* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
** Este documento se presentó de conformidad con el procedimiento simplificado de presentación de informes. Contiene las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones previa a la presentación del informe preparada por el Comité (CEDAW/C/MEX/QPR/10).
*** El anexo del presente documento puede consultarse en la página web del Comité.
Décimo informe periódico que México debía presentar en 2024 en virtud del artículo 18 de la Convención * , ** , ***
[Fecha de recepción: 30 de septiembre de 2024]
I.Introducción
México ha presentado nueve informes de cumplimiento de la CEDAW. El 16 de noviembre de 2018 se creó la Comisión para el seguimiento de las observaciones del Comité CEDAW (Comisión CEDAW), en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), coordinada conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
La Comisión CEDAW se conforma de 48 dependencias e instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman seis mesas temáticas y dos subgrupos de trabajo (Anexo 1-A). De 2018-2024, ha celebrado más de 79 reuniones.
La creación de la Comisión CEDAW y este informe forman parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar los derechos de las niñas, mujeres jóvenes y mujeres, poniendo a la CEDAW y otros instrumentos internacionales al centro de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNIMH).
En mayo de 2024, México presentó su Examen Nacional sobre la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (PAB). Ésta es una fuente con información ampliada de este informe.
En reconocimiento del papel de las Entidades Federativas (EF) para asegurar una respuesta integral y efectiva para prevenir y erradicar la violencia de género, en el Anexo 1-B se puede consultar información sobre la legislación local, servicios de atención y apoyo y de sus programas y políticas públicas.
II.Respuestas a la lista de cuestiones previa a la presentación del informe (CEDAW/C/MEX/QPR/10)
A.Párrafo 1
México es líder regional en estadísticas y en la transversalización de la perspectiva de género e interseccional en la producción, análisis y difusión de datos, contribuyendo a las políticas públicas en materia de igualdad de género.
En abril de 2024, el Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género y el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social propusieron los Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Se cuenta con instrumentos promovidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que captan y difunden información con perspectiva de género e interseccionalidad sobre orientación sexual e identidad de género; finanzas en los hogares; uso del tiempo; inclusión financiera; violencia de género; discriminación; ingresos y gastos en hogares; cuidados; disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, entre otros (Anexo 1-C).
México cuenta con el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género liderado por INEGI y ONU Mujeres.
Cifras y estadísticas
Para el segundo trimestre de 2024, se registraron a 129.9 millones de habitantes, de los cuales el 52.3 % correspondieron a mujeres; para 2020, de las 23.2 millones de personas indígenas, 51.4 % eran mujeres; y de las 6,179,890 personas con discapacidad, 53 % eran mujeres.
En 2020, la población autoreconocida como afromexicana ascendió a 2,576,213 millones de personas, de las cuales 1,297,617 son mujeres, es decir 50.4 % del total; entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, 19 de cada 100 personas responsables de las unidades de producción agropecuaria eran mujeres.
B.Párrafo 2
Salud
Se realizaron cambios estructurales en el Sistema Nacional de Salud, para consolidar un sistema universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con enfoque en grupos en situaciones de vulnerabilidad.
Se aprobó el uso de 13 vacunas y siete medicamentos para COVID-19. De diciembre de 2020-2022, se suministraron más de 209,673,612 biológicos a 88,449,704 personas, vacunando a niñas, niños y adolescentes (NNyA), personas adultas, adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas indígenas y migrantes.
La Secretaría de Salud (SALUD) emitió la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, y el Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19.
Se implementó un sistema de vigilancia epidemiológica de COVID-19 en Unidades Médicas del Programa IMSS-Bienestar. De marzo de 2020 al julio de 2024, se confirmaron 25,302 casos en mujeres (21.4 % del total); de éstas, 1,868 pacientes fueron confirmadas durante su embarazo (7.4 %) y 141 se encontraban durante el puerperio (0.6 %).
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó en 2020 la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2.
En 2020, SALUD, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y otras organizaciones, elaboraron la Guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19.
De 2018-2023, mediante la estrategia de Acompañamiento Línea Materna, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) atendió a 64,111 mujeres y personas con capacidad de gestar.
Se clasificaron como esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva. En 2020, se publicó el Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida.
En 2021, el Consejo para la Prevención y Control del VIH/SIDA y el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA), lanzaron una estrategia nacional para garantizar el acceso universal a tratamiento antirretroviral para NNyA con VIH.
El CENSIDA y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) han implementado estrategias que incluyen la profilaxis pre y post exposición al VIH de adolescentes, con la disponibilidad de 3,313 servicios amigables en las 32 EF. Desde 2019, se cuenta con estrategias para prevenir la transmisión vertical de VIH de madre a hija/o, beneficiando a 3,758 mujeres embarazadas. Desde 2020 se han invertido $77,307,400 para apoyos económicos a mujeres cisgénero y transgénero con VIH a través del Banco del Bienestar.
Violencia de género
El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) continuó con cobertura nacional en 2,120 municipios para atender a mujeres en situación de violencia. De diciembre de 2018 a junio de 2024, se brindaron 3,028,141 servicios de orientación y atención especializada, beneficiando, orientando a 714,969 mujeres orientadas y brindando atención especializada a otras 655,723.
Trabajo
En 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP), SALUD y el Consejo de Salubridad General, emitieron acuerdos para suspender temporalmente actividades de los sectores público, social y privado para evitar riesgos de salud.
Ese año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (TRABAJO) y SALUD publicaron la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, resguardando a población en situaciones de vulnerabilidad.
En 2021 se reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incorporar la perspectiva de género en el teletrabajo, conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad.
Apoyos financieros y autonomía económica
De 2019-2022, el Programa Microcréditos para el Bienestar otorgó 1,250,671 apoyos, donde 881,958 fueron para mujeres (70.5 % del total).
En 2021, el Programa de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares o “Crédito a la palabra” otorgó un total de 18,117 créditos a mujeres. Se ampliará la información más adelante.
Educación
Por la suspensión de actividades educativas en planteles escolares, la Secretaría de Educación Pública (EDUCACIÓN) implementó la estrategia Aprende en Casa para brindar educación básica a través de televisión, internet, radio y libros de texto gratuitos, formando parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que cuenta con una plataforma digital gratuita.
Se difundieron más de 300 programas educativos en 15 lenguas indígenas, mediante 18 radiodifusoras en 15 EF, y se entregaron 300 mil paquetes escolares a diversas comunidades.
Alimentación
En 2020, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) publicó la Guía de Medidas Preventivas y Recomendaciones para la operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario ante el COVID–19, y la Guía Práctica de los Programas Alimentarios del SNDIF ante el COVID-19, para la operación de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, que contribuyó a la nutrición de niñas, niños y mujeres embarazadas o en periodos de lactancia.
En abril de 2024 se publicó la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que prioriza la perspectiva de género en la Política Nacional Alimentaria.
Justicia
El Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsó la justicia digital en el trámite de juicios, procedimientos y recursos; se transmitieron virtualmente las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y los Tribunales Colegiados de Circuito. Se mejoraron sistemas de consulta y buscadores jurídicos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 2020, aprobó lineamientos para el juicio en línea en materia electoral.
De 2019-2020, aumentaron en 5.4 % los servicios médicos, psicológicos, de procuración de justicia y periciales, y los refugios de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).
Programas sociales
Estos programas sociales funcionaron ininterrumpidamente: Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez (BBBJ); Programa Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; Programa Producción para el Bienestar (PPB); y, el Programa Sembrando Vida.
C.Párrafo 3
3 a)
Entre 2021 y 2024 se adoptaron las siguientes reformas legislativas:
a)Código Penal Federal (CPF), para añadir un capítulo sobre “Violación a la Intimidad Sexual”; se actualizaron los componentes del concepto “razones de género” y se tipificó, entre otras, la violencia familiar, los ataques con ácido y sustancias similares;
b)En junio de 2023 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) que protege diversos derechos de las mujeres, como el acceso a la justicia y establece procesos orales con perspectiva de género;
c)LFT, para sustituir el concepto de “trabajador” por el de “persona trabajadora” y se adicionó el concepto de “jefa de familia”;
d)Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), para establecer como acto de discriminación la prohibición, negación, limitación o restricción de la lactancia en espacios públicos;
e)Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de Ciencia y Tecnología para establecer lenguaje incluyente;
f)LFT y la Ley del Seguro Social (LSS), para sustituir el término “trabajadores del campo” por “personas trabajadoras del campo”;
g)Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para establecer la paridad de género como un principio que debe regir todo el quehacer público;
h)Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que establece que los CJM, proporcionarán de manera gratuita servicios de asesoría jurídica; representación legal, acceso a la justicia a través de agencias del Ministerio Público (MP) especializadas en violencia de género; y, facilitarán el acceso a la justicia las 24 horas todos los días del año. También, se realizó una reforma a esa Ley para eliminar el acoso sexual en espacios públicos; y,
i)A lo largo del Informe, se mencionan otras.
En 2024, el Senado aprobó la derogación del Artículo 158 del Código Civil Federal (CCF) que establecía que las mujeres tienen que esperar 300 días para poder contraer matrimonio después de un divorcio, a menos que dentro de este plazo tengan hijas o hijos. Esto sigue su proceso legislativo.
3 b)
CONAPRED es la institución rectora de la política antidiscriminatoria que, entre otras atribuciones, resuelve y recibe quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares, personas físicas o morales, autoridades federales en funciones y a los poderes públicos federales.
Éste es un procedimiento administrativo que puede incluir un proceso de conciliación entre las partes, pero, en caso de acreditarse un acto discriminatorio, se puede emitir una resolución con medidas administrativas y de reparación. De 2018-2023 se radicaron 981 expedientes de presuntos actos de discriminación contra mujeres; las principales causas fueron el embarazo, la discapacidad, la condición de salud y la edad.
Se encuentra en proceso legislativo la iniciativa de reforma al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) que abroga la LFPED y expide una nueva ley que introduce un modelo sancionador en la defensa del derecho a la igualdad y no discriminación, y fortalece la institucionalidad del CONAPRED.
3 c)
Uno de los objetivos del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024 es crear condiciones para avanzar en la igualdad sustantiva y la no discriminación, con perspectiva de género, interseccional y multicultural.
En 2022, INMUJERES y CONAPRED suscribieron el Convenio de colaboración para combatir violencia y discriminación basadas en estereotipos.
En 2023, se promulgó el Protocolo de Actuación de los Comités de Ética en la Atención de Denuncias y Prevención de Actos de Discriminación para fomentar una cultura de la denuncia por discriminación en el servicio público.
El Catálogo de Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional 2023-2024 de la Secretaría de la Función Pública (SFP) identifica áreas de oportunidad sobre la no discriminación en la APF.
Se cuenta con la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La reforma de Paridad en Todo de 2019 asegura que las mujeres tengan una participación y representación igualitaria en la vida política.
D.Párrafo 4
4 a)
Desde 2010 se crearon los CJM, operados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Se cuenta con 70 CJM, en 32 EF. De 2019-2023, se destinaron $399.2 millones de pesos (mdp) a los CJM del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de las 32 EF. De diciembre de 2018-junio de 2024, los CJM atendieron a 1,228,360 mujeres, quienes recibieron 3,122,000 servicios gratuitos e integrales.
Desde 2020-2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la CONAVIM impulsan la Certificación de los CJM en el Sistema de Integridad Institucional. De 2018-2023, se certificaron 37 CJM y se recertificaron 51.
El Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia define las variables, con perspectiva de género, sobre los hechos presuntamente delictivos que conocen las instituciones de procuración de justicia federal y locales.
Las instancias de procuración de justicia del fuero federal y del fuero común, cuentan con capacitaciones constantes. De 2018-2024, la SCJN institucionalizó las capacitaciones para fortalecer la función jurisdiccional en materia de género, con cursos y talleres, virtuales, presenciales y asincrónicos. De 2018-2024, las fiscalías locales capacitaron a 152,087 personas servidoras públicas. Anexo 1-D.
4 b)
En 2020, la SCJN publicó la versión actualizada del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que profundiza en el contenido, alcance y obligatoriedad de la aplicación de ese enfoque para las personas juzgadoras del país. La SCJN tiene una estrategia de reforzamiento intensivo de los protocolos, estándares y precedentes judiciales. Anexo 1-E.
En 2021, la SCJN lanzó el nuevo “Buscador Jurídico”, que presenta información actualizada y pública de las sentencias del Alto Tribunal; esta herramienta complementa la plataforma “Juris Lex” para acceder a las resoluciones de forma temática, con un apartado sobre igualdad de género.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) colabora con la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ– en el Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Federal para los Derechos Humanos (FORTAJUS-DH).
E.Párrafo 5
5 a)
Para implementar la PNIMH, el INMUJERES coordina el SNIMH, compuesto por 51 instituciones de la APF, en colaboración con el Poder Legislativo y Judicial, logrando un alto nivel de interlocución y coordinación para transversalizar la perspectiva de género.
Para 2023, el presupuesto del INMUJERES derivado del Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13), fue de $926,688,811 mdp.
El INMUJERES coordina el PROIGUALDAD, implementado por 49 entidades de la APF, tres órganos autónomos y los tres Poderes de la Unión. Se basa en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y fue resultado de 32 foros nacionales que consultaron a más de 4,000 mujeres.
Las Unidades de Igualdad de Género, o áreas homólogas en la APF, promueven la transversalidad de la perspectiva de género y contribuyen al PNIMH y al PROIGUALDAD. Éstas incrementaron en un 259.2 % (en 2018 existían 76 y en 2024, 201). Se cuenta con una Guía práctica para la creación y/o fortalecimiento de las Unidades de Género.
El INMUJERES ha desarrollado programas de cobertura nacional, modelos de atención y leyes modelo en diversas materias, para la armonización legal y la homologación de la atención con perspectiva de género en las EF. Destacan el Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) y el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM).
El PROABIM contribuye a la ejecución de proyectos que benefician a mujeres en las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) mediante la entrega de subsidios y asesorías. De 2019-2023, se beneficiaron 2,123 proyectos y se transfirieron $1,706 mdp.
El FOBAM fortalece el cumplimiento de la PNIMH en las IMEF y genera acciones para prevenir el embarazo adolescente y estrategias de construcción de paz. De 2019-2024, benefició 189 proyectos en las 32 EF, con $536 mdp.
La Estrategia para el fortalecimiento de Sistemas Estatales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres promueve la consolidación de los programas y planes estatales de igualdad.
En agosto de 2024, se anunció que el INMUJERES se elevará a Secretaría de Estado próximamente.
5 b)
Anexo 13
El Anexo 13 etiqueta recurso público para promover la igualdad de género en diversas instituciones nacionales. De 2018-2024 aumentó un 36.7 %. El INMUJERES y la SHCP dan seguimiento a los programas presupuestarios que integran el Anexo.
Se cuenta con lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales y la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que todos los presupuestos deben transversalizar la perspectiva de género.
5 c)
A través de los recursos del PROABIM y FOBAM se ha avanzado en la territorialización de las políticas de igualdad de género, beneficiando a mujeres indígenas y afromexicanas.
5 d)
El INMUJERES cuenta con dos órganos auxiliares representativos de la sociedad civil: el Consejo Consultivo —órgano asesor de mujeres de diferentes sectores de la sociedad— y el Consejo Social —órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las acciones que emprende el INMUJERES—.
La SRE establece acciones para vincular a las OSC con la política exterior mexicana. En 2018, promulgó el Acuerdo por el que se reforman los Lineamientos para la participación de las OSC en temas de política exterior.
Las OSC han participado, entre otras, en las delegaciones de México ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Población y Desarrollo y otros procesos como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, relacionados con la Convención CEDAW.
En 2021, se incluyó a las OSC en la organización del Foro Generación Igualdad en México y en Francia, a propósito de los 25 años de la Declaración y la PAB.
Se han realizado procesos de consulta entre OSC sobre el seguimiento a obligaciones y compromisos internacionales de México y la agenda multilateral para entablar diálogos en la materia.
En mayo de 2024, se realizó un Foro con OSC, que respondió al compromiso de incluirles en el proceso participativo de la elaboración de este Informe y el de PAB (Anexo 1-F). Además, en junio de 2024, se realizó un Foro con OSC previo a la Tercera Conferencia Ministerial de Políticas Exteriores Feministas (Anexo 1-G).
F.Párrafo 6
Poder Ejecutivo
Desde 2020, se publicaron 2,819 concursos para mujeres en la APF, principalmente en puestos directivos. Así, 2,648 mujeres se incorporaron a la APF y ocuparon puestos de mando, pasando del 28 % en 2019, a 43 % en enero de 2023.
En 2021 y 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió convocatorias del Servicio Profesional de Carrera exclusivamente para mujeres a fin de impulsar la paridad y garantizar la igualdad de oportunidades. De 2020 a 2023, 31 convocatorias se han dirigido a mujeres.
Desde 2020, México cuenta con una Política Exterior Feminista (PEF). En mayo de 2024, la SRE publicó el Diagnóstico sobre acciones afirmativas para lograr la paridad de género en el ingreso y ascenso en el Servicio Exterior Mexicano (SEM). Así, en el concurso de ascenso de 2024, se estableció y se implementó por primera vez la acción afirmativa de otorgar un porcentaje mayor de plazas para mujeres (equivalente al 60 % por rango).
G.Párrafo 7
7 a)
De 2018-2024, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas produjo y difundió 195 programas de la serie “De la mano construimos caminos” sobre los derechos de las mujeres, erradicación de la violencia y otros; ello a cargo de la Red de Mujeres Indígenas (Red Mira).
De 2019-2023, el INMUJERES promovió la campaña Con Igualdad #AsíSí sobre cuidados, igualdad laboral y toma de decisiones e impulsó las campañas “Seamos distintos” para promover masculinidades positivas.
En 2020, CONAPRED realizó campañas de difusión para visibilizar prácticas discriminatorias a grupos en situación de vulnerabilidad y en 2021 publicó el libro La pandemia deja huella: hombres en sana convivencia, cuidar hace la diferencia.
7 b)
CONAPRED cuenta con la publicación Comunicación sin Xenofobia. Recomendaciones para medios y redes sociales e implementa el Proyecto Comunicación sin discriminación, para evitar contenidos estereotipantes y discriminatorios en la información y la comunicación pública.
En 2023, como presidencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, México promovió la Declaración Regional sobre la Erradicación de los Estereotipos de Género en los Espacios Públicos que se Traducen en Violencia simbólica y Violencia Política por Motivos de Género.
Medios de comunicación y procesos electorales
El Instituto Nacional Electoral (INE) implementa una estrategia de comunicación con lenguaje incluyente y otorga a las mujeres el 50 % del financiamiento público en radio y televisión.
En 2018, se reformó la LGCS para utilizar lenguaje incluyente en campañas de comunicación. En 2022, se reformó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para eliminar estereotipos sexistas y discriminatorios en la comunicación social de la APF y en medios masivos de comunicación.
De 2018-2024, el TEPJF ha emitido criterios relevantes para salvaguardar el derecho a la participación política de las mujeres en México. Recientemente determinó la cancelación del registro de un candidato por ser deudor alimentario moroso; también, en 2021, el TEPJF dictó una primera sentencia que declaró la anulación de la elección en el municipio de Iliatenco, Guerrero por violencia política de género.
Desde 2021, se cuenta con el Proyecto de Promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas en radios comunitarias, indígenas e indigenistas en México.
En agosto de 2023, el INE aprobó los Lineamientos Generales para noticiarios, respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y las candidaturas independientes del proceso electoral federal 2023-2024, que contempla, entre otros, perspectivas de género y diversidad.
Violencia digital
En junio de 2021 se reformó el CPF y la LGAMVLV para tipificar y sancionar la violencia digital y mediática y la violación a la intimidad sexual; 29 EF han incorporado sanciones a dichos delitos en sus códigos penales.
En 2023, el CPF se reformó para sancionar a personas servidoras públicas que filtren imágenes o videos de víctimas de violencia —Ley Ingrid—.
En septiembre de 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor publicó el Código de Ética para la Prevención de la Violencia Digital contra las Mujeres.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuenta con Unidades de Policía Cibernética y el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos. De enero 2022-junio 2024, se registraron 142,720 incidentes cibernéticos en materia de violencia de género en las 32 EF. La Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de las 32 EF dan seguimiento a estos delitos.
A través del Centro Federal Pericial Forense, la FGR incorpora nuevas tecnologías para investigar delitos tecnológicos.
Asimismo, la SSPC promueve el Operativo Salvación, para investigar el delito de violación contra la intimidad sexual, la pornografía infantil y el monitoreo de la red pública de internet; y la Ciberguía 3.0, para facilitar la comprensión de temas de ciberseguridad, con perspectiva de género.
H.Párrafo 8
8 a) y b)
En 2020, SALUD publicó el Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTTTIQ+. Sobre recién nacidas/os y NNyA, el protocolo señala que: —bajo la responsabilidad de madres, padres y/o tutores— las decisiones sobre cambios irreversibles en el cuerpo, incluyendo intervenciones quirúrgicas y hormonales, sean aplazadas hasta tener mayor conciencia y edad; la familia tenga información clara sobre la atención; no deben utilizarse procedimientos quirúrgicos cuando la vida esté en riesgo o funcionalidad de las personas; y, evitar las vaginoplastias en niñas hasta la adolescencia.
En 2020, CONAPRED publicó la “Encuesta Intersex” que documenta prácticas discriminatorias y de violencias en contra de las personas intersexuales. En 2021, el INEGI identificó, en la “Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género”, que en México viven cerca de 1.5 millones de personas intersex, es decir, una de cada 67 personas en el país.
CONAPRED desarrolló en colaboración con la organización Brújula Intersex, la “Guía de Acción Pública para la Atención de Intersexualidad”.
Se cuenta con las Unidades de Salud que atienden con Mecanismos Incluyentes para garantizar atención médica a grupos en situación de vulnerabilidad. Para junio del 2024, se contaban con 175 unidades a nivel nacional.
I.Párrafo 9
9 a)
Se han desplegado acciones para identificar y atender los feminicidios y las muertes violentas, con la participación de los tres órdenes y niveles de gobierno, con acciones de acceso y procuración y justicia y a la prevención y atención de los feminicidios, con un enfoque particular en las causas estructurales de la violencia. Se destacan: los CJM, las Unidades Locales de Atención y las Unidades de Análisis de Contexto o la inversión de la SSPC con el fondo FASP.
La Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas para prevenir y atender la violencia feminicida trabaja en 15 municipios prioritarios que concentran el 42.1 % de la incidencia delictiva feminicida. De 2023-2024, se implementaron 253 acciones coordinadas con 24 dependencias de la APF y de 206 gobiernos locales, y se han atendido un total de 1,159,495 personas.
En 2020, se creó el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes, coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con acciones de coordinación a nivel federal y estatal.
En 2022, se instaló la Comisión Especial que sigue los casos de feminicidios de niñas y adolescentes en el Senado.
En diciembre de 2022, se creó la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, encabezada por la SSPC, con dependencias responsables de la seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno y que colabora para judicializar casos de feminicidio y delitos de género, particularmente, con fiscalías del Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Desde 2022-30 de junio de 2024, se lograron 1,437 detenciones: 332 en flagrancia y 1,105 órdenes de aprehensión (667 por homicidio, 310 por delitos de género y 128 por feminicidio).
Se han invertido más de $5,597 mdp para promover y consolidar los servicios de atención especializada a mujeres en situación de violencia.
Mediante el PAIMEF, se ha fortalecido la atención a 200,201 mujeres en 2022 y en 2023 se registraron 240,024 servicios en IMEF. En 2022, se otorgaron $288,988,386 mdp a los IMEF y en 2024 fue de $334,014,744 mdp; es decir, un incremento del 86.51 %.
El recurso transferido en 2022 y 2023 a los programas anuales para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en el Estado de México fue de $15,538,886.81 mdp; en Tamaulipas de $17,549,298.84 mdp; en Jalisco por $16,081,108.01 mdp y en Guerrero de $21,958,850.84 mdp.
En 2023, la SCJN implementó Jornadas de Escucha en el país, con familiares, OSC, representantes de la Defensoría Pública y personas defensoras de víctimas de feminicidio y desaparición. Se desarrolló el Programa de Justicia Penal y Género y la instalación de un Grupo de trabajo permanente sobre prueba y género.
La coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar acciones de prevención, atención y sanción de la violencia de género, permitió disminuir en 36.7 % el número de víctimas de feminicidio de diciembre de 2018- julio de 2024. En el Estado de México (EdoMex), el feminicidio se redujo en un 24.6 %. Las fiscalías locales de 16 EF, incluyendo EdoMex, Tamaulipas y Jalisco, cuentan con áreas, agencias o fiscalías especializadas en feminicidio.
Con el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI) se brindan recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA), para una vida libre de violencia y salud sexual y reproductiva y servicios con pertinencia cultural en lenguas indígenas y atención psicológica, médica y jurídica. Para 2024, existen 35 Casas ubicadas en 17 EF, en beneficio de 16 pueblos: Tsotsil, Zoque, Tseltal, Ralámuli, Mazahua, Tlapaneco, Nahua, Wixárika, P’urhepecha, Otomía, Mixe, Huave, Totonaco, Mixteco, Maya y Afromexicano.
Además de los PAIMEF, se cuenta con los siguientes instrumentos y mecanismos para prevenir la violencia de género: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024; Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en contra de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes (2021); Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias Contra las Mujeres (2021); Modelo para la Atención y Protección Integral de Mujeres que Viven Violencia (2021); Protocolo Nacional de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (2021); Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia (2021); Lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte público (2022); Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio (2022); y Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024.
De 2019-2023 se invirtieron más de 2,525 mdp al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, atendiendo a más de 17,00 mujeres. En 2018, había 42 refugios y 30 centros de atención externa; actualmente, hay 72 refugios a nivel nacional y 39 centros.
En julio de 2023, la CONAVIM formalizó el Sistema Nacional de Servicios de Atención para las Mujeres en situación de Violencia. Para julio 2024, había 428 unidades locales de atención del PAIMEF, 70 CJM y 75 refugios especializados con 41 Centros de Atención Externa, distribuidos en 32 EF, atendiendo a 1,195 mujeres por día.
Se ha avanzado en la medición del delito a partir de la incidencia delictiva, identificada por el SESNSP, construyendo estrategias focalizadas y territorializadas.
Ámbito legislativo
La reforma de 2022 a la LGAMVLV estableció a la CONAVIM como ente rector en la materia; fortaleció al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM); e impulsó la adecuada coordinación entre las órdenes de gobierno en el tema. La Ley también se reformó ese año para considerar como violencia física, los ataques con ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
El reciente CNPCF mandata que en los casos que se involucren derechos de NNyA y mujeres, la autoridad jurisdiccional en las EF debe actuar considerando el interés superior de la niñez y con perspectiva de género.
En 2023, se modificó el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que señala que la policía investigará delitos con perspectiva de género. Se expidió también la Ley de la FGR que establece que las personas servidoras públicas realizarán sus funciones con perspectiva de género y derechos humanos.
9 b)
Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA)
La reestructuración de la FEVIMTRA, a partir de la ampliación de sus facultades en 2023, fortaleció la especialización y actuación de las personas servidoras públicas que investigan delitos sobre violencia de género.
La Fiscalía General de la República (FGR) dispone del “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio” y del “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la violencia sexual”, ambos en proceso de actualización. Sobre el delito de feminicidio, el primero prevé que, en casos de muertes violentas de mujeres, la investigación debe analizar el lugar de los hechos, el entorno social y el contexto cultural.
Actuación de cuerpos policiales
Se cuenta con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio; el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género Contra las Mujeres en el Ámbito Familiar (2020); el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (2021); el Modelo Integral para la Sanción de las Violencias contra las Mujeres (2022), el Modelo Integral para la Sanción de las Violencias contra las Mujeres (2022) y el Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio (2023).
En 2022 se reformó la LGAMVLV estableciendo que la SSPC debe capacitar a los cuerpos policiales para atender los casos de violencia de género, con perspectivas de género, derechos humanos e interculturalidad. En 2023, se reformó el CNPP para transversalizar la perspectiva de género en la actuación de policías, agentes del MP y personas juzgadoras en delitos por razones de género y la obligación de aplicar los protocolos en la materia.
Criterios de la SCJN
En 2018, la SCJN determinó que las órdenes de protección en casos de violencia de género son mecanismos para prevenir el abuso físico o emocional en contra de las mujeres. Además, desde 2019, la SCJN ha reforzado sus criterios sobre investigación y enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres.
9 c)
En 2020, la SCJN determinó que el Procedimiento Abreviado implica una reparación integral del daño a la víctima, evitando una revictimización que podría darse en un juicio oral.
En 2021, la SCJN estableció que el artículo 204 del CNPP brinda certeza a la víctima de oponerse a la apertura del Procedimiento Abreviado o al monto señalado por el MP para reparar el daño, en el momento procesal oportuno.
El personal de la FEVIMTRA utiliza este procedimiento para evitar la revictimización porque disminuye los costos emocionales y de tiempo en el proceso penal.
Reparación a víctimas
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brinda asesoría jurídica a nivel federal con perspectiva de género a mujeres víctimas. A través de la representación legal, la CEAV ofrece datos de pruebas especializadas para obtener sentencias condenatorias con reparación del daño (Anexo 1-H).
La CEAV ha impulsado la creación de 31 Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, y ha gestionado el acceso a recursos federales del FASP a fin de contratar personal especializado en asesoría jurídica para representación legal a las mujeres víctimas de violencia.
Se cuenta con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, administrado por la CONAVIM. Contiene información proporcionada por el SNPASEVM y las instituciones de gobierno de las EF sobre las violencias de género.
9 d)
Las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) articulan acciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno frente a la violencia feminicida y el agravio comparado.
La LGAMVLV describe los ámbitos y tipos de violencia, incluyendo la violencia feminicida, y establece el mecanismo de AVGM para enfrentar los feminicidios. En 2022, se reformó la ley para hacer las AVGM prontas y expeditas.
Derivado de las reformas y adiciones a la LGAMVLV, se han fortalecido las AVGM robusteciendo los mecanismos de coordinación gubernamental e incorporando a sociedad civil y expertas en grupos interinstitucionales y multidisciplinarios.
De 2015-2024 se han declarado 25 AVGM en 22 EF. El mecanismo ha fortalecido la política pública contra las violencias a nivel estatal y municipal y ha abonado a la disminución del delito de feminicidio. El presupuesto aprobado para subsidios de la AVGM ascendió a un total de $436,574,00,757 de 2021-2024. Esto permitió la creación y/o fortalecimiento a las Unidades Especializadas de Primera Intervención para la Atención de Violencia de Género.
9 e)
Actualmente, las 32 EF tipificaron el feminicidio en sus códigos penales como un delito.
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité, el INMUJERES y CONAVIM publicaron, en 2023, el Modelo de tipo penal de feminicidio, presentado en el SNPASEVM, donde se insta a las EF a promover la revisión y análisis de sus tipos penales de feminicidio para su homologación y armonización nacional. Actualmente, el tipo penal federal y los de 24 EF han sido reformados conforme al modelo total o parcialmente.
De 2021-2023 se reformó el CNPP estableciendo la procedencia de la prisión preventiva oficiosa para los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, entre otros; y, el CPF, el CNPP, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas y la LGAMVLV a fin de establecer agravantes para sancionar el delito de feminicidio, la homologación de la reparación integral del daño, la asesoría para las víctimas y la pérdida de derechos como los de patria potestad del responsable del delito.
9 f)
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desarrolla estrategias integrales para la localización de personas desaparecidas, brindando apoyo a sus familias y contribuyendo a la investigación. La CNB cuenta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, procesado y verificado en coordinación con las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) y las fiscalías locales.
En mayo de 2023, se adoptó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, con el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y fomentando la colaboración interinstitucional. Hasta marzo de 2024, la SEGOB informó que se han encontrado 20,193 indicios de personas desaparecidas como resultado de la Estrategia.
Gracias al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB) y su enfoque diferenciado, todas las autoridades, de manera coordinada, buscan personas desaparecidas y reforzando la diligencia en casos de violencia de género, especialmente en desapariciones de mujeres, niñas, y personas de la diversidad sexual. Anexo 1-I.
De 2022-2023, la CNB generó espacios de capacitación sobre el Protocolo Alba y Protocolo Amber, PHB y Protocolo Adicional para la Búsqueda de NNyA (PABNNA), Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y normas internacionales sobre búsqueda para contribuir al conocimiento, la sensibilización y la aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en los procesos de búsqueda.
En 2022 se capacitaron 1249 personas; en 2023, se capacitó a 3,107; y, en 2024, a la fecha, se ha capacitado a 2,417 personas.
En 2024, de las 2988 alertas de Protocolos Alba emitidas en 18 fiscalías locales, 1910 mujeres fueron localizadas.
En abril de 2023, se reformó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (LGPSEDMTP), que establece la obligación de que, cuando se reporte la desaparición, sustracción o ausencia de una mujer, sin dilación alguna, se deberá emitir la Alerta Amber.
En 2023, el Senado avaló una reforma para que los concesionarios de telecomunicaciones cooperen con autoridades federales y estatales para la activación de la Alerta AMBER y dar difusión a la información correspondiente en tiempo real. Esto sigue su curso legislativo.
En 2024, se activaron 871 Alertas Amber emitidas sobre niñas y adolescentes desaparecidas activadas en 20 fiscalías locales.
9 g)
El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024 contribuye a combatir la discriminación por la orientación sexual, identidad, expresión de género y las características sexuales.
La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del INEGI contribuye a diseñar políticas públicas en favor de este grupo poblacional. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 actualizan la información sobre las expresiones y prácticas discriminatorias contra la comunidad de la diversidad sexual.
En 2022, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de disposiciones legislativas que excluían, de manera injustificada, a personas menores de 18 años del procedimiento para la adecuación del acta de nacimiento con motivo de su identidad de género autopercibida.
En 2023, con la publicación del Estatuto Orgánico de la FGR, las facultades de la FEVIMTRA se ampliaron y ahora se cuenta con una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos cometidos contra NNyA y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
En 2023, la SRE expidió los primeros pasaportes mexicanos para personas no binarias.
SALUD cuenta con el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual.
En 2024, entraron en vigor las reformas a la Ley General de Salud (LGS) y el CPF para prohibir las terapias de conversión, también denominadas “esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género”.
9 h)
Los trabajos de seguimiento a esta recomendación han sido coordinados por la SEGOB, CONAVIM y por la Comisión CEDAW. Desde julio de 2021, se instalaron mesas de trabajo para su seguimiento, donde se restableció la comunicación con familiares de la víctima y su representación legal.
En 2022, se publicó el Dictamen del CEDAW sobre este caso en el Diario Oficial de la Federación, y el Gobierno del estado de Veracruz lo publicó en su Gaceta Oficial.
Ese año, la SEGOB realizó el pago por concepto de atención psicológica y por la indemnización correspondiente al daño material e inmaterial por los hechos.
En mayo de 2024, el Estado mexicano realizó el acto de disculpa pública a familiares de Pilar Argüello Trujillo, construido de manera conjunta con ellas y ellos, y reconoció su responsabilidad internacional por la violación a los derechos de protección a la vida, integridad personal, libertad, dignidad, igualdad y protección judicial. Se contó con la presencia de representantes de SEGOB, SRE, CEAV, CNB, CONAVIM, del Gobierno de Veracruz, la Fiscalía de la EF y el Tribunal de Justicia local. Se elaboró un mural de Pilar Argüello Trujillo en el Instituto de las Mujeres Coscomatepecanas, como medida de satisfacción.
En 2024, CONAVIM elaboró un video sobre el caso de Pilar Argüello, referente a la disculpa pública del Estado por omisiones en el caso, con base en la recomendación del Comité CEDAW.
Actualmente, se cuenta con un avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos y las autoridades involucradas se coordinan para garantizar el cumplimiento pleno de esta medida de satisfacción en beneficio de las personas familiares de Pilar Argüello Trujillo.
J.Párrafo 10
10 a)
Con acciones coordinadas por la SSPC, se promueve la prevención y la atención integral de las violencias, mediante la transformación de los entornos y la construcción de paz en colonias, barrios y comunidades de todo el país. Se cuenta con una agenda estratégica con perspectiva de género con participación de los tres órdenes de gobierno.
La SSPC cuenta con un Gabinete de Género para coordinar a sus Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados y promover acciones en materia de igualdad sustantiva de género que garanticen la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En el marco de la ENSP, las Mesas de Paz atienden los orígenes de la violencia y fomentan una vida libre de violencia para mujeres en los tres niveles de gobierno; se cuenta con 32 coordinaciones estatales y 266 coordinaciones regionales.
10 b)
Se han presentado dos informes de cumplimiento del PNA 1325 que destacan el impulso de la SEDENA y SEMAR a la participación sustantiva de 48 mujeres de un total de 180 personas en cuatro Operaciones de Paz de la ONU; la elaboración de guías municipales por la SSPC; los avances de las Redes Mujeres Constructoras de Paz (Redes MUCPAZ); y, la creación de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras por la SRE e INMUJERES. Anexos 1-D y 1-J.
10 c)
La SEDENA ha fortalecido acciones para el ingreso, permanencia y ascenso de las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En 2019, ingresaron las primeras mujeres a la Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea para realizar su formación como Sargentas Segundas Especialistas.
En 2020, las mujeres ingresaron por primera vez a la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, dependiente del Colegio del Aire, para realizar el curso de formación de Oficiales Especialistas en Mantenimiento de Aviación, Electrónica de Aviación, Abastecimiento de Material Aéreo y Armamento Aéreo y egresar como Licenciadas en Aeronáutica Militar.
En 2021, las mujeres tomaron los Cursos de Formación de Oficiales de las Armas de Infantería, Caballería y Arma Blindada en el Heroico Colegio Militar. En 2024, se inició el reclutamiento de mujeres para ingresar como Soldadas a las Unidades de las Armas de Infantería, Caballería y Arma Blindada.
Las mujeres militares pueden ostentar la jerarquía de Cabo hasta General de División en las diversas Armas y Servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos pueden realizar estudios según sus preferencias, intereses y aspiraciones, lo que les permite ocupar las diferentes jerarquías, cargos y puestos dentro de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire.
En 2021, a través de la SRE, SEDENA, SEMAR, SSPC y el INMUJERES, México fue beneficiado por el “Fondo de la Iniciativa Elsie para la Participación de las Mujeres en las Operaciones de Paz” (Iniciativa Elsie) de ONU Mujeres, para evaluar las barreras que enfrentan las mujeres mexicanas para ingresar a las fuerzas armadas y para participar en las Operaciones de Paz de Naciones Unidas (OMP).
El proyecto fue ejecutado durante 2021-2022, adoptando la Metodología de Medición de Oportunidades para Mujeres en OMP. En 2023 se publicaron tres documentos de evaluación de barreras para SEDENA, SEMAR y SSPC.
10 d)
La Estrategia de Redes MUCPAZ se implementa desde 2020 por el SESNSP y el INMUJERES (Anexo 1-J).
Las Redes MUCPAZ son grupos de trabajo, coordinación y participación ciudadana, donde las mujeres a nivel local y territorial articulan acciones para la reconstrucción del tejido social y la prevención de la violencia de género, con la participación de institutos de las mujeres y secretarías de seguridad locales. Se ha promovido la participación de las mujeres en procesos de construcción de paz y resolución de conflictos; mejorado la capacidad de interlocución con autoridades; recuperado espacios públicos; y, fortalecido protocolos de atención de la violencia.
De 2022-2024 se han destinado 60.8 mdp para la implementación de redes MUCPAZ y se han creado, hoy en día, 1,602 Redes MUCPAZ en 32 EF con la participación de más de 29,930 mujeres, de las cuales se han fortalecido 1,088 redes donde participan 21,868 mujeres. Desde 2022 se han otorgado recursos del FOBAM del INMUJERES. De 2019 a 2024, el FOBAM ha beneficiado 189 proyectos en las 32 EF, para los que se entregaron $536.9 mdp.
La SSPC, en colaboración con autoridades locales y la comunidad, implementa acciones para crear espacios seguros, incluyentes y transitables. De 2022- 2024, se desarrollaron acciones comunitarias para prevenir violencias y fortalecer liderazgos.
La SSPC implementa la estrategia Embajadas Comunitarias de Paz, que permiten intervenir de manera focalizada para construir una cultura de paz y fomentar la cohesión social de las comunidades, mediante la apropiación de espacios públicos.
México funge como facilitador y garante en la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional donde se designó a una mujer, integrante del SEM, como garante alterna del proceso.
K.Párrafo 11
11 a)
En 2018, se encontraban incorporadas 798 personas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección). Desde 2018-agosto de 2024 se incorporaron 1,538 personas más, es decir, un incremento de atención de 193 %.
Para junio de 2024, se encontraban incorporadas un total de 2,336 personas beneficiarias en el Mecanismo, de las cuales 179 son mujeres periodistas, 715 mujeres defensoras de derechos humanos y 246 mujeres familiares de las personas beneficiarias.
El Mecanismo de Protección realiza estudios de evaluación de riesgo integral con perspectiva de género y enfoque diferencial. Así, se han implementado medidas eficaces que previenen agresiones a mujeres.
En 2024, la CONAVIM brindó asesoría técnica para integrar la perspectiva de género al cuestionario dirigido a autoridades que conforman el Grupo Interdisciplinario para los Estudios de Evaluación de Riesgo Independiente del Mecanismo de Protección.
11 b)
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la FGR, investiga y persigue delitos que limitan, afectan o menoscaban la libertad de expresión de las personas periodistas. Tiene comunicación constante con el Mecanismo de Protección. Desde 2020, colabora con la Unidad Especial de Género y Violencia contra las Mujeres de la FGR. De 2018-2024 se iniciaron 138 expedientes por delitos cometidos contra mujeres periodistas.
De 2018-julio de 2024, la CEAV brindó 3141 servicios de atención a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
Se cuenta con el Protocolo Homologado de investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, con enfoque de género.
L.Párrafo 12
12 a)
El Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2022-2024 dirige la política nacional en la materia con perspectiva interseccional.
Actualmente, 32 EF cuentan con una ley especial en la materia o se remiten a la LGPSEDMTP, 14 EF cuentan con reglamento de ley y 31 EF cuentan con Fiscalía o Unidad especializada.
El Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas registra las acciones realizadas a nivel federal, estatal y municipal sobre prevención, protección y persecución este delito.
En 2022, se creó la Mesa de Judicialización de Atención Integral de la Trata de Personas, coordinada por la SSPC, para intercambiar información e inteligencia a nivel nacional e internacional.
La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Comisión Intersecretarial), coordinada por la SEGOB, está integrada por 13 instituciones multiactor y promueve la aplicación del marco normativo en la materia. En 2021, publicó la Guía simplificada para la atención a víctimas de trata de personas.
En 2023, la Comisión Intersecretarial y la CEAV implementaron la Estrategia Nacional para la Identificación y Denuncia de casos de trata en el sector hotelero con líneas de capacitación, sensibilización y promoción de la denuncia.
Investigación en materia de trata de personas
La FEVIMTRA cuenta con una Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos en materia de Trata de Personas que cumple con las obligaciones y facultades previstas en la LGPSEDMTP.
12 b)
En noviembre de 2023, se publicó el Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan asistencia a personas víctimas de trata de la Comisión Intersecretarial, desarrollado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.
Estos refugios y albergues son una medida de protección para mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de delitos en materia de trata de personas y violencia de género. La FEVIMTRA cuenta con el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia de Género Extrema y Trata de Personas. De enero de 2018-agosto de 2024, se atendieron a 248 mujeres, de las cuales 88 fueron extranjeras.
FEVIMTRA proporciona servicios de atención psicológica, asistencia legal, de acompañamiento y seguimiento a las usuarias.
Los PAIMEF también cuentan con profesionistas especializadas para identificar y canalizar casos de mujeres posibles víctimas de trata.
Personas migrantes y extranjeras víctimas de trata
En el marco del Plan Estratégico 2019-2024 del Instituto Nacional de Migración (INAMI), se colaboró con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) mediante acciones operativas de inteligencia, e intercambio de información contra la trata de personas migrantes.
Durante 2022 la SSPC llevó a cabo los Operativos Itzel III y Turquesa IV, donde se rescataron a 4,549 personas; en 2023, los Operativos Itzel IV y Turquesa V, con 1,985 personas extranjeras localizadas.
La Guardia Nacional implementa capacitaciones sobre el Protocolo de Actuación para Detección, Identificación, Atención y Protección de NNyA No Acompañados, Víctimas o Posibles Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas en Aeropuertos para su personal.
Mujeres indígenas y trata
De 2018-2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con apoyo del INPI colaboraron con las CAMIA de Baja California, Puebla y Veracruz para implementar el “Proyecto para detección y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas” y dotar de herramientas sobre el tema de trata; 147 actores locales y personas servidoras públicas de las comunidades y 179 personas fueron profesionalizadas. Se realiza una segunda fase de 2023-2026 con el proyecto “Agentes de Cambio” en Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Ciudad de México (CDMX). De 2023-2024, se aplicó el Instrumento de Recolección de Información de las CAMIAS, que analiza factores económicos y sociales en poblaciones objetivo y procesos de atención y canalización de casos de violencia y trata de personas.
12 c)
En junio de 2021, se suscribió un Convenio de Colaboración entre la SRE, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), que posibilitó la impartición de un Diplomado sobre Prevención, Persecución, Protección y Reintegración en materia de Trata de Personas.
En junio de 2022, la Comisión Intersecretarial participó en la 12va sesión del Grupo sobre de Trata de Personas de la Conferencia de las Partes donde se abordó el principio de la no penalización sobre las víctimas de la trata. En junio de 2023, México albergó la II Reunión Regional Plenaria de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de Centroamérica, Belice, México y República Dominicana (CORETT), con la Organización Internacional para las Migraciones, la UNODC y sociedad civil. En septiembre de 2023, la Comisión Intersecretarial participó en la III CORETT, en Panamá para crear estrategias regionales.
En octubre de 2023, se celebró en México la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo Trilateral —Estados Unidos (EE. UU.), México y Canadá— sobre Trata de Personas, donde se reconocieron los esfuerzos para abordar y enfrentar el delito. En el marco del Grupo de Trabajo Trilateral sobre Violencia contra Mujeres y Niñas Indígenas, se ha abordado el tema de trata desde la perspectiva de género e interseccionalidad.
En noviembre de 2023, se llevó a cabo el VIII Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, con la colaboración y asistencia de UNODC e INTERPOL a través del Proyecto Turquesa, implementado por la SSPC.
En febrero de 2024, México participó en la 7ª Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, en la sede de la Organización de los Estados Americanos en EE. UU. Se adoptaron las Recomendaciones de la Séptima Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas sobre las Prioridades para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y Brindar Asistencia y Protección a las Víctimas.
12 d)
El INMUJERES publicó en 2022 un Pronunciamiento en el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales y realizó el Encuentro Nacional entre Mujeres Trabajadoras Sexuales para avanzar hacia una agenda de incidencia en política pública.
En marzo de 2023 se instaló el Grupo Promotor de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, integrado por OSC e instituciones federales. También, se aprobó la creación de mesas de trabajo tituladas “Sesiones Temáticas” sobre normatividad y no criminalización, derecho a la salud, derechos económicos, derecho a una vida libre de violencia y participación social y política de las trabajadoras sexuales.
M.Párrafo 13
13 a)
La Reforma “Paridad en Todo” de 2019 elevó a rango constitucional la obligatoriedad del principio de paridad en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en los órdenes federal, estatal y municipal; en organismos autónomos; y en ayuntamientos, incluidos los de población indígena.
El PROIGUALDAD tiene como uno de sus objetivos prioritarios la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado.
En 2020, el TEPJF ordenó al INE emitir lineamientos para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales 2020-2021 y en la integración de órganos legislativos.
En 2019, 2022 y 2023 se realizaron reformas en los órdenes estatal, municipal y comunitario, la LFPED, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Agraria y Ley Federal del Trabajo en materia sindical. En 2024, se reformó la Constitución para que las elecciones populares de magistraturas, juzgadoras y la integración de los órganos judiciales se realice de manera paritaria.
Se cuenta con la Guía práctica para la implementación del principio de paridad en las instituciones de la APF.
En abril de 2024,el TEPJF creó la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género y Paridad de Género.
El INE cuenta con un Programa Piloto de Servicios Psicológicos y Acompañamiento Jurídico de las Mujeres en Situación de Violencia Política en Razón de Género, y cuenta con criterios derivados de la reforma “3 de 3” y el procedimiento titulado “8 de 8 contra la violencia”.
Se cuenta con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, integrado por el INMUJERES, el INE, el Tribunal Electoral del PJF y 32 observatorios locales. El Observatorio implementó, en 2022, el Índice de Paridad Política en el Ámbito Local, y su herramienta metodológica Hacia la Consolidación de la Paridad Política, que analizó la correcta aplicación del principio de paridad en todas las EF.
Actualmente, nueve mujeres están en cargos públicos de alta relevancia, ocho son secretarias de Estado, una está al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, una al frente de la SCJN y se cuenta con nueve gobernadoras activas y cuatro electas de las 32 EF.
El 2 de junio de 2024, se eligieron a 13 gobernadoras y, por primera vez en la historia de México, se eligió a la primera mujer presidenta.
Participación en el ámbito público y judicial
Se han emitido convocatorias exclusivas para mujeres para su participación política ya mencionadas y para ocupar espacios de carrera judicial, así como de toma de decisión para la integración de órganos administrativos y jurisdiccionales en la materia electoral. A julio de 2024, se cuenta con 211 magistradas de circuito (22 %) y 289 juezas de distrito (38 %), dando un total de 500 mujeres juzgadoras.
13 b)
En 2020, entró en vigor la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y en 2023, se aprobó la reforma constitucional “8 de 8” que establece que no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público quien cuente con una sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de género o ser deudora alimentaria.
Desde 2020, el INE emitió criterios para la paridad de género de las candidaturas en gubernaturas; también emite acciones afirmativas, con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad, para garantizar que los partidos políticos incluyan a mujeres indígenas y afromexicanas en el registro de candidaturas a diputaciones federales. Para el proceso electoral 2020-2021, se eligieron a 22 mujeres indígenas y 4 mujeres afromexicanas.
El INE vigila que todas las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género con enfoque interseccional e intercultural, y cuenta con los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género (2020).
Desde el proceso electoral 2020-2021, se cuenta con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, para inhibir las conductas de violencia política y facilitar el intercambio de información entre instituciones y con la ciudadanía. Para agosto de 2024, había un total de 445 registros y 393 personas sancionadas, de las cuales 78 son mujeres y 315 son hombres.
Los partidos políticos están obligados a destinar, como mínimo, el 3 % del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
En 2021, el Senado publicó la Guía práctica para saber qué es, qué hacer y a dónde acudir en casos de Violencia Política contra las mujeres en razón de género.
13 c)
En abril de 2020, se publicó la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que definió esta violencia, establece las sanciones a estas conductas y mandata al INE vigilar su cumplimiento.
N.Párrafo 14
14 a)
A través del Registro Nacional de Población se han llevado a cabo acciones para la inscripción universal de los nacimientos, y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) realiza la Conciliación demográfica de México 1950-2019 y las Proyecciones de la Población de México en las EF 2020-2070, que incorpora datos estadísticos de población migrante.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) realiza campañas locales para el registro de nacimientos en municipios con rezago registral, plataformas electrónicas de identificación de puntos de encuentro de población en situación de calle y brigadas de registro de nacimiento en municipios con alta concentración de población indígena de 15 EF.
14 b)
La estrategia binacional “Soy México, registro de la población México-Americana”, en coordinación con la Asociación de Estadísticas y Sistemas Informáticos de Salud Pública de EE. UU., permite validar electrónicamente el registro de nacimiento de personas binacionales que regresan a México, liberándoles del pago del trámite de apostilla, para facilitar la obtención de su acta de nacimiento mexicana y su Clave Única de Registro de Población. Cuatro estados implementan la estrategia en centros escolares para fortalecer los procesos de integración de NnyA con doble nacionalidad.
O.Párrafo 15
15 a)
A través de la reforma educativa de 2019 al artículo 3 constitucional, se crearon las bases legales para el inicio del nuevo modelo educativo. La NEM impulsa una educación con sentido social y fomenta un aprendizaje integral priorizando el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las lenguas indígenas y extranjeras, la innovación tecnológica, la salud sexual y reproductiva y el cuidado.
El gasto federal, por estudiante, en el ciclo escolar 2023- 2024 fue de 29.2 miles de pesos en educación básica, de 30.8 miles de pesos en educación media superior y de 61.3 miles de pesos para educación superior.
La reforma constitucional detonó la reforma a la Ley General de Educación que obliga a que los planes y programas de estudio tengan perspectiva de género. Este modelo curricular contribuye a que NNyA intervengan en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, la inclusión, la igualdad de género y la interculturalidad crítica.
Para el ciclo escolar 2023-2024, se produjeron 154.9 millones de libros de texto gratuitos y se distribuyeron 151.2 millones de libros, que comprendieron 187 títulos de educación básica y 3.02 millones de libros con 180 títulos en 20 lenguas indígenas para educación primaria y secundaria, que impactaron a 24,1 millones de NNyA. En los servicios de educación comunitaria a NNyA en localidades de alta y muy alta marginación, se beneficiaron a más de 300,000 estudiantes por ciclo escolar y se brindaron en promedio 58 mil servicios educativos por año durante 2019 y 2024.
De 2019-2023, el Programa FAM Potenciado atendió a 4,950 escuelas en zonas rurales con $4,787,012,234, beneficiando a 420,976 estudiantes de los tres tipos educativos. En el marco del Programa Nacional de Reconstrucción, se han llevado a cabo 205 acciones con $74,694,974.
De 2019-2023, el programa La Escuela es Nuestra benefició a 254,918 estudiantes a través de 259,418 dispersiones a los Comités Escolares de Administración Participativa con $63,171,805,374.
El Programa de Becas de Educación Básica Benito Juárez fomenta la permanencia y conclusión educativa de las personas estudiantes de las escuelas públicas. Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, se destinaron 42,807.6 mdp para la entrega de becas a 6.6 millones de NNyA de escuelas públicas de educación básica que pertenecen a más de 5 millones de familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. De las becas otorgadas, 1,366,663 se destinaron a población indígena y 25,831 a población afromexicana. De 2018-2022, contribuyeron a reducir el abandono escolar de las alumnas de 0.6 a 0.1 % en primaria y de 3.7 a 3.3 % en secundaria. El abandono escolar de mujeres jóvenes se redujo de 2018-2021 de 10.9 % a 8.4 %.
En el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, de septiembre de 2023 a junio de 2024 se otorgaron 37,767.4 mdp en beneficio de 4.2 millones de estudiantes.
De 2019-2024, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro atendió a un promedio de 56,54 % de mujeres. En 2023, benefició al 59,38 % de mujeres. De 2023-2024, se erogaron 12,614.3 mdp para el otorgamiento de becas.
En 2022, a través del Programa Nacional de Reconstrucción, se reconstruyeron más de 5,600 escuelas que fueron afectadas por los sismos de 2017 y 2018 con $11,854 mdp.
15 b)
En México, se redujo un 30 % de la tasa de fecundidad entre las edades de 15 a 19 años en los últimos 5 años y, en 50 años, el descenso de la tasa de fecundidad pasó de 6.5 a 1.6 hijas/os en promedio por mujer; en 2024, las más bajas tasas de fecundidad se presentaron en la CDMX (1.38 hijas/os por mujer), Baja California (1.56) y Yucatán (1.61).
Más adelante, se abordará lo relativo a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), sin embargo, uno de sus cuatro componentes prioritarios es “Educación inclusiva, integral, flexible y educación integral en sexualidad” que contiene el indicador “Porcentaje de la población femenina de 15 a 19 años que no asiste a la escuela por causa de no asistencia”, entre las que se encuentra el embarazo y etapa post-parto.
En el marco de las Becas Benito Juárez se alienta a mujeres embarazadas y madres jóvenes a proseguir sus estudios durante el embarazo y después del parto. En el primer semestre del ciclo escolar 2023-2024 se observó una mayor reinserción escolar en mujeres; de las 24,409 personas becarias, 50.42 % fueron mujeres de 18 años o más, y 61.19 % mujeres de 30 años o más retomaron sus estudios en educación media superior.
15 c)
La reforma de 2023 a la LGAMVLV busca eliminar de los programas educativos los materiales que promuevan estereotipos de género.
En el marco de la NEM, EDUCACIÓN fomenta la participación activa y el liderazgo de las niñas y adolescentes especialmente las ligadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De 2019-2024, a través de la plataforma @prende.mx, se transmitieron 12 cursos, 250 programas y se produjeron 645 recursos, que impulsan vocaciones STEM. Desde el primer grado de preescolar, se incluye en los libros para docentes recomendaciones para una práctica pedagógica sin sesgos de género y, desde el primer año de educación primaria, se promueve el aprendizaje basado en la indagación bajo el enfoque STEM.
En julio de 2021, la Secretaría de Economía (ECONOMÍA), en conjunto con la STPS y la empresa CISCO, lanzaron el Programa Habilidades Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI, para capacitar gratuitamente a mujeres mexicanas mayores de 16 años. Para marzo de 2023, se otorgaron 582 constancias por la conclusión de los cursos.
Desde 2021, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con el Programa de Mentoras Politécnicas para desmontar los roles y estereotipos de género que las desvinculan de las ciencias. Cuenta con 27 investigadoras mentoras que forman parte del Sistema Nacional de Investigación, y 75 % de las estudiantes mentoradas permanecieron en el programa.
En octubre de 2022 se lanzó el Programa Women in The Sky para apoyar económicamente a mujeres estudiantes de la aeronáutica y aeroespacial con el objetivo de realizar una estancia de corta duración en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Su primera edición otorgó 14 becas a estudiantes provenientes de Chile, Colombia y Perú.
La plataforma educativa en línea CONÉCTATE de CONAPRED, dirigida a todas las personas, impulsa procesos educativos virtuales para la construcción de una cultura de igualdad y respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.
15 d)
La reforma constitucional de 2019 al artículo 3 establece que los programas y planes de estudio deben contemplar la educación sexual y reproductiva. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) destaca la importancia de la educación sexual integral (ESI).
La NEM reconoce que los derechos sexuales, reproductivos y la ESI permiten a las NNyA, tomar decisiones libres, responsables e informadas. De 2019-2023, se capacitó a 15232 docentes.
De 2018-2022, el presupuesto asignado a las EF para implementar un proceso de ESI, fue de $41,737,861 mdp.
Los Centros de Atención a la Salud del Adolescente brindan un espacio a jóvenes de 10-19 años en Hospitales Rurales y Unidades Médicas Rurales del Programa IMSS-Bienestar, para participar en sesiones educativas en materia de, entre otras cuestiones, salud mental, sexual y reproductiva o violencia. Para 2023, el 91.1 % de los municipios del país cuenta con servicios amigables para adolescentes con atención a la salud sexual y reproductiva. Se abrieron además 125 servicios de aborto, para atenderlo por las diferentes causales.
De 2022-2023, el Grupo de Trabajo sobre ESI y Capacitación, coordinado por EDUCACIÓN, capacitó a 18,436 docentes y realizó seis seminarios virtuales donde participaron 2,792 docentes. En 2020, SALUD realizó los Diálogos Intergeneracionales ¿Los derechos sexuales y reproductivos son iguales para hombres y mujeres? I y II., donde participaron 250 NNyA. En 2022, CONAPO y EDUCACIÓN realizaron el curso virtual sobre ESI para Comunidades Educativas, capacitando a más de 80,000 personas servidoras públicas. Anexo 1-D.
15 e)
EDUCACIÓN impulsó la estrategia Escuela Libre de Violencia que incluye el desarrollo de Protocolos Estatales en las 32 EF con guías de actuación escolar para la detección, prevención y atención de casos de violencia contra NNyA.
Algunos materiales de la estrategia son los Lineamientos para la Prevención y atención de la violencia sexual en los planteles dependientes de la Unidades adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como los Protocolos de Prevención y Atención de las Violencias en la Escuela.
CONAPRED desarrolló la Guía contra el acoso escolar por discriminación para visibilizar las violencias y prácticas discriminatorias en las escuelas y generar herramientas para contrarrestarlas.
En 2024, se creó el Mecanismo para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual desde la perspectiva intercultural para las Instituciones de Educación Superior.
En 2022, la SCJN, en sus precedentes judiciales, desarrolló las obligaciones de las autoridades en posibles casos de abuso sexual de NNyA en centros educativos, incluyendo el atender el interés superior de la niñez, emplear la perspectiva de género, requerir las pruebas necesarias y dar acompañamiento a las víctimas.
En febrero de 2023, la CONAVIM y EDUCACIÓN firmaron un convenio de colaboración para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Educación Superior.
P.Párrafo 16
16 a)
Al segundo trimestre de 2024, 46 % de las mujeres de 15 años y más eran económicamente activas. Así, los niveles de participación económica fueron superiores a los que las mujeres tenían antes de la pandemia.
INMUJERES, STPS y CONAPRED promueven la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación con ejes para la promoción de la selección de personal y capacitación con igualdad de oportunidades. Para septiembre de 2024, 681 centros de trabajo están certificados, beneficiando a un total de 995,854 personas trabajadoras, de las cuales el 47.3 % son mujeres.
En 2022, se instaló el Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en las Entidades Financieras, liderado por la SHCP, para promover de manera transversal el derecho a la igualdad laboral, el derecho a la no discriminación y el acceso igualitario de la población a productos y servicios financieros de calidad en las entidades del Sistema Financiero Mexicano.
En noviembre de 2023, se creó el Programa MujerES, por el Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, con oportunidades de crédito, factoraje y capacitaciones para mujeres empresarias. Desde su lanzamiento y hasta enero de 2024, se otorgaron apoyos a 467 mujeres empresarias, con una derrama de $1,394.00 mdp y un presupuesto ejercido de 3 mdp.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece a la juventud mexicana las herramientas para que se desarrollen y capaciten para ejercer un oficio. Desde 2018, se han beneficiado a 2,973,306 jóvenes, con participación del 58 % de mujeres.
16 b)
El PROIGUALDAD establece acciones para la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, sin discriminación e igualdad salarial cuya implementación está a cargo de STPS, SFP, SEGOB, CONAPRED y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Se ha impulsado la Nueva Política de Salarios Mínimos, para saldar la deuda histórica de dignificar el salario de aquellas personas trabajadoras que menos ganan. Con los recientes incrementos al salario mínimo, la brecha salarial de género se ha reducido 20 % a nivel municipal de 2019 a 2022. En diciembre de 2023, se registró un aumento de 3.5 millones de mujeres ocupadas respecto a la cifra prepandemia.
16 c)
La normativa de las instituciones de la APF otorga permisos y licencias con goce de sueldo a las personas trabajadoras por nacimiento y adopción, lactancia materna; establece convenios con guarderías privadas; celebración de convenios con instancias educativas para favorecer el cuidado de niñas y niños recién nacidos; entre otros.
El IMSS promueve dos esquemas para brindar el servicio de guardería: el esquema en empresa, que para julio de 2024, contaba con nueve guarderías en empresas, con capacidad para atender a 1681 niñas y niños; y el esquema en el campo, cuya capacidad aumentó de 629 lugares en 2018 a 834 lugares a julio de 2024. Para julio de 2024 se registraron un total de 178,582 personas beneficiarias (117,909 madres y 60,673 padres) que recibieron el servicio en 1,275 unidades.
Las guarderías en el IMSS proporcionan cuidados a infancias desde los 43 días de nacidas hasta los 4 años. De 2019-2023, se brindó el servicio a un total de 167,409 personas (112,756 madres y 54,653 padres).
Las estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE brindan atención a 21,508 niñas y niños de 60 días a 6 años de personas con derechohabiencia, con servicios de alimentación balanceada, consulta médica preventiva y curativa estimulación psicomotriz y orientación, y educación preescolar.
Se cuenta con el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para mejorar el acceso y permanencia laboral y escolar de aquellas que buscan empleo o estudian y que no cuentan con prestaciones de servicios de cuidados infantiles. De 2021-2023, se atendió a 167,480 madres, padres y tutores; y se brindaron 310,175 apoyos a infancias de 0 a 3 años, incluyendo a 152,881 niñas.
En 2020, se reformó la LSS en materia de prestación de servicios de guardería para hijas e hijos de padres; y, en 2023 en materia de subsidio otorgado durante el embarazo y puerperio, y sobre apoyo nutricional en periodo de gestación y neonatal.
En 2023, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó aumentar los permisos de paternidad a 20 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores y 30 días por complicaciones en el parto. Esto sigue su curso legislativo.
Se cuenta con la Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia en los centros de trabajo, de SALUD, la STPS, el IMSS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Criterios del Poder Judicial
En 2018, la SCJN determinó que, para favorecer la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de hijas e hijos, el servicio de guarderías debe otorgarse a padres bajo los mismos términos que a las madres aseguradas en el IMSS.
En 2021, la SCJN, el CJF y el TEPJF adecuaron su normativa interna para otorgar licencias de paternidad de tres meses sin importar el tipo de configuración familiar, igualando el tiempo a las licencias de maternidad.
En 2020, el CJF, implementó el programa “Lactancia Digna”, que realizó la extensión del permiso para la lactancia hasta los dos años cumplidos de la/el bebé y se cuenta con 155 salas de lactancia en México. Además, se han adoptado medidas que facilitan la corresponsabilidad como el teletrabajo, que prioriza a personas lactantes y personas que tienen labores de cuidado.
16 d)
En julio de 2019, se reformó la Ley Federal de Trabajo y la LSS para incorporar la definición de personas trabajadoras del hogar y mejorar sus condiciones laborales, incluyendo la obligación de las personas empleadoras de afiliarles a la seguridadsocial.
Derivado de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en 2022 se reformó la LSS reconociendo el derecho a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar. En 2023, se hizo obligatorio para las personas empleadoras incorporarles al seguro social.
En 2020, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma a los artículos 4 y 73 constitucionales que prevé, entre otras cosas, el reconocimiento del derecho al cuidado, la libertad para cuidar y decidir sobre la distribución del tiempo propio, la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC) y servicios públicos de cuidados mediante la ley. Esto sigue su curso legislativo.
En marzo de 2024, el Senado recibió de la Cámara de Diputadas y Diputados una minuta reformando diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de cuidados. Define el trabajo de cuidados como las actividades para el sustento de la vida. El proyecto precisa que la Política Nacional de Cuidados será parte integral de la Política Nacional de Desarrollo Social.
En septiembre de 2024, se presentó la iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados; ésta sigue su curso legislativo.
La Constitución de la CDMX reconoce el derecho al cuidado. En 2022, Jalisco aprobó una reforma para establecer el derecho al cuidado en su constitución local y, en 2024, aprobó la Ley para el Sistema de Cuidados Integrales en su Congreso Local. En Nuevo León, se instaló el Sistema de Cuidados de San Pedro Garza García.
El INMUJERES creó la Mesa Técnica de Articulación del SNC, conformada por las siguientes autoridades: Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), SALUD, EDUCACIÓN, STPS, IMSS, Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, el SNDIF, y CONAPRED, con acompañamiento de la SHCP.
En 2023, se creó el Mapa de Cuidados que brinda apoyo a la ciudadanía para ubicar servicios de cuidado y brinda acceso a estadísticas, indicadores y mapas que contribuyan a diseñar políticas públicas y programas sobre cuidados.
En 2018, la SCJN reconoció la inconstitucionalidad del artículo 13 fracción II de la LSS, al excluir del régimen obligatorio del seguro social a las personas trabajadoras del hogar. Ordenó al IMSS la implementación de una prueba piloto de política pública y le solicitó que propusiera al Congreso de la Unión adecuaciones normativas para garantizar el derecho a la seguridad social de personas trabajadoras del hogar.
En octubre de 2023, la SCJN reconoció por primera ocasión el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado como derecho autónomo, que implica que todas las personas tienen derecho al cuidado y que las personas no están forzadas a cuidar por mandatos de género, siendo una medida de justicia social para las mujeres, al ser ellas quienes realizan —en gran medida— las labores de cuidado.
A nivel internacional, México ha promovido al reconocimiento del derecho al cuidado a través de: la Alianza Global por los Cuidados; contribuciones a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema; y, el impulso de tres resoluciones en la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Desarrollo Social de la ONU.
Lo anterior contribuye a la implementación del Convenio 189 de la OIT.
16 e)
Se ratificó en 2022 el Convenio 190 sobre violencia y el acoso de la OIT que entró en vigor en 2023. En 2023, se depositó el instrumento de ratificación del Protocolo relativo al Convenio 29 sobre trabajo forzoso.
Se cuentan con los siguientes instrumentos y mecanismos para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, la discriminación y el acoso sexual en el trabajo: Modelo de Protocolo para prevenir , atender y erradicar la violencia laboral (2020); Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (2020); Prontuario para el uso de lenguaje incluyente y no sexista en la Función Pública (2022); Manual de Atención de Denuncias en los Comités de Ética (2022); y, Protocolo de Actuación de los Comités de Ética en la Atención de Denuncias y Prevención de Actos de Discriminación (2023).
En el marco del Protocolo para detectar, atender y acompañar a las personas usuarias en casos de hostigamiento y acoso sexual/laboral se brindaron 3,936 servicios y se obtuvieron beneficios en favor de las personas trabajadoras por $2,678,962, principalmente con motivo de despido por embarazo, discriminación y hostigamiento.
El Código de Ética de la APF se manifiesta en contra del acoso y hostigamiento sexual y laboral. A partir de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética promulgados en 2020, diversas instituciones de la APF han elaborado pronunciamientos de cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual.
Q.Párrafo 17
17 a)
En 2023, la SCJN ordenó al Congreso Federal derogar diferentes artículos del CPF que regulan el delito de aborto y sancionan al personal de salud que interrumpa el embarazo no deseado, pues va en contra de los derechos humanos de mujeres y personas gestantes.
En abril de 2020, se expidió la Ley de Amnistía en favor de quienes se haya ejercido acción penal por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, previsto en el CPF, siempre que se haya llevado a cabo sin violencia y con consentimiento.
En el ámbito judicial, la SCJN se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en Coahuila en 2021, Hidalgo en 2022 y a nivel federal en Aguascalientes y Chihuahua en 2023. Se ha reconocido el interés legítimo de mujeres y grupos de la sociedad civil para impugnar estas normas.
El Programa de Acción Específico, Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024 incluye entre sus acciones puntuales incrementar la disponibilidad de unidades de salud en las EF que otorgan servicios de aborto seguro.
De 2021-2023, SALUD ha acompañado 20 casos de interrupción voluntaria del embarazo, donde el mayor porcentaje se concentra en la población etaria de niñas y adolescentes de 10 a 19 años con una representación de 85 %. Se cuenta con el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México.
El CNEGSR emitió en noviembre de 2022 los Lineamientos Generales para las Actividades de Violencia de Género y Aborto Seguro, con criterios básicos de atención en las unidades de salud para que las mujeres y personas con capacidad de gestar, que requieran servicios de aborto seguro tengan acceso a una atención oportuna e integral. Hoy se cuenta con 223 servicios de aborto seguro.
En 2023, SALUD difundió las resoluciones de la SCJN sobre aborto seguro en todas las Unidades Médicas, a través de las 35 subdelegaciones médicas y hospitales regionales.
Hasta septiembre de 2024, 13 EF cuentan con una legislación que permite la interrupción legal del embarazo con consentimiento de la mujer, al menos hasta la doceava semana de gestación y con independencia de las razones que la motiven: Baja California, Baja California Sur, CDMX, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
En octubre de 2023, se estableció IMSS-BIENESTAR para proporcionar atención médica gratuita y homogénea en las EF. Se contrataron 1,884 médicos y médicas especialistas en zonas marginadas, incluyendo ginecólogos/as y pediatras.
17 b)
En 2021, la SCJN exhortó al Congreso de la Unión a regular los límites al derecho de objeción de conciencia, para evitar la denegación de los servicios de salud, como la interrupción legal del embarazo.
En octubre de 2023, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó reformas a la LGS sobre objeción de conciencia, para garantizar en todo momento contar con personal médico profesional y de enfermería de carácter no objetor en el Sistema Nacional de Salud. La reforma sigue su curso legislativo.
Se hablará más adelante de violencia obstétrica, sin embargo, en 2022, el IMSS implementó el Modelo de Atención Materna Integral – Modelo AMIMS que ha reducido 1 % la proporción de nacimientos por cesárea; es decir, a 9 mil mujeres no se les ha hecho una cesárea innecesaria. Opera en 203 unidades hospitalarias del IMSS a nivel nacional y ha beneficiado a 59,006 mujeres.
17 c)
En 2021 se reformó la LGAMVLV para establecer que las órdenes de protección emitidas para salvaguardar la integridad y la vida de mujeres víctimas de violencia se emitirán, dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos, de manera oficiosa o a petición de las víctimas; y se podrán ampliar hasta por 60 días, prorrogables durante la investigación, o hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.
En octubre de 2023, se reformó el CPF para establecer la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad y la tipificación de la violencia vicaria. Esto se complementa con pronunciamientos de la SCJN sobre el acceso a una pensión alimenticia y compensación económica al finalizar una relación de matrimonio o concubinato.
En marzo de 2024 se reformó la LGDNNA para incluir la prohibición del castigo corporal y humillante como forma de corrección o disciplina en NNyA y sobre crianza positiva.
Se instrumentó el “Procedimiento para la detección, atención médica y orientación en Unidades Médicas del IMSS a mujeres víctimas de violencia física y/o sexual, en apego al marco de la NOM 046-SSA2-2055 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención 2650-B03-006”.
17 d)
En 2021, la SCJN observó que la violencia obstétrica es un tipo de violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, donde confluyen tanto la violencia institucional como la violencia de género.
En 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud y a la LGAMVLV para reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Esto sigue su curso legislativo. 29 EF cuentan con una definición de violencia obstétrica en sus leyes y 7 la han tipificado.
17 e)
El IMSS cuenta con el Expediente Clínico Electrónico con formatos de consentimiento informado digitales para que el personal médico pueda otorgar el método anticonceptivo definitivo o esterilizaciones que solicite la persona derechohabiente.
Se cuenta con Lineamientos Técnicos para la Prescripción y Uso de Métodos Anticonceptivos en México, dirigidos al personal de salud que proporciona servicios de planificación familiar y anticoncepción. En julio 2024, el CNEGSR público el Lineamiento Técnico para la prestación de Servicios de Vasectomías Sin Bisturí dirigido a personal de salud gerencial y operativo para la operación de estos servicios, aplicable en las diferentes instituciones de salud. En agosto se presentó el Lineamiento Técnico para la Prestación de Servicios de Anticoncepción Post Evento Obstétrico. Se cuenta con el Anteproyecto de Norma Oficial 005 SSA2 2024 sobre servicios de planificación familiar actualizando la de 1994 desde un enfoque inclusivo respecto a la oferta de métodos anticonceptivos.
SALUD ha fortalecido el uso correcto del consentimiento informado y firmado, previo a la realización de los métodos definitivos. De 2018-julio 2024 se realizaron 1,114,909 oclusiones tubarias bilaterales y 236,330 vasectomías a mujeres y hombres con maternidad y paternidad satisfecha.
En 2021, la SCJN determinó que la esterilización femenina no consentida es un acto de violencia que contraviene el derecho a no ser sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Determinó que se deberá obtener el consentimiento previo, pleno, libre e informado de la mujer o persona con capacidad para gestar para aplicarle un método anticonceptivo permanente.
17 f)
El Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas establece el compromiso de SALUD, el IMSS y el ISSSTE para atender a toda mujer con una emergencia obstétrica y abatir la mortalidad materna.
De 2017-2022, SALUD logró incrementar su atención a la totalidad de embarazos adolescentes de 70.3 % al 87.2 %.
Con la Estrategia Nacional de Equipos Comunitarios de Salud para el Bienestar, el ISSSTE otorgó, entre 2018 y 2023, un total de 1,229,543 consultas de embarazo de primera vez y subsecuentes.
En 2022, se publicó el Decálogo de Prevención de la Partería COVID para prevenir fallecimientos por causas de muertes maternas.
Se estableció la Línea Materna con atención telefónica y la priorización de la vacunación a mujeres embarazadas.
En abril de 2024, IMSS-Bienestar creó el programa La clínica es nuestra. Así, se han atendido 74,168 partos, 827,814 consultas prenatales, 1,275,045 exploraciones ginecológicas, 2,587,178 valoraciones del estado nutricional de menores de 5 años, y se han otorgado 106,247 consultas VIH a mujeres embarazadas, incluyendo a las que no tienen seguridad social.
En últimos 12 años, México redujo más de 46 % la mortalidad materna. En 2011, había 47.7 % de defunciones maternas; en 2023, este lo anterior se redujo a 25 %.
17 g)
La ENAPEA es una estrategia integral que incluye los tres ámbitos de gobierno en las 32 EF. Se coordina desde el CONAPO y el INMUJERES como Secretaría Técnica. Opera a través de la Asamblea del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), el Comité Ejecutivo, la Mesa Técnica y cinco Grupos de Trabajo. Se ha trabajado para fortalecer la territorialización de la ENAPEA.
En septiembre 2021, se aprobó la Segunda Fase de la ENAPEA 2021-2024, que, entre otras cosas, fortalece la coordinación ejecutiva y crea un nuevo andamiaje para implementarla.
El INMUJERES ha destinado recursos del FOBAM para 189 proyectos en las 32 EF, en los que se entregaron 536.9 mdp; así, se fortalecieron acciones para la ENAPEA. De 2019-2024, SALUD destinó presupuesto asignado para la ENAPEA y para el equipamiento de servicios amigables, compra de unidades móviles para el Servicio Amigable Itinerante Edusex, que proporcionan atención en salud sexual y reproductiva en áreas geográficas estratégicas. Estos servicios existen en 31 EF.
SIPINNA impulsa la implementación de la ENAPEA a nivel nacional por medio de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las EF para contar con diversas fuentes de financiamiento por medio de la APF, en todos los niveles de gobierno.
R.Párrafo 18
18 a)
En línea con el Plan Nacional de Desarrollo, México tiene el compromiso de combatir la pobreza entre los sectores en situaciones de mayor vulnerabilidad.
De 2018-2022, se redujo el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional en México, de 41.9 % a 36.3 %; es decir, cerca de 5 millones de personas dejaron dicha condición. En los últimos 4 años, 3.5 millones de mujeres en México salieron de la pobreza moderada y casi 700 mil salieron de la pobreza extrema y 1,000,000 de mujeres ya no carecen de ingresos. Desde 2018, se han beneficiado a cerca de 14,000,000 de mujeres y niñas con la entrega de apoyos directos de 30 programas.
En 2020, se elevó a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar la entrega pensiones a personas adultas mayores y apoyos económicos a personas con discapacidad y becas a estudiantes en condición de pobreza.
De 2018-julio de 2024, la Pensión para las Personas Adultas Mayores benefició a 6,801,643 mujeres. De 2019-julio de 2024, el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorgó 621,760 pensiones a mujeres: de ellas, 74,962 en municipios indígenas, 3,198 para mujeres afromexicanas y 36,462 en localidades marginadas.
De 2018-mayo de 2024, el PROBIPI ha apoyado a 64,264 mujeres con acciones de fomento a la economía indígena en 24 EF y a 9,887 mujeres a través de la inclusión financiera y acciones de comercialización.
De 2019-2023, el Programa Sembrando Vida benefició, mediante el impulso a la autosuficiencia alimentaria, a 151,186 mujeres, priorizando el apoyo a mujeres campesinas, indígenas y afromexicanas.
El incremento al salario mínimo, ha contribuido al aumento de mujeres en empleos y a la reducción de la pobreza. Mediante la Estrategia Territorial para la Reactivación de la Autonomía y el Empoderamiento Económico, en 2023, se activaron 188 nodos para el empoderamiento económico a nivel nacional atendiendo a más de 25,000 mujeres.
De 2018-2020, el Programa de Fomento a la Economía Social de BIENESTAR, en coordinación con el Fondo Internacional Desarrollo Agrícola, otorgó 3,093 apoyos económicos exclusivos para mujeres de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
En 2022 y 2023, INMUJERES impulsó el Programa Mujeres en la Transformación Digital, con 717 microempresarias y emprendedoras beneficiarias.
18 b)
En 2019, se creó el Programa para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social, otorgándoles protección a enfermedades, maternidad, guarderías y prestaciones sociales; invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En febrero de 2024, había 62,831 personas trabajadoras del hogar afiliadas, de las cuales 68 % eran mujeres. Para febrero de 2023, de las personas beneficiarias que se vincularon a la prueba piloto, 12,630 ya están pensionadas. En junio de 2023, el IMSS tenía registro de 60,110 puestos de trabajo asociados a personas trabajadoras del hogar (67 % mujeres), y 75,162 personas beneficiarias.
En 2022, se crearon los Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar, para brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos. El Programa Jóvenes construyendo el futuro incorpora a las personas beneficiarias al IMSS.
En 2022, el IMSS presentó la estrategia Código Cáncer para la atención temprana, disminución de tiempos de espera y tratamiento oportuno. En México existen campañas de vacunación contra el VPH, dirigidas a mujeres adolescentes de 11 a 13 años de edad y a mujeres de 11 a 49 años que viven con la infección por el VIH.
De 2018-2021, el Programa para la Detección y Seguimiento Oportuno del Cáncer de Cuello Uterino atendió a 71,060 mujeres, de las cuales 342 fueron adolescentes y 70,718 mujeres adultas.
De 2018-2023, el Programa para la detección y seguimiento oportuno de cáncer de mama realizó 491,931 mastografías, de las cuales 6,285 fueron para mujeres menores de 40 años y 485,646 para mujeres mayores de 40.
De 2018-2020, el Programa Seguro de vida para las jefas de familia dotó de esquemas de seguridad social a 134,934 hijas e hijos en orfandad materna, de los cuales 68,081 son mujeres; 9,698 niñas y niños de 0 a 5 años.
18 c)
En 2019, se reformó la Ley de Instituciones de Crédito para priorizar que la oferta de productos y servicios financieros atiendan las necesidades específicas de las mujeres sobre ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección.
Diversos programas otorgan apoyos financieros a mujeres. En 2018, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario otorgó 469,028 microcréditos a 300,367 mujeres, incluyendo 5,205 dirigidos a mujeres indígenas y 412 a mujeres con discapacidad. En 2019, aumentó a 556,236 microcréditos para 408,249 mujeres, con 9,413 microcréditos a mujeres indígenas y 633 a mujeres con discapacidad.
El Programa Tandas para el Bienestar otorgó créditos a las mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia de género y en situaciones de vulnerabilidad. Del Programa Fortalecimiento de las Economías Indígenas del PROBIPI, 57 % mujeres indígenas y afromexicanas se han beneficiado.
De 2018-2023, mediante el Apoyo para fomentar la inclusión financiera de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se beneficiaron a 62,712 mujeres, erogando cerca de $1,881 mdp. En 2023, se colocó el primer Bono Social de Género de la Banca de Desarrollo de FIRA por $3,000 mdp en el mercado de deuda local. De 2020 a 2023, se beneficiaron a 10,636 mujeres.
En 2023, Financiera del Bienestar brindó apoyos a 162 a mujeres con créditos solidarios; a 2,627 mujeres con crédito productivo; 61,498 apoyos a mujeres con crédito solidario; y, a 122 mujeres con el apoyo Libertad mujer.
En 2021, ECONOMÍA ejecutó el Programa de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares y otorgó 18,117 créditos a mujeres.
El Programa Mujer Exporta MX fomenta la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas de mujeres en el comercio exterior. En 2020, vinculó a empresarias mexicanas con importadoras de EE. UU. y Canadá; y en 2021, se amplió a compradores de Australia, Japón y Nueva Zelandia. En 2022, se promovió la inclusión de 88 empresas de mujeres indígenas y de la comunidad LGBTTTIQ+.
En noviembre de 2023 se lanzó el Programa MujerES, por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), que ofrece oportunidades de crédito, factoraje y capacitaciones para el empoderamiento y fortalecimiento de habilidades de las mujeres empresarias desde dos modalidades: “Mujeres industria” y “Mujeres Bancomext”. Hasta el 31 de enero de 2024, se han otorgado 488 créditos, beneficiando a 467 mujeres empresarias, con una derrama de $1,394.00 mdp y un presupuesto ejercido de $3,000.00 mdp.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) crearon “Proyecto Minerva”, para que las mujeres mexicanas desarrollan capacidades financieras para acceder, comparar y escoger servicios financieros. De 2022-2023, hay 24,177 mujeres inscritas.
S.Párrafo 19
19 a)
En diciembre de 2018, se promulgó el decreto por el que se expidió la ley que creó el INPI.
En 2019, se reconoció en la Constitución mexicana a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. En septiembre de 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República aprobaron la reforma al artículo 2° constitucional que reconoce a estos pueblos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, su identidad cultural, su derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, entre otros.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta Ley sigue su proceso legislativo y regulará el derecho a la consulta libre, previa e informada.
En 2023, México fue sede de la Consulta Regional de las Américas y organizó el Diálogo Nacional hacia la adopción de la Recomendación General 39 del Comité CEDAW. Se da seguimiento a su implementación, por ejemplo, en 2023, se organizó el evento “Avances y retos en la implementación de la Recomendación Gral. 39” dirigida a 44 mujeres mexicanas indígenas. En 2024, México fue sede de la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo Trilateral —México, EUA y Canadá— sobre Violencia contra Mujeres Indígenas. Anexo 1-K.
Educación
El artículo 3o. de la Constitución mexicana destaca que, en los pueblos y comunidades indígenas, se impartirá educación plurilingüe e intercultural.
Se cuenta con el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) con servicios de alimentación, hospedaje y actividades complementarias a personas indígenas y afromexicanas de 5-29 años en escuelas públicas y comunitarias de todos los tipos y niveles, a través de 1391 casas y comedores que apoyan a 40,129 mujeres. Existen las Universidades Interculturales con tienen con Mecanismos para Prevenir, Atender y sancionar el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.
Se destinaron $16.4 mdp para la especialización en derechos indígenas y en derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
En 2023, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales realizó el curso de Especialización en Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas beneficiando a un total de 228 mujeres y 162 hombres.
Seguridad social
En 2023, el ISSSTE tenía registrados a 351,000,214 personas derechohabientes autoidentificadas como indígenas, particularmente en Chiapas, Hidalgo y Yucatán y CDMX.
En mayo del 2023, la Fundación Cántaro Azul A.C. “Ixchel” y el IMSS firmaron un convenio de colaboración para que dicha organización realice, de forma gratuita, acompañamiento de interpretación y traducción de lenguas indígenas en centros de salud. De octubre de 2021-agosto de 2024, se contó con diez personas intérpretes en cuatro hospitales rurales del estado de Chiapas (Altamirano, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal). Se han realizado 3,364 interpretaciones en tsotil, tseltal y tojol-ab’al, de las cuales el 67.5 % fueron para mujeres.
Salud
SALUD elabora el proyecto de Norma Oficial Mexicana para el ejercicio de la partería tradicional, comunitaria y profesional y para establecer criterios que regulen las salas de labor-parto y recuperación.
El CNEGSR cuenta con el Modelo de Atención a la Salud con Mecanismos Incluyentes, que, a su vez, implementa Unidades de Salud que brindan atención libre de estigma y discriminación enfocada en las personas indígenas, migrantes y afromexicanas. Se ha capacitado al personal de salud para dar atención en lenguas indígenas; hasta junio del 2024 se capacitaron 121 personas, beneficiando a 3,766 personas pertenecientes a los municipios donde se ubican dichas unidades, de las cuales 536 personas fueron población indígena.
La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en Comunidades Indígenas, contribuye, en mediano y largo plazos, a la disminución de los embarazos no planeados y no deseados en adolescentes indígenas y su erradicación, y a la prevención de las ITS y VIH mediante un proceso educativo en su lengua.
El IMSS brinda atención a mujeres en localidades indígenas a través de trabajadores hablantes de lengua indígena; médicos y parteras tradicionales junto con equipos de salud; y personal capacitado en el Enfoque Intercultural en Salud. De julio de 2022- julio de 2024, 6,513 parteras voluntarias, ofrecieron orientaciones sobre temas de embarazo, parto y puerperio en la unidad médica a 6,111 mujeres indígenas.
El PROBIPI, a través de su Promotoría comunitaria de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, imparte pláticas y talleres en escuelas sobre temas de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, entre otros, con pertinencia cultural y lingüística.
Programas sociales y fortalecimiento económico
De 2018-2024, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Economías Indígenas, el 57 % de las personas beneficiarias han sido mujeres indígenas y afromexicanas.
De 2019-2023, en el marco del Programa de Abasto Rural se pusieron en marcha 15,483 tiendas lideradas por mujeres. En ese periodo, el Programa de Abasto Social de Leche distribuyó este alimento a 3,388,111 mujeres.
De 2020-2023, el Programa de Fertilizantes entregó insumos a 658,039 mujeres productoras, proporcionándoles hasta 600 kg de fertilizante para sus cultivos. Entre 2022-2023, el PPB benefició a 713,357 mujeres a través del impulso agropecuario.
El Programa Gestión de negocios para hablantes de lenguas originarias de la SHCP, busca mejorar las habilidades de gestión de negocios y finanzas personales.
De 2022-2023, se otorgaron $24.7 mdp a 76 proyectos de atención, prevención y erradicación de la violencia de género; participación política de mujeres; matrimonio infantil, precoz y forzado; en beneficio de 548 mujeres de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Mujeres indígenas defensoras del medio ambiente
De 2018-2023, el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible ejecutó diversos proyectos y cursos de capacitación para beneficiar a las comunidades locales en áreas naturales protegidas, donde las mujeres participaron activamente en brigadas y proyectos de conservación.
En 2021, México y Canadá promovieron el Diálogo de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación, donde estuvieron presentes pueblos indígenas de todas las regiones y se habló de la importancia del Acuerdo de Escazú.
En 2023, la SCJN publicó el Protocolo para Juzgar casos que involucren derechos de acceso en materia ambiental, una herramienta para la interpretación y aplicación del Acuerdo mencionado.
En febrero de 2024, la SRE y el PNUD realizaron la Mesa “Acción regional por las personas defensoras ambientales en el contexto del Acuerdo de Escazú: una visión desde lo local”, con participación de representantes de organismos de 30 EF con alguna instancia encargada de la protección de personas defensoras de derechos humanos. Ello para contribuir a la consolidación del Plan de Acción Regional presentado en la III Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en Chile, realizada en abril de 2024.
En esta Conferencia y en el marco de la PEF, México impulsó la adopción de la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.
19 b)
En noviembre de 2023, se restituyeron más de 10,500 hectáreas de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Jalisco, para el acceso a la tenencia de la tierra de 13 mujeres indígenas Wixaritari que ahora son propietarias de 650 hectáreas de una superficie recuperada de 2,500 hectáreas.
En 2023, participantes de la Escuela de Derechos de las Mujeres Wixárika, Náayeri, O’dam/Au’dam y Mexikan reflexionaron sobre el ejercicio de sus derechos, el cuidado del territorio y de su participación en los procesos de organización política. CONAPRED, INMUJERES y el INPI acompañaron estos procesos.
Acceso a la tierra, al territorio y derechos agrarios
INMUJERES y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano crearon la Estrategia Integral para el Acceso de las Mujeres Rurales e Indígenas a la Tierra, al Territorio y al Reconocimiento de sus Derechos Agrarios que ha realizado procesos de formación a mujeres ejidatarias, comuneras, posesionarias, avecindadas, o que pretenden serlo, y a aquellas que se encuentran en cargos de órganos de representación y vigilancia agraria. Anexo 1-L.
En 2022 INMUJERES suscribió un Convenio de Coordinación con la Procuraduría Agraria para garantizar los derechos de mujeres indígenas y agrarias. Hasta 2023, hubo 13,334 juicios sucesorios intestamentarios para favorecer a mujeres rurales e indígenas en las 32 EF.
Se impulsó la actualización de reglamentos internos o estatutos comunales para incorporar las perspectivas de género, interculturalidad y protección de bienes ambientales, logrando la actualización de 4,950 documentos y contribuyendo a la elección de 23,000 mujeres como integrantes de comisariados ejidales en 2023. La participación de las mujeres en los órganos de representación agraria, pasó del 17 al 33 % entre 2019 y 2024.
Se promovió la incorporación de la perspectiva de género y la integración de acciones afirmativas en el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible; el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento; y el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.
En 2022, se reformó la Ley Agraria para garantizar el derecho de sucesión de las hijas sobre parcelas y los demás inherentes a la calidad de ejidatario que ostenta el propietario.
El CJF publicado guías dirigidas a las personas indígenas y afromexicanas para difundir conocimiento sobre acceso a la justica, en 20 lenguas indígenas.
19 c)
La elaboración del PROIGUALDAD contó con la participación de mujeres afromexicanas y contempla ocho acciones puntuales y una estrategia prioritaria enfocadas en este grupo de mujeres sobre participación política y toma de decisiones, acceso a salud, medicamentos, salud sexual y reproductiva y la eliminación de la discriminación. El PRONAIND tiene estrategias y líneas de acción en 5 ámbitos prioritarios (educación, salud, trabajo, seguridad social y justicia) que contribuyen a eliminar prácticas discriminatorias contra grupos históricamente discriminados.
En marzo de 2020, se creó la primera Casa para el Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas, en Oaxaca, con un refugio para víctimas y atención médica, jurídica y psicológica. En 2021, se implementaron 4 proyectos sobre la prevención de las violencias contra las mujeres afromexicanas en Guerrero, Oaxaca, Coahuila y Veracruz.
En 2023, INMUJERES realizó el Encuentro Nacional de Mujeres Afromexicanas, logrando construir una red de mentoras con formación cultural, educativa y política. En 2023, se realizaron dos ediciones del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas. En 2024, se fortalecieron habilidades políticas de mujeres afromexicanas con perspectiva antirracista e interseccional con 4 mesas de trabajo en Guerrero, donde participaron 100 mujeres.
En 2022 y 2024, el TEPJF realizó el primer encuentro de las mujeres Afromexicanas y afrodescendientes.
T.Párrafo 20
20 a)
El Amparo en Revisión 388/2022 de la SCJN destaca que el artículo 111 de la Ley de Migración reconoce que el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias no debe exceder de las 36 horas, luego del cual, estas personas deberán continuar su proceso en libertad.
En noviembre de 2020, se reformaron la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para que en el caso de NNyA migrantes se garanticen los derechos y principios establecidos en la LGDNNA y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios.
En mayo de 2021 se estableció el interés superior de NNyA y la perspectiva de género como principios de la Ley de Migración.
20 b)
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) incrementó su capacidad de procesamiento de casos por el aumento del número de personas que buscan protección internacional e incrementó su personal.
Para contribuir al proceso de protección e integración local de las personas solicitantes y refugiadas, cuenta una oficina central, ocho oficinas de representación con nueve oficinas de representación, dos de enlace y dos de coordinación regional en diversas EF.
La COMAR creó herramientas para generar criterios en los perfiles de elegibilidad con perspectiva de género y con análisis de riesgo por el contexto en el país de origen. Desde 2020-abril de 2024, gracias al uso de herramientas jurídicas y técnicas, se emitieron 70,580 resoluciones a procedimientos de mujeres y niñas.
En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se han desarrollado notas de información de país de origen, resoluciones con razonamientos estandarizados y guías de entrevistas, que sirven como un sustento técnico-jurídico para las resoluciones de mujeres y niñas.
20 c)
En mayo de 2024, la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), adoptó los lineamientos para la atención y protección de mujeres en contextos de migración, resultado de la Conferencia Regional de Migración.
La COMAR ha establecido doce mesas interinstitucionales para abordar temas sobre empleo, salud, educación, identidad y documentación. Ha realizado a nivel nacional 94,524 entrevistas de detección de necesidades, 12,956 lecturas de derechos y obligaciones, 11,767 gestiones de asistencia social y 4,907 gestión para asistencia médica.
Se cuenta con el Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante; la Guía de Atención para la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de Movilidad Humana (2023); y el Modelo de Atención a la salud Mental de Mujeres Migrantes y en Crisis (2023).
En septiembre de 2024, la SRE y ONU Mujeres México firmaron un Memorándum de Entendimiento para hacer transversal la perspectiva de género y ampliar la respuesta de atención a las necesidades de mujeres, jóvenes y niñas en toda su diversidad, en situación de movilidad.
El Banco del Bienestar ha permitido la apertura de cuentas bancarias para personas migrantes (con credencial emitida por el INAMI) y refugiadas (con certificado de reconocimiento de la condición de persona refugiada emitido por la COMAR). En coordinación con TRABAJO, esto permite tener acceso formal a un empleo remunerado.
Ver en el Anexo 1-M los trabajos de la SRE sobre atención a mujeres, adolescentes y niñas migrantes mexicanas en el exterior.
20 d)
En el PROIGUALDAD se impulsan acciones sobre mujeres en contexto de migración en materia de salud, violencia, paz y seguridad.
En los compendios anuales que México prepara sobre el cumplimiento de los Objetivos del Pacto Mundial sobre Migración, se han reportado 356 acciones, programas y políticas para la población migrante. El 23 % de éstas incorpora el enfoque para mujeres, niñas y adolescentes.
Se cuenta con los siguientes mecanismos para la educación de NNyA en movilidad: Programa Sectorial de Educación 2020-2024; Protocolo para el Acceso de NNyA en situación de Migración a la Educación Básica en México; y, Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria.
De 2018-abril de 2024, mediante la Estrategia integral de atención a población migrante, EDUCACIÓN incrementó un 31 % la atención educativa a estudiantes de preescolar y primaria comunitaria migrante, y el presupuesto se incrementó en un 17 %. Estos servicios educativos se encuentran en 13 EF y en 13 campos agrícolas migrantes, y para abril de 2024, se atendieron a 4,957 NNyA, de las cuales 49 % son mujeres.
En mayo de 2023, EDUCACIÓN presentó el Diagnóstico sobre Infancias en movilidad y barreras para su educación, en coordinación con UNICEF.
20 e)
En 2019, se creó la CIAIMM como parte del fortalecimiento institucional para la atención de las cuestiones de movilidad.
La CEAV realiza acciones con perspectiva de género, brinda servicios a mujeres y niñas migrantes, mexicanas y extranjeras en tránsito hacia EE. UU., contra todo tipo de delitos.
En EF de tránsito, los PAIMEF dirigen acciones de prevención y sensibilización dirigidas a mujeres migrantes y jornaleras, priorizando las zonas con alto grado de marginación y promueven la contratación de personas intérpretes y canalización adecuada.
INAMI, INMUJERES y ONU Mujeres crearon el Políptico de mensajes de cuidado para mujeres en contexto de migración, que da a conocer los riesgos para las mujeres en movilidad.
La SEGOB diseñó, en coordinación con el INAMI, material gráfico promover los derechos de la población desplazada y de NNyA en movilidad.
Ente los mecanismos disponibles para mujeres migrantes presuntas víctimas de violencia de género o de algún otro delito se tienen: el Estándar de Competencia 1425, denominado Detección de posibles víctimas de trata de personas durante las diligencias migratorias en el marco de protección a los Derechos Humanos (2021); la Guía para la Atención y Protección de las Mujeres en Contexto de Migración en la Frontera Sur de México (2022); la Guía de Identificación y Atención de Mujeres Víctimas de Violencia en contexto de Migración para Oficiales de Protección (2022), del INAMI, INMUJERES y ONU Mujeres; el Programa de formación para nuevos Oficiales de Protección a la Infancia y Atención a Grupos Vulnerables (2022) del INAMI; el Protocolo para la detección, identificación y atención a personas migrantes víctimas y/o posibles víctimas de trata de personas en México, cuya última actualización fue en 2022.
La COMAR, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuenta con el programa “Ayuda en Acción”, que tiene como objetivo la atención de mujeres solicitantes de asilo y refugiadas sobrevivientes y expuestas a violencia sexual y de género, con miras a lograr un proceso de inserción e integración en México.
20 f)
La Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas de la FGR, facilita el acceso a la justicia de las personas migrantes y a sus familias; investiga y persigue los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes; y dirige, coordina y supervisa acciones de reparación. De 2018-2024, se iniciaron 274 carpetas de investigación y se atendieron a 1,078 personas víctimas, de las cuales 272 fueron mujeres o niñas.
En 2020, la COMAR y el Instituto Federal de Defensoría Pública celebraron un convenio para que personas solicitantes, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria accedan a asesoría jurídica y acompañamiento.
En 2022, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobó los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación que, a través de la CNB y la SRE, facilitan, entre otros, la investigación y persecución de los delitos.
20 g)
Desde 2021, INMUJERES impulsa el proyecto Mujeres migrantes: frontera a frontera tus derechos contigo, con acciones en los tres niveles de gobierno, organismos internacionales y academia bajo tres ejes principales: territorio, fortalecimiento institucional y promoción de los derechos humanos. Ver anexo 1-N.
Esta iniciativa ha impulsado proyectos semilla de mujeres migrantes jefas de familia, campañas para promover la inclusión laboral y emprendimientos de mujeres en contextos migratorios y diversos documentos de política pública en materia migratoria con perspectiva de género, como el Decálogo sobre Género y Migración.
Los Grupos Beta de Protección a Migrantes del INAMI tienen por objeto la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes. En 2018, se atendieron a 143 mujeres y 79 niñas; para 2023 se atendieron a 65,131 mujeres y 25 mil niñas.
U.Párrafo 21
21 a)
Como parte del PND y la ENSP, la SSPC y la SEGOB instalaron en 2020 la Comisión para operar la Ley de Amnistía, que garantiza una segunda oportunidad a las personas injustamente privadas de su libertad en México.
Existen personas beneficiadas con medidas alternativas a la privación de la libertad. En 2022, se efectuaron las dos primeras liberaciones de indígenas tzotziles en el estado de Chiapas y en 2023 de una mujer guerrerense que se encontraba en un penal de Morelos.
21 b)
Los PAIMEF realizan acciones con mujeres privadas de su libertad para prevenir la violencia y el análisis de casos para acompañamiento jurídico.
De 2018-2024, se capacitaron a 28,245 personas servidoras públicas del sistema penitenciario sobre violencia de género e igualdad de género.
En los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) se cuenta con el Decálogo de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad.
En junio de 2022, se presentó el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad. Prevé 67 recomendaciones para fortalecer las capacidades institucionales; en 2023 se registró el 82 % de avances en su cumplimiento.
En 2023, el Ejecutivo Federal presentó la Primera Estrategia Nacional contra la Tortura, coordinada entre 18 entidades de la APF.
Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contras las Mujeres
En 2020, se aprobó la incorporación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida en Contra de Mujeres, al SNPASEVM. En 2023, se aprobaron los lineamientos para su organización y funcionamiento.
En junio de 2024 se presentó el Primer Informe Anual de Actividades 2023-2024 de este Mecanismo del que se destaca: el desarrollo de la Campaña Nacional Contra la Tortura; las labores de la Jornada de Salud para Mujeres Privadas de la Libertad, realizada en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (CPS Femenil Morelos 16); difusión de información sobre su integración, objetivos, alcances, actividades y desafíos; un reporte de seguimiento a casos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual; y, el procedimiento para acceder al Mecanismo y las conclusiones que ha emitido derivadas de sus acciones.
Reparación
De 2018-agosto de 2024, la CEAV emitió 68 resoluciones para otorgar la reparación integral a favor de niñas y mujeres víctimas de trata, tortura y tortura sexual por un monto de 1,357,000 dólares y $125,739,366.42 mdp a favor de 204 víctimas directas e indirecta. Brindó medidas de ayuda inmediata a niñas y mujeres en 85 resoluciones por un monto de $38,666,987.28 mdp.
En ese periodo, se inscribieron a 34,443 mujeres en el Registro Nacional de Víctimas, de las cuales 420 fueron víctimas del delito de tortura, otorgando representación legal a 253 mujeres víctimas de tortura y 123 de tortura sexual.
Criterio de la SCJN
En 2022, la SCJN estableció que, en contextos de detención, custodia o cualquier ámbito donde la acción de agentes estatales recaiga en personas civiles, la desnudez forzada cometida para humillar, castigar, intimidar o reforzar estereotipos discriminatorios de género cumple con los elementos del delito de tortura.
21 c)
La Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un catálogo de derechos para mujeres privadas de su libertad como la maternidad y la lactancia; trato directo de personal penitenciario femenino; instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura; valoración médica; alimentación adecuada; entre otros.
CONAPRED desarrolló los Estándares sobre mujeres privadas de libertad y enfoques diferenciados en el ámbito penitenciario, para todas las autoridades responsables de la administración penitenciaria e impulsar la adopción de medidas con enfoques diferenciados y de género en las políticas penitenciarias.
Servicios de salud
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) gestiona en los CEFERESOS consultas ginecológicas, psiquiátricas, dermatológicas, de traumatología y ortopedia; estudios de radiografía y de ultrasonido y detección de diabetes, hipertensión y obesidad.
En diciembre de 2022, el IMSS y el OADPRS firmaron un convenio para garantizar la salud de personas internas en los 14 penales federales.
En el CPS Femenil Morelos 16, a través del Servicio de Salud de esa EF, se brinda atención pediátrica a hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad que viven con ellas; se cuenta con la Cartilla Nacional de Salud; y, se implementa el Proyecto Adquisición del Sistema de Documentación de Lesión de Pecho para el diagnóstico de Cáncer de Mama a favor de las Mujeres Privadas de la Libertad.
Acceso a la justicia
Desde 2021, se entrega obligatoria y gratuitamente información jurídica a las personas privadas de su libertad para una defensa adecuada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en CEFERESOS y está permanentemente en los Centros Penitenciarios Federales, lo que fortalece la implementación de mecanismos para la recepción de quejas. CONAPRED emitió una resolución sobre mujeres privadas de su libertad.
La colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos permite a estas personas privadas de la libertad obtener un avance gradual en sus estudios.
21 d)
En el CPS Femenil Morelos 16, durante noviembre de 2022, se efectuaron 96 estudios de mastografías para la detección de cáncer de mama. El personal del ISSSTE toma muestras para examen de Papanicolau y elementos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, de SALUD, realizan tamizajes para detección del virus de hepatitis C.
En el CPS Femenil Morelos 16 se llevan a cabo campañas de vacunación contra el sarampión, y aplicaciones de mastografía, toma de glucosa, aplicación de PCR, USG mamario y colposcopía, en colaboración con el Servicio de Salud de esa EF.
V.Párrafo 22
22 a)
En junio de 2019, entró en vigor la reforma al CCF que establece necesario haber cumplido mínimo 18 años de edad para contraer matrimonio.
En 2021, SIPINNA creó un Grupo de trabajo para la atención del matrimonio infantil y uniones tempranas forzadas y no forzadas de niñas.
En marzo de 2023, se reformó el CPF para establecer un tipo penal autónomo que sancione a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio.
En diciembre de 2023, se reformó la LGDNNA para establecer que las leyes federales y de las EF, además de establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, deberán adoptar medidas integrales para la protección de NNyA contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
En febrero de 2024, el Senado avaló una reforma al artículo 2 constitucional que establece que la aplicación de los propios principios normativos indígenas deberá respetar el interés superior de NNyA. Esto sigue su curso legislativo.
Acciones de la SCJN
En 2019, la SCJN estableció que la eliminación de las dispensas para el matrimonio infantil en el Código Civil del Estado de Aguascalientes es constitucionalmente válida, eficaz y razonable para proteger el interés superior de la niñez. Ese año, determinó que las legislaturas locales tienen la facultad de eliminar las dispensas legales al requisito de edad mínima para contraer matrimonio.
22 b)
Ver anexo 1-D con las campañas al respecto.
22 c)
En 2021, la SCJN reconoció la importancia de regular de manera urgente y prioritaria la gestación por sustitución y exhortó a los demás Poderes de la Unión y de las EF a hacerlo.
En abril de 2022, el Senado llevó a cabo el Foro Hacia una regulación de la gestación sustituta, donde se abordaron las oportunidades de la regulación estatal.
W.Párrafo 23
En febrero de 2020, se instaló una mesa de trabajo para incorporar la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que elaboró el Diagnóstico Incorporación de la Perspectiva de Género en la Gestión Integral de Riesgos entre las Coordinación Estatales de Protección Civil.
Desde 2020 se llevan a cabo los Foros nacionales SINAPROC Incluyente para incorporar perspectivas de interculturalidad, género, discapacidad, juventud e interseccionalidad; se ha contado con participación de 154,600 personas. De 2021-2022, se abordó la gestión integral de riesgos de desastres con perspectiva de género.
En 2020, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) incluyó la perspectiva de género en el Sexto Informe de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como en 63 acciones de las Estrategias de Biodiversidad de 7 EF. En enero de 2023, la CONABIO realizó el Encuentro Nacional de Mujeres que Participan en la Conservación de la Agrobiodiversidad al cual asistieron 80 mujeres entre 23 y 70 años de edad de Chiapas, Chihuahua, CDMX, Michoacán, Oaxaca y Yucatán.
Se incorporó la perspectiva de género en el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible; el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; y el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.
La Comisión Nacional del Agua implementa programas que promueven la participación igualitaria de mujeres en brigadas de atención a emergencias.
De agosto de 2021-mayo de 2024, la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes creó 191 comités comunitarios en 16 EF, conformados por 797 personas, entre ellas 38 % mujeres.
Programas de apoyo
De 2019-julio de 2024, el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural atendió a 310,304 personas, entre ellas 184,981 mujeres.
En 2021, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola benefició a más de 500 personas productoras en unidades de riego, y en 2022 se realizaron proyectos de rehabilitación y tecnificación, apoyando a mujeres en estas unidades.
X.Párrafo 24
En la Ley General de cambio climático contempla perspectivas de derechos humanos e igualdad de género. El Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 tiene criterios de atención diferenciada y género.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a través del proyecto “Estrategias de adaptación que contribuya a la reducción de las brechas de desigualdad y vulnerabilidad al cambio climático en municipios de Oaxaca (2021-2023)”, desarrolló talleres con autoridades locales, hombres y mujeres de las comunidades, para informar sobre el cambio climático y sus impactos diferenciados.
En 2020, se creó el Grupo Interinstitucional de Género y Cambio Climático, compuesto por instituciones gubernamentales y OSC, para transversalizar la perspectiva de género en políticas públicas de cambio climático.
En 2022, México presentó su Plan Nacional de Acción de Género y Cambio Climático en la 27° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En julio de 2024, se realizó el “Diálogo climático: taller de socialización del Plan Nacional de Acción de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático” para socializar la actualización del Plan, con apoyo de la GIZ, y fortalecerlo con las contribuciones, visiones y acciones de los diferentes actores, incluyendo la APF, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional.
Y.Párrafo 25
Si bien el presente informe subraya avances significativos, el Estado mexicano es consciente de los retos sobre la igualdad de género en los diversos niveles y poderes de gobierno. Se busca fortalecer el seguimiento a la CEDAW a través de los mecanismos ya establecidos y, en ello, robustecer la relación con las organizaciones de la sociedad civil y la academia. También, se busca fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género a nivel institucional con el liderazgo de la futura Secretaría de las Mujeres.
Este Informe se entrega en el marco de una transición federal, cuyo nuevo gobierno continuará priorizando y fortaleciendo el avance hacia la igualdad sustantiva bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta en la historia de México. ¡Es tiempo de mujeres donde si llega una, llegan todas!