población penitenciaria no ha dejado de aumentar durante los últimos cinco años. De las personas condenadas a penas de prisión que habían comenzado a cumplirlas en 2022, el 17 % habían sido condenadas por delitos de robo como delito principal. Alrededor del 12 % habían sido condenadas por delitos contra la vida y la salud, en torno al 31 %, por delitos relacionados con drogas y cerca del 10 %, por delitos contra la seguridad vial. Los casos de agresión predominaban entre los delitos contra la vida y la salud, y los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol eran los más frecuentes entre los delitos de tráfico.

54.La mayoría de los reclusos son hombres. En 2022, estos representaban aproximadamente el 93 % de las nuevas penas de prisión ejecutadas. El porcentaje ha permanecido relativamente estable en los últimos diez años. La mayoría de las personas condenadas a penas privativas de libertad en relación con todos los tipos de delitos son hombres, los cuales también representan la mayor parte de todas las personas declaradas culpables de delitos en general: el 82 % en 2022.

55.Alrededor del 36 % de las personas condenadas a penas privativas de libertad en tribunales de distrito en 2022 tenían 40 años o más, el 44 % tenían entre 25 y 39 años, y el 14 %, entre 21 y 24 años. En 2022, los jóvenes de 20 años o menos representaban el 6 % de las personas condenadas a penas privativas de libertad. Ninguna persona de entre 15 y 17 años fue condenada a una pena privativa de libertad en 2022. Téngase en cuenta que el término “penas privativas de libertad” se refiere a penas de prisión. Las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años en el momento de cometer el delito son condenadas principalmente a ingresar en instituciones de atención a las personas jóvenes en lugar de en prisión. En 2022 se dictaron 59 condenas de ingreso en instituciones de atención para jóvenes, lo que equivale a 16 condenas por cada 100.000 habitantes. La distribución de las personas condenadas a penas privativas de libertad por cada 100.000 habitantes varía en función de los distintos grupos de edad. El grupo de edad más representado es el de 21 a 24 años, con 377 penas privativas de libertad por cada 100.000 habitantes, en comparación con 104 penas privativas de libertad por cada 100.000 habitantes en el grupo de edad de 15 a 20 años.

56.En 2022, unas 1.610 personas empezaron a cumplir una pena privativa de libertad mediante supervisión electrónica intensiva, lo que representa una disminución del 9 % con respecto a 2021. Al 1 de octubre de 2021 había alrededor de 2.420 personas detenidas en centros de prisión preventiva. De ellas, el 85 % se encontraban en espera de juicio o de que concluyera la instrucción penal y el 2 % estaban detenidas o bajo arresto en comisarías de policía. Al 1 de octubre de 2021, había 229 personas que cumplían una pena privativa de libertad en centros de prisión preventiva. En 2022, unas 10.500 personas empezaron a ser supervisadas por el servicio de libertad condicional. Esa cifra representa una disminución del 6 % con respecto a 2021. De todas las sentencias condenatorias dictadas en 2022, aproximadamente 5.480 (5 %) se referían a la libertad condicional. De las personas que terminaron de cumplir una pena de prisión en 2022, el 70 % fueron puestas en libertad condicional.

Corte Penal Internacional y otros tribunales penales internacionales

57.Suecia coopera con la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2002 y ha incorporado el Estatuto de Roma en su legislación interna por medio de la Ley de Responsabilidad Penal por Determinados Crímenes Internacionales (2014:406). Desde 2007, Suecia cuenta con acuerdos con la CPI para el eventual traslado a su territorio de los testigos que hayan comparecido o deban comparecer ante la Corte y, de ser necesario, también de personas estrechamente relacionadas con ellos. En virtud de esos acuerdos, el Secretario de la CPI puede exigir la reubicación de un testigo y, en caso necesario, de las personas estrechamente relacionadas con él. Suecia examina dichas solicitudes de forma individual y, cuando lo considera necesario y apropiado, concede un permiso de residencia y trabajo por un año a las personas que van a ser reubicadas. Esos acuerdos se han incorporado en la legislación nacional sueca por medio del capítulo 22 de la Ley de Extranjería (2005:716).

58.En 2017, Suecia suscribió con la Corte un acuerdo sobre la ejecución de las penas de la CPI. Tras imponer la pena a un acusado, la Presidencia de la CPI se pondrá en contacto con Suecia y le preguntará si está dispuesta a recibir a la persona condenada. Si Suecia responde afirmativamente, la Presidencia de la CPI deberá solicitar a Suecia que le facilite la información pertinente actualizada sobre su régimen penitenciario nacional. La Presidencia deberá notificar a Suecia si decide que el condenado cumpla su pena en este país. Suecia deberá tomar una rápida decisión al respecto, de conformidad con su legislación nacional, e informar a la Presidencia de si acepta la designación.

59.Suecia también es parte en el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. Desde mediados de la década de 1990, coopera igualmente con el Tribunal Penal Internacional para la ex‑Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 y 1994, respectivamente. Desde 2006, Suecia puede asimismo cooperar con el Tribunal Especial para Sierra Leona, establecido en 2002. Esta cooperación se rige por varias leyes suecas y las condiciones de cooperación varían según el tribunal que haya presentado la solicitud. Cabe señalar, de forma resumida, que la legislación sueca contempla diversas formas de asistencia jurídica en cuestiones penales como los interrogatorios, la obtención de pruebas, diversas medidas coercitivas durante la instrucción preliminar, la entrega de sospechosos (extradición) y la ejecución de las penas y otras decisiones.

II.Marco general de protección y promoción de los derechos humanos

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

60.Suecia es parte en la mayoría de los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Suecia ha ratificado los protocolos de esas convenciones, con excepción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. Suecia firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007. Asimismo, revisa periódicamente sus reservas a los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos.

61.Suecia revisó sus reservas a los artículos 10, párrafo 3, 14, párrafo 7, y 20, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 7 d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 14, párrafo 1, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en relación con la aprobación de su estrategia sobre la aplicación nacional de los derechos humanos. Suecia consideró necesario mantener las reservas.

62.La reserva al requisito de mantener a los jóvenes infractores separados de los adultos se considera justificada, habida cuenta de que la aplicación del artículo 10, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos podría conducir a la reclusión de los jóvenes infractores en establecimientos centrales alejados de sus familias y de los servicios sociales, lo que puede tener efectos negativos en su bienestar. La opción de separar a los menores de los adultos en establecimientos centrales alejados entraña un riesgo de aislamiento porque hay pocos menores que cumplan penas privativas de libertad. Según el sistema actual, los menores de 18 años que han sido declarados culpables de delitos que revisten tal gravedad que el menor debe ser privado de libertad no suelen ser condenados a penas de prisión, sino a recibir atención en instituciones para personas jóvenes, una pena que se cumple en establecimientos destinados específicamente al tratamiento de jóvenes infractores de hasta 25 años de edad aproximadamente. Suecia también ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme a la cual todo niño privado de libertad deberá estar separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño (artículo 37 c)). También se consideró necesaria la reserva al artículo 14, párrafo 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativa a la posibilidad de solicitar la reapertura de una causa de conformidad con las disposiciones enunciadas en el capítulo 58, artículo 3, del Código de Procedimiento Judicial. La denegación del derecho a solicitar la reapertura de una causa cuando hubieran salido a la luz nuevas pruebas menoscabaría la credibilidad del sistema judicial sueco.

63.La reserva al artículo 20, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se formuló por tres razones. En primer lugar, la prohibición de la propaganda belicista entraña una restricción a la libertad de expresión y la libertad de opinión, que están protegidas por el artículo 19 del Pacto, así como por la Constitución de Suecia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la repercusión de esta disposición en el libre debate público. Finalmente, es difícil determinar qué conductas son punibles.

64.Suecia ha formulado una declaración en relación con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en 1966, en el sentido de que Suecia entiende que el artículo 5, párrafo 2, del Protocolo implica que el Comité de Derechos Humanos no deberá examinar ninguna comunicación de una persona a menos que se haya cerciorado de que el mismo asunto no ha sido examinado o no está siendo examinado con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

65.Suecia consideró que mantener la reserva al artículo 14, párrafo 1, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial era necesario por las mismas razones que justificaban la reserva al artículo 5, párrafo 2, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

66.Suecia también es parte en numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales, incluidos los diez convenios fundamentales.

67.Suecia es parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos). El Convenio y los Protocolos adicionales 1, 4, 6, 7 y 13 se incorporaron en el ordenamiento jurídico sueco en 1995. Suecia no ha formulado reservas al Convenio ni a estos Protocolos, pero no ha ratificado los Protocolos 12 y 16. De conformidad con el Instrumento de Gobierno, no es posible aprobar ninguna ley o disposición que contravenga los compromisos asumidos por Suecia en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

68.Toda persona, ONG o grupo de personas que afirme que Suecia ha violado los derechos que le garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos o sus Protocolos podrá recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante. Como Estado parte en el Convenio, Suecia está obligada a respetar las sentencias del Tribunal en las causas en que sea parte. En algunos casos, las sentencias dictadas contra Suecia han dado lugar al pago de una indemnización justa a los demandantes, y en otros casos, a la introducción de modificaciones en la legislación sueca. Suecia también es parte en otros instrumentos de derechos humanos del Consejo de Europa.

69.Como Estado participante en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Suecia aplica los compromisos asumidos en la Organización, entre ellos los relacionados con la dimensión humana.

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanosa nivel nacional

70.Los derechos y libertades de que disfrutan las personas en Suecia están protegidos sobre todo en virtud de tres leyes fundamentales: el Instrumento de Gobierno, la Ley de Libertad de Prensa y la Ley Fundamental de Libertad de Expresión. En el Instrumento de Gobierno se establece que el poder público deberá ejercerse respetando el igual valor de todos y la libertad y dignidad de la persona.

71.El Instrumento de Gobierno contiene una enumeración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, algunos de los cuales se consideran “absolutos”, en el sentido de que no pueden limitarse, salvo en virtud de la modificación de una ley fundamental. Otros pueden restringirse mediante la aplicación de otros tipos de disposiciones legislativas, en particular leyes. Entre los derechos absolutos se encuentran la libertad de culto; la irretroactividad de las penas; la protección contra la coacción de las autoridades públicas para divulgar una opinión sobre una cuestión política, religiosa, cultural o similar; la protección contra la coacción para participar en reuniones cuyo objeto sea la formación de opinión o para integrar una asociación política, una congregación religiosa u otra asociación similar, y el derecho a ser oído por un juez en caso de detención. El Instrumento de Gobierno también contiene una prohibición absoluta de la pena capital, la tortura, los castigos corporales y la intervención médica con el fin de forzar una declaración o impedirla.

72.Además de esos derechos absolutos, en el Instrumento de Gobierno se establece asimismo una serie de derechos y libertades que pueden restringirse, en ciertos casos, en virtud de una ley. Entre ellos figuran la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, la libertad de circulación y el derecho a ser protegido contra la privación de la libertad personal, la protección contra los registros corporales y otras intervenciones físicas forzadas, la protección contra el examen de la correspondencia y otras violaciones de las comunicaciones postales o las telecomunicaciones, la protección contra otras importantes violaciones de la intimidad mediante vigilancia o supervisión sistemática, y el derecho a un juicio público. Sin embargo, esas restricciones están sujetas a su vez a limitaciones.

73.Las restricciones únicamente pueden imponerse con la finalidad de lograr un propósito aceptable en una sociedad democrática, y no deben exceder de lo que es necesario habida cuenta de la finalidad perseguida, ni pueden ir tan lejos que constituyan una amenaza para la libre formación de opinión como uno de los fundamentos de la democracia. Tampoco pueden imponerse restricciones exclusivamente por motivos políticos, religiosos, culturales u otras opiniones. Al limitar los derechos, el legislador también debe tener en cuenta las prohibiciones del Instrumento de Gobierno, entre ellas, la prohibición contra la discriminación por motivos de origen étnico.

74.La existencia de una prensa libre es una base fundamental de una sociedad libre y democrática. La Ley de Libertad de Prensa, que es una de las cuatro leyes fundamentales de Suecia, garantiza la libertad de la prensa. La libertad de prensa tiene por objeto asegurar el libre intercambio de opiniones, la información libre y completa y la libertad de creación artística. De conformidad con la Ley de Libertad de Prensa, todas las personas pueden expresar sus ideas, opiniones y sentimientos por escrito, así como publicar documentos oficiales y, en general, comunicar información sobre cualquier tema. Una característica especial del marco constitucional es que la libertad de información incluye, conforme a las disposiciones de la Ley de Libertad de Prensa, el derecho de acceso público a los documentos oficiales. La primera Ley de Libertad de Prensa de Suecia se aprobó en la temprana fecha de 1766.

75.En 1992, la Ley de Libertad de Prensa se complementó con la Ley Fundamental de Libertad de Expresión. La finalidad de esta ley es garantizar la libertad de expresar ideas y opiniones a través de la radio, la televisión, películas, vídeo y, hasta cierto punto, en Internet, y brindar protección contra la censura en estos medios. Esta ley se basa en los mismos principios fundamentales que la Ley de Libertad de Prensa.

76.Suecia sigue un sistema dualista, y las convenciones ratificadas no se convierten automáticamente en parte de la legislación interna. Son principalmente dos los métodos empleados para dar efecto legal a las convenciones internacionales en el ordenamiento jurídico sueco: la incorporación y la transformación. Generalmente, las convenciones internacionales se transforman en leyes suecas mediante la promulgación de disposiciones equivalentes en una ley sueca ya existente o en una ley nueva. En ciertos casos, una convención puede incorporarse mediante una ley general en la que se disponga que la convención se aplicará en Suecia como ley y que será directamente aplicable. Un ejemplo de este último caso es el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que se incorporó en la legislación sueca en 1995.

77.En determinadas circunstancias, la legislación de la UE tiene un efecto directo. Por ejemplo, en varias causas relacionadas con la discriminación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que las disposiciones pertinentes tenían un efecto directo. Los juzgados, los tribunales y las autoridades administrativas de Suecia aplican la legislación de la UE, contribuyendo así a la protección de los derechos humanos en el país. Desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es jurídicamente vinculante y tiene el mismo rango legal que los Tratados. Por consiguiente, los tribunales y las autoridades de Suecia deben aplicar la Carta cuando apliquen la legislación de la UE.

78.En Suecia, un objetivo fundamental del ejercicio de todo poder público es garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. El Gobierno central y las administraciones regionales y locales, incluida la administración pública, están obligados a ejercer su autoridad respetando todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por Suecia, como también lo están el Riksdag y los jueces. La responsabilidad de la aplicación de dichas obligaciones internacionales corresponde, en primer lugar y sobre todo, al Gobierno, pero la comparte con las autoridades regionales y los municipios.

79.Suecia posee una larga tradición de autonomía local, lo que significa que las autoridades regionales y los municipios tienen libertad para tomar sus propias decisiones, dentro de los límites establecidos por el Riksdag. Las autoridades regionales y locales son responsables, en particular, de los servicios de salud, las cuestiones de bienestar social y las cuestiones relacionadas con la educación obligatoria y el ciclo superior de educación secundaria, la educación preescolar y la atención de las personas de edad.

80.En Suecia, los tribunales de justicia desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas. Los recursos jurídicos previstos en el sistema judicial tienen por finalidad proteger los derechos humanos. De los procedimientos judiciales se encargan los tribunales generales, los tribunales administrativos generales y, en cierta medida, las autoridades administrativas. Además, se ha establecido una serie de juzgados y tribunales para juzgar ciertas categorías específicas de casos. Entre los juzgados y tribunales especiales de interés para los derechos humanos figuran el Tribunal del Trabajo, los tribunales de migraciones y el Tribunal Superior de Migraciones.

81.Los tribunales, las autoridades administrativas y otros órganos públicos están obligados, conforme a lo previsto en el Instrumento de Gobierno, a abstenerse de aplicar toda disposición que consideren que se encuentra en conflicto con la norma de una ley fundamental u otra ley de rango superior, o cuando, al adoptar dicha disposición, no se haya tenido en cuenta un aspecto importante de un procedimiento establecido en la legislación. A este respecto, cabe señalar que, de conformidad con el Instrumento de Gobierno, no es posible aprobar ninguna ley o disposición que contravenga los compromisos asumidos por Suecia en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el caso de que una ley se examinara por tal motivo, deberá prestarse especial atención al hecho de que el Riksdag es el principal representante del pueblo y que una ley fundamental tiene precedencia sobre las demás leyes.

Recursos jurídicos y daños y perjuicios

82.Las cuestiones de derechos humanos forman parte intrínseca de muchos tipos distintos de acciones entabladas ante los tribunales y las autoridades de Suecia. Por tanto, resultaría difícil presentar una lista exhaustiva de todos los recursos jurídicos disponibles en relación con derechos humanos concretos. Si una persona alega que ha sido víctima de prácticas ilegales, esas alegaciones pueden presentarse al fiscal para que proceda a realizar una investigación. Como norma general, si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un delito, la investigación debe llevarla a cabo el fiscal de oficio. Sin embargo, la víctima de un delito puede solicitar la incoación de actuaciones penales en dos casos, a saber, cuando el fiscal haya decidido no ejercer la acción penal o cuando se hayan hecho falsas acusaciones contra ella. Si la víctima ha sido asesinada, la familia dispone también de este recurso jurídico.

83.Con arreglo al Código de Procedimiento Judicial, en el marco de un procedimiento penal por un determinado delito, la víctima puede entablar una acción de resarcimiento por los daños y perjuicios causados por el delito. En general, el fiscal, a instancias de la parte perjudicada, tiene la obligación de preparar y presentar la reclamación de esta junto con la causa penal. En caso de que la acción de resarcimiento por daños y perjuicios no se incorpore a las actuaciones penales, ya sea porque el fiscal decide no entablar la acción de resarcimiento en nombre de la víctima o porque el tribunal decide que la cuestión debe dirimirse por separado, la víctima puede interponer una demanda civil por su cuenta. En cambio, si se entabla una acción separada contra la persona acusada en una causa penal, el tribunal puede decidir tramitar conjuntamente la acción civil y la acción penal. En lo que respecta a la indemnización, la víctima puede pedir al fiscal que le ayude a presentar una demanda, a título personal, por daños y perjuicios ante los tribunales en relación con un procedimiento penal. Sin embargo, si, por alguna razón, la víctima prefiere no presentar una demanda a título personal en ese contexto, podrá incoar un procedimiento de indemnización en la forma prescrita para las acciones civiles. En tales casos, podrá facilitarse asistencia jurídica. En determinadas circunstancias, cabe la posibilidad de conceder a la víctima asistencia jurídica consistente en los servicios de un letrado.

84.De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Civil (1972:207), el Gobierno central o un municipio están obligados a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que sean consecuencia de un acto u omisión ilícitos ocurridos en el ejercicio de la autoridad pública o que guarden relación con dicho ejercicio, de los que sean responsables el Gobierno central o el municipio. Si una persona ha sido detenida o mantenida en prisión preventiva y luego no es condenada por la comisión de un delito, normalmente tendrá derecho a una indemnización del Gobierno central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Indemnización por Privación de la Libertad y otras Medidas Coercitivas (1998:714). El mismo derecho puede asistir a una persona que haya sufrido lesiones corporales o daños materiales como consecuencia del uso de la fuerza por un funcionario público.

85.En el Convenio Europeo de Derechos Humanos se establece que toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el Convenio hayan sido violados debe tener derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional. Las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suecia han dado lugar, en varios casos, al pago de una indemnización justa a los demandantes y, en otros casos, a la introducción de modificaciones en la legislación sueca, en particular respecto de la ampliación del derecho de acceso a los tribunales. En algunos casos, el Convenio exige que el Estado pague una indemnización, aunque, con arreglo a la legislación sueca, esta no suele concederse (en general, la legislación sueca no prevé el pago de indemnizaciones por daños no patrimoniales). Con todo, el Tribunal Supremo ha considerado que si los derechos de una persona consagrados en el Convenio han sido violados, por ejemplo, por el propio Estado, este podría estar obligado a pagar una indemnización. En 2018 se introdujo una disposición específica en la Ley de Responsabilidad Civil, en virtud de la cual el Estado o un municipio deben pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por las violaciones del Convenio.

Defensores del Pueblo (Ómbudsmen)

86.La supervisión del ejercicio de los derechos humanos también es una de las funciones de los Defensores del Pueblo. Toda persona que considere que ha sido tratada de manera indebida o injusta por una autoridad pública o por un funcionario de la administración civil o la administración local, puede presentar una queja ante la Oficina de los Defensores Parlamentarios. Dicho de otro modo, no es necesario que la persona sea sueca ni que tenga una determinada edad para poder presentar una queja. La Oficina de los Defensores Parlamentarios se estableció en 1809 y estos son nombrados por el Riksdag. Los Defensores Parlamentarios están facultados para emitir declaraciones si las medidas adoptadas por una autoridad pública o un funcionario público están en conflicto con una ley en vigor u otra disposición legislativa o son incorrectas o inadecuadas de alguna otra manera. Los Defensores tienen derecho a emitir dictámenes consultivos con la finalidad de promover una aplicación uniforme y adecuada de la ley. En su calidad de fiscales especiales, los Defensores pueden incoar un procedimiento judicial contra un funcionario que, haciendo caso omiso a las obligaciones de su cargo o mandato, haya cometido un delito. Los Defensores también pueden denunciar a un funcionario por dejación de funciones, recomendar cambios en la legislación al Riksdag o al Gobierno y remitir casos a una autoridad supervisora ordinaria para que adopte medidas.

87.El Canciller de Justicia también desempeña algunas funciones de supervisión. Por ejemplo, puede recibir denuncias y reclamaciones por daños presentadas contra el Estado y decidir la indemnización financiera correspondiente. La Oficina del Canciller de Justicia se creó en 1713. El Canciller de Justicia es un funcionario público apolítico designado por el Gobierno. La duración de su mandato no está limitada. El actual Canciller de Justicia asumió el cargo en 2018. La Oficina del Canciller de Justicia es una autoridad independiente y el Canciller desempeña sus funciones con un criterio estrictamente legal. Las principales tareas del Canciller de Justicia son actuar como defensor del pueblo del Gobierno en la supervisión de las autoridades y los funcionarios públicos; representar al Estado en los litigios, sobre todo en las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios contra el Estado; garantizar que no se traspasen los límites de la libertad de prensa y de otros medios de comunicación, y actuar como fiscal único en los casos relacionados con delitos contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. La Oficina del Canciller de Justicia cuenta actualmente con una plantilla de cerca de 50 personas, la mayoría de las cuales son abogados experimentados.

88.En 2009 se creó el Defensor de la Igualdad, un organismo gubernamental dedicado a luchar contra la discriminación y promover la igualdad de derechos y oportunidades independientemente del sexo, la identidad o la expresión transgénero, el origen étnico, la religión u otras creencias, la discapacidad, la orientación sexual o la edad. Su mandato consiste en supervisar el cumplimiento de la Ley de Lucha contra la Discriminación, combatir la discriminación y promover la igualdad de derechos y oportunidades. Otro de sus cometidos es investigar las denuncias de discriminación, una tarea que puede incluir asimismo la representación de las víctimas de discriminación en los procedimientos de conciliación o, en última instancia, ante un tribunal de justicia. El Defensor de la Igualdad también puede realizar estudios independientes, elaborar informes y formular recomendaciones.

89.La finalidad de designar un Defensor único para que se ocupe de las cuestiones relacionadas con la discriminación es asegurar una supervisión más eficaz del cumplimiento de la Ley de Lucha contra la Discriminación. Una ley general contra la discriminación basada, en la medida de lo posible, en la igualdad de trato en todos los ámbitos, pone también de relieve que no hay una relación jerárquica entre los diferentes tipos de discriminación. Otro elemento nuevo de esta ley es el derecho, que se otorga a algunas organizaciones y asociaciones como, por ejemplo, las ONG, de actuar en representación del autor de la queja. En la ley también se establecen sanciones e indemnizaciones por infringir sus disposiciones. Las sanciones tienen por objeto tanto indemnizar por la vulneración que supone el quebrantamiento de dicha ley como servir de elemento de disuasión.

90.En Suecia, las personas menores de 18 años cuentan con un defensor específico, el Defensor del Niño. Su función principal es promover los derechos e intereses de los niños y los jóvenes conforme a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2018, el Riksdag aprobó la propuesta del Gobierno de incorporar la Convención sobre los Derechos del Niño en el ordenamiento jurídico sueco. La Ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (2018:1197) entró en vigor el 1 de enero de 2020. En el proyecto de ley correspondiente, el Gobierno presentó un conjunto de medidas consistente en una ley relativa a la Convención, un documento de orientación, una iniciativa de sensibilización y una labor de transposición sistemática permanente de la Convención para garantizar los resultados de su aplicación en la práctica. El Defensor del Niño supervisa la aplicación de la Convención en Suecia, lo que incluye medidas como la presentación de propuestas para que se introduzcan modificaciones en la legislación y la promoción de la aplicación de la Convención en la labor de los organismos gubernamentales, los municipios y las regiones. No obstante, el Defensor del Niño no supervisa a otras autoridades y no está legalmente facultado para intervenir en casos particulares.

91.Desde el 1 de julio de 2011, la Oficina de los Defensores Parlamentarios dispone de una dependencia especial, la Dependencia del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, encargada de velar por que las personas privadas de libertad no estén expuestas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Dependencia inspecciona periódicamente los establecimientos del país donde están recluidas las personas privadas de libertad, informa sobre las visitas realizadas y participa en la cooperación internacional en esta esfera.

92.Otro organismo de supervisión relacionado con los derechos humanos es la Inspección de Atención Sanitaria y Social. El Colegio de Abogados de Suecia también tiene funciones de supervisión. Además, el Organismo Sueco de Promoción de la Participación supervisa y analiza los acontecimientos relacionados con la política sobre discapacidad. Por su parte, la Junta Nacional de Salud y Bienestar realiza evaluaciones del funcionamiento del sistema de salud y hace un seguimiento de la prestación de servicios sociales para garantizar que las personas reciban la asistencia que necesitan.

C.Marco de promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional

93.En 2016 se aprobó una estrategia nacional de derechos humanos. En ella se contempla seguir avanzando hacia el establecimiento de una estructura coherente para la promoción y protección de los derechos humanos a nivel general. Una estructura de ese tipo debería brindar una sólida protección jurídica e institucional de los derechos humanos, permitir la aplicación coordinada y sistemática de los derechos humanos en el sector público y prestar un firme apoyo a la labor relacionada con los derechos humanos en la sociedad civil y en las empresas.

94.La finalidad de la política de derechos humanos de Suecia es garantizar el pleno cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Ese objetivo constituye la base de los esfuerzos nacionales en materia de derechos humanos y clarifica el vínculo entre dichos esfuerzos y los compromisos internacionales de Suecia.

95.El 1 de enero de 2022 se creó el Instituto Sueco de Derechos Humanos. El mandato del Instituto es fomentar el respeto de los derechos humanos y vigilar, investigar e informar sobre cómo se respetan y se hacen efectivos. El Instituto también puede presentar propuestas al Gobierno sobre las medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos, así como sobre la ampliación de las obligaciones contraídas por Suecia en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos. El Instituto no examina denuncias individuales sobre violaciones de los derechos humanos. Con la finalidad de cumplir los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y reforzar su independencia con respecto al Gobierno, el mandato y la gestión del Instituto, así como determinadas cuestiones fundamentales relativas a su organización y a su modo de funcionamiento, se rigen por la Ley del Instituto de Derechos Humanos (2021:642).

96.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, punto 4, de la Ley del Instituto de Derechos Humanos, el Instituto debe trabajar para promover la salvaguardia de los derechos humanos en Suecia sobre la base de los acuerdos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos.

97.La Ley de Minorías Nacionales e Idiomas Minoritarios (2009:724) entró en vigor en 2010 (Proyecto de Ley del Gobierno 2008/09:158: Del Reconocimiento al Empoderamiento – Estrategia del Gobierno para las Minorías Nacionales). En 2019 se reforzó la ley mediante varias modificaciones como, por ejemplo, la introducción de la obligación de que los municipios y las regiones establezcan objetivos y directrices para su labor normativa relacionada con las minorías, y la aclaración de la obligación que atañe a las autoridades administrativas de facilitar información y de lo que entrañan las consultas. Las modificaciones introducidas en la ley también supusieron el fortalecimiento del derecho a la educación preescolar y a la atención a las personas de edad en idiomas minoritarios. La supervisión de la aplicación de la ley se ha encomendado a dos organismos, la Junta Administrativa del Condado de Estocolmo y el Parlamento Sami. Ambos organismos deben asimismo ayudar y apoyar a las autoridades y los municipios en el proceso de aplicación. Con el propósito de difundir información sobre la política, en 2009 se puso en marcha un nuevo sitio web del Gobierno, www.minoritet.se. En él se facilita información sobre los derechos de las minorías y la legislación contra la discriminación, así como información general sobre las minorías nacionales.

98.En 2012 se aprobó una estrategia coordinada a largo plazo para la inclusión de los romaníes, que abarca el período comprendido entre 2012 y 2032. Esta estrategia de 20 años debe considerarse como un medio de reforzar la política sobre minorías que se aplica a las cinco minorías nacionales. La estrategia adopta una perspectiva de derechos humanos y hace especial hincapié en el principio de no discriminación. El objetivo general de la estrategia de 20 años es lograr que los romaníes que cumplan 20 años en 2032 tengan las mismas oportunidades durante su vida que el resto de la población. Se concede especial prioridad a las mujeres y los niños.

99.En 2014 se aprobó una estrategia nacional dirigida a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, independientemente de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. La estrategia constituye un marco para medidas a largo plazo y orientadas al logro de resultados. Sobre esa base, desde 2021 existe un plan de acción para promover y apoyar activamente el objetivo de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas LGBTIQ.

100.En 2016 se aprobó un plan nacional para combatir el racismo, las formas análogas de hostilidad y el delito de odio. El objetivo general del plan nacional es desarrollar una labor estratégica, eficaz y coherente de lucha contra el racismo, las formas análogas de hostilidad y el delito de odio en Suecia.

Nivel local

101.Actualmente, los municipios y las regiones son responsables de una gran parte de los servicios prestados directamente a los ciudadanos a título individual. Varios de esos servicios revisten gran importancia para el ejercicio de algunos derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho al más alto nivel posible de salud, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las minorías nacionales. Por tanto, las actividades de los municipios y las regiones suelen repercutir en los derechos económicos, sociales y culturales de la persona.

102.Con arreglo a lo dispuesto en el Instrumento de Gobierno, los municipios y las regiones deben gestionar los asuntos locales y regionales de interés público sobre la base de la autonomía local, lo cual significa que tanto los municipios como las regiones gozan de una gran autonomía en lo que respecta a la forma en que se conciben sus actividades y las medidas que adoptan para asegurar el respeto de los derechos humanos. Por ello, las actividades dirigidas a garantizar el cumplimiento de los convenios y convenciones internacionales dependen, en parte, de la cooperación sistemática con los municipios y las regiones.

103.La responsabilidad de financiar la atención sanitaria recae principalmente en las regiones y los municipios, lo cual se realiza por medio de impuestos locales. El Gobierno central también concede subvenciones adicionales.

Información

104.En el sitio web oficial del Gobierno hay una página dedicada a la información sobre las observaciones y recomendaciones internacionales que han formulado a Suecia los órganos internacionales de derechos humanos. Las observaciones y recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas y el Consejo Europeo se publican continuamente.

105.Las traducciones al sueco de los acuerdos internacionales vinculantes concertados por Suecia se publican en la Compilación de Tratados Internacionales de Suecia (Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)) y los acuerdos concertados a partir de 1994 también se publican en el sitio web del Gobierno. Además, la legislación sueca aprobada en relación con la celebración de acuerdos internacionales se publica en el Repertorio Legislativo de Suecia (Svensk författningssamling). Los acuerdos internacionales que requieren cambios en la legislación en vigor o la promulgación de nuevas leyes deben ser aprobados por el Riksdag. También es necesaria la aprobación parlamentaria de los acuerdos sobre cuestiones que son de la competencia del Riksdag y de otros acuerdos de especial trascendencia. Los proyectos de ley del Gobierno se recogen en las publicaciones parlamentarias, que están a disposición de la ciudadanía.

Organismos del Gobierno

106.El Estado tiene la responsabilidad de combatir las violaciones de los derechos humanos, entre otras cosas, mediante la promulgación de leyes, la gestión de los distintos organismos y la difusión de conocimientos e información. Las medidas para concienciar a los organismos gubernamentales de su responsabilidad de velar por que no se vulneren los derechos humanos y de promover una mejor comprensión del significado de las obligaciones internacionales forman parte de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos del Gobierno. El respeto y el conocimiento de los derechos humanos deben considerarse una parte esencial del funcionamiento ordinario de la administración pública. Las medidas que se aplican deben tener por finalidad mejorar el conocimiento, la comprensión y el respecto de los derechos humanos como obligaciones vinculantes para Suecia. El punto de partida son los convenios y convenciones internacionales de derechos humanos. Las medidas aplicadas para promover el respeto de los derechos humanos deben considerarse como un complemento de las actividades en curso o previstas sobre derechos humanos en los ámbitos de la igualdad de género, la no discriminación, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del niño y los derechos de las minorías nacionales, entre otros.

107.En 2014 se encargó a la Universidad de Upsala que, a partir de ese año, elaborara y aplicara un programa de desarrollo de recursos humanos sobre derechos humanos destinado a los empleados del Gobierno central. Desde 2020 se incluye en el programa a los empleados pertinentes de los municipios y las regiones. Con ello se pretende lograr que personal seleccionado de los organismos gubernamentales tenga un conocimiento suficiente de los derechos humanos y de lo que estos entrañan como para reconocer las situaciones que plantean problemas de derechos humanos en el contexto de sus funciones.

Educación

108.La nueva Ley de Educación entró en vigor el 1 de julio de 2011. En ella se pone especial énfasis en los derechos humanos como uno de los valores fundamentales en los que se basa el sistema escolar. Tanto en esta ley como en el plan de estudios nacional se dispone que toda persona que ejerza funciones en la enseñanza preescolar o escolar está obligada a promover el respeto de los derechos humanos y a disociarse claramente de todo aquello que entre en conflicto con dichos valores. A raíz de la nueva Ley de Educación, también se ha aclarado en el plan de estudios la función de la educación en derechos humanos, en particular en lo tocante a sus objetivos generales. La educación en derechos humanos forma parte del propósito, los objetivos y el contenido básico de una de las materias, Educación Cívica. Desde 2010, a los nuevos directores de las escuelas se les exige cursar una formación inicial especializada a nivel universitario. Como parte de esta formación, los directores deben adquirir conocimientos sobre los acuerdos y los convenios y convenciones internacionales pertinentes para el sector de la educación. En las instrucciones del Organismo Nacional de Educación de Suecia se afirma que el Organismo debe promover la igualdad de género e integrar perspectivas de igualdad y de derechos humanos en sus actividades. El Organismo también debe promover la igualdad de derechos y oportunidades, independientemente de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.

Medios de comunicación

109.Otros actores sociales, tanto públicos como privados, contribuyen a la promoción y el disfrute de los derechos humanos. Los medios de comunicación desempeñan un papel esencial, al ofrecer información a la población, iniciar el debate público y vigilar el ejercicio del poder público. Como ya se ha indicado, la existencia de una prensa libre es uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre y democrática.

Sociedad civil

110.Suecia tiene una larga tradición de participación cívica y una activa sociedad civil, que suele caracterizarse por una elevada tasa de participación y organización interna democrática. Las ONG desempeñan una función esencial en la defensa y el desarrollo de los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos y la participación cívica en la sociedad sueca.

Recursos financieros

111.Desde 2022, el Gobierno asigna 12,5 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,11 millones de euros) cada año para financiar medidas generales destinadas a promover y garantizar el respeto de los derechos humanos en el plano nacional. Para 2024 se han asignado 51,8 millones de coronas suecas (aproximadamente 4,6 millones de euros) al Instituto Sueco de Derechos Humanos. Solo en 2024, las asignaciones presupuestarias para ámbitos específicos de los derechos humanos se distribuyeron del siguiente modo:

Se han asignado 748 millones de coronas suecas (aproximadamente 66,5 millones de euros) a actividades relacionadas con la igualdad de género.

Se han asignado 258 millones de coronas suecas (aproximadamente 22,9 millones de euros) a políticas sobre discapacidad.

Se han asignado 249 millones de coronas suecas (aproximadamente 22,2 millones de euros) al Defensor de la Igualdad y a otras medidas de lucha contra la discriminación, el racismo y las formas análogas de hostilidad, como la homofobia y la transfobia, y de fomento de la igualdad de derechos y oportunidades.

Se han asignado 228 millones de coronas suecas (aproximadamente 20,3 millones de euros) a medidas en favor de las minorías nacionales.

Se han asignado 63 millones de coronas suecas (aproximadamente 5,6 millones de euros) al Parlamento Sami.

Se han asignado 63 millones de coronas suecas (aproximadamente 5,6 millones de euros) a políticas relativas a los derechos del niño y a financiación específica para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño en Suecia. Se han asignado 27,5 millones de coronas suecas (aproximadamente 2,4 millones de euros) al Defensor del Niño. El presupuesto total para 2024 es de 1.701 millones de coronas suecas (aproximadamente 151 millones de euros).

[Nota : El tipo de cambio utilizado es de 1 euro = 11,24 coronas suecas.]

Política exterior

112.Los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho son piedras angulares de la política exterior de Suecia, que comprende la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho a escala mundial por medio del diálogo con otros Estados, las negociaciones multilaterales, la diplomacia pública, el diálogo con la sociedad civil y la cooperación para el desarrollo.

113.En diciembre de 2023 se presentó la dirección estratégica de la asistencia sueca para el desarrollo (“Asistencia para el desarrollo para una nueva era: libertad, empoderamiento y crecimiento sostenible”). La promoción de la libertad y la lucha contra la opresión constituyen una de las prioridades temáticas generales. Incluye el fortalecimiento de derechos humanos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de religión o de creencias, los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las personas LGBTIQ y las personas con discapacidad.

114.En 2024 se aprobó una estrategia para las actividades de cooperación para el desarrollo a escala mundial en los ámbitos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia y el estado de derecho durante el período comprendido entre 2024 y 2028. El objetivo general de esta estrategia quinquenal es promover sociedades democráticas libres, seguras, justas e inclusivas, libres de toda opresión y basadas en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el estado de derecho. La estrategia se centra en tres ámbitos prioritarios: 1) las libertades; 2) las sociedades inclusivas y democráticas; y 3) las debidas garantías procesales y la rendición de cuentas. En la estrategia se destaca la mayor atención que el Gobierno dedica a la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos, la democracia y las elecciones libres, así como a los medios de comunicación independientes, entre otras cuestiones.

115.En 2015 se aprobó un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos, que se basa en la premisa de que la actividad empresarial y el respeto de los derechos humanos van de la mano y deben formar parte de una política activa que promueva una conducta empresarial responsable, tanto en el ámbito del comercio como en el de la cooperación para el desarrollo.

116.Una de las prioridades de Suecia en la UE es garantizar y proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en las políticas, tanto internas como externas, de la UE. Suecia apoya la aplicación de todas las directrices de la UE sobre derechos humanos y promueve la labor sustantiva que se lleva a cabo en las Naciones Unidas y en otros órganos multilaterales en relación con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Suecia desempeña un papel activo, a título nacional y a través de la UE, en los órganos de las Naciones Unidas encargados de tratar las cuestiones de derechos humanos, como la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, y seguirá trabajando a fin de salvaguardar el papel crucial de estos órganos como foros concebidos para mantener el respeto, la protección y el disfrute de todos los derechos humanos y hacer frente eficazmente a todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y las vulneraciones del derecho internacional humanitario. También es especialmente importante la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Suecia se esfuerza además por garantizar que las cuestiones de derechos humanos se aborden y reflejen plenamente en otros contextos de las Naciones Unidas, como la labor de la OIT, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional

117.Suecia presenta periódicamente informes a los órganos de tratados de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El Gobierno invita a representantes de la sociedad civil a las reuniones celebradas durante la preparación de los informes de Suecia y también cuando el país recibe las observaciones y recomendaciones de los comités de supervisión.

118.Un grupo de trabajo interministerial permanente, encabezado por el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga del seguimiento de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos del Gobierno. El grupo de trabajo constituye asimismo un foro a través del cual las distintas dependencias del Gobierno pueden difundir información sobre los esfuerzos internacionales en materia de derechos humanos y examinar dichos esfuerzos. Todos los ministerios están representados en el grupo de trabajo. Sus miembros actúan de enlace con sus respectivos ministerios en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. El grupo de trabajo tiene una función de coordinación que no incluye asumir responsabilidades en cuestiones de derechos humanos que estén comprendidas en las esferas de especialización de los propios ministerios.

119.La preparación de informes según lo previsto en las diferentes convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas es una responsabilidad compartida por los distintos ministerios que integran el Gobierno, en función de las cuestiones de que se trate. Dado que los informes abarcan una vasta gama de cuestiones, varios ministerios especializados participan en el proceso preparatorio. El Gobierno ha elaborado procedimientos para la presentación de informes y el seguimiento de las observaciones y recomendaciones de los órganos internacionales que examinan la observancia de los derechos humanos. Dichos procedimientos tienen por objeto apoyar la labor de preparación de informes y seguimiento de las observaciones y recomendaciones de los órganos internacionales.

E.Seguimiento de las conferencias internacionales

120.A raíz de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, Suecia ha adoptado dos planes de acción nacionales de derechos humanos y aplica actualmente un tercero que reviste la forma de una estrategia nacional de derechos humanos. (Para mayor información, véase el párr. 91). El cumplimiento de los compromisos contraídos por Suecia en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001, se ha integrado en el conjunto de medidas sobre derechos humanos enunciadas en los planes de acción nacionales. Suecia trabaja activamente para ayudar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

III.Información sobre no discriminación, igualdad y recursos eficaces

121.La tarea de fortalecer la protección contra la discriminación y promover la igualdad de derechos y oportunidades de otras formas se lleva a cabo a través de toda una serie de medidas puestas en práctica en diferentes sectores de la sociedad. El objetivo que se ha propuesto Suecia con su política de lucha contra la discriminación es lograr una sociedad libre de discriminación, lo cual comprende la prevención de la discriminación por motivos de sexo, origen étnico, religión u otras creencias, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión transgénero y edad. Otras cuestiones relacionadas con este ámbito son las medidas de lucha contra el racismo y las formas análogas de hostilidad y las medidas de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, independientemente de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. De conformidad con el Instrumento de Gobierno, los tribunales de justicia, las autoridades administrativas y otras autoridades de la administración pública deben tener presente en su labor la igualdad de todos ante la ley y proceder con objetividad e imparcialidad. Este principio, tal como se establece en la Constitución, es obligatorio para todos aquellos que ejercen funciones públicas, ya se trate de una autoridad administrativa, un tribunal o una entidad privada con tales atribuciones.

122.La legislación para combatir la discriminación se basa en varios instrumentos jurídicos internacionales en los que Suecia es parte, en particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas ellas de las Naciones Unidas, así como la Directiva de la UE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (Directiva 2000/43/CE) y la Directiva de la UE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Directiva 2000/78/CE).

123.Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Lucha contra la Discriminación (2008:567), se prohíbe en principio la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad y por motivos de sexo, origen étnico, religión u otras creencias, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión transgénero y edad. De conformidad con lo dispuesto en dicha ley, la prohibición de la discriminación no impide la aplicación de medidas que contribuyan a los esfuerzos dirigidos a promover la igualdad entre las mujeres y los hombres y que se refieran a cuestiones distintas de la remuneración u otras condiciones de empleo. La prohibición de la discriminación tampoco se aplica si las acciones de un empleador tienen por finalidad promover la igualdad de género en la vida laboral.

124.La prohibición de la discriminación establecida en virtud de la Ley de Lucha contra la Discriminación se complementa con normas sobre medidas activas. Simplificando, puede decirse que se trata de medidas centradas en el trato que reciben los empleados y otras personas como grupos, no como casos particulares. Las medidas activas tienen por finalidad impulsar y promover nuevas iniciativas para combatir la discriminación. Todos los empleadores y proveedores de educación están obligados a trabajar en medidas activas. Cuando en un lugar de trabajo la distribución de mujeres y hombres no sea más o menos equitativa en un determinado tipo de trabajo o en una determinada categoría de personal, el empleador debe hacer un esfuerzo especial, al contratar nuevos empleados, para atraer candidatos del sexo menos representado. El empleador debe tratar de conseguir que la proporción de empleados del sexo infrarrepresentado aumente gradualmente. En el caso de los empleadores, la labor relacionada con las medidas activas incluye utilizar estudios salariales para detectar, remediar y evitar que haya diferencias injustas en el sueldo y en otras condiciones de empleo entre los hombres y las mujeres.

125.Las contribuciones financieras del Estado a las ONG contienen otro elemento para combatir la discriminación. El Organismo Sueco para la Juventud y la Sociedad Civil, que es una entidad gubernamental, administra las solicitudes de subvenciones gubernamentales de conformidad con cuatro ordenanzas, todas ellas concebidas con el objetivo de promover la igualdad de derechos y oportunidades. Por ejemplo, se otorgan subvenciones para iniciativas locales destinadas a combatir la discriminación de cuya ejecución se encargan oficinas especializadas. Existen unas 18 oficinas de este tipo repartidas por todo el país, que ofrecen asistencia a las personas que se consideran víctimas de discriminación por cualquiera de los motivos mencionados en la Ley de Lucha contra la Discriminación.

126.En 2008, Suecia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Organismo Sueco de Promoción de la Participación fomenta la aplicación sistemática y efectiva de la política sobre discapacidad en todos los niveles de la sociedad y el seguimiento, la evaluación y el análisis de los esfuerzos desplegados por los organismos gubernamentales, los municipios, las regiones y otros actores con el fin de alcanzar los objetivos de la política nacional sobre discapacidad.

127.El Gobierno y los organismos gubernamentales consultan a las organizaciones de personas con discapacidad sobre diversas cuestiones. El Gobierno también cuenta con la Delegación para la Discapacidad, que es el principal foro de consulta y diálogo del Gobierno con el movimiento de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno apoya financieramente a las organizaciones de personas con discapacidad a través de la Ordenanza (2007:7) sobre Subvenciones del Gobierno Central a las Organizaciones de Personas con Discapacidad.

128.El objetivo nacional de la política sobre discapacidad toma como punto de partida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y se propone lograr la igualdad de condiciones de vida y la plena participación de las personas con discapacidad en una sociedad basada en la diversidad. Ese objetivo contribuirá a una mayor igualdad de género y a que se tenga en cuenta la perspectiva de los derechos del niño. A fin de alcanzar el objetivo nacional, la aplicación de la política sobre discapacidad se centra en cuatro esferas: el principio de diseño universal, las deficiencias en materia de accesibilidad, el apoyo individualizado y las soluciones para permitir la independencia individual, y la prevención y lucha contra la discriminación. Estas cuatro esferas son interdependientes. El objetivo es que, juntas, contribuyan a una sociedad accesible y equitativa, independientemente de la capacidad funcional.

129.En septiembre de 2021 se aprobó una estrategia para el seguimiento sistemático de la política sobre discapacidad durante el período comprendido entre 2021 y 2031. En la estrategia se dispone que la política sobre discapacidad debe ser supervisada por una serie de organismos gubernamentales designados al efecto y que el Organismo Sueco de Promoción de la Participación ha de prestarles apoyo en su labor de seguimiento. La finalidad de la estrategia es hacer un seguimiento de la política sobre discapacidad basado en el objetivo nacional.

130.En el Instrumento de Gobierno se establece que el poder público deberá ejercerse respetando el igual valor de todos y la libertad y dignidad de la persona. En la disposición del Instrumento de Gobierno sobre la protección contra la discriminación se afirma que ninguna ley o disposición podrá entrañar el trato desfavorable de una persona como consecuencia de su pertenencia a un grupo minoritario por razón de su origen étnico, color u otras circunstancias similares, ni a causa de su orientación sexual. La expresión “otras circunstancias similares” incluye la idea de que pueda dividirse y clasificarse a las personas según la raza. Además, de conformidad con el Instrumento de Gobierno, ninguna ley o disposición podrá entrañar el trato desfavorable de una persona por motivos de género, a menos que tal disposición forme parte de medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres o se refiera al servicio militar obligatorio u otros deberes oficiales análogos.

131.Como se ha indicado anteriormente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos se incorporó en la legislación sueca en 1995. Con arreglo a lo dispuesto en su artículo 14, el goce de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Suecia no se ha adherido al Protocolo 12 del Convenio, relativo a la prohibición general de la discriminación. En consecuencia, este Protocolo no se ha incorporado en la legislación sueca.

132.El Código Penal sueco contiene dos disposiciones que se refieren directamente al desprecio o la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional o étnico, creencias religiosas, orientación sexual o identidad o expresión transgénero; una de ellas se refiere a la agitación contra un grupo de la población y la otra, a la discriminación ilegal. El Código Penal contiene asimismo una disposición específica en la que se afirma que, al hacer la evaluación penal de un delito, se considera una circunstancia agravante que el móvil del delito fuera insultar a una persona o a un grupo de la población por motivos de raza, color, origen nacional o étnico, creencias religiosas, orientación sexual, identidad o expresión transgénero u otra circunstancia similar. Esta disposición es aplicable a todas las categorías de delitos.

133.La protección de los derechos de las minorías nacionales —judíos, romaníes, finlandeses suecos, tornedalianos y samis (reconocidos también como pueblo indígena)—, así como de los derechos de otras minorías como los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, constituye una obligación permanente. La política del Gobierno en materia de minorías nacionales abarca cuestiones relacionadas con la protección de estas y el apoyo que se les brinda, y tiene por finalidad su fortalecimiento y la prestación de la ayuda necesaria para mantener vivos los idiomas de las minorías nacionales.

134.Los samis fueron reconocidos como pueblo indígena por el Parlamento sueco en 1977 y, con la introducción de la Ley de Minorías Nacionales en 2000, también lo fueron como minoría nacional. En 2007, Suecia apoyó la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde 2011, el pueblo sami también está reconocido en la Constitución, en la que se establece la obligación de que el Gobierno promueva las oportunidades del pueblo sami de preservar y desarrollar su cultura y sus comunidades. El Parlamento Sami, que fue creado en 1993, desempeña un papel fundamental en el ejercicio del derecho a la libre determinación de los samis. El Parlamento Sami es, a la vez, el órgano representativo del pueblo sami y un organismo gubernamental nacional encargado de las cuestiones de los samis, que tiene el mandato de participar en la planificación comunitaria y supervisar el examen de las necesidades de los samis. En marzo de 2022 entró en vigor la nueva Ley de Consulta sobre Asuntos relativos al Pueblo Sami. La ley exige que el Gobierno, los organismos gubernamentales y, desde marzo de 2024, también los municipios y las regiones consulten al Parlamento Sami o a otras organizaciones samis, o a ambos, respecto de determinadas cuestiones que atañen al pueblo sami.

135.La igualdad de género debería ser una parte esencial de todas las esferas normativas pertinentes. La violencia del hombre contra la mujer es una cuestión de igualdad de género y afecta al pleno disfrute por las mujeres y las niñas de sus derechos humanos. Los compromisos contraídos por Suecia en el marco de las iniciativas de las Naciones Unidas, la UE y el Consejo de Europa constituyen una piedra angular de la labor del Gobierno. Combatir la violencia del hombre contra la mujer, todas las formas de violencia en la pareja y en el hogar —incluidas la violencia y la opresión por motivos de honor y la violencia en las relaciones homosexuales— y la prostitución y la trata de personas con fines sexuales, seguirá siendo una tarea prioritaria.

136.En 2014, Suecia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). En noviembre de 2016, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia del Hombre contra la Mujer, que abarca el período comprendido entre 2017 y 2026. En lo que respecta al ámbito de aplicación y las medidas específicas que prevé, la Estrategia se basa en gran parte en el Convenio de Estambul. En enero de 2018 se creó el Organismo Sueco para la Igualdad de Género, que se encarga del seguimiento, el análisis, la coordinación, los conocimientos y el apoyo con arreglo a los objetivos de la política de igualdad de género, incluido el objetivo de prevenir y combatir la violencia del hombre contra la mujer y la violencia y la opresión relacionadas con el honor, así como la prostitución y la trata de personas. El Organismo gestiona las solicitudes de subvenciones estatales de conformidad con tres ordenanzas cuya finalidad es promover la igualdad de género. Existen subvenciones para iniciativas locales de fomento de la participación de las mujeres y las niñas en el proceso democrático y en la vida comunitaria, por ejemplo, especialmente en zonas con problemas socioeconómicos.

137.El objetivo de la política del Gobierno es que las personas de edad envejezcan con seguridad y mantengan su independencia, puedan llevar una vida activa e influir en la sociedad y en su propia vida cotidiana, sean tratadas con respeto, tengan acceso a una atención sanitaria y social de buena calidad y dispongan de una atención médica y social igualitaria y equitativa. Garantizar los derechos de las personas de edad seguirá siendo una prioridad del Gobierno.

138.El objetivo de la política migratoria del Gobierno es disponer de una normativa responsable y restrictiva que brinde protección temporal a las personas que la necesiten, según el nivel mínimo fijado de conformidad con la legislación de la UE y las normas internacionales vinculantes que Suecia se ha comprometido a observar, entre ellas, el derecho de asilo. Además, se pretende contar con una política que mantenga la inmigración controlada; reduzca la migración irregular a Suecia y la UE; contribuya al retorno de las personas respecto de las que no existan motivos para que se les brinde protección o que, por alguna otra razón, no tengan legalmente derecho a permanecer en Suecia; garantice una inmigración laboral eficaz que contribuya a la competitividad de Suecia; prevenga, detecte y corrija el fraude y los abusos, y fomente la repatriación. La Ley de Extranjería de Suecia prevé un sistema de procedimientos y apelaciones en un proceso de doble recurso. Este sistema busca la transparencia y ofrece la oportunidad de celebrar audiencias orales. La Dirección General de Migraciones de Suecia es la primera instancia para la presentación de solicitudes de permisos de residencia y solicitudes de asilo. Sus decisiones pueden ser objeto de apelación ante uno de los cuatro tribunales de migraciones. Después de una nueva apelación de las partes, el Tribunal Superior de Migraciones puede conceder autorización para apelar. Se concederá dicha autorización en particular si se considera que el caso puede sentar precedente y brindar así orientación acerca de la aplicación de la Ley de Extranjería. Si se concede autorización para apelar, el Tribunal Superior de Migraciones examinará la apelación en cuanto al fondo. La Ley de Extranjería contiene disposiciones para garantizar que la Dirección General de Migraciones atienda las solicitudes y acate las decisiones y los fallos de los órganos internacionales competentes para examinar las quejas de particulares. Con respecto a los motivos para reconocer la condición de refugiado, la Ley de Extranjería incluye el temor fundado de persecución por motivos de raza, nacionalidad, creencias religiosas o ideas políticas, género, orientación sexual o pertenencia a un grupo social determinado. En todos los casos, siempre se hace una evaluación individual de los motivos para conceder el asilo.

139.Desde 2008, los consejos de los condados tienen la obligación de ofrecer a los solicitantes de asilo adultos determinados servicios de atención sanitaria subvencionados en parte. Dichos servicios comprenden un examen médico gratuito y atención médica y odontológica inaplazable, lo que incluye la atención de urgencia, la atención ginecológica y la atención materna y prenatal. La atención prestada con arreglo a lo previsto en la Ley de Enfermedades Transmisibles de Suecia es gratuita. En 2013, el mismo derecho se hizo extensivo también a los adultos que se encuentran en Suecia sin los permisos o el apoyo jurídico necesarios. Los consejos de los condados están facultados para ofrecer a esos adultos el mismo nivel de atención sanitaria que a los residentes y ciudadanos de Suecia. A los niños y jóvenes de hasta 18 años se les ofrece atención sanitaria completa (subvencionada y a menudo gratuita), lo que incluye atención odontológica regular, independientemente de cuál sea su estatus migratorio.

140.El sistema de migración laboral se basa en la iniciativa de los empleadores y depende de la demanda. A los migrantes admitidos se les permite acceder a una amplia gama de derechos y pueden unírseles sus familias de inmediato. La legislación prevé un período de transición de tres meses, durante el plazo de validez del permiso de trabajo, en el caso de que el migrante pierda su empleo o no esté satisfecho con el empleador. Durante ese período, se permite al migrante permanecer en Suecia y buscar un nuevo empleo. Desde la implantación del actual sistema de migración laboral en 2008, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas destinadas a impedir la explotación de los trabajadores migrantes.

141.Los municipios se encargan de acoger a los menores no acompañados, asignarles un tutor y proporcionarles alojamiento, escolarización y cuidado. Los municipios reciben una compensación financiera del Gobierno central por asumir esas funciones. A su llegada, el menor no acompañado es alojado temporalmente en un municipio cercano, pero poco después se lo traslada a un municipio asignado por la Dirección General de Migraciones.

142.La política de integración incluye la adaptación a la sociedad de los inmigrantes recién llegados y la compensación a los municipios por acoger a los refugiados, así como medidas de promoción de la integración.

143.El objetivo de la política de integración de Suecia es asegurar la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para todos, independientemente de consideraciones étnicas o culturales. Ese objetivo debe alcanzarse principalmente a través de medidas de política general para toda la población, complementadas con apoyo específico para la adaptación de los inmigrantes recién llegados que tienen un permiso de residencia (y sus familiares) durante sus primeros años en Suecia. La acogida de los inmigrantes recién llegados es una responsabilidad compartida entre los niveles nacional, regional y local. En abril de 2024 se propuso un nuevo objetivo para la política de integración sueca, que está pendiente de tramitación parlamentaria.

144.El objetivo fundamental del programa de adaptación es acelerar la integración de los inmigrantes recién llegados en la vida laboral y la comunidad. En el marco de este programa, todos ellos reciben apoyo profesional para aprender el sueco, encontrar trabajo, ganarse el sustento y familiarizarse con los derechos y obligaciones que rigen en Suecia lo antes posible. El Servicio Público de Empleo (Arbetsförmedlingen) es el organismo que coordina el programa de adaptación. A partir del diálogo entre este organismo y los inmigrantes recién llegados, se elabora un plan de adaptación basado en la formación académica, la experiencia laboral y la necesidad de capacitación de los inmigrantes, así como en otras iniciativas. Los participantes en el programa tienen derecho a una prestación de adaptación por un período máximo de 24 meses. El plan de adaptación es personalizado y normalmente incluye actividades concebidas para preparar al participante para el empleo, cursos de sueco y un curso de orientación cívica, cuya finalidad es fomentar una comprensión básica de la sociedad sueca. Los municipios se encargan de impartir los cursos de sueco y de orientación cívica. También son responsables de proporcionar una vivienda a los inmigrantes recién llegados y de poner en marcha iniciativas de adaptación dirigidas a sus hijos en las escuelas y los centros de educación preescolar.

145.La política de desarrollo regional de Suecia tiene por objeto lograr un desarrollo dinámico con mayor competitividad local y regional en aras del desarrollo sostenible de todas las zonas del país. Esta política se basa en la capacidad de acción de las regiones, pero el Gobierno central también tiene obligaciones. Una premisa básica a este respecto es que las mujeres y los hombres, independientemente de su origen étnico o cultural o su orientación sexual, deben tener las mismas oportunidades de desarrollo en todas las zonas del país. Con el fin de potenciar el desarrollo sostenible regional se necesitan medidas políticas que promuevan, en todas las zonas del país, la igualdad de oportunidades en materia de vivienda, empleo y bienestar; las actividades de formación y adquisición de competencias; la innovación y la regeneración y el espíritu emprendedor y el desarrollo empresarial, así como la accesibilidad en todas las zonas del país mediante sistemas digitales de comunicación y transporte. Estas medidas deben adaptarse a las diferencias y condiciones locales y regionales. Se siguen necesitando iniciativas dirigidas a zonas geográficamente definidas que se considera que requieren medidas especiales para fortalecer su potencial de desarrollo sostenible.

146.Se ha decidido un nuevo objetivo para la esfera normativa de la lucha contra la exclusión, a saber, lograr la reducción del número de personas que viven en una situación de exclusión, combatir las estructuras sociales paralelas, hacer hincapié en la responsabilidad personal de participar en la sociedad, y mejorar la seguridad de las personas y sus oportunidades en la vida. Con objeto de hacer frente a la exclusión, se han identificado tres ámbitos clave que es necesario abordar: el aprendizaje del idioma sueco, el empleo y la autosuficiencia, y la plena participación en la sociedad sueca.

147.El Defensor de la Igualdad (www.do.se) también cuenta entre sus funciones la sensibilización y la difusión de conocimientos e información en relación con la discriminación y la prohibición de la discriminación, tanto entre quienes podrían discriminar a otros como entre quienes corren el riesgo de ser víctimas de discriminación. El Defensor de la Igualdad ofrece orientación a empleadores, instituciones de enseñanza superior y escuelas, entre otros, y les ayuda a dotarse de métodos eficaces. Otra de sus tareas es garantizar, mediante iniciativas de sensibilización, que todas las personas conozcan sus derechos. Además, debe señalar la importancia de las cuestiones relativas a los derechos humanos y fomentar el debate al respecto. También recae en el Defensor de la Igualdad la responsabilidad especial de informar sobre las nuevas investigaciones y la evolución de la situación internacional en materia de derechos humanos y discriminación.

148.El Defensor del Niño de Suecia (www.barnombudsmannen.se) también difunde información acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre sus principales funciones se encuentran participar en el debate público, promover el interés público por temas clave e influir en las actitudes de las instancias decisorias y la población en general. El Defensor del Niño mantiene contactos regulares con los niños y los jóvenes. Cada año presenta al Gobierno un informe en el que se aborda la situación de los niños y los jóvenes en Suecia.

149.El Foro de Historia Viva es un organismo gubernamental sueco que se ocupa de cuestiones relacionadas con la tolerancia, la democracia y los derechos humanos, desde una perspectiva nacional e internacional, tomando como punto de partida el Holocausto, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes comunistas y otros crímenes de lesa humanidad. Se le ha encomendado la tarea específica de aumentar y profundizar en el conocimiento del antisemitismo, el antigitanismo y otras formas de racismo e intolerancia, prestando especial atención al vínculo entre la historia y el presente. El Foro utiliza métodos e instrumentos como las exposiciones, los talleres y el material didáctico para llegar a su principal grupo destinatario, los jóvenes. El objetivo es dotar a las personas de conocimientos para el futuro, con miras a incentivar su deseo de trabajar para promover la democracia, la igualdad de derechos y el igual valor de todas las personas. El Foro también realiza encuestas sobre las actitudes respecto de distintas formas de intolerancia en las escuelas y la sociedad, lo que facilita entender los motivos de la intolerancia y conocer su alcance y distribución geográfica, permitiendo, de ese modo, impulsar medidas dirigidas a luchar contra tales actitudes. Además, el Foro coopera estrechamente con investigadores que trabajan en campos como el antisemitismo, el antigitanismo y otras formas de racimo en la sociedad sueca. Y publica, asimismo, otro tipo de informes y material, en particular en su sitio web (www.levandehistoria.se).