Comité de los Derechos del Niño

Informes periódicos sexto y séptimo combinados que Rumanía debía presentar en 2024 en virtud del artículo 44 de la Convención * ** ***

[Fecha de recepción: 18 de junio de 2024]

Abreviaciones

ANAAgencia Nacional Antidroga

ANITPAgencia Nacional contra la Trata de Personas

ANPDCAAutoridad Nacional para la Protección de los Derechos del Niño y la Adopción

CSMConsejo Superior de la Magistratura

DGASPCDirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia

DIICOTDirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo

IGIInspección General de Inmigración

IGPRInspección General de la Policía Rumana

INMInstituto Nacional de la Magistratura

ISRIndicador social de referencia

PICCJFiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia

PNA-GCPlan de Acción Nacional para la Aplicación de la Garantía Infantil

PNMSPrograma Nacional de Alimentación Saludable

PNRASPrograma Nacional de Reducción del Abandono Escolar

PNRRPlan Nacional de Recuperación y Resiliencia

SIIIRSistema Integrado de Información sobre la Educación en Rumanía

I.Novedades

1.Mediante la Decisión del Gobierno núm. 969/2023 se aprobó la Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño denominada Niños Protegidos, Rumanía Segura (2023-2027). Uno de los criterios que se tuvo en cuenta para determinar sus prioridades fue la armonización con el marco estratégico internacional y nacional: la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos del Niño; la Recomendación por la que se establece una Garantía Infantil Europea; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas relativas a la aplicación por Rumanía de la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y otros documentos estratégicos, como la Estrategia Nacional de Inclusión Social y Reducción de la Pobreza para el período de 2022 a 2027.

2.La estrategia tiene como visión hacer efectivos los derechos de la infancia, incluidos los de los niños y las niñas más vulnerables, en todos los ámbitos de la vida, asegurando plenamente el acceso a servicios públicos de calidad. Los resultados previstos se presentan en las 20 metas fijadas para 2027.

3.Por medio de la Ley núm. 191/2022 de Modificación y Complementación de la Ley núm. 272/2004 de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, se efectuaron añadidos y modificaciones destinados a incluir a los niños y niñas solicitantes de asilo o beneficiarios de alguna forma de protección internacional en las categorías de niños amparados por las disposiciones de la ley.

4.Las condiciones necesarias para el nombramiento, la función, las obligaciones y los requisitos de preparación, formación y experiencia profesional de las personas designadas representantes de los menores extranjeros no acompañados que solicitan u obtienen alguna forma de protección internacional fueron aprobados por la Orden Conjunta del Ministro del Interior y el Ministro de Familia, Juventud e Igualdad de Oportunidades núm. 119/20643/2023.

5.A través de la Ley núm. 191/2022 se introdujeron las siguientes medidas legislativas aplicables a los niños y las niñas cuyos padres trabajan en el extranjero, a los jóvenes que están por dejar el sistema de protección especial y al apoyo al proceso de desinstitucionalización:

a)Se asigna la responsabilidad de la crianza y el cuidado del niño cuyos padres trabajen en el extranjero a una persona que será elegida entre los familiares hasta el cuarto grado de parentesco y entre quienes formen parte de la red social del niño;

b)Se prohíbe trasladar a un niño de un servicio de tipo familiar a otro de tipo residencial. Esta prohibición no rige en situaciones plenamente justificadas, como aquellas que pongan en peligro la vida y la seguridad del niño;

c)Al dejar el sistema de protección especial, se otorga a los jóvenes que se beneficien de una medida de protección especial una asignación cuyo monto será de tres veces el sueldo mínimo bruto garantizado establecido por ley;

d)Los jóvenes que se han beneficiado de una medida de protección especial tienen la posibilidad de optar por seguir gozando de ella o percibir una asignación mensual de 4,8 ISR, es decir, 3.168 leus. Esta asignación se concede hasta los 26 años de edad a los jóvenes que puedan demostrar que cursan un programa educativo a tiempo completo o tienen empleo;

e)Se elimina la excepción relativa al internamiento de niños menores de 3 años con discapacidad, que se mantiene para los niños de 3 a 7 años a los que no se pueda proporcionar habilitación o rehabilitación en otros tipos de servicios si presentan tanto una deficiencia funcional completa como una limitación total de la actividad y restricciones de la participación, confirmadas por el Servicio de Evaluaciones Complejas de la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia;

f)Se redefinen los servicios de tipo residencial, a saber, hogares de tipo familiar, apartamentos, centros de acogida de emergencia y centros maternales;

g)Se dispone el otorgamiento de una ayuda mensual para incentivar a familias, parientes y otras personas a acoger a un niño separado de su familia;

h)Se prohíbe internar a los niños en servicios de tipo residencial que no cumplan las normas mínimas mencionadas;

i)Se prohíbe el funcionamiento de centros de internamiento, con excepción de aquellos que se encuentren en proceso de cierre y cuenten con un acuerdo de financiación a tal efecto; el incumplimiento de esta disposición se considera una contravención, y se ha propuesto que sea el prefecto quien determine e imponga las multas correspondientes;

j)Se impone a la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia la obligación de apoyar a los jóvenes en la búsqueda de empleo y alojamiento durante su último año de estancia en el sistema de protección especial; se establece, asimismo, la obligación de que estos jóvenes sean supervisados por el servicio público de asistencia especial durante un período de dos años.

6.El Ministerio de Administración e Interior contribuyó a paliar los efectos de la pandemia mediante la compra y la distribución de material sanitario y equipos médicos. En el caso de los niños, se adquirieron 70.000.000 de kits para realizar pruebas de saliva en las escuelas, y se distribuyeron 2.792 kits de EpiPen Junior entre las unidades sanitarias del Ministerio de Salud.

7.En marzo de 2020, la Autoridad Nacional para la Protección de los Derechos del Niño y la Adopción (ANPDCA) creó un Grupo de Coordinación para Situaciones de Crisis encargado del proceso de coordinación de tareas para enfrentar la situación generada por la epidemia de COVID-19. El grupo proporcionó un flujo continuo de información pública sobre la epidemia de COVID-19 en el sistema de asistencia social y protección de la infancia, facilitó la cooperación interinstitucional a nivel local, recopiló datos e información en tiempo real y definió medidas sistémicas, manteniendo una comunicación directa permanente con las delegaciones de la DGASPC de todo el país.

8.En 2020 se elaboró la Guía sobre la Gestión y la Prevención de la Propagación de la COVID-19, redactada en un lenguaje fácil de entender. Algunas de las recomendaciones de la ANPDCA fueron adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas para su aplicación en otras regiones y Estados del mundo. Además, se desarrolló una metodología común del Instituto Nacional de Salud Pública y la ANPDCA para la prevención, la profilaxis y el tratamiento de la COVID-19.

9.Se establecieron procedimientos internos destinados a facilitar el registro de los documentos acreditativos del estado civil por parte de los funcionarios de los registros civiles, como la transmisión electrónica de extractos oficiales de los registros del estado civil u otros documentos específicos a las autoridades públicas competentes y la recepción en línea de determinadas solicitudes y declaraciones de los ciudadanos.

10.La Ordenanza de Emergencia núm. 6/2021 dispuso que, a partir del segundo semestre del año escolar de 2020/21, el Estado debía financiar y poner en marcha el programa piloto nacional denominado Escuela después de la Escuela, dirigido a los alumnos de hasta el octavo grado inclusive, que tuvo como principal objetivo organizar actividades de recuperación, aumentar las posibilidades de éxito académico y de acceso a niveles superiores de educación, y reducir el riesgo de deserción escolar temprana.

11.En el contexto de la agresión de la Federación de Rusia a Ucrania, desde los primeros días se elaboraron y aprobaron instrumentos como la Orden Conjunta del Ministro de Familia, Juventud e Igualdad de Oportunidades, el Ministro de Educación y el Ministro de Salud (núm. 20360/3366/776/2022) por la que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y responsabilidades del grupo de trabajo sobre menores no acompañados, y la Orden Conjunta del Ministro de Familia, Juventud e Igualdad de Oportunidades, el Ministro de Administración e Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud y el Ministro de Desarrollo, Obras Públicas y Administración (núm. 20362/31/3386/812/400/2022) por la que se aprueba el procedimiento de cooperación entre las autoridades relativo a la entrada, el registro, el tránsito, la estancia y la protección de los derechos de los menores no acompañados procedentes de la zona de conflicto en Ucrania.

12.En cada condado y cada sector de la Municipalidad de Bucarest se creó un grupo de trabajo sobre los menores no acompañados que tenía por objeto asegurar la coordinación y la cooperación entre las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales para garantizar que se respeten los derechos de los niños y niñas no acompañados.

13.Mediante la colaboración entre la ANPDCA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se establecieron, en los principales pasos fronterizos, Puntos Azules que proporcionaron condiciones adecuadas y dignas para recibir a cada niño refugiado y examinar su situación. Por otra parte, con el apoyo del UNICEF, se puso en marcha una aplicación informática (KidsUkraine) para gestionar la disponibilidad de plazas en el sistema de protección especial de Rumanía que puedan asignarse con urgencia para amparar a menores no acompañados o procedentes del sistema de protección ucraniano.

14.Con el apoyo financiero de SERA Rumanía, en la plataforma informática PRIMERO, desarrollada con la asistencia técnica de la Oficina del UNICEF en Rumanía y administrada por la ANPDCA, en julio de 2022 se inició la inscripción de niños provenientes de Ucrania. Para diciembre de 2023 se habían inscrito en PRIMERO 33.000 niños, más del 50 % de los cuales vivían con sus padres en familias de acogida y 119 se hallaban en el sistema de protección especial; según manifestaron los niños o sus tutores, los problemas inmediatos que los inquietaban se relacionaban con el acceso a la educación (el 4 %), los servicios de salud (el 6,5 %), la seguridad (el 1 %) y el transporte (el 0,9 %).

15.Junto con diversas ONG, la ANPDCA organizó varias sesiones de capacitación para 300 especialistas de las delegaciones de la DGASPC (equipos móviles de intervención o personal asignado a los pasos fronterizos con Ucrania) que trabajan directamente con niños refugiados. Se llevaron a cabo en colaboración con Save the Children, el European Center for Legal Education and Research, la Asociación E-liberare y JRS Rumanía.

16.Los Centros Regionales de la Agencia Nacional contra la Trata de Personas (ANITP) situados en las fronteras con Moldova y Ucrania fueron movilizados de inmediato para conformar equipos mixtos fronterizos encargados de ejecutar las iniciativas de formación, apoyo y asistencia.

17.Desde la perspectiva de la Inspección General de Inmigración (IGI), la respuesta a la crisis humanitaria se estructuró en dos niveles de intervención: el primario, dirigido a la asistencia de emergencia para los desplazados de Ucrania, y el secundario, orientado a medidas de protección e inclusión a mediano y largo plazo para las personas de Ucrania que optaran por vivir en Rumanía.

18.Para implementar la respuesta secundaria, el Gobierno rumano aprobó la Ordenanza de Emergencia núm. 100/2022, mediante la que se aprobó e implementó el Plan de Acción Nacional sobre la Protección y la Inclusión de Personas Desplazadas de Ucrania y Beneficiarias de Protección Temporal en Rumanía, y se modificaron y complementaron determinadas disposiciones legislativas. El plan tuvo por objeto proporcionar un paquete integrado de medidas de protección en los ámbitos del empleo, la vivienda, la educación y la atención sanitaria de niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables.

19.Las medidas se centraron en detectar las necesidades de las personas vulnerables procedentes de Ucrania, informarles acerca de sus derechos en materia de asistencia social, y simplificar y adaptar las disposiciones legislativas para facilitar el acceso a las prestaciones y los servicios sociales, entre otras cosas ampliando la capacidad de los servicios existentes y mejorando la capacidad de gestión de sus prestadores.

20.Se impartió a especialistas capacitación sobre el Mecanismo Nacional de Detección y Derivación de Víctimas de la Trata de Personas, así como sobre las medidas y acciones relativas a la pronta detección de las víctimas, la identificación de situaciones de riesgo, el reconocimiento de las modalidades de operación y la derivación a los servicios de protección y asistencia.

21.Mediante la Ley núm. 105/2022 por la que se modifica y complementa la Ley núm. 119/1996 relativa a los Actos del Estado Civil y se deroga la Ordenanza del Gobierno núm. 41/2003 sobre la obtención y el cambio de nombre de las personas físicas por decisión administrativa, se modificó el marco regulatorio aplicable al estado civil para permitir la inscripción automática del nacimiento de ciudadanos rumanos o extranjeros por parte de las autoridades competentes. En cuanto a las políticas de apoyo a los niños y niñas refugiados procedentes de Ucrania, los menores se inscriben en registros del estado civil de manera similar a la inscripción de ciudadanos rumanos.

22.La policía rumana ha intensificado las actividades de prevención y detección temprana de casos de trata de personas y tráfico de migrantes, tanto a escala local y regional como internacional. Se han realizado operaciones para investigar con prontitud cualquier denuncia sobre posibles casos de captación de personas vulnerables con fines de explotación, y también tareas estratégicas, a través de la cooperación interinstitucional e internacional.

23.La detección de posibles víctimas menores de edad se ha incluido en el Protocolo de Cooperación entre la Inspección General de la Policía Rumana y la Autoridad Nacional para la Protección de los Derechos del Niño y la Adopción que se firmó en 2021 y tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre las dos instituciones en la esfera de la protección de los derechos de los niños en el sistema de protección especial. El Ministerio de Administración e Interior y la IGPR han dado instrucciones a las estructuras territoriales para que localicen y controlen permanentemente a los menores procedentes de Ucrania que se encuentran en el sistema de protección especial en Rumanía, con el fin de evitar que se conviertan en víctimas.

24.En 2023 se mantuvo la capacitación profesional en el seno de equipos de policías y fiscales o equipos multidisciplinarios, y se realizaron sesiones de capacitación para agentes policiales y policías de fronteras de Rumanía y Ucrania, centradas en el intercambio de mejores prácticas en la lucha contra la delincuencia organizada.

25.Se ha aprobado una metodología relativa a la escolarización, la organización y el desarrollo de cursos de iniciación a la lengua rumana para menores que gocen de alguna forma de protección internacional o de derechos de residencia en Rumanía, así como para menores que sean ciudadanos de la Confederación Suiza y de Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

26.Durante la elaboración de la Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño (2014-2020), se hallaban en vigor los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se había iniciado el proceso de consulta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El análisis realizado al final de su período de aplicación, con el apoyo de la Oficina del UNICEF en Rumanía, indica que la estrategia, a través de sus metas y medidas, contribuyó a la consecución de varios objetivos sostenibles en el país, entre ellos el ODS 3, el ODS 4, el ODS 10 y el ODS 16.

II.Derechos consagrados en la Convención

A.Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44 (párr. 6))

Legislación

27.La Ley núm. 191/2022 ha definido claramente los servicios que pueden clasificarse como residenciales: hogares de tipo familiar, apartamentos, centros de acogida de emergencia y centros maternales.

28.La nueva ley incluye medidas destinadas a respaldar el proceso de desinstitucionalización. Para animar a más personas, familias y parientes a hacerse cargo de un niño separado de su familia, se ha introducido una asignación mensual de 0,8 ISR, que tiene un valor de 528 leus.

29.Para apoyar el proceso de desinstitucionalización, durante el período de 2018 a 2023 la ANPDCA implementó el proyecto TEAM-UP: Avances en la Calidad del Cuidado Alternativo para Niños y Niñas, en alianza con las 47 delegaciones de la DGASPC en los condados del país.

30.Los resultados de las medidas aplicadas se reflejan en el proceso de desinstitucionalización del siguiente modo: en 2024, de los 167 centros de asistencia residencial que se hallaban en funcionamiento a principios de 2017, 45 se encontraban en las fases finales de cierre. En los que estaban en proceso de cierre recibían asistencia 1.161 niños, frente a los 6.513 amparados por dichos servicios en 2017. El cierre de todos los centros concluirá a finales de 2024.

31.La organización de actividades encaminadas a prevenir que un niño sea separado de su familia fue regulada por la Ley núm. 156/2023, que agilizó la prevención de la separación de los niños de su familia, lo cual ha incidido directamente en la reducción del número de niños que ingresan en el sistema de protección especial, al tiempo que reforzó el papel y la intervención de las autoridades locales responsables de este ámbito.

32.Con la Ley núm. 100/2024 por la que se modifican y complementan determinadas disposiciones normativas en la esfera de la asistencia social prosigue la reforma del sistema en este ámbito, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se prestan, incluidos los destinados a la niñez. En cuanto a los proveedores de servicios sociales, se están revisando los criterios de acreditación y de concesión de licencias, evaluación, supervisión y control. Uno de los pilares de la reforma consiste en garantizar un paquete mínimo de asistencia social y su financiación con cargo al presupuesto del Estado, progresivamente, a partir de 2026.

33.En 2023 se aprobaron la Ley núm. 198/2023 de Educación Preuniversitaria y la Ley núm. 199/2023 de Educación Superior, ambas basadas en principios que garantizan el cumplimiento de las disposiciones de la Convención y centradas en el respeto del interés superior del niño.

34.En 2019 la ANPDCA, junto con el UNICEF y el Consejo de la Niñez, acogió la primera conferencia europea sobre participación infantil. Niños y niñas de toda la Unión Europea se reunieron en Bucarest para afirmar su compromiso y exhortar a los líderes europeos a hacer efectivo el derecho de la niñez a participar en los procesos de toma de decisiones y a priorizar esta cuestión, lo que dio lugar a la Declaración de Bucarest de los Niños de la Unión Europea.

35.El Consejo de la Niñez presentó la declaración en la Cumbre Informal de Líderes celebrada en Sibiu y entregó sendas copias a los presidentes de la Comisión Europea, de Rumanía y del Partido Popular Europeo. Se enviaron ejemplares a todos los jefes de Estado de la Unión Europea (UE), y el Consejo de la Niñez los presentó en dos reuniones del Consejo de Ministros de la UE: la del Consejo de Educación y la del Consejo de Juventud y Deportes.

36.Al elaborar la Estrategia Nacional denominada Niños Protegidos, Rumanía Segura (2023-2027) se hizo especial hincapié en la participación de los niños como beneficiarios directos de la estrategia. Veintiún niños y niñas, representantes de estructuras y organizaciones que promueven los derechos del niño y su participación en la toma de decisiones, entre ellas el Consejo Nacional de los Derechos del Niño, el UNICEF, el Consejo de la Niñez de Rumanía, Save the Children, World Vision, el Consejo de la Juventud Institucionalizada y Terre des Hommes, tomaron parte en la elaboración de la estrategia como integrantes de grupos de trabajo interinstitucionales. Además, se tuvieron en cuenta las sugerencias de casi 1.500 niños rumanos que participaron en el proceso de consulta para la Estrategia Europea sobre los Derechos del Niño (2021-2024).

37.Intensificar la labor de concienciación sobre el derecho de los niños a participar en las decisiones que los afectan e incrementar su participación activa e inclusiva en todas las etapas de la adopción de decisiones son los dos objetivos asumidos por el Gobierno en virtud de la nueva estrategia Niños Protegidos, Rumanía Segura.

38.El compromiso de promover los derechos de los niños y niñas a través de su participación en la vida pública y en la toma de decisiones también se refleja en una propuesta legislativa que se está debatiendo actualmente en el Senado, la B314/2024. A partir de 2025, el Parlamento, la Oficina de la Presidencia, el Gobierno, las autoridades de las administraciones públicas locales y las instituciones que estas supervisan o coordinan organizarán anualmente al menos una sesión de consulta con niños y niñas. También publicarán en sus sitios web una presentación general de la institución, los objetivos para el año en curso y las oportunidades de participación, en un lenguaje adaptado a los niños, y designarán a una persona a cargo de la intervención de los niños.

39.Rumanía firmó el Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones en 2012.

Política, estrategia y coordinación integrales

40.La Estrategia Nacional Niños Protegidos, Rumanía Segura (2023-2027) y el Plan de Acción destinado a aplicarla fueron aprobados mediante la Decisión del Gobierno núm. 969/2023. El documento abarca todos los ámbitos de interés previstos en la Convención.

41.La aplicación se realiza en el marco de las estrategias fiscales y presupuestarias para el período de 2023 a 2027.

42.Para alcanzar los objetivos de la estrategia, además del presupuesto nacional y los presupuestos locales, se han tenido en cuenta fuentes alternativas de financiación, como los fondos europeos para el período de 2021 a 2027, las subvenciones del Espacio Económico Europeo y Noruega, y los recursos recibidos a través del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.

43.El Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Garantía Infantil (PNA-GC), aprobado en 2023, es un reflejo de las medidas y los objetivos ya incluidos en la Estrategia Niños Protegidos, Rumanía Segura, cuya implementación continuará, según se prevé, hasta 2030.

44.El primer informe sobre el progreso de la aplicación del PNA-GC, presentado a la Comisión Europea en marzo de 2024, confirmó que el mecanismo de seguimiento y evaluación es efectivo. Tuvo un buen nivel de calidad, con 34 indicadores incluidos en relación con el PNA-GC. Para el plan y la estrategia se incluyeron 49 indicadores en total, aunque muchos eran indirectos o mostraban resultados intermedios.

45.Hay un alto grado de solapamiento entre los dos documentos programáticos mencionados, es decir, el PNA-GC y el Plan de Acción de la Estrategia Niños Protegidos, Rumanía Segura. Ambos sustentan las intervenciones en todos los ámbitos temáticos relacionados con los derechos del niño, de conformidad con la Convención, la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y la Recomendación del Consejo de la UE por la que se establece una Garantía Infantil Europea.

46.Partiendo de los compromisos asumidos tanto a través del objetivo general 8 de la Estrategia Niños Protegidos, Rumanía Segura como del objetivo general 7 del PNA-GC, la ANPDCA, con el apoyo y la asistencia técnica y financiera del UNICEF, ha iniciado el desarrollo de un sistema único de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de protección de la infancia y promoción de sus derechos, y la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional.

Vigilancia independiente

47.Teniendo en cuenta los criterios establecidos en los Principios de París, en el seno de la Defensoría del Pueblo se creó, mediante la Ley núm. 9/2018 que modifica y complementa la Ley núm. 35/1997, el Departamento de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos del Niño.

48.El Defensor del Niño defiende los derechos de la infancia, incluidos los de los niños con discapacidad, y apoya y fomenta su respeto y promoción. Interviene cuando se vulneran los derechos de los niños y propone soluciones para sancionar tales actos.

49.Señala a la atención del Defensor del Pueblo propuestas de notificaciones oficiales e inicia procedimientos específicos de intervención cuando toma conocimiento, por cualquier medio (medios de comunicación, entorno en línea, etc.), de posibles violaciones de los derechos de la infancia.

50.Para dar a conocer las funciones del Defensor del Niño y otros temas relacionados con la promoción de los derechos de la infancia, se realizan de manera periódica actividades de concienciación en instituciones educativas, dirigidas a los niños directamente y también al personal especializado responsable de su cuidado y educación.

51.La página web de la Defensoría del Pueblo está diseñada en un formato accesible y adaptado a los niños.

Asignación de recursos

52.La Estrategia Niños Protegidos, Rumanía Segura (2023-2027) comprende una estimación preliminar de los costos de todas las medidas y actividades incluidas en el Plan de Acción. Los métodos utilizados para calcular los costos —incluidas diversas técnicas basadas en la información disponible y la naturaleza de la actividad— se explicaron, debatieron y validaron en reuniones consultivas organizadas con distintas partes interesadas, entre ellos, niños. Para todas las medidas previstas en el Plan de Acción se desglosaron los elementos de los costos y se eligió el método de cálculo más apropiado. Se tuvieron en cuenta los costos directos, los indirectos, los adicionales, los marginales y los de oportunidad. Este proceso de presupuestación, supervisado y evaluado junto con indicadores específicos para las medidas y las actividades del Plan de Acción, permitirá evaluar con facilidad si la elaboración del presupuesto y el gasto público para la infancia son adecuados, eficientes y equitativos.

53.La ANPDCA, con la asistencia técnica de la Oficina del UNICEF en Rumanía, ha iniciado el desarrollo y la implementación de un mecanismo de seguimiento de la asignación y la ejecución de los fondos presupuestarios, incluidos los fondos europeos destinados inicialmente a la aplicación del PNA-GC. Este ejercicio, que fue analizado por el Consejo de Coordinación, consiste en validar los costos estimados y las fuentes de financiación disponibles para las medidas del PNA-GC, desarrollar y aplicar un sistema de seguimiento de los gastos y las asignaciones presupuestarias basado en los procedimientos de la UE y acorde con los procedimientos nacionales de notificación de gastos, e informar sobre la disponibilidad de fondos, los déficits presupuestarios, los proyectos y montos contratados, y los gastos.

54.Para el período de 2022 a 2027, la Estrategia Niños Protegidos, Rumanía Segura cuenta con un presupuesto estimado superior a los 26.000.000 millones de leus. Para el PNA‑GC, Rumanía ha asignado más del 5 % de la financiación del Fondo Social Europeo Plus a la lucha contra la pobreza infantil. El uso activo del marco de seguimiento y evaluación, combinado con los elementos presupuestarios para medidas y actividades del Plan de Acción, facilitará la comprensión de la eficacia de determinadas medidas, justificará la reasignación de presupuestos a las actividades con mayor impacto y establecerá prioridades en las asignaciones presupuestarias o la inversión de fondos estructurales u otra financiación externa.

55.Los fondos asignados a la atención primaria de salud han aumentado de 1.620,214 millones de leus en 2017 a 3.940,976 millones de leus en 2023.

56.Según datos del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, los pagos totales relacionados con las prestaciones económicas por hijos a cargo se duplicaron como porcentaje del PIB en los últimos 7 años (pasaron del 0,4 % en 2014 al 0,8 % en 2020).

57.El presupuesto asignado a la educación aumentó de 25.200 millones en 2007 a 49.500 millones en 2023.

Recopilación de datos

58.A través del proyecto Sistema Nacional de Información para la Adopción (SINA), ejecutado por la ANPDCA de 2021 a 2023, se ha desarrollado un sistema de información a nivel nacional que permite a los ciudadanos y las instituciones responsables de la protección de la infancia y la adopción acceder a servicios electrónicos, información e intercambio bidireccional de datos. El sistema proporciona datos precisos sobre todos los niños en situación de vulnerabilidad, a saber, los romaníes, los que viven en la pobreza, los niños con discapacidad, los refugiados y los solicitantes de asilo, entre ellos los niños ucranianos, y las madres menores de edad en el sistema de protección especial, incluidos los niños que pueden ser adoptados.

59.Con el SINA, puesto en marcha en diciembre de 2023, se establecieron los expedientes electrónicos de niños y niñas, donde constan las fases previas a la adopción (prevención y protección especial), la adopción y la etapa de seguimiento posterior.

60.Los datos relativos a la participación de los niños romaníes en el sistema educativo se recogen periódicamente a través de un sistema propio del Ministerio de Educación, el Sistema Integrado de Información sobre la Educación en Rumanía (SIIIR), que proporciona una imagen clara de los beneficiarios romaníes de los diversos programas nacionales implementados por el Ministerio, como Escuela después de la Escuela, Comida Caliente, Vales Sociales y Becas.

61.De forma activa y continua se identifica a los beneficiarios de los servicios de salud comunitarios mediante el mapeo de la población de las comunidades locales y su actualización mensual en la aplicación en línea administrada por el Ministerio de Salud en AMCMSR.gov.ro.

Difusión, sensibilización y capacitación

62.Con el fin de aumentar la seguridad de los estudiantes y prevenir la delincuencia juvenil dentro y en los alrededores de las instituciones educativas preuniversitarias, el Ministerio de Administración e Interior llevó a cabo campañas de prevención, principalmente a lo largo de las rutas donde se reúnen o dispersan los estudiantes, durante el inicio o la finalización de las actividades educativas. Las campañas tuvieron como objetivos prevenir y combatir los actos antisociales y aumentar la seguridad de los participantes en el proceso educativo.

63.Entre 2017 y 2023, a través de las estructuras de la Gendarmería rumana, se llevaron a cabo 7.027 acciones de prevención en 14.342 centros de enseñanza, con la participación de 891.868 estudiantes y docentes.

64.El Ministerio de Administración e Interior, mediante la Inspección General de Situaciones de Emergencia (IGSU), fomenta el comportamiento preventivo entre todas las categorías de población, especialmente entre la generación más joven. De 2017 a 2023 se organizaron eventos de “puertas abiertas” (3.634 actividades con 334.719 participantes), puntos de información sobre prevención (7.837 puntos con 1.373.168 asistentes), clases abiertas (5.390 con 428.884 participantes), exposiciones técnicas y otros eventos públicos, dirigidos también a niños y niñas que viven en comunidades vulnerables.

65.Durante el período de 2022 y 2023, la IGSU organizó sesiones de capacitación a través del Centro Móvil de Instrucción para Actuar ante Situaciones de Emergencia y la Caravana SMURD “Prepárate”, a las que asistieron 67.603 estudiantes, así como 1.529 Círculos de Aplicación Técnica para estudiantes (prevención, extinción de incendios y protección civil).

66.En 2017, el Ministerio de Administración e Interior ejecutó el proyecto Rumanía Segura, dirigido a niños, jóvenes y adultos de zonas urbanas y rurales. A través de plataformas de medios sociales, se realizaron campañas de información para concienciar sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de las instalaciones eléctricas o de gas natural en la vida cotidiana.

67.Entre 2021 y 2022 se iniciaron clases sobre seguridad con Dadcool y la Princesa Sofía, en las que se abordaron, en términos comprensibles para los niños, situaciones que podrían poner en peligro su vida y su salud. Como parte del proyecto, se crearon el pódcast Escucha segura, con seis videoclips que están dirigidos a padres y supervisores, y presentan situaciones esenciales para la seguridad infantil, y Deportes de verano sin riesgos, tres videoclips filmados por influencers de TikTok para llamar la atención sobre los peligros a los que se enfrentan los adolescentes durante el verano.

68.De 2019 a 2023 se realizaron diversas campañas centradas en la seguridad de los niños, como las que se mencionan a continuación:

a)“Di STOP a los accidentes domésticos”. Se desarrolló el concepto “un hogar seguro para tu hijo”; se presentaron los peligros que afrontan los niños debido a actos de negligencia y las medidas de prevención de estos accidentes;

b)“Cuida lo que más te importa: la seguridad de tu hijo”. La campaña estuvo orientada a concienciar a los adultos sobre las medidas de seguridad en los hogares;

c)“Vacaciones seguras” y “¡Atención con las selfis!”. Se abordó el riesgo de que, para subirlas a los medios sociales, los jóvenes se tomen selfis en lugares peligrosos, por ejemplo, trepando a vagones de tren, puentes o edificios;

d)“Vacaciones Seguras” y “Cuidado donde Nadas”. Con este proyecto se procuró prevenir los accidentes por ahogamiento en zonas sin vigilancia. Se instruyó a los niños y al personal de los campamentos sobre el comportamiento adecuado en situaciones de emergencia;

e)“¡A mí no me va a pasar!”. Se elaboraron materiales de difusión para hacer hincapié en el cumplimiento de las medidas de prevención de ahogamientos en zonas sin vigilancia.

69.El Ministerio de Administración e Interior, a través de la Inspección General de Policía de Fronteras, llevó a cabo campañas para concienciar a la población sobre la vulnerabilidad de los niños, como la campaña anual “¡No te alejes de tu hijo!”, que informó a padres y cuidadores sobre los efectos que el hecho de que los padres trabajen en el extranjero puede tener en los niños que se quedan en el país.

70.El proyecto denominado No a la Discriminación, implementado por el Ministerio de Administración e Interior y la Inspección General de la Policía Rumana e iniciado en 2018, tuvo por objeto concienciar a los agentes de policía y la población de diversas categorías sociales sobre la prevención de la discriminación. Dentro de este proyecto, en los años 2019, 2022 y 2023, durante los talleres de verano de la Asociación OvidiuRo, se realizó la campaña “Rayuela”, concebida para reducir los riesgos de victimización entre los niños y las niñas, especialmente los de entornos desfavorecidos y comunidades multiétnicas.

71.En 2023, en colaboración con la Asociación para la Promoción de los Derechos de la Mujer Romaní (E-Romnja), se organizaron talleres con 50 agentes de policía de las estructuras de prevención del delito, seguridad escolar y orden público.

72.En 2023, durante las vacaciones de verano, como parte de la iniciativa La Calle No es un Hogar, se realizaron actividades para los menores acogidos por el sistema de protección especial que habían sido dados por desaparecidos o habían abandonado voluntariamente el sistema. Los beneficiarios eran menores institucionalizados en los servicios administrados por la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia, sectores 1 a 6 de Bucarest, en colaboración con la Administración de Hospitales y Servicios Médicos de Bucarest, el Hospital Clínico Prof. Dr. Alexandru Obregia y la Agencia Nacional contra la Trata de Personas.

73.Entre 2017 y 2023, la Agencia Nacional Antidroga (ANA) impartió capacitación a personas que trabajan con menores, a fin de dotarlas de las habilidades esenciales para actuar con sensibilidad ante las necesidades de los niños y sus problemas relacionados con las drogas. Se dictaron 50 sesiones de capacitación para 900 beneficiarios directos (especialistas de la DGASPC, consejeros escolares, cuidadores en hogares de acogida y médicos escolares).

74.El Ministerio de Administración e Interior, a través de la ANA, puso en marcha una serie de proyectos y campañas encaminados a prevenir el consumo de drogas:

a)Fred Goes Net. Se trata de intervenciones tempranas para detectar e identificar por primera vez a personas que consumen drogas. Se organizaron 187 cursos en los que participaron 1.919 estudiantes de 14 a 19 años en quienes se habían detectado por primera vez comportamientos relacionados con el consumo de drogas;

b)Diecinueve Días de Prevención del Abuso y la Violencia contra Niños, Niñas y Jóvenes, campaña implementada por la oficina de la Federación Internacional de Comunidades Infantiles (FICE) en Rumanía, en alianza con la ANA. Se organizaron 66 actividades para cambiar el comportamiento social, educar y movilizar a los niños. En la campaña participaron 209.252 alumnos, estudiantes y jóvenes; 23.322 docentes, psicólogos, policías, trabajadores sociales, periodistas y médicos, y 122 padres y madres;

c)Yo y mi Hijo, en 2017, incluyó 1.058 intervenciones y actividades con 45.946 padres, madres, cuidadores en hogares de acogida, niños, niñas, jóvenes y representantes de instituciones y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la infancia;

d)Pinocho es un proyecto destinado a promover una mayor conciencia y responsabilidad en los especialistas de los centros de acogida de emergencia para menores, con el fin de proporcionar modelos positivos a los niños y niñas del sistema residencial, mediante programas sobre los efectos del consumo de drogas;

e)Creativo es un proyecto dirigido a los beneficiarios de los servicios prestados por las estructuras territoriales de la ANA, vinculado a la importancia de los factores de protección familiar en la prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes;

f)En Cómo Crecer Sanos, El Abecé de las Emociones, Sin Censura y Mi Mensaje Antidroga participaron 32.552 alumnos de preescolar y otros niveles, 15.045 padres y madres, y 1.989 docentes cualificados;

g)En el marco de Serenidad II, 36 niños y niñas participaron en actividades temáticas y talleres interactivos sobre las consecuencias del abuso de sustancias y las formas de evitar o resistir la presión grupal;

h)La campaña “El consumo de drogas nos concierne a todos”, dirigida a los estudiantes, se llevó a cabo en colaboración con la Inspección Escolar de Bucarest, la Confederación Nacional de Mujeres Empresarias y el Colegio de Psicólogos de Rumanía, y llegó a 400 clases con más de 8.000 estudiantes.

75.En febrero de 2023, la Agencia Nacional para los Romaníes, en colaboración con socios institucionales, puso en marcha la campaña de sensibilización “Romaníes por Rumanía”, que continuará a lo largo de 2024.

76.Para fomentar los programas de participación de los progenitores romaníes en el proceso educativo tanto dentro como fuera de la escuela, el Ministerio de Educación llevó a cabo 303 acciones en los condados y las unidades escolares, en las que participaron 8.835 padres y madres.

77.En 2023, 206 mediadores escolares y 220 docentes recibieron formación para enseñar lengua, literatura e historia rumanas, y tradiciones romaníes.

78.Se incluyó en el plan de estudios de todo el personal docente un curso acreditado aprobado por el Ministerio de Educación, orientado al desarrollo profesional del profesorado del nivel preuniversitario y centrado en temas específicos como la educación intercultural, la educación inclusiva, la igualdad de oportunidades en la educación, la educación para grupos desfavorecidos y otros temas propuestos por ese Ministerio. En 2023 se dictaron 64 cursos, a los que asistieron 4.030 miembros del personal docente.

79.En los centros educativos preuniversitarios, durante el período de 2021 a 2024 se realizaron 6.527 campañas de sensibilización sobre los beneficios de la educación inclusiva para todos los estudiantes.

80.Entre 2019 y 2024, en las áreas temáticas de educación inclusiva, no discriminación y educación de niños y niñas con necesidades educativas especiales, se acreditaron 35 programas de desarrollo profesional continuo y se aprobó 1 programa complementario de este tipo, dentro de los cuales se certificaron 16.332 personas.

81.El Instituto Nacional de Salud Pública puso en marcha el proyecto denominado Consolidación de la Red Nacional de Proveedores de Atención Primaria de Salud para Mejorar el Estado de Salud de la Población, tanto Niños como Adultos (incluidas las Poblaciones Vulnerables), cuyo objetivo consiste en reforzar la atención primaria de salud y acercar los servicios sanitarios a las personas con necesidades, especialmente en las zonas rurales, mediante intervenciones a través de médicos de familia, en las escuelas y a nivel individual y comunitario.

82.Se ha elaborado un modelo integrado de servicios comunitarios que tiene por objeto proporcionar las herramientas necesarias a los profesionales sanitarios de la comunidad (personal de enfermería y mediación sanitaria, y parteras) para que lleven a cabo sus actividades diarias basándose en directrices y con un mayor nivel de calidad.

83.Las observaciones generales del Comité se tradujeron al rumano y se publicaron en el sitio web de la Autoridad Nacional para la Protección de los Derechos del Niño y la Adopción.

Cooperación con la sociedad civil

84.Por medio de las modificaciones introducidas en la Ley núm. 292/2011 de Asistencia Social por la Ley núm. 100/2024, se ha regulado un nuevo mecanismo de financiación de los servicios sociales basado en el principio de que “el recurso financiero sigue al beneficiario”, según el cual la asignación presupuestaria para un beneficiario de servicios sociales determinada por el Servicio Público de Asistencia Social o, en su caso, por la Comisión de Evaluaciones Complejas, se transfiere al proveedor de servicios con el cual el beneficiario o su representante legal hubiera celebrado un contrato de servicios sociales.

85.A partir de 2026, las cantidades asignadas con cargo al presupuesto del Estado para financiar servicios sociales estarán garantizadas en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, a través del Organismo Nacional de Pagos e Inspección Social, de acuerdo con las solicitudes de las autoridades de las administraciones locales.

86.La asignación de fondos del presupuesto del Estado destinados al funcionamiento de los servicios sociales organizados en las unidades administrativo-territoriales se basa en las justificaciones realizadas según los estándares de costos de los servicios sociales administrados, contratados o subvencionados conforme a la ley, así como en la estimación de los costos necesarios para el funcionamiento de los nuevos servicios en el respectivo ejercicio presupuestario.

Derechos del niño y sector empresarial

87.Los organizadores de actividades de juegos y apuestas están obligados a incluir expresamente en la reglamentación correspondiente la prohibición del acceso de menores a los lugares destinados a aquellas. La prohibición de que los menores participen en juegos de azar debe figurar de forma destacada en los locales o en la página de inicio del sitio web, en el caso de las actividades de juegos y apuestas a distancia.

88.Según la ley que rige las actividades de juego, el espacio propuesto para llevarlas a cabo no debe estar situado dentro de las instalaciones de una institución educativa, incluidos sus campus; de instituciones culturales o artísticas; de establecimientos de salud; de instituciones sociales; de lugares religiosos o establecimientos similares, ni dentro del respectivo perímetro delimitado.

89.Las recientes modificaciones legislativas del año 2023 establecen que los juegos de máquinas tragamonedas deben estar ubicados en unidades administrativo-territoriales con una población superior a los 15.000 habitantes.

90.En proceso de debate parlamentario hay dos iniciativas parlamentarias, PLx núm. 495/2023 y PLx núm. 709/2023, destinadas a imponer una distancia de 300 metros entre las agencias de juego y las escuelas, así como normas relativas a la publicidad.

B.Definición de niño (art. 1)

Edad mínima para contraer matrimonio

91.En Rumanía pueden contraer matrimonio los futuros cónyuges que hayan cumplido los 18 años de edad. Por razones de peso, un menor que haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio sobre la base de un dictamen médico, con el consentimiento de sus progenitores o, si corresponde, de su tutor, y con la autorización del tribunal tutelar. Si uno de los progenitores se niega a consentir en el matrimonio, el tribunal tutelar decide sobre este desacuerdo teniendo en cuenta el interés superior del niño.

C.Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)

No discriminación

92.Con arreglo a la nueva ley, la educación preuniversitaria se rige por el principio de no discriminación, según el cual se garantiza el acceso a una educación de calidad sin discriminación, entre otras cosas prohibiendo la segregación escolar.

93.Se prohíbe la discriminación en los centros de enseñanza preuniversitaria, en todos los espacios dedicados a la educación y la formación profesional, y en las actividades realizadas en línea, con excepción de las medidas de discriminación positiva previstas por la ley, así como en las manifestaciones políticas y el proselitismo religioso.

94.Para dar cumplimiento al principio de eliminación de la segregación escolar y combatir cualquier forma de discriminación, al inicio de cada nivel educativo se forman grupos de estudio distribuyendo aleatoriamente a los alumnos, siempre que haya varias clases por año de estudio.

95.Entre las personas expuestas a la exclusión escolar se cuentan quienes corren el riesgo de ser estigmatizadas, de sufrir discriminación, de que no se tenga en cuenta su identidad cultural, de ser segregadas o de abandonar la escuela por pertenecer a una o varias categorías definidas por la condición social, económica o cultural, a minorías nacionales o a zonas rurales o urbanas marginadas; por ser inmigrantes o refugiadas; por tener necesidades educativas especiales o discapacidad, y por tratarse de niños, niñas y jóvenes romaníes, entre otros motivos.

96.El Estado rumano garantiza la igualdad de acceso a la educación, también para las estudiantes embarazadas, las que han sido madres y los estudiantes que han sido padres, sin discriminación por parte de los miembros de la comunidad escolar.

97.Las políticas educativas para los romaníes se han desarrollado dentro de dos marcos generales: uno relativo a las minorías nacionales y otro concerniente al acceso de los grupos desfavorecidos a la educación.

98.La metodología destinada a vigilar la eliminación de la segregación escolar en la educación preuniversitaria se elaboró mediante la Orden del Ministerio de Educación núm. 5633/2019.

99.La Ley núm. 198/2023 prohíbe, en la educación preuniversitaria, la segregación escolar por criterios étnicos, por motivos de discapacidad, por tener necesidades educativas especiales, en razón del estatus socioeconómico de las familias, por pertenecer a una categoría desfavorecida, por el entorno residencial o por el rendimiento académico.

100.A través del Instrumento de Apoyo Técnico de la Comisión Europea, el Ministerio de Educación, en colaboración con la Oficina del UNICEF en Rumanía, desarrolló una metodología para la vigilancia de la segregación escolar en las escuelas rumanas, que se puso a prueba en una muestra de 43 unidades escolares de todos los niveles de enseñanza preuniversitaria. Paralelamente, se elaboró el módulo del Sistema Integrado de Información sobre la Educación en Rumanía (SIIIR), dedicado a la recopilación de datos sobre segregación escolar por alumnado y por unidad escolar, y se redactaron dos guías técnicas sobre recopilación de datos. También se organizaron conjuntos de actividades de capacitación para profesionales del sistema educativo relacionadas con el nuevo marco jurídico y las políticas encaminadas a combatir la segregación escolar, y se impartieron sesiones informativas y de capacitación sobre la aplicación de la metodología mencionada.

101.En 2023, el SIIIR se actualizó con un módulo sobre segregación, que fue probado y completado por algunas de las unidades escolares; está previsto que todas las escuelas del país lo completen en 2024, el primer año de vigilancia a escala nacional.

102.Asimismo, en 2023 se creó por orden ministerial la Comisión Nacional para la Eliminación de la Segregación Escolar, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por el Ministro de Educación mediante la orden pertinente.

103.La Comisión tiene un papel consultivo y de intervención, elabora y aplica el Plan de Acción para la Eliminación de la Segregación, y coordina la preparación de un informe anual sobre la segregación escolar y la calidad de los servicios educativos en Rumanía.

104.A lo largo del año 2024 se elaborará la Estrategia Nacional de Eliminación de la Segregación Escolar, junto con el Plan de Acción Nacional.

105.Según lo dispuesto en el Reglamento para la Organización y el Funcionamiento de las Unidades Educativas Preuniversitarias, en cada unidad educativa se crea y funciona una comisión permanente de prevención y eliminación de la violencia, la corrupción y la discriminación en el ámbito escolar, y de promoción de la interculturalidad.

106.En cuanto a la modificación de la Ley núm. 272/2004, un grupo de miembros del Parlamento presentó la propuesta legislativa pertinente, que se encuentra en proceso de debate parlamentario en la Cámara de Diputados en el momento de la redacción de este informe. Fue aprobada en forma tácita por el Senado por vencimiento del plazo de aprobación y tuvo dictamen desfavorable del Consejo Económico y Social y la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados; dictamen favorable del Consejo Legislativo, a reserva de considerar algunas observaciones y propuestas, y dictamen favorable de la Comisión de Salud y Familia de la Cámara de Diputados.

107.La propuesta se envía para consulta a la Comisión de Administración Pública y Planificación Territorial, y a la Comisión de Educación, y el informe correspondiente debe ser preparado por la Comisión de Derechos Humanos, Cultos y Minorías Nacionales, la Comisión de Trabajo y Protección Social, y la Comisión Jurídica, Disciplinaria y de Inmunidades.

Interés superior del niño

108.Según el informe de evaluación sobre la aplicación de la Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño (2014-2020), realizado en 2021 con la ayuda económica del UNICEF, el interés superior del niño se integró en la estrategia como principio transversal.

109.La Estrategia Niños Protegidos, Rumanía Segura (2023-2027) se articula en torno al principio de promoción y respeto del interés superior del niño como base de cualquier decisión en materia de políticas públicas, tanto en su fase de desarrollo como de aplicación.

Respeto por las opiniones del niño

110.En la Ley de Educación Preuniversitaria se ha incluido una sección especial dedicada a la representación de los estudiantes.

111.El Consejo Nacional de Estudiantes (CNE) cumple un papel consultivo en el proceso de toma de decisiones. Los estudiantes también pueden estar representados por otras asociaciones nacionales con funciones consultivas. El CNE actúa conforme a un reglamento de organización y funcionamiento aprobado por orden ministerial.

112.Para cumplir su misión, el CNE supervisa los consejos estudiantiles establecidos en cada condado o sector de Bucarest. Además, todos los centros de enseñanza preuniversitaria cuentan con un consejo escolar de alumnos.

113.Para asegurar el derecho a la participación, se ha reforzado por ley el papel del CNE, que contará con un representante que participará, con carácter de observador, en las actividades del Consejo Asesor para la Educación Preuniversitaria, establecido en cada condado y municipio de Bucarest como estructura consultiva con el cometido de respaldar la administración y el desarrollo de la red escolar, supervisar la capacidad de las autoridades locales para apoyar la educación y proporcionar los recursos necesarios.

114.Mediante la Decisión del Gobierno núm. 59/2023 se aprobó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Cambio Climático. Al reconocer la importancia y la gravedad de la crisis climática y ambiental, estudiantes y docentes se familiarizarán con sus causas y efectos y mejorarán la respuesta de la sociedad a estos retos. De acuerdo con las disposiciones de esa estrategia para el período de 2023 a 2030, el Ministerio de Educación ejecuta el programa Semana Verde.

115.Como parte de este programa se realizan actividades educativas que contribuyen a prevenir el cambio climático y proteger el medio ambiente; desarrollar en los alumnos, ya desde el nivel preescolar, las habilidades de investigación inter y multidisciplinaria de la realidad que los rodea y fomentar comportamientos responsables con el medio ambiente.

116.El programa está orientado a informar a alumnos, docentes, padres y autoridades escolares sobre cuestiones ambientales, cambiar el modo en que los jóvenes se implican en la resolución de problemas ambientales y proporcionar a los docentes un modelo educativo a través del cual los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar una relación directa con la naturaleza.

D.Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8 y 13 a 17)

Inscripción de los nacimientos, nombre y nacionalidad

117.En 2023, se reguló la posibilidad de solicitar la inscripción e inscribirse en los registros del estado civil para dos categorías de niños: los ciudadanos rumanos nacidos en el extranjero para los que se haya dictado una medida de protección especial y los ciudadanos rumanos nacidos en el extranjero que residan en el país con sus padres o con la persona designada conforme a la ley.

118.De este modo, se amplió el ámbito de competencia y resolución de la inscripción a título gratuito para las categorías de niños destinatarios, que quedó también bajo la responsabilidad del alcalde de la unidad administrativo-territorial del domicilio de la persona o de las instituciones con incumbencia en la protección de los derechos del niño, a diferencia de la antigua normativa, según la cual solo los padres, los representantes legales o las personas autorizadas podían solicitar la inscripción de los niños.

119.Teniendo en cuenta las reservas formuladas por Rumanía en el artículo 3 de la Ley de Ratificación núm. 396/2002, según el cual “Rumanía se reserva el derecho de conceder su ciudadanía a las personas apátridas y refugiadas reconocidas como tales que la soliciten, respetando las condiciones previstas en la legislación nacional”, consideramos que la legislación rumana se ajusta a las disposiciones de la mencionada convención.

120.Aunque la legislación nacional se basa en el principio del ius sanguinis, también contiene elementos del ius soli, como es el caso de los niños y niñas de padres desconocidos nacidos en territorio rumano.

121.Si no se puede determinar si el menor ha sido concebido por al menos un ciudadano rumano, se le considera ciudadano rumano hasta que se demuestre lo contrario. Perderá la nacionalidad rumana si, antes de cumplir los 18 años, se hubiera establecido la relación de filiación con al menos uno de los progenitores y ese progenitor fuera ciudadano extranjero.

122.El niño que tiene al menos un progenitor de ciudadanía rumana, independientemente de la ciudadanía o apatridia del otro progenitor, ya sea que el niño hubiera nacido dentro o fuera del territorio del Estado rumano, es ciudadano rumano según la ley.

123.Además, no se puede retirar la ciudadanía rumana a una persona que la hubiera adquirido por nacimiento, lo que evita la posible apatridia de alguien que solo posea la ciudadanía rumana adquirida de esta forma.

124.Otra medida para prevenir los casos de apatridia consiste en condicionar la aprobación de la renuncia a la ciudadanía rumana a la adquisición previa o, al menos, a la solicitud previa de otra ciudadanía, acompañada de la garantía de que la persona que renuncia a la ciudadanía rumana adquirirá otra.

125.El proyecto de modificación y complementación de la Ley núm. 21/1991, publicada nuevamente, fue aprobado en una reunión del Gobierno y transmitido para su debate en el Parlamento. Según las nuevas modificaciones, el procedimiento de concesión o recuperación de la ciudadanía rumana se agilizará en aquellos casos en los que las solicitudes hubieran sido presentadas por apátridas.

126.Por las mismas razones de protección de los apátridas, en el contexto de la regulación de la pérdida de la ciudadanía rumana adquirida por el cónyuge o los hijos menores de una persona a quien se le hubiera retirado la ciudadanía por haberla adquirido de manera fraudulenta, se ha propuesto que el cónyuge o los hijos de esa persona no pierdan su ciudadanía si ello los convirtiera en apátridas.

Acceso a la información adecuada

127.En 2022, la Dirección Nacional de Seguridad Cibernética (DNSC), en alianza con la Asociación Bancaria Rumana, la Policía Rumana y Microsoft, junto con la Embajada de Suiza en Rumanía y Swiss WebAcadem, llevó a cabo una campaña de educación digital dirigida a niños y jóvenes, que tuvo como objetivo dar a conocer las mejores prácticas de ciberseguridad a través del acceso a la plataforma secureonline.ro, para prevenir que los destinatarios lleguen a ser víctimas de ciberfraudes, pornografía infantil o ataques con programas maliciosos.

128.En 2024, la DNSC, junto con la Asociación de Especialistas en Privacidad y Protección de Datos, elaboró una Guía para concienciar a niños, padres y docentes sobre la importancia de la protección de datos personales y la ciberseguridad.

129.Mediante la Ley núm. 50/2024 de Establecimiento de Medidas para la Aplicación del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 (...), se designó coordinadora de los servicios digitales a la Autoridad Nacional de Gestión y Regulación de las Comunicaciones, que pasó a ser responsable de supervisar y asegurar el cumplimiento del Reglamento a nivel nacional. Las autoridades están obligadas a pronunciarse sobre los contenidos ilegales existentes en línea denunciados en el ámbito de sus competencias.

130.De acuerdo con lo dispuesto en el marco regulatorio en vigor, las autoridades con facultades de supervisión de un determinado sector de actividad son competentes para dictar órdenes de actuar contra contenidos ilícitos y de facilitar determinada información.

131.También pueden dictar órdenes las autoridades judiciales, dentro de las medidas, las actividades o los procedimientos que ejecuten con arreglo a las competencias jurídicas que les hayan sido conferidas.

E.Violencia contra los niños (arts. 19, 24 (párr. 3), 28 (párr. 2), 34, 37 a) y 39)

Castigos corporales

132.En 2023, a través de una Orden Ministerial, se aprobó el Procedimiento relativo a la gestión de los casos de violencia contra alumnos de preescolar y de otros niveles, y contra el personal de los centros educativos, así como otras situaciones conexas en el entorno escolar, y las sospechas de violencia contra los niños fuera de este entorno.

133.El procedimiento regula los métodos de trabajo, las normas y las responsabilidades de las personas implicadas en la gestión interinstitucional y multidisciplinaria de los casos de violencia leve ocurridos en el entorno escolar, los casos de violencia infligida por alumnos contra el personal de los centros educativos, las sospechas de violencia cometida contra niños fuera del ambiente escolar, las sospechas de abuso de sustancias entre los alumnos, las sospechas de portar o utilizar objetos peligrosos sin permiso o las sospechas de que alumnos hubieran cometido un delito en el entorno escolar.

134.A través del Mecanismo Nacional de Apoyo a la Prevención del Delito, establecido en 2023, se desarrolló el Programa de Prevención de la Violencia y el Delito en el Ámbito Escolar denominado Juntos Reunamos Valor, dentro del cual se financiaron proyectos de prevención y lucha contra la violencia escolar en un mínimo de cinco unidades educativas por condado. El presupuesto mínimo para una unidad educativa es de 4.000 leus, y el presupuesto total del proyecto asciende a 1.407.473,51 leus.

Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia

135.La ANPDCA, en alianza con la oficina del UNICEF en Rumanía, el Consejo de Jóvenes Institucionalizados y el Centro de Recursos Jurídicos, de 2020 a 2022 puso en marcha la línea directa Telverde 0800500550, dirigida a niños y adultos en centros institucionalizados.

136.El objetivo fue reducir la sensación de inseguridad entre los niños y los adultos alojados en los centros, proporcionarles asesoramiento y asistencia psicosocial, así como prevenir y detectar cualquier posible abuso del que pudieran ser víctimas.

137.Los miembros del personal de la DGASPC y de los centros residenciales podían llamar a Telverde para obtener información adicional u orientación en determinadas situaciones relacionadas con la pandemia, y también podían recibir apoyo psicosocial y emocional para responder mejor a los retos de sus actividades diarias.

138.Establecido en 2022, en el marco del programa Desde la Atención a la Infancia, el número exclusivo 119 representa una novedad nacional que proporciona, por primera vez, un canal único para denunciar casos de abuso, negligencia, explotación y cualquier otra forma de violencia contra los niños, así como para brindar orientación y apoyo a todos aquellos que necesiten información relacionada con esas situaciones.

139.El número único nacional 119 está disponible en todas las redes públicas de comunicación de Rumanía; pueden acceder a él cualquier adulto que tenga sospechas de la existencia de abusos contra un niño, ya sea un padre, un profesional que interactúe con el niño o cualquier otra persona preocupada por la seguridad del niño, así como los propios niños.

140.Los elementos clave que definen el número 119 son la accesibilidad, ya que la línea es accesible en todo momento, incluso durante los feriados oficiales; la gratuidad de la llamada; el hecho de que el número es fácil de recordar y la disponibilidad del servicio en todo el país; se puede llamar desde cualquier zona, región o lugar, incluso remoto o marginado.

141.Desde su creación hasta el momento de la elaboración del informe, se habían recibido más de 250.000 llamadas.

142.En 2023, la ANPDCA, junto con el Servicio Especial de Telecomunicaciones, inició el desarrollo del proyecto denominado Desarrollo y modernización de herramientas digitales de alerta, identificación e intervención para la infancia asociadas al número único nacional 119, designado para la denuncia de casos de maltrato, negligencia, explotación y cualquier otra forma de violencia contra la infancia. Sistema 119 de Nueva Generación.

143.El proyecto se orienta, específicamente, a ampliar las facilidades ofrecidas por el número 119 mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones y plataformas necesarias para garantizar la asistencia a los niños que sean víctimas de cualquier forma de abuso, proporcionar aplicaciones y programas de apoyo a los especialistas implicados en la gestión del número único 119 y ofrecer sesiones de capacitación a los empleados de las instituciones de protección de la infancia.

144.El proyecto se presentó para solicitar financiación en el marco del Programa de Crecimiento Inteligente, Digitalización e Instrumentos Financieros y, en el momento de preparar el presente informe, se encontraba en la fase final de evaluación.

145.En 2021, el Instituto Nacional de la Magistratura (INM), con el apoyo financiero de la Asociación de Víctimas de Delitos Sexuales, organizó un Seminario sobre Evaluación de la Validez de las Declaraciones, al que asistieron fiscales, personal especializado en temas jurídicos cercano a los jueces, fiscales del INM y psicólogos.

146.En 2023, el INM organizó la Conferencia sobre el Marco Jurídico atinente a los Actos de Agresión Sexual contra Menores, que reunió a 66 participantes (jueces, fiscales rumanos y asistentes de la República de Moldova).

147.De 2019 a 2024, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), junto con el INM, la Escuela Nacional de Actuarios Judiciales y la Administración de Tribunales de Noruega, puso en marcha un proyecto en cuyo marco se dictaron 15 sesiones de capacitación profesional sobre técnicas de entrevista a niños y niñas centradas en las necesidades específicas de la población romaní. Se capacitó a 353 profesionales en total, se elaboró una guía y un plan de estudios, se crearon 51 salas de entrevistas en los tribunales y se organizaron ocho sesiones de sensibilización sobre el uso de las salas de entrevistas a niños.

148.Por otra parte, se crearon 24 salas de entrevistas especiales para menores en las fiscalías territoriales, 1 en la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) (estructura central) y 4 en la DGASPC (sectores 2 a 5). El equipo de audio y vídeo permite la conexión en tiempo real con la sala del tribunal mediante videoconferencia y la grabación audiovisual de la entrevista, tanto en asuntos penales como civiles.

149.A través de la Orden núm. 144/2017 dictada por el Fiscal General de la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia (PICCJ), se creó y se puso en funcionamiento un mecanismo para garantizar, a las personas institucionalizadas en situación de vulnerabilidad, el acceso a la justicia, el ejercicio efectivo del derecho de defensa y el derecho a un juicio justo.

150.Entre esas personas se encuentran los menores con discapacidad mental en centros residenciales públicos, incluidos los educativos o recreativos, y en centros residenciales de gestión privada, así como los menores privados temporal o permanentemente del cuidado de sus padres que viven en régimen de internado o de acogimiento familiar, o reciben servicios de atención en residencias.

151.El seguimiento en virtud de esta orden consiste en la verificación de la duración del procedimiento y en la preparación de análisis semestrales por las fiscalías adscritas a los tribunales de apelación y de análisis anuales por la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia. Estos análisis evalúan la eficacia y la exhaustividad de las investigaciones, la legalidad de las decisiones de no ejercer la acción penal y los aspectos que guardan relación con el respeto del derecho de defensa de las víctimas.

Prácticas nocivas

152.En el sistema escolar hay 461 mediadores escolares que trabajan en escuelas de comunidades con gran densidad de romaníes en riesgo de vulnerabilidad social y tienen la función de asegurar y facilitar la comunicación entre la escuela y las familias. Uno de los temas más importantes abordados en la relación con las comunidades tradicionales es la necesidad de que los niños y las niñas romaníes reciban la educación obligatoria, con lo que se pretende retrasar la edad del matrimonio.

153.Además, en el sistema sanitario hay 462 mediadoras de salud, mujeres romaníes que se ocupan de la conexión y la comunicación entre los miembros de las comunidades romaníes desfavorecidas y los consultorios de los médicos de familia. La educación sanitaria que promueven las mediadoras en las comunidades romaníes incluye y destaca la necesidad de que los niños y las niñas alcancen la madurez antes del matrimonio, y subraya la importancia de la prevención del matrimonio infantil.

F.Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5, 9 a 11, 18 (párrs. 1 y 2), 20, 21, 25 y 27 (párr. 4))

Entorno familiar

154.En cuanto a la situación de los niños cuyos padres trabajan en el extranjero, el documento de identidad es expedido por el servicio público comunal de registros personales del lugar de domicilio o residencia del niño en cuestión, basándose en su solicitud o en la de su representante legal. Los menores de 14 a 18 años presentan la solicitud de documento de identidad acompañados por uno de los progenitores o, en su caso, por su representante legal.

155.A las personas que no poseen documento de identidad y están institucionalizadas o acogidas para su cuidado o alojamiento en instituciones asistenciales, centros de servicios sociales o centros educativos se les expiden documentos de identidad en los que se indica como domicilio o residencia la dirección de la institución o el centro respectivos. En el caso de las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acudir a las autoridades competentes para solicitar la expedición del documento de identidad, miembros del personal de los servicios públicos comunales de registros personales pueden desplazarse a localidades aisladas, centros sanitarios o unidades de asistencia social para recibir la solicitud.

156.En 2022, mediante la modificación de la Ley núm. 202/2002, se introdujeron los conceptos de licencia laboral para cuidadores y modalidades de trabajo flexibles.

157.Mediante la Decisión del Gobierno núm. 1547/2022 se aprobó la Estrategia Nacional dirigida a Promover la Igualdad de Género y de Trato, y Prevenir y Combatir la Violencia Doméstica para el período de 2022 a 2027. En el pilar de la igualdad de género se incluye una serie de medidas, como la organización de campañas informativas sobre las condiciones y los beneficios de acceder a la licencia de paternidad; la organización de campañas de sensibilización sobre el uso de herramientas de trabajo alternativas para padres y madres, como horarios de trabajo flexibles y teletrabajo, y la concienciación sobre la necesidad de servicios de educación formal alternativos o complementarios en las guarderías.

158.Con la entrada en vigor de la Ley núm. 156/2023 se racionalizan las actividades destinadas a prevenir que los niños sean separados de sus familias, lo que incide directamente en la reducción del número de niños que ingresan en el sistema de protección especial del Estado y, al mismo tiempo, refuerza el papel y la intervención de las autoridades locales responsables de este ámbito.

159.La nueva ley establece normas claras que regirán la intervención de las autoridades de las administraciones públicas locales para cumplir la tarea de prevenir la separación del niño de su familia, es decir, de mantenerlo dentro de su familia. Regula los aspectos que se deben analizar para determinar el riesgo de separación que corre el niño, así como para evaluar la situación de riesgo en que se halla.

160.Además, se creó el Observatorio de la Infancia, a través del cual se identifica y registra a todos los niños en riesgo de ser separados de sus familias.

161.Se trata del módulo de prevención del Sistema Nacional de Información para la Adopción desarrollado y gestionado por la ANPDCA, que se pone a disposición de las autoridades de las administraciones públicas locales.

162.El módulo tiene por objeto prevenir que los niños y las niñas sean separados de su familia; se basa en Aurora, una aplicación informática desarrollada por el UNICEF y adoptada por la ANPDCA, que los trabajadores sociales utilizan para recoger datos sobre el terreno.

163.El Observatorio de la Infancia ayuda a los trabajadores sociales a detectar a los niños y las niñas en riesgo de ser separados de sus familias y a recomendar un conjunto mínimo de intervenciones y servicios para ellos.

164.El módulo tiene dos componentes distintos: una aplicación móvil que utiliza Android, se instala en una tableta y es utilizada en actividades sobre el terreno por los trabajadores sociales, y una plataforma web, la aplicación central del sistema. A través de la plataforma, los datos y sus agregados están a disposición de los usuarios, que pueden ver distintos niveles de datos, y de la ANPDCA, que puede ver toda la información a nivel nacional.

Niños privados de un entorno familiar

165.A principios de año, 45 de los 167 centros de internamiento incluidos en el Plan de Desinstitucionalización desarrollado en 2017 se encontraban en la fase final de cierre. Estos centros albergaban a 1.161 niños, frente a los 6.513 niños protegidos en este tipo de servicios en 2017. El proceso de cierre de todos los centros concluirá a finales de 2024.

166.Para contribuir a acelerar el proceso de desinstitucionalización mediante alternativas de tipo familiar, de 2018 a 2023 la ANPDCA implementó el proyecto TEAM UP, en alianza con las delegaciones de la DGASPC. Asimismo, a través de la Ley núm. 191/2022 se introdujo una medida para estimular el acogimiento en familias.

167.A partir de 2020, la ANPDCA puso en marcha una serie de medidas legislativas destinadas a fomentar la adopción. Como resultado de las aplicadas a fines de 2023, el número de niños adoptables alcanzó los 7.057, frente a los 3.250 registrados en 2017, lo que supone un aumento del 117 %. Además, el número de familias certificadas como adoptantes aumentó de 1.881 a principios de 2017 a 3.119 a finales de junio de 2021, lo que supone un incremento del 65 %.

168.El acogimiento del niño es una medida de protección especial, de carácter temporal, que se puede disponer en el siguiente orden: con una persona o familia, con un progenitor de acogida o en un servicio residencial en un establecimiento autorizado.

169.En 2018, se modificó el marco jurídico y se elevó de 2 a 7 años la edad a la que los niños podían ser ingresados en servicios residenciales. En ese momento se permitió, como excepción, que los niños menores de 7 años pudieran ingresar en un servicio residencial si tenían discapacidades graves y requerían atención en servicios especializados.

170.A partir de 2022, está prohibido colocar en servicios residenciales a los menores de 3 años. En el caso de los niños de 3 años cumplidos y menores de 7 años, tal colocación está permitida solo si los niños no pueden rehabilitarse en otro tipo de servicios y presentan tanto una deficiencia funcional completa como una limitación total de la actividad y restricciones de la participación, confirmadas por el Servicio de Evaluaciones Integrales de la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia.

171.Por lo tanto, los criterios para determinar el internamiento en servicios residenciales conforme al interés superior del niño son la edad y las necesidades y la opinión del niño, teniendo en cuenta su edad y su grado de madurez.

172.Como resultado de la aplicación de estas medidas, el número de niños menores de 7 años acogidos en servicios residenciales disminuyó de 2.024 a principios de 2017 a 484 a finales de 2023.

173.Para fortalecer la red de acogimiento familiar, de 2018 a 2023 la ANPDCA, en alianza con las 47 delegaciones de la DGASPC, implementó el proyecto TEAM-UP: Avances en la Calidad del Cuidado Alternativo para Niños y Niñas, que tuvo por objeto mejorar la calidad del sistema de asistencia social y aumentar el número de padres y madres de acogida en la comunidad introduciendo herramientas y procedimientos y elevando el nivel de competencia de los profesionales del sistema.

174.Gracias al proyecto, la red de acogimiento familiar se amplió con 4.036 padres y madres de acogida, que se hicieron cargo de un total de 7.739 niños, entre ellos 1.022 con discapacidad.

175.Más de 11.000 padres y madres de acogida han participado en cursos de capacitación profesional, impartidos con el apoyo prestado en el marco del proyecto.

176.En el sistema de protección especial de Rumanía, los exámenes de los acogimientos se realizan trimestralmente y se centran en dos aspectos. En primer lugar, se verifican las circunstancias que llevaron a establecer las medidas especiales de protección ordenadas por el Comité de Protección de la Infancia o el tribunal. En segundo lugar, se evalúa la aplicación de esas medidas y se observa el desarrollo y el cuidado del niño durante el período en cuestión.

177.La verificación de la aplicación de las medidas especiales de protección se lleva a cabo siempre que haya sospechas de malos tratos, descuido, explotación o cualquier otra forma de violencia contra el niño. Por lo tanto, los informes relativos al desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño y a su cuidado se preparan trimestralmente o cuando surja una situación que lo requiera. En función del informe, si es necesario modificar la medida o, en su caso, ponerle fin, la DGASPC está obligada a notificarlo sin demora al Comité de Protección de la Infancia o, si procede, al tribunal.

178.En 2022 se promulgó una ley para ayudar a los jóvenes que abandonan el sistema de protección especial a emprender una nueva etapa de su vida:

a)Si los jóvenes están de acuerdo, se les brinda la posibilidad de hacer un seguimiento de su situación una vez abandonado el sistema de protección especial. El Servicio Público de Asistencia Social y Protección de la Infancia (SPAS) del lugar donde el joven resida o donde declare que va a residir está obligado a efectuar un seguimiento semestral de su situación durante un período de 2 años;

b)En el último año antes de que los jóvenes abandonen el sistema de protección especial, la DGASPC debe ayudarlos a encontrar empleo y alojamiento;

c)Al salir del sistema de protección especial, se concede a los jóvenes una asignación cuyo monto es de tres veces el sueldo mínimo nacional bruto garantizado;

d)Se ofrece a los jóvenes la posibilidad de elegir entre permanecer en el régimen de protección especial o percibir una asignación mensual hasta los 26 años, si pueden demostrar que cursan estudios a tiempo completo o tienen empleo.

179.Mediante la Decisión del Gobierno núm. 850/2023 por la que se modifica y complementa el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 254/2013 sobre la Ejecución de Penas y Medidas Privativas de Libertad dictadas por las Autoridades Judiciales durante el Proceso Penal, se han introducido cambios en la forma de conceder el derecho de visita con el hijo menor de edad de la persona privada de libertad. Específicamente, a las categorías de personas privadas de libertad para las que la legislación prevé el derecho de visita sin contacto físico, como excepción se les concede la visita con el hijo menor sin medios de separación, si no están comprendidas en las categorías de personas privadas de este beneficio por la ley.

180.Además, en todas las unidades penitenciarias, dentro del sector de visitas, se han dispuesto espacios del tipo “madre, padre e hijo” para hacer efectivo el derecho de visita entre progenitores e hijos.

Adopción

181.A partir de 2020, con arreglo al Plan de Acción ¡Niños, no Casos!, se examina en todo el país la información del perfil público de los niños adoptables y se organizan sesiones de orientación y asesoramiento para los especialistas de los departamentos de adopciones de la DGASPC.

182.La Ley núm. 273/2004 relativa a los procedimientos de adopción se completó y modificó introduciendo disposiciones destinadas a agilizarlos, y aclarando y ordenando en secuencias lógicas las actividades y las obligaciones asignadas a los especialistas de la DGASPC.

183.La validez del certificado de familia adoptiva se amplió de 2 a 5 años, y se dispuso la obligatoriedad de verificar anualmente el cumplimiento de las condiciones que sirvieron de base para expedirlo, responsabilidad que cabe a la DGASPC. Para respaldar a una familia en su decisión de adoptar, se introdujeron incentivos económicos que aumentan progresivamente y tienen como finalidad apoyar a las familias que adoptan niños mayores, con discapacidad o que forman parte de un grupo de hermanos y hermanas.

G.Niños con discapacidad (art. 23)

184.Con respecto a la organización de la educación especial, las terapias y los servicios de intervención, según lo dispuesto en la Ley núm. 198/2023, en el nivel preprimario la educación especial se organiza en grupos de intervención temprana para niños con necesidades educativas especiales originadas en discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, trastornos emocionales, trastornos del neurodesarrollo, inadaptación social o cualquier otra enfermedad, trastorno o condición crónica, genética o de otro tipo, y se garantizan terapias específicas de recuperación y compensación, así como servicios especializados de orientación social, médica, psicológica, psicopedagógica y fonoaudiológica, vinculados y adecuados a las necesidades educativas específicas.

185.A partir de los grupos pequeños organizados en la educación preescolar, la educación especial se desarrolla en un sistema de apoyo de cuatro niveles (I a IV): basal, complementario, intensivo y especial.

186.El Centro Nacional de Educación Inclusiva, junto con el Centro de Asistencia y Recursos Educativos del Condado y la Municipalidad de Bucarest, y las Direcciones de Educación Preuniversitaria del Condado y la Municipalidad de Bucarest, estarán encargados de realizar las evaluaciones pertinentes para determinar el nivel de apoyo. La creación del Centro Nacional de Educación Inclusiva está prevista para el año escolar de 2025/26.

187.Según los datos estadísticos transmitidos por las inspecciones escolares, en el año escolar en curso hay 3.354 puestos de orientadores escolares en los gabinetes de asistencia psicopedagógica.

H.Salud básica y bienestar (arts. 6, 18 (párr. 3), 24, 26, 27 (párrs. 1 a 3) y 33)

Salud y servicios de atención de la salud

188.El Ministerio de Salud coordina técnica y metodológicamente la actividad de 1.913 enfermeros comunitarios y 460 mediadores sanitarios, que brindan una cobertura de aproximadamente el 50 % del país.

189.Mediante la Orden núm. 1617/2021 del Ministro de Salud por la que se aprueba el protocolo relativo a la metodología documentada en la cartilla del embarazo, se aprobó una nueva metodología para la realización de las consultas prenatales y postnatales, tanto en la atención primaria como en la especializada.

190.En Rumanía, las mujeres embarazadas, contribuyan o no al sistema de seguros, tienen acceso a consultas preventivas con el médico de familia y el obstetra (8 consultas preventivas en atención primaria y 4 con el obstetra); por recomendación médica, tienen acceso ilimitado a especialistas en caso de afecciones relacionadas o concurrentes con el embarazo; se benefician de análisis de laboratorio específicos para el seguimiento del embarazo y se someten a ecografías para detectar defectos y malformaciones.

191.Se ha desarrollado una nueva metodología para determinar órdenes de prioridad en los servicios de obstetricia, ginecología y neonatología, en relación con la respectiva capacidad de respuesta ante la patología que presenten la embarazada, el feto o el recién nacido; se han establecido normas y criterios de equipamiento y dotación de personal para la asistencia en el parto en unidades sanitarias capaces de atender cualquier morbilidad que presenten la embarazada, el feto o el recién nacido.

192.A través del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) se han asignado recursos financieros para ampliar la capacidad y la tecnología de las unidades regionales de cuidados intensivos neonatales, organizar centros regionales de formación de personal médico especializado, organizar y rehabilitar el sistema de transporte de recién nacidos gravemente enfermos y organizar centros regionales de transporte neonatal especializado.

193.Se han desarrollado servicios y recursos humanos altamente especializados para atender a los recién nacidos con malformaciones, sobre todo cardíacas, lo que ha permitido aumentar considerablemente el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en el país en los últimos cinco años y reducir la mortalidad de lactantes derivada de defectos y malformaciones en alrededor del 15 % en los últimos cinco años.

194.Desde 2017, el Programa Nacional de Salud de la Mujer y la Infancia del Ministerio de Salud se ha estructurado en dos subprogramas: el Subprograma de Nutrición y Salud Infantil y el Subprograma de Salud de la Mujer.

195.El Ministerio de Salud ha elaborado un Manual de Atención Sanitaria Escolar dirigido a las dos categorías de profesionales sanitarios que trabajan en las escuelas: el médico escolar y la enfermera escolar. El capítulo “Intervenciones para promover la salud y el cambio de comportamiento en las comunidades de niños, niñas y jóvenes” contiene recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas de calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva destinadas a prevenir, detectar y enfrentar la violencia de género.

196.Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2023 Rumanía registró 3.497 casos de sarampión y tres muertes ocasionadas por esta enfermedad, lo que representa una cuarta parte de las defunciones registradas en la región.

197.Con el lema “¡Di NO al sarampión, di SÍ a la vacunación!”, en abril de 2023 se llevaron a cabo actividades para implicar al personal médico, informar a la población, recordar a los padres que deben vacunar a sus hijos y fomentar el diálogo entre padres y personal médico para responder preguntas o despejar dudas sobre la vacunación.

198.Dado que la planificación familiar está incluida en el módulo de servicios básicos de atención primaria de la salud y atención médica especializada ambulatoria del que se benefician los asegurados, así como en el paquete mínimo de servicios de atención primaria a disposición de las personas no aseguradas, los asegurados pueden efectuar consultas sobre planificación familiar al médico de cabecera. En estas consultas se proporciona asesoramiento sobre planificación familiar, se recomiendan métodos anticonceptivos y se evalúan los riesgos para la salud reproductiva. En la atención especializada ambulatoria se ofrecen servicios de planificación familiar, lo que permite el acceso directo al especialista de esta modalidad. Las personas no aseguradas pueden realizar consultas de planificación familiar al médico de familia, de acuerdo con el paquete mínimo de servicios de atención primaria.

199.A través del PNRR, se ha dispuesto desarrollar la infraestructura médica prehospitalaria para dispensarios de planificación familiar. El plan incluye el equipamiento y la renovación de al menos 119 dispensarios de esta índole, así como la puesta en marcha de una campaña de educación sanitaria, en particular sobre salud reproductiva, que se implementará a escala nacional, principalmente en las zonas vulnerables con un elevado número de embarazos en la adolescencia y de enfermedades de transmisión sexual.

200.Con la coordinación del Ministerio de Salud, un grupo de trabajo que incluye representantes del Instituto Nacional de Salud Pública está elaborando la Estrategia de Salud Reproductiva.

201.De acuerdo con el calendario anual de temas específicos de salud que constituyen una prioridad nacional, en 2022 y 2023 se llevaron a cabo campañas de información, educación y concienciación sobre salud reproductiva, con el propósito de evitar los embarazos no deseados en las jóvenes y protegerlas contra las infecciones de transmisión sexual.

202.Como parte de un subprograma nacional de salud para las personas a quienes se les han diagnosticado trastornos del espectro autista, a partir de 2023 los niños y adultos con este diagnóstico se benefician de servicios de psicoterapia, asesoramiento psicológico clínico y asesoramiento e intervenciones psicopedagógicas y logopédicas especiales, incluida la elaboración de un plan de intervención personalizado, financiados por el Fondo del Seguro Social de Enfermedad. Se calcula que unos 13.471 niños y 2.660 adultos diagnosticados con trastornos del espectro autista por un psiquiatra o un psiquiatra infantil accederán a estos servicios.

203.El programa nacional Por el Cuidado de la Infancia tuvo como objetivo proteger la integridad psicoemocional de los niños creando mecanismos de evaluación e intervención para velar por su salud mental durante la pandemia de COVID-19 y el período posterior a ella.

204.Se proporcionaron aproximadamente 70.000 horas de asesoramiento psicológico y psicoterapia a niños en quienes se habían detectado trastornos psicoemocionales provocados por la pandemia de COVID-19, y se creó la plataforma de recursos “dingrijapentrucopii.gov.ro”, dedicada a la niñez, especialistas, padres y madres.

205.Entre 2020 y 2023, el Centro Nacional de Salud Mental y Prevención del Consumo de Drogas implementó el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de Servicios Comunitarios de Salud Mental para la Niñez y la Adolescencia MENTES ABIERTAS, encaminado principalmente a mejorar la prevención y reducir las inequidades en materia de salud. A través de este proyecto se elaboró y se aplicó un programa de educación en parentalidad positiva. Los recursos elaborados por este medio constituyeron la base de los 150 talleres de formación para la crianza organizados como parte del proyecto, a los que se asistieron al menos 1.500 padres y madres.

206.Además, se ejecutó el proyecto Hablemos de la Niñez, que incluyó una campaña de sensibilización destinada a mejorar la capacidad de los miembros de la comunidad, entre ellos, progenitores, proveedores de atención primaria, educadores y profesionales de la protección social, para apoyar a los niños y niñas que vivían con sus familias y corrían riesgo de desarrollar un trastorno mental o ya lo manifestaban. También conllevó la formación de 120 profesionales de la educación, la salud y la asistencia social.

207.Como parte del Subprograma de Evaluación, Promoción y Educación para la Salud, se llevaron a cabo campañas de información, educación y sensibilización sobre temas relacionados con la prevención del consumo de alcohol, dirigidas a adolescentes, docentes, padres y madres para cambiar las percepciones sociales sobre el consumo de alcohol entre la juventud y sus consecuencias. En 2023 se realizó una campaña orientada a promover una alimentación saludable para niños y niñas, junto con actividades de información durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se preparó material informativo sobre el fomento de la lactancia materna y se puso en marcha la iniciativa Hospitales Amigos del Niño.

208.La promoción de la lactancia materna es un servicio médico que se presta tanto antes como después del nacimiento, en estructuras médicas especializadas. Se elaboraron y distribuyeron guías específicas, principalmente en el ámbito de la atención primaria. El objetivo nacional es fomentar la lactancia materna con carácter exclusivo hasta los 6 meses de edad y su continuidad hasta al menos 1 año.

209.En 2017 comenzó a emitirse en cadenas de televisión nacionales un anuncio, que continúa hasta hoy, en el que se destacan los beneficios de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida del niño. El mensaje “La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses es esencial para una vida sana” se incluye al final de todas las pausas publicitarias que contienen anuncios de productos que podrían menoscabarla.

210.Mediante la Decisión del Gobierno núm. 59/2023 se aprobó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Cambio Climático (2023-2030), que comprende soluciones para aumentar la educación y la conciencia sobre el medio ambiente y el cambio climático entre los estudiantes. Los objetivos y las medidas abarcan múltiples niveles: la educación formal y no formal; los recursos humanos, incluida la formación docente; las inversiones; los recursos abiertos y las alianzas.

Nivel de vida

211.A partir de 2022, Rumanía inició un amplio plan de reforma de las políticas sociales con el propósito de reducir la pobreza. En este sentido, la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Social y Reducción de la Pobreza para el período de 2022 a 2027 incluye medidas destinadas a combatir la pobreza, garantizar el derecho a la asistencia social, aumentar el acceso a los servicios de interés público general, estimular la participación social y económica de los grupos vulnerables y fortalecer la resiliencia del sistema de servicios sociales en situaciones especiales, como la epidemia de COVID-19. Además, desde 2023 se está aplicando la Estrategia Nacional Niños Protegidos, Rumanía Segura (2023-2027), que tiene como finalidad hacer efectivos los derechos de la infancia, incluidos los de los niños y las niñas más vulnerables, en todos los ámbitos de la vida, brindándoles pleno acceso a servicios públicos de calidad. La estrategia incluye la meta de reducir el número de niños afectados por la pobreza y la exclusión social en 400.000 para finales de 2027, frente a los 11.323.000 registrados en 2019.

212.También se están implementando o planeando para el próximo período medidas de reforma presupuestaria o legislativa para combatir la pobreza infantil y la exclusión social, como, por ejemplo, el aumento de la inversión en los servicios públicos locales de asistencia social mediante la aplicación de las disposiciones de la Ley núm. 156/2023 sobre la organización de actividades para prevenir que los niños sean separados de sus familias y la Ley núm. 100/2024 de modificación y finalización de determinadas disposiciones normativas en el ámbito de la asistencia social.

213.Por medio de la Ley núm. 100/2024 se introdujo un paquete mínimo de asistencia social para reducir los riesgos de pobreza y exclusión social.

214.Entre otras medidas de reforma presupuestaria y legislativa destinadas a hacer frente a la pobreza y la exclusión social de los niños y niñas más vulnerables y sus familias también se cuentan la implementación de otros cambios legislativos encaminados a aumentar las asignaciones y prestaciones vinculadas al Indicador Social de Referencia (ISR), que se actualiza anualmente el 1 de marzo de acuerdo con la tasa media de inflación anual del año anterior. A partir del 1 de marzo de 2024, el valor del ISR pasó de 598 leus a 660 leus, lo que representa un aumento del 10,4 %.

215.Desde 2021, el Ministerio de Educación, con financiación del PNRR, aplica el Plan de Subvenciones del Programa Nacional de Reducción del Abandono Escolar (PNRAS), que tiene como propósito reducir el riesgo de abandono en al menos el 25 % de las unidades educativas que participan en el programa durante el período de 2021 a 2026, mediante la clasificación de la unidad educativa en una categoría de menor riesgo, la mejora de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones nacionales, el incremento del porcentaje de estudiantes que completan la escuela media, el aumento de la participación de los graduados de la escuela media en la evaluación nacional para graduados de 8º grado y el aumento de la tasa de transición de la educación secundaria inferior a la educación secundaria superior. Un total de 3.235 unidades educativas fueron consideradas elegibles para el PNRAS conforme a los datos del SIIIR de 2020.

216.Otra iniciativa importante del Ministerio de Educación es el Mecanismo de Alerta Temprana en el Sistema Educativo, que proporciona un marco coherente y unificado para la detección temprana, la identificación y el seguimiento de los estudiantes en riesgo de abandono escolar, en general, y de abandono temprano, en particular. Este marco se basa en la recopilación, en tiempo real, de datos sobre señales de alerta temprana —bajo rendimiento académico, historial de repetición de curso, absentismo, comportamiento escolar inadecuado— que permiten al personal escolar y a los responsables de la toma de decisiones en el condado y a nivel central coordinar, planificar y aplicar medidas apropiadas e inmediatas para mitigar los riesgos y los problemas detectados en los alumnos, las clases y las escuelas. A finales de septiembre de 2023, más de 50.000 participantes de 6.950 instituciones habían pasado por diversas fases del programa. De ellos, más de 45.800 habían completado el programa de capacitación. El diseño, el contenido y la estructura del curso tienen las características del Mecanismo, de acuerdo con la normativa aprobada por la Orden del Ministerio de Educación (OME) núm. 6.000/2021 relativa a la aprobación del Mecanismo de Alerta Temprana en el Sistema Educativo, la metodología de implementación y el uso del módulo del Mecanismo para prevenir el abandono escolar.

217.Como parte del Proyecto de Educación Secundaria, que apoya la transición de los estudiantes de la educación secundaria superior a la educación terciaria y utiliza un enfoque descentralizado basado en la concesión de subvenciones individuales a las escuelas de ese nivel, el Ministerio de Educación ha seguido otorgando 420 subvenciones, que tienen por objeto reducir la tasa de abandono escolar, aumentar los índices de graduación y mejorar el rendimiento en el examen de bachillerato. Para alcanzar estos objetivos, las escuelas secundarias realizan actividades, por ejemplo, de recuperación, asesoramiento, guía y orientación profesional, coaching, desarrollo personal y desarrollo de habilidades socioemocionales (al menos el 50 % de los costos directos), y actividades extraescolares e informativas, así como obras menores de renovación, arreglos interiores de los edificios escolares y adquisición de bienes. La tasa promedio de abandono en las clases de último curso en los institutos que recibían subvenciones disminuyó del 6,5 % (indicador de referencia de 2015) al 1,96 % en 2022, y el porcentaje de institutos beneficiarios de la subvención con una tasa de abandono superior al 7 % se redujo del 23,10 % (indicador de referencia) al 11,56 % en 2022. Por otra parte, la tasa promedio de graduación en las escuelas secundarias elegibles/beneficiarias de subvenciones aumentó del 86,9 % (indicador de referencia) al 95,65 % en 2022, y la tasa promedio de aprobados en el examen de bachillerato de las escuelas beneficiarias pasó del 49,6 % (indicador de referencia) al 67,76 % en 2022.

I.Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28 a 31)

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales

218.En cuanto al refuerzo del paquete social para la educación dirigido a estudiantes de grupos de riesgo, el Ministerio de Educación ha seguido ejecutando programas sociales anuales de alcance nacional, como Euro 200, Dinero para el Bachillerato, Material Escolar, Becas Escolares y el Programa Escolar.

219.En 2023 prosiguió el programa Euro 200, cuyo principal objetivo consistía en fomentar la compra de ordenadores a través de medidas como el otorgamiento de ayudas económicas basadas en criterios sociales para desarrollar las competencias de estudiantes, alumnos y alumnas en el uso de la informática.

220.Mediante el programa Material Escolar, al principio de cada año académico se distribuyen útiles escolares específicos para cada clase; en el año de 2022/23, un total de 167.674 alumnos recibieron sus útiles gratuitamente.

221.En el mismo año académico, el Ministerio de Educación también continuó con el programa Dinero para el Bachillerato, que tuvo 20.509 beneficiarios. Desde el año escolar de 2023/24, el programa fue sustituido por otras formas de intervención social consolidada, según lo dispuesto en la Ley núm. 198/2023.

222.La beca de formación profesional era, hasta el inicio del año escolar de 2023/24, un programa nacional que proporcionaba una ayuda económica mensual de 200 leus a todos los estudiantes de formación profesional. En el año escolar de 2022/23, el número total de becarios fue de 751.551, de los cuales 9.493 obtuvieron becas por su rendimiento; 260.562 recibieron becas de mérito; 92.004, de estudios y 389.492, de ayuda social.

223.Desde 2024, el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aplica el Programa Nacional de Alimentación Saludable, que constituye una iniciativa crucial para garantizar el acceso a una nutrición adecuada a los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos y surge como continuación natural de los resultados del programa piloto Comida Caliente y de la preocupación por los estudiantes que están expuestos a fracasar en sus estudios o de abandonarlos tempranamente debido a condiciones socioeconómicas y geográficas desfavorables.

224.El programa procura incluir unidades educativas preuniversitarias que enfrentan condiciones socioeconómicas y geográficas difíciles, en un esfuerzo por facilitar el acceso a la educación y prevenir el abandono escolar.

225.En 2024, un total de 458.833 estudiantes de 1.223 escuelas se beneficiarán del Programa Nacional de Alimentación Saludable y recibirán una ayuda alimentaria diaria por valor de 15 leus por persona, incluido el impuesto sobre el valor añadido.

226.El programa de educación secundaria denominado Segunda Oportunidad, implementado a partir del año académico de 2023/24, es una iniciativa destinada a ofrecer oportunidades de aprendizaje a personas que han superado la edad correspondiente a los cursos de la educación ordinaria en los que deberían haber estado matriculadas.

227.Pueden participar en el programa las personas que tengan al menos 4 años más que la edad correspondiente al curso en el que deberían haber estado matriculadas. Deben encontrarse en una de las siguientes situaciones: haber completado la educación primaria o haber completado los cursos correspondientes de la educación secundaria inferior (5º, 6º y 7º cursos).

228.Con el fin de mitigar el riesgo de abandono escolar temprano, centrándose en el apoyo a los niños desfavorecidos que reciben educación preescolar, primaria y secundaria inferior en el sistema público, el Programa de Inclusión y Dignidad Social puso en marcha en 2023 el proyecto Apoyo Educativo para Niños de Preescolar y Alumnos Desfavorecidos de los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria Inferior de la Educación Pública.

229.El grupo destinatario del proyecto está formado por niños desfavorecidos matriculados en escuelas públicas en el nivel preescolar que cumplan las condiciones, en julio de cada año, para obtener el apoyo educativo previsto para los niños de familias desfavorecidas; niños desfavorecidos matriculados en la escuela primaria pública que cumplan los criterios de ingresos establecidos en el Programa Nacional de Material Escolar, es decir, aquellos mantenidos por familias cada uno de cuyos miembros tenga, en julio de cada año, un ingreso neto mensual promedio del 50 %, como máximo, del salario mínimo bruto del país; y niños desfavorecidos matriculados en la escuela secundaria inferior pública que reúnan los criterios de ingresos establecidos en el Programa Nacional de Material Escolar, es decir, aquellos mantenidos por familias cada uno de cuyos miembros tenga, en julio de cada año, un ingreso neto mensual promedio del 50 %, como máximo, del salario mínimo bruto del país.

230.El Proyecto de Reforma de la Educación Inicial, cofinanciado por el Gobierno de Rumanía y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, y ejecutado entre 2009 y 2023, estuvo dirigido a los centros de enseñanza preescolar: se completaron las obras de 358; 31 tienen trabajos en curso; en otros 10 se va a iniciar el procedimiento de ejecución de las obras pendientes, y 3 centros se encuentran en fase de diseño.

231.En 2023, el Ministerio de Educación lanzó, en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, una convocatoria competitiva de proyectos para el desarrollo de servicios complementarios de educación inicial, destinada a mejorar la calidad de los servicios de educación inicial y aumentar las tasas de participación, tanto en el nivel previo al preescolar como en el preescolar, atendiendo hasta 20.000 niños de grupos desfavorecidos. Además de equipar los servicios, durante un período mínimo de 12 meses se financiarán los servicios de información, asesoramiento y apoyo a los padres, tutores legales o personas a cargo del niño.

232.El sistema educativo cuenta con recursos humanos romaníes, desglosados como sigue: 263 docentes que enseñan idioma romaní; 13 educadores que imparten enseñanza en romaní, su lengua materna; 22 maestros y maestras de primaria que enseñan en romaní, su lengua materna; 75 docentes de etnia romaní que dictan otras materias; 115 docentes que enseñan historia y tradiciones romaníes y 3 docentes que enseñan música en lengua romaní.

233.Además, dentro del Ministerio de Educación hay un cargo de subsecretario de Estado dedicado principalmente a cuestiones relacionadas con la minoría romaní.

234.En cuanto a la asignación de plazas específicamente destinadas a alumnos romaníes, en el año académico de 2023/24 se asignaron 6.151 vacantes para bachillerato y 1.963 para educación profesional y dual. Con respecto a la educación universitaria, se asignaron 479 plazas para estudios de grado, 214 para estudios de maestría y 75 para estudios de doctorado.

Descanso, esparcimiento y actividades recreativas, culturales y artísticas

235.En los últimos años se han intensificado las medidas destinadas a ofrecer sitios de esparcimiento adaptados a los niños. En particular, en la iniciativa Comunidades Adaptadas a la Infancia, de la Oficina del UNICEF en Rumanía, han participado las autoridades locales, el sector privado y, lo que es más importante, los propios niños y niñas.

236.Simultáneamente, a principios de 2024, el Senado aprobó un proyecto de ley que establece que los parques infantiles deben construirse de acuerdo con normas específicas para hacerlos accesibles y acogedores para los niños en general y, en especial, para los niños con discapacidad. El proyecto de ley ha sido remitido para su debate en la Cámara de Diputados.

J.Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) a d) y 38 a 40)

Niños refugiados y solicitantes de asilo

237.Mediante la Orden conjunta del Ministro de Administración e Interior y del Ministro de Familia, Juventud e Igualdad de Oportunidades núm. 119/20643/2023, se aprobaron las condiciones de nombramiento, la función, las obligaciones y los requisitos de formación, educación y experiencia profesional de las personas designadas representantes de los menores extranjeros no acompañados que soliciten u obtengan algún tipo de protección internacional.

238.Las situaciones en las que un menor puede ser sometido a medidas restrictivas durante el procedimiento de asilo están específicamente previstas en la Ley núm. 122/2004 relativa al asilo en Rumanía y van acompañadas de diversas garantías procesales.

239.En el caso de los menores, se prohíbe la restricción temporal de la libertad de circulación o el internamiento en espacios acondicionados al efecto, salvo en determinadas situaciones expresamente previstas por la ley.

240.La Inspección General de Inmigración podrá permitir que vivan con el solicitante miembros de su familia para los que se haya ordenado el internamiento en espacios cerrados especialmente acondicionados.

241.Con arreglo a las disposiciones de la Ordenanza de Emergencia del Gobierno núm. 194/2002 relativa al régimen de los extranjeros en Rumanía, no se puede ordenar la detención de los menores no acompañados en centros públicos de internamiento. Sin embargo, las familias con niños pueden ser alojadas en dichos centros, con la acotación de que los menores son acompañantes de uno de los progenitores o del representante legal, y no están detenidos. En situaciones en las que los familiares no quieran que los menores sean alojados en centros públicos de internamiento, los niños pueden ser acogidos y alojados en centros especiales de protección de menores, en las mismas condiciones que los menores rumanos.

242.Según las disposiciones legales, si una persona solicitante de asilo o extranjera declara que es menor de edad y no existen serias dudas sobre su minoría de edad, se la considera menor.

243.En los casos en que un menor no acompañado no pueda demostrar su edad y existan serias dudas sobre su minoría de edad, la Inspección General de Inmigración podrá pedir un examen médico-legal para evaluar la edad del solicitante o extranjero, previo consentimiento por escrito del menor y de su representante legal. Si el menor se niega a someterse a dicho examen y no se aportan pruebas concluyentes sobre su edad, se lo considerará adulto (se considerará que ya tenía 18 años al solicitar asilo).

244.En cuanto al desarrollo del mecanismo de identificación, derivación y asistencia de niños y niñas en el proceso de solicitud de asilo, la Inspección General de Inmigración aplica el Procedimiento de identificación, evaluación de necesidades, asistencia y derivación de personas vulnerables, que establece un conjunto unificado de normas relativas a los temas enunciados en el procedimiento y a la notificación de personas vulnerables detectadas entre los solicitantes de asilo.

245.Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en marzo de 2022, los niños de instituciones ucranianas acompañados por personal de la institución en calidad de tutores han sido acogidos en el sistema de protección especial.

246.Según las disposiciones legales sobre asilo, la identificación de las familias de los menores no acompañados solicitantes de asilo se realiza lo antes posible. Al identificar a la familia, la opinión del menor se tiene en cuenta y recibe la debida importancia, considerando la edad y el nivel de madurez del menor.

247.A través de las misiones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizaciones nacionales e internacionales, la Inspección General de Inmigración realiza gestiones para hallar a los padres del menor, otros familiares, los tutores designados o centros de acogida adecuados y obtener el acuerdo respectivo para la reunificación familiar o el acogimiento del menor.

248.La salida del territorio rumano del menor extranjero no acompañado se lleva a cabo una vez obtenida, de los padres u otros familiares que no se encuentren en Rumanía o del tutor designado, la conformidad a la reunificación familiar o una vez recibido el acuerdo de una institución especializada del Estado de retorno para acoger al menor.

249.Los menores solicitantes de asilo participan en cursos de aprendizaje de idioma rumano durante un año académico, tras el cual se inscriben en el sistema de enseñanza escolar obligatoria en igualdad de condiciones con los menores que son ciudadanos rumanos.

250.En cuanto a la superación de los obstáculos relacionados con los cursos de idioma rumano, en 2020, mediante una Decisión del Gobierno, se reguló el método de enseñanza intensiva impartida en esos cursos y se amplió el plazo de inscripción en ellos.

Explotación económica, incluido el trabajo infantil

251.Más allá del seguimiento constante de la aplicación local de la metodología de intervención multidisciplinaria e interinstitucional vinculada a los niños y las niñas explotados y en riesgo de explotación laboral, y a los niños y las niñas víctimas de la trata, se han incorporado en la Ley núm. 156/2023 medidas fundamentales para prevenir y erradicar la explotación económica de la niñez. Mediante el Observatorio de la Infancia y el apoyo prestado a los trabajadores sociales del Servicio Público de Asistencia Social y Protección de la Infancia (SPAS) para utilizar este instrumento, se refuerza la capacidad de detectar a los niños en riesgo de ser separados de sus familias, por ejemplo, los que enfrentan un “entorno abusivo y violento dentro de la familia y comportamientos de riesgo que pueden afectar negativamente las relaciones entre adultos y niños”; a estas situaciones se ha incorporado también la explotación económica de niños y niñas. El Observatorio de la Infancia facilitará la prestación de servicios individualizados para prevenir o enfrentar problemas, y podrá generar informes de situación con datos agregados a nivel local para complementar otra información, a partir de los cuales se podrán ajustar las intervenciones destinadas a prevenir y erradicar la explotación económica de los niños y las niñas, especialmente en el entorno familiar, la agricultura y la construcción, y a través de la mendicidad forzada.

Niños en situación de calle

252.Por medio de la Decisión del Gobierno núm. 1491/2022 se aprobaron la Estrategia Nacional de Inclusión Social de las Personas sin Hogar para el período de 2022 a 2027 y el Plan de Acción para el período de 2022 a 2027.

253.A través de una iniciativa conjunta en la que participaron la Agencia Nacional contra la Trata de Personas (ANITP), la Administración de Hospitales y Servicios Médicos de Bucarest, la Policía de Bucarest y las Direcciones Generales de Protección del Niño de Bucarest se puso en marcha el proyecto La Calle No es un Hogar, dedicado a la protección de menores institucionalizados que habían abandonado voluntariamente el sistema o habían sido dados por desaparecidos.

Venta, trata y secuestro

254.Entre 2017 y 2023, la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) investigó un total de 4.525 casos relacionados con el delito de trata de menores.

255.Durante el mismo período se formularon 460 acusaciones, se firmaron 24 acuerdos de aceptación de los cargos por ese delito y 1.136 acusados fueron enviados a juicio, incluidos 652 en prisión preventiva y 83 acusados menores de edad.

256.Del total de casos llevados ante los tribunales, 378 se resolvieron definitivamente y 756 acusados fueron condenados a penas de hasta 15 años de prisión.

257.La participación y el interés de socios gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado en las actividades dedicadas a combatir la trata de personas han sido notables. Entre 2017 y 2023 se llevaron a cabo más de 4.400 actividades de colaboración dentro de las alianzas existentes.

258.De 2017 a 2023, la ANITP utilizó los recursos a su disposición para apoyar más de 1.000 sesiones de capacitación dirigidas a 25.500 especialistas de diversas categorías sociales y profesionales que pueden entrar en contacto con víctimas o posibles víctimas de la trata de personas.

259.A través de alianzas con organizaciones como Save the Children, la Asociación de Asistencia Telefónica para la Niñez y la Asociación Incubadora Social se han realizado cuatro campañas de prevención de la trata, entre ellas “Infórmate para estar protegido”, destinada a prevenir la trata de menores promoviendo la conciencia sobre este problema, y “Trabajar en el extranjero de forma segura”, centrada en la protección de los niños cuyos padres trabajan en el exterior. Además, se lanzó una campaña en línea llamada “Manos felices, no manos heridas”, para prevenir la trata de menores, junto con la campaña de prevención “Tu seguridad no es juego”, orientada a niños, niñas, jóvenes y profesionales implicados en la lucha contra la trata que puedan entrar en contacto con víctimas o posibles víctimas de la trata de niños y niñas.

260.También se han organizado acciones preventivas en colaboración con la Compañía Nacional de Aeropuertos de Bucarest y el Colegio Nacional Gheorghe Lazăr, junto con la Asociación Sonrisa de Ángeles, el Instituto Coreográfico Floria Capsali y la Asociación Impronta de Bondad.

261.La ANITP y sus socios han puesto en marcha más de 850 proyectos, varios de ellos educativos, y campañas nacionales y locales para prevenir la trata de personas. Como parte de estas iniciativas, se han llevado a cabo más de 15.500 actividades de prevención, que han tenido alrededor de 1.020.000 beneficiarios directos. Las publicaciones con mensajes contra la trata y las útiles recomendaciones de la página de Facebook de la ANITP han llegado a más de 12.600.000 personas. La mayoría de estas acciones informativas se han dirigido a niños y niñas: estudiantes, menores en centros de acogida, madres menores de edad con hijos institucionalizados y niños y niñas de familias que reciben asistencia social.

262.Entre las acciones de prevención más importantes llevadas a cabo por la ANITP y los Centros Regionales durante el período de 2017 a 2023 dirigidas a reducir los riesgos y la vulnerabilidad entre los menores, se pueden mencionar las siguientes campañas: “Diez en Seguridad”, “¡Rompe el muro de la indiferencia! La trata de personas se puede prevenir”, “¡Dales libertad! No pagues por su explotación”, “Apuestas ciegas”, “¡Unidos, ofrecemos libertad!”, “¡Despliega tus alas! Conciencia significa libertad” y “Tú también puedes ser víctima de la trata de personas”.

263.Una de las iniciativas de prevención más importantes de 2023 es la campaña nacional “¿Buscas trabajo? ¡Atención a las trampas de la trata!”. Las actividades del proyecto pretendían reducir la vulnerabilidad de los niños y las niñas que quedan solos en casa porque sus padres trabajan en el extranjero alertándolos sobre la posibilidad de convertirse en víctimas de la trata de personas. La aplicación del componente en línea de la campaña consistió en la promoción de mensajes contra la trata, tanto de forma orgánica como a través de anuncios específicos en Facebook y TikTok, utilizando perfiles de beneficiarios elaborados de acuerdo con características como la ubicación, el idioma hablado, el rango de edad, el género, los comportamientos, los intereses, los estudios, etc. Como resultado de la promoción pagada y focalizada de los materiales en línea, se logró un impacto de más de 755.000 usuarios únicos en Facebook e Instagram y más de 752.000 visualizaciones en TikTok. Para apoyar el componente exterior, se produjeron 315.000 artículos de información y prevención (200.000 de ellos para su difusión en los pasos fronterizos por la Inspección General de Policía de Fronteras). Durante el período de ejecución de la campaña, se llevaron a cabo más de 340 actividades informativas y preventivas, que llegaron a más de 21.000 beneficiarios directos.

264.La ANITP y la DIICOT pusieron en marcha un Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, con el propósito de mejorar el nivel de información y concienciación de los grupos de riesgo, los profesionales del sector y la población en general sobre los peligros y las repercusiones de la trata. Las acciones conjuntas se dirigieron especialmente a los alumnos y alumnas de 8 a 18 años de centros educativos, así como a los profesionales que pueden tener contacto con víctimas de la trata.

265.Como parte del proyecto Jornadas de Acción Conjunta sobre la Trata de Niños, de la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra las Amenazas Delictivas (EMPACT), representantes de la ANITP, la Inspección General de la Policía Rumana y la Inspección General de Policía de Fronteras llevaron a cabo una serie de actividades informativas, sensibilizadoras y llamativas centradas en las vulnerabilidades de niños y niñas, y los riesgos de convertirse en víctimas de trata. Se realizaron actividades de prevención con mayor visibilidad, operaciones de recopilación de información y seguimiento de los indicadores de riesgo de trata en varios puntos fronterizos utilizados para la entrada y salida de viajeros del país, con el propósito de informar mejor a la población sobre la trata de niños.

266.Rumanía participó en la campaña europea de prevención de la trata de personas “¿Eres víctima de la trata? ¡Tienes derechos!”, que tenía por objeto distribuir material preventivo concebido para reducir la posibilidad de caer víctimas y para proteger a los menores y enseñarles a protegerse. Estos materiales se promocionaron a través de los canales de comunicación de la ANITP en los medios sociales, como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

267.Durante el año 2023, a nivel nacional, 275 especialistas en trata recibieron capacitación mediante 41 actividades (cursos, seminarios web, grupos de trabajo, sesiones informativas, talleres e intercambios de experiencias) en el ámbito de la trata de personas.

Administración de la justicia juvenil

268.El Instituto Nacional de la Magistratura (INM) procuró crear un sistema de justicia juvenil mediante la especialización de jueces y fiscales en áreas que guardan relación con la defensa de los derechos e intereses de los niños y las niñas. Durante el período de referencia, dentro de sus propios proyectos o en colaboración con otras entidades, organizó cursos centrados en tres ámbitos principales: la justicia juvenil, la lucha contra la violencia doméstica y la lucha contra la trata de personas.

269.En la esfera de la justicia juvenil, a lo largo del año 2017 se organizaron las siguientes actividades:

a)El seminario Escuchar a los Niños e Interactuar con Ellos durante los Procedimientos Judiciales, al que asistieron 12 jueces y 6 fiscales, y tuvo como objetivos capacitar a jueces y fiscales en los procedimientos de audiencia adaptados a los niños en las actuaciones civiles y penales, normalizar estos procedimientos en las diligencias judiciales y extender las buenas prácticas observadas en determinados tribunales;

b)El seminario Aspectos relacionados con la Responsabilidad Parental en la Unión Europea, incluido en el Catálogo Plus de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), que contó con la presencia de 11 jueces rumanos y 11 jueces extranjeros;

c)La ejecución del proyecto Asistencia para el Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Ámbito de la Formación de Jueces y Fiscales para la Aplicación de Nuevas Leyes, financiado con recursos del Programa de Cooperación Suizo-Rumana para la Reducción de las Disparidades Económicas y Sociales en la Unión Europea. Se organizaron seis seminarios sobre temas vinculados a la protección de la infancia y técnicas de escucha de menores, a los que asistieron 103 jueces, 21 fiscales y 1 persona asimilada a jueces y fiscales.

270.En el marco del proyecto Mejora de la Aplicación de los Reglamentos de la Unión Europea sobre Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, coordinado por la Academia de Derecho Europeo de Tréveris, se organizó un seminario nacional que contó con la presencia de 24 jueces. Como parte del proyecto se elaboró un conjunto de materiales relativos a los instrumentos jurídicos de la UE sobre cooperación judicial en materia civil. El seminario abordó aspectos relacionados con el divorcio y las obligaciones de pago de alimentos, la responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de niños, y las sucesiones transfronterizas.

271.Durante el año 2018, dentro del Catálogo Plus 2018 de la REFJ, se organizó un seminario sobre aspectos relacionados con la responsabilidad parental en la UE, al que asistieron 15 jueces rumanos y 2 jueces de Letonia.

272.En el año 2019 se organizaron dos seminarios en los que estuvieron presentes 16 jueces y 16 fiscales, y se abordaron los siguientes temas: el registro y la identificación adecuados de niños y niñas como víctimas de delitos y sus vulnerabilidades específicas (etnia romaní, origen inmigrante, discapacidades, género, etc.), los derechos y el desarrollo de los procedimientos judiciales de manera adaptada a la niñez, con inclusión de técnicas de entrevista a niños y la creación de marcos adecuados.

273.Durante el período de 2019 a 2023, el INM implementó el Proyecto Justicia 2020: Profesionalismo e Integridad, en cuyo marco se organizaron seminarios sobre justicia juvenil: 8 relativos a los aspectos civiles y 8, a los aspectos penales. Un total de 63 jueces y fiscales especializados en los aspectos civiles de la resolución de casos de menores y 114 jueces y fiscales especializados en los aspectos penales recibieron formación durante las sesiones de capacitación.

274.Como parte del proyecto se dictaron también 14 seminarios sobre las técnicas de entrevista en los procesos penales, de los cuales 6 abordaban las particularidades de las entrevistas a personas vulnerables (niños, niñas, adultos, personas con discapacidad mental).

275.El INM organiza todos los años la Escuela de Verano, que tiene lugar en zonas que permiten una amplia participación de magistrados rumanos. Las ediciones de los años 2021 y 2022 giraron en torno al tema de la justicia juvenil y tuvieron la participación de 57 jueces, fiscales, auditores judiciales, magistrados asistentes del Tribunal Superior de Casación y Justicia y representantes del Ministerio de Justicia de Rumanía.

276.El INM coordinó en 2021 el programa piloto de tramitación eficiente de causas penales por delitos contra la libertad y la integridad sexual de víctimas menores de edad, que tuvo por objeto reforzar la capacidad de su propia unidad y de las fiscalías subordinadas de la Fiscalía adscrita al Tribunal de Bucarest para tratar casos penales relacionados con este tipo de delitos, a la luz de la detección de cualquier práctica no uniforme y de las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Rumanía. El programa estuvo dirigido a un total de 16 fiscales de la Fiscalía adscrita al Tribunal de Bucarest y de las fiscalías adscritas a los tribunales de los sectores 1 a 6, específicamente designados para tratar este tipo de casos. La capacitación se centró en la adquisición de técnicas para entrevistar a menores según las normas descritas en el protocolo de entrevistas del Instituto Nacional de Sanidad Infantil y Desarrollo Humano.

277.El programa continuó en 2022 con una actividad de seguimiento, a la que asistieron 19 fiscales de la Fiscalía adscrita al Tribunal de Bucarest y de las fiscalías adscritas a los tribunales sectoriales, y 1 psicólogo.

278.Dentro del Programa de Formación Continua del INM para 2021, se organizaron en Bucarest dos seminarios de formación, de dos días de duración cada uno, sobre el tema del abuso sexual contra menores, con la participación de 22 jueces y 15 fiscales.

279.Con el apoyo de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para la Infancia, el INM organizó en 2021 un seminario sobre investigación de delitos de abuso sexual contra menores de edad, destinado a capacitar a 12 fiscales y 12 policías especializados en la investigación de delitos contra la libertad y la integridad sexual de los menores.

280.Durante el período de 2021 a 2023, para alcanzar el objetivo vinculado a la formación profesional de los recursos humanos, en 15 seminarios se capacitó a 353 profesionales del sistema: jueces, fiscales, consejeros de la DGASPC, consejeros de libertad condicional y policías.

281.En 2023 se organizaron cinco seminarios de capacitación en el marco del proyecto Establecimiento de Normas Nacionales en la Investigación Científica de la Violencia Sexual contra Niños y Niñas: Programa de Formación de Formadores y Fortalecimiento de la Red Nacional de Profesionales, financiado por la Oficina del UNICEF en Rumanía y dirigido por la Asociación de Víctimas de Delitos Sexuales, en colaboración con el INM. Los cinco seminarios sobre el tema Pruebas Específicas para las Entrevistas a Niños Víctimas de Abusos Sexuales estuvieron destinados a fiscales especialmente designados de varios condados y de la DIICOT, así como a agentes de policía. La formación se centró en técnicas modernas de entrevista a menores y en la presentación del Protocolo del Instituto Nacional de Sanidad Infantil y Desarrollo Humano, revisado en 2018. Asistieron a los seminarios 62 participantes en total, entre ellos fiscales, policías y otros expertos.

282.En el ámbito de la lucha contra la trata de personas, en 2017 el INM fue uno de los socios beneficiarios del proyecto Lucha contra la Trata de Personas y Migración en el Contexto Europeo, financiado con fondos europeos no reembolsables, coordinado por la Asociación Pro Refugiu de Rumanía y propuesto para su financiación por la Comisión Europea. En tal calidad, el INM seleccionó a magistrados expertos del proyecto, así como a los participantes en dos conferencias: 4 jueces y 4 fiscales. En 2018, 3 jueces participaron en la conferencia final del proyecto.

283.En 2019, el INM organizó un seminario en Bucarest sobre la Lucha contra la Trata de Personas, al que asistieron 7 jueces y 7 fiscales, así como 1 juez y 1 fiscal de la República de Moldova.

284.A partir de 2020, el INM inició el proyecto Justicia 2020: Profesionalidad e Integridad, con el código SIPOCA 453, que también incluyó la organización de seis seminarios en Bucarest en la esfera de la lucha contra la trata de personas, dirigidos a jueces y fiscales con experiencia en la tramitación de casos relacionados con la trata. Los seis seminarios llevados a cabo durante el período de 2021 a 2023 reunieron a un total de 39 jueces y 56 fiscales. Además, en 2023 se organizaron tres seminarios en este ámbito, como parte del proyecto Fortalecimiento de la Respuesta Proactiva del Sistema Judicial a la Trata de Personas en Rumanía, dictados por International Justice Mission con el apoyo de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y destinados a 42 jueces que se ocupan de casos relacionados específicamente con delitos de trata.

285.La formación profesional de los fiscales en el ámbito de la protección de las víctimas menores de edad se ha realizado dentro de proyectos implementados por la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia, a través de programas de formación profesional desarrollados en el Instituto Nacional de la Magistratura y, de manera descentralizada, en sesiones de capacitación organizadas en las fiscalías adscritas a los tribunales de apelación.

286.Como parte del proyecto Protección de las Víctimas de Delitos, ejecutado por la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia en colaboración con la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea y dedicado al tema de los menores víctimas de delitos y las víctimas de delitos motivados por el odio o los prejuicios, está previsto impartir sesiones de capacitación sobre los niños y las niñas como víctimas de delitos para un total de 60 participantes, entre ellos fiscales y otros profesionales.

287.En 2023, la Agencia Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como promotora del proyecto VioGen-RoJust, implementado en colaboración con varias ONG del sector, organizó una serie de actividades de formación profesional en la esfera de la violencia doméstica y los abusos sexuales, a las que asistieron 148 fiscales.

288.El Ministerio Público ha llevado a cabo varios programas de capacitación profesional continua que abordan diversos temas, entre ellos la violencia contra la infancia. Las fiscalías han organizado seminarios sobre temas como la explotación económica de personas vulnerables; medios de prevenir y combatir la violencia sexual en todas sus formas, incluidos los actos cometidos en el entorno cibernético; las agresiones sexuales; la investigación de delitos cometidos contra la libertad y la integridad sexual de menores; el nuevo Código Penal; el nuevo Código de Procedimiento Penal, en especial la lucha contra la violencia doméstica, incluida la violencia contra los menores; la justicia de menores; el régimen de responsabilidad de menores: ejercicio de la acción penal de oficio o por denuncia en casos con víctimas menores de edad cuando exista conflicto de intereses entre el menor y su representante legal; técnicas para entrevistar a menores; violencia familiar: el artículo 199 del Código Penal; delitos cometidos contra un miembro de la familia: orden de protección, Ley núm. 217/2003 dirigida a prevenir y combatir la violencia familiar. Práctica judicial; delitos de violencia (incluidos los cometidos contra menores); la orden de protección a la luz de las nuevas disposiciones legales; orden de protección regulada por la Ley núm. 217/2003 con modificaciones y complementos introducidos a través de la Ley núm. 174/2018; orden provisional de protección; tramitación de asuntos en los que están implicados menores y derechos de los menores víctimas en el proceso penal; justicia de menores: modificaciones legislativas; extinción del proceso penal en casos de violencia familiar; escucha de las víctimas menores de edad en el proceso penal; delito de violación: doctrina y jurisprudencia, y procedimiento penal en casos de menores.

289.En 2023, en la Escuela de Formación de la Policía Fronteriza de Drobeta-Turnu Severin, se organizó el Campamento de Campaña de la Academia de Policía Fronteriza, al que asistieron 20 niños, 2 de ellos refugiados ucranianos.

290.En 2023 y 2024, la Escuela de Formación estableció alianzas con el Centro Escolar Constantin Pufan para la Educación Inclusiva, donde se llevaron a cabo actividades conjuntas en las que participaron niños con necesidades especiales de esta institución. Los cursos organizados abordaron el tema “Respeto de los derechos humanos en actividades específicas de la Policía de Fronteras: derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes, y prohibición de discriminación”.

291.Además, se impartió un programa de capacitación titulado Respeto de la Identidad Étnico-lingüística de los Romaníes en Actividades Específicas de la Policía de Fronteras. El curso abordó temas como la discriminación, los niños y niñas romaníes, la situación de las mujeres romaníes, las vulnerabilidades específicas de los miembros de la minoría romaní y aspectos relacionados con la cultura, la educación y las tradiciones, entre otros.

292.En el Puesto de Policía Fronteriza del Aeropuerto Henri Coandă se llevaron a cabo campañas informativas y se distribuyeron folletos sobre los derechos de los menores, con la colaboración de representantes de la Agencia Nacional contra la Trata de Personas.

293.En el Ministerio de Administración e Interior y la Inspección General de la Policía Rumana, el plan de estudios para la cualificación profesional de agente de policía de nivel 5 incluye, dentro de la esfera de formación militar, orden y seguridad pública, aspectos relacionados con los menores en el contenido de varios temas de capacitación.

294.El Centro de Formación y Perfeccionamiento de Agentes de Policía Nicolae Golescu de Slatina impartió cursos sobre temas relevantes, incluida una sesión de capacitación sobre prevención y detección de delitos en los que estén implicados niños, niñas y personas vulnerables.

295.La reconciliación entre las partes ya no se considera causal de extinción de la responsabilidad penal en los casos de violencia doméstica, independientemente de que la víctima sea menor o mayor de edad.

296.Antes de esta modificación, el artículo 199, párrafo 2, del Código Penal estipulaba que, en el caso de los delitos tipificados en los artículos 193 y 196 cometidos contra un miembro de la familia, la acción penal podía iniciarse de oficio y la reconciliación eliminaba la responsabilidad penal.

297.Después de las modificaciones introducidas por la Ley núm. 233/2020, el artículo 199, párrafo 2, del Código Penal establece que, en el caso de los delitos tipificados en los artículos 193 y 196 cometidos contra un miembro de la familia, la acción penal puede iniciarse de oficio.

298.Por lo tanto, la posibilidad de retirar la denuncia se mantiene si la acción penal se hubiera iniciado después de la presentación de una denuncia por la víctima. No obstante, si la acción penal se hubiera iniciado de oficio, no se extinguirá por la manifestación de intención de la víctima de retirar su denuncia o de reconciliarse con el autor.

299.La Ley núm. 186/2021 introdujo, en el artículo 266, párrafo 11, del Código Penal, una variante asimilada del delito de omisión de denuncia que incrimina el acto de una persona que, teniendo conocimiento de la comisión de un delito penal, de un delito de trata y explotación de personas vulnerables, o de delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos contra un menor, no lo notifique inmediatamente a las autoridades.

300.La Ley núm. 186/2021 amplió el alcance de la obligación de denunciar para incluir los delitos específicamente indicados en el artículo 266, párrafo 11, del Código Penal, cometidos contra un menor.

301.La Ley núm. 217/2023 introdujo como delitos independientes la violación y la agresión sexual cometidas contra un menor. La nueva normativa presume la ausencia de consentimiento de un menor que no haya cumplido 16 años en el momento del acto sexual cometido por un adulto, así como de un menor que no haya cumplido 14 años en el momento del acto sexual cometido por un menor de más de 14 años, excepto cuando la diferencia de edad entre la víctima y el autor no supere los 5 años.

302.Asimismo, en cuanto a la prescripción de la responsabilidad penal, en el caso de los delitos de trata y explotación de personas vulnerables y los delitos contra la libertad e integridad sexual, distintos de los tipificados en el artículo 153, párrafo 2, apartado c), del Código Penal, así como del delito de utilización de un menor en la pornografía, el plazo de prescripción comienza a correr desde la fecha en que el menor alcanza la mayoría de edad. Si el menor hubiera fallecido antes de alcanzar la mayoría de edad, el plazo de prescripción empieza a correr desde la fecha del fallecimiento.

303.La Ley núm. 248/2023 preveía como circunstancia agravante (que aumentaba en un tercio los límites de la pena) la comisión del delito contra una víctima menor de edad en el caso de delitos como la agresión u otro tipo de violencia, las lesiones corporales y el acoso tipificados en el Código Penal.

304.Mediante la Ley núm. 217/2023 se introdujeron nuevas modificaciones en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, con el objeto de otorgar más protección a los menores en las actuaciones penales. De conformidad con el artículo 93, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal, la asistencia letrada es obligatoria cuando la parte damnificada o la parte civil sea una persona sin capacidad jurídica o con capacidad jurídica restringida, o cuando la parte damnificada o la parte civil sea víctima de uno de los siguientes delitos: maltrato de un menor, violencia doméstica, esclavitud, trata de personas, trata de menores, trabajo forzoso u obligatorio, proxenetismo, explotación de la mendicidad, utilización de un menor para la mendicidad, utilización de los servicios de una persona explotada, explotación sexual de niños y niñas en la prostitución, violación, violación cometida contra un menor, agresión sexual, agresión sexual contra un menor, corrupción sexual de menores, captación de menores con fines sexuales, acoso sexual y utilización de niños y niñas en la pornografía.

305.El Código de Procedimiento Penal establece que, de oficio o a petición expresa de la parte damnificada o del fiscal, la sesión judicial se debe celebrar a puertas cerradas durante todo su transcurso si la parte damnificada es menor de edad y es víctima de alguno de los delitos previstos en los artículos 197, 199, 209-2161, 218, 2181, 219, 2191, 221, 222, 223 y 374 del Código Penal.

306.Con arreglo al artículo 3551 del Código de Procedimiento Penal, introducido recientemente por la Ley núm. 217/2023, los casos de menores víctimas de alguno de los delitos previstos en los artículos 197, 199, 209-2161, 218, 2181, 219, 2191, 221, 222, 223 y 374 del Código Penal se deben juzgar con carácter urgente y prioritario. En estas situaciones, los plazos del juicio suelen fijarse en siete días y, por razones fundadas, el tribunal puede fijar plazos más cortos o más largos.

307.A fin de modificar la forma en que los organismos encargados de hacer cumplir la ley manejan los casos penales que involucran a víctimas menores de edad, en virtud de la Orden núm. 294/2018 del Fiscal General de la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia (PICCJ) se creó la Red Nacional de Fiscales Especializados en la Investigación de Casos de Delitos Cometidos por o contra Menores de Edad. Esta red está integrada por un fiscal de cada fiscalía adscrita a un tribunal, un fiscal militar de la Fiscalía Militar adscrita al Tribunal Militar de Bucarest y fiscales de la DIICOT.

308.La red de fiscales entró en funcionamiento en 2019, y sus miembros fueron escogidos, por los responsables de las fiscalías en las que trabajan, para participar en diversas actividades de capacitación profesional centradas en la protección de los derechos de los menores y la justicia juvenil en general.

309.Mediante la Orden núm. 64/2023 del Fiscal General de la PICCJ, se designó a los fiscales de la DIICOT que realizan investigaciones penales o participan en la resolución de casos relacionados con delitos bajo la jurisdicción de esta dirección que han sido cometidos por o contra menores.

310.En las fiscalías de los sectores 1 a 6 de Bucarest, las actividades son llevadas a cabo principalmente por fiscales designados y especializados.

311.Las entrevistas a las víctimas menores de edad están más que nada a cargo de fiscales o policías especializados, se realizan en salas diseñadas al efecto y en su transcurso se suele utilizar el Protocolo del Instituto Nacional de Sanidad Infantil y Desarrollo Humano o su versión revisada, o elementos de estos protocolos.

312.Desde 2022, la PICCJ ejecuta el proyecto Protección de las Víctimas de la Delincuencia, junto con los siguientes socios institucionales: la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Prevención de la Delincuencia, y cuatro delegaciones de la DGASPC de Bucarest, sectores 2, 3, 4 y 5. El proyecto procura mejorar la protección de las víctimas, especialmente los niños y las niñas, las víctimas de delitos de odio y la población romaní.

313.Durante el año 2023, se elaboraron el proyecto de guía para entrevistar a los niños y las niñas víctimas de delitos, y la Guía para investigar y enjuiciar los delitos contra niños y niñas.

314.A fin de aplicar las disposiciones del artículo 37, párrafos 1 y 2, de la Ley núm. 211/2004 sobre determinadas medidas para garantizar la información, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y el artículo 5, párrafos 2, 3 y 4, de la Metodología de evaluación e intervención multidisciplinaria e interinstitucional en la prestación de servicios de apoyo y protección a las víctimas de delitos, aprobada por la Orden Conjunta del Ministro de Trabajo y Solidaridad Social, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia núm. 173/65/3042/C/2021, en 2023 la Sección de Procesamiento Penal de la PICCJ elaboró un formulario normalizado para informar a las víctimas durante las investigaciones penales, en el contexto del proyecto de sistema integrado de gestión de las audiencias.

315.Según las disposiciones del Código Penal, los menores que cometen delitos solo pueden ser objeto de medidas educativas: medidas no privativas de libertad (etapa de formación cívica, supervisión, internamiento durante los fines de semana y asistencia diaria) y medidas privativas de libertad (internamiento en un centro educativo e internamiento en un centro de detención).

316.La etapa de formación cívica implica la obligación del menor de participar en un programa de hasta cuatro meses de duración que lo ayudará a comprender las consecuencias jurídicas y sociales que acarrea cometer delitos y a hacerse responsable de su comportamiento en el futuro. La organización, la participación y la supervisión del menor son coordinadas por el servicio de libertad condicional, sin afectar al programa escolar o profesional del menor.

317.La medida educativa de supervisión consiste en vigilar y orientar al menor en su programa diario durante un período que oscila entre 2 y 6 meses, con la coordinación del servicio de libertad condicional, para asegurar su participación en cursos escolares o de formación profesional y evitar que tome parte en actividades o se relacione con personas que puedan obstaculizar su proceso de rehabilitación.

318.El internamiento durante los fines de semana obliga al menor a no salir de su residencia los sábados y domingos durante un período que oscila entre 4 y 12 semanas, excepto cuando esté obligado a participar en determinados programas o actividades impuestos por el tribunal. La supervisión está coordinada por el servicio de libertad condicional.

319.La medida educativa de asistencia diaria implica la obligación del menor de cumplir un calendario establecido por el servicio de libertad condicional, que contiene el horario y las condiciones de ejecución de las actividades, así como las prohibiciones impuestas al menor. Esta medida se aplica durante un período que varía entre 3 y 6 meses, y su supervisión está coordinada por ese servicio.

320.En cuanto a velar por que la privación de libertad se utilice como medida de último recurso y durante el período más breve posible, cabe señalar que tanto las medidas educativas que pueden adoptarse en relación con los menores que han cometido delitos como su duración son determinadas por el juez.

321.Las medidas educativas que implican privación de libertad se implementan en condiciones que no restrinjan el derecho a la intimidad de manera indebida ni más de lo estrictamente necesario para su aplicación. Los regímenes de ejecución de estas medidas se fundan en una serie de normas específicas.

322.Durante el juicio, los menores en prisión preventiva cumplen la medida cautelar en centros de detención o centros de prisión preventiva. Para comparecer ante las autoridades judiciales, por un período máximo de diez días pueden ser trasladados a secciones especiales de prisión preventiva dentro de los establecimientos penitenciarios, donde se los aloja separados de los adultos.

323.Durante el intervalo mencionado, cuando los menores en prisión preventiva cumplen la medida cautelar, se tienen en cuenta las especificidades de su edad y se les asegura la asistencia psicosocial necesaria para evitar cualquier daño a su desarrollo físico, psicológico o moral.

324.Al cumplir los 18 años, el menor detenido permanece en el lugar o bien es trasladado a un centro de detención.

325.El régimen de ejecución de la medida educativa de internamiento en un centro educativo es común para todas las personas internadas y se personaliza en función de las actividades de rehabilitación dirigidas a atender sus necesidades de desarrollo físico y psicológico.

326.Las personas internadas en un centro educativo se alojan juntas, pueden desplazarse sin compañía dentro del centro, en las zonas especificadas en el reglamento interno, y pueden realizar actividades educativas, culturales, ético-religiosas, de asistencia psicológica y de asistencia social específica, o trabajar tanto dentro como fuera del centro sin supervisión.

327.En cada centro se establece un consejo educativo, que tiene la finalidad de personalizar el régimen de aplicación de la medida educativa de internamiento determinando la asistencia educativa, psicológica y social que se presta a cada interno.

328.Para ello, el consejo tiene en cuenta la asistencia educativa, psicológica y social específica que debe prestarse a la persona internada.

329.La administración del centro garantiza a las personas internadas la supervisión, observación y asistencia por parte del personal de vigilancia, los educadores, los psicólogos, los trabajadores sociales, los docentes, los médicos, los sacerdotes y el personal administrativo.

330.Las personas internadas participan en actividades específicas relacionadas con el trabajo, la enseñanza escolar, la formación profesional, la educación y la asistencia cultural, ético-religiosa, psicológica y social.

331.El alojamiento de los menores suele ser colectivo; normalmente se los separa de los adultos, y se respeta el principio de segregación por género.

332.Los centros están equipados con espacios adecuados para alojamiento, preparación de alimentos y comedores, actividades de enseñanza escolar y formación profesional, asistencia social y psicológica, y actividades educativas, morales y religiosas, culturales, deportivas y recreativas, así como para la recepción de visitantes; además, se presta asistencia y tratamientos médicos.

333.Cada interno dispone de un espacio individual para dormir y tiene la oportunidad de participar en actividades en el patio, según un calendario aprobado por la dirección de la unidad.

334.Los internos pueden pasar la mayor parte del tiempo en las zonas comunes, tanto en las que se encuentran dentro como fuera de los pabellones de alojamiento (complejo cultural y deportivo, campos de deportes, escuela y espacios destinados a actividades laborales o administrativas y domésticas).

335.Los menores sujetos al régimen abierto en un centro de detención tienen derecho a 8 visitas al mes, mientras que los sujetos al régimen cerrado tienen derecho a 6.

336.Antes de que las personas internadas cumplan los 18 años, su internamiento en un centro de detención o un centro educativo se puede sustituir por la medida de asistencia diaria, si cumplen las condiciones previstas por la ley.

337.El consejo o la comisión educativa, según lo disponga la ley, con la participación del juez de vigilancia, en calidad de presidente, y de un agente de libertad vigilada del servicio de libertad condicional, determina, en presencia del menor, si este ha mostrado un interés constante en adquirir conocimientos educativos y profesionales y ha progresado hacia la reinserción social, y formula una propuesta para sustituir el internamiento por la medida de asistencia diaria. La propuesta también tiene en cuenta los períodos de internamiento anteriores.

338.Las actividades y los programas de reinserción social están a cargo de personal especializado, como educadores, psicólogos, trabajadores sociales, sacerdotes, monitores deportivos y agentes técnicos. Estas actividades se organizan y llevan a cabo tanto en el establecimiento de detención como en la comunidad, teniendo en cuenta el comportamiento de los internos.

339.Cada centro educativo y de detención tiene un proyecto educativo que estructura y organiza la educación y la asistencia psicosocial que se proporciona a los internos en función de sus necesidades individuales. La colaboración con la comunidad condiciona el desarrollo y la aplicación de todos los componentes del proyecto educativo, con el propósito de implicar a las familias y las comunidades en el proceso de reintegración social de las personas que han sido objeto de medidas educativas. También se procura que instituciones y responsables políticos intercambien información.

340.Para asegurar un nivel adecuado de interacción social, el tiempo mínimo que los internos pasan en actividades y programas fuera de sus habitaciones es de seis horas.

341.Los internos participan diariamente en actividades deportivas o de educación física y, semanalmente, en actividades ocupacionales o relacionadas con sus aficiones. Al menos una vez al mes se organiza un concurso educativo. Todos los internos tienen acceso semanal a la biblioteca, y se organizan para ellos actividades mensuales relacionadas con los libros. Además, los menores reciben asistencia moral y religiosa proporcionada por el sacerdote de la unidad y por colaboradores de confesiones religiosas legalmente reconocidas. Se efectúan actividades mensuales de difusión artística o cultural, con la cooperación de asociados de la comunidad, ya sea en esta o en el centro.

342.En los centros educativos y de detención, el personal especializado se reúne con representantes del entorno de apoyo de los internos al menos semestralmente.

Niños y niñas que son víctimas y testigos de delitos

343.Conforme a las disposiciones de la Ley núm. 682/2002 sobre protección de testigos, cuando sea necesario podrán utilizarse técnicas y métodos específicos adaptados a la edad de los niños y las niñas y al asunto investigado, en presencia de los padres o tutores, y respetando la legislación vigente.

344.Los menores víctimas o testigos de delitos tienen derecho a garantías efectivas de que se les aplicarán procedimientos adaptados a ellos y tendrán acceso a servicios de protección, recuperación y reintegración.

345.La audiencia de los menores víctimas de delitos se realiza en condiciones especiales; ellos tienen derecho a recibir asistencia jurídica obligatoria en todos los casos, según lo dispuesto en el artículo 93, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal, y durante la audiencia se les dan a conocer sus derechos procesales.

346.En el seno del Ministerio de Administración e Interior y la Inspección General de la Policía Rumana, se ha procurado difundir las disposiciones de las dos leyes mencionadas entre las estructuras de investigación criminal de la Dirección de la Policía Metropolitana de Bucarest y las inspecciones de policía de los condados. Se han distribuido formularios normalizados de los dos documentos a las estructuras territoriales. El artículo 124 del Código de Procedimiento Penal prevé garantías similares para oír a testigos menores de edad.

347.Las audiencias de menores, tanto si se trata de menores en conflicto con la ley penal como de víctimas o testigos de delitos, se desarrollan en condiciones específicas adaptadas a la edad del menor en cuestión. Se procura reducir los riesgos de victimización secundaria y reiterada, o de intimidación y represalias, mediante la aplicación de un marco adecuado para llevar a cabo la actividad y el uso de técnicas particulares de entrevista por parte de agentes de policía especialmente formados para ello.

348.En el Ministerio de Administración e Interior y la Inspección General de la Policía Rumana, se han realizado esfuerzos para implementar el Programa Nacional de Apoyo a la Infancia denominado Cuidado de los Niños y las Niñas, en el contexto de la pandemia de COVID-19, aprobado por medio de la Ordenanza de Emergencia del Gobierno núm. 105/2021. Para entrevistar a menores, se crearon en todo el país 49 salas que cubren 41 unidades administrativo-territoriales.

349.En cuanto a la tramitación de las denuncias de intimidación a las víctimas, los menores víctimas de delitos que son objeto de actos de intimidación disponen de varias vías mediante las cuales pueden solicitar que las autoridades estatales las ayuden a protegerse. Las víctimas tienen la posibilidad de presentar una denuncia penal, que se tramitará conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal y en la Orden Conjunta de la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia y el Ministerio del Interior núm. 56/2014.

350.Entre las herramientas y las medidas a disposición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, destacamos la orden de protección provisional dictada de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 217/2003 dirigida a prevenir y combatir la violencia doméstica, con sus posteriores modificaciones y complementos. Mediante esta orden se pueden imponer una o varias medidas de protección durante un período de cinco días, destinadas a reducir el riesgo inminente detectado.

351.Otra herramienta a disposición del fiscal está prevista en los artículos 125 y 126 del Código de Procedimiento Penal relativos al testigo amenazado y a las condiciones para el otorgamiento de este estatuto.

La información y los datos estadísticos se presentan en el anexo