Comité de Derechos Humanos

Cuarto informe periódico que Viet Nam debía presentar en 2023 en virtud del artículo 40 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 3 de abril de 2023]

Índice

Página

Introducción3

Parte I: Información general3

Organización del Estado3

Marco jurídico nacional de derechos humanos3

Aplicación de los instrumentos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos4

Dificultades para la aplicación del Pacto y medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID‑195

Elaboración del informe7

Parte II: Información relativa a artículos específicos del Pacto7

Artículo 17

Artículos 2 y 26 y párrafos 6, 8, 14 y 18 de las observaciones finales del Comité8

Artículo 3 y párrafos 20 y 22 de las observaciones finales del Comité11

Artículo 4 y párrafos 10 y 12 de las observaciones finales del Comité15

Artículo 6, párrafo 24 de las observaciones finales del Comité e informe CCPR/C/136/2/Add.416

Artículo 7 y párrafo 28 de las observaciones finales del Comité18

Artículo 8 y párrafo 40 de las observaciones finales del Comité19

Artículo 9 y párrafos 26 y 32 de las observaciones finales del Comité20

Artículo 10 y párrafo 30 de las observaciones finales del Comité23

Artículo 1125

Artículo 12 y párrafo 42 de las observaciones finales del Comité25

Artículo 1326

Artículo 14 y párrafos 34 y 36 de las observaciones finales del Comité26

Artículo 1528

Artículo 1629

Artículo 1730

Artículo 18 y párrafo 44 de las observaciones finales del Comité30

Artículos 19 y 20, párrafos 46 y 52 de las observaciones finales del Comité e informe CCPR/C/136/2/Add.431

Artículo 21 y párrafo 48 de las observaciones finales del Comité33

Artículo 22 y párrafo 50 de las observaciones finales del Comité34

Artículo 2335

Artículo 24 y párrafo 38 de las observaciones finales del Comité35

Artículo 25 y párrafo 54 de las observaciones finales del Comité36

Artículo 27 y párrafo 56 de las observaciones finales del Comité38

Introducción

1.Viet Nam presenta su cuarto informe periódico de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas (en adelante, “el Pacto”). Este informe abarca la aplicación del Pacto desde enero de 2019 hasta diciembre de 2022 y se centra en las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos tras el examen del tercer informe periódico del país sobre la aplicación del Pacto (informe CCPR/C/VNM/3) en marzo de 2019, y en el informe sobre el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del Comité (CCPR/C/136/2/Add.4). El presente informe se ha elaborado sobre la base de las Directrices para el documento específico relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que deben presentar los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (CCPR/C/2009/1).

2.Con miras a facilitar un examen cabal de este informe, se hace referencia, cuando procede, entre otras cosas, al informe CCPR/C/VNM/3 y a otros informes nacionales pertinentes, incluidos los informes quinto y sexto combinados de Viet Nam relativos a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el noveno informe periódico relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los informes periódicos 15º a 17º combinados relativos a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el informe relativo a la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el informe nacional en el marco del tercer ciclo del examen periódico universal.

3.El presente informe consta de una primera parte, donde se recoge información de carácter general, y de una segunda parte, que contiene información relativa a artículos específicos del Pacto. Además, el informe comprende cinco anexos, a saber:

Anexo 1: Planes de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Anexo 2: Lista de leyes y resoluciones pertinentes de la Asamblea Nacional (correspondiente al período 2019-2022).

Anexo 3: Lista de conferencias, seminarios, talleres y programas de formación para dar a conocer las leyes sobre derechos civiles y políticos (correspondiente al período 2019-2022).

Anexo 4: Programas de metas nacionales pertinentes (correspondientes al período 2021-2025).

Anexo 5: Información sobre documentos jurídicos en relación con actividades de información y comunicación.

Parte I Información general

4.Viet Nam es un Estado unitario compuesto por 54 grupos étnicos. Está situado en Asia Sudoriental, tiene una superficie total de 331.212 km2 y una población de 99,5 millones de habitantes (2022), y se divide en 63 provincias y ciudades.

Organización del Estado

5.La organización del Estado de Viet Nam está establecida en la Constitución y en las leyes pertinentes, y se presenta de forma detallada en los párrafos 5 a 13 del informe CCPR/C/VNM/3.

Marco jurídico nacional de derechos humanos

6.El marco jurídico nacional de Viet Nam en materia de derechos humanos se expone en detalle en los párrafos 14 a 17 del informe CCPR/C/VNM/3. La Constitución de Viet Nam, que constituye la norma suprema del Estado, siempre ha reconocido, en todas sus versiones, los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. Sobre la base de la Constitución de 2013, se han promulgado, modificado y complementado leyes y otros textos legislativos relativos a los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos con el fin de seguir promoviendo y salvaguardando tales derechos.

7.Viet Nam aprobó la Resolución núm. 27-NQ/TW, de 9 de noviembre de 2022, sobre la construcción y la mejora continuas del Estado socialista de derecho de Viet Nam en una nueva era. En ese sentido, de cara a 2030, se han establecido los objetivos específicos de mejorar sustancialmente los mecanismos para asegurar la soberanía del pueblo y garantizar y proteger los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. El estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley se ha convertido en la norma de conducta que deben cumplir todos los agentes de la sociedad. Viet Nam cuenta con un sistema jurídico democrático, justo, humano, amplio, uniforme, coherente, oportuno, viable, abierto, transparente, estable y accesible que puede allanar el camino para la innovación y el desarrollo sostenible, y con una estructura y mecanismos propicios para la aplicación rigurosa y coherente de la ley. El país también ha mejorado los mecanismos relativos al reparto de responsabilidades y a la coordinación y la gestión entre los órganos estatales en lo que respecta al ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, con el fin de garantizar que el poder del Estado se ejerza con cohesión y eficacia. Viet Nam ha seguido trabajando en la reforma de la estructura organizativa y la mejora del desempeño de la Asamblea Nacional, con el fin de que esta actúe verdaderamente como el máximo órgano representativo del pueblo y el organismo que ostenta la máxima autoridad del Estado y cumpla mejor las responsabilidades y mandatos que le incumben según lo dispuesto en la Constitución. Además, el país ha culminado, en sus aspectos fundamentales, el establecimiento de un sistema de justicia profesional, moderno, justo y riguroso que defiende la integridad, responde efectivamente a las necesidades del país y del pueblo, administra la justicia y salvaguarda los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, entre otras cosas.

8.Entre enero de 2019 y diciembre de 2022, la Asamblea Nacional de Viet Nam aprobó 56 leyes y resoluciones relativas a los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos que han contribuido a la aplicación de la Constitución de 2013 y de los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que el país es parte, como el Código del Trabajo (2019), la Ley de la Juventud (2020), la Ley de Educación (2019), la Ley de Residencia (2020), la Ley de Entrada y Salida de Ciudadanos Vietnamitas, la Ley de Mediación o Diálogo en los Tribunales (2020), la Ley de Trabajadores Migrantes Temporarios Vietnamitas (2020), la Ley por la que se modifican y complementan varios artículos del Código de Procedimiento Penal (2021), la Ley de Prevención y Control de Drogas (2021), la Ley de Ejercicio de la Democracia Popular (2022), la Ley de Inspección (2022), y la Ley de Prevención y Control de la Violencia Doméstica (2022). En el marco del Programa de Elaboración de Leyes de la 15ª Asamblea Nacional (2021-2026), se prevé la aprobación de muchas otras leyes relativas a los derechos humanos, entre ellas: la Ley de Ocupación (con modificaciones), la Ley de Seguro Médico (con modificaciones), la Ley de Seguridad Social (con modificaciones), la Ley de Sindicatos (con modificaciones) y la Ley de Demografía.

Aplicación de los instrumentos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos

9.Este punto debería examinarse a la luz del riguroso cumplimiento por parte de Viet Nam de las recomendaciones aceptadas en el marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos y de la aplicación de las convenciones relativas a los derechos humanos en las que Viet Nam es parte, como la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

10.Tras la exitosa participación de Viet Nam en el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2014-2016, el país fue elegido nuevamente miembro del Consejo para el período 2023-2025. Viet Nam fue, junto con Bangladesh y Filipinas, uno de los patrocinadores de la resolución sobre los derechos humanos y el cambio climático en el Consejo de Derechos Humanos. El país también ha contribuido activamente a los mecanismos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) relativos a los derechos humanos, entre ellos la Comisión Intergubernamental de la ASEAN sobre los Derechos Humanos, y ha seguido llevando a cabo una labor proactiva para multiplicar los debates y diálogos sobre la promoción y protección de los derechos humanos con muchos interlocutores de la región y del mundo.

11.Entre 2019 y 2022, Viet Nam se adhirió al Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (núm. 98) (2019) y al Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (núm. 105) (2020) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

12.Sobre la base de un examen detallado de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, el 26 de septiembre de 2019, Viet Nam presentó el Plan nacional para reforzar la aplicación efectiva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (Decisión núm. 1252/QĐ‑TTg). A finales de diciembre de 2022, numerosos ministerios, organismos y localidades habían elaborado sus propios planes para aplicar las recomendaciones en sus respectivos ámbitos de gestión. Las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos se han incorporado eficazmente en las estrategias y programas de desarrollo socioeconómico y en los programas de metas nacionales en las esferas pertinentes, entre los que cabe citar: el Programa de Metas Nacionales para el Desarrollo Socioeconómico de las Minorías Étnicas y las Zonas Montañosas en el período 2021-2030, fase I: de 2021 a 2025 (Decisión núm. 1719/QĐ‑TTg, de 14 de octubre de 2021), el Programa de Metas Nacionales para la Reducción Sostenible de la Pobreza en el período 2021-2025 (Decisión núm. 90/QĐ‑TTg, de 18 de enero de 2022), y el Programa de Metas Nacionales para el Desarrollo de Nuevas Zonas Rurales en el período 2021-2025 (Decisión núm. 263/QĐ‑TTg, de 22 de febrero de 2022). También se han aplicado varias recomendaciones que implican la revisión y mejora del marco jurídico nacional, como demuestra la promulgación del Código del Trabajo, la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, la Ley de Entrada y Salida de Ciudadanos Vietnamitas y la Ley de Tratamiento de Infracciones Administrativas.

Dificultades para la aplicación del Pacto y medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19

13.En los párrafos 24 a 29 del informe CCPR/C/VNM/3 se señalaron una serie de dificultades que entorpecían la aplicación del Pacto. Estos obstáculos persisten y han dificultado de forma tangible la aplicación efectiva del Pacto.

14.En 2020 y 2021, en medio del brote de COVID-19 y de las graves consecuencias del cambio climático, todas las facetas de la vida de la población de muchos países, incluido Viet Nam, se vieron afectadas negativamente. Debido a los efectos sin precedentes de la pandemia, se dejó de asignar recursos a otros mandatos para destinarlos principalmente a actividades que tenían un impacto directo en la protección de los derechos de las personas durante la pandemia o que guardaban una relación directa con dicha labor. En consecuencia, varios planes y medidas para aplicar el Pacto han avanzado muy lentamente o no han progresado a la altura de las expectativas.

15.Viet Nam, que concede prioridad absoluta a la vida y la salud de la población, ha respondido a la pandemia de manera activa y flexible, teniendo en cuenta su evolución a nivel nacional e internacional, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las políticas nacionales garantizan el acceso justo y equitativo de todos los ciudadanos a las instalaciones, los servicios y los suministros sanitarios. Además, se ha prestado especial atención a aquellos que sufren situaciones difíciles a raíz de la pandemia. Concretamente:

i)Viet Nam adoptó un gran número de políticas e instrucciones audaces y oportunas para adaptarse al nuevo contexto en medio de la pandemia, como la Resolución de la Asamblea Nacional núm. 30/2021/QH15, de 28 de julio de 2021, y la Resolución del Gobierno núm. 21/NQ-CP, de 26 de febrero de 2021, sobre la adquisición y el uso de vacunas contra la COVID‑19.

ii)Viet Nam llevó adelante una enérgica estrategia de vacunación, que incluyó la creación de un fondo de vacunas y la mayor campaña de vacunación de la historia del país. Se movilizó a un gran número de personas, incluidos unos 300.000 funcionarios tanto a nivel central como local, para apoyar a Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y otras localidades afectadas por brotes. El país también adoptó un conjunto de medidas de apoyo por valor de 62 billones de dong (lo que equivale a 2.700 millones de dólares) destinadas a aquellos que afrontaban grandes dificultades debido a la pandemia, principalmente mujeres, personas pertenecientes a minorías étnicas y hogares pobres y casi pobres.

iii)Viet Nam intensificó el uso de la tecnología de la información, ofreció servicios en línea y redujo los costos de las telecomunicaciones para ayudar a la población durante la pandemia, con el fin de asegurar el flujo constante de información, garantizar el derecho de acceso a la información, mantener un ciberespacio sano y evitar las noticias falsas destinadas a causar confusión entre el público en Internet. El país también se ha esforzado por reducir la brecha en cuanto a la recepción de información entre regiones y grupos en todo el país, mejorar la labor de comunicación sobre los derechos humanos y crear conciencia para promover los derechos civiles y políticos. Un ejemplo notable fue el programa “Cobertura de red y una computadora para ti”, que se puso en marcha el 12 de septiembre de 2021 y que atrajo la participación de proveedores de red para aumentar la capacidad y la cobertura de la red en “zonas de difícil acceso” de todo el país. Hasta el 15 de octubre de 2021, el programa había donado más de 89.000 millones de dong y más de 103.000 útiles escolares a 52 de las 63 provincias y ciudades; 43.000 escuelas y 25 millones de docentes tenían acceso gratuito a sistemas de aprendizaje en línea; 14 canales de televisión difundían lecciones en el marco del sistema educativo general; más de 7.000 conferencias virtuales de educación general eran accesibles de forma gratuita; etc.

16.Se celebraron juicios en línea sobre la base de la Resolución de la Asamblea Nacional núm. 33/2021/QH15, de 12 de noviembre de 2021, lo que facilitó la participación de los litigantes y los acusados en causas penales que residían o se encontraban en prisión preventiva en zonas afectadas por la pandemia o por desastres naturales, en zonas remotas y aisladas, o en zonas habitadas por minorías étnicas. Esta medida también ha contribuido a proteger los derechos e intereses de las organizaciones y las personas. Para aplicar la resolución mencionada, Viet Nam emitió la Circular Interinstitucional núm. 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP, de 15 de diciembre de 2021, en la que se detalla la organización de los juicios en línea y se facilitan orientaciones al respecto. Al organizar un juicio en línea, es necesario respetar lo dispuesto en la legislación, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las partes en el juicio, asegurar la ciberseguridad y la seguridad, contar con los medios adecuados y garantizar la solemnidad de la audiencia judicial. Al 30 de septiembre de 2022, Viet Nam había celebrado 3.614 juicios en línea. Esto demuestra la determinación del país de superar los retos para garantizar la justicia sin demora y organizar los juicios de manera puntual y sin interrupción a pesar de la pandemia, los desastres naturales u otras circunstancias adversas. De esta forma también se garantizan los derechos e intereses legítimos de los acusados, los imputados y los litigantes, así como de las organizaciones y las personas que participan en los juicios.

17.La prestación de servicios públicos en línea se considera un paso clave y fundamental en el proceso de reforma administrativa y de establecimiento del gobierno electrónico. Los servicios públicos en línea han contribuido a reducir el tiempo y los costos de desplazamiento para la presentación de expedientes y la recepción de respuestas por parte de organizaciones y particulares. También han mejorado la accesibilidad y la transparencia de los procedimientos administrativos. Viet Nam presentó un plan para la aplicación de medidas relacionadas con los datos demográficos, la identificación y la autenticación electrónica en el marco de la transformación digital nacional durante el período 2022-2025, con proyección hasta 2030, en virtud de la Decisión núm. 06/QĐ-TTg, de 6 de enero de 2022, con miras a lograr que los particulares y las empresas ocupen un lugar central en la transformación digital y dirigido a mejorar el desarrollo humano, el seguro y los medios de vida de las personas. El plan también pretende aumentar la transparencia e incrementar la participación de los ciudadanos y las empresas en las actividades de los organismos estatales. Tras un año de aplicación de este plan, se han obtenido resultados positivos en lo que respecta a la mejora de la legislación y las políticas, lo que ha generado un entorno jurídico propicio para la transformación digital. En 2022, se aprobaron en este ámbito 16 documentos jurídicos importantes, incluidos 4 decretos y 1 resolución del Gobierno, y 10 decisiones y 1 directiva del Primer Ministro. En particular, en 2022, la Base de Datos Nacional sobre la Población se conectó y vinculó con 47 ministerios, organismos, autoridades locales y empresas y grupos estatales. En el Portal Nacional de la Función Pública se han prestado cerca de 4.400 servicios públicos en línea de nivel 3 y 4 (el triple que en 2021) y se ha sincronizado el estado de tramitación de más de 154 millones de expedientes (1,7 veces más que en 2021). Se ha prestado un gran número de servicios digitales para particulares y empresas de forma puntual y eficaz (por ejemplo, la inscripción en exámenes y pruebas de admisión en universidades y escuelas superiores, los trámites en línea para la expedición de pasaportes, y la puesta en marcha con éxito, a modo de prueba, de dos servicios públicos conectados: uno para la inscripción de nacimientos, el registro de la residencia permanente y la concesión de tarjetas de seguro médico a los niños menores de 6 años, y otro para la inscripción de la defunción, la supresión del registro de la residencia permanente y las prestaciones para gastos funerarios.

Elaboración del informe

18.El informe fue elaborado por un Comité de Redacción Interministerial compuesto por 23 miembros representantes de diferentes ministerios y organismos cuya labor está directamente relacionada con el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Ministerio de Justicia fue el órgano coordinador para la elaboración del informe.

19.Para elaborar el informe se tuvieron en cuenta las observaciones, opiniones y aportaciones de organismos gubernamentales de nivel central y local, organizaciones sociopolíticas, asociaciones profesionales y la población en general. El proyecto de informe se publicó en el sitio web del Ministerio de Justicia para recabar las opiniones de los ciudadanos. Se organizaron numerosos talleres para entablar diálogos abiertos y claros entre el Comité de Redacción y otras partes interesadas, y el Comité recopiló y examinó todas las observaciones y opiniones para finalizar el informe.

Parte II Información sobre artículos específicos del Pacto

Artículo 1

20.El objetivo del Estado de Viet Nam es consolidar la gran unidad nacional sobre la base de los principios de que “todos los grupos étnicos son iguales y viven en unidad, se respetan mutuamente y se ofrecen ayuda recíproca para el desarrollo” y de que “el Estado aplica políticas de desarrollo integral y ayuda a las minorías étnicas a maximizar sus recursos internos para que se desarrollen a la par con el país” (Constitución de 2013, art. 5). La información específica sobre el ejercicio de los derechos de las minorías étnicas, que se expone brevemente en los párrafos 127 a 134 del presente informe, debe examinarse íntegramente a la luz de los informes periódicos combinados 15º a 17º relativos a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Artículos 2 y 26 y párrafos 6, 8, 14 y 18 de las observaciones finales del Comité

21.Los derechos civiles y políticos de todas las personas consagrados en el Pacto están plenamente incorporados en la Constitución de 2013, y se establecen de manera específica en las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y en los documentos subsidiarios con el fin de garantizar el fortalecimiento continuo y una mejor aplicación de estos derechos en Viet Nam. Los derechos humanos y los derechos civiles solo podrán restringirse en virtud de una ley promulgada por la Asamblea Nacional cuando resulte necesario por razones de defensa y seguridad nacional, seguridad y orden sociales, ética social y bienestar de la comunidad (Constitución de 2013, art. 14).

22.Sobre la base de la Decisión 1252/QĐ‑TTg, los ministerios y organismos a nivel central y local han dado especial prioridad al fortalecimiento de las actividades de comunicación, divulgación y formación sobre el Pacto, así como sobre las leyes y reglamentos relacionados con los derechos civiles y políticos, dirigidas a funcionarios públicos y empleados del Estado que trabajan en diversas esferas. También se han puesto en marcha programas y planes para impartir capacitación a estudiantes y pasantes en instituciones educativas, de investigación y de formación, y para la población en general, tal como se detalla a continuación:

i)Viet Nam ha aprobado programas y planes sobre divulgación y educación jurídica, medicina comunitaria y normas de acceso a la justicia para ejecutar el proyecto titulado “Promoción de la divulgación de los contenidos fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la ley vietnamita sobre los derechos civiles y políticos para funcionarios y servidores públicos, empleados del Estado y la población”. La labor de divulgación se lleva a cabo de distintas maneras, por ejemplo, mediante la organización de talleres de divulgación, la transmisión de información en los medios de comunicación masiva, la redacción y publicación de documentos de divulgación y educación jurídica, la capacitación de difusores y divulgadores de información jurídica, la celebración anual del “Día del Derecho” y la organización de concursos sobre la comprensión de la ley. En particular, los derechos civiles y políticos de la población también están amparados por la Decisión núm. 25/QĐ-TTg, de 22 de julio de 2021, en la que se establecen los municipios, distritos y localidades que cumplen las normas relativas al acceso a la ley según 5 criterios y 20 indicadores. Esto ha sentado una importante base jurídica para examinar y evaluar el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades a nivel municipal en cuanto a la realización de las tareas asignadas, entre otras cosas tomando en cuenta los criterios relativos a la divulgación de información de manera oportuna, precisa, exhaustiva y de conformidad con la ley sobre el acceso a la información y el ejercicio de la democracia a nivel municipal, con lo cual se garantiza el rigor, la ejemplaridad y el estado de derecho en la gestión estatal y la gestión social de las autoridades a nivel municipal y se refuerzan las funciones y responsabilidades de los órganos administrativos que están más cerca de la población y que mejor la entienden, de modo que puedan atender mejor a sus necesidades.

ii)Siempre se ha dado prioridad a la capacitación de los diputados de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces, investigadores y funcionarios que llevan a cabo labores jurídicas relacionadas con los derechos humanos impartiendo cursos de formación sobre las nuevas disposiciones legislativas, especialmente las relacionadas con los derechos humanos en la Constitución de 2013 y leyes como el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, la Ley de Amnistía Especial (2018), el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Además, Viet Nam ha organizado una serie de cursos de capacitación destinados a los profesionales de los ámbitos judiciales y jurídicos (abogados, notarios públicos, peritos forenses, árbitros y personas que prestan asistencia jurídica).

iii)Después de casi cinco años de ejecución del proyecto sobre la inclusión de contenido relativo a los derechos humanos en los planes de estudios del sistema educativo nacional, y para intensificar aún más esta labor, en virtud de la Decisión núm. 1309/QĐ-TTg, de 5 de septiembre de 2017, el Primer Ministro aprobó la Directiva núm. 34/CT-TTg, de 21 de diciembre de 2021, sobre el fortalecimiento de la ejecución del proyecto. Viet Nam ha ejecutado eficazmente dicho proyecto, que ha contribuido a sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de la educación en derechos humanos, especialmente a los dirigentes y funcionarios, pero también a los docentes y estudiantes de instituciones educativas y de formación del sistema educativo nacional. Además, también se han llevado a cabo proyectos de investigación científica sobre el Pacto en instituciones de educación y formación, por ejemplo, una investigación científica a nivel ministerial sobre la mejora de la legislación para aplicar las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos relativas a la aplicación del Pacto en el país.

iv)Viet Nam promulgó la Decisión núm. 1079/QĐ-TTg, de 14 de septiembre de 2022, por la que se aprobó el Proyecto de Comunicación sobre los Derechos Humanos en Viet Nam para el período 2023-2028 (Proyecto 1079). Las soluciones y tareas propuestas en el Proyecto 1079 contribuyen a sensibilizar a la población, mejorando así el disfrute de los derechos contemplados en los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas.

23.En lo que respecta a garantizar una protección adecuada y eficaz contra todas las formas de discriminación en todos los ámbitos:

i)Uno de los principios constitucionales de Viet Nam es que “nadie será objeto de discriminación en su vida política, cívica, económica, cultural y social” (Constitución de 2013, art. 16). En muchos documentos legislativos se establecen medidas y soluciones contra la discriminación, se prohíben los comportamientos discriminatorios y se prevén medidas para equilibrar los intereses y las posiciones de las partes en las relaciones jurídicas. En el futuro, Viet Nam seguirá mejorando la eficacia de las medidas contra la discriminación en diversos ámbitos, tanto en lo que se refiere a la comunicación como a la aplicación de tales medidas, así como aprendiendo de la experiencia de otros países en la elaboración de una ley contra la discriminación.

ii)En Viet Nam se han realizado progresos para garantizar los derechos de las personas homosexuales y transgénero. El hecho de que dos personas homosexuales o transgénero vivan juntas o celebren una boda no se considera una violación de la ley ni se tratará como una infracción administrativa. Numerosos organismos y organizaciones han llevado a cabo investigaciones sobre la experiencia internacional en este ámbito y han celebrado talleres sobre los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transgénero, con miras a establecer disposiciones legales adecuadas que garanticen la igualdad, la armonía y la conveniencia para las personas. Viet Nam está estudiando y elaborando una política sobre transición de género para establecer disposiciones más específicas en el Código Civil a este respecto.

iii)Viet Nam aprobó un Programa de Comunicación sobre Igualdad de Género hasta 2030 (Decisión núm. 790/QĐ-TTg, de 23 de octubre de 2021). Esta es la primera vez que se pone en marcha en el país un programa de este tipo, que pretende fomentar la igualdad de género y sensibilizar a toda la sociedad sobre esta cuestión, contribuyendo así a prevenir los riesgos más comunes relacionados con el género, especialmente para las mujeres y las niñas.

24.En relación con los esfuerzos adicionales para proteger a las personas con discapacidad de la discriminación y garantizar su pleno acceso a los servicios públicos:

i)Viet Nam es Estado parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2015. Además, elaboró un Plan de Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Decisión núm. 1100/QĐ-TTg, de 21 de junio de 2016) con el fin de definir claramente las responsabilidades de los organismos en la aplicación de la Convención y garantizar así el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en la sociedad y a integrarse en la comunidad.

ii)Viet Nam siempre ha prestado la debida atención a las políticas en favor de las personas con discapacidad. El país aprobó la Directiva núm. 39-CT/TW, de 1 de noviembre de 2019, y la Decisión núm. 753/QĐ-TTg, de 3 de junio de 2020, sobre el Plan de aplicación de la Directiva núm. 39-CT/TW; la Decisión núm. 112/QĐ-TTg, de 22 de enero de 2021, sobre el Programa de Desarrollo del Trabajo Social para el período 2021-2030 y la Decisión núm. 1929/QĐ-TTg, de 25 de noviembre de 2020, sobre el Programa de Asistencia Social y Rehabilitación Comunitaria para Personas con Trastornos o Problemas Mentales y Niños con Autismo para el período 2021‑2030.

iii)Se aprobó el Decreto núm. 74/2019/NĐ-CP, de 23 de septiembre de 2019, por el que se modifican y complementan varios artículos del Decreto núm. 61/2015/NĐ‑CP, de 9 de julio de 2015, sobre las políticas de apoyo a la creación de empleo y el Fondo Nacional de Empleo, y en el que se establece la posibilidad de solicitar préstamos para apoyar la creación de empleo. En particular, los establecimientos industriales y comerciales cuyos empleados con discapacidad representen el 30 % o más del total de empleados tienen derecho a recibir un préstamo con un tipo de interés equivalente al 50 % del tipo de interés de los préstamos ordinarios. El programa de ayuda a las personas con discapacidad para el período 2021-2030 se puso en marcha en virtud de la Decisión núm. 1190/QĐ-TTg, de 5 de agosto de 2020. En consecuencia, para 2025, la accesibilidad de las personas con discapacidad debe estar garantizada en el 80 % de las construcciones nuevas y en el 30 % de las construcciones antiguas, a saber, oficinas de trabajo de organismos estatales, estaciones de tren, estaciones de autobús, establecimientos de consulta y tratamiento médico, instituciones educativas y de formación profesional, instalaciones culturales y deportivas y edificios residenciales. Este porcentaje aumentará a un 100 % de las construcciones nuevas y a un 50 % de las construcciones antiguas para 2030.

iv)Viet Nam aprobó la Circular Interinstitucional núm. 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLDTBXH-BTC, de 31 de diciembre de 2013, en la que se estipulan las políticas en materia de educación para las personas con discapacidad, incluida la admisión y matriculación prioritarias, la exención o reducción de determinados contenidos, determinadas materias o actividades educativas del plan de estudios, la evaluación de los resultados educativos, la política sobre las tasas de matrícula, las políticas en materia de becas y el suministro de material y útiles escolares. La Circular núm. 03/2018/TT-BGDĐT, de 29 de enero de 2018, prescribe la educación inclusiva para las personas con discapacidad y contiene disposiciones relativas, entre otras cosas, a su organización y a las actividades en ese ámbito, además de establecer los derechos y obligaciones de los docentes, formadores, personal de apoyo educativo y personas con discapacidad.

v)En 2022, Viet Nam depositó un instrumento de adhesión al Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El Tratado entró en vigor para el país el 6 de marzo de 2023.

25.Viet Nam continúa revisando de forma proactiva sus leyes y reglamentos y estudiando la posibilidad de establecer un órgano nacional de derechos humanos de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, teniendo en cuenta su adecuación con el desarrollo socioeconómico, la reforma legal y judicial, y las condiciones de garantía en el país.

26.Los organismos competentes para velar por el respeto de los derechos humanos en Viet Nam se mencionan en los párrafos 5 a 13 del documento CCPR/C/VNM/3. Los actos que vulneren los derechos civiles y políticos se tratarán, en función de su gravedad, estrictamente con arreglo a la ley. Los métodos de protección de los derechos civiles y políticos se prescriben en instrumentos legislativos, como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Procedimientos Administrativos (2015), la Ley de Detención Provisional y Prisión Preventiva, la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, la Ley de Ejecución de Sentencias Civiles (2008, modificada en 2014), la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas, la Ley de Indemnización por Responsabilidad del Estado, la Ley de Quejas (2011) y la Ley de Denuncias (2018), entre otros.

Artículo 3 y párrafos 20 y 22 de las observaciones finales del Comité

27.En relación con la mejora de la legislación, entre otras cosas en lo que respecta al Código del Trabajo y a las medidas para promover y aumentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos:

i)El Código del Trabajo establece el concepto de discriminación en el trabajo en el artículo 3, párrafo 8, y prohíbe claramente los actos de discriminación en el contexto laboral (art. 8, párr. 1). Además, contiene disposiciones específicas para garantizar la no discriminación, potenciar la participación de las mujeres y lograr la igualdad de género, tal y como se establece en el artículo 5, párrafo 1 a), el artículo 8, párrafo 1, y el capítulo X (Disposiciones especiales relativas a las mujeres empleadas y al logro de la igualdad de género). El artículo 169 del Código del Trabajo establece que la edad de jubilación de los empleados que trabajen en condiciones laborales normales se irá ajustando con arreglo a una hoja de ruta hasta alcanzar la edad de 62 años para los hombres en 2028 y de 60 años para las mujeres en 2035.

ii)Viet Nam aprobó la Decisión núm. 681/QĐ-TTg, de 4 de junio de 2019, sobre la Hoja de Ruta para la Implementación en Viet Nam de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, incluido el Objetivo 5: “ L ograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas ”.

iii)En relación con las zonas pobladas por minorías étnicas y las zonas montañosas, Viet Nam promulgó la Resolución núm. 88/2019/QH14, de 18 de noviembre de 2019, por la que se aprobó el Plan Maestro de Desarrollo Socioeconómico de las Zonas Pobladas por Minorías Étnicas y las Zonas Montañosas para el Período 2021-2030; así como la Decisión núm. 719/QĐ-TTg, de 14 de octubre de 2021, sobre el Programa Nacional de Metas para el Desarrollo Socioeconómico de las Zonas Pobladas por Minorías Étnicas y las Zonas Montañosas para el Período 2021-2030, que contempla diez proyectos, el octavo de ellos titulado “ Asegurar la igualdad de género y abordar los problemas urgentes que afectan a las mujeres y los niños ”.

iv)Para seguir creando conciencia sobre la igualdad de género, Viet Nam organizó un concurso nacional en torno al tema: “Comprensión de las políticas y leyes sobre igualdad de género”, para el cual se recibieron unas 700.000 propuestas. El país también organizó actividades de concienciación sobre la Ley de Igualdad de Género y sus decretos de aplicación para funcionarios clave de departamentos y organismos provinciales.

v)En lo que se refiere a las proporciones de diputados en la 15ª legislatura de la Asamblea Nacional, 151 son mujeres (el 30,26 % del total de los diputados, lo que supone un aumento del 3,54 % respecto a la 14ª legislatura).

vi)Los resultados del último Censo de Población y Vivienda de 2019 mostraron que la tasa global de asistencia escolar por sexo correspondiente a los primeros niveles educativos (primaria y primer ciclo de secundaria) no reflejaba una brecha significativa entre niños y niñas. En primaria, la tasa global de asistencia es del 101,1 % en el caso de los niños y del 100,8 % en el caso de las niñas. Las tasas de asistencia en el primer ciclo de secundaria son del 92,2 % y el 93,5 % para los niños y las niñas, respectivamente, mientras que en secundaria la tasa global de asistencia de los jóvenes es un 7,1 % inferior al de las jóvenes.

vii)La tasa de alfabetización de hombres y mujeres entre los 15 y los 60 años alcanza el 98,16 %, y en el rango de edad de 15 a 35 años, el 99,3 %. En las provincias de la región del noroeste, las tierras altas centrales y el suroeste, la tasa es el del 94,7 % en el caso de los hombres y del 97,8 % en el caso de las mujeres, lo cual alcanza y supera el objetivo establecido. El índice de paridad de género entre las personas alfabetizadas de 15 a 35 años y de 15 a 60 años se acerca al valor máximo (99,5 %).

viii)En el caso de las minorías étnicas, según los resultados agregados para el año escolar 2019-2020, la tasa de alfabetización de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas de entre 15 y 60 años de edad en 2020 en diferentes regiones era la siguiente: el 98,699 % en el delta del río Rojo; el 92,93 % en el noreste; el 89,71 % en el noroeste; el 96,83 % en el centro norte; el 86,88 % en el centro sur; el 91,23 % en las tierras altas centrales; el 87,38 % en el sureste y el 88,72 % en el suroeste. En algunas provincias, la tasa de alfabetización de las mujeres de entre 15 y 60 años es inferior al 82,5 %, por ejemplo, en las provincias de Ha Giang, con el 77,17 %, Quang Binh, con el 81,2 %, Ninh Thuan, con el 82,45 %, An Giang, con el 75,89 % y Vinh Long, con el 82,1 %.

28.En lo que respecta a la intensificación de la prevención y el control de todas las formas de violencia de género:

i)En 2022, Viet Nam aprobó la Ley de Prevención y Control de la Violencia Doméstica (que reemplazó la versión de 2007). En dicha ley se definen claramente los actos de violencia doméstica, incluidas las relaciones sexuales forzadas contra la voluntad del cónyuge. Además, cabe destacar otras novedades fundamentales, por ejemplo: i) se ha adoptado un enfoque basado en los derechos humanos, en el que la atención se centra en las víctimas de la violencia doméstica, y se han modificado y ampliado los actos que constituyen violencia doméstica; se ha ampliado el número de personas que tienen derecho a recibir protección (víctimas de la violencia doméstica y otros sujetos con derecho a un tratamiento análogo); y se han añadido nuevas disposiciones jurídicas para reforzar la aplicación de la Ley con respecto a los extranjeros residentes en Viet Nam; ii) se ha llevado a cabo una labor proactiva de prevención y control de la violencia doméstica; iii) se han modificado y ampliado las medidas de protección, asistencia y tratamiento de las infracciones en materia de prevención y control de la violencia doméstica con el fin de subsanar las deficiencias de la Ley de Prevención y Control de la Violencia Doméstica de 2007, atendiendo a las necesidades prácticas; iv) se ha fomentado la participación de toda la sociedad en la prevención y el control de la violencia doméstica y la mejora de las responsabilidades del Estado en cuanto a la asignación de recursos para la prevención y el control de la violencia doméstica, de modo que puedan establecerse, desarrollarse y gestionarse eficazmente de manera profesional instalaciones que apoyen la prevención y el control de este tipo de violencia; v) se han modificado y complementado las disposiciones jurídicas relativas a las responsabilidades del Gobierno y de los organismos estatales de gestión en materia de prevención y control de la violencia doméstica, así como de las oficinas y organizaciones pertinentes en este ámbito.

ii)La Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas dispone que toda persona que haya cometido actos de violencia doméstica e infrinja las decisiones de prohibición de establecer contacto establecidas con arreglo a la Ley de Prevención y Control de la Violencia Doméstica será objeto de detención temporal de conformidad con el procedimiento administrativo. Estas disposiciones jurídicas tienen por objeto poner término inmediatamente a los actos que puedan afectar a la salud o la vida de otras personas (art. 120, párr. 1 d)). Además, el Decreto del Gobierno núm. 144/2021/NĐ-CP, de 31 de diciembre de 2021, en el que se establece el tratamiento de las infracciones administrativas en los ámbitos de la protección social, la seguridad, el orden, la prevención y el control de los males sociales, la extinción de incendios y las labores de socorro y rescate, y la prevención y el control de la violencia doméstica, contiene una sección específica en la que se precisan los actos que constituyen infracciones administrativas en el ámbito de la violencia doméstica.

iii)Los datos sobre el número de casos de violencia doméstica correspondientes al período 2019-2022 muestran un descenso gradual a lo largo de los años, como se observa en los siguientes gráficos:

Gráfico 1

Número total de casos de violencia doméstica 4065

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

iv)Viet Nam promulgó la Decisión núm. 2238/QĐ-TTg, de 30 de diciembre de 2021, por la que se aprobó la Estrategia para el Desarrollo de la Familia en Viet Nam hasta 2030, cuyos objetivos son, entre otras cosas: proporcionar a todas las familias información, conocimientos en materia de comportamiento, competencias y educación sobre buenas costumbres, estilo de vida, amor, tradiciones nacionales y elevados valores culturales, y sobre prevención y control de riesgos, males sociales y violencia doméstica; prestar la debida atención a los hogares socialmente desfavorecidos, pobres y casi pobres, y a las familias pertenecientes a minorías étnicas; procurar tratar anualmente el 90 % de los casos de violencia doméstica de acuerdo con lo establecido en la ley; proporcionar servicios esenciales a todas las víctimas de la violencia doméstica; y aplicar, en todas las localidades, modelos para intervenir, prevenir y controlar la violencia doméstica con el fin de reducir los daños adversos causados por esta, en particular en lo que respecta a las mujeres, las personas vulnerables y los niños.

v)Se han creado establecimientos de apoyo a la prevención y el control de la violencia doméstica para proporcionar atención, asesoramiento, alojamiento temporal y asistencia esencial a las víctimas de este tipo de violencia y a los niños que estén bajo su cuidado, así como para ayudar a cambiar los comportamientos relacionados con la violencia doméstica.

Artículo 4 y párrafos 10 y 12 de las observaciones finales del Comité

29.La Constitución de 2013 establece que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional podrá decidir sobre la declaración y el levantamiento del estado de emergencia en todo el país o en determinadas localidades (art. 74, párr. 10). De conformidad con la resolución adoptada por dicho Comité, el Presidente del Estado declarará y levantará el estado de emergencia (art. 88, párr. 5) y el Gobierno ejecutará la orden correspondiente a la declaración (art. 96). En las leyes especializadas relacionadas con el estado de emergencia (la Ley de Seguridad Nacional (2004), la Ley de Prevención y Control de Desastres Naturales (2013), la Ley de Lucha contra el Terrorismo (2013), la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas (2007), etc.) se prevén específicamente la restricción y la suspensión temporal de los derechos humanos que se aplican en caso de estado de emergencia. Durante el período 2019-2022, Viet Nam no declaró ningún estado de emergencia.

30.La Ley de Lucha contra el Terrorismo (2013) estipula que, en el contexto de la prevención y la lucha contra el terrorismo, se deben garantizar los derechos e intereses legítimos de las instituciones del Estado, las organizaciones y los particulares, así como proteger la vida y la salud de las personas. Esta ley se aplica a los ciudadanos vietnamitas y a las instituciones y organizaciones del Estado; las organizaciones internacionales y extranjeras, y los extranjeros que residan y trabajen en el territorio de Viet Nam, salvo que se estipule lo contrario en los tratados internacionales en los que la República Socialista de Viet Nam es parte. En el artículo 3, párrafo 1, de esta ley, también figura una definición de “terrorismo”.

31.Viet Nam promulgó el Decreto núm. 02/2019/NĐ-CP, de 2 de enero de 2019, sobre defensa civil, que establece que la defensa civil abarca las medidas antibélicas y de prevención de la guerra; las medidas para prevenir, controlar y superar las consecuencias de desastres, incidentes y epidemias; y las medidas para proteger a la población, las instituciones del Estado, las organizaciones y la economía nacional.

32.Las medidas relacionadas con la prevención y el control de la pandemia de COVID‑19 se aplican de conformidad con, entre otras, la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas (2007); la Decisión núm. 02/2016/QĐ-TTg, de 28 de enero de 2016, que establece las condiciones para declarar el brote y el fin de las enfermedades infecciosas; y la Decisión núm. 447/QĐ-TTg, de 1 de abril de 2020, sobre la declaración de la pandemia de COVID‑19.

Artículo 6, párrafo 24 de las observaciones finales del Comité e informe CCPR/C/136/2/Add.4

33.Esta sección debe examinarse íntegramente a la luz del informe de mitad de período presentado en marzo de 2021.

i)Los valores de los derechos humanos son globales y universales, pero cada país implanta sus propios mecanismos para aplicarlos adecuada y eficazmente. Al igual que otros países del mundo, Viet Nam sigue aplicando la pena de muerte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Pacto. El país considera la pena de muerte como el último recurso y la aplica a muy pocos delitos de extrema gravedad en determinadas categorías de delitos previstas en el Código Penal, como los delitos que atentan contra la vida humana, los delitos relacionados con las drogas, los delitos de atentado contra la seguridad nacional y otros delitos de extrema gravedad. Dado que esta pena está relacionada con el derecho a la vida de la persona condenada, se deben respetar cabalmente los protocolos y procedimientos, lo que abarca desde la investigación, el procesamiento y el juicio hasta la ejecución de la sentencia. Los derechos y obligaciones de las personas condenadas a muerte y los regímenes correspondientes están garantizados de conformidad con los artículos 9 y 37 de la Ley de Detención Provisional y Prisión Preventiva (2015). La ejecución de la pena de muerte se lleva a cabo con arreglo a los protocolos y procedimientos previstos en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal y en los artículos 77 a 83 de la Ley de Ejecución de Sentencias Penales.

ii)Los procedimientos que rigen la revisión de la pena de muerte antes de la ejecución se establecen en el artículo 367, párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal. En particular, después de que la sentencia de muerte sea efectiva, el expediente del caso se enviará inmediatamente al Presidente del Tribunal Popular Supremo y la sentencia se enviará al Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema para que la examine antes de su ejecución.

iii)En un plazo de siete días a partir de la fecha en que la sentencia de muerte sea efectiva, el condenado tiene derecho a presentar una solicitud de conmutación o indulto ante el Presidente del Estado. Esta facultad del Presidente es un reflejo de la humanidad que el Estado muestra hacia los delincuentes de delitos extremadamente graves al abrir una nueva puerta para que cualquier persona condenada a la pena de muerte tenga la oportunidad de continuar con vida.

34.Reducir la aplicación de la pena de muerte es una política humanitaria que el Estado de Viet Nam busca implementar a largo plazo, y con tal objetivo se han adoptado diferentes medidas, por ejemplo: i) se ha reducido el número de delitos punibles con la pena de muerte, que han pasado de 44 delitos previstos en el Código Penal de 1985 a 29 en el Código Penal de 1999, y posteriormente de 22 delitos previstos en el Código Penal de 2009 a 18 en el Código Penal de 2015 (modificado en 2017); ii) la pena de muerte no se aplica a personas que aún no hubieran cumplido los 18 años de edad en el momento de cometer el delito, ni a mujeres embarazadas o madres lactantes con hijos menores de 36 meses, ni a personas que hayan cumplido 75 años o más en el momento de cometer el delito o de ser juzgadas ante el tribunal; iii) la pena de muerte no se ejecutará en determinados casos, según lo establecido en el artículo 40, párrafo 3, del Código Penal; iv) la revisión de la pena de muerte no estará sujeta a ningún límite de conformidad con los procedimientos de revisión de la pena de muerte antes de su ejecución, según lo dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal. Viet Nam no permite la ejecución de penas de muerte sin que medie una decisión judicial.

35.El Código Penal también prevé sanciones distintas de la pena de muerte para un número muy reducido de delitos de extrema gravedad a los que se aplica la pena de muerte como pena máxima, como la reclusión por tiempo determinado o la reclusión a perpetuidad. Dichas disposiciones permiten al tribunal considerar, seleccionar e imponer la pena sobre la base de un examen completo y exhaustivo del caso, asegurándose de que esta se ajuste a las circunstancias, las condiciones y la gravedad del delito.

36.En la Decisión núm. 1252/QĐ-TTg se ha establecido la posibilidad de que el país se adhiera a los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el primer Protocolo y el segundo Protocolo). En el período 2019-2022, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Alemana de Cooperación Jurídica Internacional (IRZ), se anunciaron o se llevaron a cabo varios estudios exhaustivos sobre la pena de muerte, como el Informe sobre la posibilidad de que Viet Nam se adhiera al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte y el Informe sobre el proceso de establecimiento, mantenimiento y abolición de la pena de muerte en varios otros países del mundo, con recomendaciones para Viet Nam. En estos informes se han examinado y analizado minuciosamente las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y se ha tenido en cuenta a modo de referencia la manera en la que otros países con condiciones sociales y económicas similares a las de Viet Nam rigen la pena de muerte. Viet Nam también envió representantes a varias conferencias internacionales para adquirir conocimientos y compartir experiencias sobre este tema.

37.Sobre la base del Plan de Acción Nacional sobre Atención de la Salud Sexual y Reproductiva para Menores y Jóvenes en el Período 2019-2025 (Decisión núm. 3781/QĐ‑BYT, de 28 de agosto de 2020), los organismos centrales y locales han colaborado entre sí para establecer y aplicar modelos piloto de atención de la salud reproductiva para menores y jóvenes, entre ellos el modelo piloto que combina la comunicación, el asesoramiento y la prestación de servicios adaptados para la atención de la salud reproductiva de los jóvenes trabajadores en las provincias con muchos parques industriales. El porcentaje de abortos ha disminuido continuamente en los últimos años, pasando de 37 por cada 100 nacidos vivos en 2005 a 12,28 por cada 100 nacidos vivos en 2021. En cuanto a la situación del embarazo y el aborto entre las menores, el número de embarazos descendió de 78.000 (2018) a unos 35.000 casos (2021). El porcentaje de embarazos entre las menores con respecto al número total de embarazos se redujo en consecuencia del 3 % al 2,35 % (2021). El número y porcentaje de abortos entre las menores también disminuyó y pasó de unos 9.100 casos en 2010 (el 2,2 % del total de abortos), a unos 2.000 casos en el período 2019-2021 (alrededor del 1 %). La Estrategia Nacional de Igualdad de Género para el Período 2021-2030 establece el objetivo de reducir el porcentaje de mortalidad materna a 42 por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2030.

Cuadro 1

Datos sobre embarazos de menores en el período 2019-2021

	Categorías	2019	2020	2021
1	Embarazos de menores y mujeres jóvenes	41 336	38 122	35 221
2	Porcentaje de embarazos de menores y mujeres jóvenes (%)	2,31	2,39	2,35
3	Porcentaje de abortos por cada 100 nacidos vivos	13,0	12,34	12,28
4	Porcentaje de abortos por menores de edad (%)	1,82	1,3	1,0

38.Viet Nam promulgó la Decisión núm. 1679/QĐ-TTg, de 22 de noviembre de 2019, por la que se aprobó la Estrategia Nacional en materia de Población hasta 2030, y la Decisión núm. 1848/QĐ-TTg, de 19 de noviembre de 2020, por la que se aprobó el Programa de Fortalecimiento, Desarrollo y Mejora de los Servicios de Planificación Familiar.

Artículo 7 y párrafo 28 de las observaciones finales del Comité

39.Esta sección del informe debe examinarse en el contexto de su pertinencia para el informe nacional sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura. El 14 de febrero de 2023, Viet Nam promulgó la Decisión núm. 87/QĐ-TTg, por la que se aprobó el Plan para la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las recomendaciones pertinentes del Comité contra la Tortura.

40.En el Código Penal se establecen tres delitos relacionados con la tortura de acuerdo con la definición que figura en la Convención contra la Tortura, a saber, el uso de tratos brutales (art. 373), la obtención de testimonios mediante coacción (art. 374) o la obtención de declaraciones o documentos mediante coacción o soborno (art. 384). Al mismo tiempo, el Código Penal también contiene disposiciones sobre otros delitos pertinentes, como la comisión deliberada de actos que produzcan lesiones corporales por un agente de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones oficiales (art. 137), la comisión de actos abusivos contra otras personas (art. 140), los insultos contra otras personas (art. 155), el abuso del cargo o el abuso de poder para mantener en detención preventiva o prisión provisional a una persona en contra de lo dispuesto en la ley (art. 377), los insultos contra compañeros (art. 397) y las agresiones a compañeros (art. 398). Por lo tanto, el Código Penal garantiza que los actos de tortura se manejen con arreglo al concepto establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No obstante, teniendo en cuenta las recomendaciones mencionadas en el párrafo 28 de las observaciones finales del Comité, Viet Nam ha incluido la tarea de continuar estudiando la posibilidad de tipificar como delito los actos de tortura y las cuestiones pertinentes en las decisiones núms. 1252/QĐ-TTg y 87/QĐ-TTg.

41.Para concienciar a la población y a los organismos estatales sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra la tortura, se han organizado a nivel central y local numerosas conferencias, seminarios y cursos de formación, así como charlas en radio, televisión y otros medios de comunicación masiva y en Internet. En 2019, el país publicó el folleto “Primer informe nacional de Viet Nam sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura”, que contiene el texto completo del informe en vietnamita y en inglés. Se aprobaron y se pusieron en marcha el proyecto de comunicación y difusión del contenido de la Convención contra la Tortura entre funcionarios y servidores públicos, empleados del Estado y la población, y el proyecto de comunicación y difusión del contenido de la Convención entre las fuerzas populares de seguridad pública y el ejército popular. En la Decisión núm. 87/QĐ-TTg se especifican las líneas de trabajo que deben seguirse para continuar con la difusión, la educación y la formación sobre la Convención contra la Tortura y las leyes y reglamentos nacionales en materia de prevención y lucha contra la tortura, así como sobre los esfuerzos y logros del país en relación con la aplicación de la Convención y las recomendaciones pertinentes del Comité contra la Tortura.

Artículo 8 y párrafo 40 de las observaciones finales del Comité

42.En relación con la prevención y la lucha contra el trabajo forzoso, y con la prevención de la trata de personas en los ámbitos del empleo y del envío de trabajadores vietnamitas al extranjero con contratos de trabajo en 2019, Viet Nam promulgó el Código del Trabajo, que contiene varias disposiciones específicas a este respecto, a fin de prevenir y combatir el trabajo forzoso, en línea con los principios y directrices de la OIT. En 2020, Viet Nam ratificó su adhesión al Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (núm. 105). El país también promulgó la Ley sobre Trabajadores Vietnamitas Contratados en el Extranjero y el Decreto núm. 112/2021/NĐ-CP, de 10 de diciembre de 2021, en el que se detallan una serie de artículos y medidas para la aplicación de la Ley y para garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores. El Decreto núm. 12/2022/NĐ-CP, de 17 de enero de 2022, estipula cómo se ha de proceder respecto de las infracciones administrativas en materia de trabajo y seguridad social y en lo que concierne a los vietnamitas contratados en el extranjero. En la Circular núm. 21/2021/TT-LĐTBXH, de 15 de diciembre de 2021, se fijan las tasas máximas de los cargos por servicios para una serie de industrias, oficios y trabajos específicos con miras a evitar el cobro de dichos cargos por parte de las empresas en contravención de la ley. Además, en el Código Penal también se establecen los actos que constituyen trata de personas, como el traslado y la recepción de personas con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso; la captación, el transporte y la acogida de otras personas para llevar a cabo el traslado o la recepción de personas con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso, que constituyen delito de trata de personas (art. 150), y el delito de trata de menores de 16 años (art. 151).

43.Viet Nam sigue avanzando y realizando mejoras en materia de políticas y de aplicación de la ley para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a las víctimas. En este sentido cabe mencionar el Programa contra la Trata de Personas para 2021-2025 con Proyección hasta 2030, aprobado en virtud de la Decisión núm. 193/QĐ-TTg, de 9 de febrero de 2021; y el Decreto núm. 144/2021/NĐ-CP, de 31 de diciembre de 2021, por el que se regula el tratamiento de las infracciones administrativas en materia de orden público, seguridad, males sociales, prevención y extinción de incendios, socorro y rescate en casos de desastre, y prevención y lucha contra la violencia doméstica (en este decreto se establecen las sanciones aplicables a los actos de prestación de negocios y servicios como fachada para la prostitución, contribuyendo así a la lucha contra los males sociales en los ámbitos en los que es probable que se produzca la trata de personas). Viet Nam también está estudiando la redacción de la versión modificada de la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas.

44.De 2019 a 2022, Viet Nam continuó eficazmente la labor de prevención y lucha contra la trata de personas:

i)El Plan del Comité Directivo 138/CP sobre la Aplicación del Programa de Lucha contra la Trata de Personas se aplicó mediante una combinación coherente de medidas para prevenir y eliminar la trata de personas en todo el país. Se ha prestado la debida atención a la cooperación internacional en materia de lucha contra la trata de personas, que se ha reforzado mediante una amplia gama de actividades de cooperación bilateral y multilateral, las cuales han dado buenos resultados. Por ejemplo, entre 2020 y 2022, Viet Nam adoptó una serie de medidas para combatir la trata de personas y garantizar la seguridad de los vietnamitas manipulados, engañados y obligados a trabajar, como la comunicación establecida con las autoridades camboyanas, chinas y laosianas, la mejora de la aplicación del Memorando de Entendimiento entre Viet Nam y el Reino Unido en materia de cooperación para la lucha contra la trata de personas, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y la colaboración con organizaciones internacionales para la celebración de diversos seminarios, talleres y cursos de formación breves dirigidos a cientos de funcionarios y servidores públicos sobre temas y asuntos relacionados con la prevención y la lucha contra la trata de personas.

ii)Los servicios públicos pertinentes (fiscalías populares de todos los niveles, fuerzas de seguridad pública, fuerzas de la guardia de fronteras, etc.) trabajaron en estrecha concertación para obtener información, gestionar y supervisar el procesamiento de denuncias e información sobre actividades delictivas, y detectar, investigar y sancionar la trata de personas de manera oportuna y eficaz.

iii)Cada año entre 2019 y 2022, Viet Nam organizó eventos tangibles en apoyo del Día Internacional y el Día Nacional contra la Trata de Personas (30 de julio), como campañas de información a nivel comunitario, seminarios, talleres, mesas redondas, exposiciones, campañas en los medios de comunicación y marchas de solidaridad. El objetivo de estos actos era concienciar a la población sobre la trata de personas y perfeccionar los conocimientos necesarios para combatirla, así como fomentar la responsabilidad de la función pública en los distintos niveles de gobierno.

iv)Entre 2019 y 2021, se incoaron 191 procedimientos penales en casos de trata de personas o trata de personas menores de 16 años (con 371 acusados). Lao Cai, Lai Chau, Quang Ninh, Nghe An, Ha Giang, Lang Sơn, Dien Bien y Hanói son provincias o ciudades donde se detectó un gran número de casos de trata de persona, se incoaron procedimientos penales y se emprendieron investigaciones. Las fiscalías populares de todos los niveles recibieron 242 causas (con 430 acusados). Los tribunales populares de todos los niveles recibieron 240 causas (con 419 acusados) y juzgaron 267 casos de trata de personas o de trata de personas menores de 16 años (con 495 acusados) durante el período mencionado. Entre 2019 y 2021, el 100 % de las víctimas de trata de personas que requerían asistencia jurídica y se enfrentaban a dificultades económicas, en su mayoría mujeres y niños, recibieron dicha asistencia de forma gratuita por parte de los Centros de Asistencia Jurídica a nivel provincial. En el 96 % de los casos las víctimas solicitaron asistencia jurídica durante el proceso penal.

Artículo 9 y párrafos 26 y 32 de las observaciones finales del Comité

45.El artículo 31, párrafo 4, de la Constitución de 2013 establece que toda persona que se encuentre detenida, bajo detención preventiva o en prisión provisional, o que esté siendo procesada, sometida a juicio o cumpliendo condena, podrá defenderse a sí misma o contar con abogados u otras personas que la defiendan en su nombre. El Código de Procedimiento Penal establece que el acusado tiene derecho a defenderse a sí mismo o a que un abogado u otra persona se encargue de su defensa; y las organizaciones o personas que dirigen el proceso judicial tienen la responsabilidad de informar al acusado, a la víctima y a otras personas implicadas sobre sus derechos en relación con la defensa y otros derechos e intereses legítimos que les corresponden en virtud del Código, explicárselos con claridad y asegurarse de que los ejerzan plenamente (art. 16). Además, en el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Detención Provisional y Prisión Preventiva se detallan los derechos que corresponden a la defensa y el momento en que esta puede participar en las actuaciones penales (por ejemplo, en los arts. 72, 73, 74, 76, 78 y 79 del Código de Procedimiento Penal; y en los arts. 9, 22 y 34 de la Ley de Detención Provisional y Prisión Preventiva).

46.La legislación vietnamita establece explícitamente las circunstancias, los requisitos, los plazos y los protocolos y procedimientos aplicables a la detención provisional y la prisión preventiva (arts. 109 a 119 del Código de Procedimiento Penal). La detención provisional o la prisión preventiva solo se aplicarán en los casos en que tales medidas estén permitidas por la ley. En un plazo de 12 horas a partir del momento en que se haya dictado la decisión de detención provisional, la autoridad que haya dictado dicha decisión debe enviar la decisión y la documentación justificativa correspondiente a la Fiscalía del mismo nivel, o a una Fiscalía competente. Si se considera que la detención no está justificada o no es necesaria, la Fiscalía dictará una decisión para revocar la decisión de detención, y la autoridad que haya dictado esta última deberá poner en libertad inmediatamente a la persona detenida. La ejecución de una orden de detención provisional está supeditada a la aprobación de la orden por una Fiscalía del mismo nivel. En un plazo de tres días a partir de la fecha de recepción de la orden de detención y de la solicitud de aprobación de la orden, acompañada de la documentación justificativa pertinente, la Fiscalía debe dictar una decisión de aprobación o denegación. Por tanto, la detención provisional y la prisión preventiva no se aplican de forma sistemática o generalizada antes del juicio.

47.El artículo 107 de la Constitución de 2013 y el artículo 3 de la Ley de Organización de las Fiscalías Populares estipulan que estas últimas son responsables de salvaguardar la ley, los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, el régimen socialista, el interés del Estado y los derechos e intereses legítimos de las organizaciones y las personas, para contribuir al cumplimiento coherente y estricto de la ley. El Código de Procedimiento Penal establece la competencia y los plazos aplicables a la detención provisional y la prisión preventiva con fines de investigación. Los plazos para la detención provisional y la prisión preventiva están claramente previstos en los artículos 118 y 173 del Código de Procedimiento Penal.

48.En Viet Nam no existe el encarcelamiento prolongado sin juicio, el encarcelamiento arbitrario ni la reclusión en régimen de aislamiento. El término “reclusión en régimen de aislamiento” no está definido en la legislación vietnamita. Toda persona que se encuentre privada de libertad y que infrinja las normas del centro de detención puede ser sometida a medidas disciplinarias, cuya naturaleza, duración y grado están claramente estipulados (art. 43 del Código de Procedimiento Penal). Tales medidas disciplinarias no son en absoluto de naturaleza análoga a la tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Distintos órganos que representan al pueblo llevan a cabo una meticulosa labor de supervisión para asegurarse de que se respeten los derechos de las personas que se encuentran bajo arresto o en detención provisional o prisión preventiva, lo que incluye especialmente la supervisión y el control directos y exhaustivos ejercidos por las fiscalías populares de todos los niveles desde el momento del arresto, la detención provisional y la prisión preventiva, hasta la ejecución de la sentencia penal.

49.La Ley de 2021 por la que se modifican y complementan varios artículos del Código de Procedimiento Penal contiene modificaciones destinadas a garantizar más plenamente los derechos humanos, especialmente los derechos de las personas que se encuentran bajo arresto o detención provisional y de las personas acusadas.

50.Para aplicar las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en relación con la grabación de audio y de video con sonido, Viet Nam promulgó la Decisión núm. 1172/QĐ‑TTg, de 11 de septiembre de 2019, por la que se aprueba el plan relativo a las instalaciones, la organización de los organismos y el personal, de conformidad con una hoja de ruta concreta, para realizar la grabación de audio y de video con sonido durante la toma de declaraciones del acusado. La Circular Interinstitucional núm. 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, de 1 de febrero de 2018, especifica los protocolos y procedimientos para la realización de grabaciones de audio o de video con sonido, así como para el uso y el almacenamiento de tales grabaciones en el proceso de investigación, procesamiento y enjuiciamiento. En la práctica, Viet Nam ya utiliza la grabación de audio y video con sonido. Por ejemplo, se han creado salas para la grabación de audio y video con sonido y se han adquirido equipos para la toma de declaraciones realizando este tipo de grabaciones.

51.La Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas prevé la posibilidad de aplicar la detención provisional en el marco de procedimientos administrativos (artículo 122) como medida para disuadir de la comisión de infracciones administrativas y garantizar la tramitación de tales infracciones. Dicha disposición tiene como único objetivo prevenir o detener todo acto que constituya una infracción administrativa que perturbe la salud o la vida de otras personas (que aún no se haya clasificado como delito al que se aplicarían los procedimientos penales), es decir, violaciones de los derechos civiles y políticos recogidos en el Pacto. Dado que la naturaleza de esta disposición es garantizar la aplicación de las medidas adecuadas, la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas, además de precisar las circunstancias en las que se podrá aplicar la detención provisional, que son limitadas, establece los protocolos y procedimientos correspondientes. Esta medida podrá aplicarse durante un período no superior a 24 horas o, en el caso de que la medida se adopte en un lugar remoto o montañoso, desde el momento en que el infractor sea trasladado al lugar de detención provisional. De esta forma, se garantizan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

52.En la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas se establecen cuatro medidas para tramitar las infracciones administrativas que podrán aplicarse a aquellos que cometan una vulneración, que no constituya un delito penal, de las leyes y los reglamentos en materia de seguridad y orden públicos. Estas medidas son: i) la educación basada en la comunidad; ii) el internamiento en un centro de rehabilitación; iii) el internamiento en un centro de educación obligatoria; y iv) el internamiento en un centro de rehabilitación obligatoria para toxicómanos. Tres de estas medidas (el internamiento en un centro de rehabilitación, el internamiento en un centro de educación obligatoria y el internamiento en un centro de rehabilitación obligatoria para toxicómanos) pueden restringir la libertad de la persona en cuestión. En este sentido, la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas especifica claramente a quiénes podrán aplicarse dichas medidas, así como los requisitos y la competencia para su aplicación. Tales medidas solo podrán ser adoptadas en virtud de la decisión de un Tribunal Popular de distrito, de conformidad con los protocolos y procedimientos establecidos en la ley, lo que contribuye a la apertura, transparencia, objetividad y exactitud de las medidas aplicadas y protege al máximo los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

53.De conformidad con el artículo 90, párrafo 5, de la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas, las medidas educativas podrán aplicarse en las comunidades o los municipios a toda persona mayor de 14 años (con un lugar de residencia estable) que ya haya sido sancionada en dos ocasiones por incurrir en infracciones administrativas y cometa una tercera infracción relacionada con el consumo ilegal de drogas en un plazo de seis meses. Toda persona a partir de entre 14 y 18 años de edad que no tenga un lugar de residencia estable será internada en una institución de protección social o de apoyo a la infancia para su supervisión y educación durante el tiempo que haya decidido aplicarse la medida educativa en la comunidad o el municipio.

54.Además, la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas también prevé la posibilidad de la gestión en el hogar como medida alternativa para los jóvenes de entre 14 y 18 años de edad que sean consumidores de drogas ilegales si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 140, párrafo 1, de la Ley. Al tratar las infracciones administrativas, siempre se concede prioridad a las medidas de remisión para los menores en conflicto con la ley. La gestión en el hogar es un enfoque basado en la sociedad, en el que la educación y el seguimiento de los menores dependen de ellos mismos, de su comunidad y de su familia. La aplicación de esta medida no queda reflejada en el expediente como sanción de una infracción administrativa.

55.Además, la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas también prevé la “educación basada en la comunidad” como una medida alternativa para tratar las infracciones administrativas previstas en el artículo 140a. Este método alternativo se aplica a toda persona de 12 y 13 años de edad, que de otro modo sería sometida a internamiento en un centro correccional, que tiene un lugar de residencia estable, asiste a un centro educativo y cuyos padres o tutor legal se han comprometido por escrito a encargarse de su supervisión y educación. Esta medida de educación basada en la comunidad se aplicará en virtud de una decisión del Tribunal Popular. Se trata de una nueva medida de remisión estipulada en la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas, cuyo objetivo es reducir la separación de los menores de su familia y de la sociedad, y en su lugar educarlos y supervisarlos en el contexto familiar y comunitario. La aplicación de esta medida no queda reflejada en el expediente como sanción de una infracción administrativa.

Artículo 10 y párrafo 30 de las observaciones finales del Comité

56.Tras la aprobación de la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, se ha promulgado un amplio abanico de textos legislativos que establecen directrices sobre cómo aplicar esta ley a los reclusos, independientemente del delito. Entre ellas cabe mencionar: el Decreto núm. 59/2020/NĐ‑CP, de 27 de mayo de 2020, por el que se regula la base de datos sobre la ejecución de sentencias penales; el Decreto núm. 133/2020/NĐ-CP, de 9 de noviembre de 2020, por el que se regula detalladamente la aplicación de varios artículos de la Ley de Ejecución de Sentencias Penales y que mejora de manera general los intereses de las personas que cumplen sanciones penales; la Circular núm. 12/2020/TT-BCA, de 7 de febrero de 2020, por la que se regulan los formularios y expedientes relativos al cumplimiento de las penas de prisión, el servicio de educación en las instituciones correccionales, y el seguimiento y la supervisión de las personas en los establecimientos de alojamiento; la Circular núm. 17/2020/TT-BCA, de 18 de febrero de 2020, sobre la publicación de reglamentos internos en los centros de detención; la Circular núm. 45/2020/TT-BCA, de 15 de mayo de 2020, por la que se regulan las normas y las cuotas aplicables a los suministros médicos en los centros sanitarios para presos, reclusos, estudiantes objeto de medidas correctivas y personas en detención provisional o prisión preventiva.

57.Los centros de detención han venido observando con rigor las leyes y los reglamentos sobre los derechos de los reclusos. Cada recluso tiene garantizado un espacio de más de dos metros cuadrados y sus bienes y pertenencias se consignan en registros y se administran de conformidad con la normativa. Viet Nam ha realizado diversos esfuerzos para construir, reparar y mejorar los centros de detención. Las celdas están bien iluminadas y ventiladas y se mantienen limpias. Se suministra una alimentación suficiente tanto en términos de calidad como de cantidad y adecuada a cada caso, de conformidad con la ley. Los derechos relativos a la alimentación, la vestimenta, el espacio vital y la atención sanitaria de los reclusos están estipulados en la ley y se respetan estrictamente en Viet Nam.

58.Las disposiciones sobre la entrega y la recepción de regalos, así como sobre los encuentros de los reclusos con sus familiares, también se respetan plenamente. Los reclusos pueden obtener permisos para pasar tiempo con su cónyuge en una habitación privada durante un máximo de 24 horas (llamada “la habitación de la alegría”). De conformidad con la ley, se informa a los familiares de los reclusos del lugar donde estos cumplen su condena y de la situación relativa a su cumplimiento. Los reclusos pueden hacer llamadas telefónicas, enviar cartas a sus familiares y reunirse con ellos una vez al mes, durante no más de una hora, además de recibir regalos y dinero de su familia.

59.Desde el primer día de ingreso en un centro de detención, todos los reclusos son sometidos a un reconocimiento médico e inscritos en un registro sanitario, y sus expedientes se mantienen de conformidad con las normas establecidas. En caso de enfermedad, los reclusos son atendidos en el servicio médico y tienen derecho a recibir un diagnóstico y medicamentos de venta sin receta. Los reclusos infectados por enfermedades transmisibles reciben tratamiento y permanecen en cuarentena en el servicio médico, y aquellos que sufren una enfermedad grave que supera la capacidad médica del servicio son trasladados a un centro médico de nivel superior donde puedan ser atendidos. Todos los años, los centros organizan fumigaciones periódicas para prevenir enfermedades. En los establecimientos penitenciarios se realizan labores adecuadas para el cuidado de las áreas exteriores, se mantiene limpio el entorno y se desarrollan activamente planes para prevenir las epidemias estacionales. Además, en el marco del Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, los reclusos son sometidos a pruebas de detección precoz de la tuberculosis y de la tuberculosis multirresistente, y aquellos infectados por esta última reciben raciones adicionales de alimentos. Las instalaciones están equipadas con escáneres de rayos X para la detección precoz de la tuberculosis, y los reclusos reciben diagnóstico, asesoramiento y tratamiento antirretrovírico. Este tratamiento administrado a reclusos con tuberculosis o VIH/sida ha contribuido a mejorar su salud.

60.Los reclusos que son ciudadanos extranjeros o vietnamitas con otras nacionalidades tienen derecho a las reuniones y visitas consulares según la normativa, que se celebran en una habitación privada. Sus derechos y condiciones de encarcelamiento, rehabilitación y vida cotidiana están garantizados con arreglo a la legislación vietnamita. Viet Nam ha organizado numerosas visitas a prisiones durante las cuales diversas delegaciones de periodistas vietnamitas e internacionales han podido reunirse con reclusos vietnamitas y extranjeros que cumplen condena y obtener información.

61.Todos los centros de detención deben crear un expediente para cada recluso según la normativa e incluir en este la orden de detención, reclusión o prisión preventiva, así como las órdenes y notificaciones de traslado y las órdenes judiciales. Al mismo tiempo, se debe someter a los reclusos a un reconocimiento sanitario inicial e informarles de las normas de la institución y de sus derechos y obligaciones. Los reclusos son evaluados periódicamente en función de su comportamiento con el fin de determinar si cumplen los requisitos para obtener la libertad condicional anticipada, la conmutación de la pena o un indulto.

62.En Viet Nam no existe la práctica de trasladar repetidamente a los reclusos de un lugar de encarcelamiento a otro para separarlos de sus familias. La posibilidad de trasladar a los reclusos a otro centro solo se contempla en el caso de un pequeño número de delincuentes extremadamente peligrosos que podrían organizarse en banda y suponer una amenaza para la seguridad, con el fin de separarlos de otros reclusos que infrinjan las normas repetidamente, supervisarlos mejor y evitar que se produzcan incidentes graves, en interés de la seguridad de los demás reclusos.

63.Viet Nam ha establecido un sistema de instituciones de supervisión independiente, como el mecanismo de inspección y supervisión en el marco de la Asamblea Nacional, los Consejos Populares y el Frente Patriótico de Viet Nam, y, de aún más importancia, la supervisión por la Fiscalía Popular de la observancia de la ley por parte de los organismos y personas autorizados, así como de otros organismos, organizaciones o personas implicados en todas las etapas del proceso, desde la recepción de denuncias e información sobre actos delictivos, la recomendación de incoar un procedimiento penal y el seguimiento a lo largo de la causa penal, hasta la imposición y aplicación de la detención provisional y la prisión preventiva y la ejecución de las sentencias penales (art. 7 de la Ley de Detención Provisional y Prisión Preventiva, art. 6 de la Ley de Ejecución de Sentencias Penales y art. 3 de la Ley de Organización de las Fiscalías Populares). El país también aprobó la Directiva núm. 06/CT‑VKSNDTC, de 18 de junio de 2019, sobre la innovación y la mejora de la calidad y la eficiencia de la supervisión por la Fiscalía de la detención provisional y la prisión preventiva y de la ejecución de sentencias penales; y la Directiva núm. 06/CT‑VKSTC, de 28 de junio de 2021, relativa al aumento de la responsabilidad y la eficacia en el ejercicio de las facultades de la Fiscalía y la supervisión de la aplicación de la medida judicial de tratamiento médico obligatorio en el contexto de la investigación penal, el procesamiento, el juicio y la ejecución de la sentencia penal.

64.Viet Nam está estudiando las experiencias de otros países y tomando nota de ellas con miras a adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Artículo 11

65.La no penalización de las relaciones económicas y civiles, al tiempo que se sanciona estrictamente toda violación de la ley, es una de las principales políticas de Viet Nam. Toda persona tiene derecho a la libertad de empresa, de negocios y de inversión en todas las actividades que no están prohibidas por la ley (art. 33 de la Constitución de 2013, art. 5 de la Ley de Inversiones de 2020 y art. 7 de la Ley de Empresas de 2020). El Código Civil dispone que toda parte que incumpla una obligación será civilmente responsable ante la parte con la que exista esa obligación (art. 351). Al mismo tiempo, solo serán penalmente responsables quienes hayan cometido un delito tipificado en el Código Penal (art. 2). El Código Penal estipula que determinados riesgos en el proceso de realización de estudios, experimentos o aplicación de avances científicos, técnicos y tecnológicos no constituirán delito (art. 25).

Artículo 12 y párrafo 42 de las observaciones finales del Comité

66.En Viet Nam, la libertad de circulación se contempla en la Constitución de 2013 y se detalla en diversos textos legislativos específicos, en consonancia con las normas establecidas en el derecho internacional a este respecto. Las restricciones a los viajes impuestas en determinados casos por los organismos vietnamitas encargados de hacer cumplir la ley se ajustan a la legislación vigente y son compatibles con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 3, del Pacto. Viet Nam está considerando adherirse al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

67.En cuanto a los nacionales vietnamitas, la Ley de Entrada y Salida de Ciudadanos Vietnamitas regula el proceso de entrada y salida de los ciudadanos del país y la responsabilidad de las autoridades estatales de inmigración y otros organismos, organizaciones y personas competentes. En esta ley se establecen nueve grupos que están sujetos a la suspensión temporal de salida del país, entre los que destacan: i) los imputados en causas penales, las personas acusadas, las personas que han sido objeto de una denuncia o respecto de las cuales se ha solicitado el inicio de un procedimiento penal y se ha considerado necesario tomar medidas para evitar que pudieran eludir la acción de la justicia o destruir pruebas, tras haber llevado a cabo un examen y una evaluación y de conformidad con el Código de Procedimiento Penal; ii) las personas a las que se haya concedido el aplazamiento o la suspensión de la pena de prisión, o la libertad condicional, durante el tiempo que dure esta medida, y las personas a las que se haya impuesto una condena condicional, durante el período de libertad a prueba o durante el período de cumplimiento de la condena, de conformidad con la Ley de Ejecución de Sentencias Penales; iii) las personas que tengan obligaciones legales en el marco de un procedimiento civil, si hay motivos para creer que la resolución del procedimiento tendría repercusiones en sus obligaciones con el Estado o con cualquier organismo, organización o persona, y que su salida del país pudiera afectar la resolución del caso, el interés del Estado o los derechos e intereses legítimos de cualquier organismo, organización o persona, o que la prohibición de salida fuera necesaria para garantizar que el laudo se ejecute debidamente; iv) las personas cuya salida del país afecte a la seguridad nacional, según determinen las autoridades sobre la base de motivos suficientes (art. 36).

68.En lo que respecta a los extranjeros, Viet Nam promulgó en 2019 la Ley por la que se modifican y complementan varios artículos de la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Viet Nam, que introduce nuevas disposiciones sobre la entrada y salida de extranjeros, y más específicamente sobre los protocolos y procedimientos para la concesión de visados electrónicos, los casos en los que se permite la conversión de visados, las condiciones de entrada y salida, los casos de extranjeros con derecho a obtener un permiso de residencia temporal, y los casos en los que existe la posibilidad de exención de visado para la entrada en las zonas económicas costeras, tal como se especifica en las decisiones del Gobierno.

Artículo 13

69.La expulsión es una sanción principal o complementaria aplicable en virtud de la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas (arts. 21 y 27) o con arreglo al Código Penal (art. 32). Por consiguiente, la expulsión solo se aplicará a los extranjeros que cometan infracciones administrativas en Viet Nam o a raíz de una sentencia penal dictada por un tribunal.

70.La Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas otorga al Gobierno el mandato de establecer disposiciones específicas sobre la manera de aplicar la expulsión. El 31 de diciembre de 2021, el Gobierno promulgó el Decreto núm. 142/2021/NĐ-CP sobre las formas de expulsión, la detención provisional y las medidas de escolta de los infractores en el marco de procedimientos administrativos, y sobre la gestión de los extranjeros que vulneren la legislación nacional durante el proceso de expulsión. En el Decreto se establecen los protocolos y procedimientos correspondientes, así como la competencia para aplicar la expulsión en procedimientos administrativos. El artículo 7 del Decreto núm. 142/2021/NĐ‑CP estipula que las personas expulsadas tienen derecho a conocer la causa de la expulsión, a recibir la decisión de expulsión por escrito al menos 48 horas antes del momento de la expulsión, a solicitar servicios de interpretación durante sus intercambios con las autoridades y los funcionarios competentes, a poder beneficiarse de los derechos especificados en el Decreto núm. 65/2020/NĐ-CP, de 10 de junio de 2020, sobre la organización de la estancia en el país hasta el momento de la partida y los derechos de las personas alojadas en centros residenciales mientras se ejecuta la decisión, a sacar los bienes que sean de su propiedad legítima del territorio de Viet Nam, y a presentar quejas o denuncias de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes en materia de tramitación de quejas y denuncias.

71.Del 1 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022, las autoridades competentes de Viet Nam expulsaron a 378 personas que habían vulnerado las leyes y reglamentos de entrada y salida del país, en el marco de procedimientos administrativos. Los extranjeros expulsados eran principalmente personas que habían entrado ilegalmente a Viet Nam, que no tenían un lugar de residencia legal y que violaban la legislación vietnamita.

Artículo 14 y párrafos 34 y 36 de las observaciones finales del Comité

72.En Viet Nam, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a ejercer en condiciones de igualdad sus derechos y obligaciones procesales ante los tribunales, tal como se especifica en la Constitución de 2013 (art. 16), el Código de Procedimiento Civil (art. 8) y el Código de Procedimiento Penal (art. 9). La independencia e imparcialidad de los jueces que conforman los tribunales y que participan en las audiencias judiciales están claramente garantizadas en virtud de principios que establecen, entre otras cosas, que los jueces son independientes y que únicamente cumplen con la ley en el marco del juicio y que debe garantizarse la imparcialidad de las personas con competencia para dirigir los procedimientos judiciales o en los casos en que tales personas sean rechazadas o sustituidas (para garantizar la imparcialidad y la objetividad de las personas competentes en el ejercicio de sus funciones). Todos estos principios se especifican en la Constitución de 2013 (art. 103), el Código de Procedimiento Penal (arts. 21, 23 y 49), el Código de Procedimiento Civil (art. 12), la Ley de Organización de los Tribunales Populares, de 2014, la Ordenanza núm. 02/2022/UBTVQH15, de 18 de agosto de 2022, sobre las sanciones administrativas por actos que obstruyan los procedimientos judiciales, y otros instrumentos conexos. Viet Nam está elaborando un proyecto titulado: “ Reformas judiciales en los tribunales populares para 2030 con proyección hasta 2045 ”.

73.Sobre la base de la Resolución del Consejo Nacional para la Selección y la Supervisión de los Jueces, y de la propuesta del Presidente del Tribunal Popular Supremo, desde 2019 hasta el 30 de septiembre de 2022, el Presidente del Estado nombró a 1.736 jueces (incluidos 8 jueces del Tribunal Popular Supremo, 104 jueces de rango superior, 847 jueces de rango medio y 1.409 jueces de rango inferior); renovó el nombramiento de 35 jueces de rango superior, 437 jueces de rango medio y 2.043 jueces de rango inferior; y destituyó a 20 jueces (5 de ellos de rango medio y 15 de rango inferior).

74.El 13 de diciembre de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la Ordenanza sobre los protocolos y procedimientos para el examen y la toma de decisiones respecto de la aplicación de medidas administrativas en los tribunales populares. En dicha ordenanza se establecen los protocolos y procedimientos para que los tribunales populares examinen la posibilidad de aplicar medidas administrativas y tomen las decisiones correspondientes, como el envío de personas a reformatorios, el envío de personas a instituciones de educación obligatoria, el envío de personas a establecimientos de desintoxicación obligatoria; los protocolos y procedimientos para el examen y la toma de decisiones respecto al aplazamiento o la exención de la ejecución, la reducción del plazo de ejecución, la suspensión o la exención de la ejecución durante el período restante de aplicación de la medida, etc.; y disposiciones relativas a la recepción y resolución de quejas, solicitudes y peticiones en el marco de la aplicación de medidas administrativas.

75.En cuanto a la independencia, transparencia e imparcialidad de los fiscales, la Constitución de 2013 estipula que la Fiscalía Popular tiene competencia para enjuiciar y para supervisar las actividades judiciales (art. 109, párr. 2). La Fiscalía Popular tiene el deber de proteger la ley, los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos (art. 107). En el Código de Procedimiento Penal se detallan los principios consagrados en la Constitución de 2013 (arts. 49 y 52). Según se establece en la Ley de Organización de las Fiscalías Populares, los fiscales deben cumplir los requisitos generales (art. 75) y los requisitos específicos correspondientes a su rango (arts. 77 a 81). El nombramiento de los fiscales de rango inferior, medio y superior se decide en función de los resultados de las pruebas de selección. Los fiscales de la Fiscalía Popular Suprema son elegidos por el Consejo de Selección de Fiscales de este mismo órgano. El Presidente del Consejo es el Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema, y sus miembros son representantes de la dirección del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Comité Central del Frente Patriótico de Viet Nam y el Comité Central del Colegio de Abogados de Viet Nam. La lista de los miembros del Consejo de Selección de Fiscales de la Fiscalía Popular Suprema es aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional a propuesta del Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema. El Consejo trabaja de forma colegiada, por lo cual sus decisiones deben ser aprobadas por más de la mitad de sus miembros (art. 86 de la Ley de Organización de las Fiscalías Populares).

76.Los organismos encargados de dirigir los procedimientos judiciales designarán abogados defensores para todos los acusados que requieran un abogado defensor pero no lo soliciten, concretamente en el caso de las personas acusadas de delitos castigados con la pena máxima, a saber, 20 años de prisión, reclusión a perpetuidad o pena de muerte, según el Código Penal; las personas acusadas que tienen discapacidad física y no pueden encargarse de su propia defensa; y las personas acusadas con discapacidad mental o menores de 18 años. Las personas acusadas o imputadas que no puedan pagar un abogado defensor y que tengan derecho a recibir asistencia jurídica en virtud de la Ley de Asistencia Jurídica podrán ser defendidos de manera gratuita. Los organismos que dirigen los litigios pagan la totalidad de los costos de los servicios de interpretación durante la tramitación de los casos. En el período 2019-2021, hubo 8.593 abogados y 11.228 abogados defensores que participaron en procedimientos judiciales de primera instancia en el marco de causas penales; y 2.838 y 217, respectivamente, en procedimientos de apelación. En la esfera de las causas civiles, hubo 2.346 abogados y 738 abogados defensores que participaron en procedimientos judiciales de primera instancia; y 2.535 y 148, respectivamente, en procedimientos de apelación. El número de causas en las que las personas tienen derecho a recibir asistencia jurídica durante los procedimientos judiciales ha aumentado constantemente desde 2019 y alcanzó 68.826 causas de un total de 112.067 (61,4 %) en 2022. En 2022, el número total de causas que fueron cerradas fue de 21.276 (un aumento del 18,4 % con respecto a 2021). El número de causas en las que los acusados fueron defendidos se mantuvo en aumento (en 2019: 8.210 causas; en 2020: 9.827 causas; en 2021: 11.821 causas; en 2022: 13.951 causas).

Cuadro 2

Número de abogados/colaboradores contratados por los Centros de Asistencia Jurídica y número de funcionarios de asistencia jurídica

Año	Funcionarios de asistencia jurídica	Abogados contratados por los Centros de Asistencia Jurídica	Colaboradores contratados por los Centros de Asistencia Jurídica	Total
2019	645	533	132	1 310
2020	630	645	41	1 316
2021	666	663	38	1 367
2022	688	630	38	1 356

Cuadro 3

Resultados de la prestación de asistencia jurídica a grupos vulnerables del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022

Grupos vulnerables	Casos en los que se prestó asistencia jurídica
Contribuyentes a la Revolución	12 964
Hogares pobres	15 316
Minorías étnicas	34 202
Hogares pobres y minorías étnicas	975
Niños	13 175
Personas acusadas de 16 y 17 años	15 702
Personas acusadas de hogares casi pobres	5 658
Personas con discapacidad y dificultades económicas	6 677
Personas mayores con dificultades económicas	4 880
Otras personas con dificultades económicas	2 532
Total	112 081

Artículo 15

77.El derecho penal solo se aplica de forma retroactiva en los casos en que ello redunde en favor del infractor, a saber, en caso de abolición de un delito, de una pena o de un factor agravante, o en caso de que se prevea una pena menos severa, un nuevo factor atenuante, o mayores posibilidades de beneficiarse de la libertad a prueba, la exención o exclusión de la responsabilidad penal, la exención de la pena, la conmutación de la pena, la libertad condicional o la anulación de la condena, u otras disposiciones que favorezcan a los infractores. Esto se aplicará, cuando proceda, a los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones pertinentes (art. 7.3 del Código Penal). Las disposiciones legislativas relativas a un nuevo delito, a una pena más severa, a un factor agravante o a la disminución de las posibilidades de beneficiarse de la libertad condicional, la exención o exclusión de la responsabilidad penal, la exención de la pena, la conmutación o la anulación de la condena, o cualquier otra disposición que no favorezca a los infractores, no se aplicarán a los delitos penales cometidos antes de su entrada en vigor (art. 7.2 del Código Penal).

78.En aplicación de la Resolución núm. 41/2017/QH14, de 20 de junio de 2017, sobre la aplicación del Código Penal en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones legislativas en favor de los infractores, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2022, los Tribunales convirtieron la pena de muerte en reclusión a perpetuidad en 12 casos, eximieron a los infractores de cumplir las penas pendientes en 524 casos, eximieron a los infractores de cumplir la totalidad de las penas en 183 casos, y eliminaron los antecedentes penales en 126 casos.

Artículo 16

79.El Código Civil establece que las personas tienen derecho a la inscripción de su nacimiento desde el momento mismo en que nacen y que las personas fallecidas tienen derecho a que se registre su defunción. El registro de nacimientos y defunciones está regulado por la Ley del Estado Civil (art. 30). La capacidad jurídica de una persona en el ámbito civil es su capacidad para ejercer derechos y obligaciones civiles desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte (art. 16).

80.El proyecto relativo a la Base de Datos Electrónica Nacional del Registro Civil se desarrolla y se ejecuta sobre la base del programa informático de registro y gestión electrónica del estado civil utilizado desde la entrada en vigor de la Ley del Estado Civil el 1 de enero de 2016. Tras seis años de utilización de este programa informático por todos los organismos de registro y gestión del estado civil del país, desde el Ministerio de Justicia hasta los órganos de gobierno a nivel comunal, con casi 20.000 cuentas utilizadas diariamente, se han producido cambios fundamentales en la labor relacionada con el estado civil, se ha dado respuesta a importantes demandas de la población en materia de registro del estado civil, se ha apoyado activamente la gestión del Estado en este ámbito y se ha establecido de forma gradual una conexión y un intercambio de información con la Base de Datos Nacional de Población (en lo que respecta a la inscripción de los nacimientos) y con la Seguridad Social de Viet Nam para agilizar los procedimientos relativos a la inscripción de los nacimientos y al seguro. Al mismo tiempo, el programa se ha adaptado para que pueda conectarse e intercambiar información con otras bases de datos del Estado, de conformidad con el Decreto del Gobierno núm. 47/2020/NĐ-CP, de 9 de abril de 2020, sobre la gestión, la conexión y el uso compartido de los datos digitales de los organismos públicos.

81.La aplicación de la Decisión núm. 06/QĐ-TTg, mencionada en el párrafo 17 del presente documento, abarca la conexión y el intercambio de información entre la Base de Datos Electrónica Nacional del Registro Civil y la Base de Datos Nacional de Población; el desarrollo de un proceso para asignar números de identificación personal a los ciudadanos cuyo nacimiento se registre ante las misiones diplomáticas de Viet Nam en el extranjero; la normalización y reestructuración de los procesos y la reducción y racionalización de los procedimientos administrativos fundamentales en el ámbito del estado civil (incluido el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios); y la transmisión de información a partir de la Base de Datos Nacional de Población, entre otros. La aplicación de la Decisión ha contribuido asimismo al cumplimiento de las tareas y obligaciones estipuladas en la Ley del Estado Civil, en particular la utilización de la tecnología de la información para la ejecución de las actividades relacionadas con el estado civil y la promoción del registro del estado civil en línea, la creación de condiciones favorables, la reducción al mínimo de los gastos administrativos y del tiempo de desplazamiento para la población, la promoción de reformas administrativas, la mejora de la responsabilidad y la dedicación al servicio de la población entre los funcionarios y servidores públicos encargados de las labores judiciales y del registro civil.

Artículo 17

82.El derecho a la privacidad es un derecho constitucional previsto en la Constitución de 2013 (art. 21), el Código Civil (art. 38), la Ley de Tramitación de Infracciones Administrativas, el Código Penal (arts. 158, 159 y 289), el Código de Procedimiento Penal (arts. 8, 11 y 12) y otras leyes pertinentes. La protección del derecho a la privacidad se detalla en los párrafos 161 a 165 del informe CCPR/C/VNM/3.

83.De julio de 2020 a febrero de 2022, las empresas de telecomunicaciones bloquearon 268.575 números que se sospechaba que eran utilizados para realizar llamadas no deseadas, y detectaron e impidieron 87.048.297 llamadas potencialmente fraudulentas, garantizando así la seguridad y el orden social, así como los derechos de los usuarios de los servicios. En 2022, Viet Nam detectó y gestionó cinco casos de utilización de falsas estaciones transceptoras de base para enviar mensajes fraudulentos a través de redes de telecomunicaciones móviles.

Artículo 18 y párrafo 44 de las observaciones finales del Comité

84.Viet Nam es un país en el que se practican múltiples religiones (budismo, catolicismo, protestantismo, caodaísmo, budismo Hoa Hao, budismo de la tierra pura, budismo de las cuatro deudas de gratitud, islamismo, entre otros). Actualmente se calcula que el 95 % de la población de Viet Nam lleva una vida basada en la religión y las creencias. En lo que respecta a la religión, el Estado ha reconocido como organizaciones religiosas a 43 organizaciones pertenecientes a 16 religiones y les ha otorgado certificados de registro de actividades religiosas. Se cuentan unos 26,5 millones de seguidores (que representan el 27 % de la población), 54.125 dignatarios, 135.561 subdignatarios y 29.658 lugares de culto. A finales de diciembre de 2022, existían en todo el país 50.703 establecimientos religiosos, de los cuales 15.205 habían sido clasificados como reliquias o incluidos en las listas locales de reliquias en todos los niveles administrativos.

85.Viet Nam promulgó la Ley de Creencias y Religión y la legislación de aplicación correspondiente de conformidad con el artículo 18 del Pacto. A fin de garantizar el derecho de las personas a la libertad de creencias y de religión, el Código Penal prevé delitos específicos para hacer frente a los actos que vulneran ese derecho, en particular en su artículo 164, relativo al delito de vulneración de la libertad de creencias o de religión de otras personas. Además, el Código Penal también estipula que los actos de abuso de la libertad de creencias y de religión para atentar contra los intereses del Estado o contra los derechos e intereses legítimos de organizaciones y personas serán perseguidos penalmente como delito de abuso de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del Estado o contra los derechos e intereses legítimos de organizaciones y personas en virtud del artículo 133. Viet Nam está estudiando y redactando modificaciones de varios artículos del Decreto núm. 162/2017/NĐ-CP, de 30 de diciembre de 2017, en el que se establecen disposiciones detalladas sobre una serie de artículos y medidas de aplicación recogidos en la Ley de Creencias y Religión.

86.Las organizaciones religiosas gozan de plena autonomía financiera. El Estado no interfiere en los asuntos financieros que competen a las organizaciones religiosas y a los dignatarios y subdignatarios religiosos competentes, que son responsables de la gestión financiera y de la utilización de los fondos conforme a sus respectivos estatutos, cartas, reglamentos y normas internas, y con arreglo a la Ley de Creencias y Religión y a otras leyes conexas.

87.Según la Ley de Tierras de 2013 y la Ley de Impuesto sobre el Uso de Tierras no Agrícolas de 2010, el Estado puede asignar a los establecimientos religiosos tierras no agrícolas que no estén sujetas al impuesto sobre el uso de tierras no agrícolas (excepto en el caso del uso de la tierra con fines comerciales), sin que estos tengan que pagar el impuesto sobre el uso de la tierra, o tierras utilizadas con fines religiosos asignadas por el Estado que no estén sujetas al impuesto sobre el uso de la tierra. En los últimos años, las autoridades han prestado la debida atención a otorgar a los establecimientos religiosos certificados de derecho de uso de la tierra y títulos de propiedad de las casas y otras instalaciones que se encuentren en las tierras utilizadas, con lo cual han obtenido resultados positivos. En noviembre de 2022, se habían otorgado certificados de derecho de uso de la tierra a alrededor del 70 % de los establecimientos religiosos de todo el país. A muchos establecimientos religiosos se les han concedido decenas de hectáreas de tierras para la práctica religiosa con el fin de satisfacer las necesidades espirituales y religiosas de los creyentes.

88.En los últimos años, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Creencias y Religión, las organizaciones y los particulares han dinamizado y diversificado sus actividades en el ámbito de las relaciones internacionales en términos de escala, cantidad y alcance. En octubre de 2019, las autoridades competentes de Viet Nam organizaron un evento en el que se decidió reconocer a una organización religiosa (Iglesia Evangélica Pentecostal de Viet Nam) y se otorgó un certificado de registro de actividades religiosas a otra organización (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), con lo cual el Estado ha reconocido a un total de 43 organizaciones religiosas pertenecientes a 16 religiones. El Estado también crea y garantiza condiciones favorables para que las organizaciones religiosas establezcan instituciones de formación religiosa. Actualmente, existen en Viet Nam 62 instituciones de formación religiosa situadas en 36 provincias y ciudades. En 2020, la Iglesia Católica de Viet Nam creó un centro de formación (Seminario Sagrado Tam Thai Binh).

Artículos 19 y 20, párrafos 46 y 52 de las observaciones finales del Comité e informe CCPR/C/136/2/Add.4

89.Esta cuestión debe analizarse íntegramente a la luz del informe de mitad de período presentado en marzo de 2021.

90.Viet Nam aplica sistemáticamente una política encaminada a garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de todas las personas a la información. Para proteger estos derechos, el Estado: i) apoya el desarrollo del periodismo y del sector editorial; ii) crea condiciones favorables para que la gente busque, consulte, facilite e intercambie información libremente, y iii) aplica las medidas de gestión necesarias y adecuadas para impedir actos de abuso de la libertad de expresión o de la libertad de prensa que busquen atentar contra los derechos e intereses legítimos de organizaciones y particulares o dañar un entorno en línea saludable.

91.Al 30 de diciembre de 2022, Viet Nam contaba con 6 grandes agencias multimedia, 127 agencias de noticias, 670 agencias de revistas, 72 organismos de televisión y radiodifusión, incluidas 67 emisoras de radio de nivel central y local, 5 unidades de televisión que no disponen de infraestructura de radiodifusión propia; 77 canales de radio, 194 canales de televisión, 57 canales de televisión extranjeros ofrecidos por la televisión de pago en Viet Nam; y 9.792 emisoras de radio municipales (incluidas 634 emisoras de radio que utilizan la tecnología de la información y las telecomunicaciones).

92.El Código Penal ofrece protección contra los actos que vulneran los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información y castiga severamente tales actos (art. 167: delitos de vulneración de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al acceso a la información y a la protesta).

93.Viet Nam ha llevado a cabo un examen y una evaluación preliminares de la aplicación de la Ley de Prensa de 2016 y la Ley de Publicaciones de 2012 con el fin de seguir mejorando las leyes y reglamentos en estas esferas y satisfacer las necesidades prácticas relacionadas con las actividades periodísticas. Actualmente se propone que estas leyes se incluyan en el programa legislativo de la Asamblea Nacional para el período 2023-2025. También se propone realizar modificaciones a la Ley de Prensa para ampliar su ámbito de aplicación en consonancia con el actual ritmo de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la comunicación. Este será un paso importante que ayudará a aclarar los conceptos y a promover el desarrollo del sistema de prensa, el ecosistema periodístico y el periodismo de datos.

94.La libertad de información y la transparencia son de suma importancia para el Estado. Los organismos administrativos estatales cumplen con su responsabilidad en cuanto a realizar declaraciones y facilitar información a la prensa. Esto crea condiciones favorables para las actividades de los medios de comunicación masiva, como la retransmisión en directo, por radio y por televisión, de los debates entre los miembros del Gobierno y la Asamblea Nacional y las conferencias de prensa periódicas del Gobierno, la Asamblea Nacional, los ministerios y las localidades, de acuerdo con la normativa sobre la responsabilidad de los organismos administrativos estatales en lo que respecta a realizar declaraciones y facilitar información a la prensa. El 24 de noviembre de 2022, el Primer Ministro organizó una conferencia virtual a escala nacional sobre comunicación política con el tema “Conciencia – Acción – Recursos”, en la que se examinaron las responsabilidades de los organismos administrativos del Estado y las medidas para mejorar la eficacia de la comunicación política y el debate político, lo que abarca desde la propuesta de políticas hasta el seguimiento de la aplicación de políticas que tienen importantes repercusiones para el pueblo y la sociedad en general.

95.Sobre la promoción de la comunicación privada, la Ley de Prensa de 2016 estipula que pueden publicar revistas científicas las empresas y organizaciones autorizadas a publicar boletines informativos de conformidad con el artículo 3, párrafo 18, y el artículo 34; las instituciones de educación terciaria, de conformidad con la Ley de Educación Superior, las instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico organizadas como academias o institutos, según lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología; y los hospitales de nivel provincial, equivalente o superior (art. 14, párr. 2). Todos los ciudadanos tienen derecho a crear obras periodísticas, a proporcionar información a la prensa y a reaccionar ante la información difundida por esta (art. 10). En Viet Nam, la prensa puede trabajar libremente y la información no es censurada antes de ser impresa, transmitida o difundida, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Prensa de 2016 y el artículo 5, párrafo 2, de la Ley de Publicaciones de 2012.

96.El Estado invierte en el desarrollo de infraestructuras de telefonía móvil, Internet y medios sociales, y presta apoyo al respecto, para facilitar a la población la búsqueda, el acceso, la difusión y el intercambio de información de forma libre y sencilla. Transcurridos 25 años desde la llegada de Internet, Viet Nam se ha convertido en una potencia en los ámbitos de las telecomunicaciones y de Internet, con una tecnología moderna y una gran universalidad de la red. En diciembre de 2022, el país contaba con más de 72,1 millones de usuarios de Internet (lo que equivale el 73,2 % de la población), con lo cual se sitúa en el 13º puesto mundial en cuanto al número de usuarios. Hay 94,2 millones de números registrados asociados a teléfonos inteligentes y 82,2 millones de números de banda ancha, lo que equivale al 74,3 % de la población. Las redes de telecomunicaciones han seguido modernizándose y desarrollándose ampliamente, con una cobertura que alcanza el 99,73 % de todas las aldeas del país. En particular, las redes 3G y 4G ofrecen servicio al 98 % de la población, y 19,79 millones de hogares disponen de fibra óptica, lo que equivale al 72,4 % de la población. Se han instalado cables de fibra óptica en el 100 % de los municipios, distritos y ciudades, en el 91 % de las aldeas y en el 100 % de las escuelas. El Estado asigna recursos en función de los programas de metas nacionales y del Programa de Telecomunicaciones de Utilidad Pública para equipar las infraestructuras de telecomunicaciones y reducir las diferencias de acceso a la información entre regiones y etnias de todo el país.

97.Viet Nam trabaja continuamente en la mejora del marco jurídico en materia de información y ciberseguridad para garantizar un entorno informativo seguro y sano y combatir las noticias falsas y malintencionadas. En el marco de los procesos de elaboración de documentos legislativos en este ámbito, se ha consultado a otros países para conocer sus experiencias y se han tenido en cuenta los acuerdos internacionales pertinentes de los que Viet Nam es parte. En numerosas ocasiones se han recabado las opiniones de organismos, organizaciones y empresas nacionales y extranjeras pertinentes, así como de la población, a fin de promulgar leyes y reglamentos adecuados. Viet Nam aprobó el Decreto núm. 15/2020/NĐ-CP, de 3 de febrero de 2020 (modificado y complementado por el Decreto núm. 14/2022/NĐ-CP, de 27 de enero de 2022), que estipula el tratamiento de las infracciones administrativas en los ámbitos del correo postal, las telecomunicaciones, las radiofrecuencias, las tecnologías de la información y las transacciones electrónicas, y especifica además las infracciones de las condiciones de uso de las redes sociales y la seguridad de la información, entre otras cosas. Al mismo tiempo, el país también ha participado de forma proactiva en la negociación de una convención internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos y ha seguido de cerca los avances al respecto. Durante el período 2019-2022, Viet Nam concertó varios acuerdos internacionales sobre cooperación en la esfera de la ciberseguridad, como el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de Viet Nam y el Ministerio de Defensa del Japón sobre cooperación en materia de ciberseguridad en 2021, y el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública de Viet Nam y el Ministerio de Comunicaciones e Información de Singapur sobre ciberseguridad, prevención de la ciberdelincuencia y protección de los datos personales en 2022. En el anexo 5 se ofrecen más detalles en relación con los documentos sobre el derecho a la libertad de expresión que el Consejo de Derechos Humanos mencionó en el informe CCPR/C/136/2/Add.4.

98.Desde la entrada en vigor de la Ley de Ciberseguridad de 2018, se han detectado y tramitado estrictamente las infracciones de la ley en el ciberespacio, contribuyendo así a la seguridad nacional y al orden social y salvaguardando los intereses legítimos de las organizaciones y las personas. Según el informe sobre el índice mundial de ciberseguridad en 2020, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Viet Nam ha ascendido 25 lugares en dos años, con lo cual ha pasado a ocupar el 25º puesto entre 194 países y territorios, el 7º de la región de Asia y el Pacífico y el 4º de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Viet Nam aprobó el Decreto núm. 53/2022/NĐ-CP, de 15 de agosto de 2022, por el que se regula de manera detallada la aplicación de una serie de artículos de la Ley de Ciberseguridad de 2018.

99.La Ley de Ciberseguridad de 2018 no obstruye ni restringe la libertad de expresión en el ciberespacio. Por el contrario, el principio y la finalidad de dicha ley es salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad y el orden sociales y los derechos e intereses legítimos de los organismos, las organizaciones y las personas en el ciberespacio (el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de no injerencia en la vida privada, el derecho a que no se vulnere el honor o la reputación personal, la protección de los secretos personales y familiares y de la correspondencia confidencial, la protección de los derechos de los niños, etc.), lo cual se ha establecido de forma detallada en artículos específicos de la ley. Desde una perspectiva más amplia, la Ley de Ciberseguridad de 2018 tiene como objetivo crear un ciberespacio seguro y sano y, de esta forma, garantizar que todos los ciudadanos puedan vivir y trabajar en un entorno social estable que coadyuve al desarrollo. Los artículos 8 y 18 de esta Ley solo especifican las conductas prohibidas en el ciberespacio que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad y el orden sociales y los derechos e intereses legítimos de las organizaciones y las personas, así como los actos que constituyen infracciones de la ley de conformidad con el Código Penal, la Constitución de 2013 y el artículo 19, párrafo 3, del Pacto.

Artículo 21 y párrafo 48 de las observaciones finales del Comité

100.Todas las personas son iguales ante la ley y gozan de todos los derechos constitucionales, entre los que figura el derecho a la libertad de reunión pacífica. Estos derechos deben ejercerse con arreglo a la ley, respetando los derechos e intereses de la comunidad, y pueden restringirse en determinadas circunstancias cuando resulte necesario de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 2013, entre otras cosas por motivos de “seguridad y orden social”. Ninguna persona u organización en Viet Nam debe ser objeto de amenazas, ataques o represalias por participar en actividades que estén amparadas por sus derechos y que sean conformes a la ley, especialmente al interactuar o cooperar con organismos de las Naciones Unidas.

101.En Viet Nam, el Estado respeta y garantiza las marchas y reuniones celebradas para conmemorar acontecimientos culturales, económicos o sociales o para expresar opiniones sobre cuestiones importantes de forma pacífica y en el respeto de la ley, como el desfile del orgullo de la comunidad LGBT en Hanói (septiembre de 2022), las marchas contra el cambio climático en la provincia de Quang Ninh (julio de 2021) y las actividades anuales conmemorativas del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) en diversas localidades de todo el país. Sin embargo, algunas personas y organizaciones se han aprovechado de cuestiones relacionadas con la religión, los derechos laborales, la adquisición de tierras y la contaminación ambiental para reunir, persuadir e incitar a la población a actuar de forma desordenada, perturbando gravemente la seguridad y el orden social. Los participantes en las manifestaciones mencionadas en el párrafo 47 de las observaciones finales del Comité cometieron actos de vandalismo, atacaron a la policía y obstaculizaron la labor de las autoridades, lo que afectó gravemente la seguridad y el orden social en muchas localidades como Ciudad Ho Chi Minh y Binh Thuan. Por lo tanto, Viet Nam adoptó las medidas necesarias y apropiadas, de conformidad con el artículo 21 del Pacto, para impedir que se cometieran acciones amparándose en el derecho a la libertad de reunión y en el derecho a la protesta para desestabilizar la seguridad y el orden social y perturbar la unidad nacional, lo que vulnera los derechos e intereses legítimos del Estado y del pueblo. Las medidas adoptadas no son de carácter opresivo y siempre se ajustan a los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

102.En el Código Penal se han tipificado como delito los actos de violencia excesiva cometidos por agentes del orden en el ejercicio de sus funciones, concretamente en el artículo 127 (homicidio voluntario cometido por un agente de las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones oficiales) y en el artículo 137 (lesiones corporales infligidas deliberadamente por un agente de las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones oficiales). Cada año, los oficiales de las fuerzas armadas reciben formación militar para mejorar su disciplina y evitar el uso excesivo de la fuerza en el desempeño de sus funciones.

Artículo 22 y párrafo 50 de las observaciones finales del Comité

103.El derecho de asociación es un derecho fundamental de los ciudadanos, reconocido en la Constitución de 2013. Para garantizar este derecho, inmediatamente después de la fundación de la República Democrática de Viet Nam, el presidente Ho Chi Minh promulgó la Orden núm. 52, de 22 de abril de 1946, sobre Asociaciones y la Orden núm. 102/SL/L004, de 20 de mayo de 1957, sobre la Ley del Derecho de Asociación. Hasta la fecha, la Orden núm. 102/SL/L004 sigue en vigor. Sin embargo, actualmente es necesario modificar y complementar una serie de disposiciones recogidas en este instrumento para que se adapten de manera pragmática a la organización y el funcionamiento de las asociaciones. Mientras se examina el proyecto de Ley de Asociaciones, Viet Nam está formalizando un decreto que sustituirá al Decreto núm. 45/2010/NĐ-CP, de 21 de abril de 2010, sobre la organización, el funcionamiento y la gestión de las asociaciones.

104.A diciembre de 2022, existían en Viet Nam 93.438 asociaciones, de las cuales 584 operaban a escala nacional o interprovincial y 92.854, a escala local. Había 124.889 sindicatos de base en todo el país, con un total de 11.071.635 afiliados. El porcentaje medio de afiliados a sindicatos respecto del total de trabajadores de los organismos, organizaciones y empresas con sindicatos es del 93,1 %.

105.Los expedientes de solicitud de creación de asociaciones se presentan de conformidad con la ley y son tramitados por las autoridades competentes. Hasta diciembre de 2022, no se había registrado ningún caso en el que se hubiera denegado una solicitud de creación de una asociación.

106.En el Código del Trabajo se hace referencia a las organizaciones que representan a los trabajadores a nivel de base, concretamente en el capítulo XIII, en el que se especifican los derechos y las obligaciones de estas organizaciones en el marco de las relaciones laborales (art. 178) y se garantiza que los empleadores no influyan en ellas estableciendo, entre otras cosas: i) las conductas prohibidas para el empleador en relación con la creación, adhesión y funcionamiento de la organización que representa a los trabajadores (art. 175); ii) los derechos de los miembros de los consejos de administración de las organizaciones que representan a los trabajadores a nivel de base; y iii) las obligaciones del empleador en relación con dichas organizaciones (art. 177).

107.Las organizaciones que representan a los trabajadores a nivel de base son los sindicatos y las organizaciones de trabajadores en las empresas. Ambas tienen los mismos derechos y obligaciones en relación con la representación de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales. Otro de los derechos relacionados con los sindicatos es el derecho de huelga, que se especifica en los artículos 198 y 199 del Código del Trabajo. Desde marzo de 2019 hasta finales de diciembre de 2022, no se había registrado ningún caso en el que se hubiera denegado una solicitud de registro de un sindicato.

Artículo 23

108.Las disposiciones relativas a los derechos al matrimonio, a la vida familiar y a la igualdad en el matrimonio se detallan en los párrafos 202 a 210 del informe CCPR/C/VNM/3.

109.El proyecto “Reducción del matrimonio infantil y del matrimonio consanguíneo en las zonas pobladas por minorías étnicas y las zonas montañosas durante el período 2015‑2025” sigue ejecutándose eficazmente. De las 51 provincias con zonas pobladas por minorías étnicas y zonas montañosas, 48 han presentado el Plan de Ejecución del Proyecto para el período 2021-2025 (fase 2). Los organismos locales especializados en el trabajo con las minorías étnicas han organizado 120.774 actividades de concienciación sobre el matrimonio infantil y el matrimonio consanguíneo, en las que han participado 4.070.148 personas.

110.El porcentaje de matrimonios infantiles en las zonas donde viven minorías étnicas está disminuyendo gradualmente (en 2019 fue de un 21,9 %, esto es, un 4,7 % menos que en 2015, lo que equivale a un descenso medio de alrededor del 1 % anual). La proporción de matrimonios consanguíneos entre personas pertenecientes a minorías étnicas en 2019 fue del 5,6 % , un 0,9 % menos que en 2015 (cuando era del 6,5 %). En 2015, en varias minorías étnicas se registraban altos porcentajes de matrimonios consanguíneos, mientras que para 2019 el fenómeno había cesado en minorías como Mạ, Mảng, Cơ Ho, Kháng, y Chứt.

111.La Asamblea Nacional aprobó el Plan Nacional para el Desarrollo Socioeconómico de las Minorías Étnicas y las Zonas Montañosas para el Período 2021-2030, en el que el subproyecto 2 del proyecto 8 tiene como objetivo reducir el número de matrimonios infantiles y matrimonios consanguíneos en las minorías étnicas y las zonas montañosas. El Primer Ministro aprobó la Estrategia de Población de Viet Nam para 2030, que incluye los objetivos de “Prevenir fundamentalmente el matrimonio infantil en las zonas pobladas por minorías étnicas” y “Reducir en un 50 % el número de matrimonios infantiles”.

Artículo 24 y párrafo 38 de las observaciones finales del Comité

112.Este punto debe examinarse íntegramente a la luz de los informes periódicos quinto y sexto de Viet Nam relativos a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y el informe nacional relativo a la aplicación de los derechos humanos en Viet Nam presentado en el marco del tercer ciclo del examen periódico universal.

113.El Tribunal Popular Supremo está proponiendo al Comité Permanente de la Asamblea Nacional una Ley de Justicia Juvenil con miras a su inclusión en el programa legislativo de 2024. En la actualidad, las autoridades competentes de Viet Nam siguen estudiando y modificando las leyes y los reglamentos vigentes en lo que respecta a la definición de niño como “toda persona menor de 18 años”, que está en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño. El país también aprobó la Circular núm. 43/2021/TT-BCA, de 22 de abril de 2021, en la que se establecen las responsabilidades de las Fuerzas Populares de Seguridad Pública en cuanto a la aplicación de una serie de procedimientos y protocolos penales adaptados en el proceso de recepción y tramitación de denuncias e información sobre delitos, peticiones de enjuiciamiento e investigación de casos de abuso de personas menores de 18 años.

114.Los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2019 mostraron que la tasa de menores de 5 años cuyo nacimiento había sido inscrito en el registro civil alcanzaba el 98,8 %. Este resultado superó el objetivo de inscripción de nacimientos establecido en la Decisión núm. 681/QĐ-TTg, de 4 de junio de 2019 (a saber, que para 2020 el 97 % de los niños menores de 5 años estuvieran inscritos en el registro civil). En el período de 2019-2022, Viet Nam seguirá haciendo grandes esfuerzos para garantizar el derecho a la inscripción del nacimiento y limitar la apatridia de los niños mediante la aplicación de diversas medidas.

115.Hasta la fecha, hay 38 tribunales de familia y de menores dependientes de los tribunales populares superiores, provinciales y de distrito. El derecho a la igualdad ante la ley de las personas acusadas y procesadas, incluidos los menores, y a la presunción de inocencia en los procedimientos penales se reconocen y garantizan en las actividades judiciales.

116.Los investigadores, fiscales y jueces de distintos niveles participan en cursos de capacitación en los que se les proporciona información sobre las nuevas leyes y reglamentos, especialmente sobre las disposiciones jurídicas relativas a los derechos humanos recogidas en la Constitución de 2013, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, la Ley de Amnistía Especial, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Además de estos cursos, los investigadores, fiscales y jueces que se ocupan de casos de jóvenes infractores también reciben formación y adquieren conocimientos sobre justicia juvenil. Las instituciones de formación afiliadas a la Fuerza de Seguridad Pública, a la Fiscalía Popular y al Tribunal Popular desarrollan anualmente cursos breves de capacitación exclusivamente para investigadores, fiscales y jueces que se ocupan directamente de casos de jóvenes infractores.

117.De conformidad con la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, los menores recluidos (que no hayan cumplido los 18 años) deberán estar separados de los adultos. Una vez cumplidos los 18 años, los jóvenes infractores serán recluidos y tratados con arreglo al régimen aplicable a los reclusos mayores de edad. Los reclusos menores de 18 años tendrán derecho a la educación primaria obligatoria, a la educación secundaria universal y a otros servicios educativos en días laborables (excluidos fines de semana y días festivos). Se les impartirá educación sobre normas morales y habilidades básicas para la vida, y se les pondrá al día sobre noticias, políticas, leyes y educación cívica, además de brindárseles asesoramiento en salud mental y la asistencia educativa y jurídica necesaria para una mejor reintegración en la comunidad. Asimismo, se les dará la oportunidad de participar en cursos de formación profesional y de perfeccionamiento de competencias que se adapten a su edad, salud, nivel educativo y género y a las condiciones de los centros de detención.

118.Además, al regresar a la comunidad, todo joven infractor menor de 18 años que haya cumplido su condena tendrá la oportunidad de seguir cursos de formación profesional y recibir préstamos para conseguir un empleo. El Estado también puede proporcionar apoyo financiero y alentar a las personas y organizaciones para que ofrezcan servicios de asesoramiento, formación profesional y empleo. Para facilitar la reintegración de los reclusos en la comunidad tras su puesta en libertad, el Estado también ayuda a los infractores que han cumplido su condena a conseguir un empleo en empresas y fábricas, a alquilar una vivienda o a obtener un alojamiento en infraestructuras que son propiedad del Estado, de conformidad con la ley.

Artículo 25 y párrafo 54 de las observaciones finales del Comité

119.Todos los ciudadanos vietnamitas tienen el derecho constitucional de participar de forma activa y propositiva en la vida política, económica y social del país, lo que les permite ejercer sus derechos soberanos y contribuir eficazmente a la aplicación de las políticas y leyes en sus localidades (art. 28, párr. 1, de la Constitución de 2013). En el contexto de la elaboración y la promulgación de leyes, los organismos encargados de la redacción de documentos legislativos recabarán las opiniones de los grupos afectados y otras partes interesadas sobre los proyectos de ley o los documentos jurídicos normativos. La Ley de Promulgación de Instrumentos Jurídicos Normativos de 2015 (modificada en 2020) establece que el Frente Patriótico de Viet Nam conducirá un debate social sobre los proyectos de instrumentos jurídicos normativos (art. 6).

120.Viet Nam aprobó la Ley de Ejercicio de la Democracia Popular de 2022 para institucionalizar el lema: “El pueblo sabe, el pueblo hace, el pueblo controla, el pueblo supervisa y el pueblo disfruta”. Esta ley regula los ámbitos y la forma en que se debe ejercer la democracia popular, los derechos y deberes de los ciudadanos en el ejercicio de la democracia popular, y las responsabilidades de los organismos, las organizaciones y las personas al ejercer la democracia popular para demostrar la soberanía del pueblo.

121.El país ha creado un grupo asesor nacional para la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Viet Nam. Entre los miembros de este grupo figuran asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) sin ánimo de lucro legalmente establecidas y dirigidas en Viet Nam en los ámbitos del comercio y el desarrollo sostenible. Los miembros del grupo llevan a cabo sus actividades con independencia de los organismos estatales. La función del grupo asesor nacional es proporcionar información y recomendaciones acerca de la aplicación del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Viet Nam, incluidas las cuestiones laborales y ambientales relacionadas con los derechos recogidos en el Pacto.

122.Según la legislación vietnamita, todas las violaciones del derecho de los ciudadanos a presentar su propia candidatura y al voto serán procesadas de conformidad con la legislación pertinente. Concretamente, el artículo 160 (vulneración del derecho de los ciudadanos a votar o a presentar su propia candidatura o a votar en referéndum) y el artículo 161 (falsificación del resultado de elecciones o de un referéndum) del Código Penal tratan de dos delitos directamente relacionados con las violaciones mencionadas. La elección de los diputados de la 15ª Asamblea Nacional y de los Consejos Populares para el período 2021-2026 a todos los niveles tuvo una participación electoral de 69.243.939 votantes (lo que equivale al 99,60 % del electorado), lo que demuestra la fuerte voluntad política y la responsabilidad cívica del pueblo, especialmente en el difícil y complejo contexto generado por la pandemia de COVID‑19.

123.El número de diputados que presentaron sus propias candidaturas a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026 se duplicó con respecto a la legislatura anterior (2016‑2021), lo que pone claramente de manifiesto el principio de democracia en la presentación de candidaturas tanto por parte de terceros como de los propios candidatos. Cualquier ciudadano que reúna todos los requisitos para ser diputado podrá recibir la confianza de los votantes y ser elegido por estos para convertirse en miembro de la Asamblea Nacional.

124.Según las conclusiones de una encuesta sobre el Índice de Gobernanza Provincial y Desempeño de la Administración Pública realizada en mayo de 2022 por las Naciones Unidas en coordinación con el Frente Patriótico de Viet Nam, a pesar de los efectos de la COVID‑19 en la administración local, se han registrado mejoras significativas en términos de infraestructura, seguridad y orden, ya que la población local ha expresado un alto grado de satisfacción con la calidad de las carreteras, el acceso al agua potable, la recogida de los desechos y la disminución del índice de delitos. Fundamentalmente, el número de personas satisfechas con los servicios públicos sigue siendo significativo. Estos resultados positivos se atribuyen a las drásticas reformas que se han realizado en los servicios de la administración pública mediante la aplicación de la tecnología y la ejecución de reformas administrativas de nivel 3 y 4.

125.Viet Nam puso en marcha el Programa Nacional de Transformación Digital para 2025, con proyección hasta 2030, con el objetivo de “situar al pueblo en el centro de la transformación digital” (Decisión núm. 749/QĐ-TTg, de 3 de junio de 2020). La proyección del Programa hasta 2030 significa que el país aspira a convertirse en una nación digital estable y próspera, pionera en nuevas tecnologías y modelos. Esto también significa que el objetivo de Viet Nam es realizar reformas fundamentales y amplias en la gestión y administración del gobierno, las empresas y el sector manufacturero, y en el modo de vida y de trabajo de la población, así como desarrollar un entorno digital seguro, humano y de gran alcance. Uno de los objetivos básicos para 2025 es que “la totalidad de la base de datos nacional para el establecimiento del gobierno electrónico esté vinculada a las bases de datos nacionales sobre demografía, tierras, registro de empresas, finanzas y seguros. Este sistema se completará, conectará y compartirá en todo el país. La meta es desarrollar gradualmente una base de datos de organismos estatales para proporcionar servicios públicos de manera oportuna con un registro único y servicios permanentes en favor de la población y del desarrollo socioeconómico”. De esta forma, podrán ofrecerse a la población servicios sociales y servicios básicos gracias a las tecnologías digitales de manera que nadie se quede atrás.

126.Viet Nam promulgó la Decisión núm. 407/QĐ-TTg, de 30 de marzo de 2022, por la que se aprueba el proyecto de comunicación sobre las políticas que tengan importantes repercusiones sociales en el proceso de elaboración de textos legislativos durante el período 2022-2027. Esta decisión contribuye a alcanzar un alto grado de coherencia entre la elaboración de documentos legislativos y la aplicación y difusión de la ley, así como a alentar a la población, las organizaciones y las empresas a que expresen sus opiniones y celebren debates sobre las recomendaciones y propuestas políticas y legislativas. Todo ello se logrará centrándose en el pueblo, reforzando la democracia y promoviendo los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos en la gestión estatal y la gestión social, construyendo así un estado de derecho socialista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Artículo 27 y párrafo 56 de las observaciones finales del Comité

127.Este punto debe examinarse íntegramente a la luz de los informes periódicos 15º a 17º relativos a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

128.Para el Gobierno vietnamita la inversión y las medidas de apoyo en favor del desarrollo socioeconómico de las minorías étnicas y las zonas montañosas siempre han sido una prioridad. Las personas pertenecientes a minorías étnicas se consideran beneficiarios principales de los programas de metas nacionales. Los programas y políticas en relación con las minorías étnicas se centran en los ámbitos de la seguridad social, la reducción sostenible de la pobreza y la planificación y la asignación demográfica, así como en el desarrollo coherente de infraestructuras socioeconómicas interregionales. Otras áreas prioritarias son la educación, la formación, la salud y el desarrollo cultural, el desarrollo cuantitativo y cualitativo del personal étnico, la igualdad de género y la resolución de los problemas urgentes a los que se enfrentan las mujeres y los niños. Viet Nam promulgó la Resolución núm. 120/2020/QH14, de 19 de junio de 2020, por la que se aprobó el Plan Maestro de Desarrollo Socioeconómico de las Minorías Étnicas y las Zonas Montañosas para el Período 2021-2030, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y aprovechar las ventajas y el potencial regionales, así como fomentar la resiliencia de las personas pertenecientes a minorías étnicas. El 14 de octubre de 2021, el Primer Ministro promulgó la Decisión núm. 1719/QĐ-TTg, por la que se aprobó el Programa de Metas Nacionales para el Desarrollo Socioeconómico de las Minorías Étnicas y las Zonas Montañosas en el período 2021-2030, cuya primera fase se ejecutaría de 2021 a 2025.

129.Según el Índice de Pobreza Multidimensional, la tasa de pobreza entre las minorías étnicas se ha reducido en más de un 3 % al año, y en los distritos pobres esta cifra también ha disminuido entre un 4 % y un 5 % al año. Las políticas, leyes y normativas nacionales específicas han permitido a las minorías étnicas acceder a los servicios de manera eficaz y suficiente. Se ha prestado especial atención al desarrollo de infraestructuras esenciales. En concreto, el 98,6 % de los hogares de minorías étnicas han podido acceder a la electricidad y el 93,5 %, a un seguro médico. La intensificación de las actividades de comunicación en todo el país ha contribuido a aumentar la concienciación y a cambiar las prácticas de la población rural en cuanto al uso de agua limpia, letrinas higiénicas y prácticas de higiene y protección del medio ambiente.

130.Viet Nam ha llevado a cabo actividades y tareas de recopilación, estudio, preservación y promoción de los valores tradicionales del patrimonio cultural de las minorías étnicas del país. También se han desarrollado y puesto en marcha importantes proyectos y planes para ayudar a las minorías étnicas a preservar y promover los valores culturales tradicionales. En particular, Viet Nam ha trabajado activamente y completado los expedientes que ha de presentar a la UNESCO y en apoyo del Plan de Acción para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial reconocido por esta organización como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

131.Viet Nam ha incluido las lenguas de las minorías étnicas de Ba Na, Chăm, Ê Đê, Gia Rai, Khmer, Mông en el plan de estudios de secundaria, y otras lenguas, como Hoa, Thái, Cơ Tu, Tà Ôi y PaKo, como asignatura optativa en programas experimentales de enseñanza. En la actualidad, 23 provincias y ciudades imparten programas de enseñanza y aprendizaje de lenguas étnicas en centros de secundaria. Estas provincias y ciudades son Soc Trang, Tra Vinh, Binh Phuoc, Tay Ninh, Kien Giang, Ca Mau, Can Tho, An Giang, Bac Lieu, Vinh Long, Hau Giang, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Kon Tum, Nghe An, Lao Cai, Yen Bai, Son La, Dien Bien y Ciudad Ho Chi Minh.

132.Se ha aumentado la cantidad y la frecuencia de los programas de radio y televisión en lenguas de minorías étnicas. La audiencia de las minorías étnicas ahora puede disfrutar de programas que presentan la cultura local en varias de sus lenguas. Actualmente se emiten en exclusiva en VTV5— un canal de la Televisión de Viet Nam— programas y producciones en 22 lenguas de minorías étnicas.

133.Los dignatarios religiosos, subdignatarios, monjes y otros fieles religiosos, incluidos los creyentes pertenecientes a minorías étnicas, tienen derecho a la libertad de creencias y de religión de conformidad con las leyes y los reglamentos pertinentes. La política del Estado vietnamita en materia de religión garantiza la diversidad religiosa, la armonización y la igualdad sin discriminar a los fieles, ya sean pertenecientes a minorías étnicas o personas de la etnia kinh. Se facilita la celebración de actividades religiosas en grupo. Las organizaciones religiosas pueden abrir escuelas de formación donde pueden ofrecer clases a sus adeptos y llevar a cabo actividades religiosas. Además, se apoyan la publicación de textos sagrados y la importación de material religioso. Se anima a los fieles de distintas religiones de las minorías étnicas a participar en actividades internacionales. Muchos monjes y bhikkhus budistas han estudiado en Tailandia, Camboya, Myanmar, Sri Lanka y la India. Varios musulmanes de la etnia chăm han participado en concursos internacionales de recitación del Corán en Tailandia, Brunei Darussalam, Malasia e Indonesia, así como en conferencias y talleres musulmanes internacionales, y han estudiado la doctrina musulmana en países musulmanes.

134.El índice de personas procedentes de minorías étnicas que participan en la política ha seguido aumentando. El número de diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a minorías étnicas elegidos para la legislatura 2021-2026 alcanzó una cifra sin precedentes en los últimos 15 años de legislaturas de la Asamblea Nacional. Aunque los grupos étnicos minoritarios solo representan el 14 % de la población total de Viet Nam, los diputados procedentes de minorías étnicas constituyen el 17,84 % del total de los diputados de la Asamblea Nacional. En concreto, para la legislatura 2021-2026, se eligieron dos nuevos diputados pertenecientes a las minorías étnicas con menos miembros, Lự y Brâu, que por primera vez están representadas en la Asamblea Nacional. Hasta 2020, el número de funcionarios y servidores públicos y empleados del Estado procedentes de minorías étnicas en provincias y ciudades administradas de forma central representaba el 13 % de la nómina total. Esta cifra fue del 16,91 % en los Consejos Populares a nivel provincial, del 18,29 % a nivel de distrito y del 22,14 % a nivel comunal, respectivamente. Muchos cargos importantes están ocupados por miembros de minorías étnicas, como el de Presidente del Frente Patriótico de Viet Nam, Presidente del Consejo Étnico de la Asamblea Nacional, Ministro y Presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, Viceministro y Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, entre otros. Las personas pertenecientes a minorías étnicas participan en las actividades de la administración estatal y en la gestión social directamente o a través de representantes, de conformidad con leyes y reglamentos específicos y claros.

135.Este informe constituye una fuente oficial de información de la República Socialista de Viet Nam. Es un reflejo del desarrollo y de los esfuerzos del país por respetar, proteger, garantizar y promover los derechos civiles y políticos. Viet Nam solicita que el Comité de Derechos Humanos examine, evalúe y reconozca de manera objetiva los logros que el país ha alcanzado en el período que abarca el presente informe.