Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

48º período de sesiones

Acta resumida (parcial)* de la 14ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 8 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Quinto informe periódico de España (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Quinto informe periódico de España (continuación) (E/C.12/ESP/5; E/C.12/ESP/Q/5 y Add.1; HRI/CORE/ESP/2010)

Artículos 10 a 12 (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de España toma asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. Abdel-Moneim solicita a la delegación más información sobre la evolución del índice de precios de consumo a lo largo del período que abarca el informe y pregunta si está vinculado a la escala de salarios. También desearía conocer la magnitud de la carga fiscal relativa a los ingresos y saber si se utiliza la política fiscal para reducir las desigualdades de ingresos y qué medidas está adoptando el Estado parte para combatir la evasión fiscal.

3.El Sr. Texier desearía tener más información sobre la situación de las personas sin hogar en España y las medidas adoptadas para asistirles. El auge de la construcción fue una de las causas fundamentales de la crisis económica en España y dejó una larga estela de casas vacías o sin acabar. Pregunta qué solución se ha planteado a este problema y si hay planes para usar estas casas para las personas sin hogar propio o sin vivienda adecuada.

4.El Sr. Kedzia se muestra sorprendido porque durante el Examen Periódico Universal (EPU), España rechazó tres recomendaciones sobre la trata de personas: diseñar un plan nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas; crear un mecanismo que garantice la correcta identificación de las víctimas de la trata; y adoptar las medidas necesarias para velar por que las extranjeras víctimas de la trata tengan acceso al procedimiento de asilo. Pide a la delegación que explique por qué se rechazaron esas recomendaciones.

5.El Sr. Marchán Romero (Relator para el país) afirma que el Estado parte cuenta con diversos planes para combatir la pobreza y la exclusión social y no con una política integral. Sería oportuno trazar un plan que completara las lagunas con medidas eficaces para abordar cuestiones específicas vinculadas con los derechos económicos, sociales y culturales afectados por la crisis económica.

6.El orador elogia al Estado parte por la promulgación del Real Decreto-ley Nº 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Sin embargo, los avances se ven socavados por los estrictos requisitos estipulados en el Real Decreto-ley en relación con la condición de desempleado del deudor y el precio de su casa y por las disposiciones de la Ley Nº 19/2009, comúnmente llamada "Ley del desahucio exprés". Pregunta si sería factible ampliar el Real Decreto-ley para que beneficie a más personas afectadas por la crisis e indemnice a las personas perjudicadas por la Ley.

7.El Presidente, interviniendo en calidad de miembro del Comité, se interesa por las medidas que el Estado parte tiene previsto introducir para abordar la falta de viviendas sociales, en particular para las personas marginadas. Asimismo, desearía saber la opinión de la delegación sobre las afirmaciones procedentes de fuentes de la sociedad civil de que no hay ninguna legislación que regule el desalojo forzoso. Por último, la legislación no recoge definición alguna de la condición de persona sin hogar y pregunta si se han estudiado las causas y las principales víctimas en el aumento de casos de esta situación. ¿Puede ser que el aumento esté vinculado con los desalojos forzosos y la falta de viviendas sociales? En sus conclusiones finales de 2004, el Comité puso de manifiesto estos problemas, que probablemente se han agravado a raíz de las recientes medidas de austeridad.

8.El Sr. Coria (España) afirma que los centros de internamiento de extranjeros se rigen por nuevas disposiciones legales y que la gestión de los centros se ha adaptado a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Los centros tienen dos áreas de gestión: la seguridad es responsabilidad del Cuerpo Nacional de Policía, y personal especializado de asistencia ajeno a las fuerzas de seguridad desarrolla iniciativas para mejorar el bienestar y la salud de los internos. Los centros también van a pasar a denominarse centros de estancia controlada de extranjeros para reflejar con mayor precisión su función. La Ley de extranjería de 2009 ya mejoró el control judicial de los centros al asignar dicha función a un juez y al enumerar los derechos de los internos, como por ejemplo el derecho a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales (ONG) y a que estas visiten los centros.

9.El orador subraya que la duración media de la estancia en estos centros, de tan solo 18 días, es relativamente corta en comparación con otros países europeos y sensiblemente inferior al límite máximo de 60 días. Las dos muertes que se produjeron en los centros de Madrid y Barcelona están siendo investigadas por los jueces de instrucción, pero recalca que en el momento en que se registraron ambos centros contaban con médicos y personal de enfermería cualificados in situ. Todas las denuncias anteriores de malos tratos fueron desestimadas tras las correspondientes investigaciones.

10.La Sra. Le Bolay (España) declara que, aunque España no ha ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la mayoría de las disposiciones de ese instrumento están recogidas en la legislación española.

11.A menudo, los medios de comunicación han malinterpretado las acciones del Gobierno en relación con la atención médica de los extranjeros. Las Cortes Generales estudian en la actualidad la normativa que redefine los derechos de los extranjeros a la atención médica. La nueva legislación aborda de manera específica el fraude cometido por ciudadanos de la Unión Europea (UE) que reciben tratamiento en otro país tras un período de residencia en España pero cuya factura se manda al Gobierno de España. El error es fruto de una transposición excesivamente flexible del derecho de la Unión Europea en la legislación española. En 2009, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea confirmó que los extranjeros indocumentados tienen derecho a la atención médica únicamente en caso de urgencia. La nueva legislación no modificará el acceso a los servicios médicos ni de los extranjeros indocumentados ni de los extranjeros residentes en España ni de determinadas categorías de personas en situación de vulnerabilidad. Un informe del Tribunal de Cuentas concluyó que tan solo en 2009 España envió a otros países facturas médicas de más de 700.000 personas por estos motivos.

12.El Sr. Salama Salama (España) manifiesta que la legislación penitenciara reconoce tres grados en el régimen penitenciario de acuerdo con la peligrosidad de los reclusos y su nivel de integración social. Al ingresar en prisión, los reclusos son evaluados por un equipo técnico y una junta de evaluación cuyo informe constituye la base para las decisiones de la administración penitenciaria sobre el régimen de los reclusos. Estas decisiones de los centros penitenciarios pueden ser revisadas por el juez de vigilancia penitenciaria a petición de los propios reclusos o de la fiscalía. Es posible recurrir las decisiones del juez de vigilancia penitenciaria ante los tribunales ordinarios, y los recursos pueden llegar incluso al Tribunal Constitucional en caso de violaciones de los derechos fundamentales. El régimen penitenciario de primer grado, previsto para los reclusos de alto riesgo, se aplica en establecimientos de régimen cerrado con condiciones penitenciarias especiales; el segundo grado está sujeto a las condiciones penitenciarias normales; y el tercer grado es un régimen semiabierto en el que los reclusos abandonan el establecimiento correspondiente para trabajar durante el día y pernoctan en él.

13.En cuanto a si se consultó con las organizaciones implicadas el Real Decreto-ley de 2012 sobre el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la Constitución, en caso de urgente necesidad los decretos-leyes pueden ser sometidos a debate y votación al Congreso de los Diputados, en un plazo de 30 días, para su convalidación o derogación. Dicha sesión está convocada para el 17 de mayo y entonces los partidos políticos podrán proponer enmiendas. Por eso, dada la urgencia de la cuestión, no se consultó con las organizaciones.

14.La Sra. Fernández de la Hoz (España) dice que las autoridades penitenciarias son conscientes de que el único derecho del que se puede privar a los reclusos es el derecho a la libertad y que tienen derecho al mismo nivel de atención médica que el resto de la población. Con la excepción de las prisiones más pequeñas, todas cuentan con médicos y personal de enfermería de guardia las 24 horas del día. En caso de que se necesite un especialista, los reclusos abandonan la prisión y son llevados a hospitales nacionales. Se han lanzado varios programas en las prisiones, en particular en los ámbitos de vacunación, sensibilización al VIH/SIDA, reducción de la drogodependencia y salud mental. Los programas de salud mental han contribuido a una reducción constante de la tasa de suicidio entre los reclusos desde 2007. Por último, la tecnología utilizada en las prisiones para reducir las lesiones ha alentado la visita de algunos representantes extranjeros.

15.De acuerdo con la Ley de la interrupción voluntaria del embarazo, normalmente se practica el aborto sin coste alguno en todas las comunidades autónomas hasta la 14ª semana de embarazo, y en casos excepcionales hasta la 22ª semana si se presenta un informe médico que certifique problemas para la madre o el bebé. Junto a los centros regionales y los hospitales privados, las clínicas privadas autorizadas por el Estado ofrecen este servicio y, por la información de que dispone, estas no han incumplido los plazos para practicar el aborto. Una clínica de Aragón suspendió sus servicios de aborto por un litigio sobre el pago, pero posteriormente solicitó una nueva licencia.

16.En España, las borracheras han empezado a seguir el patrón de los países nórdicos, desviándose del de los países mediterráneos, puesto que los jóvenes consumen ingentes cantidades de alcohol en poco tiempo, fenómeno conocido como "botellón". Por consiguiente, si bien el consumo de alcohol está cayendo en general, está aumentando entre los jóvenes. Algunas de las medidas para combatir esta tendencia son: limitar la edad legal para adquirir alcohol a 18 años en casi todas las regiones, tomar medidas rigurosas contra la ingesta de alcohol en la calle, otorgar a la policía facultades para disolver los botellones, formar a los profesionales para que identifiquen a las categorías de jóvenes bebedores de riesgo, y suscribir acuerdos entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales para combatir este fenómeno. A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, la oradora admite que se ha avanzado más bien poco para revertir la tendencia.

17.La Estrategia en Salud Mental de 2006 está implantada en 17 comunidades autónomas, y los resultados de una evaluación de su eficacia realizada en 2010 están disponibles en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

18.El Real Decreto-ley Nº 16/2012 persigue fundamentalmente hacer más eficiente el sistema de salud, sin poner en riesgo la calidad ni realizar recortes. Pretende: aumentar la calidad y el abanico de servicios; mejorar la igualdad y los derechos de acceso; integrar la atención primaria y especializada; lograr un sistema más sostenible y cooperar con la Unión Europea en materia de atención hospitalaria. España es uno de los cuatro países de la Unión Europea en que el Estado sufraga casi todos los servicios de salud íntegramente. Para aumentar la eficiencia se requieren medidas como: la centralización de las adquisiciones, el mayor uso de genéricos, la creación de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios para garantizar la necesaria movilidad de los profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud y un mejor intercambio de información para evitar la duplicación de datos y las consultas repetitivas.

19.La oradora declara que existen pocos ámbitos privatizados en el sistema de salud y que los ciudadanos nunca tendrán que pagar por su sistema de salud. Cuando se ha llevado a cabo alguna privatización, se ha tratado en gran medida de los aspectos de la gestión y en alguna ocasión a escala local, como tras la implantación del céntimo sanitario como impuesto sobre los hidrocarburos para respaldar el gasto sanitario.

20.La Sra. Ruiz (España) declara que la política específica para los romaníes ha pasado de la asistencia social a una incorporación amplia de sus derechos fundamentales, las prestaciones sociales y una participación social general. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano, creado en 2005, y el Instituto de Cultura Gitana, creado en 2007, trabajan con las ONG para cambiar la imagen y los estereotipos de los gitanos. Desde 2005, se han financiado una publicación periódica romaní, fundada en 1995 por periodistas que combaten el racismo analizando la información y las noticias sobre los romaníes, y unas guías prácticas y recomendaciones para los medios de comunicación a fin de transmitir una imagen objetiva de la población romaní. El Gobierno aprobó recientemente la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, documento exhaustivo en su tratamiento de las cuestiones romaníes, que incluye apartados sobre la igualdad de trato y la mejora de la imagen de los romaníes. Su objetivo es combatir los estereotipos de los romaníes con datos reales, por ejemplo sobre el número de horas trabajadas.

21.En lo que a la atención de la salud se refiere, la Estrategia Nacional de Equidad en Salud en el período 2004-2008 ya promovió en su momento la cooperación entre los expertos del Ministerio de Sanidad y la población romaní para velar por que esta tuviera la misma cobertura que los ciudadanos españoles. Sin embargo, un estudio comparativo en materia de sanidad de 2006 indica que hay diferencias entre la atención médica de los romaníes y la que recibe la población general, no únicamente en el nivel de servicios sino también en la percepción que tienen de su situación médica. El apartado sobre salud de la Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 recopila datos para poner de relieve otras diferencias comparativas en materia de salud de modo que el Gobierno pueda identificar los ámbitos en que debe seguir trabajando.

22.En relación con la Ley de dependencia, la oradora afirma que los recortes no son sustanciales porque el Gobierno considera una prioridad dicha Ley, que beneficia a más de 900.000 personas. Dicho esto, de los tres grados cubiertos por la Ley (dependencia moderada, dependencia severa y gran dependencia), está previsto que las prestaciones vinculadas con la dependencia moderada se pospongan hasta 2013.

23.El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2010 fue el principal programa anterior de inclusión social en España. Los programas actuales en este ámbito se ajustarán a la estrategia de inclusión social de la Unión Europea, conforme a la cual cada país deberá trazar un plan nacional hasta el año 2020. El Estado parte se concentra en cinco proyectos de inclusión social definidos en torno a los planes generales de bienestar social de la Unión Europea y centrados en tres aspectos: la inclusión activa de la población; la incorporación al mercado laboral, en parte mediante subsidios fiscales; y la cobertura universal de los servicios sociales y sanitarios a partir de una mayor coordinación entre el sistema de salud y los servicios sociales.

24.La Sra. Peñafiel (España) afirma que la Ley contra la violencia de género es un buen modelo de legislación en la materia. Se pregunta cuál es la mejor forma de analizarla: por la cifra de víctimas, comparándola con otros países, por el número de denuncias de las víctimas o la cantidad de información hecha pública. La Ley representa un enfoque transversal de la violencia de género y prevé diversas medidas en numerosos sectores. Un ejemplo es la concesión de subsidios a las mujeres que no puedan acceder al mercado laboral tras un caso de violencia doméstica física o psicológica.

25.Algunas de las disposiciones más importantes de la Ley persiguen aumentar la conciencia pública frente a este fenómeno. Asimismo, son varios los organismos que deben elaborar informes sobre el tema, como el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, el Consejo Escolar del Estado y el Sistema Nacional de Salud. La publicación de informes sobre estas cuestiones, por sí misma, puede generar reticencias ante la Ley, pero son pocos los países que cuentan con datos tan actualizados y exhaustivos gracias a la coordinación de todos los organismos implicados.

26.La oradora manifiesta que en España no se discrimina a las extranjeras víctimas de la violencia. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha adaptado las directrices generales sanitarias para incorporar la situación particular de las inmigrantes en dos situaciones diferentes: las extranjeras que llegaron a España para reunirse con sus familias pueden recibir permiso de trabajo y residencia en España una vez dictada a su favor una orden de protección o cuando exista un informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Los tribunales consideran ambos casos una prioridad. En el caso de las mujeres indocumentadas, una vez que han recibido uno de esos dos instrumentos, su permiso provisional se convierte en definitivo y quedan suspendidos los eventuales procedimientos en su contra.

27.La oradora confirma que, en virtud de la Ley de igualdad, las extranjeras víctimas de la violencia de género pueden obtener el derecho de asilo.

28.Apuntando que la violencia doméstica no es un problema exclusivo de España, la oradora afirma que el Estado parte apoya la lucha contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres en varios foros internacionales. Tiene un papel clave, en colaboración con la sociedad civil, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en la creación de directrices de investigación de casos de violencia sexual y feminicidio. España también contribuyó activamente a poner de relieve esta cuestión en la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos. Lograr que las víctimas hablen en público y conseguir que la cuestión esté en el debate público y político son ya de por sí conquistas importantes.

29.En respuesta a la pregunta del Sr. Kedzia, la oradora afirma que su país ha rechazado las recomendaciones sobre la trata de personas formuladas durante el EPU porque España no respalda la identificación personal de las víctimas de la trata.

30.El Sr. Sola (España) declara que no existen pruebas científicas que demuestren una relación entre la crisis económica y el aumento de la drogodependencia y el alcoholismo. Es más, un estudio concluyó en 2007 que el 35% de las personas sin hogar en España nunca han consumido drogas. Sin embargo, no se ha descartado la posibilidad de que haya algún tipo de relación, y España participa en una investigación dirigida por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías a fin de determinar si existe una correlación.

31.El Real Decreto por el que se establece la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para los drogodependientes defiende un modelo biopsicosocial de dos vertientes: el control de la demanda mediante programas de prevención, asistencia y reintegración social y el control de la oferta mediante la acción coordinada de las fuerzas policiales nacionales y regionales, la justicia, las autoridades aduaneras y la Fiscalía Antidroga.

32.La Sra. Badía Gamarra (España) declara que la principal iniciativa del Gobierno para ayudar a los miles de españoles hipotecados con dificultades para hacer frente a los pagos es el Real Decreto-ley Nº 6/2012, de 9 de marzo, que introdujo un código de buenas prácticas que aceptaron todas las entidades que conceden préstamos o créditos hipotecarios mediante resolución de 10 de abril de 2012. Puesto que el Real Decreto es una iniciativa legislativa muy reciente, adoptada por los prestamistas tan solo hace un mes, la delegación no puede aportar al Comité datos sobre sus efectos, pero se compromete a hacerlo a su debido tiempo.

33.El código introducido por el Real Decreto consta de tres fases de actuación. En la primera etapa, a los deudores hipotecarios se les ofrecerá una reestructuración de la deuda mediante una carencia en la amortización de capital, una reducción del tipo de interés y la ampliación del plazo total de amortización. En la segunda fase, a los deudores que aún no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago se les ofrecerá una quita sobre el conjunto de su deuda. Si ninguna de las dos soluciones anteriores resulta viable, en la tercera fase los deudores tendrán la opción de la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda y podrán permanecer en su vivienda durante un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.

34.El Real Decreto Nº 6/2012 también dispone que, a fin de ayudarles a pagar el alquiler que deben satisfacer durante la tercera etapa del proceso, todas las personas que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria podrán beneficiarse de las ayudas a inquilinos previstas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. De acuerdo con el Plan, las ayudas tendrán una cuantía máxima anual del 40% de la renta anual, con un límite de 3.200 euros por vivienda, y una duración máxima de dos años.

35.El Plan también establece que se desarrollen nuevas formas de viviendas de protección social como solución para la falta temporal o duradera de hogar. Los grupos vulnerables, que son entre otros las familias con pocos ingresos, las víctimas de la violencia doméstica, del terrorismo y de situaciones catastróficas, las personas mayores de 75 años, las personas que tienen a su cargo a dependientes, las personas sin hogar procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo y otros colectivos en riesgo de exclusión social, tendrán acceso preferente y se les podrá ofrecer arrendamientos de hasta 25 años. Las promociones inmobiliarias podrán ser de iniciativa pública o privada siempre que el edificio en su conjunto esté destinado al alojamiento subvencionado y se cumpla con los requisitos sociales, de zonificación y edificación. Estos requisitos establecen, entre otros, que la superficie útil de cada alojamiento será como mínimo de 15 m2 por persona, con un máximo de 45 m2, que un máximo del 25% del total de la promoción podrá tener una superficie útil máxima de 90 m2 para alojar a las unidades familiares más amplias y que la superficie útil destinada a servicios comunes no podrá exceder del 30% del total de superficie útil. El Plan intenta garantizar que la producción de viviendas protegidas sea adjudicada con criterios de transparencia, publicidad y concurrencia.

36.En lo que respecta a los desalojos forzosos, el artículo 132 de la Constitución española dispone que todos los bienes de dominio público son inalienables y están exentos de desafectación. En aplicación de ese principio, a fin de cumplir con la normativa que prohíbe el hacinamiento y la ocupación ilegal de viviendas y para prevenir efectos perjudiciales en la salud, las autoridades tienen la obligación legal de emprender acciones para desmantelar los asentamientos irregulares y las construcciones ilegales. Sin embargo, cuando es necesario tomar este tipo de acciones, el Gobierno adopta todas las medidas necesarias para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afectadas. En vista de que los asentamientos irregulares son a veces centros de trata de personas, maltrato de niños, drogodependencia y delincuencia, los desalojos suelen ser supervisados de cerca por trabajadores sociales y se hace todo lo posible para que se realoje a quienes se queden sin hogar en viviendas dignas y asequibles y se les preste el apoyo necesario para su reintegración. En pocas palabras, la política de vivienda prioriza la regeneración urbana, la rehabilitación del parque inmobiliario y el alquiler como soluciones a la realidad actual y se ha concebido para garantizar que todos los españoles, especialmente los más vulnerables, gocen del derecho a una vivienda digna y adecuada.

37.El Sr. Salama Salama (España) declara que el ajuste salarial de 2011 fue del 2,8%, mientras que la inflación fue tan solo del 0,4%. Las medidas del Gobierno para combatir el fraude y la corrupción están desarrolladas en el proyecto de ley de medidas para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal aprobado por las Cortes Generales a principios de año. En virtud del derecho civil español, los casos de desahucio por impago del alquiler son dirimidos por un juez que, oídas ambas partes, dicta sentencia que deben acatar las partes. Así, todos los procedimientos de desahucio cuentan con plena tutela judicial y las máximas garantías procesales.

38.El Sr. Hermida Marina (España) afirma que España ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos y fue uno de los pocos países que contribuyeron activamente al Plan de acción para la educación en derechos humanos elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Ley orgánica de educación de 2006 establece expresamente que la formación en derechos humanos y la educación para la ciudadanía deberán ser un componente del programa de estudios obligatorio de los 6 a los 16 años; por eso, tal y como recoge la Constitución, en las escuelas se enseña el conjunto de derechos humanos.

39.La Sra. Shin Heisoo, elogiando al Estado parte por sus esfuerzos pioneros para controlar y entender el fenómeno de la violencia basada en el género, sugiere que examine a los países nórdicos para encontrar ejemplos útiles de buenas prácticas.

40.El Sr. Marchán Romero pregunta si la legislación española cuenta con una definición de las personas sin hogar y, de ser así, si esa definición incluye únicamente a las personas sin techo o también a aquellas sin su propio lugar de residencia habitual. También desearía saber en qué modo esa definición informa la política de vivienda. Además, pregunta si el Estado parte tiene la intención de elaborar un plan integral para combatir la pobreza y la exclusión social que refleje los efectos de la crisis económica y retome el plan vigente hasta 2010.

41.La Sra. Fernández de la Hoz (España) dice que las autoridades españolas han adoptado las categorías de personas sin hogar (sin techo, sin vivienda, con vivienda insegura y con vivienda inadecuada) establecidas en la Tipología europea de sin hogar y exclusión residencial, pero que las personas de la primera categoría son la prioridad por motivos laborales y que las estadísticas de las personas sin hogar abarcan únicamente a dicho grupo. Sin embargo, los servicios sociales trabajan con el Instituto Nacional de Estadística para intentar cuantificar el número de personas que viven en albergues o centros de detención a fin de determinar si se les debería clasificar también como personas sin hogar. También se ha constituido un grupo de trabajo que estudie las repercusiones de este posible cambio.

42.En 2011 se elaboró un nuevo plan de inclusión social heredero del plan vigente hasta 2010; el Gobierno está introduciendo los últimos cambios en el nuevo documento. El objetivo es garantizar una estrategia de tres vertientes que incorpore el acceso al mercado laboral, la seguridad en los ingresos y el acceso a los servicios de calidad.

Artículos 13 a 15

43.La Sra. Cong Jun afirma que, con las medidas que el Estado parte ha adoptado para hacer frente a la elevada tasa de fracaso escolar en la educación secundaria de los estudiantes romaníes, tiene la impresión de que el objetivo es encontrar formas segregadas y alternativas de educación para estos alumnos en vez de integrarlos con más eficacia en el sistema ordinario. Agradecería los comentarios de la delegación al respecto.

44.El Sr. Marchán Romero dice que, situada en el doble de la media europea, la tasa de abandono escolar temprano en España sigue siendo inaceptable a pesar su la reciente descenso. Pregunta qué otras acciones tiene previsto adoptar el Estado parte para remediar esta situación y si la crisis económica puede haber contribuido a ese descenso. Apuntando que en ocasiones a los derechos económicos, sociales y culturales se les da una importancia menor y se les presta menos atención en tiempos de crisis, insta al Estado parte a evitar ese error y pregunta cómo prevé velar por que se mantenga el gasto tanto en el plano nacional como en el regional.

45.Por último, citando el párrafo 681 del informe, expresa su preocupación por que un derecho tan fundamental como el derecho a participar en la vida cultural no goce de protección constitucional. En su opinión, precisamente a la luz del alcance de los beneficios y los servicios que derivan del concepto de cultura, este derecho debería estar definido y reconocido a nivel constitucional. Sugiere que, como mínimo, el Gobierno central elabore unas directrices para las comunidades autónomas que definan expresamente los elementos mínimos que conlleva el respeto a los derechos culturales.

46.El S r. Abdel-Moneim pregunta si la delegación puede facilitar el coste desglosado de la educación y cómo ha evolucionado este coste durante el período que abarca el informe. También agradecería poder disponer de las cifras sobre el gasto en educación como porcentaje del gasto público total y del producto interno bruto a lo largo del mismo período.

47.El Sr. Salama Salama (España) manifiesta que el derecho a participar en la vida cultural está reconocido a nivel constitucional indirectamente como principio rector de la política social y económica y que todos los poderes públicos, incluidos el poder judicial y el legislativo, tienen la obligación constitucional de proteger ese derecho a pesar de que no se pueda invocar directamente ante los tribunales. El artículo 149 de la Constitución dispone expresamente la obligación del Estado de promover y preservar la cultura y asigna al Estado competencia exclusiva para garantizar el cumplimiento de este deber constitucional.

48.El Sr. Gentil Álvarez Ossorio (España) dice que la tasa de abandono escolar temprano en España se ha situado en torno al 30% desde 2005. Sin embargo, se percibe un incipiente descenso y el objetivo es reducir la tasa al 23% en 2015 y al 15% en 2020. No se considera que la crisis económica sea un factor que contribuya al descenso, que se debe fundamentalmente a las diversas medidas adoptadas por el Gobierno. En vista de que la mayoría de esas medidas son de reciente implantación y se proyectan a medio y largo plazo, aún no es posible evaluar con exactitud su eficacia, pero los primeros indicios señalan que se deberían poder alcanzar las metas.

49.Entre las medidas destacan los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Plan PROA), lanzados en el curso 2005/06 con el fin de satisfacer las necesidades sociales y culturales de los estudiantes con dificultades mediante el apoyo en las escuelas. En el curso 2010/11, participaron en los programas más de 700 instituciones educativas y, a pesar de las medidas de austeridad, se ha mantenido la financiación para el curso actual.

50.El Plan PROA se ha reforzado con los programas de cualificación profesional inicial introducidos en el curso 2007/08 como medio para mantener a los estudiantes con dificultades en el sistema educativo y prepararles para su futuro laboral. Cada año, el Programa ofrece unas 80.000 plazas. Asimismo, el aumento del 80% en la financiación de los programas de becas del Gobierno desde 2004 permitió introducir, en 2009, becas de mantenimiento para estudiantes de familias con pocos ingresos matriculados en programas de cualificación profesional inicial y, en 2010, becas-salario para que esos estudiantes pudieran continuar con su formación profesional en instituciones de educación superior.

51.Las medidas implantadas también permiten que los jóvenes que no hayan completado su educación básica puedan volver a las aulas y recibir un título; en el curso pasado, se destinaron 45 millones de euros para financiar este Programa. Por último, reconociendo la importancia de la educación en la primera infancia para el éxito futuro en la escuela, en 2008 el Gobierno lanzó el Plan Educa 3 para los menores de 3 años. En total, hasta la fecha se han ofrecido 49.000 plazas en este programa, cuya financiación asciende a 1,087 millones de euros.

52.El Sr. Sola (España) dice que, además de las garantías constitucionales de los derechos culturales a los que ha hecho referencia el Sr. Salama Salama, existen varios programas y estrategias para garantizar el derecho a participar en la vida cultural de aquellas personas con más probabilidades de experimentar dificultades en ese ámbito. Por ejemplo, en 2011, el Gobierno lanzó una estrategia integral para garantizar el acceso a la cultura de todas las personas, en particular de aquellas con discapacidad, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 9 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los objetivos centrales de la estrategia son garantizar el acceso universal a instalaciones culturales como bibliotecas, museos, archivos e instalaciones de ocio, tales como cines y teatros, y velar por que las personas con discapacidad puedan no solo asistir sino contribuir activamente a los actos culturales y artísticos.

53.El Sr. Barberá de la Torre (España) declara que el Gobierno mantiene un compromiso inquebrantable con la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución española y, fruto de ese compromiso, ha seguido impulsando decididamente el sistema de protección internacional a pesar de la fragilidad de la economía del país. Sin duda, la crisis es el principal factor que influye actualmente en la definición de la política económica y el Gobierno está convencido de que la austeridad es el camino hacia la recuperación. Sin embargo, al mismo tiempo, está resuelto a evitar que los más desfavorecidos carguen con el peso de una crisis de la que no son responsables; por eso, las partidas presupuestarias destinadas al gasto social han aumentado del 63,7% en 2011 al 64,5% en 2012.

54.Todos los españoles con empleo están contribuyendo a la recuperación mediante reducciones salariales y subidas de impuestos, pero, con una prima de riesgo elevada que limita la emisión de deuda soberana, no será posible mantener este nivel de gasto público. No obstante, la situación no debería conllevar restricciones en los derechos económicos, sociales y culturales. Por el contrario, el Gobierno está convencido de que mantener esos derechos es fundamental para el desarrollo y tendrá un impacto positivo en el crecimiento a largo plazo. La amplia delegación que comparece ante el Comité refleja ese convencimiento y el compromiso del Gobierno de cumplir con las obligaciones que le impone el Pacto.

55.El panorama laboral ha empeorado en España no solo por efecto de la crisis sino también por unas deficiencias estructurales significativas. Sin embargo, tras las recientes reformas que dan al mercado laboral la flexibilidad necesaria para la recuperación, a la vez que se sigue apoyando a los desfavorecidos, se destinarán considerables recursos a la creación de empleo y a la asistencia a los desempleados.

56.El Gobierno también trabaja para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, a pesar de las medidas de austeridad, y, por ese motivo, ha aumentado el gasto en pensiones para 2012 en comparación con 2011. También se ha mantenido el gasto en los ámbitos de sanidad y educación, y España destaca como uno de los tres países que más gastan en educación para los menores de 3 años.

57.El orador da las gracias a los miembros del Comité por sus comentarios y sus preguntas, que se tendrán en cuenta a la hora de diseñar futuras políticas, y reitera la determinación de su Gobierno de seguir avanzando en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

58.La Sra. Menéndez Pérez (España) declara que, si bien el informe examinado abarca el período entre 2004 y 2009, como es lógico las preocupaciones y preguntas del Comité se han centrado en los últimos tiempos. Es importante tener en cuenta en ese sentido que, con frecuencia, los miembros de la delegación han hecho referencia a medidas de austeridad y a reformas estructurales implantadas desde hace pocos meses, si no semanas en algunos casos. Si bien la delegación no ha podido comentar el éxito de las medidas introducidas tan recientemente, sus miembros se han esforzado por facilitar información detallada y de calidad.

59.El Presidente dice que se agradecen enormemente tanto la información detallada facilitada por el Estado parte como el firme compromiso con la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Confía en que el Gobierno seguirá guiándose por las obligaciones dimanante del Pacto cuando adopte medidas de austeridad; de lo contrario, esas medidas pueden tener efectos adversos y desproporcionados en el ejercicio de esos derechos, especialmente por parte de las minorías y los grupos desfavorecidos.

El debate abarcado por el acta concluye a las 17.45 horas.