Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

79º período de sesiones

Acta resumida de la 2109ª sesiónCelebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 22 de agosto de 2011, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Prosper (Vicepresidente)

Sumario

Sesión oficiosa con organizaciones no gubernamentales

Información relativa a los informes periódicos 18° a 20° del Reino Unido

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Sesión oficiosa con organizaciones no gubernamentales

Información relativa a los informes periódicos 18° a 20° del Reino Unido (CERD/C/GBR/18-20)

1.El Sr. Frankental (Amnistía Internacional) dice que su organización está preocupada por la política del Gobierno británico respecto de los efectos de las actividades realizadas en el extranjero por empresas con sede en el Reino Unido. En algunos casos, esas actividades han afectado gravemente a los derechos humanos de pueblos indígenas. El orador espera que su ponencia aliente al Comité a subrayar esos problemas en sus observaciones finales y contribuya al cambio de esa política.

2.El Gobierno británico se niega a aceptar que los actos de las empresas británicas en el extranjero puedan generar obligación internacional alguna respecto de los derechos humanos y, por consiguiente, se muestra reacio a utilizar su jurisdicción sobre esas empresas para que mejoren su conducta en cuanto a los derechos humanos. Dicho Gobierno ha dejado bien sentada su posición en cartas dirigidas al Representante Especial para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Esa posición dista de ajustarse a la norma de conducta exigida por el artículo 2, párrafo 1 d), de la Convención. La cuestión de que se trata aquí no es la injerencia en los asuntos internos de otros Estados sino el ejercicio de control sobre empresas multinacionales cuya casa matriz tiene sede en el Reino Unido.

3.Amnistía Internacional considera que el estrecho análisis jurídico del Gobierno está equivocado. La extraterritorialidad de las obligaciones relativas a los derechos humanos está bien establecida en los instrumentos internacionales de derechos humanos, hecho reconocido por la Corte Internacional de Justicia y otros órganos.

4.Una consecuencia de la posición del Gobierno es la falta de medidas reguladoras apropiadas. Los mecanismos institucionales existentes para colmar esta laguna en la responsabilidad de las empresas británicas respecto de sus actos extraterritoriales son muy débiles; entidades tales como el Órgano regulador de la salud y la seguridad en el trabajo se ven sumamente coartadas en sus acciones y rara vez intervienen. Además, los organismos del Gobierno que proporcionan apoyo a las empresas que invierten en el extranjero no cuentan con procedimientos de selección adecuados.

5.Los demandantes extranjeros que tratan de obtener reparaciones en el Reino Unido por los daños causados por empresas británicas tropiezan con enormes obstáculos jurídicos y financieros. Nuevos proyectos de ley actualmente en el Parlamento harán prácticamente imposible, de ser aprobados, que una firma de abogados acepte entablar demandas de derechos humanos contra empresas multinacionales.

6.El Gobierno hace hincapié en su apoyo a las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Favorece los criterios voluntarios y no vinculantes para abordar la cuestión y ha instituido un mecanismo de mediación denominado el punto nacional de contacto que, no obstante, tiene limitadas facultades de investigación y ninguna autoridad para imponer sanciones que puedan actuar como factor de disuasión. El Reino Unido no establece una distinción suficientemente clara entre el marco de los derechos humanos y el marco de responsabilidad social de las empresas en que las obligaciones pueden contraerse voluntariamente pero cuyo cumplimiento no se puede exigir.

7.El Sr. Lahiri (Relator para el país) dice que no se siente optimista en cuanto al resultado de cualquier llamamiento que se dirija al Gobierno del Reino Unido para que discipline a sus empresas, en vista del historial del Gobierno con respecto al pueblo de Diego García, pero aguarda con sumo interés las preguntas que tengan los miembros del Comité sobre la cuestión.

8.El Sr. Calí Tzay recuerda que las observaciones finales dirigidas en una ocasión anterior al Canadá (CERD/C/CAN/CO/18) para que adoptara medidas a fin de prevenir los actos de las empresas transnacionales con domicilio social en el Canadá que afectaban negativamente al goce de los derechos de los indígenas de territorios situados fuera del Canadá tuvieron un efecto positivo.

9.El orador pregunta si la cuestión se relaciona solamente con las empresas británicas que tienen operaciones en la India, según consta en el informe de Amnistía Internacional, o si sucede lo mismo en otros países.

10.El Sr. Frankental (Amnistía Internacional) dice que tiene entendido que el problema está generalizado. Dispone de información, en efecto, sobre actividades de empresas británicas que afectan negativamente a los derechos de pueblos indígenas en Botswana, Colombia, Filipinas e Indonesia. En el informe solo se menciona la India porque los estudios de casos mencionados en los informes de Amnistía Internacional se limitan a los países en que la organización ha llevado a cabo sus propias investigaciones.

11.El Sr. Diaconu recuerda que se hicieron observaciones finales similares a las dirigidas al Canadá con respecto a los Estados Unidos de América (CERD/C/USA/CO/6). Por consiguiente, el Comité tiene derecho a plantear la cuestión sumamente grave de las violaciones de los derechos humanos por empresas con sede en un Estado parte. El orador aguarda con interés obtener más información de las organizaciones no gubernamentales (ONG), de modo que el Comité disponga de una base suficiente para dirigir una observación final semejante al Reino Unido.

12.El Presidente pregunta si se sugiere que el Gobierno mismo investigue y haga juicio a las empresas que violan los derechos humanos en el extranjero o, simplemente, que levante los obstáculos a demandas de particulares, permitiendo así que el sistema judicial sea utilizado como instrumento para hacer respetar los derechos humanos.

13.El Presidente pregunta si se puede hacer una analogía con las estrictas leyes contra la corrupción aprobadas recientemente en el Reino Unido, que exigen a las empresas informar sobre cualquier soborno pagado u otras violaciones cometidas en sus operaciones en el extranjero.

14.El Sr. Frankental (Amnistía Internacional) dice que, respecto de ciertas cuestiones, el Gobierno británico reconoce que las empresas deben considerarse legalmente responsables de sus actividades en el extranjero. Entre otras, cabe mencionar el soborno, la trata de niños con fines sexuales y la financiación del terrorismo, pero no las obligaciones relativas a los derechos humanos.

15.Amnistía Internacional no propone que el Gobierno investigue casos individuales, sino que cuando se cometan actos escandalosos y haya pruebas de que las decisiones que llevaron a esos actos se tomaron en el Reino Unido, el Gobierno esté facultado para intervenir, en particular, levantando los obstáculos a la litigación civil en el Reino Unido si las víctimas no tienen acceso a la justicia en el Estado de acogida.

16.Lo que se necesita es un "pensamiento integrado" en todas las dependencias del Gobierno con respecto a las empresas y los derechos humanos. Si se establece que una empresa ha violado las directrices de la OCDE, entonces organismos británicos como el Departamento de garantía de los créditos a la exportación no debería prestar apoyo a las inversiones de esa empresa.

17.La Sra. Cohen (Discrimination Law Association) dice que el informe presentado por las ONG del Reino Unido contra el racismo, una de las cuales es su Asociación, se preparó sin ninguna ayuda del Gobierno.

18.La oradora no ve ningún indicio de que el Gobierno esté comprometido a promover la igualdad racial. El Gobierno afirma que trata a la gente como personas más que como grupos, pero al hacerlo, opta por no ver la desigualdad relacionada con la raza, el género, la religión y otros factores, en tanto que sus políticas y los recortes de los gastos afectan a grupos que pueden identificarse por los aspectos de una identidad compartida. Más que una estrategia de igualdad racial, el Gobierno sostiene tener una estrategia de integración, pero la integración no es la solución de todos los problemas de discriminación racial.

19.En su definición de igualdad, el Gobierno se centra en la igualdad de trato y la igualdad de oportunidad. Sin embargo, pasa por alto lo que, según el artículo 1 de la Convención, constituye el criterio esencial: la igualdad de resultados.

20.La Ley de igualdad de 2010 es una ley amplia contra la discriminación pero a la oradora le preocupa el hecho de que pueda no proporcionar protección contra la discriminación racial como lo manda la Convención. En efecto, no reúne varios criterios contenidos en las recomendaciones generales del Comité, como la experiencia de la discriminación múltiple, en particular la que obedece a razones de género y raza. Además, el plan del Gobierno para poner fin al papeleo burocrático compromete la aplicación de la ley misma.

21.Las reformas propuestas recogidas en el proyecto de ley sobre asistencia letrada, sentencias y castigo de los delincuentes tendrían un efecto desproporcionado sobre las mujeres y las minorías étnicas. Las propuestas de reducir las funciones y el presupuesto de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, así como el programa de recortes draconianos de los gastos públicos, tendrían también un efecto negativo en la aplicación de la Ley de igualdad. Además, pese a los muchos problemas jurídicos, se está prestando muy poca atención a la obligación de evaluar los efectos en la igualdad racial antes de decidir dónde se harán los recortes de gastos.

22.El Sr. Yu (Northern Ireland Council for Ethnic Minorities) observa que Irlanda del Norte tiene su propio ordenamiento jurídico y que las leyes de Inglaterra y Gales no son aplicables en su territorio. En Irlanda del Norte la protección contra la discriminación racial es menor que en el resto del Reino Unido. Es importante aprobar sin más demora el proyecto de ley de igualdad única.

23.Es preciso tener en cuenta los problemas de la violencia basada en el género y de la trata de personas.

24.Cuestiones tales como los delitos motivados por el odio contra las minorías étnicas, el extremismo de derecha y los problemas de los medios de difusión también son objeto de un tratamiento distinto en Irlanda del Norte y en el resto del país. Los nómadas irlandeses sufren varias desventajas sociales, en particular en lo referente a la disponibilidad de lugares de acampada. Muchos trabajadores migratorios se encuentran en condiciones rayanas en la esclavitud, sobre todo en la industria pesquera y en los asilos o residencias.

25.La ONG del orador ha expresado sus firmes reservas en cuanto a las observaciones sobre la intersección entre la religión y la discriminación racial que figuran en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte. La protección de los derechos humanos y la creación de una cultura de derechos humanos son los únicos remedios para resolver las políticas sectarias.

26.El Sr. Haria (Coalition for Racial Equality and Rights) dice que, desde la creación del Parlamento escocés, Escocia es plenamente responsable, entre otras cuestiones, de las relacionadas con la salud, la vivienda, el sistema de justicia penal y la educación. El Parlamento escocés también está facultado para promover la igualdad, pero la responsabilidad de la legislación relativa a la igualdad sigue siendo competencia del Parlamento del Reino Unido.

27.Desgraciadamente, el Reino Unido no siempre aclara a qué jurisdicción se refiere en su informe al Comité (CERD/C/GBR/18-20). Además, en la sección relativa a la educación, por ejemplo, se proporcionan cifras detalladas para el nivel educativo alcanzado en Inglaterra; se dan algunas cifras para Gales e Irlanda del Norte, pero no se proporciona ninguna cifra para Escocia. En respuesta al argumento de que hay menos gente que pertenezca a minorías étnicas en Escocia, señala que el Concejo Municipal de Glasgow, la autoridad local más importante de Escocia, calcula actualmente que el 10%, aproximadamente, de la población de Glasgow es de origen minoritario. En 2009-2010 se denunciaron a la policía escocesa unos 6.000 incidentes racistas. Además, se acepta en general que solo se denuncia aproximadamente el 10% de esos incidentes. El British National Party obtuvo el 2,5% del voto en las últimas elecciones en Escocia para el Parlamento Europeo. Por consiguiente, es esencial una estrategia de igualdad racial aplicable a todo el territorio del Reino Unido. La última declaración de política del Gobierno escocés sobre igualdad racial se formuló en 2008 y se relacionaba con la financiación de grupos minoritarios durante un trienio. Actualmente Escocia no tiene ninguna posición oficial sobre la igualdad racial. El orador insta al Comité a que pregunte al representante del Gobierno escocés en la delegación del Reino Unido si existe algún plan de adoptar una política de igualdad racial amplia para Escocia.

28.El Sr. Lahiri pide al Northern Ireland Council for Ethnic Minorities que aclare sus reservas a la sugerencia formulada por la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte de que el sectarismo en Irlanda del Norte debería tratarse como una variedad o manifestación particular de racismo. En ocasiones anteriores se sostuvo que la discriminación entre las dos comunidades principales debía mantenerse al margen del marco de la Convención. Sin embargo, el Comité ha recibido informes en el sentido de que la discriminación racial empieza a coincidir con el sectarismo. Por consiguiente, quizá convenga tratar el sectarismo como un fenómeno al que es aplicable el artículo 1 de la Convención.

29.El Sr. Yu (Northern Ireland Council for Ethnic Minorities) dice que la cuestión es saber si las dos comunidades mayoritarias están protegidas por las leyes existentes sobre las relaciones raciales en Irlanda del Norte. En sus observaciones finales sobre el informe periódico 12° del Reino Unido, en 1993, el Comité recomendó que el Estado parte aprobara leyes relativas a la protección contra la discriminación racial en Irlanda del Norte o ampliase el ámbito de aplicación de la Ley de relaciones raciales a Irlanda del Norte (A/48/18, párr. 419). En consecuencia, en 1997 se dictó la Orden de relaciones raciales (Irlanda del Norte). Las dos comunidades mayoritarias están protegidas actualmente por esa legislación. Además, Irlanda del Norte cuenta con leyes sumamente eficaces que prohíben la discriminación religiosa. Si las dos comunidades estiman que pueden pedir mayor protección con arreglo a un tratado internacional, eso equivaldría a abrir una caja de Pandora en la política sectaria de Irlanda del Norte, creando así nuevos problemas.

30.La Sra. Crickley dice que ha tomado nota de la útil observación acerca de la disparidad de la información proporcionada sobre las distintas jurisdicciones del Estado parte, especialmente en lo relativo al nivel educativo alcanzado. El Comité agradecerá que se le proporcione información sobre cualquier otro asunto respecto del cual se observen disparidades semejantes.

31.La oradora pide mayor información sobre los efectos, tanto en el Reino Unido como en el contexto mundial, de la no aplicación o posible derogación de las disposiciones de la Ley de igualdad que, según se ha afirmado, imponen una excesiva carga burocrática a las empresas.

32.El Presidente pide que se defina el concepto de "igualdad de resultados". A su juicio, significa que aun cuando se garantice la igualdad de oportunidades, algunas personas no pueden aprovecharlas por distintas razones.

33.En cuanto al efecto negativo de los recortes de los gastos públicos, pregunta si las reducciones afectan a todas las categorías de gastos o solamente a los gastos destinados a los grupos vulnerables.

34.La Sra. Cohen (Discrimination Law Association) dice que el mantra de la carga burocrática se invoca en apoyo de la mayoría de las medidas que adopta el Gobierno para reducir lo que considera una regulación excesiva de diversas actividades. Las autoridades ya han decidido suprimir algunas disposiciones de la Ley de igualdad y consideran la posibilidad de suprimir otras. Entre las cuestiones examinadas, figura la de si los empleadores han de considerarse responsables del acoso infligido a sus empleados por terceros, por ejemplo, el acoso de una enfermera por pacientes racistas o de una maestra por estudiantes racistas. La aplicación del plan de reducción del papeleo burocrático a la Ley de igualdad podría también ampliar el alcance de las prácticas discriminatorias. El Tribunal de Justicia Europeo decidió que no debía fijarse un máximo en los casos de indemnización por discriminación, pero el Gobierno británico propone reducir el máximo, por ejemplo en el caso de los empleadores.

35.Las leyes de igualdad no deberían limitarse a prohibir los actos discriminatorios sino que deberían obligar al sector público a adoptar medidas para promover la igualdad y fomentar las buenas relaciones. Por ejemplo, las autoridades locales deberían tener conciencia de que las comunidades de gitanos y nómadas se encuentran en situación muy desventajosa en cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud y de que las tasas de mortalidad infantil en ellas son desproporcionadamente altas. Por consiguiente, hace falta una acción positiva para garantizar lo que la oradora entiende por "igualdad de resultados". Un grupo determinado podría no estar en condiciones, tampoco, de realizar todas sus posibilidades por diversas razones institucionales o debido a barreras sociales al empleo. El Gobierno tiene facultades, con arreglo a la Ley de igualdad, para aprobar legislación secundaria relativa a su aplicación. Sin embargo, ha optado por aprobar una legislación minimalista que, a juicio de las autoridades públicas, significa que sus deberes en cuanto a la igualdad han sido reducidos.

36.Los recortes de los gastos públicos no están dirigidos contra los grupos vulnerables pero estos se ven afectados de manera desproporcionada, por ejemplo, por la reducción de los gastos en servicios para la juventud. Cuando se propusieron los recortes en junio de 2010, el Secretario de Estado para la Igualdad advirtió al Tesoro que esas reducciones no debían afectar de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, agregando que el Estado estaría actuando de manera ilegal si no tuviera debidamente en cuenta la necesidad de promover la igualdad.

37.El Sr. de Gouttes dice que el Reino Unido ha procurado tradicionalmente promover la armonía entre los distintos componentes de su población multiétnica mediante un enfoque basado en la comunidad, que contrasta con el enfoque integracionista adoptado por otros países. En la práctica, ningún método ha resultado totalmente satisfactorio. Los medios de difusión informaron, hace algún tiempo, que el Primer Ministro Cameron había criticado el método basado en la comunidad. El orador pregunta cuál es la respuesta de las ONG a esa posición y si es probable que origine cambios de política.

38.Al orador le gustaría que se le aclarase la distribución de responsabilidades entre el poder ejecutivo del Gobierno del Reino Unido y los de otras jurisdicciones. Por ejemplo, en el informe se dice que la competencia en cuestiones de inmigración no se ha descentralizado y que la responsabilidad de la política de inmigración recae en el Ministerio del Interior. Tampoco está seguro de cuál es la situación con respecto a la legislación laboral.

39.La Sra. Schmitz (Runnymede Trust) dice que, si bien es demasiado pronto para entender plenamente las causas de los disturbios recientes en Inglaterra y la medida en que tienen una dimensión racial, las respuestas iniciales de los políticos, la policía, el sistema de justicia penal y los medios de difusión indican que esos acontecimientos tendrán probablemente una gran influencia en las comunidades de minorías étnicas. Los participantes en los disturbios son de orígenes muy diversos y pertenecen a comunidades tanto negras como blancas. Por consiguiente, es importante subrayar que no es posible juzgar los disturbios mirándolos exclusivamente a través de la lente de la raza.

40.El descontento inicial estalló cuando la policía mató a tiros a un negro, Mark Duggan, en Londres. Después del incidente, la policía no trató de establecer un contacto adecuado con su familia. El incidente tuvo lugar en un contexto histórico de comunicación deficiente entre la policía y los miembros de las comunidades de minorías étnicas, que genera desconfianza.

41.La organización de la oradora insta al Gobierno a que preste especial atención a los siguientes factores en su respuesta a los disturbios: las altas tasas de desempleo entre los jóvenes, especialmente los jóvenes negros, la mitad de los cuales, casi, están desempleados; las reducciones de los servicios para la juventud; las relaciones insatisfactorias entre la policía y la comunidad; y la desigualdad generalizada. La respuesta normativa del Gobierno hasta la fecha ha hecho un hincapié indebido en el aspecto delictivo. Entre las políticas propuestas que pueden empeorar la desigualdad racial figuran los planes de eliminar las prestaciones sociales a los condenados, pero no encarcelados, por delitos relacionados con los disturbios, y el desalojo de sus viviendas sociales de las familias de los participantes en los disturbios. Estos actos equivaldrían a atacar a las personas de los sectores más pobres de la sociedad, en los cuales las minorías étnicas están sobrerrepresentadas. La respuesta del Gobierno y de los medios de difusión a los disturbios se caracteriza por las expresiones racistas, que han tendido a criminalizar la cultura negra.

42.Para determinar las verdaderas causas de los disturbios, el Gobierno debería iniciar una investigación popular, consultando a las comunidades y permitiendo a los residentes locales que expresen sus preocupaciones.

43.La Sra. Lachman (JUST West Yorkshire) señala a la atención del Comité un discurso pronunciado por el Primer Ministro Cameron en la conferencia sobre seguridad de Munich, en el cual atacó específicamente lo que denominó multiculturalismo estatal, sosteniendo que había fracasado y calificando a los musulmanes británicos de "el enemigo interno". Al culpar al multiculturalismo de la amenaza del terrorismo, el Gobierno ha indicado claramente que la política sobre las minorías étnicas en el Reino Unido estará dictada por las necesidades de la seguridad estatal. Estos ataques contra las minorías étnicas, especialmente los musulmanes, alimentan la xenofobia de la extrema derecha tanto en el Reino Unido como en otros países de Europa. El discurso del Primer Ministro Cameron fue elogiado, por ejemplo, por Marine Le Pen, dirigente del partido del Frente Nacional de Francia.

44.Según una encuesta reciente realizada por el grupo antifascista Searchlight en el Reino Unido, el 48% de los encuestados apoyarían a un partido de extrema derecha si no propugnara la violencia. Desde la presentación del informe anterior del Reino Unido al Comité, el British National Party se ha incorporado a la corriente política general británica tanto en las elecciones locales como en las europeas. La English Defence League ha estado atacando a ciudades como Bradford, que tiene una numerosa comunidad musulmana, y ha atraído a más de 3.000 partidarios. Las tácticas violentas de la Liga, sus virulentas consignas islamófobas y sus vínculos con los partidos europeos de extrema derecha han hecho que se pida que se prohíba al grupo o que se lo califique de organización extremista. Sin embargo, el Gobierno no está dispuesto a tomar esa medida.

45.La policía metropolitana reconoce ahora que existen vínculos entre la extrema derecha y el terrorismo neonazi. Se han descubierto una fábrica de bombas y un gran arsenal destinado, según se sospecha, a fines terroristas. La organización de la oradora exhorta al Gobierno, por tanto, a que trate el extremismo de Al-Qaida y el extremismo de la derecha de la misma manera, como parte de su política antiterrorista.

46.En vista de la baja tasa de enjuiciamientos por delitos motivados por el odio racial o religioso, la organización de la oradora pide al Fiscal General del Estado que publique los criterios que guían sus decisiones respecto del enjuiciamiento con arreglo a las leyes existentes; que publique el número de casos sometidos anualmente a los tribunales, los detalles completos de los juicios tramitados con éxito y las sentencias impuestas; y que designe una persona u órgano independiente para supervisar las decisiones relativas al enjuiciamiento.

47.El Comité ya expresó su preocupación por la reclusión indefinida de sospechosos de terrorismo, práctica que también ha sido condenada por los tribunales europeos por constituir discriminación por motivos de nacionalidad. En respuesta, el Gobierno introdujo las "órdenes de control", que han sido muy criticadas por violar los derechos humanos y estar fuera del proceso de la justicia penal. El Gobierno de coalición ha hecho menos draconiano, en fecha reciente, el sistema de las órdenes de control. Sin embargo, sigue aplicándose al margen del sistema de la justicia penal y restringe el derecho a la privacidad, y a la libertad de circulación y de expresión. La organización de la oradora exhorta al Gobierno, por tanto, a que aplique las órdenes de control solo como último recurso mientras se reúnen las pruebas con arreglo a una investigación penal en curso a fin de permitir que el imputado sea sometido a un juicio público, como parte de un proceso judicial imparcial.

48.En fecha reciente se anunció que se realizaría una investigación, dirigida por el Gobierno, en respuesta a las acusaciones de complicidad de los servicios secretos del país en la tortura y entrega extrajudicial de sospechosos de terrorismo. Las ONG de libertades civiles y derechos humanos se retiraron de la investigación porque el Gobierno se negó a revelar públicamente los hechos y no se permitió a los detenidos que interrogaran a las agencias de inteligencia. La organización de la oradora exhorta al Gobierno a que restablezca la confianza poniendo fin a la investigación proyectada y estableciendo un proceso independiente digno de crédito.

49.La lista 7 de la Ley de lucha contra el terrorismo del año 2000 permite a la policía parar, interrogar y detener a una persona hasta un máximo de nueve horas, aun cuando no se sospeche que haya cometido un delito. Entre 2009 y 2010 se paró a más de 85.000 asiáticos, la mayoría de ellos musulmanes. Por consiguiente, se los paró con una frecuencia 42 veces mayor que a los blancos. Solo el 0,57% de estos procedimientos llevaron a la detención y no hubo ningún juicio. La organización de la oradora exhorta al Gobierno a que modifique esa disposición con carácter urgente, especialmente la práctica de elaborar perfiles en función de la raza y, en particular, en las comunidades musulmanas.

50.La práctica de parar y cachear también se usa de manera desproporcionada en el sistema de justicia penal: los jóvenes negros tienen una probabilidad seis veces mayor, y los asiáticos dos veces mayor, de ser parados y registrados que los blancos.

51.Se sabe que en los últimos seis meses se produjo la muerte de tres negros mientras se hallaban detenidos por la policía. Entre 1998 y 2008 la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía informó acerca de 56 muertes, pero los investigadores independientes llegaron a la conclusión de que las muertes producidas en ese período ascendían posiblemente a 87. Ningún policía fue declarado culpable y se determinó que ninguna de las muertes violaba el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La organización de la oradora cuestiona la independencia de la Comisión de Denuncias y exhorta al Comité a que inste al Gobierno a garantizar que la policía actúe de manera imparcial. El hecho de que actualmente se permita a las fuerzas policiales investigarse a sí mismas es un problema que debe abordarse con carácter prioritario.

52.Pese a que los negros constituyen el 11% de la población de Inglaterra, representan el 25% de la población carcelaria. La organización de la oradora exhorta al Gobierno a que designe una comisión o inicie una investigación para examinar la cuestión de la desproporción en el sistema de justicia penal y en relación con las medidas de lucha contra el terrorismo.

53.La estrategia del Gobierno de lucha contra la radicalización, recogida en la práctica por el programa Prevent y el programa conexo Channel, es motivo de profunda inquietud. El Gobierno ha ampliado la definición del extremismo para que incluya no solo el apoyo a la violencia sino el rechazo de los valores británicos, que se definen como la creencia en la democracia, el estado de derecho, la libertad individual, el respeto mutuo y la tolerancia de distintas religiones y creencias. La policía anunció que la vigilancia de los barrios procuraría, por consiguiente, penetrar más a fondo en esas comunidades. Cabe calificar a esta política de racista puesto que presume que los musulmanes no comparten esos valores y da legitimidad a una mayor vigilancia de los barrios musulmanes como cuestión de política del Estado.

54.El programa revisado Prevent está dirigido hacia las universidades, prisiones, escuelas y 25 barrios donde el Gobierno considera que las personas corren el mayor riesgo de ser radicalizadas. No existe ninguna salvaguardia ni mecanismos de examen adecuados. De este modo, personas como los maestros, catedráticos y dirigentes comunitarios pueden convertirse en una prolongación del brazo estatal de vigilancia.

55.La organización de la oradora cuestiona la hipótesis del Gobierno según la cual existe una trayectoria lineal del extremismo no violento a la radicalización y a la violencia terrorista. Esa opinión ha sido cuestionada por los propios servicios de inteligencia.

56.Entre 2007 y 2010, se remitieron en total al programa Channel 1.120 personas consideradas extremistas potenciales; 290 de ellas eran jóvenes de 16 años y 55, menores de 12. Estas cifras tienen consecuencias obvias para las libertades civiles y la criminalización de los jóvenes. La organización de la oradora exhorta al Gobierno a que establezca un órgano nacional independiente, con juntas de seguridad regionales, para supervisar la aplicación del programa Prevent y, en particular, evaluar los efectos desproporcionados que tiene en las comunidades musulmanas, sus efectos en las libertades civiles y el grado en que ha servido para combatir el extremismo islámico.

57.La Sra. Macormac (UNISON Northern Ireland Race Group) dice que, según las estadísticas oficiales, el número de incidentes atribuibles al racismo y de delitos motivados por el odio en Irlanda del Norte aumentó del 10% al 15% cada año durante la década pasada. Es probable que las cifras verdaderas sean mucho más altas, dado que muchos de los incidentes no se denuncian debido a que la policía no inspira confianza a las comunidades de minorías étnicas. Si bien se han hecho progresos en cuanto a las normativas, el racismo institucionalizado persiste en todo el sistema de la justicia penal, lo cual se hace evidente por las tasas de enjuiciamiento sistemáticamente bajas de los casos de odio racial. No existen suficientes datos de seguimiento del sistema judicial y son muy pocos los delitos motivados por el odio que van a juicio. Los planes para designar policías encargados de los incidentes motivados por prejuicios, mencionados en el párrafo 143 del informe periódico del Reino Unido, se han dejado de lado, pese a la necesidad de esas medidas.

58.Grupos paramilitares unionistas han llevado a cabo ataques organizados contra las minorías étnicas en Irlanda del Norte. La contracción de la economía ha afectado profundamente a las relaciones raciales y las tensiones racistas han aumentado debido a las actitudes xenófobas adoptadas por algunos políticos. Por consiguiente, habría que establecer un nuevo código de conducta para regular el posible comportamiento racista de los representantes elegidos. Si no se ejecutan programas de renovación urbana sostenida en las zonas desfavorecidas, persistirán el acoso racial y los ataques contra las comunidades minoritarias.

59.El British National Party se registró como partido político en Irlanda del Norte por primera vez en 2011. Si bien cuenta con muy poco apoyo, el creciente desempleo y el nivel educativo cada vez más bajo alcanzado por los jóvenes protestantes han permitido el arraigo de las actitudes racistas promovidas por la extrema derecha. Además, los periódicos de gran tirada suelen publicar artículos que fomentan una opinión negativa de las comunidades minoritarias. Las denuncias formuladas a la policía y a la Comisión de Denuncias contra la Prensa por la organización de la oradora sobre un titular particularmente ofensivo publicado en 2008 fueron desestimadas, pese al hecho de que una denuncia presentada al Consejo de la Prensa de Irlanda tuvo éxito después que ese mismo artículo se publicó en la República de Irlanda. Pese a la recomendación de 2003 formulada por el Comité al Reino Unido (CERD/C/63/CO/11, párr. 13), no se modificó la Comisión de Denuncias contra la Prensa, cuya ineficacia quedó demostrada recientemente por el sonado escándalo de la infiltración de los teléfonos. El Reino Unido debería establecer una comisión de denuncias contra la prensa verdaderamente independiente, con un defensor de la prensa establecido por ley para asegurar altas normas éticas a nivel nacional y regional.

60.La Sra. Kohner (Committee on the Administration of Justice) dice que, además de las atribuciones de parar y cachear usadas en Gran Bretaña y mencionadas en el párrafo 1 d) de la lista de temas del Comité, en Irlanda del Norte existen estas mismas facultades para parar y cachear con arreglo a la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte). Esas facultades pueden ejercerse sin una sospecha razonable y no hay ninguna directriz para su empleo en la práctica, lo cual hace que sean aún más arbitrarias que las previstas en el artículo 44 de la Ley de lucha contra el terrorismo, que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, viola los derechos humanos y se presta a un uso arbitrario y discriminatorio. En vista de la suspensión de ese artículo de la Ley de lucha contra el terrorismo, la política del Servicio de Policía de Irlanda del Norte ha consistido en ejercer esas facultades con arreglo a la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte) en su lugar. La práctica de parar y cachear ha aumentado exponencialmente; si se comparan los mismos períodos en 2011 y 2010, el número de personas paradas aumentó casi 18 veces. Muchas de esas personas consideran que se trata de acoso. Si bien el Servicio de Policía no publica ningún dato sobre las personas paradas, la organización de la oradora se siente preocupada porque dicha legislación se utiliza de manera discriminatoria. Actualmente el Gobierno examina esas atribuciones y ha propuesto que se implante un criterio de sospecha razonable y se codifique la práctica. Sin embargo, eso no impedirá que los militares ejerzan esas facultades sin una sospecha razonable y que la práctica se mantenga mientras se realiza la reforma. La oradora insta al Comité a pedir al Gobierno que introduzca suficientes salvaguardias para garantizar que las atribuciones de parar y cachear con arreglo a la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte) no se empleen de manera discriminatoria y que suspenda esa práctica hasta que se hayan introducido las salvaguardias. También debería instar al Servicio de Policía de Irlanda del Norte a reunir y publicar información sobre las personas paradas con arreglo a esa ley.

61.La Sra. Richards (Global Afrikan Congress) dice que, si bien el Gobierno trazó un plan de acción nacional como se pide en la Declaración y Programa de Acción de Durban, las cuestiones relativas a la educación, la vivienda, el empleo, la justicia penal y la atención de la salud se incluyeron solo por insistencia de las comunidades negras. Los informes sobre la marcha de los trabajos se pueden consultar solo en línea, lo cual dificulta su acceso para muchas personas. No parece haber mecanismos de consulta respecto de la nueva estrategia de igualdad del Gobierno, lo cual hace imposible que los más afectados por el racismo contribuyan al proceso. Es irónico que en el Año Internacional de los Afrodescendientes se haya fracasado, al parecer, en la tarea de traducir los planes internacionales a planes nacionales, regionales y locales. En realidad, los políticos y las entidades de inspección siguen ignorando, en gran medida, la existencia de los documentos de Durban. Es imperioso por tanto educarlos, al igual que a otros grupos como el de los empleadores, sobre el significado de la igualdad racial y las prácticas antidiscriminatorias.

62.Si bien el Gobierno no parece partidario de la vigilancia de las minorías étnicas, es difícil determinar qué sucede en la práctica sin una base de pruebas. Sin embargo, hay datos que indican que los negros, sobre todo los africanos, tienen más probabilidades que los blancos de estar desempleados, vivir en casas inadecuadas y haber pasado por el sistema de justicia penal y por instituciones de atención de la salud mental. Sin actividades de seguimiento, es imposible decir en qué sectores se están haciendo progresos y dónde hacen falta más esfuerzos.

63.En los documentos de Durban también se incluyen los problemas del género y de los jóvenes. La organización de la oradora ha comprobado que los hombres africanos suelen experimentar más dificultades que las mujeres africanas. Mientras que muchos niños africanos obtienen buenas notas en la escuela, eso no se refleja en la vida, fuera del sistema educativo; es necesario examinar en qué medida esto se debe al racismo de la sociedad. En el Reino Unido hay más negros en la cárcel que en la universidad. Esos problemas son el legado de la esclavitud. Si no se reconoce ese hecho y se hacen las reparaciones consiguientes, no se podrá extirpar la causa subyacente.

64.La disponibilidad de recursos es un problema fundamental. Por ejemplo, el Programa para la obtención de la igualdad racial en la atención de la salud mental se mantuvo en ejecución durante cinco años y se suponía que daría empleo a 500 personas para mejorar la situación de la atención de la salud mental en las comunidades negras. En realidad, el programa se suspendió, nunca dio empleo a esas personas y no alcanzó sus objetivos; no hubo consultas sobre el fracaso del programa y, aparentemente, no existe ningún plan para abordar esos problemas en el futuro. Otros programas del sector voluntario, en cambio, recibieron una corriente sostenida y apreciable de fondos; pero los problemas de la lucha contra el racismo no parecen atraer esos recursos.

65.Las leyes como la Ley de igualdad y la Ley de derechos humanos no se aplican en la práctica y a veces son calificadas de excesivas, incluso por miembros del Gobierno. La organización de la oradora cree que, si esas leyes se aplicaran debidamente, mejoraría la situación pues permitirían la adopción de medidas de acción afirmativa, como mandan los documentos de Durban. Además, la reducción de la asistencia letrada ha cerrado el acceso a la justicia a mucha gente. Si bien ya existe, en su mayor parte, la legislación necesaria, cada vez son más limitadas las posibilidades de una persona de recurrir a ella. La propuesta de reducir la indemnización por discriminación racial en el empleo a 4.000 libras esterlinas eliminará todo poder de disuasión. Cuesta entender por qué el Gobierno no permite a las personas del Reino Unido plantear sus casos ante el Comité con arreglo al artículo 14 de la Convención.

66.El Presidente toma nota de la observación de que los disturbios recientes han criminalizado a la cultura negra. En los primeros días de los disturbios, el Gobierno y los medios de difusión parecen haber evitado deliberadamente mencionar el hecho de que los distritos donde habían estallado los disturbios eran principalmente barrios negros y que su origen había sido la muerte a tiros de un negro. Sería útil saber si los policías que intervinieron en los disturbios eran fuerzas provenientes de zonas distintas de los lugares donde se produjeron, o si la que había intervenido era la policía comunitaria. El Presidente está de acuerdo con el concepto de una inspección general para abordar los problemas de la conducta y las actividades de la policía.

67.El Presidente pregunta si en el Reino Unido se da el caso de que, en tanto que los inmigrantes hacen todo lo posible para integrarse, frecuentemente sus hijos, por alguna razón, tienden a radicalizarse. En caso afirmativo, la cuestión es saber por qué ocurre y cómo puede evitarse.

68.La Sra. Crickley dice que el Gobierno debería considerar qué medidas adoptar para abordar el problema de la radicalización. Al Comité le gustaría disponer de mayor información sobre qué datos concretos se necesitan en cuanto a los vínculos entre el unionismo y los ataques racistas en Irlanda del Norte. Ha sido interesante enterarse de que los mecanismos para la consulta con la comunidad de ONG o no se utilizan o han desaparecido por completo. La oradora pregunta si la comunidad de ONG tiene la impresión de que el plan de acción elaborado por el Reino Unido en consonancia con los documentos de Durban no se está ejecutando y si no hay seguimiento a este respecto. Sería útil disponer de estadísticas sobre el número de negros presos y el número que estudia en las universidades.

69.El Sr. Lindsay (Cambridge Racial Incident Support Project) dice que hay muchos policías comunitarios en el Reino Unido. La policía comunitaria suele dar buenos resultados porque fomenta la confianza entre la policía y los residentes locales. La Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía no es independiente puesto que está financiada por el Gobierno y permite a la policía local investigar las denuncias locales, lo cual no es ni procedente ni eficaz. Desde 1993 han muerto 123 personas mientras estaban detenidas por la policía; las investigaciones de la Comisión de Denuncias llevaron a la declaración de culpabilidad de una sola persona y esa persona ni siquiera era miembro de la fuerza policial. El hecho de que no haya habido más personas declaradas culpables puede atribuirse probablemente, en parte, al uso del método contradictorio en el sistema judicial.

70.La Sra. Lachman (JUST West Yorkshire) dice que los indicadores del Gobierno demuestran que la gran mayoría de las comunidades musulmanas se identifican positivamente con sus barrios locales. Sin embargo, no debe subestimarse la base ideológica de la política del Gobierno. El Gobierno debería dejar de mostrarse tan selectivo en cuanto a sus interlocutores; debería asegurarse de hablar directamente a las comunidades locales para determinar cuál es la situación exacta sobre el terreno. Es preciso dejar de utilizar el rótulo de Al-Qaida para referirse a lo que, en realidad, son muchos tipos distintos de extremismo.

71.La Sra. Kohner (Committee on the Administration of Justice) dice que en muchas partes de Irlanda del Norte no es posible recurrir a la policía comunitaria pues suele ser peligroso que los agentes policiales declaren públicamente su profesión. La representación de las minorías étnicas en la fuerza policial es extremadamente baja en Irlanda del Norte, donde menos del 0,5% de la policía procede de minorías étnicas. La Oficina del Ombudsman de la policía de Irlanda del Norte no ha tenido éxito. En tres informes se cuestionaba la independencia del Ombudsman y se comprobó que las conclusiones del Ombudsman habían sido reescritas para presentar a la policía de manera menos negativa; se observaron indicios, además, de una posible injerencia del Gobierno en la labor del Ombudsman.

72.La Sra. Chouhan (Equanomics) dice que la integración de los grupos minoritarios depende de la integración económica y la justicia. Hay tres cuestiones fundamentales vinculadas entre sí que entorpecen la integración social: la pobreza, la educación insuficiente y los bajos niveles de empleo. Es motivo de gran preocupación que el Gobierno del Reino Unido haya abolido órganos y fondos clave que promovieron la integración de las minorías étnicas, como, entre otros, el subsidio para mejorar el rendimiento de las minorías étnicas, que ayudaba a los alumnos con problemas de idioma; el Organismo de formación y desarrollo para las escuelas, que financió la dotación de recursos educativos para los maestros que trabajaban con alumnos de minorías étnicas, solicitantes de asilo, niños refugiados y niños romaníes y nómadas; el subsidio de prosecución de los estudios, que concedía becas para que los estudiantes jóvenes pudieran seguir cursando estudios superiores, y los servicios educativos para las comunidades nómadas.

73.Los niños gitanos o romaníes y los nómadas son los que tienen la tasa más baja de aprobación de los exámenes del Certificado General de Educación Secundaria. Los hijos de familias paquistaníes, caribeñas negras y caribeñas mestizas (blancos y negros), son los que sacan las notas más bajas. Sin embargo, algunos niños de minorías étnicas sacan notas muy altas, incluidos los chinos, indios y familias mestizas de blancos y asiáticos. La disparidad en el nivel escolar entre estos grupos ha estado disminuyendo y es necesario mantener en vigor las medidas que ayudan a cerrar la brecha.

74.Se están aplicando medidas para que a las escuelas les resulte más fácil excluir a ciertos alumnos. Si estos quedan excluidos, harán frente a una marginación ulterior y a la exclusión de la sociedad. Además, aunque continúan los incidentes de acoso escolar por motivos raciales, las escuelas ya no tendrán que comunicar dichos incidentes ni darles seguimiento.

75.En las principales universidades del Reino Unido ingresan muy pocos estudiantes de minorías y, a medida que aumentan los derechos de matrícula en universidades e institutos de estudios superiores, los alumnos a los que tradicionalmente les ha resultado difícil entrar en la universidad se sentirán aún menos inclinados a intentarlo.

76.Si no se hace una inversión en la educación de todos los grupos minoritarios, lo más probable es que sigan viviendo en la pobreza y marginados. Es totalmente inaceptable que, entre otras cosas, el 60% de los niños de la comunidad paquistaní y el 72% de los niños de la comunidad de Bangladesh vivan en la pobreza, que el 40% de minorías étnicas viva en viviendas para familias de bajos ingresos y que las minorías étnicas sufran de manera desproporcionada el desempleo y la discriminación salarial, ganando a veces más del 20% menos de lo que ganan los británicos en el mismo empleo.

77.En 2008/09, la tasa de desempleo de las minorías étnicas en Inglaterra era casi el doble que la de la población blanca y la Comisión empresarial sobre la igualdad racial en el lugar de trabajo estimó, en su informe de 2007, que la eliminación de la disparidad en el empleo llevaría de 25 a 30 años si no se hacía nada para acelerar el proceso.

78.El Comité debería preguntar al Gobierno cómo piensa combatir la pobreza, en particular la pobreza de los niños de las comunidades minoritarias, y contrarrestar el desempleo y la discriminación que padecen las minorías étnicas. También debería preguntarse al Gobierno si ha considerado la posibilidad de recurrir a la acción afirmativa a ese respecto y qué lecciones ha extraído del uso de la acción afirmativa en Irlanda del Norte. El Gobierno también debería explicar cómo piensa seguir reduciendo la disparidad en los niveles educativos alcanzados y lograr reducir las tasas de exclusión escolar de los niños de minorías étnicas.

79.La Sra. Grove-White (Migrant Rights Network) dice que la política de inmigración del Reino Unido ha cambiado de manera considerable desde el último examen del Comité.

80.En la pasada década, la inmigración se convirtió en un tema de gran preocupación pública. Como reacción, se ha hecho más estricta la política de inmigración y ha habido un endurecimiento de la retórica política en la materia. Además, el Gobierno se ha comprometido expresamente a reducir la inmigración en un 50%. El Gobierno también abolió el Fondo para los efectos de la migración, que había establecido para ayudar a los migrantes a integrarse en la sociedad.

81.La edad mínima para la inmigración en el Reino Unido como cónyuge o prometido de un nacional británico se ha aumentado a 21 años. Esta medida discrimina injustamente contra las comunidades de Bangladesh y de otros países asiáticos en que los cónyuges tienden a ser más jóvenes que los procedentes de otras comunidades. El examen de la lengua inglesa que deben aprobar los cónyuges y parejas procedentes de países ajenos a la Unión Europea ha sido muy criticado por su posible efecto discriminatorio en los candidatos procedentes de países de bajos ingresos. Además, el tiempo necesario para que los cónyuges y las parejas obtengan la residencia permanente en el Reino Unido se aumentará de dos a cinco años. Este aumento socava las disposiciones de la Recomendación general Nº 30 del Comité sobre la promoción del acceso a la ciudadanía.

82.Con el propósito expreso de aumentar la corriente de trabajadores migratorios temporales al Reino Unido, se ha propuesto la adopción de medidas que limitarían el derecho de los trabajadores migratorios a obtener la residencia permanente. El Comité debería instar al Gobierno a que reconsidere esa medida.

83.El Gobierno también proyecta abolir los visados que ofrecen a los trabajadores domésticos protección contra los malos tratos por sus empleadores, pese a las pruebas de que eso aumentará la vulnerabilidad de los trabajadores domésticos.

84.Los trabajadores indocumentados siguen estando expuestos a un grave riesgo de explotación. Las prácticas discriminatorias en el lugar de trabajo han aumentado y las redadas policiales en lugares de trabajo dirigidas contra empresas de minorías étnicas son ahora más frecuentes.

85.Se ha generalizado la presentación negativa por los medios de difusión de los problemas de la migración. Es motivo de grave inquietud que políticos de nota contribuyan con artículos de línea dura sobre la inmigración a los medios de difusión populistas y que el Gobierno generalmente informe a los medios de difusión sobre los cambios de la política de inmigración antes de presentar esos cambios al Parlamento.

86.El Comité debería instar al Gobierno a que adopte un nuevo código de prácticas para los editores de los medios de difusión que los aliente a seguir un enfoque más amplio cuando informan sobre la inmigración. Además, el Gobierno debe velar por que las sesiones informativas para los medios de difusión se lleven a cabo de manera responsable.

87.El Sr. Braga (Alliance of Filipinos in Northern Ireland) dice que los trabajadores de la salud en el Reino Unido que no proceden de países del Espacio Económico Europeo son víctimas de una legislación discriminatoria. Necesitan un permiso de trabajo que es obtenido y retenido por su empleador y se les paga, por término medio, mucho menos que a otros trabajadores con el mismo empleo. También tropiezan con enormes obstáculos cuando solicitan la residencia permanente. Estos trabajadores no están protegidos ni son tratados de manera igual, lo cual contraviene los artículos 1 y 5 d) de la Convención. El Comité debería instar al Gobierno a que enmiende su política de inmigración para asegurarse de que no discrimine contra esos trabajadores y recomendarle que establezca un órgano independiente para investigar los malos tratos que sufren los trabajadores migratorios en los asilos privados.

88.El Sr. Doherty (Irish Congress of Trade Unions) dice que los trabajadores migratorios procedentes de países situados fuera del Espacio Económico Europeo suelen ser víctimas de un trato tan malo que equivale a una forma de esclavitud. Estas personas trabajan largas horas en condiciones que violan las leyes de salubridad y seguridad, son víctimas de insultos raciales y de ataques físicos, viven en condiciones insalubres y muchas veces en el hacinamiento, en alojamientos que dependen de su empleo, y no tienen acceso al sistema de justicia. Por si esto fuera poco, sus empleadores suelen negarse a pagarles el salario. En general, estos abusos tienen lugar en empleos mal remunerados, ocultos a la vista del público, en sectores como la agricultura y la industria pesquera.

89.Si un empleador se niega a respetar los derechos humanos básicos o legales de un trabajador migratorio, el único recurso del trabajador es presentar una denuncia a un tribunal de empleo, que tarda como mínimo seis meses en darle trámite. Sin embargo, los empleadores casi invariablemente despiden a los trabajadores migratorios que presentan denuncias. Como los permisos de trabajo de esos trabajadores dependen del empleo, se encuentran forzados a repatriarse en el plazo de un mes. Si un trabajador que ha presentado una denuncia ya no se encuentra en el país, la denuncia es desestimada. De este modo, los trabajadores migratorios no tienen acceso a ciertas protecciones legales. Además, el trámite de las denuncias es sumamente complicado y ninguna denuncia presentada sin representación letrada o asistencia jurídica tuvo éxito en 2009 y 2010. No se ofrece asistencia letrada a las partes en los casos sometidos a los tribunales de empleo y, por temor a las represalias de sus empleadores, muy pocos trabajadores migratorios se afilian a sindicatos.

90.Además, los tribunales de empleo no pueden obligar a un empleador a devolverle el empleo a un trabajador despedido injustamente; aun cuando se haga lugar a la queja del trabajador, este todavía está obligado a repatriarse.

91.El Comité debería instar al Reino Unido a que adopte medidas para facilitar el acceso de los trabajadores migratorios al sistema de justicia. Además, la Directiva Nº 2008/104/EC sobre los trabajadores temporales empleados por agencias penalizaría injustamente a los trabajadores contratados por agencias con contratos de menos de 12 semanas; se insta al Gobierno del Reino Unido y a la Asamblea de Irlanda del Norte a que reconsideren su posición en la materia.

92.El Sr. Brindley (Irish Travellers Movement in Britain) dice que las condiciones de alojamiento, atención de la salud, educación y empleo de los gitanos y nómadas no han mejorado desde que el Comité dirigió sus recomendaciones anteriores al Reino Unido. Los gitanos y nómadas tienen la menor esperanza de vida de cualquier grupo del Reino Unido y hacen frente a la discriminación en los servicios de atención de la salud debido a la inestabilidad de su alojamiento, la discriminación racial, la dificultad para alcanzarlos y factores culturales. Sin embargo, no existe ninguna evaluación de cómo se ocupa de estas comunidades el Servicio Nacional de la Salud. Tampoco ha elaborado el Gobierno una estrategia para mejorar su salud.

93.Los gitanos y nómadas siguen siendo víctimas de discriminación con respecto a cuestiones de planificación y alojamiento a nivel local y nacional. Uno de cada cinco gitanos y nómadas que viven en carromatos es clasificado oficialmente como persona sin hogar, y existe una aguda escasez en todo el país de terrenos para acampar. Un estudio realizado por la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos llegó a la conclusión de que, al ritmo actual de habilitación de terrenos, llevará 27 años satisfacer las necesidades calculadas para un período de cinco años. Entre tanto, la población de gitanos y nómadas sigue aumentando.

94.El Gobierno está elaborando nuevas leyes y formulando directrices para facultar a las autoridades y comunidades locales para que decidan si han de permitir o no el establecimiento de lugares de acampada para gitanos y nómadas. Puesto que las comunidades estables se resisten enérgicamente al establecimiento de dichos lugares, es sumamente improbable que lleguen a habilitarse suficientes terrenos en el futuro.

95.Los hijos de gitanos y nómadas son los que tienen los niveles más bajos de educación en el Reino Unido y reciben la mayor cantidad de comidas escolares, indicador clave de pobreza infantil. También deben hacer frente a altos niveles de acoso y discriminación en la escuela. Sin embargo, el Gobierno redujo la asignación de fondos a las autoridades locales para los servicios de educación de nómadas, pese a que la Comisión Europea encomió esos servicios por su eficacia.

96.El Departamento de Obras y Pensiones no ha llevado a cabo todavía ninguna investigación del empleo de gitanos y nómadas y sigue calificándolos como grupo desfavorecido junto con el de los exdelincuentes.

97.El Reino Unido necesita elaborar una estrategia nacional para los gitanos y los nómadas. Más aún, esta medida es obligatoria en virtud de la estrategia de la Unión Europea para los romaníes. Sin embargo, sin un seguimiento étnico eficaz de las comunidades gitana y nómada por todos los departamentos del Gobierno, las estrategias nacionales para los romaníes no estarán bien fundamentadas y serán ineficaces.

98.El Sr. Sheridan (Dale Farm Housing Association) dice que las autoridades gastan unos 20 millones de libras esterlinas por año, dinero de los contribuyentes, para expulsar a gitanos y nómadas de campamentos no autorizados. El establecimiento del campamento de Dale Farm fue permitido por las autoridades pero sus residentes actualmente corren el peligro de expulsión. Es indignante que el Gobierno gaste grandes sumas de dinero para expulsar a esas familias cuando ese mismo dinero podría utilizarse para darles alojamiento.

99.El Sr. Donahue (An Munia Tober) dice que los nómadas, gitanos y romaníes de Irlanda del Norte siguen sufriendo altos niveles de discriminación y que, según la Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte, el 92% de los nómadas abandonan la escuela sin obtener ningún certificado. Solo el 11% de los nómadas tienen empleo remunerado y sus comunidades tienen tasas de mortalidad infantil diez veces mayores que el promedio nacional. La policía está facultada para expulsarlos de la tierra que ocupan, incautarse de sus bienes y penalizar a los nómadas por acampar en sus lugares tradicionales.

100.La esperanza de vida de los nómadas es muy inferior a la de las comunidades estables y la tasa de suicidios es seis veces mayor que la de los que tienen alojamiento fijo. El recelo y la desconfianza mutua caracterizan las relaciones entre la comunidad nómada y la policía, que para y cachea a los nómadas de manera desproporcionada. Además, es mucho menos probable que se conceda fianza a los nómadas que a los miembros de una comunidad fija.

101.La responsabilidad del desarrollo de terrenos permanentes y temporales para los nómadas incumbe a la Dirección de Vivienda de Irlanda del Norte, que ha llegado a la conclusión de que no se dispone de un número suficiente de terrenos y no se han hecho suficientes progresos para atender esa necesidad. Más del 30% de los nómadas de Irlanda del Norte siguen practicando el estilo de vida nómada. A menos que se les suministre una red de terrenos de acampada, su tradición de vida nómada seguirá estando amenazada. Sin embargo, muchos de los terrenos proporcionados no son conducentes al modo de vida tradicional de los nómadas, lo cual los obliga a ocupar ilegalmente zonas circundantes, incluidas tierras públicas.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.