Naciones Unidas

A/HRC/RES/53/7

Asamblea General

Distr. general

19 de julio de 2023

Español

Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

53 er período de sesiones

19 de junio a 14 de julio de 2023

Tema 3 de la agenda

Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 12 de julio de 2023

53/7.El derecho a la educación

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Reafirmando el derecho de todo ser humano a la educación, consagrado, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otros instrumentos internacionales pertinentes,

Reafirmando también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en ella, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y su papel para garantizar el cumplimiento de todos los Objetivos, y reafirmando además en particular el Objetivo 4, consistente en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, sus metas específicas e interrelacionadas, y el resto de Objetivos y metas relacionados con la educación, y recordando la importancia de la educación para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

Haciendo notar la celebración de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, organizada del 16 al 19 de septiembre de 2022 en Nueva York, y tomando nota del informe de 2021 de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación,

Reafirmando la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2008, y recordando todas las demás resoluciones del Consejo sobre el derecho a la educación, la más reciente de las cuales es la resolución 47/6, de 12 de julio de 2021, y también las resoluciones aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos sobre este tema,

Teniendo presentes la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de Derechos Humanos y el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que subrayan la importancia de la educación en derechos humanos como componente esencial del derecho a la educación,

Expresando preocupación por el hecho de que, pese a los progresos logrados en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura todavía hay 771 millones de jóvenes y adultos que no están alfabetizados, dos tercios de los cuales son mujeres, y 250 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, y por el hecho de que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cerca del 50 % de los niños en edad preescolar en todo el mundo, es decir, al menos 175 millones de niños, no están matriculados en la enseñanza preescolar,

Haciendo notar la Declaración de Incheon: Educación 2030 – Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, que se aprobó en el Foro Mundial sobre la Educación de 2015, celebrado en Incheon (República de Corea), y que persigue el objetivo de movilizar a todos los países y asociados y brindar orientación para alcanzar el cumplimiento efectivo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y la consecución de las metas conexas sobre educación para todos, incluidas las mujeres y las niñas, las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, los apátridas y los desplazados internos, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados,

Reafirmando las obligaciones y los compromisos contraídos por los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con la adopción de medidas, tanto a título individual como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente en materia económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que se disponga, con miras a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales por todos los medios apropiados, en particular la adopción de medidas legislativas,

Expresando preocupación por el hecho de que, pese a los enormes esfuerzos realizados por los Estados y otras partes interesadas, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas y a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y marginación, como las personas con discapacidad, las personas que viven en la pobreza, los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, los apátridas y los desplazados internos, los estudiantes de los países en desarrollo y los Pueblos Indígenas, y ha puesto de manifiesto y ha exacerbado las arraigadas desigualdades estructurales en el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la educación, también en el período posterior a la pandemia,

Observando que, como se afirma en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprobada en noviembre de 2022, “la atención y educación de la primera infancia es fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación para todos y para posibilitar la realización de otros derechos sociales”,

Reiterando la importancia del desarrollo en la primera infancia como base sólida para el aprendizaje permanente y para todo el sistema educativo, en particular para los niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y marginación, así como la necesidad de invertir en una atención y educación de la primera infancia pública, asequible, inclusivo, equitativa y de calidad, la cual podría entenderse que incluye la educación y atención previa al inicio de la educación primaria, y reconociendo que la atención y educación de la primera infancia contribuye a la efectividad del derecho a la educación y que la atención y la educación no pueden separarse,

Observando que la atención y educación de la primera infancia financiada con fondos privados predomina en la mayoría de los países del mundo, y que la ausencia de una oferta pública y gratuita suficiente financiada por el Estado podría limitar el disfrute de, entre otros, el derecho a la educación, en particular en el caso de los niños de familias de bajos ingresos o que se encuentran en situaciones de marginación,

Condenando enérgicamente los continuos ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, así como la utilización de instalaciones educativas con fines militares, que impiden lograr la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades, y, al mismo tiempo, haciendo notar en este contexto los esfuerzos dirigidos a facilitar la continuación de la educación durante los conflictos armados, en particular los realizados por los Estados signatarios de la Declaración sobre Escuelas Seguras, y reconociendo que una gran proporción de la población mundial sin escolarizar vive en zonas afectadas por conflictos,

Reconociendo los efectos negativos del cambio climático y los desastres naturales para el logro de la plena efectividad del derecho a la educación, así como el papel de la educación en la creación de conciencia sobre la mitigación del cambio climático y la adaptación a él,

Reconociendo también que las niñas están representadas de manera desproporcionada entre los niños sin escolarizar y que las mujeres están representadas de manera desproporcionada entre los adultos analfabetos debido, entre otras cosas, a la discriminación y la violencia por razón de género, incluida la violencia y el acoso sexuales; la falta de un entorno de aprendizaje seguro; los matrimonios infantiles, precoces o forzados o los embarazos no planeados; la falta de instalaciones seguras y adecuadas de agua y saneamiento adaptadas a las necesidades de privacidad de las mujeres y las niñas, así como de suministros para la salud y la higiene menstruales; las leyes discriminatorias; los estereotipos de género; las normas sociales patriarcales; la falta de empoderamiento, en particular por motivos económicos, especialmente cuando la educación no es gratuita; y la discriminación basada en cualquier otro motivo, como la raza, el color, la edad, la discapacidad, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, el origen o la identidad indígena, el patrimonio, el nacimiento, la situación migratoria o cualquier otra condición,

Reconociendo además el papel que desempeña el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones fiables y asequibles, incluida Internet, así como la educación digital y la alfabetización tecnológica en cuanto que instrumentos de empoderamiento, para facilitar la efectividad del derecho a la educación, apoyar la adaptabilidad de la educación y promover una educación inclusiva de calidad, en particular en situaciones de emergencia, y recordando la importancia de todo ello durante la pandemia de COVID-19, cuando se tuvo que suspender la educación presencial,

Expresando preocupación por las desigualdades en el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones fiables y asequibles, que han aumentado la brecha digital y ampliado las brechas tecnológicas, incluidas, entre otras, las basadas en el género, la edad, la discapacidad y la condición de migrante o refugiado, y por los efectos negativos de esas desigualdades en la efectividad del derecho a la educación,

Destacando a este respecto que la incorporación de las tecnologías digitales en la educación, pese a su potencial para ampliar y complementar el acceso a la educación, no sustituye a largo plazo a la escolarización presencial ni justifica la falta de inversión en el factor humano, particularmente en los docentes, su desarrollo profesional continuo y sus condiciones de trabajo,

Destacando también la necesidad de entablar un debate exhaustivo sobre el papel de las tecnologías digitales en la educación, teniendo en cuenta no solo la igualdad de oportunidades, en particular en las zonas afectadas por conflictos y para los niños y jóvenes que se encuentran en situaciones de marginación, sino también su posible uso indebido y efectos negativos no deseados, como la desinformación, la vigilancia, la censura, el acoso, la intimidación y la violencia tanto en línea como fuera de Internet, la exposición a contenidos violentos o nocivos, incluidas actividades que ponen en peligro la vida, la explotación y el abuso, y el sesgo algorítmico, con sus repercusiones en la salud, la educación y el desarrollo interpersonal de los niños y jóvenes, así como los cambios que pueden generar en la organización de los sistemas educativos,

Destacando además que deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos los derechos humanos en el contexto del acceso a la educación, entre otros el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir o difundir informaciones, así como las libertades académicas,

Reafirmando que los principios humanos de no discriminación e igualdad son fundamentales para hacer plenamente efectivo el derecho a la educación, consagrado en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y poniendo de relieve que toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo,

Observando que los sistemas educativos deben fomentar la diversidad cultural con vistas a proteger los derechos culturales y promover el entendimiento mutuo, el respeto de la diversidad y la tolerancia,

Acogiendo con beneplácito las medidas adoptadas para hacer plenamente efectivo el derecho a la educación, como la promulgación de leyes adecuadas, los pronunciamientos de los tribunales nacionales, la elaboración de indicadores nacionales y la labor dirigida a garantizar el carácter justiciable de este derecho, y consciente de la función que pueden desempeñar los procedimientos de presentación de comunicaciones a nivel regional e internacional para fomentar el carácter justiciable del derecho a la educación,

Haciendo notar la formulación por expertos de principios rectores e instrumentos para los Estados, como los Principios de Abiyán sobre las obligaciones de derechos humanos que incumben a los Estados de proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación,

1.Insta a todos los Estados a que hagan plenamente efectivo el derecho a la educación mediante, entre otras vías, el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación y de ampliar las oportunidades educativas de calidad para todos, empleando todos los medios apropiados y sin discriminación de ningún tipo, en particular:

a)Poniendo en marcha programas específicos para luchar contra las desigualdades y sus causas fundamentales, incluidas las barreras a la accesibilidad, particularmente las que afectan a las personas con discapacidad, y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación;

b)Reconociendo la notable importancia de invertir en la enseñanza pública gratuita, y hacerlo hasta el máximo de los recursos disponibles;

c)Aumentando y mejorando la financiación de la educación, también en situaciones de emergencia humanitaria y de conflicto;

d)Velando por que las políticas y las medidas educativas estén en consonancia con las obligaciones de derechos humanos, incluidas las enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes;

e)Reforzando la colaboración con todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las comunidades, los niños y los jóvenes, los alumnos, los educadores, los directores de escuelas, los padres y/o los tutores legales, los agentes locales y la sociedad civil, para contribuir a la educación como bien público;

2.Exhorta a todos los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para aplicar las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación, a fin de que todas las personas puedan ejercerlo plenamente;

3.Exhorta también a los Estados a que implementen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, de conformidad con las leyes y las normas de derechos humanos, a fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos;

4.Alienta a los Estados a dar efectos jurídicos en el ordenamiento interno al derecho a la educación, en particular garantizando su carácter justiciable, e insta a los Estados a que refuercen sus marcos jurídicos, adopten políticas y programas adecuados y asignen recursos suficientes, ya sea individualmente o mediante la asistencia y la cooperación internacionales, para hacer plenamente efectivo el derecho a la educación;

5.Reconoce la función que pueden desempeñar los procedimientos de presentación de comunicaciones en la promoción del carácter justiciable del derecho a la educación y, a este respecto, exhorta a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho a que consideren, de forma prioritaria, la posibilidad de firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones;

6.Exhorta a los Estados a promover una educación y formación técnica y profesional holística, y todas las formas de aprendizaje para todos basado en el trabajo, entre ellas la formación en el empleo, los contratos de aprendizaje y las pasantías, así como el aprendizaje permanente y la educación y formación complementarias, mediante la aplicación de políticas y programas adecuados, a fin de garantizar la efectividad del derecho a la educación;

7.Exhorta también a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias, como la priorización de la educación en sus presupuestos nacionales mediante la dotación de asignaciones presupuestarias suficientes, a fin de garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria para todos y a todos los niveles, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, prestando especial atención a las mujeres y las niñas, los niños que se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad y marginación, las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, los Pueblos Indígenas y todas las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y marginación, incluidas las afectadas por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto;

8.Exhorta además a los Estados a que sigan reforzando la protección de los centros de educación preescolar, las escuelas, las universidades y otras instituciones educativas contra los ataques y las amenazas de ataques, a fin de librarlos de todas las formas de violencia, teniendo en cuenta la resolución 2601 (2021) del Consejo de Seguridad, de 29 de octubre de 2021, en particular adoptando medidas para impedir que se utilicen las escuelas y las universidades con fines militares, por ejemplo considerando la posibilidad de respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras y de aplicar las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados, y alienta los esfuerzos encaminados a ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos, eficaces y propicios y una educación de calidad para todos en un plazo razonable, previendo todos los niveles de enseñanza en el contexto de las emergencias humanitarias y las situaciones de conflicto;

9.Exhorta a los Estados a que agilicen los esfuerzos dirigidos a eliminar la discriminación por razón de género, las prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado, así como todas las formas de violencia, abuso y acoso, incluidos el acoso sexual, la venta y la explotación y el abuso sexuales de niños, la violencia sexual y de género en el ámbito escolar y la intimidación en las escuelas y otros entornos educativos, tanto en Internet como por otros medios, en particular contra las personas más vulnerables, discriminadas y marginadas, y a que garanticen la igualdad de género y el derecho a la educación para todos;

10.Insta a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios sexistas y los estereotipos de género en la educación a todos los niveles, en particular mediante la educación en derechos humanos, el fomento de entornos de aprendizaje que integren una perspectiva de género y la promoción de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de estudio, y exhorta a los Estados a que velen por que las mujeres y las niñas puedan diversificar sus opciones educativas y ocupacionales, también en los ámbitos emergentes, en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas y la tecnología de la información y las comunicaciones;

11.Insta también a todos los Estados a que regulen y vigilen a todos los proveedores de servicios educativos, públicos y privados, tanto los independientes como los que colaboran con los Estados, entre otras vías estableciendo mecanismos adecuados para exigir responsabilidades a aquellos cuyas prácticas incidan negativamente en el disfrute del derecho a la educación, para hacer frente a los efectos negativos de la comercialización de la educación y para reforzar el acceso a recursos y reparaciones adecuados ofrecido a las víctimas de violaciones y conculcaciones del derecho a la educación;

12.Alienta a todos los Estados a que desarrollen y refuercen la preparación para garantizar la educación en situaciones de emergencia en sus respectivos sistemas educativos, basándose en los derechos humanos, y a que capaciten a los responsables de la planificación educativa a todos los niveles;

13.Exhorta a todos los Estados a que adopten medidas adecuadas para agilizar los esfuerzos dirigidos a reducir la brecha digital y las brechas tecnológicas, incluidas, entre otras, las basadas en la situación económica, el género, la edad, la discapacidad y la condición de migrante o refugiado, y a que no solo luchen contra la discriminación y los sesgos en el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías, en particular en cuanto al acceso a productos y servicios esenciales para el disfrute del derecho a la educación, sino que también garanticen una educación accesible y de calidad a todos los niveles, a fin de fomentar las competencias digitales, particularmente de los educadores, así como la alfabetización mediática e informacional y la capacidad de innovación de todas las personas, en particular de las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad, velando, al mismo tiempo, por la protección de los datos personales en el uso de la tecnología en la educación;

14.Toma nota de los cuatro informes más recientes de la Relatoría Especial sobre el derecho a la educación, presentados al Consejo de Derechos Humanos, acerca de los avances y los obstáculos para afianzar el derecho a la educación y las repercusiones de la digitalización de la educación en el derecho a la educación, y a la Asamblea General, acerca de la atención y la educación de la primera infancia y el derecho a la educación de los migrantes;

15.Exhorta a todos los Estados a que evalúen adecuadamente cuándo, cómo y en qué medida introducir tecnología y soluciones digitales en los sistemas educativos, teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas y su repercusión en los derechos humanos y en la dignidad humana, y, si es necesario, a que establezcan normas y criterios sobre el uso de la tecnología en la educación, en colaboración con otras partes interesadas, incluidas las industrias tecnológicas y las instituciones educativas privadas, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, dando prioridad a la asequibilidad y tomando como base un enfoque centrado en el alumno y en la adaptación a su edad y los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación para todos;

16.Insta a los Estados a que consideren la posibilidad de ofrecer servicios de atención y educación de la primera infancia gratuitos, públicos, inclusivos, equitativos y de calidad;

17.Alienta a los Estados a elaborar, en colaboración con otras partes interesadas pertinentes, políticas y programas educativos para los migrantes teniendo en cuenta los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación, así como de no discriminación;

18. Hace notar con aprecio:

a)La labor de la Relatoría Especial sobre el derecho a la educación;

b)La labor de promoción del derecho a la educación que realizan los órganos de tratados y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, y la labor de promoción del derecho a la educación que lleva a cabo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a nivel nacional y regional, y en la sede;

c)La contribución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es el organismo principal en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas al logro de los objetivos de la agenda Educación 2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la educación;

19.Destaca la importancia de la cooperación internacional, en particular el diálogo en materia de políticas y el intercambio de buenas prácticas, así como de la cooperación técnica, el fomento de la capacidad, la asistencia financiera y la transferencia de tecnología en condiciones mutuamente acordadas, para favorecer la efectividad del derecho a la educación, en particular mediante el uso estratégico y adaptado de la tecnología de la información y las comunicaciones;

20.Alienta a todos los Estados a que midan los progresos realizados hacia el logro de la efectividad del derecho a la educación, por ejemplo elaborando indicadores nacionales, que constituirán un importante instrumento para hacer efectivo el derecho a la educación y para formular políticas, evaluar sus resultados y garantizar la transparencia;

21.Alienta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los órganos de tratados, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y mecanismos, organismos especializados, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas a que, en el marco de sus respectivos mandatos, sigan tratando de promover la plena efectividad del derecho a la educación en todo el mundo y estrechen su cooperación en ese ámbito, entre otros medios aumentando la asistencia técnica prestada a los Gobiernos;

22.Alienta al Alto Comisionado a que colabore con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Alianza Mundial para la Educación y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de prestar apoyo técnico a los Estados para hacer efectivo el derecho a la educación en el contexto posterior a la COVID-19;

23.Encomia la contribución de las instituciones nacionales de derechos humanos, los mecanismos nacionales para la aplicación, la presentación de informes y el seguimiento, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, la infancia y la juventud y los parlamentarios al logro de la efectividad del derecho a la educación, entre otras vías mediante la cooperación con la Relatoría Especial;

24.Decide prorrogar por un nuevo período de tres años el mandato de la Relatoría Especial sobre el derecho a la educación;

25.Alienta a la Relatoría Especial a que, en el desempeño de su mandato, siga teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la educación y las metas correspondientes, las disposiciones de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación y las perspectivas de género, edad y discapacidad, y contribuya a la puesta en práctica de todo ello;

26.Solicita a todos los Estados que cooperen plenamente con la Relatoría Especial a fin de facilitarle el desempeño de sus tareas, que tengan debidamente en cuenta las recomendaciones formuladas por el o la titular del mandato y que respondan favorablemente a sus solicitudes de información y de visitas;

27.Solicita al Secretario General y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que sigan proporcionando a la Relatoría Especial todos los recursos humanos y financieros necesarios para el desempeño eficaz del mandato;

28.Alienta a todas las demás partes interesadas pertinentes, incluidos los órganos, organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, a que colaboren plenamente con la Relatoría Especial para que pueda cumplir su mandato;

29.Solicita a la Relatoría Especial que siga presentando cada año al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General un informe sobre todas las actividades relativas a su mandato, a fin de aprovechar al máximo los beneficios del proceso de presentación de informes;

30.Decide seguir ocupándose de la cuestión.

34ª sesión 12 de julio de 2023

[Aprobada sin votación.]