* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Información recibida de Bélgica relativa al seguimiento de las observaciones finales de su octavo informe periódico*
[Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2024]
Información de seguimiento relativa al párrafo 14 b) de las observaciones finales (CEDAW/C/BEL/CO/8)
En Bélgica, el acceso a la asistencia jurídica es un pilar esencial del sistema judicial. La asistencia jurídica de primera línea permite a todas las personas, sea cual sea su sexo o nivel de ingresos, obtener asesoramiento inicial gratuito en materia jurídica o de procedimiento por parte de abogados que prestan servicios organizados por comisiones de asistencia jurídica. La asistencia jurídica de segunda línea permite que determinadas personas, sea cual sea su sexo, reciban asistencia gratuita o parcialmente gratuita por parte de un abogado, sujeta a ciertas condiciones.
La prestación de esta asistencia jurídica de segunda línea se basa en los ingresos reales del solicitante. En la ley de 31 de julio de 2020 se aumentó de manera considerable el umbral de ingresos (algo más de 500 euros).
Las personas que reciben una prestación sustitutiva por discapacidad se benefician de un procedimiento simplificado para acceder a la asistencia jurídica de segunda línea sobre la base de la presunción de insuficiencia de recursos: simplemente han de cumplimentar un formulario y presentar el certificado de concesión de su prestación emitido por la autoridad competente.
Asimismo, cabe añadir que a las personas extranjeras también se les aplica la presunción de insuficiencia de recursos en cuanto al acceso a la asistencia jurídica de segunda línea, por lo que se benefician de un procedimiento simplificado para presentar una solicitud de permiso de residencia o un recurso administrativo o jurídico contra una decisión adoptada en aplicación de la ley de 15 de diciembre de 1980. Lo mismo sucede con las personas solicitantes de asilo o a aquellas que solicitan que se reconozca su condición de desplazadas, siempre que presenten documentación justificativa. Por otro lado, el estado del permiso de residencia no determina la posibilidad de acceso a asistencia jurídica para otros procedimientos; el acceso depende de los ingresos reales.
Tanto en los procedimientos penales como en los civiles se facilita interpretación en la lengua del procedimiento, a cargo del Estado, para las personas que deseen expresarse en una lengua distinta y aquellas que tengan deficiencias auditivas o del habla. En el caso de las personas sospechosas o acusadas que se encuentren privadas de libertad y de aquellas que reciban asistencia jurídica de segunda línea también se pone a su disposición, en la medida de lo posible, un abogado que hable su idioma. En su defecto, se ofrecerá un servicio de interpretación, a cargo del Estado, para la comunicación entre la persona interesada y su abogado.
El registro nacional de intérpretes y traductores jurados, creado en 2019, cumple una función crucial en este marco. En dicho registro, cuyo número de inscritos ha aumentado en los últimos años, figuran profesionales formados no solo en el ámbito lingüístico, sino también en procedimientos judiciales específicos.
A las mujeres indocumentadas que son víctimas de la trata de personas se les concede un permiso de residencia por toda la duración de las actuaciones judiciales (con sujeción a ciertas condiciones). Este permiso es una medida fundamental para evitar que sean expulsadas mientras su caso sigue pendiente, y para que puedan ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a la justicia.
Los servicios de atención a las víctimas que ofrecen los centros de justicia a nivel de las comunidades (Comunidad Francesa, Comunidad Flamenca y Comunidad Germanófona) también son importantes en el marco de la prestación de una asistencia adecuada a las víctimas de la violencia de género. Desde 2020 existen acuerdos locales de colaboración entre dichos servicios de atención y los centros de atención a las víctimas de agresiones sexuales. Cuando una persona ingresa en un centro de atención a las víctimas de agresiones sexuales y presenta una denuncia, el servicio de atención se pone en contacto con ella (en lo que constituye la fase de investigación). El centro de atención a las víctimas de agresiones sexuales de la provincia de Flandes Oriental llevó a cabo un proyecto piloto en 2023 en que, a través de un servicio telefónico, se ofrecía asesoramiento de primera línea por parte de profesionales de la abogacía con formación específica de apoyo jurídico a víctimas de violencia sexual.
Por último, en Bruselas se puso en marcha en 2023 el proyecto “Lawyer Victim Assistance”, por el que se ofrece a las víctimas de violencia familiar asistencia jurídica gratuita inicial por parte de abogados formados en violencia sexual y familiar. Se presta especial atención a las víctimas que presentan vulnerabilidades específicas, como antecedentes migratorios.
Información de seguimiento relativa al párrafo 24 b) de las observaciones finales
Como se indicó en el octavo informe periódico sobre la aplicación de la Convención y durante el diálogo constructivo, el marco jurídico de Bélgica exige que para que se lleve a cabo una esterilización la persona debe dar su permiso sobre la base de un consentimiento informado.
A principios de 2024 se modificó y modernizó la ley sobre los derechos de los pacientes. Desde entonces, la libre determinación y el derecho del paciente a ser informado de acuerdo con su capacidad de comprensión se encuentran consagrados de manera mucho más clara en la ley.
No se dispone de datos suficientes sobre la prevalencia de este problema. Por ello, la Región Valona, la Región de Bruselas-Capital y la Comisión Comunitaria Francesa han financiado una investigación llevada a cabo por organizaciones especializadas acerca de la violencia ginecológica y obstétrica que sufren las mujeres con discapacidad intelectual internadas en instituciones.
En la Región Valona, se presta especial atención a la cuestión de la esterilización o la anticoncepción forzadas a la hora de evaluar los servicios. De hecho, existe un convenio de acogida que regula el ingreso de las personas con discapacidad en el servicio residencial. En los casos en que existe una cláusula relativa a la anticoncepción, esto se señala al realizar la auditoría del servicio en cuestión. En los últimos años se ha constatado una notable evolución gracias a las numerosas observaciones de los auditores de calidad, de tal forma que se ha elaborado un folleto para sensibilizar a los profesionales del sector.
Se han organizado iniciativas de sensibilización y capacitación didácticas dirigidas a los profesionales de los centros residenciales en materia de relaciones afectivas y sexuales, y se han diversificado las misiones del centro de recursos sobre discapacidad y sexualidad Handicaps et Sexualités.
En la Comunidad Flamenca, todo centro debe cumplir el decreto de calidad establecido en 2011 por el gobierno de Flandes sobre las condiciones generales para el reconocimiento y la garantía de calidad de los centros de atención, tratamiento y apoyo a las personas con discapacidad. Para garantizar el cumplimiento de este decreto, existe un procedimiento formal de reclamación, así como una inspección de los cuidados y la obligación de crear un consejo de usuarios en cada centro.
En todo el territorio nacional se han desarrollado diversas iniciativas en materia de prevención y de programas de capacitación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos para las mujeres con discapacidad.
Varios actores (Comunidad Francesa, Región Valona, Región de Bruselas-Capital, Comunidad Germanófona) han financiado talleres de autodefensa organizados por la sociedad civil (la asociación Garance) para mujeres con discapacidad, con el fin de mejorar su confianza en sí mismas y ayudarlas a hacerse valer.
Además, la Región Valona sigue organizando cada dos años el salón enVIE d’Amour, en el que se ofrecen consejos y soluciones para la autonomía en las relaciones y la vida afectiva y sexual. También se lanzan campañas participativas de sensibilización a través de la plataforma enVIE d’Amour. Por último, se ofrece capacitación dirigida a los profesionales que trabajan en el sector de la discapacidad.
Desde la adopción del memorando de entendimiento del 7 de julio de 2023 entre la Comunidad Francesa, la Región Valona y la Comisión Comunitaria Francesa para ampliar la educación en materia de relaciones afectivas y sexuales, se imparten dos horas de actividades sobre las relaciones afectivas y sexuales a todos alumnos, tanto de educación ordinaria como de educación especial (adaptada para alumnos con discapacidad) en 6º de primaria y en 4º de secundaria o los niveles equivalentes a los 12 y 16 años en el caso de la educación especial.
La Comunidad Flamenca aplica una política de prevención activa en materia de experiencias sexuales sanas. Para implementar, evaluar y perfeccionar esta política se recurre a expertos y organizaciones colaboradoras como Sensoa.
Además, la Comunidad Flamenca ha llevado a cabo una investigación exploratoria sobre la oferta y la calidad de la educación sexual y sobre las relaciones actualmente disponible para los alumnos con discapacidad que cursan la educación secundaria especial. En 2024 se ha puesto en marcha un estudio sobre el apoyo a las personas con discapacidad víctimas de violencia sexual.
Por último, se han brindado sesiones de capacitación, coaching y supervisión entre pares a prestadores de asistencia en el marco de un proyecto de apoyo profesional y de calidad en materia de salud sexual para las personas con discapacidad por parte de prestadores de asistencia en materia de salud sexual formados, de la organización sin ánimo de lucro Aditi, financiado a raíz de la convocatoria de proyectos “Inclusief Samenleven” (vivir juntos de forma inclusiva).
Información de seguimiento relativa al párrafo 26 a) de las observaciones finales
En Bélgica, el establecimiento de centros de acogida para mujeres y niñas víctimas de violencia de género compete a las entidades federadas.
En la Comunidad Flamenca, los centros de acogida para víctimas de la violencia familiar y de la trata de personas son reconocidos y subvencionados por el gobierno de Flandes, y forman parte de los Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) (centros para el bienestar general). Actualmente hay seis refugios o centros de acogida seguros reconocidos para las víctimas de la violencia familiar (con una capacidad total de 111 camas). Además, los CAW cuentan también con una serie de refugios donde también pueden acudir las víctimas de la violencia familiar, pero que no están destinados exclusivamente a este grupo. En ellos se proporciona un asesoramiento psicosocial completo.
El CAW de Amberes también gestiona un centro de acogida para víctimas de la trata de personas (con una capacidad de 29 camas).
En 2022, 690 personas (309 mujeres, 67 hombres, 303 niños y 11 personas no identificadas) se beneficiaron de los módulos de apoyo residencial para víctimas de violencia familiar ofrecidos, y en 2023 estos módulos tuvieron 725 beneficiarios (327 mujeres, 58 hombres, 331 niños y 9 personas no identificadas). Los centros de alojamiento de emergencia también pueden acoger a víctimas de la violencia familiar, aunque no estén reservados exclusivamente para ellas.
En los refugios residenciales de los CAW se cobra una tarifa diaria o un cargo por el servicio para cubrir el costo de la estancia. El principio básico es que los usuarios paguen la tarifa diaria y en caso de insolvencia recurran al centro público de acción social (CPAS). Para eliminar en la medida de lo posible cualquier barrera financiera, se decidió poner en marcha un proyecto piloto para cubrir la tarifa diaria de la estancia en un refugio seguro.
Los CAW tiene el compromiso permanente de proporcionar a su personal la capacitación que les permita adquirir las competencias para cumplir su misión y responder a las necesidades.
En el marco de la asistencia a la juventud se hace un seguimiento especial a la acogida de adolescentes víctimas del proxenetismo. En el caso de las trayectorias complejas, la asociación y la coordinación requieren directrices y bases claras. A partir de estas se ha compuesto una hoja de ruta que se ha ido actualizando en los últimos años.
Por último, a la hora de adjudicar viviendas sociales (Wonen Vlaanderen) en la Comunidad Flamenca se da prioridad a los solicitantes en situación precaria de vivienda. A finales de 2021 se aprobó un nuevo sistema de asignación, que entraría en vigor el 1 de enero de 2024. El sistema obliga a destinar el 20 % de las asignaciones rápidas a inquilinos con necesidades especiales o en situación precaria, incluidas las mujeres víctimas de violencia.
En la Región Valona se han adoptado diversas medidas en los últimos años para aumentar el número de plazas de acogida destinadas a mujeres víctimas de violencia y para ofrecerles más apoyo una vez que han abandonado los centros de acogida.
Para crear nuevas plazas de acogida en la Región Valona, se han lanzado tres convocatorias de proyectos:
•Una convocatoria de proyectos lanzada en 2021 para financiar personal de gestión en los centros (67 nuevas plazas de acogida) de siete estructuras de acogida, por una suma de 460.000 euros. En 2022 se volvió a lanzar la convocatoria de proyectos por un total de 630.000 euros y para la creación de 25 nuevas plazas. En 2023 (entre julio y diciembre) se concedió una subvención adicional;
•Además, en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, se lanzó una convocatoria para infraestructuras por valor de 30 millones de euros, de los que aproximadamente 11 millones estaban específicamente destinados al alojamiento de mujeres víctimas de violencia, incluida la creación de un nuevo centro de acogida de emergencia;
•La tercera convocatoria, lanzada en 2021 por una suma de 1.500.000 euros para proyectos orientados a ampliar el número de plazas de alojamiento, estaba dirigida a empresas de economía social constituidas como cooperativas acreditadas que operaran en el sector inmobiliario (un total de 1.455.000 euros para la creación de 35 plazas de alojamiento).
Además de estas convocatorias de proyectos, en 2022 y 2023 se pusieron en marcha tres programas de creación de viviendas públicas con posibilidad de establecer concretamente alojamiento de tránsito. En total, entre 2020 y 2023, se invirtieron aproximadamente 14.905.000 euros en la creación de alojamiento de tránsito.
Por último, la Región Valona introdujo una reforma, que entró en vigor en abril de 2024, para que las víctimas de violencia familiar pudieran optar con mayor facilidad a una vivienda social, sobre todo en lo referente a los plazos y a los organismos capaces de dar fe de la violencia.
De los 58 centros de acogida acreditados, 21 están especializados en mujeres víctimas de violencia conyugal y atienden las 24 horas del día.
Algunos de estos centros ofrecen atención segura y de emergencia en lugares confidenciales (cuya dirección es secreta). Otros acogen tanto a víctimas como a personas afectadas por otras circunstancias. Se ofrece apoyo psicosocial específico vinculado a la problemática múltiple y compleja de las personas que se alojan en los centros. Algunos centros de acogida especializados también cuentan con una sección ambulatoria.
Gracias al Plan Valón de Recuperación, entre 2022 y 2024 se ha contado con subvenciones adicionales que han permitido contratar a más personal, de forma proporcional al tamaño de los centros, para extender el servicio posterior al alojamiento a todos los centros de acogida.
En abril de 2024 se adoptó un nuevo decreto sobre acogida, alojamiento y apoyo a personas en circunstancias sociales difíciles.
Una encuesta realizada en 2022 entre los centros de acogida puso de manifiesto la necesidad de desarrollar un programa de capacitación específico sobre violencia conyugal dirigido a todo el personal de los centros. Este programa se puso en marcha en 2023 (30 jornadas de capacitación en 2023 y 2024).
En 2021, la Comunidad Francesa amplió la financiación de un servicio especializado de alta seguridad para acoger a menores víctimas de la trata de personas relacionada, entre otras cosas, con la explotación sexual o la explotación de la mendicidad, así como en riesgo de matrimonio forzado (y de la violencia por motivos de honor estrechamente conectada con este).
Este aumento de la financiación, que fue prolongado en 2022, permite acoger a 5 jóvenes más, hasta un total de 20. Se destina a ello una suma de 200.000 euros anuales.
Entre 2019 y 2023 recibieron este apoyo 43 menores, casi exclusivamente de sexo femenino.
En la Región de Bruselas-Capital hay cinco mecanismos financiados y acreditados por la Comisión Mixta Comunitaria que ofrecen alojamiento o apoyo a víctimas de la violencia de género.
Los centros de acogida Talita y Porte Ouverte (para mujeres víctimas de violencia familiar), que tienen una capacidad respectiva de 22 plazas (más 4 cunas) y 30 plazas (más 3 cunas), existen desde hace muchos años. En el caso del centro Porte Ouverte, su capacidad creció de 22 a 30 plazas en 2023.
En el marco del Plan de Vivienda de Emergencia adoptado en 2020, la Región de Bruselas-Capital adquirió dos edificios y financió las obras de acondicionamiento y renovación de estos. En 2022 se abrieron dos nuevos centros de acogida: Yemaya (14 plazas y 4 cunas) y Turing, gestionado por la asociación Refuge Bruxelles (14 plazas para jóvenes LGBTQIA+). Está previsto que se construya un tercer centro de alojamiento en 2026. El centro de acogida Circé, creado en septiembre de 2023 y gestionado por la asociación L’Ilot, acoge a mujeres sin hogar o que necesiten orientación.
La nueva legislación de Bruselas relativa al alquiler de viviendas gestionadas por la entidad de la vivienda de la Región de Bruselas-Capital o por entidades inmobiliarias de servicio público exige que cada entidad suscriba uno o varios convenios de colaboración con centros de acogida acreditados que acojan a víctimas de violencia de pareja o familiar para la asignación prioritaria de alojamiento equivalente a un mínimo del 6 % del total de las asignaciones del año anterior. Además, el decreto relativo al funcionamiento de las agencias de vivienda social prevé que se conceda a las agencias una subvención adicional para viviendas reservadas a víctimas de violencia familiar.
Por otro lado, en 2025 entrará en vigor una nueva prestación de ayuda al realojamiento. Esta prestación estará destinada a las personas que estén saliendo de una situación de falta de hogar, que hayan sido víctimas de violencia doméstica o cuya vivienda haya sido objeto de una prohibición de alquiler o haya sido declarada inhabitable por el burgomaestre.
En la Comunidad Germanófona, la asociación Prisma gestiona un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia conyugal. El apoyo prestado a las residentes incluye acompañamiento psicosocial, así como ayuda y búsqueda de soluciones en caso de dificultades de índole jurídica, financiera, administrativa o práctica.
Información de seguimiento relativa al párrafo 44 e) de las observaciones finales
Para combatir la actividad laboral no declarada en el ámbito del trabajo doméstico, en 2004 la legislación belga creó el sistema de vales de servicios.
En general se considera que el sistema de vales de servicios ha permitido formalizar gran parte de la actividad laboral en el ámbito del trabajo doméstico. A raíz de esta evolución se han logrado una mejor vigilancia del respeto de las condiciones laborales y la concesión de derechos sociales a una determinada categoría de personal doméstico.
En los últimos tres años se han realizado esfuerzos considerables para aumentar la vigilancia en este ámbito, y en 2022 y 2023 se llevaron a cabo campañas de inspección específicas. Las inspecciones permitieron observar la forma en que se verificaba el respeto de las obligaciones establecidas en la normativa sobre bienestar, con vistas a tomar las medidas necesarias. Cabe señalar que se levantaron actas sobre las infracciones y se analizaron los resultados de las campañas de inspección con los interlocutores sociales. En el sitio web del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social se recogen tanto las conclusiones detalladas como su seguimiento, además del informe final de la campaña nacional en el área de los vales de servicios.
Además de las personas cuyo trabajo se enmarca en el sistema de los vales de servicios, también existen trabajadores domésticos, personal de las residencias diplomáticas y empleados del hogar a tiempo completo que pueden residir en casa de su empleador a los que no se aplica el régimen.
Conforme al derecho belga, los contratos de trabajo doméstico se rigen por el apartado V de la ley de 3 de julio de 1978 sobre contratos laborales. Se trata, por tanto, de un tipo específico de contrato laboral, sujeto a la legislación en materia social, con normas concretas para determinados aspectos del trabajo manual. En términos generales, para que se celebre un contrato laboral las partes deben haber acordado, antes de la contratación, las condiciones esenciales de dicho contrato.
Asimismo, Bélgica transpuso en su ley de 7 de octubre de 2022 la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Así, desde el 10 de noviembre 2022, todos los empresarios están obligados a facilitar a sus empleados información sobre los principales aspectos de su relación laboral.
En cuanto a la supervisión, los trabajadores domésticos, al igual que los de otros sectores, pueden presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, ponerse en contacto con la Oficina del Auditor Laboral o llevar su caso ante el Tribunal Laboral en caso de infracción de la legislación laboral.
De conformidad con el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) de la Organización Internacional del Trabajo, Bélgica adoptó en 2023 medidas específicas para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores domésticos y del personal del hogar. En mayo de 2023 se desarrolló una herramienta digital específica para ayudar a los empleadores a hacer un análisis de riesgos adaptado a las condiciones laborales específicas de estos trabajadores.
Por otro lado, en lo que respecta al problema de la explotación de trabajadores domésticos por parte de personal diplomático que goza de inmunidad de jurisdicción, Bélgica ha establecido un sistema especial de prevención. Para contratar trabajadores domésticos, el personal diplomático debe solicitar autorización a la sección de protocolo del Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores por conducto de su misión diplomática, oficina consular u organización internacional reconocida. Como parte de este procedimiento, el empleador debe asegurarse de que el trabajador reciba una copia del contrato en una lengua que comprenda.
En caso de controversia sobre la ejecución de un contrato laboral de este tipo, tanto el empleador como el trabajador pueden dirigirse a la Comisión de Buenos Oficios. El principal objetivo de esta Comisión es resolver los problemas que puedan surgir entre estos trabajadores y su empleador.