Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Azerbaiyán

Mayo de 2004

7 de julio de 2004 CAT/C/CR/30/RESP/1

Solicitud de nuevas aclaraciones

Camboya

Agosto de 2003

No se recibió

Recordatorio

Moldova

Agosto de 2003

No se recibió

Recordatorio

31º período de sesiones (noviembre de 2003)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Camerún

Noviembre de 2004

No se recibió

Recordatorio

Colombia

Noviembre de 2004

13 de junio de 2006 CAT/C/COL/CO/3/Add.1

Solicitud de nuevas aclaraciones

Letonia

Noviembre de 2004

3 de noviembre de 2004 CAT/C/CR/31/RESP/1

14 de mayo de 2007 CAT/C/LVA/CO/1/Add.2

Solicitud de nuevas aclaraciones

Respuesta en examen

Lituania

Noviembre de 2004

7 de diciembre de 2004 CAT/C/CR/31/RESP/1

25 de octubre de 2006 CAT/C/LTU/CO/1/Add.2

Solicitud de nuevas aclaraciones

Respuesta en examen

Marruecos

Noviembre de 2004

22 de noviembre de 2004 CAT/C/CR/31/2/Add.1

31 de julio de 2006 CAT/C/MAR/CO/3/Add.2

27 de octubre de 2006 CAT/C/MAR/CO/3/Add.3

Solicitud de nuevas aclaraciones

Respuesta en examen

Yemen

Noviembre de 2004

22 de octubre de 2004 CAT/C/CR/31/4/Add.1

Solicitud de nuevas aclaraciones

32º período de sesiones (mayo de 2004)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Alemania

Mayo de 2005

4 de agosto de 2005 CAT/C/CR/32/7/RESP/1

Solicitud de nuevas aclaraciones

Bulgaria

Mayo de 2005

No se recibió

Recordatorio

Chile

Mayo de 2005

22 de enero de 2007 * CAT/C/38/CRP.4

Recordatorio

Respuesta en examen

Croacia

Mayo de 2005

12 de julio de 2006 CAT/C/HRV/CO/3/Add.1

Recordatorio

Respuesta en examen

Mónaco

Mayo de 2005

6 de abril de 2006 CAT/C/MCO/CO/4/Add.1

Recordatorio

Respuesta en examen

Nueva Zelandia

Mayo de 2005

9 de junio de 2005 CAT/C/CR/32/4/RESP/1

19 de diciembre de 2006 CAT/C/NZL/CO/3/Add.2

Solicitud de nuevas aclaraciones

República Checa

Mayo de 2005

25 de abril de 2005 CAT/C/HRV/CO/3/Add.1

Solicitud de nuevas aclaraciones

* Información de seguimiento recibida como parte del informe periódico.

33º período de sesiones (noviembre de 2004)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Argentina

Noviembre de 2005

2 de febrero de 2006 CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

Solicitud de nuevas aclaraciones

Grecia

Noviembre de 2005

14 de marzo de 2006 CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

Respuesta en examen

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Noviembre de 2005

20 de abril de 2006 CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

Respuesta en examen

34º período de sesiones (mayo de 2005)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Albania

Mayo de 2006

15 de agosto de 2006 CAT/C/ALB/CO/1/Add.1

Respuesta en examen

Bahrein

Mayo de 2006

15 de diciembre de 2006 CAT/C/BHR/CO/1/Add.1

Respuesta en examen

Canadá

Mayo de 2006

7 de junio de 2006 CAT/C/CAN/CO/4/Add.1

Respuesta en examen

Finlandia

Mayo de 2006

22 de mayo de 2006 CAT/C/FIN/CO/4/Add.1

Respuesta en examen

Suiza

Mayo de 2006

15 de mayo de 2007 CAT/C/CHE/CO/4/Add.1

Recordatorio

Respuesta en examen

Uganda

Mayo de 2006

No se recibió

Recordatorio

35º período de sesiones (noviembre de 2005)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Austria

Noviembre de 2006

24 de noviembre de 2006 CAT/C/AUT/CO/3/Add.1

Respuesta en examen

Bosnia y Herzegovina

Noviembre de 2006

No se recibió *

Recordatorio

Ecuador

Noviembre de 2006

20 de noviembre de 2006 CAT/C/ECU/CO/3/Add.1

Respuesta en examen

Francia

Noviembre de 2006

15 de febrero de 2007 CAT/C/FRA/CO/3/Add.1

Respuesta en examen

Nepal

Noviembre de 2006

No se recibió **

Recordatorio

República Democrática del Congo

Noviembre de 2006

No se recibió

Recordatorio

Sri Lanka

Noviembre de 2006

23 de noviembre de 2006 CAT/C/LKA/CO/2/Add.1

Respuesta en examen

* Información recibida después del 38º período de sesiones: CAT/C/BIH/CO/1/Add.2.

** Información recibida después del 38º período de sesiones: CAT/C/NPL/CO/2/Add.1.

36º período de sesiones (mayo de 2006)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Estados Unidos de América

Mayo de 2007

No se recibió *

Georgia

Mayo de 2007

No se recibió **

Guatemala

Mayo de 2007

No se recibió

Perú

Mayo de 2007

No se recibió

Qatar

Mayo de 2007

12 de diciembre de 2006 CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

Respuesta en examen

República de Corea

Mayo de 2007

No se recibió ***

Togo

Mayo de 2007

No se recibió

* Información recibida después del 38º período de sesiones: CAT/C/USA/CO/2/Add.1.

** Información recibida después del 38º período de sesiones: CAT/C/GEO/CO/3/Add.1.

*** Información recibida después del 38º período de sesiones: CAT/C/KOR/CO/2/Add.1.

37º período de sesiones (noviembre de 2006)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Hungría

Noviembre de 2007

-

Federación de Rusia

Noviembre de 2007

- *

México

Noviembre de 2007

-

Guyana

Noviembre de 2007

-

Burundi

Noviembre de 2007

-

Sudáfrica

Noviembre de 2007

-

Tayikistán

Noviembre de 2007

-

* Información recibida después del 38º período de sesiones: CAT/C/RUS/CO/4/Add.1.

38º período de sesiones (mayo de 2007)

Estado Parte

Fecha en que se debía presentar la información

Fecha en que se recibió la información

Medida adoptada

Dinamarca

Mayo de 2008

-

Italia

Mayo de 2008

-

Japón

Mayo de 2008

-

Luxemburgo

Mayo de 2008

-

Países Bajos

Mayo de 2008

-

Polonia

Mayo de 2008

-

Ucrania

Mayo de 2008

-

V. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN

58.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, si el Comité recibe información fiable que parezca indicar de forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a esa información.

59.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 del reglamento del Comité, el Secretario General señalará a la atención del Comité la información que se haya presentado o parezca haberse presentado para que éste la examine de conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.

60.El Comité no recibirá ninguna información que se refiera a un Estado Parte que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 28 de la Convención, haya declarado, en el momento de ratificarla o de adherirse a ella, que no reconocía la competencia del Comité prevista en el artículo 20, a menos que ese Estado Parte haya retirado posteriormente su reserva de conformidad con el párrafo 2 del artículo 28.

61.Durante el período que se examina, el Comité continuó su labor prevista en el artículo 20 de la Convención. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención y en los artículos 72 y 73 del reglamento, todos los documentos y procedimientos del Comité relativos a sus funciones de conformidad con el artículo 20 tienen carácter confidencial y todas las sesiones sobre sus actuaciones previstas en ese artículo son privadas. No obstante y de conformidad con el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención, el Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado Parte de que se trate, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados de las actuaciones en el informe anual que presente a los Estados Partes y a la Asamblea General.

62.En el marco de sus actividades de seguimiento, la Relatora para el artículo 20 siguió realizando actividades destinadas a alentar a los Estados Partes respecto de los cuales se hubiesen realizado investigaciones cuyos resultados se hubiesen publicado, a tomar medidas para aplicar las recomendaciones del Comité.

63.En su 37º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí el cuarto informe periódico de México, presentado en virtud del artículo 19. El Comité examinó la situación en relación con sus recomendaciones en virtud del artículo 20 (A/56/44, párrs. 144 a 193).

VI. EXAMEN DE LAS QUEJAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

A. Introducción

64.De conformidad con el artículo 22 de la Convención, las personas que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención pueden presentar una queja al Comité contra la Tortura para que éste la examine, con arreglo a las condiciones establecidas en dicho artículo. Sesenta y dos de los 144 Estados que se han adherido a la Convención o la han ratificado han declarado que reconocen la competencia del Comité para recibir y examinar quejas de conformidad con el artículo 22 de la Convención. La lista de dichos Estados figura en el anexo III. El Comité no puede examinar ninguna queja que se refiera a un Estado Parte en la Convención que no haya reconocido la competencia del Comité en virtud del artículo 22.

65.El examen de las quejas de conformidad con el artículo 22 de la Convención se realiza en sesiones a puerta cerrada (art. 22, párr. 6). Todos los documentos relativos a la labor realizada por el Comité en virtud del artículo 22, como las comunicaciones de las partes y demás documentos de trabajo del Comité, son confidenciales. En los artículos 107 y 109 del reglamento del Comité se expone en detalle el procedimiento para el examen de las quejas.

66.El Comité se pronuncia sobre una queja a la luz de toda la información que le hayan facilitado el autor y el Estado Parte. Las conclusiones del Comité se comunican a las partes (párrafo 7 del artículo 22 de la Convención y artículo 112 del reglamento) y se dan a conocer al público. También se publica el texto de las decisiones del Comité por las que se declaran inadmisibles las quejas en virtud del artículo 22 de la Convención, sin revelar la identidad del autor de la queja pero sí la del Estado Parte de que se trate.

67.A tenor del párrafo 1 del artículo 115 del reglamento, el Comité podrá decidir incluir en su informe anual un resumen de las comunicaciones examinadas. El Comité también incluirá en su informe anual el texto de sus decisiones adoptadas de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

B. Medidas provisionales de protección

68.Los autores de las quejas solicitan a menudo una protección preventiva, en particular en los casos relacionados con una expulsión o extradición inminente, e invocan al respecto el artículo 3 de la Convención. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 108 del reglamento, en cualquier momento después de la recepción de una queja el Comité, por conducto de su Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, puede transmitir al Estado Parte en cuestión una solicitud para que adopte las medidas provisionales que el Comité considere necesarias para evitar daños irreparables a la víctima o las víctimas de las presuntas violaciones. Se informará al Estado Parte de que dicha solicitud no implica ningún juicio sobre la admisibilidad o el fondo de la queja. El Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales verifica periódicamente que se cumplan las solicitudes del Comité de adopción de medidas provisionales.

69.El Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales ha establecido los métodos de trabajo relativos al retiro de las solicitudes de medidas provisionales. Cuando las circunstancias indican que una solicitud de medidas provisionales puede revisarse antes de que se examine el fondo de la cuestión, deberá añadirse a dicha solicitud una frase estándar en que se diga que la solicitud se formula sobre la base de la información que figura en la comunicación del autor y que puede revisarse, a iniciativa del Estado Parte, a la luz de la información y los comentarios recibidos de éste y, en su caso, de otro comentario adicional del autor de la queja. Algunos Estados Partes han adoptado la práctica de pedir sistemáticamente al Relator que retire su solicitud de medidas provisionales de protección. La posición del Relator es que sólo se deberá responder a esas solicitudes si se basan en informaciones nuevas y pertinentes de las que no disponía cuando tomó la decisión inicial de solicitar medidas provisionales.

70.El Comité ha conceptualizado los criterios formales y sustantivos aplicados por el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales al aceptar o rechazar las solicitudes de medidas provisionales de protección. Aparte de presentar a tiempo la solicitud de un autor para que se adopten medidas provisionales de protección en virtud del párrafo 1 del artículo 108 del reglamento del Comité, el autor de la queja debe cumplir los criterios básicos de admisibilidad establecidos en los párrafos 1 a 5 del artículo 22 de la Convención para que el Relator acceda a su petición. El requisito de que se hayan agotado los recursos internos puede obviarse si los únicos recursos de que dispone el autor no tienen efecto suspensivo, es decir que son recursos que no suspenden automáticamente la ejecución de una orden de expulsión, o si existe el riesgo de expulsión inmediata del autor después de rechazarse con carácter definitivo su solicitud de asilo. En esos casos, el Relator puede pedir al Estado Parte que se abstenga de expulsar al autor mientras el Comité esté examinando su queja, incluso antes de que se hayan agotado los recursos internos. En cuanto a los criterios sustantivos que deberá aplicar el Relator, la queja debe tener bastantes probabilidades de que se considere fundamentada para que el Relator llegue a la conclusión de que la presunta víctima sufriría un daño irreparable en caso de ser expulsada.

71.El Comité tiene conciencia de que algunos Estados Partes han expresado preocupación por el hecho de que se hayan solicitado medidas provisionales de protección en un número excesivo de casos, especialmente cuando se alega que la expulsión del autor de la queja es inminente y hay elementos de hecho insuficientes para justificar la solicitud de medidas provisionales. El Comité toma en serio esa preocupación y está dispuesto a discutirla con los Estados Partes interesados. A este respecto desea señalar que, en muchos casos, el Relator Especial retira la solicitud de medidas provisionales sobre la base de la información pertinente presentada por el Estado Parte que hace innecesarias dichas medidas.

C. Marcha de los trabajos

72.En el momento en que se aprobó el presente informe, el Comité había registrado, desde 1989, 316 quejas en relación con 25 países. De ese total, 89 quejas se habían suspendido y 55 se habían declarado inadmisibles. El Comité había adoptado decisiones finales sobre el fondo respecto a 142 quejas y considerado que se había violado la Convención en 42 de ellas. Seguían pendientes de examen 31 quejas.

73.En su 37º período de sesiones, el Comité declaró inadmisibles las comunicaciones Nos. 284/2006 (R. S. A. N. c. el Canadá) y 288/2006 (H. S. T. c. Noruega). Ambas tenían que ver con reclamaciones formuladas con arreglo al artículo 3 de la Convención. El Comité las declaró inadmisibles, respectivamente, por no agotamiento de los recursos internos y por ser manifiestamente infundada. El texto de estas decisiones se reproduce en el anexo VII, sección B, del presente informe.

74.También en su 37º período de sesiones, el Comité adoptó decisiones sobre las comunicaciones Nos. 227/2003 (A. A. C. c. Suecia), 251/2004 (A. A. c. Suiza), 259/2004 (M. N. c. Suiza), 262/2005 (V. L. c. Suiza), 265/2005 (A. H. c. Suecia), 277/2005 (N. Z. S. c. Suecia), 279/2005 (C. T. y K. M. c. Suecia), 280/2005 (Rgeig c. Suiza), 282/2005 (S. P. A. c. el Canadá) y 286/2006 (M. R. A. c. Suecia). El texto de estas decisiones se reproduce en el anexo VII, sección A, del presente informe.

75.En su decisión sobre la comunicación Nº 227/2003 (A. A. C. c. Suecia), el Comité consideró que la expulsión del autor de la queja a Bangladesh, donde presuntamente había sido torturado por ser miembro de un partido político ilegal, no equivalía a una violación del artículo 3 de la Convención, dado que habían transcurrido siete años desde la presunta comisión de la tortura, que el carácter de los cargos formulados contra el autor en virtud de la Ley de seguridad pública seguía siendo poco claro y que el propio partido político del autor de la queja ahora integraba el Gobierno de Bangladesh. Además, el Comité consideró que el autor no había fundamentado lo suficiente, a los fines de la admisibilidad, que su pronto traslado desde Suecia, a pesar de tener problemas de salud mental, violaba el artículo 16 de la Convención. A este respecto, consideró que el agravamiento de la salud física o mental de una persona causado por la expulsión suele ser insuficiente para equivaler a un trato degradante en el sentido de esta disposición. También consideró inadmisible, por falta de fundamentación, la nueva reclamación del autor en el sentido de que la práctica restrictiva aplicada por las autoridades suecas en el otorgamiento de un permiso de residencia violaba en sí los artículos 3 y 16 de la Convención.

76.Las comunicaciones Nos. 251/2004 (A. A. c. Suiza), 259/2004 (M. N. c. Suiza), 265/2005 (A. H. c. Suecia), 277/2005 (N. Z. S. c. Suecia) y 286/2006 (M. R. A. c. Suecia) se referían a solicitantes de asilo que alegaban que su expulsión, devolución o extradición a sus países de origen constituiría una violación del artículo 3 de la Convención, ya que correrían el riesgo de ser sometidos a torturas en esos países. El Comité, tras examinar las reclamaciones y pruebas presentadas por los autores, así como los argumentos de ambos Estados Partes en cuestión, concluyó que el riesgo no había quedado demostrado. Por consiguiente, consideró que en esos casos no se había violado el artículo 3.

77.En su decisión relativa a la comunicación Nº 262/2005 (V. L. c. Suiza), el Comité consideró que la autora de la queja había demostrado que su expulsión a Belarús le haría correr el riesgo de ser sometida a torturas, en violación del artículo 3 de la Convención. Llegó a esta conclusión teniendo en cuenta las pruebas médicas que corroboraban la alegación de la autora de que había sido sometida a abuso sexual, incluidas múltiples violaciones, por policías en el pasado reciente, en represalia por sus actividades políticas y las de su esposo. Ese abuso también tenía por objeto intimidarla, castigarla y humillarla, y, al parecer, las autoridades belarusas no habían investigado, enjuiciado ni castigado a los policías por esos actos. Al respecto, el Comité destacó que los abusos sexuales cometidos por policías equivalían a torturas, aun cuando se hubieran cometido fuera de centros de detención oficiales. El Comité señaló que el hecho de que las autoridades belarusas no hubieran intervenido aumentaba el riesgo de malos tratos tras el regreso de la autora a Belarús, ya que los autores de las violaciones no habían sido objeto de investigación y menos enjuiciados, y podían volver a maltratar a la autora impunemente. Por consiguiente, existía la duda sustancial, basada en las circunstancias particulares del caso, de si las autoridades de Belarús adoptarían las medidas necesarias para proteger a la autora de nuevos daños.

78.La comunicación Nº 279/2005 (C. T. y K. M. c. Suecia) se refería a una ciudadana rwandesa de origen hutu que alegaba que su expulsión a Rwanda la expondría, así como a su hijo, al riesgo de ser torturados, en violación del artículo 3 de la Convención. El Comité tomó nota de la descripción de la autora del trato que había recibido estando privada de libertad por su afiliación al partido político prohibido PDR-Ubuyanja, que había incluido reiteradas violaciones bajo amenaza de ejecución, a raíz de las cuales había quedado embarazada. El Comité también consideró que la información proporcionada por la autora demostraba que en Rwanda persistían las tensiones étnicas, lo que aumentaba la probabilidad de que la autora fuera sometida a torturas al regresar a su país. Por esas razones, el Comité concluyó que existían motivos sustanciales para creer que la autora y su hijo correrían el riesgo de ser torturados si regresaban a Rwanda.

79.En el dictamen relativo a la comunicación Nº 280/2005 (Rgeig c. Suiza), el Comité consideró que el Estado Parte no había presentado argumentos suficientemente convincentes para demostrar la ausencia de todo riesgo de que el autor fuera torturado si lo devolvieran a la Jamahiriya Árabe Libia. Al llegar a esta conclusión, el Comité tuvo en cuenta las conclusiones del informe médico sobre la presencia de graves secuelas de los actos de tortura infligidos al autor en el pasado, sus actividades políticas posteriores a su partida de la Jamahiriya Árabe Libia y las persistentes denuncias relativas al trato generalmente infligido a esos militantes si se los devolvía por la fuerza a la Jamahiriya Árabe Libia.

80.En la comunicación Nº 282/2005 (S. P. A. c. el Canadá), la autora alegó que sería encarcelada, torturada o matada si la devolvían al Irán, en violación de los artículos 3 y 16 de la Convención, ya que era una conocida opositora al régimen iraní y existía una citación judicial a su nombre. El Comité, tras examinar las alegaciones y pruebas presentadas por la autora, así como los argumentos del Estado Parte, concluyó que la autora no había presentado pruebas o detalles satisfactorios sobre su privación de libertad en el subsuelo de un centro de detención del Irán o de haber escapado de ese centro. Además, no había dado explicaciones plausibles de su omisión o incapacidad de proporcionar ciertos detalles sobre su estadía de más de tres meses en el Irán después de su huida y los nombres de los que la habían ayudado a escapar. Por último, el Comité consideró que no había dado explicaciones plausibles de su ulterior viaje por siete países, antes de solicitar el estatuto de refugiado en el Canadá. Si bien tomaba nota con preocupación de las denuncias de violación de los derechos humanos en el Irán, el Comité consideró que la autora no había fundamentado que personalmente correría el riesgo real e inminente de ser torturada al regresar al Irán. Por consiguiente, se consideró que no se había violado el artículo 3.

81.En su 38º período de sesiones, el Comité adoptó decisiones sobre el fondo de las comunicaciones Nos. 249/2004 (Dar c. Noruega), 268/2005 (A. A. c. Suiza), 270 y 271/2005 (E. R. K. y Y. K. c. Suecia), 281/2005 (Pelit c. Azerbaiyán), 296/2006 (E. V. I. c. Suecia), 298/2006 (C. A. R. M. y otros c. el Canadá) y 300/2006 (Tebourski c. Francia). El texto de estas decisiones también se reproduce en el anexo VII, sección A, del presente informe.

82.En las comunicaciones Nos. 268/2005 (A. A. c. Suiza), 296/2006 (E. V. I. c. Suecia), y 270 y 271/2005 (E. R. K. y Y. K. c. Suecia), los autores alegaron que los respectivos Estados violarían el artículo 3 de la Convención si se los devolviera a sus países después de denegárseles el asilo. Sin embargo, el Comité consideró que los autores no habían demostrado la existencia de motivos sustanciales para creer que su regreso a sus países de origen los expondría a un riesgo previsible, real y personal de ser torturados, por lo que se consideró que no había violación de la Convención.

83.La comunicación Nº 249/2004 (Dar c. Noruega) se refería a un oficial amadí retirado del ejército y acusado de blasfemia en el Pakistán. El autor de la queja, que había solicitado asilo en Noruega, fue expulsado al Pakistán a pesar de que el Comité había pedido al Estado Parte que no lo expulsara mientras el Comité estuviera examinando el caso. Posteriormente se autorizó al autor a regresar a Noruega. El Comité consideró que la expulsión del autor al Pakistán a pesar de haber una solicitud pendiente de medidas provisionales constituía una violación del artículo 22 de la Convención. Sin embargo, consideró que, al facilitar su regreso a Noruega y otorgarle un permiso de residencia de tres años, el Estado Parte había remediado esa violación. En vista de que el autor, que no había sido torturado durante su estadía en el Pakistán, había regresado al Estado Parte, donde había obtenido un permiso de residencia de tres años, el Comité consideró intrascendente la cuestión de si su expulsión al Pakistán constituía una violación del artículo 3.

84.En su decisión relativa a la comunicación Nº 281/2005 (Pelit c. Azerbaiyán), el Comité concluyó que la expulsión de la autora de la queja (nacional turca de origen curdo, que había sido reconocida oficialmente por Alemania como refugiada) a Turquía constituía una violación de los derechos que tenía en virtud de los artículos 3 y 22 de la Convención. Al registrar el caso, el Comité había pedido al Estado Parte que no extraditara a la autora mientras el Comité estuviera examinando su caso. Inicialmente, el Estado Parte aceptó no hacerlo, pero posteriormente la expulsó, tras haber obtenido garantías diplomáticas de Turquía de que no sería sometida a ninguna forma de maltrato. El Estado Parte afirmó que se había establecido un mecanismo de vigilancia tras la expulsión y que la autora no había sido maltratada después de su regreso. El Comité expresó su preocupación por la situación y reiteró que, una vez que un Estado Parte hace la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención, acepta voluntariamente cooperar de buena fe con el Comité con arreglo a ese artículo; la expulsión de la autora había anulado el ejercicio efectivo de su derecho a presentar una queja. En cuanto a la cuestión de las garantías diplomáticas y con referencia a su decisión en el caso Agiza c. Suecia (comunicación Nº 233/2003), el Comité observó que, aunque efectivamente se había ejercido cierto grado de vigilancia tras la expulsión, el Estado Parte no había facilitado ningún documento ni proporcionado suficientes detalles para permitir al Comité evaluar si esas garantías eran suficientes para proteger los derechos de la autora.

85.En su decisión relativa a la comunicación Nº 298/2006 (C. A. R. M. y otros c. el Canadá), el Comité consideró que la expulsión de los autores a México, donde C. A. R. M. y sus familiares presuntamente habían sido perseguidos por el alcalde de su ciudad de origen en connivencia con un cártel de drogas, no equivalía a una violación del artículo 3 de la Convención. El Comité consideró que los autores no habían fundamentado suficientemente la reclamación de que su traslado a México les causaría un daño irreparable, señalando que nunca se habían quejado de su presunta persecución en ese país ni habían solicitado refugio en otra región de México, ni tampoco pedido protección a las autoridades mexicanas antes de solicitar asilo en el Canadá.

86.En la comunicación Nº 300/2006 (Tebourski c. Francia), el autor de la queja era un nacional francotunecino residente en Francia que había sido condenado por actos de terrorismo y era considerado por las autoridades como un peligro para la población. Por consiguiente, tras su excarcelación las autoridades francesas revocaron su nacionalidad francesa y ordenaron su deportación. El autor alegó que su deportación equivaldría a una violación del artículo 3 de la Convención por Francia, ya que correría el riesgo de ser torturado en Túnez. Tras examinar los argumentos y pruebas que se le habían presentado, el Comité concluyó que existían motivos sustanciales para creer que el autor correría el riesgo de ser sometido a torturas y que su deportación equivaldría a una violación de la Convención. El Comité lamentó que, a pesar de la petición del Comité de que no deportara al autor, el Estado Parte lo había deportado a Túnez antes de que el Comité pudiera adoptar una decisión en el caso. Por consiguiente, el Comité también consideró que se había violado el artículo 22 de la Convención.

87.También en su 38º período de sesiones, el Comité decidió declarar inadmisible la comunicación Nº 305/2006 (A. R. A. c. Suecia), que contenía reclamaciones formuladas con arreglo al artículo 3 de la Convención. El Comité señaló que el autor había presentado una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que seguía pendiente ante el Tribunal cuando el autor presentó una queja idéntica al Comité. Recordó que, en virtud del apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, el Comité no examinará ninguna comunicación de una persona a menos que se haya cerciorado de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. El Comité consideró que una comunicación ha sido o está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional si dicho examen tiene por objeto "la misma cuestión", que debe entenderse que guarda relación con las mismas partes, los mismos hechos y los mismos derechos sustantivos que, según se alega, han sido violados. En el caso en cuestión, la solicitud que tenía ante sí el Tribunal Europeo había sido presentada por el mismo autor, se basaba en los mismos hechos y guardaba relación con los mismos derechos sustantivos que los mencionados en la comunicación presentada al Comité. Por consiguiente, el Comité concluyó que la comunicación era inadmisible. El texto de esta decisión se reproduce en el anexo VII, sección B, del presente informe.

Quejas respecto de las cuales el Comité consideró que se había violado la Convención, hasta el 38º período de sesiones

Estado Parte

AUSTRIA

Caso

Halimi-Nedibi Quani, Nº 8/1991

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Yugoslava

Dictamen aprobado el

18 de noviembre de 1993

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de investigación de las alegaciones de tortura - artículo 12

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Se pide al Estado Parte que vele por que no se cometan en lo sucesivo violaciones semejantes.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

Ninguna

Respuesta del autor

No se aplica.

Estado Parte

AUSTRALIA

Caso

Shek Elmi, Nº120/1998

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Somalí, a Somalia

Dictamen aprobado el

25 de mayo de 1999

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al autor de la queja a Somalia ni a ningún otro país en el que estaría en peligro de ser expulsado o devuelto a Somalia.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 1999 y 1º de mayo de 2001

Respuesta del Estado Parte

El 23 de agosto de 1999, el Estado Parte respondió al dictamen del Comité. Le informaba de que, el 12 de agosto de 1999, el Ministro de Inmigración y Asuntos Culturales decidió que era de interés público que ejerciera sus facultades que le confiere el artículo 48B de la Ley de migración de 1958 para que el Sr. Elmi pudiese volver a pedir el visado de protección. Así se notificó a su abogado el 17 de agosto de 1999 y al Sr. Elmi en persona el 18 de agosto de 1999.

El 1º de mayo de 2001, el Estado Parte informó al Comité que el autor de la queja había salido de Australia por voluntad propia y "retiró" luego su queja contra el Estado Parte. Explica que el autor había presentado su segunda solicitud de visado de protección el 24de agosto de 1999. El 22 de octubre de 1999, el Sr. Elmi y su asesor asistieron a una entrevista con un funcionario del Departamento. En una resolución de 2 de marzo de 2000, el Ministro de Inmigración y Asuntos Culturales entendió que Australia no tenía el deber de proteger al autor en virtud de la Convención sobre los Refugiados y se negó a conceder el visado de protección. Esta medida fue confirmada en apelación por los miembros del Tribunal Principal. El Estado Parte comunica al Comité que esta nueva solicitud fue evaluada a fondo a la luz de las nuevas pruebas aportadas a raíz del examen del Comité. El Tribunal no estaba convencido de la credibilidad del autor ni aceptaba que fuera quien dice ser -el hijo de un prominente anciano del clan Shikal.

Respuesta del autor

No se aplica.

Decisión del Comité

En vista de la partida voluntaria del autor de la queja, no se solicita ninguna otra medida de seguimiento.

Estado Parte

AZERBAIYÁN

Caso

Pelit, Nº 281/2005

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Turca, a Turquía

Dictamen aprobado el

30 de abril de 2007

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículos 3 y 22

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas pero no aceptadas por el Estado Parte (se habían concedido garantías).

Remedio recomendado

Remediar la violación del artículo 3 y consultar a las autoridades turcas sobre el paradero y el estado de salud de la autora de la queja.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Aún no se debe presentar (no se ha establecido aún)

Estado Parte

CANADÁ

Caso

Tahir Hussain Khan, Nº 15/1994

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Pakistaní, al Pakistán

Dictamen aprobado el

15 de noviembre de 1994

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Solicitadas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al Pakistán a Tahir Hussain Khan.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

No se ha dado ninguna información al Relator; sin embargo, durante el examen del informe del Estado Parte al Comité contra la Tortura, en mayo de 2005, el Estado Parte afirmó que el autor de la queja no había sido deportado.

Respuesta del autor

Ninguna

Caso

Falcón Ríos, Nº 133/1999

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Mexicana, a México

Dictamen aprobado el

30 de noviembre de 1994

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Solicitadas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

Medidas pertinentes

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

El 9 de marzo de 2005, el Estado Parte informó sobre el seguimiento dado. Afirmó que el autor de la queja había solicitado que se evaluase el peligro antes de devolverlo a México y que el Estado Parte comunicaría el resultado al Comité. Si el autor consigue fundamentar uno de los motivos de protección en virtud de la Ley de inmigración y de protección del refugiado, podrá pedir la residencia permanente en el Canadá. El funcionario examinador tendrá en cuenta la decisión del Comité y se escucharán las declaraciones del autor si el Ministro lo considera necesario. Como la solicitud de asilo fue examinada antes de que entrara en vigor la Ley de inmigración y de protección del refugiado, es decir, antes de junio de 2002, la investigación que efectúe el agente de inmigración no se limitará a la evaluación de los hechos después de rechazada la solicitud inicial, sino que se podrán examinar todos los hechos y toda la información, pasada y presente, aportada por el autor. En este contexto, el Estado Parte impugna la conclusión a que llega el Comité en el párrafo 7.5 de su decisión en el sentido de que en una revisión como ésta sólo se puede considerar la nueva información.

Respuesta del autor

El 5 de febrero de 2007, el autor transmitió al Comité una copia de los resultados de su evaluación del peligro, en la que se rechazaba su solicitud y se le pedía que abandonara el Estado Parte. No se facilitó más información.

Caso

Dadar, Nº 258/2004

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Iraní, al Irán

Dictamen aprobado el

3 de noviembre de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Comité insta al Estado Parte, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 112 de su reglamento, a que le comunique, dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, las disposiciones que adopte en respuesta a la decisión citada.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

26 de febrero de 2006

Fecha de la respuesta

La última respuesta se recibió el 5 de abril de 2007 (ya había respondido el 22 de marzo de 2006 y el 24 de abril de 2006 ‑véase el informe anual A/61/44- y el 9 de agosto de 2006).

Respuesta del Estado Parte

El Comité recordará que el Estado Parte expulsó al autor de la queja al Irán el 26 de marzo de 2006 a pesar de la conclusión de que había una violación de la Convención. En su respuesta de 24 de abril de 2006 afirmaba que después de su regreso un representante canadiense había hablado con el sobrino del autor, que había dicho que el Sr. Dadar había llegado a Teherán sin incidentes y que estaba viviendo con su familia. El Estado Parte no tuvo contacto directo con él desde que fue devuelto al Irán. En vista de esta información, así como de la conclusión del Canadá de que no corría un riesgo sustancial de ser torturado al regresar al Irán, el Estado Parte sostiene que no era necesario que considerara la cuestión de los mecanismos de vigilancia en este caso. (La versión completa de la respuesta del Estado Parte figura en el informe anual A/61/44.)

El 9 de agosto de 2006, el Estado Parte informó al Comité de que el 16 de mayo de 2006 el autor de la queja había ido a la Embajada del Canadá en Teherán para atender algunos asuntos personales y administrativos en el Canadá que no guardaban relación con las alegaciones formuladas ante el Comité. No se había quejado de ningún maltrato en el Irán ni de las autoridades iraníes. Como la visita del autor confirmaba la anterior información proporcionada por su sobrino, las autoridades canadienses pidieron que la cuestión se eliminara del examen en el marco del procedimiento de seguimiento.

El 5 de abril de 2007, el Estado Parte respondió a los comentarios del abogado de 24 de junio de 2006. Afirmaba que no tenía conocimiento del estado de salud del autor y que su nuevo interrogatorio por las autoridades iraníes se habría debido al descubrimiento de la decisión del Comité. El Estado Parte considera que esta decisión es un "factor interviniente", posterior a su regreso, que podía no haber tenido en cuenta en el momento de su regreso. Además, las preocupaciones del autor no revelan ninguna queja que, de tener que formularse al Comité, pudiera dar lugar a la violación de un derecho enunciado en la Convención. Un interrogatorio efectuado por las autoridades no equivale a tortura. En todo caso, su temor a ser torturado durante el interrogatorio es especulativo e hipotético. Como el Irán ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dada la posibilidad de que el autor utilice los mecanismos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, considera que las Naciones Unidas están en mejores condiciones de realizar investigaciones sobre el estado de salud del autor.

Respuesta del autor

El letrado del autor de la queja ha cuestionado la decisión del Estado Parte de expulsar al autor a pesar de las conclusiones del Comité. Hasta el momento no ha facilitado la información que tal vez obre en su poder sobre la situación del autor desde su llegada al Irán.

El abogado afirma que el 24 de junio de 2006 el autor le informó de que las autoridades iraníes habían entregado en su domicilio una copia de la decisión del Comité y habían pedido su comparecencia para ser interrogado. Al teléfono se lo notaba muy preocupado y desde entonces el abogado no ha tenido noticias de él. Además, dice que el Sr. Dadar es persona non grata en el Irán. No puede trabajar ni viajar ni tampoco recibir el tratamiento médico que recibía en el Canadá.

Medidas adoptadas

Véase el informe anual del Comité (A/61/44), en el que figura el contenido de las notas verbales enviadas al Estado Parte por el Relator Especial.

Decisión del Comité

Al examinar la información de seguimiento en su 36º período de sesiones, el Comité deploró que el Estado Parte no hubiese cumplido su obligación, prevista en el artículo 3, de no proceder a "la expulsión, devolución (refoulement) o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". El diálogo continúa.

Estado Parte

FRANCIA

Caso

Arana, Nº 63/1997

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Española, a España

Dictamen aprobado el

9 de noviembre de 1999

Asuntos y violaciones dictaminados

La expulsión del autor a España constituyó una violación del artículo 3.

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Pedidas pero no aceptadas por el Estado Parte, que alegó haber recibido la solicitud del Comité después de la expulsión.

Remedio recomendado

Medidas que se han de adoptar.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

5 de marzo de 2000

Fecha de la respuesta

La última respuesta se recibió el 1º de septiembre de 2005.

Respuesta del Estado Parte

El Comité recordará que el 8 de enero de 2001 el Estado Parte había suministrado información de seguimiento, en la que afirmaba, entre otras cosas, que el 30 de junio de 2000 se había instituido un nuevo procedimiento administrativo que permitía suspender mediante un fallo sumario la ejecución de decisiones, incluso las de expulsión. La versión completa de su respuesta figura en el informe anual del Comité (A/61/44).

Respuesta del autor

El 6 de octubre de 2006, el abogado respondió que el 17 de enero de 1997 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes había visitado al autor y afirmado que las alegaciones de maltrato eran creíbles. El 12 de junio de 1998 el autor había sido condenado por la Audiencia Nacional a 83 años de prisión, sobre la base de confesiones obtenidas mediante tortura y en violación de las normas de extradición. No existía ninguna posibilidad de apelación de la decisión de la Audiencia Nacional.

Además, afirmaba que desde que el Comité había adoptado la decisión y se habían realizado numerosas protestas, incluso huelgas de hambre por nacionales vascos amenazados de expulsión de Francia a España, las autoridades francesas habían suspendido la entrega de esas personas a las autoridades españolas, pero que éstas podían volver libremente a España. Asimismo, el 18 de enero de 2001 el Ministerio del Interior de Francia afirmó, entre otras cosas, que estaba prohibido expulsar a nacionales vascos a no ser aplicando un procedimiento de extradición en virtud de una orden de detención dictada por las autoridades españolas.

Sin embargo, el Ministerio también afirmaba que las torturas y tratos inhumanos infligidos por las fuerzas de seguridad españolas a nacionales vascos acusados de terrorismo y la tolerancia de esos tratos por las autoridades españolas eran corroborados por varias fuentes.

Decisión del Comité

Dado que el autor de la queja fue expulsado hace casi diez años, el Comité no tiene que adoptar ninguna nueva medida de seguimiento de este caso.

Caso

Brada, Nº 195/2003

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Argelina, a Argelia

Dictamen aprobado el

17 de mayo de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículos 3 y 22

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas pero no aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

Medidas de indemnización por incumplimiento del artículo 3 de la Convención y determinación, en consulta con el país (también Estado Parte en la Convención) al que se devolvió al autor de la queja, de su paradero y bienestar presentes.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

21 de septiembre de 2005

Respuesta del Estado Parte

Tras la solicitud del Comité de 7 de junio de 2005 de que se adoptasen medidas de seguimiento, el Estado Parte informó al Comité que se permitiría que el autor de la queja regresara al territorio francés si lo deseaba y se le otorgaría un permiso especial de residencia con arreglo al artículo L.523-3 del Código sobre la entrada y la permanencia de extranjeros. Esta medida era posible en virtud del fallo del Tribunal de Apelación de Burdeos de 18 de noviembre de2003, que anuló la decisión del Tribunal Administrativo de Limoges de 8 de noviembre de 2001. En esta última decisión se había confirmado que Argelia era el país al que se debía devolver al autor. Además, el Estado Parte informa al Comité que está entrando en contacto con las autoridades argelinas por la vía diplomática para conocer el paradero y el bienestar del autor de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Caso

Tebourski, Nº 300/2006

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Túnez

Dictamen aprobado el

1º de mayo de 2007

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículos 3 y 22

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas pero no aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

Remediar la violación del artículo 3 y consultar a las autoridades tunecinas sobre el paradero y el bienestar del autor.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

13 de agosto de 2007 (aún no debe presentarse)

Estado Parte

PAÍSES BAJOS

Caso

Ali Jeljeli, Nº 91/1997

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Tunecina, a Túnez

Dictamen aprobado el

13 de noviembre de 1998

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Solicitadas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al autor de la queja a Túnez ni a ningún otro país en que esté en verdadero peligro de ser expulsado o devuelto a Túnez.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

No se proporcionó información alguna.

Respuesta del autor

No se aplica.

Estado Parte

NORUEGA

Caso

Dar, Nº 249/2004

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Pakistaní, al Pakistán

Dictamen aprobado el

11 de mayo de 2007

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 22

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Solicitadas pero no aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendando

Ninguno. El Estado Parte ya ha remediado el incumplimiento.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Aún no debe presentarse (no se ha fijado aún)

Estado Parte

SENEGAL

Caso

Suleymane Guengueng y otros, Nº 181/2001

Nacionalidad y país donde sería expulsado

No se aplica

Dictamen aprobado el

17 de mayo de 2006

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de enjuiciamiento - artículo 5 (párr. 2) y artículo 7

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

No se aplica.

Remedio recomendado

Con arreglo al párrafo 5 del artículo 112 de su Reglamento, el Comité solicita al Estado Parte que le comunique, dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, las medidas que haya adoptado para dar curso al dictamen supra.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

16 de agosto de 2006

Fecha de la respuesta

8 de marzo de 2007 (anteriormente había respondido el 18 de agosto y el 28 de septiembre de 2006)

Respuesta del Estado Parte

El 18 de agosto de 2006, el Estado Parte negó que hubiera violado la Convención y reiteró sus argumentos sobre el fondo de la cuestión, incluso el relativo al artículo 5, de que en virtud de la Convención un Estado Parte no está obligado a cumplir sus obligaciones dentro de un plazo determinado. La solicitud de extradición se tramitó con arreglo a la legislación nacional aplicable entre el Estado Parte y los Estados con los cuales no ha concertado un tratado de extradición. Afirma que cualquier otra forma de tramitar este caso habría violado la legislación nacional. La incorporación del artículo 5 a la legislación nacional se encontraba en su etapa final y el texto correspondiente sería examinado por el poder legislativo. Para evitar toda posible impunidad, el Estado Parte sostuvo que había remitido el caso a la Unión Africana para que ésta lo examinase, evitando así una violación del artículo 7. Como la Unión Africana aún no había examinado el caso en ese momento, sería imposible proporcionar reparación a los autores.

El 28 de septiembre de 2006, el Estado Parte informó al Comité de que el Comité de Juristas Eminentes de la Unión Africana había adoptado la decisión de confiar al Senegal la tarea de enjuiciar al Sr. Habré por los cargos que se le habían formulado. Afirmó que sus autoridades judiciales estaban estudiando la viabilidad judicial y los elementos necesarios de un contrato en materia de logística y financiación que debía firmarse entre el Estado Parte y la Unión Africana.

El 7 de marzo de 2007, el Estado Parte suministró la información actualizada que figura a continuación. El 9 de noviembre de 2006 el Consejo de Ministros había aprobado dos nuevas leyes relativas al reconocimiento del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, así como la jurisdicción universal y la cooperación judicial. La aprobación de esas leyes venía a llenar la laguna legal que había impedido que el Estado Parte considerara el caso Habré. El 23 de noviembre de 2006 se estableció un grupo de trabajo para estudiar las medidas que debían adoptarse para enjuiciar al Sr. Habré con las debidas garantías. Ese grupo de trabajo ha examinado lo siguiente: los textos de la Asamblea Nacional sobre los cambios legales para eliminar los obstáculos puestos de relieve durante el examen de la solicitud de extradición el 20 de septiembre de 2005; un marco para los cambios infraestructurales, legislativos y administrativos necesarios para atender la solicitud de la Unión Africana de realizar un juicio con las debidas garantías; las medidas que debían adoptarse en el ámbito diplomático para garantizar la cooperación entre todos los países interesados, así como otros Estados y la Unión Africana; las cuestiones de seguridad; y el apoyo financiero. Estos elementos se incluyeron en un informe presentado a la Unión Africana durante su octavo período de sesiones, que se celebró los días 29 y 30 de enero de 2007. En ese informe se destacaba la necesidad de movilizar recursos financieros de la comunidad internacional.

Respuesta del autor

El 9 de octubre de 2006, los autores formularon comentarios sobre la comunicación del Estado Parte de 18 de agosto de 2006. Afirmaban que el Estado Parte no había facilitado información sobre las medidas que tenían la intención de adoptar para aplicar la decisión del Comité. Incluso tres meses después de la decisión de la Unión Africana de que el Senegal debía juzgar al Sr. Habré, el Estado Parte aún no había aclarado la forma en que tenía la intención de aplicar la decisión.

El 24 de abril de 2007, los autores respondieron a la comunicación del Estado Parte de 7 de marzo de 2007. Daban gracias al Comité por su decisión y por el procedimiento de seguimiento que estaban convencidos desempeñaba un papel importante en los esfuerzos del Estado Parte para aplicar la decisión. Celebraban las enmiendas judiciales mencionadas por el Estado Parte, que le habían impedido considerar el caso Habré.

Si bien reconocían los esfuerzos hechos hasta el momento por el Estado Parte, los autores destacaban que la decisión aún no se había aplicado plenamente y que este caso aún no se había presentado a las autoridades competentes. También destacaban lo siguiente:

1.La nueva legislación no incluye el delito de tortura sino sólo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

2.Dado que el Estado Parte tiene la obligación de sustanciar el juicio o extraditar al Sr. Habré, esto no debería depender de la obtención de asistencia financiera por el Estado Parte. Los autores presumen que esta petición se formula para garantizar que un juicio se sustancie en las mejores condiciones posibles.

3.Cualquiera sea la decisión adoptada por la Unión Africana con respecto a este asunto, no puede influir en la obligación del Estado Parte de considerarlo y presentarlo a la jurisdicción competente.

Estado Parte

SERBIA Y MONTENEGRO

Caso

Ristic, Nº 113/1998

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Yugoslava

Dictamen aprobado el

11 de mayo de 2001

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de investigación de las alegaciones de tortura a manos de la policía - artículos 12 y 13

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Insta al Estado Parte a llevar a cabo las investigaciones sin demora. Un remedio apropiado.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

6 de enero de 1999

Fecha de la respuesta

La última nota verbal data del 28 de julio de 2006 (había respondido el 5 de agosto de 2005 - véase el informe anual del Comité, A/61/44).

Respuesta del Estado Parte

El Comité recordará que mediante nota verbal de 5 de agosto de 2005 el Estado Parte confirmó que el Primer Juzgado Municipal de Belgrado, mediante decisión de 30 de diciembre de 2004, había fallado que los padres del autor debían cobrar indemnización. Sin embargo, como este caso está en apelación ante el Tribunal de Distrito de Belgrado, en aquel momento esta decisión no era efectiva ni ejecutoria. El Estado Parte también comunicó al Comité que el Juzgado Municipal había considerado inadmisible la solicitud de que se hiciese una investigación minuciosa e imparcial de las alegaciones de brutalidad policial como posible causa de la muerte del Sr. Ristic.

El 28 de julio de 2006, el Estado Parte informó al Comité de que el Tribunal de Distrito de Belgrado había desestimado la reclamación presentada en mayo de 2005 por la República de Serbia y la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. El 8 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo de Serbia desestimó por infundada la declaración revisada de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, fallando que tenía que cumplir sus obligaciones dimanantes de la Convención. También la consideraba responsable por no haber iniciado una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de la muerte de Milan Ristic.

Respuesta del autor

El 25 de marzo de 2005, el Comité recibió información del Centro de Derecho Humanitario de Belgrado en el sentido de que el Primer Juzgado Municipal de Belgrado había ordenado que el Estado Parte pagara a los padres del autor 1 millón de dinares para indemnizarlos por no haber efectuado una investigación expedita, imparcial y completa de las causas de la muerte del autor de la queja en cumplimiento de la decisión del Comité contra la Tortura.

Caso

Hajrizi Dzemajl y otros, Nº 161/2000

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Yugoslava

Dictamen aprobado el

21 de noviembre de 2002

Asuntos y violaciones dictaminados

Quema y destrucción de casas, falta de investigación y falta de pago de una indemnización - artículos 16 (párr. 1), 12 y 13

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Insta al Estado Parte a efectuar la debida investigación de los hechos ocurridos el 15 de abril de 1995, a enjuiciar y sancionar a los responsables de esos actos y a ofrecer reparación a los autores, incluida una indemnización justa y adecuada.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

Véase CAT/C/32/FU/1.

Respuesta del Estado Parte

Véase el primer informe de seguimiento (CAT/C/32/FU/1). Después del 33º período de sesiones y aunque acogía complacido el pago de la indemnización que el Estado Parte había otorgado a los autores por las violaciones dictaminadas, el Comité estimó que debía recordársele su deber de proceder a la debida investigación del asunto.

Respuesta del autor

Ninguna

Caso

Dimitrov, Nº 171/2000

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Yugoslava

Dictamen aprobado el

3 de mayo de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Tortura y falta de investigación - artículo 2 (párr. 1), en relación con los artículos 1, 12, 13 y 14

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

No se aplica.

Remedio recomendado

El Comité insta al Estado Parte a efectuar la debida investigación de los hechos que aduce el autor de la queja.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

18 de agosto de 2005

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

Ninguna

Respuesta del autor

No se aplica.

Caso

Dimitrijevic, Nº 172/2000

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Serbia

Dictamen aprobado el

16 de noviembre de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Tortura y falta de investigación - artículos 1, 2 (párr. 1), 12, 13 y 14

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

No se aplica.

Remedio recomendado

El Comité insta al Estado Parte a perseguir a los responsables de las violaciones dictaminadas, a disponer la indemnización del autor de la queja y, con arreglo al párrafo 5 del artículo 112 del reglamento, a comunicarle, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, las medidas que haya adoptado para atender al dictamen indicado.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

26 de febrero de 2006

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

Ninguna

Respuesta del autor

No se aplica.

Caso

Nikolic, Nº 174/2000

Nacionalidad y país donde sería expulsado

No se aplica.

Dictamen aprobado el

24 de noviembre de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de investigación - artículos 12 y 13

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

No se aplica.

Remedio recomendado

Información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento al dictamen del Comité, en particular sobre la iniciación y el resultado de una investigación imparcial de las circunstancias de la muerte del hijo del autor de la queja.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

27 de febrero de 2006

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

Ninguna

Respuesta del autor

No se aplica.

Caso

Dimitrijevic, Dragan, Nº 207/2002

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Serbia

Dictamen aprobado el

24 de noviembre de 2004

Asuntos y violaciones dictaminados

Tortura y falta de investigación - artículo 2 (párr. 1), en relación con los artículos 1, 12, 13 y 14

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Proceder a la debida investigación de los hechos que aduce el autor de la queja.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Febrero de 2005

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

Ninguna

Respuesta del autor

El 1º de septiembre de 2005, el representante del autor de la queja informó al Comité que, tras haber efectuado recientemente averiguaciones, no tenía indicación alguna de que el Estado Parte hubiese comenzado a investigar los hechos aducidos por el autor.

Estado Parte

ESPAÑA

Caso

Encarnación Blanco Abad, Nº 59/1996

Nacionalidad y país donde sería expulsada

Española

Dictamen aprobado el

14 de mayo de 1998

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de investigación - artículos 12 y 13

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Medidas pertinentes

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

No se proporciona información.

Respuesta del autor

No se aplica.

Caso

Urra Guridi, Nº 212/2002

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Española

Dictamen aprobado el

17 de mayo de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de prevención y castigo de la tortura y falta de reparación - artículos 2, 4 y 14

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Insta al Estado Parte a velar por que en la práctica los responsables de los actos de tortura sean sancionados como corresponde y por el cabal resarcimiento del autor.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

18 de agosto de 2005

Fecha de la respuesta

Ninguna

Respuesta del Estado Parte

No se proporcionó información.

Respuesta del autor

No se aplica.

Estado Parte

SUECIA

Caso

Tapia Páez, Nº 39/1996

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Peruana, al Perú

Dictamen aprobado el

28 de abril de 1997

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al Perú al Sr. Gorki Ernesto Tapia Páez.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

De acuerdo con la solicitud de seguimiento del Comité de 25 de mayo de 2005, el Estado Parte informó a éste que el 23 de junio de 1997 se había concedido permiso de residencia permanente al autor de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Kisoki, Nº 41/1996

Nacionalidad y país donde sería expulsada

Ciudadana de la República Democrática del Congo, a la República Democrática del Congo

Dictamen aprobado el

8 de mayo de 1996

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza a la República Democrática del Congo a Pauline Muzonzo Paku Kisoki.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

De acuerdo con la solicitud de seguimiento del Comité de 25 de mayo de 2005, el Estado Parte informó a éste que el 7 de noviembre de 1996 se había concedido un el permiso de residencia permanente a la autora de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Tala, Nº 43/1996

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Iraní, al Irán

Dictamen aprobado el

15 de noviembre de 1996

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al Irán al Sr. Kaveh Yaragh Tala.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

De acuerdo con la solicitud de seguimiento del Comité de 25 de mayo de 2005, el Estado Parte informó a éste que el 18 de febrero de 1997 se había concedido un permiso de residencia permanente al autor de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Avedes Hamayak Korban, Nº 88/1997

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Iraquí, al Iraq

Dictamen aprobado el

16 de noviembre de 1998

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al Iraq al autor de la queja. Asimismo, tiene el deber de no devolverlo por la fuerza a Jordania, dado el peligro que correría de ser expulsado desde este país al Iraq.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

De acuerdo con la solicitud de seguimiento del Comité de 25 de mayo de 2005, el Estado Parte informó a éste que el 18 de febrero de 1999 se había concedido un permiso de residencia permanente al autor de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Ali Falakaflaki, Nº 89/1997

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Iraní, al Irán

Dictamen aprobado el

8 de mayo de 1998

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al Sr. Ali Falakaflaki a la República Islámica del Irán.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

De acuerdo con la solicitud de seguimiento del Comité de 25 de mayo de 2005, el Estado Parte informó a éste que el 17 de julio de 1998 se había concedido un permiso de residencia permanente al autor de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Orhan Ayas, Nº 97/1997

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Turca, a Turquía

Dictamen aprobado el

12 de noviembre de 1998

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al autor de la queja a Turquía ni a ningún otro país donde correría un peligro real de ser expulsado o devuelto a Turquía.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

De acuerdo con la solicitud de seguimiento del Comité de 25 de mayo de 2005, el Estado Parte informó a éste que el 8 de julio de 1999 se había concedido un permiso de residencia permanente al autor de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Halil Haydin, Nº 101/1997

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Turca, a Turquía

Dictamen aprobado el

20 de noviembre de 1998

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al autor de la queja a Turquía ni a ningún otro país donde esté en peligro real de ser expulsado o devuelto a Turquía.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

De acuerdo con la solicitud de seguimiento del Comité de 25 de mayo de 2005, el Estado Parte informó a éste que el 19 de febrero de 1999 se había concedido un permiso de residencia permanente al autor de la queja.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

A. S., Nº 149/1999

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Iraní, al Irán

Dictamen aprobado el

24 de noviembre de 2000

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza a la autora de la queja al Irán ni a ningún otro país donde esté en peligro real de ser expulsada o devuelta al Irán.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

22 de febrero de 2001

Respuesta del Estado Parte

El Estado Parte informó al Comité que, el 30 de enero de 2001, la Junta de Apelación de Extranjeros examinó una nueva solicitud de permiso de residencia de la autora de la queja. La Junta resolvió concederle un permiso de residencia permanente en Suecia y anular la orden de expulsión. También concedió un permiso de residencia permanente a su hijo.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Chedli Ben Ahmed Karoui, Nº 185/2001

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Tunecina, a Túnez

Dictamen aprobado el

8 de mayo de 2002

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

Ninguno

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

23 de agosto de 2005

Respuesta del Estado Parte

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento. Véase el primer informe de seguimiento (CAT/C/32/FU/1), en que se afirma que el 4 de junio de 2002 la Junta revocó las decisiones de expulsión del autor de la queja y su familia. También se les otorgaron permisos de residencia permanente sobre la base de esa resolución.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Tharina, Nº 226/2003

Nacionalidad y país donde sería expulsado

De Bangladesh, a Bangladesh

Dictamen aprobado el

6 de mayo de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

Dadas las circunstancias específicas del caso, expulsar a la autora de la queja y a su hija sería quebrantar el artículo 3 de la Convención. El Comité desea que, en un plazo de 90 días a partir del envío de la presente decisión, se le notifiquen las medidas que se hayan adoptado en respuesta al dictamen mencionado.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

15 de agosto de 2005

Fecha de la respuesta

17 de agosto de 2005 (no fue recibida por el ACNUDH, por lo que el Estado Parte volvió a enviarla el 29 de junio de 2006)

Respuesta del Estado Parte

El 20 de junio de 2005, la Junta decidió revocar la decisión de expulsión de la autora y su hija y otorgarles permisos de residencia.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Agiza, Nº 233/2003

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Egipcia, a Egipto

Dictamen aprobado el

20 de mayo de 2005

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículos 3 (violaciones de fondo y de forma), dos veces, y 22, dos veces

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Con arreglo al párrafo 5 del artículo 112 del reglamento, el Comité pide que, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, el Estado Parte le comunique las medidas que haya adoptado para atender el dictamen mencionado. El Estado Parte también tiene el deber de evitar violaciones semejantes en lo sucesivo.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

20 de agosto de 2005

Fecha de la respuesta

La última información se recibió el 1º de septiembre de 2006 (había facilitado una respuesta el 18 de agosto de 2005 - informe anual de Comité, A/61/44).

Respuesta del Estado Parte

El Comité recordará la comunicación del Estado Parte sobre el seguimiento, en la que mencionaba, entre otras cosas, la aprobación de la nueva Ley de extranjería y la vigilancia continua del autor por personal de la Embajada de Suecia en El Cairo. Véase la comunicación completa en el informe anual del Comité (A/61/44).

El 1º de septiembre de 2006, el Estado Parte proporcionó información actualizada sobre su vigilancia del autor. Afirmaba que desde su última actualización el personal de la Embajada había efectuado siete nuevas visitas para ver al Sr. Agiza, la última de ellas el 7 de agosto de 2006. El Sr. Agiza ha estado constantemente de buen ánimo y recibe en la cárcel visitas periódicas de su madre, algunas veces junto con su hermano. Efectúa visitas periódicas al hospital y sus antiguos problemas de espalda y rodilla han mejorado. En febrero le hicieron radiografías de columna y, según se afirma, con resultado satisfactorio. Se dice que su estado de salud es estable y que concurre al Hospital Manial una vez por semana para recibir tratamiento fisioterapéutico.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto visitó al Sr. Agiza por segunda vez. La Embajada aún no ha recibido sus informes. En este contexto, el Sr. Agiza se quejó de su transporte de ida y vuelta al hospital que, según dijo, era incómodo y cansador, particularmente en los meses de verano. Dijo que había enviado una carta para quejarse de eso al Consejo Nacional de Derechos Humanos. Un médico del Consejo también visitó al Sr. Agiza. El Sr. Agiza dijo que no había motivos de queja al respecto desde su última visita. Sin embargo, alegó que había sido amenazado por un guardia de seguridad de que se le dispararía si trataba de escapar durante sus traslados al hospital. Su madre también se ha quejado reiteradamente de su estado de salud en cartas dirigidas al Ministerio del Interior y al servicio de seguridad. El Estado Parte observa que hay discrepancias sustanciales entre el cuadro presentado por el Sr. Agiza a la Embajada de Suecia y el proporcionado por su madre. El servicio de seguridad egipcio niega las afirmaciones de que fue amenazado. El personal de la Embajada lo ha visitado en 39 ocasiones y continuará las visitas.

Respuesta del autor

El 31 de octubre de 2006, el abogado del autor respondió a la comunicación del Estado Parte. Afirmaba que el 24 de enero de 2006 había celebrado una reunión con el Embajador de Suecia. Durante esa reunión, el abogado había hecho hincapié en que era esencial que la Embajada continuara sus visitas con la misma periodicidad con que había venido haciéndolas. Según la información de que disponía el abogado, el tratamiento posterior a la cirugía de espalda había sido inadecuado y su recuperación insatisfactoria. La Embajada prometió continuar destacando la importancia de la necesaria atención médica en el marco diplomático. Sin embargo, era reticente a presentar una solicitud al Gobierno de Egipto para que el Sr. Agiza pudiera mantener contacto telefónico con su mujer y sus hijos que residían en Suecia como refugiados. El Embajador no dijo claramente si solicitaría un nuevo juicio del autor. El abogado presentaba argumentos para justificar que su juicio de abril de 2004 se había sustanciado sin las debidas garantías y también pedía que se levantara la prohibición de que el autor volviera a Suecia, en caso de que fuera excarcelado en el futuro. Según el Embajador, esto dependía de la Junta de Migración. El abogado pedía al Estado Parte que estudiara la posibilidad de obtener un nuevo juicio en Suecia o permitirle completar su pena de prisión en este país (como proponía el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura), pero el Estado Parte respondió que esas medidas no eran posibles. Además, se habían rechazado las solicitudes de indemnización ex gratia y se propuso que se presentara oficialmente una demanda en virtud de la Ley de indemnización, lo que se ha hecho.

Según el abogado, a pesar de que el elemento de vigilancia de los esfuerzos del Estado Parte es satisfactorio, se dice que el conjunto de sus esfuerzos son insuficientes con respecto a la solicitud de contacto con sus familiares en Suecia, un nuevo juicio, etc.

Caso

C. T. y K. M., Nº 279/2005

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Rwandesa, a Rwanda

Dictamen aprobado el

17 de noviembre de 2006

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

La expulsión de los autores de la queja a Rwanda constituiría una violación del artículo 3 de la Convención. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 112 de su reglamento, el Comité insta al Estado Parte a comunicarle, dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, las medidas que haya adoptado conforme a la decisión supra.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

1º de marzo de 2007

Fecha de la respuesta

19 de febrero de 2007

Respuesta del Estado Parte

El 29 de enero de 2007, la Junta de Migración decidió conceder a los autores permisos de residencia permanente. También obtuvieron el estatuto de refugiados y documentos de viaje.

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Estado Parte

SUIZA

Caso

Mutombo, Nº 13/1993

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Zairense, al Zaire

Dictamen aprobado el

27 de abril de 1994

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no expulsar por la fuerza al Sr. Mutombo al Zaire ni a ningún otro país donde esté en peligro real de ser expulsado o devuelto al Zaire o de ser torturado.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

25 de mayo de 2005

Respuesta del Estado Parte

Para atender la solicitud de información de seguimiento del Comité de 25 de marzo de 2005, el Estado Parte informó a éste que, debido a la ilicitud de la decisión de devolverlo, se autorizó al autor de la queja la entrada provisional el 21 de junio de 1994. Más adelante, habiendo contraído matrimonio con una ciudadana suiza, obtuvo un permiso de residencia el 20 de junio de 1997.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Alan, Nº 21/1995

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Turca, a Turquía

Dictamen aprobado el

8 de mayo de 1996

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza a Turquía a Ismail Alan.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

25 de mayo de 2005

Respuesta del Estado Parte

Para atender la solicitud de información de seguimiento del Comité de 25 de marzo de 2005, el Estado Parte informó a éste que se había concedido asilo al autor de la queja por decisión de 14 de enero de 1999.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Aemei, Nº 34/1995

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Iraní, al Irán

Dictamen aprobado el

29 de mayo de 1997

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

El Estado Parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al autor de la queja y su familia al Irán ni a ningún otro país donde estén en peligro real de ser expulsados o devueltos al Irán.

La conclusión del Comité de que hubo violación del artículo 3 de la Convención no afecta de ningún modo la decisión de las autoridades nacionales competentes de conceder o denegar el asilo. Esa conclusión tiene carácter declaratorio. Por consiguiente, no es preciso que el Estado Parte modifique su decisión sobre la concesión del asilo; por otro lado, sí tiene la responsabilidad de arbitrar soluciones que le permitan adoptar todas las disposiciones del caso para dar cumplimiento al artículo 3 de la Convención. Las soluciones podrían ser de carácter jurídico (como la decisión de conceder la admisión provisional al interesado) o político (como el intento de encontrar un tercer Estado que esté dispuesto a acogerlo en su territorio y se comprometa a no devolverlo o expulsarlo a su vez).

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

25 de mayo de 2005

Respuesta del Estado Parte

Para atender la solicitud de información de seguimiento del Comité de 25 de marzo de 2005, el Estado Parte informó a éste que se había admitido a los autores en calidad de refugiados el 8 de julio de 1997. El 5 de junio de 2003, se les otorgó el permiso de residencia por razones humanitarias. Por este motivo, el Sr. Aemei renunció su condición de refugiado el 5 de junio de 2003. Uno de sus hijos adquirió la nacionalidad suiza.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

Losizkaja, Nº 262/2005

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Belarusa, a Belarús

Dictamen aprobado el

20 de noviembre de 2006

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

La expulsión de la autora a Belarús por el Estado Parte constituiría una violación del artículo 3 de la Convención. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 112 de su reglamento, el Comité insta al Estado Parte a comunicarle, dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, las medidas que haya adoptado para dar curso al dictamen supra.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

27 de febrero de 2007

Fecha de la respuesta

23 de marzo de 2007

Respuesta del Estado Parte

El Estado Parte informó al Comité de que la autora había obtenido permiso para permanecer en Suiza (no se especifica el tipo de permiso) y ya no corre el peligro de ser expulsada a Belarús.

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Caso

El Rgeig, Nº 280/2005

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Libia, Jamahiriya Árabe Libia

Dictamen aprobado el

15 de noviembre de 2006

Asuntos y violaciones dictaminados

Expulsión - artículo 3

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

La devolución forzosa del autor a la Jamahiriya Árabe Libia constituiría una violación por Suiza de los derechos que tiene en virtud del artículo 3 de la Convención. El Comité invita al Estado Parte a que le comunique, dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, las medidas que haya adoptado de acuerdo con las observaciones supra.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

26 de febrero de 2007

Fecha de la respuesta

19 de enero de 2007

Respuesta del Estado Parte

El 17 de enero de 2007, la Oficina Federal de Migración reconsideró parcialmente su decisión de 5 de marzo de 2004. El autor ha obtenido el estatuto de refugiado y ya no corre peligro de ser expulsado a Libia.

Decisión del Comité

Se da por terminado el examen en virtud del procedimiento de seguimiento, puesto que el Estado Parte ha acatado la decisión del Comité.

Estado Parte

TÚNEZ

Caso

M'Barek, Nº 60/1996

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Tunecina

Dictamen aprobado el

10 de noviembre de 2004

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de investigación - artículos 12 y 13

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

El Comité pide al Estado Parte que le informe, dentro de un plazo de 90 días, sobre las disposiciones que tome en respuesta a sus observaciones.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

22 de febrero de 2000

Fecha de la respuesta

15 de abril de 2002

Respuesta del Estado Parte

Véase el primer informe de seguimiento (CAT/C/32/FU/1). El Estado Parte impugnó la decisión del Comité. En el 33º período de sesiones, el Comité estimó que el Relator Especial debía organizar una reunión con un representante del Estado Parte.

Respuesta del autor

Ninguna

Consultas con el Estado Parte

Véase la nota infra sobre las consultas celebradas con el Embajador de Túnez el 25 de noviembre de 2005.

Caso

Thabti, Abdelli, Ltaief, Nos. 187/2001, 188/2001 y 189/2001

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Tunecina

Dictamen aprobado el

20 de noviembre de 2003

Asuntos y violaciones dictaminados

Falta de investigación - artículos 12 y 13

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Ninguna

Remedio recomendado

Que se investiguen las alegaciones de tortura y maltrato de los autores de las quejas y se informe al Comité, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de envío de la presente decisión, sobre las disposiciones que haya tomado en respuesta al dictamen supra.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

23 de febrero de 2004

Fecha de la respuesta

16 de marzo de 2004 y 26 de abril de 2006

Respuesta del Estado Parte

Véase el primer informe de seguimiento (CAT/C/32/FU/1). El 16 de marzo de 2004, el Estado Parte impugnó la decisión del Comité. En el 33º período de sesiones, el Comité estimó que el Relator Especial debía organizar una reunión con un representante del Estado Parte. La reunión se celebró y a continuación se proporciona un resumen de la misma.

El 26 de abril de 2006, el Estado Parte envió una nueva respuesta. Se refería a una de las solicitudes formuladas por los autores (Nº 189/2001) el 31 de mayo de 2005, de "retirar" su queja, lo que, a su juicio, ponía en duda los verdaderos móviles de los autores de las tres comunicaciones (Nos. 187/2001, 188/2001 y 189/2001). Reiteraba su argumentación anterior y aducía que, la retirada de la queja corroboraba sus argumentos de que la queja era un abuso de procedimiento, que los autores no habían agotado los recursos internos y que los motivos de la ONG que los representaba no eran de buena fe.

Respuesta del autor

Uno de los autores (Nº 189/2001) envió una carta a la Secretaría, con fecha 31 de mayo de 2005, para pedir que su caso fuera "retirado", y adjuntaba una carta en la que renunciaba a su estatuto de refugiado en Suiza.

El 8 de agosto de 2006, la carta del autor de 31 de mayo de 2005 se envió a los autores de los casos Nos. 187/2001 y 188/2001 para que formularan comentarios. El 12 de diciembre de 2006, ambos autores respondieron expresando su sorpresa de que el autor hubiera "retirado" su queja sin dar ninguna razón. No excluían presiones de las autoridades tunecinas. Insistían en que sus propias quejas eran legítimas y alentaban al Comité a seguir examinando sus casos en virtud del procedimiento de seguimiento.

El 12 de diciembre de 2006, habiendo recibido una copia de la carta del autor de "retirada" de los demás autores, el representante del autor respondió a la carta del autor de 31 de mayo de 2005. El representante del autor expresaba su sorpresa por la presunta retirada que atribuía a las presiones ejercidas sobre el autor y su familia y las amenazas de las autoridades del Estado Parte. Esto resultaba claramente de la manera en que se retiraba la queja. La retirada no restaba valor a los hechos del caso ni dispensaba de responsabilidad a los torturadores del autor. Lamentaba la retirada y alentaba al Comité a seguir examinando el caso con arreglo al procedimiento de seguimiento.

Consultas con el Estado Parte

El 25 de noviembre de 2005, el Relator Especial sobre el seguimiento se entrevistó con el Embajador de Túnez en relación con los casos Nos. 187/2001, 188/2001 y 189/2001. El Relator explicó el procedimiento de seguimiento. El Embajador se refirió a una carta de31 de mayo de 2005 que había enviado al ACNUDH uno de los autores, el Sr. Ltaief Bouabdallah (caso Nº 189/2001). En esa carta, el autor decía que deseaba "retirar" su queja y adjuntaba una carta por la que renunciaba a su estatuto de refugiado en Suiza. El Embajador afirmó que el autor se había puesto en contacto con la Embajada para obtener un pasaporte y estaba agotando los recursos internos en Túnez. Sigue siendo residente en Suiza, lo que le permite quedarse a pesar de haber renunciado a su estatuto de refugiado. En cuanto a los otros dos casos, el Relator Especial explicó que cada caso tendría que tratarse por separado y que el Comité había pedido que se llevaran a cabo investigaciones. El Embajador preguntó por qué el Comité había considerado apropiado examinar el fondo de la cuestión siendo que el Estado Parte estimaba que no se habían agotado los recursos internos. El Relator Especial explicó que el Comité había considerado que las medidas mencionadas por el Estado Parte eran ineficaces, lo que destacaba el hecho de que no se había investigado ninguno de esos casos en más de diez años desde que se habían formulado las alegaciones.

El Embajador confirmó que transmitiría al Estado Parte las preocupaciones y la solicitud de investigaciones del Comité, en los casos Nos. 187/2001 y 188/2001, y pondría al día al Comité sobre toda medida ulterior de seguimiento que se adoptara.

Estado Parte

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Caso

Chipana, Nº 110/1998

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Peruana, al Perú

Dictamen aprobado el

10 de noviembre de 1998

Asuntos y violaciones dictaminados

La extradición de la autora de la queja al Perú constituía una violación del artículo 3.

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas, pero no aceptadas por el Estado Parte.

Remedio recomendado

Ninguno

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

7 de marzo de 1999

Fecha de la respuesta

La respuesta más reciente data del 9 de noviembre de 2005.

Respuesta del Estado Parte

El 13 de junio de 2001 (como se consigna en el informe sobre la marcha de la actividad presentado en el 34º período de sesiones), el Estado Parte había informado sobre las condiciones de encarcelamiento de la autora de la queja en la cárcel de Chorrillos, Lima. El 23 de noviembre de 2000, el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Perú, junto con algunos representantes de la Administración del Perú, le hicieron una visita en la cárcel. La entrevistaron durante 50 minutos y ella les dijo que no había sido maltratada ni física ni psíquicamente. Observaron que su salud parecía buena. En septiembre de 2000 había sido trasladada del pabellón de máxima seguridad al de seguridad especial media, donde gozaba de otros privilegios, como una hora de visitas por semana, dos horas por día en el patio y acceso a actividades laborales y educativas.

Mediante nota verbal de 18 de octubre de 2001, el Estado Parte transmitió un segundo informe preparado por el Defensor del Pueblo de fecha 27 de agosto de 2001, relativo a las condiciones de encarcelamiento de la autora. Incluía un informe de una visita realizada a la autora en la cárcel el 14 de junio de 2001 por un miembro de la Embajada venezolana en el Perú junto con el Jefe de Asuntos Penales y Penitenciarios del Perú. La autora afirmaba que sus condiciones de encarcelamiento habían mejorado y que podía ver a sus familiares más seguido. Sin embargo, les informaba a ambos de su intención de apelar su sentencia. Según el Defensor del Pueblo, la autora había sido trasladada del pabellón de seguridad especial media al de seguridad media, donde gozaba de más privilegios. Por añadidura, desde el 4 de diciembre de 2000 todas las cárceles de máxima seguridad del país aplican un nuevo régimen: a) visitas: desaparición de los locutorios; se aceptará la visita de cualquier familiar o amigo sin restricciones; b) medios de comunicación: la autora de la queja tiene acceso a todos esos medios sin restricciones; c) abogados: libertad de visita sin restricciones cuatro veces por semana; y d) patio: libertad de circulación hasta las 22.00 horas. El Defensor del Pueblo sacó la conclusión de que las condiciones de encarcelamiento de la autora eran más flexibles debido a su situación personal y a las modificaciones introducidas el 4 de diciembre de 2000. Es más, su salud es buena, aunque sufre de depresión. No ha sido maltratada ni física ni psíquicamente, recibe visitas semanales de sus familiares y participa en las actividades laborales y educativas de la cárcel.

El 9 de diciembre de 2005, el Estado Parte informó al Comité que el 23 de noviembre de 2005 el Embajador venezolano en el Perú se había puesto en contacto con la Sra. Núñez Chipana en la cárcel de máxima seguridad para mujeres de Chorrillos, Lima. De acuerdo con la nota, las autoridades venezolanas han estado haciendo campaña para que la autora no sea condenada a muerte, prisión perpetua o más de 30 años de reclusión, ni sometida a tortura o maltratada. Cuando fue entrevistada, lamentó que las autoridades peruanas de Chorrillos no hubieran dejado entrar a su hermano que había venido de Venezuela para verla. Dijo que recibía tratamiento médico, que podía recibir la visita de su hijo y que su régimen penitenciario era mínimamente restrictivo. Añadió que cada seis meses la visitaban funcionarios de la Embajada venezolana en el Perú. El Estado Parte señala que la situación en el Perú ha cambiado desde que el Comité adoptó su decisión. Ya no hay un cuadro de tortura generalizada y la administración está tratando de resarcir a las víctimas de violación de los derechos humanos durante el gobierno anterior. La autora de la queja ha sido visitada periódicamente y no ha sido torturada ni maltratada de ninguna otra manera. El Estado Parte estima que se ha cumplido su compromiso de cerciorarse, mediante vigilancia, de que la autora no sea objeto de tratos o penas que estén reñidos con la Convención.

El Gobierno también estima que ha cumplido la recomendación de evitar que se produzcan violaciones parecidas en lo sucesivo. Informó al Comité que, desde la aprobación de la Ley de refugiados en 2001, la recién creada Comisión Nacional para los Refugiados ha venido tramitando debidamente todas las solicitudes de asilo y estudiado los casos de expulsión.

El Gobierno pide al Comité que declare que ha cumplido sus recomendaciones y que lo exima del deber de supervisar la situación de la persona expulsada en el Perú.

Respuesta del autor

Ninguna

Quejas respecto de las cuales el Comité consideró que no había habido violación de la Convención hasta el 38 º período de sesiones, pero pidió información complementaria

Estado Parte

ALEMANIA

Caso

M. A. K., Nº 214/2002

Nacionalidad y país donde sería expulsado

Turca, a Turquía

Dictamen aprobado el

12 de mayo de 2004

Asuntos y violaciones dictaminados

No hubo violación.

Medidas provisionales concedidas y respuesta del Estado Parte

Concedidas y aceptadas por el Estado Parte. El Relator Especial sobre las nuevas comunicaciones rechazó la solicitud del Estado Parte de que se retiraran las medidas provisionales.

Remedio recomendado

Si bien es cierto que el Comité no dictaminó violación de la Convención, acogió con agrado que el Estado Parte esté dispuesto a vigilar la situación del autor de la queja tras su regreso a Turquía y le pidió que lo mantuviera informado de la situación.

Fecha señalada para la respuesta del Estado Parte

Ninguna

Fecha de la respuesta

20 de diciembre de 2004

Respuesta del Estado Parte

El Estado Parte informó al Comité que el autor de la queja había accedido a salir del territorio alemán voluntariamente en julio de 2004 y que, según una carta de su abogado de 28 de junio de 2004, se iría de Alemania el 2 de julio de 2004. En la misma carta, así como en una llamada telefónica hecha el 27 de septiembre de 2004, su abogado indicó que el autor no quería que el Estado Parte lo vigilara en Turquía y pediría que lo ayudara únicamente si era detenido. Por este motivo, el Estado Parte no considera necesario hacer nada más para vigilar la situación en este momento.

Respuesta del autor

Ninguna

Decisión del Comité

No es preciso adoptar ninguna otra medida.

VII. REUNIONES FUTURAS DEL COMITÉ

88.De conformidad con el artículo 2 de su reglamento, el Comité celebra dos períodos ordinarios de sesiones cada año. En consulta con el Secretario General, el Comité decidió las fechas de sus períodos ordinarios de sesiones para el bienio 2008-2009. Esas fechas son:

40º período de sesiones26 de abril a 16 de mayo de 2008

41º período de sesiones3 a 21 de noviembre de 2008

42º período de sesiones4 a 22 de mayo de 2009

43º período de sesiones9 a 27 de noviembre de 2009

89.Desde 1995 el Comité ha recibido 203 informes, es decir, 16 informes al año por término medio. En ese mismo período, el Comité ha examinado por término medio 13 informes al año, es decir, 163 informes en total. Ello significa que hasta el 18 de mayo de 2007, último día de su 38º período de sesiones, estaban pendientes de examen 26 informes. En 1995 había 88 Estados Partes en la Convención contra la Tortura. En 2007, el número de Estados Partes es de 144, lo que supone un aumento de 64%. Durante este período no ha aumentado el tiempo de reunión atribuido al pleno del Comité.

90.Hay dos cuestiones relacionadas entre sí que es preciso examinar. Una es la importancia de ofrecer al Comité tiempo de reunión suficiente para que pueda realizar su labor eficazmente y la segunda es facilitar el examen de los más de 25 informes pendientes.

91.En lo que respecta a la primera cuestión, el problema del volumen de trabajo entrante se puede resolver admitiendo que el Comité se reúna en dos períodos de sesiones de tres semanas al año, lo que le permitiría examinar anualmente 16 informes, que es la cantidad aproximada que se recibe cada año.

92.En segundo lugar se plantea la importante cuestión de examinar los 30 informes actualmente pendientes, lo que supone un retraso de dos años y significa que los informes presentados al Comité en junio de 2007 no se podrían examinar antes de noviembre de 2009. El Comité considera que puede absorber el volumen de trabajo atrasado si se le autoriza a reunirse con carácter excepcional tres veces al año durante el bienio 2008-2009. El tercer período de sesiones (excepcional) cada uno de los años 2008 y 2009 estaría exclusivamente dedicado al examen de los informes de los Estados Partes. En cada período de sesiones excepcional el Comité podría examinar diez informes.

VIII. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ SOBRE SUS ACTIVIDADES

93.De conformidad con el artículo 24 de la Convención, el Comité debe presentar un informe anual sobre sus actividades a los Estados Partes y a la Asamblea General. Puesto que el Comité celebra su segundo período ordinario de sesiones de cada año civil a fines de noviembre, lo que coincide con los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General, el Comité aprueba su informe anual al finalizar su período de sesiones del segundo semestre del año para transmitirlo a la Asamblea General durante el mismo año civil. Por consiguiente, en su 780ª sesión, celebrada el 18 de mayo de 2007, el Comité examinó y aprobó por unanimidad el informe sobre sus actividades realizadas en sus períodos de sesiones 37º y 38º.

Anexo I

ESTADOS QUE HAN FIRMADO O RATIFICADO LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, O QUE SE HAN ADHERIDO A ELLA AL 18 DE MAYO DE 2007

Estado

Fecha de la firma

Fecha de recepción del instrumento de ratificación, adhesión a o sucesión b

Afganistán

4 de febrero de 1985

1º de abril de 1987

Albania

11 de mayo de 1994 a

Alemania

13 de octubre de 1986

1º de octubre de 1990

Andorra

5 de agosto de 2002

22 de septiembre de 2006 a

Antigua y Barbuda

19 de julio de 1993 a

Arabia Saudita

23 de septiembre de 1997 a

Argelia

26 de noviembre de 1985

12 de septiembre de 1989

Argentina

4 de febrero de 1985

24 de septiembre de 1986

Armenia

13 de septiembre de 1993 a

Australia

10 de diciembre de 1985

8 de agosto de 1989

Austria

14 de marzo de 1985

29 de julio de 1987

Azerbaiyán

16 de agosto de 1996 a

Bahrein

6 de marzo de 1998 a

Bangladesh

5 de octubre de 1998 a

Belarús

19 de diciembre de 1985

13 de marzo de 1987

Bélgica

4 de febrero de 1985

25 de junio de 1999

Belice

17 de marzo de 1986 a

Benin

12 de marzo de 1992 a

Bolivia

4 de febrero de 1985

12 de abril de 1999

Bosnia y Herzegovina

1º de septiembre de 1993 b

Botswana

8 de septiembre de 2000

8 de septiembre de 2000

Brasil

23 de septiembre de 1985

28 de septiembre de 1989

Bulgaria

10 de junio de 1986

16 de diciembre de 1986

Burkina Faso

4 de enero de 1999 a

Burundi

18 de febrero de 1993 a

Cabo Verde

4 de junio de 1992 a

Camboya

15 de octubre de 1992 a

Camerún

19 de diciembre de 1986 a

Canadá

23 de agosto de 1985

24 de junio de 1987

Chad

9 de junio de 1995 a

Chile

23 de septiembre de 1987

30 de septiembre de 1988

China

12 de diciembre de 1986

4 de octubre de 1988

Chipre

9 de octubre de 1985

18 de julio de 1991

Colombia

10 de abril de 1985

8 de diciembre de 1987

Comoras

22 de septiembre de 2000

Congo

30 de julio de 2003 a

Costa Rica

4 de febrero de 1985

11 de noviembre de 1993

Côte d'Ivoire

18 de diciembre de 1995 a

Croacia

12 de octubre de 1992 b

Cuba

27 de enero de 1986

17 de mayo de 1995

Dinamarca

4 de febrero de 1985

27 de mayo de 1987

Djibouti

5 de noviembre de 2002 a

Ecuador

4 de febrero de 1985

30 de marzo de 1988

Egipto

25 de junio de 1986 a

El Salvador

17 de junio de 1996 a

Eslovaquia

28 de mayo de 1993 b

Eslovenia

16 de julio de 1993 a

España

4 de febrero de 1985

21 de octubre de 1987

Estados Unidos de América

18 de abril de 1988

21 de octubre de 1994

Estonia

21 de octubre de 1991 a

Etiopía

14 de marzo de 1994 a

ex República Yugoslava de Macedonia

12 de diciembre de 1994 b

Federación de Rusia

10 de diciembre de 1985

3 de marzo de 1987

Filipinas

18 de junio de 1986 a

Finlandia

4 de febrero de 1985

30 de agosto de 1989

Francia

4 de febrero de 1985

18 de febrero de 1986

Gabón

21 de enero de 1986

8 de septiembre de 2000

Gambia

23 de octubre de 1985

Georgia

26 de octubre de 1994 a

Ghana

7 de septiembre de 2000

7 de septiembre de 2000

Grecia

4 de febrero de 1985

6 de octubre de 1988

Guatemala

5 de enero de 1990 a

Guinea

30 de mayo de 1986

10 de octubre de 1989

Guinea-Bissau

12 de septiembre de 2000

Guinea Ecuatorial

8 de octubre de 2002 a

Guyana

25 de enero de 1988

19 de mayo de 1988

Honduras

5 de diciembre de 1996 a

Hungría

28 de noviembre de 1986

15 de abril de 1987

India

14 de octubre de 1997

Indonesia

23 de octubre de 1985

28 de octubre de 1998

Irlanda

28 de septiembre de 1992

11 de abril de 2002

Islandia

4 de febrero de 1985

23 de octubre de 1996

Israel

22 de octubre de 1986

3 de octubre de 1991

Italia

4 de febrero de 1985

12 de enero de 1989

Jamahiriya Árabe Libia

16 de mayo de 1989 a

Japón

29 de junio de 1999 a

Jordania

13 de noviembre de 1991 a

Kazajstán

26 de agosto de 1998

Kenya

21 de febrero de 1997 a

Kirguistán

5 de septiembre de 1997 a

Kuwait

8 de marzo de 1996 a

Lesotho

12 de noviembre de 2001 a

Letonia

14 de abril de 1992 a

Líbano

5 de octubre de 2000 a

Liberia

22 de septiembre de 2004 a

Liechtenstein

27 de junio de 1985

2 de noviembre de 1990

Lituania

1º de febrero de 1996 a

Luxemburgo

22 de febrero de 1985

29 de septiembre de 1987

Madagascar

1º de octubre de 2001

13 de diciembre de 2005 a

Malawi

11 de junio de 1996 a

Maldivas

20 de abril de 2004 a

Malí

26 de febrero de 1999 a

Malta

13 de septiembre de 1990 a

Marruecos

8 de enero de 1986

21 de junio de 1993

Mauricio

18 de marzo de 1985

9 de diciembre de 1992 a

Mauritania

17 de noviembre de 2004 a

México

23 de enero de 1986

Moldova

28 de noviembre de 1995 a

Mónaco

6 de diciembre de 1991 a

Mongolia

24 de enero de 2002 a

Montenegro

23 de octubre de 2006 b

Mozambique

14 de septiembre de 1999 a

Namibia

28 de noviembre de 1994 a

Nauru

12 de noviembre de 2001

Nepal

14 de mayo de 1991 a

Nicaragua

15 de abril de 1985

Níger

5 de octubre de 1998 a

Nigeria

28 de julio de 1988

28 de junio de 2001

Noruega

4 de febrero de 1985

9 de julio de 1986

Nueva Zelandia

14 de enero de 1986

10 de diciembre de 1989

Países Bajos

4 de febrero de 1985

21 de diciembre de 1988

Panamá

22 de febrero de 1985

24 de agosto de 1987

Paraguay

23 de octubre de 1989

12 de marzo de 1990

Perú

29 de mayo de 1985

7 de julio de 1988

Polonia

13 de enero de 1986

26 de julio de 1989

Portugal

4 de febrero de 1985

9 de febrero de 1989

Qatar

11 de enero de 2000 a

Reino Unido de Gran de Bretañae Irlanda del Norte

15 de marzo de 1985

8 de diciembre de 1988

República Árabe Siria

19 de agosto de 2004 a

República Checa

22 de febrero de 1993 b

República de Corea

9 de enero de 1995 a

República Democrática del Congo

18 de marzo de 1996 a

República Dominicana

4 de febrero de 1985

Rumania

18 de diciembre de 1990 a

San Marino

18 de septiembre de 2002

27 de noviembre de 2006 a

Santa Sede

26 de junio de 2002 a

Santo Tomé y Príncipe

6 de septiembre de 2000

San Vicente y las Granadinas

1º de agosto de 2001 a

Senegal

4 de febrero de 1985

21 de agosto de 1986

Serbia

12 de marzo de 2001 b

Seychelles

5 de mayo de 1992 a

Sierra Leona

18 de marzo de 1985

25 de abril de 2001

Somalia

24 de enero de 1990 a

Sri Lanka

3 de enero de 1994 a

Sudáfrica

29 de enero de 1993

10 de diciembre de 1998

Sudán

4 de junio de 1986

Suecia

4 de febrero de 1985

8 de enero de 1986

Suiza

4 de febrero de 1985

2 de diciembre de 1986

Swazilandia

26 de marzo de 2004 a

Tayikistán

11 de enero de 1995 a

Timor-Leste

16 de abril de 2003 a

Togo

25 de marzo de 1987

18 de noviembre de 1987

Túnez

26 de agosto de 1987

23 de septiembre de 1988

Turkmenistán

25 de junio de 1999 a

Turquía

25 de enero de 1988

2 de agosto de 1988

Ucrania

27 de febrero de 1986

24 de febrero de 1987

Uganda

3 de noviembre de 1986 a

Uruguay

4 de febrero de 1985

24 de octubre de 1986

Uzbekistán

28 de septiembre de 1995 a

Venezuela

15 de febrero de 1985

29 de julio de 1991

Yemen

5 de noviembre de 1991 a

Zambia

7 de octubre de 1998 a

Notas

a Adhesión (75 países).

b Sucesión (7 países).

Anexo II

ESTADOS PARTES QUE HAN DECLARADO, EN EL MOMENTO DE RATIFICAR LA CONVENCIÓN O ADHERIRSE A ELLA, QUE NO RECONOCEN LA COMPETENCIA DEL COMITÉ PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN, AL 18 DE MAYO DE 2007

Afganistán

Arabia Saudita

China

Cuba

Guinea Ecuatorial

Israel

Kuwait

Mauritania

Marruecos

República Árabe Siria

Anexo III

ESTADOS PARTES QUE HAN FORMULADO LAS DECLARACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA CONVENCIÓN, AL 18 DE MAYO DE 2007 a

Estado Parte

Fecha de entrada en vigor

Alemania

19 de octubre de 2001

Argelia

12 de octubre de 1989

Argentina

26 de junio de 1987

Australia

29 de enero de 1993

Austria

28 de agosto de 1987

Bélgica

25 de julio de 1999

Bosnia y Herzegovina

4 de junio de 2003

Bulgaria

12 de junio de 1993

Camerún

11 de noviembre de 2000

Canadá

24 de julio de 1987

Chile

15 de marzo de 2004

Chipre

8 de abril de 1993

Costa Rica

27 de febrero de 2002

Croacia

8 de octubre de 1991

Dinamarca

26 de junio de 1987

Ecuador

29 de abril de 1988

Eslovaquia

17 de abril de 1995

Eslovenia

16 de julio de 1993

España

20 de noviembre de 1987

Federación de Rusia

1º de octubre de 1991

Finlandia

29 de septiembre de 1989

Francia

26 de junio de 1987

Ghana

7 de octubre de 2000

Grecia

5 de noviembre de 1988

Hungría

26 de junio de 1987

Irlanda

11 de abril de 2002

Islandia

22 de noviembre de 1996

Italia

11 de febrero de 1989

Liechtenstein

2 de diciembre de 1990

Luxemburgo

29 de octubre de 1987

Malta

13 de octubre de 1990

Mónaco

6 de enero de 1992

Noruega

26 de junio de 1987

Nueva Zelandia

9 de enero de 1990

Países Bajos

20 de enero de 1989

Paraguay

29 de mayo de 2002

Perú

7 de julio de 1988

Polonia

12 de junio de 1993

Portugal

11 de marzo de 1989

República Checa

3 de septiembre de 1996

Senegal

16 de octubre de 1996

Serbia y Montenegro

12 de marzo de 2001

Sudáfrica

10 de diciembre de 1998

Suecia

26 de junio de 1987

Suiza

26 de junio de 1987

Togo

18 de diciembre de 1987

Túnez

23 de octubre de 1988

Turquía

1º de septiembre de 1988

Ucrania

12 de septiembre de 2003

Uruguay

26 de junio de 1987

Venezuela

26 de abril de 1994

Estados Partes que sólo han formulado la declaración prevista en el artículo 21 de la Convención, al 18 de mayo de 2007

Estados Unidos de América

21 de octubre de 1994

Japón

29 de junio de 1999

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

8 de diciembre de 1988

Uganda

19 de diciembre de 2001

Estados Partes que sólo han formulado la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención, al 18 de mayo de 2007 b

Azerbaiyán

4 de febrero de 2002

Burundi

10 de junio de 2003

Guatemala

25 de septiembre de 2003

México

15 de marzo de 2002

Seychelles

6 de agosto de 2001

Notas

a En total 55 Estados Partes han formulado la declaración prevista en el artículo 21.

b En total 56 Estados Partes han formulado la declaración prevista en el artículo 22.

Anexo IV

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA EN 2007

Miembro

Nacionalidad

El mandato expira el 31 de diciembre de

Sra. Saadia BELMIR

Marruecos

2009

Sr. Guibril CAMARA

Senegal

2007

Sra. Felice GAER

Estados Unidos de América

2007

Sr. Luis GALLEGOS CHIRIBOGA

Ecuador

2007

Sr. Claudio GROSSMAN

Chile

2007

Sr. Alexander KOVALEV

Federación de Rusia

2009

Sr. Fernando MARIÑO

España

2009

Sr. Andreas MAVROMMATIS

Chipre

2007

Sra. Nora SVEAASS

Noruega

2009

Sr. Xuexian WANG

China

2009

Anexo V

INFORMES TODAVÍA NO PRESENTADOS

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el informe

Fecha revisada*

Informe inicial

Guinea

8 de noviembre de 1990

Somalia

22 de febrero de 1991

Seychelles

3 de junio de 1993

Cabo Verde

3 de julio de 1993

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1994

Etiopía

12 de abril de 1995

Chad

9 de julio de 1996

Côte d'Ivoire

16 de enero de 1997

Malawi

10 de julio de 1997

Honduras

3 de enero de 1998

Kenya

22 de marzo de 1998

Níger

3 de noviembre de 1999

Bangladesh

4 de noviembre de 1999

Burkina Faso

2 de febrero de 2000

Malí

27 de marzo de 2000

Turkmenistán

25 de julio de 2000

Mozambique

14 de octubre de 2000

Ghana

6 de octubre de 2001

Botswana

7 de octubre de 2001

Gabón

7 de octubre de 2001

Líbano

3 de noviembre de 2001

Sierra Leona

25 de mayo de 2002

Nigeria

28 de junio de 2002

San Vicente y las Granadinas

30 de agosto de 2002

Lesotho

11 de diciembre de 2002

Mongolia

23 de febrero de 2003

Irlanda

11 de mayo de 2003

Santa Sede

25 de julio de 2003

Guinea Ecuatorial

6 de noviembre de 2003

Djibouti

5 de diciembre de 2003

Timor-Leste

16 de mayo de 2004

Congo

30 de agosto de 2004

Swazilandia

25 de abril de 2005

Maldivas

20 de mayo de 2005

República Árabe Siria

19 de septiembre de 2005

Liberia

22 de octubre de 2005

Mauritania

17 de diciembre de 2005

Nicaragua

4 de agosto de 2006

Madagascar

13 de enero de 2007

Segundo informe periódico

Afganistán

25 de junio de 1992

Belice

25 de junio de 1992

Filipinas

25 de junio de 1992

Uganda

25 de junio de 1992

[25 de junio de 2008]

Togo

17 de diciembre de 1992

[17 de diciembre de 2008]

Guyana

17 de junio de 1993

[31 de diciembre de 2008]

Brasil

27 de octubre de 1994

Guinea

8 de noviembre de 1994

Somalia

22 de febrero de 1995

Rumania

16 de enero de 1996

Yemen

4 de diciembre de 1996

Jordania

12 de diciembre de 1996

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 1997

[5 de marzo de 2009]

Seychelles

3 de junio de 1997

Cabo Verde

3 de julio de 1997

Camboya

13 de noviembre de 1997

Burundi

19 de marzo de 1998

[31 de diciembre de 2008]

Eslovaquia

27 de mayo de 1998

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1998

Etiopía

12 de abril de 1999

Albania

9 de junio de 1999

[9 de junio de 2007]

Namibia

27 de diciembre de 1999

Tayikistán

9 de febrero de 2000

[31 de diciembre de 2008]

Cuba

15 de junio de 2000

Chad

9 de julio de 2000

Moldova

27 de diciembre de 2000

[27 de diciembre de 2004]

Côte d'Ivoire

16 de enero de 2001

República Democrática del Congo

16 de abril de 2001

[16 de abril de 2009]

El Salvador

16 de julio de 2001

Kuwait

6 de abril de 2001

Malawi

10 de julio de 2001

Honduras

3 de enero de 2002

Kenya

22 de marzo de 2002

Kirguistán

4 de octubre de 2002

Arabia Saudita

21 de octubre de 2002

Bahrein

4 de abril de 2003

[abril de 2007]

Bangladesh

3 de noviembre de 2003

Níger

3 de noviembre de 2003

Sudáfrica

8 de enero de 2004

[31 de diciembre de 2009]

Burkina Faso

2 de febrero de 2004

Qatar

10 de febrero de 2004

[10 de febrero de 2005]

Malí

27 de marzo de 2004

Bolivia

11 de mayo de 2004

Turkmenistán

24 de julio de 2004

Japón

29 de julio de 2004

[30 de junio de 2011]

Mozambique

13 de octubre de 2004

Líbano

5 de octubre de 2005

Botswana

7 de octubre de 2005

Gabón

8 de octubre de 2005

Ghana

18 de diciembre de 2005

Sierra Leona

25 de mayo de 2006

Nigeria

28 de julio de 2006

San Vicente y las Granadinas

31 de agosto de 2006

Lesotho

12 de diciembre de 2006

Mongolia

23 de febrero de 2007

Irlanda

11 de mayo de 2007

Tercer informe periódico

Afganistán

25 de junio de 1996

Belice

25 de junio de 1996

Filipinas

25 de junio de 1996

Senegal

25 de junio de 1996

Uruguay

25 de junio de 1996

Turquía

31 de agosto de 1997

[31 de agosto de 2005]

Túnez

22 de octubre de 1997

[30 de noviembre de 1999]

Brasil

27 de octubre de 1998

Guinea

8 de noviembre de 1998

Somalia

22 de febrero de 1999

Malta

12 de octubre de 1999

[1º de diciembre de 2000]

Liechtenstein

1º de diciembre de 1999

Rumania

16 de enero de 2000

Nepal

12 de junio de 2000

[12 de junio de 2008]

Serbia

3 de septiembre de 2000

Yemen

4 de diciembre de 2000

Jordania

12 de diciembre de 2000

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 2001

[5 de marzo de 2009]

Benin

10 de abril de 2001

Seychelles

3 de junio de 2001

Cabo Verde

3 de julio de 2001

Camboya

13 de noviembre de 2001

Mauricio

7 de enero de 2002

Eslovaquia

27 de mayo de 2002

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 2002

Armenia

12 de octubre de 2002

Costa Rica

10 de diciembre de 2002

Sri Lanka

1º de febrero de 2003

[1º de febrero de 2007]

Etiopía

12 de abril de 2003

ex República Yugoslava de Macedonia

11 de diciembre de 2003

Namibia

27 de diciembre de 2003

República de Corea

7 de febrero de 2004

[7 de febrero de 2012]

Cuba

15 de junio de 2004

Chad

9 de julio de 2004

Côte d'Ivoire

16 de enero de 2005

Lituania

1º de marzo de 2005

Kuwait

5 de abril de 2005

República Democrática del Congo

16 de abril de 2005

[16 de abril de 2009]

El Salvador

16 de julio de 2005

Azerbaiyán

14 de septiembre de 2005

Honduras

3 de enero de 2006

Kenya

22 de marzo de 2006

Malawi

10 de julio de 2006

Eslovenia

14 de agosto de 2006

Kirguistán

4 de octubre de 2006

Arabia Saudita

20 de octubre de 2006

Cuarto informe periódico

Afganistán

25 de junio de 2000

Belarús

25 de junio de 2000

Belice

25 de junio de 2000

Francia

25 de junio de 2000

[25 de junio de 2008]

Filipinas

25 de junio de 2000

Senegal

25 de junio de 2000

Uruguay

25 de junio de 2000

Austria

27 de agosto de 2000

[31 de diciembre de 2008]

Panamá

22 de septiembre de 2000

Colombia

6 de enero de 2001

Ecuador

28 de abril de 2001

[28 de abril de 2009]

Túnez

22 de octubre de 2001

Jamahiriya Árabe Libia

14 de junio de 2002

Argelia

11 de octubre de 2002

Brasil

27 de octubre de 2002

Guinea

8 de noviembre de 2002

Somalia

22 de febrero de 2003

Paraguay

10 de abril de 2003

Liechtenstein

1º de diciembre de 2003

Sri Lanka

1º de febrero de 2003

[1º de febrero de 2007]

Rumania

16 de enero de 2004

Nepal

12 de junio de 2004

[12 de junio de 2008]

Bulgaria

25 de junio de 2004

[25 de junio de 2008]

Camerún

25 de junio de 2004

Chipre

16 de agosto de 2004

Venezuela

20 de agosto de 2004

Serbia

3 de septiembre de 2004

Croacia

7 de octubre de 2004

[7 de octubre de 2008]

Yemen

4 de diciembre de 2004

Jordania

12 de diciembre de 2004

Mónaco

4 de enero de 2005

[4 de enero de 2009]

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 2005

[5 de marzo de 2009]

Benin

10 de abril de 2005

Cabo Verde

3 de julio de 2005

Camboya

13 de noviembre de 2005

República Checa

31 de diciembre de 2005

[31 de diciembre de 2009]

Mauricio

7 de enero de 2006

Eslovaquia

27 de mayo de 2006

Marruecos

20 de julio de 2006

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 2006

Costa Rica

10 de diciembre de 2006

Etiopía

12 de abril de 2007

Quinto informe periódico

Afganistán

25 de junio de 2004

Argentina

25 de junio de 2004

[25 de junio de 2008]

Belarús

25 de junio de 2004

Belice

25 de junio de 2004

Egipto

25 de junio de 2004

Federación de Rusia

25 de junio de 2004

[31 de diciembre de 2010]

Filipinas

25 de junio de 2004

Francia

25 de junio de 2004

[25 de junio de 2008]

Hungría

25 de junio de 2004

[31 de diciembre de 2010]

México

25 de junio de 2004

[31 de diciembre de 2010]

Senegal

25 de junio de 2004

Suiza

25 de junio de 2004

[25 de junio de 2008]

Uruguay

25 de junio de 2004

Austria

27 de agosto de 2004

[31 de diciembre de 2008]

Panamá

27 de septiembre de 2004

España

19 de noviembre de 2004

Colombia

6 de enero de 2005

Ecuador

25 de abril de 2005

[28 de abril de 2009]

China

2 de noviembre de 2005

Grecia

4 de noviembre de 2005

[4 de noviembre de 2009]

Estados Unidos de América

19 de noviembre de 2005

[19 de noviembre de 2011]

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6 de enero de 2006

[6 de enero de 2008]

Jamahiriya Árabe Libia

14 de junio de 2006

Finlandia

28 de septiembre de 2006

Argelia

11 de octubre de 2006

Brasil

27 de octubre de 2006

Guinea

8 de noviembre de 2006

Somalia

22 de febrero de 2007

Paraguay

10 de abril de 2007

Anexo VI

RELATORES PARA LOS PAÍSES Y RELATORES SUPLENTES ENCARGADOS DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES EXAMINADOS POR EL COMITÉ EN SUS PERÍODOS DE SESIONES 37º Y 38º (EN EL ORDEN EN QUE SE EXAMINARON)

A. 37º período de sesiones

Informe

Relator

Suplente

Tayikistán: informe inicial (CAT/C/TJK/1)

Sra. Gaer

Sr. Kovalev

México: cuarto informe periódico (CAT/C/55/Add.12)

Sr. Grossman

Sr. Mariño Menéndez

Burundi: informe inicial (CAT/C/BDI/1)

Sr. Mariño Menéndez

Sr. Camara

Federación de Rusia: cuarto informe periódico (CAT/C/55/Add.11)

Sra. Gaer

Sra. Belmir

Guyana: informe inicial (CAT/C/GUY/1)

Sr. Mavrommatis

Sr. Mariño Menéndez

Sudáfrica: informe inicial (CAT/C/52/Add.3)

Sr. Mavrommatis

Sr. Wang

Hungría: cuarto informe periódico (CAT/C/55/Add.10)

Sr. Grossman

Sra. Sveaass

B. 38º período de sesiones

Dinamarca: quinto informe periódico (CAT/C/81/Add.2)

Sr. Grossman

Sr. Wang

Luxemburgo: quinto informe periódico (CAT/C/81/Add.5)

Sr. Camara

Sra. Belmir

Italia: cuarto informe periódico (CAT/C/67/Add.3)

Sra. Sveaass

Sr. Mariño Menéndez

Países Bajos: cuarto informe periódico (CAT/C/67/Add.4)

Sr. Mavrommatis

Sra. Sveaass

Ucrania: quinto informe periódico (CAT/C/81/Add.1)

Sra. Gaer

Sr. Kovalev

Japón: informe inicial (CAT/C/JPN/1)

Sr. Mariño Menéndez

Sr. Kovalev

Polonia: cuarto informe periódico (CAT/C/67/Add.5)

Sr. Grossman

Sr. Gallegos

Anexo VII

DECISIONES DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA A TENOR DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

A. Decisiones sobre el fondo de la cuestión

Comunicación Nº 227/2003

Presentada por:A. A. C. (representado por un abogado)

Presunta víctima:El autor de la queja

Estado Parte:Suecia

Fecha de la queja:6 de febrero de 2003 (comunicación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 16 de noviembre de 2006,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 227/2003, presentada al Comité contra la Tortura por A. A. C. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado los autores de la queja,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es A. A. C., ciudadano de Bangladesh nacido en 1970. Cuando presentó la queja, el autor estaba en espera de su deportación de Suecia a Bangladesh. Afirma que su expulsión a Bangladesh constituiría una violación por parte de Suecia de los artículos 3 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representado por letrado.

1.2.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 108 del reglamento del Comité, el 7 de febrero de 2003 se pidió al Estado Parte que no expulsara al autor de la queja mientras el Comité estudiaba su caso. El 24 de marzo de 2003 el Estado Parte informó al Comité de que había accedido a su petición de no expulsar al autor de la queja.

Los hechos expuestos por el autor

2.1El autor de la queja es simpatizante desde 1992 del Partido de la Libertad de Bangladesh (BFP), Partido al que se afilió en 1994. En 1995 fue elegido secretario del Partido para la información en el distrito de policía de Naria. Entre sus funciones figuraba organizar reuniones, colocar carteles, redactar consignas, reclutar miembros, celebrar actos en que se pronunciaban discursos y actuar contra el Partido entonces en el poder, la Liga Awami. Cuando los dirigentes nacionales de su partido fueron detenidos y condenados por el asesinato de Sheikh Mujibur Rahman, padre del entonces Primer Ministro y fundador de la Liga Awami, el autor de la queja organizó demostraciones en favor de su liberación. El 15 de agosto de 1997, fue detenido cuando se manifestaba en protesta contra la Liga Awami. Se le acusó de posesión ilegal de armas, de fabricar bombas y de distribuir propaganda contra el Estado. Fue conducido a una celda en la estación de policía de Naria, donde permaneció diez días y fue sometido a unos malos tratos de cuyas consecuencias sufre todavía. Fue liberado gracias al soborno.

2.2.El autor de la queja abandonó Naria y fue a Dhaka, donde se alojó con su tío materno. Pocos días después, unos miembros de la Liga Awami le vieron y le siguieron hasta la casa de su tío. Esa misma noche, cuando vio que la policía entraba por el portal de la residencia de su tío, saltó por una ventana y tomó un tren a Sylhet, donde vive su hermana. Pocos días después la policía vino a casa de su hermana con una persona de Naria. El autor de la queja logró escapar y huyó a las colinas en Sylhet.

2.3.En la primera semana de diciembre de 1997, el autor de la queja regresó a su hogar en Naria y reanudó sus actividades políticas. Simpatizantes de la Liga Awami le atacaron y le maltrataron el 9 de enero de 1998, cuando regresaba a casa. Su hermano le trasladó a otro barrio, donde su esposa le visitó y le dijo que la policía le buscaba porque se habían lanzado acusaciones contra él y que la Liga Awami había ido también a su residencia a obtener dinero. Su mujer quedó embarazada y un mes después del parto el autor de la queja volvió a Naria donde reanudó de nuevo en secreto sus actividades políticas.

2.4.La noche del 29 de junio de 1999, la policía le detuvo en su casa y le condujo a la comisaría. Se le acusó de poseer explosivos y armas ilegales, de fabricar bombas y de hacer propaganda contra el Estado. Esta vez permaneció detenido 15 días. Durante este período, la policía le pegó puñetazos, le golpeó con un tubo de metal y le dio patadas. Fue liberado tras el pago de soborno. No se atrevió en lo sucesivo a permanecer en su hogar y vivió en tres lugares diferentes.

2.5.En febrero de 2000, el autor de la queja se proponía volver a Sonda por barco, pero una vecina le advirtió que había oído a dos simpatizantes de la Liga Awami planear el uso de armas contra él en el puerto. Regresó pues a Dhaka y pasado un tiempo se trasladó a Khulna.

2.6.En agosto de 2000 fue a la India a recibir tratamiento médico por los problemas que tenía a causa de las sevicias de que fue víctima en junio de 1999: dificultades respiratorias y dolores de espalda. En octubre de 2000, cuando regresó a Bangladesh, su familia le dijo que estaba acusado de poseer explosivos y armas ilegales, de fabricar bombas y de distribuir propaganda contra el Estado. También estaba acusado de delitos contra el orden público y de traición en virtud de la Ley de seguridad pública. Durante la visita del entonces Primer Ministro al distrito de Shariatpur, la policía había encontrado explosivos en el distrito y se había considerado responsable de su presencia allí al autor de la queja. Éste permaneció escondido hasta que se fue de Bangladesh el 4 de diciembre de 2000.

2.7.El 5 de diciembre de 2000, el autor de la queja entró en Suecia y solicitó el asilo dos días más tarde. Dijo que corría el riesgo de ser condenado a un mínimo de cinco años de cárcel, en virtud de falsas acusaciones, si se le obligaba a volver a Bangladesh. También declaró que corría el riesgo de ser detenido por la policía, maltratado o torturado y de morir más tarde a manos de la policía o ejecutado por simpatizantes de la Liga Awami. El autor de la queja dijo a las autoridades suecas que su salud era muy mala: sufría de ansiedad, falta de sueño, pesadillas, dificultad de concentración y vértigo. Oía ruidos de la tortura a que se le había sometido y también llorar a su hijo. Los dolores que sentía a causa de los malos tratos eran tales que tenía dificultad para permanecer sentado sin moverse siquiera por poco rato. También presentó informes médicos, de los que se desprendía que, a causa de la angustia, padece dolores de cabeza, vértigo, falta de sueño y, a veces, dificultades respiratorias. El autor de la queja citó los informes de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según dice, confirman la conclusión de que la tortura de activistas y oponentes políticos a manos de la policía para extraer información y con fines de intimidación es a menudo instigada y apoyada por el poder ejecutivo. También señaló que los policías culpables de tortura rara vez son castigados o separados del cuerpo.

2.8.La Junta de Inmigración desestimó su solicitud el 9 de abril de 2001 y dijo que no se podía considerar refugiado al autor de la queja con arreglo a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ni a la Ley de extranjería de Suecia de 1989. En primer lugar, la Junta estimó que el autor de la queja no corría ningún riesgo procedente de las autoridades de Bangladesh por sus actividades políticas, puesto que el BFP es un partido legal; las actividades políticas que había desempeñado eran de un nivel relativamente básico y habían sido permitidas. En segundo lugar, la Junta no creía la declaración del autor sobre las acusaciones formuladas contra él, porque no era creíble que se le hubiese liberado, ni siquiera pagando soborno, si estuviese acusado de varios delitos, antiguos y nuevos. La Junta señaló también que el autor tenía un pasaporte expedido el 14 de agosto de 2000, pese a las acusaciones en su contra. En tercer lugar, la Junta consideró que el autor de la queja tenía la posibilidad de obtener la revisión de su caso por vía legal en Bangladesh, cuyo sistema judicial podía considerarse adecuado e imparcial.

2.9.La Junta de Inmigración estimó también que no se podía considerar que el autor de la queja fuese una persona que necesitase protección por otras razones con arreglo a la Ley de extranjería, porque los malos tratos que había sufrido en agosto de 1997 y junio de 1999 no habían sido autorizados por el Gobierno ni las autoridades de Bangladesh, sino que constituían actos de crueldad cometidos por miembros aislados de la policía, que habían interpretado y aplicado la ley por su cuenta. La Junta aplicó el mismo razonamiento a los malos tratos cometidos por los simpatizantes de la Liga Awami. Por último, la Junta estimó que el autor no tenía derecho a un permiso de residencia en Suecia por razones humanitarias.

2.10. En su recurso ante la Junta de Apelación de Extranjería, el autor se refirió a las conclusiones de médicos suecos. Uno afirmaba que la policía había sometido al autor de la queja en dos ocasiones, en 1997 y en 1999, a los siguientes actos de tortura: golpes con instrumentos contundentes, como los puños y un arma; golpes asestados con un cuchillo y con vidrios; quemaduras con un tubo de metal caliente; golpes en la planta de los pies con una porra de policía; suspensión del techo; descargas eléctricas en las sienes; tentativa de asfixia hundiendo la cabeza del autor en un barril lleno de agua e inyectándole agua por la nariz; y amenazas contra la vida del autor poniéndole una jeringuilla llena de veneno y una pistola en la cabeza. Su conclusión era que el autor de la queja había sufrido daños físicos permanentes en forma de dolores crónicos de cabeza, dolores en la parte inferior de la espalda, pérdida de la sensibilidad en la parte izquierda de la cara, debilidad esporádica en toda la parte izquierda del cuerpo y ataques de vértigo. El segundo médico certificó que el autor había recibido tratamiento médico en Suecia desde el 8 de enero de 2001, cuando fue a la clínica de Östhammar, y se le diagnosticó un estado de ansiedad. El autor de la queja fue tratado en las demás clínicas en enero y abril de 2001. Según el certificado, los síntomas del autor se caracterizaban por la sensación de ser perseguido; el temor y la dificultad para confiar en la gente; síntomas físicos en forma de náuseas cuando ve un coche de policía; dolores físicos cuando piensa en la tortura; falta de sueño; pesadillas; y crisis de ausencia. El autor de la queja confesó también que le venían ideas de suicidio. El médico llegó a la conclusión de que el diagnostico de estrés postraumático era con toda probabilidad correcto y que su caso se podía describir como un caso de enfermedad mental causada por experiencias penosísimas. El médico llegó además a la conclusión de que había información que inducía a pensar que el autor iba camino de adquirir tendencias suicidas. El informe de un tercer médico confirmaba que el autor se había dirigido a su sala del hospital el 11 de julio de 2001, remitido por otra sala y por la clínica psiquiátrica del hospital San Göran. Se había diagnosticado al autor de la queja depresión y estrés postraumático relacionado, entre otras cosas, con la persecución y la tortura de que había sido víctima en Bangladesh. El cuarto médico, un psiquiatra, confirmó ese diagnostico y dijo que el autor presentaba una fuerte ansiedad, que tenía imágenes retrospectivas de cuando fue torturado, que estaba siempre en movimiento, y que era depresivo y tenía dificultad para concentrarse. El autor insistió en que la Junta de Apelación de Extranjería nombrase un médico especial que examinase los informes médicos sobre su caso. El 23 de mayo de 2002, la Junta decidió denegar la moción, sin motivar en absoluto esa decisión.

2.11. En su apelación, el autor declaró que la decisión de la Junta de Inmigración era incoherente, puesto que parecía no creer su declaración sobre el trato de que había sido víctima por parte de las autoridades de Bangladesh. La Junta afirmó que no dudaba de su declaración sobre la tortura y los malos tratos a que se le había sometido, pero no creía su declaración sobre las detenciones. Por decisión de 24 de julio de 2002, la Junta de Apelación de Extranjería confirmó la decisión de la Junta de Inmigración y las conclusiones de ésta sobre las condiciones generales en Bangladesh y sobre su ordenamiento jurídico. La Junta de Apelación de Extranjería estimó que no se podía considerar al autor como refugiado ni como persona que necesitase por otras razones protección con arreglo a la Ley de extranjería y que, "teniendo en cuenta todas las circunstancias", no se le podía conceder un permiso de residencia por razones humanitarias.

2.12. El 4 de febrero de 2003, el autor de la queja fue puesto bajo custodia policial a la espera de que se ejecutase la orden de deportación.

La queja

3.1.El autor afirma que hay razones de peso para creer que sería torturado si se le obligara a volver a Bangladesh y que Suecia violaría así el artículo 3 de la Convención. El autor de la queja se refiere a los certificados médicos (párr. 2.10 supra) en los que se llega a la conclusión de que había sido torturado y afirma que su descripción de la tortura de que había sido víctima coincide con lo que se sabe en general sobre la tortura en Bangladesh gracias a los informes sobre la situación de los derechos humanos, que confirman también la conclusión de que la tortura de los opositores políticos a manos de la policía es a menudo instigada por el poder ejecutivo, de que el sistema judicial no ofrece una protección suficiente a las víctimas y de que los tribunales de jerarquía inferior no son políticamente independientes del poder ejecutivo, que a menudo ignora o soslaya las decisiones de los tribunales de jerarquía superior. El autor pretende también que las elecciones de 2001, en las que el Partido Nacionalista de Bangladesh reemplazó a la liga Awami, no constituyen un cambio tan fundamental en las circunstancias políticas de Bangladesh como para que las razones de la persecución hayan dejado de darse, ni para que las personas contra las cuales se habían formulado acusaciones o cargos a causa de sus actividades políticas hayan sido declaradas inocentes de esas acusaciones o cargos. Dada la situación que prevalece en el país y el hecho de que ni la Junta de Inmigración ni la Junta de Apelación de Extranjería hayan puesto en duda que el autor de la queja hubiera sido objeto de tortura en Bangladesh, el autor sostiene que sigue corriendo un riesgo previsible, considerable y personal de ser detenido y torturado si se le obliga a regresar a Bangladesh.

3.2.Afirma también que la ejecución de una orden de deportación constituiría en sí una violación del artículo 16 de la Convención, dada su frágil condición psíquica y el grave estrés postraumático resultante de la tortura a la que se le había sometido.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1.Por carta de 24 de abril de 2003, el Estado Parte reconoce que se han agotado todos los recursos internos, pero niega que la queja esté fundamentada el mínimo necesario a efectos de la admisibilidad.

4.2.El Estado Parte sostiene también que la queja de violación del artículo 16, relativa a la ejecución de la orden de deportación dada la frágil situación psíquica y el grave estrés postraumático del autor de la queja, es incompatible con las disposiciones de la Convención. El Estado Parte se refiere a la Observación general del Comité sobre el artículo 3, en la que se especifica que la obligación de un Estado Parte de abstenerse de devolver a una persona a otro Estado sólo es aplicable si la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura tal como se define en el artículo 1. En el artículo 3 no se hace referencia, como en el artículo 16, a "otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". El artículo 16 tiene más bien por finalidad proteger a las personas privadas de libertad o que estén de otra manera en poder o bajo el control de hecho de la persona responsable del trato o la pena.

4.3.El Estado Parte recuerda los procedimientos que rigen las solicitudes de asilo en Suecia. Según la Ley de extranjería, un extranjero tiene derecho a un permiso de residencia en Suecia, entre otras cosas, si ha abandonado el país de su nacionalidad a causa de un temor bien fundado de ser condenado a muerte o a castigos corporales o de ser sometido a la tortura o a otros tratos o penas inhumanos o degradantes. En virtud del capítulo 8, las autoridades nacionales tienen que examinar estas mismas cuestiones cuando hayan de aplicar la decisión de denegar la entrada o de ejecutar una orden de expulsión. Incluso cuando la decisión de denegar la entrada o la orden de expulsión sea ejecutoria al término de la apelación, se podrá conceder un permiso de residencia al extranjero si presenta una solicitud "nueva" a la Junta de Apelación de Extranjería. La orden de expulsión sólo se ejecuta si el extranjero rehúsa cumplir voluntariamente la orden; las medidas coercitivas se deberán limitar estrictamente a las necesarias y proporcionadas y se aplicarán teniendo debidamente en cuenta las consideraciones humanitarias y el respeto de la dignidad personal del extranjero. El extranjero tiene derecho a un permiso de residencia, entre otras cosas, si por razones humanitarias se le debe autorizar a establecerse en Suecia. La enfermedad grave, tanto mental como física, puede en casos excepcionales constituir razones humanitarias para la concesión del permiso de residencia.

4.4.En cuanto a los hechos relatados en la queja, el Estado Parte aclara que, en su entrevista con la Junta de Inmigración el 1º de marzo de 2001, declaró que realizaba una actividad política en Bangladesh y que era miembro del BFP. A causa de sus actividades había sido perseguido por la policía y por la Liga Awami y se habían formulado contra él acusaciones falsas. En agosto de 1997 fue detenido durante una manifestación y mantenido en detención durante diez días. Durante este tiempo fue maltratado y torturado por la policía, que le acusaba de poseer armas ilegales, de fabricar bombas y de llevar a cabo actividades subversivas. Se pagó un soborno para obtener su liberación. Durante la entrevista describió detalladamente las circunstancias que precedieron a un ataque lanzado contra él por los simpatizantes de la Liga Awami el 9 de enero de 1998, así como su salida de Bangladesh. El autor explicó que una persona que tenía su pasaporte y que había sobornado a diferentes personas en el aeropuerto le había acompañado hasta el avión.

4.5.El 9 de abril de 2001, la Junta de Inmigración rechazó la solicitud de asilo del autor y ordenó su expulsión al país de origen. La Junta de Inmigración no consideró que el autor tuviese derecho al asilo, a protección o a un permiso de residencia por ninguna otra razón. El autor apeló contra la decisión, pero la Junta de Apelación de Extranjería desestimó la apelación el 24 de julio de 2002. Tras la decisión de la Junta de Apelación de Extranjería, el autor de la queja se escondió. La policía dio con él mientras efectuaba una inspección laboral el 4 de febrero de 2003 y lo detuvo.

4.6.En cuanto al fondo, el Estado Parte alega que, habida cuenta de la situación de los derechos humanos en Bangladesh y de las pruebas presentadas, el autor no ha podido demostrar la existencia del riesgo personal y considerable de tortura definido en el artículo 1, que haría su expulsión contraria al artículo 3. En cuanto a la situación general, el Estado Parte concede que es problemática, pero que tiende a mejorar progresivamente a largo plazo. Después de la introducción de un régimen democrático a comienzos del decenio de 1990, no se ha señalado una opresión sistemática de los disidentes y se permite en general que los grupos de derechos humanos desplieguen sus actividades. El BNP recuperó el poder (después de haber estado en el poder de 1991 a 1996 y en la oposición entre 1996 a 2001) a raíz de las elecciones que tuvieron lugar el 1º de octubre de 2001 y que fueron declaradas libres e imparciales. La violencia es, sin embargo, un elemento omnipresente en la vida política y los simpatizantes de los diferentes partidos se enfrentan entre sí y con la policía en mítines y manifestaciones. Aunque la Constitución de Bangladesh prohíbe la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, se dice que la policía utiliza la tortura, las palizas y otros malos tratos durante el interrogatorio de los sospechosos. Los actos de tortura se investigan rara vez y la policía, cuyos miembros son presuntamente utilizados por el Gobierno para fines políticos, se resisten a realizar investigaciones sobre personas asociadas con el partido en el poder. Los tribunales de jerarquía superior son en gran parte independientes y se pronuncian contra el Gobierno en casos de gran resonancia. Los tribunales juzgan ocasionalmente a personas en contumacia, aunque no es frecuente que lo hagan. La Ley de seguridad pública fue también revocada por el Gobierno en abril de 2001.

4.7.En 2002, unos miembros de la Junta de Apelación de Extranjería del Estado Parte visitaron Bangladesh y se reunieron con miembros del Parlamento y del poder ejecutivo, representantes de las Embajadas locales y de las organizaciones internacionales y, según el informe confidencial del viaje, no descubrieron ninguna persecución institucional. Aunque es posible que algunas personas que gozan de gran notoriedad sean detenidas y acosadas por la policía, la persecución política no es frecuente a nivel de la base, aunque es posible que se formulen acusaciones falsas de asesinato, actividades subversivas y posesión de armas contra personalidades políticas de primer plano. El Estado Parte añade que, desde 1998, Bangladesh es parte en la Convención contra la Tortura y, desde 2001, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4.8.Volviendo al riesgo real, personal y previsible de tortura que el autor de la queja debe correr en virtud del artículo 3 en caso de regresar, el Estado Parte señala que sus autoridades han aplicado explícitamente las disposiciones pertinentes de la Convención. Además, las autoridades competentes están en una situación ventajosa cuando evalúan las solicitudes, particularmente a causa de la experiencia adquirida con la concesión del asilo por razones fundadas en el artículo 3 en 629 casos de los 1.427 casos de ciudadanos de Bangladesh durante un período de diez años. De ahí que se deba dar peso a las decisiones tomadas por las Juntas de Inmigración y de Apelación de Extranjería, cuyo razonamiento hace suyo el Estado Parte.

4.9.El Estado Parte señala que el autor funda en este caso su queja en una presunción del riesgo de tortura al regreso a Bangladesh como consecuencia de su afiliación al BFP y por las acusaciones formuladas contra él en virtud de la Ley de seguridad pública, ahora revocada. Como el contexto político de Bangladesh ha cambiado considerablemente tras la derrota electoral que sufrió en 2001 el gobierno de la Liga Awami, presunto perseguidor del autor de la queja, no parece haber ninguna razón para que éste tema ser perseguido por la policía y mucho menos ser sometido a tortura.

4.10. Además, el Estado Parte observa que el autor de la queja no ha ocupado ningún puesto directivo en el partido y que, como se dice en el informe de la Junta de Apelación de Extranjería (párr. 4.7 supra), los miembros del partido a nivel de la base son rara vez perseguidos por las autoridades. Incluso si el autor de la queja fue torturado en el pasado, no se ha demostrado que la policía le siga buscando hoy en día, ni que seguiría estando en peligro de ser perseguido si volviese ahora a Bangladesh.

4.11. El Estado Parte señala que, si existe actualmente riesgo de persecución por parte de la Liga Awami, ésta es una entidad enteramente no gubernamental y los actos de la Liga no son atribuibles a las autoridades. Según la jurisprudencia del Comité, esta persecución escapa al alcance del artículo 3 de la Convención. Además, esta persecución sería de carácter local y el autor de la queja podría por lo tanto ponerse a salvo desplazándose dentro del país.

4.12. El Estado Parte observa que el autor de la queja reanudó sus actividades políticas en diciembre de 1997, después de haber sido presuntamente liberado en agosto del mismo año. Además, después de su segunda detención en junio de 1999, el autor no intentó en ningún momento salir del país, sino que permaneció allí hasta diciembre de 2000, con excepción de una visita a la India en agosto y septiembre de 2000. Según el Estado Parte, ello indica que ni siquiera el autor de la queja se creía ya entonces en peligro de ser detenido y torturado. El Estado Parte pone en duda el hecho de que autor, presuntamente detenido por la policía y acusado de posesión de armas ilegales y de actividades subversivas en agosto de 1997 y en junio de 1999, no tuviese ninguna dificultad para obtener un pasaporte de las autoridades en agosto de 2000.

4.13. En cuanto a la queja formulada acogiéndose al artículo 16, el Estado Parte se refiere a dos casos en los que existían pruebas médicas de estrés postraumático y se pretendía que ese estado de salud impedía la expulsión. En el asunto G. R. B. c. Suecia, el Comité estimó que la posibilidad de una agravación del estado de salud a causa de la deportación no llegaba al nivel de malos tratos proscrito por el artículo 16, atribuible al Estado Parte, mientras que en el asunto S. V. c. el Canadá, el Comité consideró insuficientemente fundamentada la queja.

4.14. El Estado Parte reconoce que, según los informes médicos, el autor sufre de estrés postraumático y que su salud se ha deteriorado durante el examen de su solicitud de asilo. Considera sin embargo que su temor de regresar a Bangladesh no se funda en una base sólida. El Estado Parte observa que en marzo y abril de 2001 el autor solicitó una excepción de la exigencia del permiso de trabajo porque se le había ofrecido un empleo. Después de la decisión de la Junta de Apelación de Extranjería en julio de 2002, el autor se quedó en el país escondido. Cuando la policía le descubrió, trabajaba de verdulero. Así, el Estado Parte afirma que la situación psíquica del autor de la queja se debe evaluar a la luz de estos hechos y no es tan grave que le haya impedido trabajar. Además, cuando se ejecuta la orden de expulsión, el Estado Parte se cerciora de que se lleva a cabo de una manera humana y digna, teniendo en cuenta el estado de salud del autor de la queja. El Estado Parte afirma, pues, que la posible agravación del estado de salud del autor a causa de la deportación no equivaldría al trato cruel, inhumano o degradante previsto en el artículo 16 de la Convención, atribuible al Estado Parte.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte

5.1.El 18 de julio de 2003 el autor de la queja sostuvo que su comunicación cumple las normas mínimas de fundamentación a efectos de admisibilidad de una queja en virtud del artículo 3. Afirma también que la comunicación reúne las condiciones mínimas del artículo 16 y que la ejecución de la orden de expulsión equivaldría a una violación de este artículo por las autoridades suecas. A pesar del deterioro de su salud mental había sido detenido, y la manera expeditiva en que se preveía expulsarle demuestra que la expulsión no habría tenido lugar de una manera humana y digna. El autor se remite a un informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que a su vez se refiere a las críticas formuladas contra las autoridades suecas por ejecutar órdenes de expulsión sin respetar la dignidad de la persona expulsada.

5.2.Además de los informes ya sometidos sobre la situación general de los derechos humanos en Bangladesh, el autor invoca también un informe adicional de Amnistía Internacional. En este informe se llega a la conclusión de que la tortura está generalizada en Bangladesh desde hace años, que los gobiernos sucesivos no han abordado el problema y que existe un clima de impunidad. Las actuaciones judiciales contra un empleado público, como un funcionario de policía, sólo son posibles con el acuerdo del Gobierno, que rara vez se da. El autor de la queja refuta la afirmación del Estado Parte de que los activistas en la base del partido no son objeto de acusaciones falsas. Recuerda también al Comité la "declaración" formulada por la República Popular de Bangladesh de que aplicaría el párrafo 1 del artículo 14 de la Convención contra la Tortura "con arreglo a la legislación vigente en el país". El autor afirma que, contrariamente a las disposiciones de ese artículo, las víctimas de la tortura en Bangladesh no han podido obtener la reparación ni la indemnización a que tienen derecho y cita la promulgación de la llamada Ley de inmunidad de la campaña conjunta que concedía la inmunidad contra la interposición de acciones judiciales a los militares y miembros del Gobierno por los casos de tortura que presuntamente se produjeron durante la llamada Operación Corazón Limpio.

5.3.En relación con sus circunstancias personales, el autor reitera que correrá un riesgo previsible, real y personal de tortura si se le devuelve a Bangladesh. Sin poner en duda las estadísticas presentadas por el Estado Parte (párr. 4.8 supra), el autor alega que el Estado Parte no indica a cuántos solicitantes de asilo se concedió dicho asilo o un permiso de residencia en su condición de persona necesitada de otro tipo de protección. También señala que, en comparación con otras categorías, hay al año muy pocos solicitantes de asilo procedentes de Bangladesh. Así, la experiencia de las autoridades de inmigración del Estado Parte con esta categoría es mucho menor que la que tiene con otras categorías de solicitantes de asilo. El autor alega además que no se ha producido ningún cambio fundamental en la situación política de Bangladesh. El BFP es un partido que sigue todavía existiendo y que está en la oposición del actual Gobierno de coalición cuatripartito encabezado por el BNP. El autor añade que ni el Estado Parte ni sus autoridades de inmigración refutan este hecho, ni sus pruebas de la tortura sufrida en el pasado, y afirma que, cuando queda establecido que una persona ha sido torturada, debe existir la presunción de que esa persona podría ser torturada en el futuro a menos que hayan cambiado manifiestamente las circunstancias. El autor añade que varias leyes de Bangladesh, como el Código de Procedimiento Criminal y la ley de poderes especiales, crean unas condiciones que facilitan la tortura, porque permiten a la policía detener a cualquier persona por razones vagas o sin formular cargos y mantenerla detenida durante largo tiempo. Aunque acepta que se revocó la Ley de seguridad pública en abril de 2001, la Ley de poderes especiales y otros textos legislativos mencionados por Amnistía Internacional siguen en vigor y no se conoce ningún caso abierto sobre la base de la Ley de seguridad pública que haya sido cerrado o sobreseído.

5.4.El autor de la queja explica además (véase el párrafo 4.2 supra) que obtuvo el pasaporte en agosto de 2000, es decir, antes de que se formularan contra él las acusaciones de posesión de explosivos y armas ilegales, fabricación de bombas y distribución de propaganda subversiva, delitos contra el orden público y traición.

Información adicional facilitada por el Estado Parte y comentarios del autor de la queja

6.1.En una comunicación ulterior fechada el 1º de septiembre de 2003, el Estado Parte reconoce que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha formulado ciertas observaciones sobre Suecia en relación con la expulsión de personas cuya solicitud de asilo se había denegado. La Comisión observó, concretamente, que había habido casos de personas que habían sido deportadas contra su voluntad a países que les eran totalmente desconocidos, porque era difícil determinar su nacionalidad. También ha habido casos en que los policías han hecho un uso excesivo de la fuerza o empleado medios de contención fuera de lo corriente durante la expulsión de extranjeros del país. El Estado Parte se refiere a un apéndice del informe en el que reconocía la existencia de casos de expulsión forzosa a países que no eran países de origen, cuando era difícil verificar la nacionalidad de los solicitantes de asilo, pero afirmaba que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia describía incorrectamente la situación en Suecia. El Estado Parte confirma que la finalidad perseguida es siempre enviar a las personas al país de origen o a un país donde la persona tenga derecho a permanecer legalmente.

6.2.En una comunicación ulterior de fecha 11 de noviembre de 2003, el autor de la queja mantiene que las autoridades suecas habían sido criticadas, no sólo porque enviaron a un solicitante de asilo a un país equivocado sino también por la manera en que se había ejecutado la orden de expulsión. Señala que esta cuestión se plantea en el presente caso y que el trato que ha recibido de las autoridades suecas viola el artículo 16 de la Convención.

6.3.El 16 de noviembre de 2005, el Estado Parte indicó que, como en virtud de unas disposiciones legislativas temporales había un recurso nuevo para obtener el permiso de residencia, se debía declarar inadmisible la queja porque no se habían agotado los recursos internos o se la debía aplazar al menos en espera del resultado de la aplicación de este nuevo procedimiento. El 9 de noviembre de 2005 se introdujeron enmiendas provisionales en la Ley de extranjería de 1989. El 15 de noviembre de 2005, estas enmiendas entraron en vigor, y debían estarlo hasta que se promulgase el 31 de marzo de 2006 una nueva Ley de extranjería. Estas enmiendas provisionales introducen en la ley razones jurídicas adicionales para conceder un permiso de residencia a extranjeros contra quienes se ha emitido una orden definitiva de denegación de entrada o expulsión. Con arreglo al apartado b) del artículo 5 del nuevo capítulo 2 de la Ley de extranjería, si se dan nuevas circunstancias en relación con la ejecución de una orden de expulsión o denegación de entrada que ya sea efectiva, la Junta de Inmigración de Suecia, previa solicitud del extranjero o por propia iniciativa, podrá conceder un permiso de residencia, entre otras cosas, si existen razones para suponer que el país al que se tiene el propósito de enviarlo no estará dispuesto a aceptar al extranjero o si existen obstáculos médicos que se opongan a la ejecución de la orden. Además, se podrá conceder un permiso de residencia si ello tiene un interés humanitario urgente por alguna otra razón. Cuando se evalúen los aspectos humanitarios, se determinará en particular si el extranjero ha permanecido en Suecia durante un largo período y si, a causa de la situación en el país al que se le envía, no sería posible emplear medidas coercitivas para ejecutar la orden de denegación de entrada o de expulsión. Se tendrá además en cuenta si el extranjero ha cometido delitos y se podrá rehusar el permiso de residencia por razones de seguridad. No se ejecutará ninguna orden de expulsión o de denegación de entrada mientras la Junta de Inmigración esté examinando el caso. Las decisiones que tome la Junta de Inmigración en virtud del apartado b) en el artículo 5 del capítulo 2 enmendado son inapelables. Las solicitudes presentadas a la Junta de Inmigración en virtud de las nuevas disposiciones legislativas que estén todavía pendientes el 30 de marzo de 2006, seguirán siendo tramitadas con arreglo a las enmiendas provisionales de la Ley de extranjería. Lo mismo sucede cuando la Junta ha decidido proceder a la revisión por propia iniciativa.

6.4.El 31 de marzo de 2006, el autor de la queja respondió que el 18 de noviembre de 2005 la Junta de Inmigración había decidido examinar su caso con arreglo a las disposiciones legislativas provisionales. El 3 de marzo de 2006, la Junta decidió no conceder el permiso de residencia y mantener la orden de expulsión. En una comunicación ulterior fechada el 12 de abril de 2006, el autor de la queja explica que en la solicitud que presentó a la Junta mantenía las razones para obtener el asilo que había expuesto ya a la Junta de Inmigración, la Junta de Apelación de Extranjería y el Comité contra la Tortura. Se refirió también a un informe médico nuevo de enero-febrero de 2006, que corroboraba el hecho de que el autor de la queja había recibido atención psiquiátrica en Suecia desde 2001 y de que el diagnóstico inicial fue estrés postraumático.

6.5.La Junta de Inmigración fundó su decisión de 3 de marzo de 2006 en que estas razones habían sido ya examinadas por las autoridades de inmigración, y no había ninguna circunstancia nueva en relación con ellas y existía el riesgo de que el autor de la queja se escapase si tuviese que volver a Bangladesh. La Junta consideró, pues, que no le podía conceder el asilo, ni un permiso de residencia como persona que necesitase protección por otros motivos. En segundo lugar, la Junta llegó a la conclusión, sobre la base de su práctica en la aplicación de las enmiendas temporales a la ley, de que una persona debe haber permanecido en Suecia por lo menos ocho años antes de que se le pueda conceder un permiso de residencia por estas razones y que la duración de la estancia del autor en Suecia, desde el año 2000, no es suficiente. En tercer lugar, la Junta concluyó que el informe médico no contenía pruebas de que padeciese una enfermedad mental o un trastorno comparable tan grave que fuese necesario conceder el permiso de residencia por razones médicas y que podía recibir el tratamiento adecuado en su país de origen. No existen, pues, razones para conceder un permiso por motivos humanitarios.

6.6.El autor de la queja señala al Comité que el 11 de enero de 2006 estuvo en contacto con su hermano en Bangladesh, quien le informó acerca del interés permanente que la policía mostraba por el autor y por su mujer y sus hijos. Al parecer, tenían que desplazarse por todo el país para eludir a la policía y a los miembros militantes de la Liga Awami. El autor se refiere a los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Oficina de Relaciones Exteriores de Suecia de 2005 que confirman su alegación de que la situación, en lo que respecta a la tortura en las celdas de la policía, no ha mejorado sino todo lo contrario. El autor pretende además que la práctica restrictiva de las autoridades suecas en cuanto a la concesión del permiso de residencia le ha causado sufrimientos innecesarios y constituye de por sí una violación del artículo 3 o del artículo 16 de la Convención.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

7.1.Antes de examinar cualquier reclamación contenida en una queja, el Comité contra la Tortura deberá decidir si es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento del apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que el mismo asunto no ha sido ni está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de investigación o solución internacional. El Comité observa que el Estado Parte no negó en su comunicación inicial que se hubieran agotado los recursos internos y que el 3 de marzo de 2006 las autoridades del Estado Parte tomaron una decisión definitiva sobre la nueva solicitud presentada por el autor de la queja acogiéndose a las enmiendas provisionales de la Ley de extranjería de 1989.

7.2.En cuanto a la alegación que hace el autor en su última comunicación de 12 de abril de 2006 de que el trato a que le sometieron las autoridades suecas con su práctica restrictiva de concesión del permiso de residencia le causó sufrimientos innecesarios y constituye de por sí una violación del artículo 3 o del artículo 16 de la Convención, el Comité considera que el autor no ha presentado pruebas suficientes para fundamentar esta afirmación.

7.3.Respecto de la queja formulada en virtud del artículo 16 y relativa a la expulsión del autor a pesar de su estado de salud mental, al Comité recuerda su jurisprudencia, según la cual la agravación del estado de salud física o mental de una persona a causa de la deportación no basta en general, en ausencia de otros factores, para considerar que equivale a un trato degradante en violación del artículo 16. El Comité toma nota de los informes médicos presentados por el autor de la queja que demuestran que padece estrés postraumático, debido con toda probabilidad al trato que sufrió en 1997 y 1999, pero considera que la agravación del estado de salud del autor que pueda obedecer a su deportación no basta de por sí para fundamentar su queja, que se considera por lo tanto inadmisible.

7.4.En cuanto a la queja formulada en virtud del artículo 3 relativa a la tortura, el Comité considera, teniendo especialmente en cuenta la relación por el autor de la tortura que había sufrido, que la queja está fundamentada a efectos de admisibilidad. No habiendo otros obstáculos que se opongan a la admisibilidad de la queja, el Comité pasa, pues, a examinarla en cuanto al fondo.

Examen en cuanto al fondo

8.1.El Comité debe determinar si la deportación del autor de la queja a Bangladesh supondría un incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado Parte, con arreglo al artículo 3 de la Convención, de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser torturado.

8.2.El Comité debe evaluar si existen razones fundadas para pensar que el autor de la queja estaría personalmente en peligro de ser torturado tras su regreso a Bangladesh. Al evaluar el riesgo, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, en particular la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el Comité recuerda que el objetivo que se persigue es determinar si la persona en cuestión correría un riesgo personal de ser sometida a tortura en el país al que se le devolvería. De ello se sigue que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye por sí sola motivo suficiente para determinar que una persona precisa estaría en peligro de ser sometida a tortura al volver a ese país; deben existir otras razones que demuestren que esa persona correría personalmente dicho riesgo. Del mismo modo, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiesta de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que una persona está en peligro de ser sometida a tortura en sus circunstancias particulares.

8.3.Al evaluar el riesgo de tortura en el presente caso, el Comité ha tomado nota de la afirmación del autor de que fue torturado en Bangladesh en dos ocasiones. Sin embargo, como el Estado Parte señala, con arreglo a la Observación general del Comité, la experiencia anterior de la tortura es sólo una de las consideraciones que se tienen en cuenta para determinar si una persona corre personalmente el riesgo de tortura si regresa a su país de origen; a este respecto, el Comité debe determinar si la tortura tuvo lugar o no recientemente y en circunstancias que guarden relación con la realidad política actual del país de que se trate. En el caso presente, la tortura se infligió al autor de la queja en 1997 y 1999, fechas que no se pueden considerar recientes, y además en unas circunstancias políticas muy distintas, concretamente cuando el BFP, partido de que es miembro el autor de la queja, estaba en la oposición del partido entonces en el poder, la Liga Awami.

8.4.Se ha tomado nota de la información presentada sobre la situación general de los derechos humanos en Bangladesh y sobre el hecho de que la tortura sea algo generalizado en el país; sin embargo, esta conclusión no determina de por sí que el autor corra el riesgo personal de tortura si regresa a Bangladesh. El Comité observa que la razón principal de que el autor de la queja tema correr el riesgo personal de torturas si regresa a Bangladesh es que había sido anteriormente torturado por su pertenencia al BFP y supone que corre el peligro de que se le encarcele y torture a su regreso al país por los pretendidos cargos que se han formulado contra él en virtud de la Ley de seguridad pública.

8.5.El Comité observa que el autor de la queja y el Estado Parte difieren considerablemente en cuanto a la medida en que se puede hoy en día considerar que el BFP está en la oposición del gobierno actual. Sin embargo, la información del Estado Parte sobre este asunto no va en este sentido. El Comité recuerda que, de conformidad con su Observación general, incumbe al autor de la queja presentar un caso defendible y demostrar que estaría en peligro de ser torturado, que las razones para pensarlo son de peso de la manera descrita y que ese peligro es personal y presente. En este caso, el Comité no está convencido de que la situación política actual en Bangladesh, junto con el bajo nivel de responsabilidad alegado en el BFP, hagan que el autor de la queja corra actualmente el riesgo de ser torturado por su pertenencia al BFP, del que no es un miembro destacado.

8.6.El Comité observa también que el autor de la queja y el Estado Parte están en desacuerdo sobre la cuestión de la probabilidad de que una persona contra la que la policía ha presentado cargos por posesión ilícita de armas y por realización de actividades subversivas pueda obtener un nuevo pasaporte. En el presente caso, el Comité no se encuentra en posición de dilucidar dicho asunto, dado que el autor no ha proporcionado ningún documento que demuestre que dichos cargos fueron presentados contra él en 1997, en 1999 o en 2000, especificando las fechas exactas en que ello había ocurrido.

8.7.En relación con los cargos que según el autor se formularon contra él en virtud de la Ley de seguridad pública, el Comité ha observado que la situación actual en relación con esos cargos no está clara. El autor no ha recusado el argumento del Estado Parte de que la ley ha sido revocada, pero duda de que se haya cerrado o sobreseído ningún caso abierto con arreglo a esta ley. En ausencia de pruebas que indiquen que la policía sigue interesada por el autor de la queja, el Comité considera que éste no ha logrado fundamentar su afirmación de que su enjuiciamiento por los cargos formulados contra él seguirá adelante, aunque haya sido revocada la ley en que se fundan. Por consiguiente, el Comité no considera probable que el autor corra a su regreso riesgo de ser detenido y torturado a esos efectos.

9.El Comité contra la Tortura, actuando de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, considera que el traslado del autor de la queja a Bangladesh no constituiría una violación del artículo 3 del la Convención por el Estado Parte.

Nota s

Comunicación Nº 249/2004

Presentada por:Sr. Nadeem Ahmad Dar (representado por una abogada)

Presunta víctima:El autor de la queja

Estado Parte:Noruega

Fecha de la queja:29 de marzo de 2004 (comunicación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 11 de mayo de 2007,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 249/2004, presentada al Comité contra la Tortura por el Sr. Nadeem Ahmad Dar, con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja, su abogada y el Estado Parte,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22.

1.1.El autor de la queja es el Sr. Nadeem Ahmad Dar, ciudadano paquistaní nacido el 2 de enero de 1961, y residente en Noruega. Inicialmente sostuvo que su deportación al Pakistán constituiría una violación del artículo 3 de la Convención por Noruega. Actualmente sostiene que su deportación al Pakistán, a pesar de la solicitud del Comité de que se adoptaran medidas provisionales, constituyó una vulneración de la obligación de cooperar de buena fe con el Comité que incumbe a Noruega en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representado por una abogada.

1.2.Mediante nota verbal de 2 de abril de 2004, el Comité transmitió la queja al Estado Parte, junto con una petición, a tenor de lo establecido en el párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento, de que no se expulsara al autor al Pakistán hasta que el Comité hubiera examinado la queja. En la nota verbal se indicaba que se hacía esta petición teniendo en cuenta la información contenida en la presentación del autor y que podría revisarse, a petición del Estado Parte, a la luz de la información y los comentarios que se recibieran del Estado Parte y cualesquiera otras observaciones, si las hubiere, del autor. El 1º de junio de 2004, el Estado Parte informó al Comité de que no atendería su solicitud. El 29 de junio de 2004, sin embargo, el Estado Parte declaró que había decidido abstenerse de proceder a la expulsión del autor y su familia al Pakistán hasta que el Tribunal de Primera Instancia hubiera examinado el caso.

1.3.El 16 de enero de 2006, la nueva abogada del autor informó al Comité de que el autor había sido deportado al Pakistán el 22 de septiembre de 2005. El 15 de febrero de 2006, el Estado Parte reconoció la deportación.

1.4.El 5 de abril de 2006, el Estado Parte informó al Comité de que se había concedido al autor un permiso de residencia de tres años. El 21 de abril de 2006, la abogada comunicó que el autor había regresado a Noruega el 31 de marzo de 2006.

1.5.El 30 de mayo de 2006, el Relator Especial para las medidas provisionales denegó una nueva solicitud de medidas provisionales para impedir que se deportase al denunciante al Pakistán.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor, comandante retirado del ejército pakistaní, es musulmán ahmadí. De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentado por el autor, los ahmadíes se consideran a sí mismos musulmanes, pero no aceptan que Mahoma fuera necesariamente el último profeta. El autor sostiene que, debido a su religión, tuvo problemas con sus superiores en el ejército. Se cometieron presuntos atentados contra su vida en varias ocasiones. El autor sospecha que sus superiores ordenaron incendiar su casa en 1994. Durante el servicio militar, se lo envió a una zona en conflicto, sin contar con el respaldo de ninguna otra unidad, como se le había prometido. Sostiene también que corre el riesgo de actos de represalia a cargo de organizaciones terroristas, como por ejemplo la Jaish Muhammed (JM) y el Movimiento Mohajir Qomi (MQM), por la posición que había adoptado y las actividades que había llevado a cabo cuando estaba en el ejército en contra de esas organizaciones. En 2001, la JM presuntamente secuestró al hijo de sus primos por error en vez de a su hijo, si bien el autor y algunos amigos consiguieron rescatarlo. Sostiene asimismo que sufrió discriminación y fue obligado a retirarse del ejército debido a su religión.

2.2.El autor llegó a Noruega el 23 de abril de 2002 con su propio pasaporte y un visado expedido por la Embajada de Noruega en Islamabad. Viajó con su mujer y sus cuatro hijos y presentó una solicitud de asilo el 29 de abril de 2002. Su caso fue examinado por la Dirección General de Inmigración (UDI) que denegó su solicitud el 22 de enero de 2003. El autor interpuso recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (UNE) que lo desestimó el 8 de enero de 2004.

2.3.El 31 de enero de 2004, el autor fue informado por su abogado en el Pakistán de que el 2 de enero de 2002 había sido acusado de blasfemia. Presentó una traducción de un documento titulado "Acción contra Nadeem Ahmad Dar", dirigido al oficial jefe de la comisaría de Chong en el distrito de Lahore. Al tomar conocimiento de esos hechos, presentó un nuevo recurso ante las autoridades de inmigración noruegas, que fue desestimado por la UNE el 1º de marzo de 2004 porque la carta del abogado y la acusación, que eran documentos privados sin valor oficial, no demostraban que el autor fuera a ser objeto de persecución en el Pakistán, y que el retraso en la presentación del documento permitía abrigar dudas acerca de su autenticidad. En una presentación ulterior al Comité, de 10 de marzo de 2005, el autor facilitó copia de una "solicitud de inscripción de la demanda penal contra él en el registro", de fecha 8 de marzo de 2005, que estaba firmada por Tahir Yaqoob, en la que se lo acusaba "de predicar contra el espíritu del Islam". Sostiene también que la policía se había presentado en su casa con intención de detenerlo. Afirma que si fuera devuelto al Pakistán y declarado culpable, correría el riesgo de la pena de muerte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 295 c) del Código Penal del Pakistán.

2.4.El autor sostiene asimismo que hay una causa abierta contra él en virtud de una "ordenanza hudud", que podría suponer una pena de "14 años de presidio" y "30 azotes".

2.5.El autor se remite al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos correspondiente a 2003, en el que se denuncia el trato discriminatorio sufrido por las minorías religiosas en el Pakistán, en particular el recurso a las ordenanza "hudud", que aplican un criterio de prueba diferente a los musulmanes y a los no musulmanes por las presuntas violaciones de la ley islámica. La legislación prohíbe específicamente a los ahmadíes practicar su religión. Señala que las leyes contra la blasfemia se aplican muy a menudo contra los musulmanes reformistas y los ahmadíes. De acuerdo con el informe, nadie ha sido ejecutado en el Pakistán en aplicación de lo dispuesto en el artículo 295 c) del Código Penal, aunque algunas personas fueron sentenciadas a la pena capital, y otros acusados en virtud de esa disposición han sido asesinados por extremistas religiosos.

2.6.El 10 de mayo de 2004, se informó al autor de que la UNE había desestimado la solicitud del Comité contra la Tortura de que se adoptaran medidas provisionales por no haberse agotado los recursos internos, y se lo intimó a abandonar el país.

La queja

3.El autor sostuvo inicialmente que su deportación al Pakistán supondría una violación del artículo 3 de la Convención, y que había razones fundadas para creer que sería sometido a tortura u otros tratos inhumanos si era devuelto al Pakistán. Declaró que podía ser asesinado por organizaciones terroristas y que corría el peligro de ser condenado a la pena capital en una causa por blasfemia abierta contra él. También sostuvo que, si era devuelto al Pakistán, la policía lo detendría y torturaría en el contexto de las investigaciones sobre las causas pendientes.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad

4.1.El 1º de junio de 2004, el Estado Parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la queja y estimó que ésta era inadmisible porque el autor no había agotado los recursos internos. Informó de que el autor podía interponer un recurso de revisión contra la desestimación de su solicitud por las autoridades de inmigración. También tenía la posibilidad de solicitar un requerimiento, por el que se pidiera al tribunal que ordenara a la Administración que suspendiera su deportación. El Estado Parte declaró que, en virtud de los párrafos 15-2 y 15‑6 de la Ley de orden público de 1992, podrá atenderse una solicitud de requerimiento si el autor:

a)Demuestra que la decisión impugnada probablemente será anulada por el tribunal cuando se dicte un fallo en la causa principal, y

b)Demuestra que hay una razón suficiente para solicitar un requerimiento, es decir, que es necesario para evitar graves daños o perjuicios en caso de que la decisión se aplique sin que el tribunal haya tenido la oportunidad de dictar un fallo en la causa principal.

En la fecha de la presentación del Estado Parte, el autor no se había dirigido a los tribunales noruegos.

4.2.El Estado Parte declaró que sus leyes de inmigración ofrecían por lo menos igual protección para no ser enviado a zonas donde pudiera correrse el riesgo de ser objeto de persecución que las disposiciones de la Convención u otros instrumentos internacionales sobre esa materia.

4.3.El Estado Parte también informó al Comité de que, tras un detenido examen, había decidido desestimar la petición del Relator Especial para las quejas nuevas de que no se procediera a la expulsión del autor mientras el Comité estuviera examinando su caso. El Estado Parte declaró que la UNE, que había adoptado la decisión, había considerado inadmisible la queja por dos razones: el no agotamiento por el autor de los recursos internos y el carácter manifiestamente infundado de la queja. Sostuvo que la petición se basaba en la declaración del autor de que había agotado todos los recursos internos, lo que fue negado por el Estado Parte. Éste sostuvo además que la queja era manifiestamente infundada por la falta de credibilidad del autor y de los elementos de prueba de sus alegaciones.

4.4.En una nueva presentación de fecha 29 de junio de 2004, el Estado Parte informó al Comité de que el autor había llevado su causa a los tribunales el 21 de junio de 2004, y de que había decidido no proceder a la expulsión del autor y su familia al Pakistán hasta que el Tribunal de Primera Instancia hubiera entendido de la causa.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte

5.1.El 14 de julio de 2004, el autor informó al Comité de que el 17 de junio de 2004 él y su familia fueron detenidos y recluidos en un centro de detención a la espera de su expulsión al día siguiente. Sin embargo, se les informó de que serían puestos en libertad si confirmaban que llevarían el caso a los tribunales. Así lo hizo el autor, y se les puso en libertad.

5.2.El autor sostuvo que el Estado Parte presentó su caso de manera selectiva y sesgada. Declaró que había agotado los recursos internos, ya que se le había comunicado la decisión definitiva de la UNE, que es una junta de apelación de carácter casi judicial. En ese contexto, presentó un diagrama del sistema judicial noruego al que podían dirigirse los solicitantes de asilo. Afirmó que, después de agotar las dos instancias administrativas, habría tenido que pasar por otras cuatro instancias judiciales. Afirmó que esos recursos resultarían injustificadamente prolongados.

5.3.Añadió que no se trataba de recursos de los que dispusiera un solicitante de asilo, ya que comportaban, junto con los honorarios de un abogado, gastos elevados, que él no podía sufragar y que fueron financiados con donaciones benéficas recolectadas por iniciativa del alcalde de su municipio. También señaló que había agotado su derecho de asistencia letrada gratuita, que sólo consistía en tres horas de servicios del primer abogado nombrado de oficio o elegido.

5.4.El autor observó que inicialmente no se le había informado de que podía llevar su caso a los tribunales después de haber agotado el procedimiento administrativo. A raíz de la recepción de la carta de fecha 10 de mayo de 2004, informó a la UNE de que llevaría su caso a los tribunales lo antes posible.

5.5.El 21 de junio de 2004, el autor interpuso una acción ante el Tribunal de la ciudad de Oslo (Tringrett), y el 25 de junio el tribunal dictó una orden de que no se procediera a la expulsión del autor hasta que hubiera conocido la causa. El 7 de diciembre de 2004, el Tribunal de la ciudad de Oslo confirmó la decisión de la UNE y desestimó la solicitud de un requerimiento judicial.

5.6.En ulteriores presentaciones de fecha 11 y 13 de febrero y 13 de marzo de 2005, el autor informó al Comité de que la policía había ordenado proceder a la deportación de la familia a pesar de que no se había resuelto el recurso presentado ante el Tribunal Superior. La vista estaba programada para marzo de 2006. Sostuvo que su apelación ante el Tribunal Superior no podía considerarse un recurso efectivo por no tener un efecto suspensivo, ya que no evitaba su expulsión. Sostuvo, en particular, que si era devuelto al Pakistán no podría regresar a Noruega porque sería objeto de persecución o recluido en prisión.

Decisión del Comité sobre la admisibilidad

6.1.El Comité examinó la admisibilidad de la queja en su 35º período de sesiones y la declaró admisible el 14 de noviembre de 2005. Se cercioró, de acuerdo con lo establecido en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no había sido ni estaba siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.

6.2.El Comité señaló que el Estado Parte había negado la admisibilidad de la queja porque no se habían agotado todos los recursos internos efectivos disponibles. Observó también que se podía impugnar la legalidad de un acto administrativo ante los tribunales noruegos, y que los solicitantes de asilo a los que la UDI, y la UNE en apelación, hubieran denegado el asilo político podían interponer un recurso de revisión ante los tribunales noruegos.

6.3.El Comité señaló que, tras haber sido informado de la posibilidad de interponer un recurso de revisión, el autor incoó el procedimiento de apelación, y que su caso estaba ante el Tribunal Superior pendiente de fallo en la fecha del examen de la admisibilidad de su queja por el Comité.

6.4.Sin embargo, el Comité observó que este procedimiento no tenía un efecto suspensivo y que el autor podía sufrir un daño irreparable si era devuelto al Pakistán antes de que su recurso de revisión hubiera sido resuelto.

6.5.En esas circunstancias, el Comité concluyó que el recurso pendiente ante el Tribunal Superior y ulteriores posibles apelaciones no constituían un recurso eficaz contra la expulsión del autor. Por consiguiente, el Comité consideró que los apartados a) y b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención no impedían que procediera a examinar la queja.

6.6.El Comité consideró que el autor había justificado suficientemente su queja a efectos de la admisibilidad.

6.7.El Comité consideró que el Estado Parte, por el hecho de haber ratificado la Convención y aceptado voluntariamente la competencia del Comité en virtud del artículo 22, estaba obligado a cooperar con él de buena fe en la aplicación del procedimiento. El Comité observó que era fundamental que se adoptaran las medidas provisionales solicitadas por el Comité para proteger al autor de un daño irreparable, que, además, podía cancelar el resultado final del procedimiento iniciado ante el Comité. Se invitó al Estado Parte a que atendiera la solicitud del Comité y adoptara medidas provisionales de protección.

Antecedentes de hecho y cuestiones relativas a la solicitud de medidas provisionales

Medidas provisionales y deportación del autor de la queja

7.1.El 16 de enero de 2006, la abogada informó al Comité de que el autor había sido deportado al Pakistán. Sostiene que el Estado Parte se niega a cooperar con el Comité y que no atendió la solicitud presentada por éste el 2 de abril de 2004 de que se adoptaran medidas provisionales. Añade que en la prensa del Pakistán se ha informado de la interposición de una acción contra el autor por predicar "Qadianiat", y presenta copia de esos artículos y una traducción. Informa de que el autor permanece escondido y teme por su vida.

7.2.El 3 de febrero de 2006, la abogada presentó copias de varios documentos, en particular de una solicitud presentada en el Pakistán por el Sr. Tahir Yaqoob, el 9 de marzo de 2005, de una solicitud de inscripción en el registro de una demanda contra el autor, y una "demanda por desacato", de fecha 20 de octubre de 2005, con referencia al documento mencionado más arriba, en el que se solicitaba al tribunal que iniciara actuaciones contra el autor.

Comentarios del Estado Parte sobre cuestiones relacionadas con las medidas provisionales

8.1.El 15 de febrero de 2006, el Estado Parte presentó información actualizada de los hechos. Recuerda que el Tribunal de la ciudad de Oslo había examinado el caso el 7 de diciembre de 2004. Después de dos días de audiencias en las que el autor, su mujer y los testigos hicieron amplias declaraciones orales, en particular un experto que había testificado en nombre de la Junta de Apelaciones de Inmigración (UNE), ofreciendo información personal y actualizada acerca de la situación de los derechos humanos en el Pakistán, el tribunal concluyó que la devolución del autor (y su familia) al Pakistán no constituiría una violación del artículo 15 de la Ley de inmigración, cuyo contenido es idéntico al del artículo 3 de la Convención. Basándose en esa decisión, el tribunal también resolvió que la orden de expulsión dictada por la UNE podía ejecutarse. La apelación de la primera decisión debía sustanciarse los días 3 y 4 de abril de 2006. La última decisión fue confirmada por el Borgarting Lagmannsrett (Tribunal de Apelación) el 24 de febrero de 2005.

8.2.A raíz de esta decisión, el autor solicitó a la UNE que revisara su caso y suspendiera la expulsión teniendo en cuenta la nueva información. El 19 de septiembre de 2005, la UNE confirmó su decisión anterior.

8.3.Los días 21 y 22 de septiembre de 2005, el autor fue deportado a Islamabad con escolta policial y aceptado por las autoridades pakistaníes. Se le interrogó acerca de la expiración de la validez de su pasaporte, pero fue puesto en libertad el mismo día. Mientras el autor estaba siendo deportado, su mujer y sus hijos se refugiaron en la iglesia local (asilo eclesiástico) de Nesodden, y han permanecido desde entonces en Noruega.

8.4.El 16 de diciembre de 2005, la nueva abogada del autor solicitó al Tribunal de Apelación que revocara su decisión de 24 de febrero de 2005 a la luz de la decisión de admisibilidad adoptada por el Comité y la nueva documentación que presuntamente respaldaba la afirmación del autor de que corría un riesgo efectivo y actual de ser sometido a tortura bajo la acusación de blasfemia. La abogada solicitó al tribunal que suspendiera la orden de expulsión contra la familia del autor y ordenara al Gobierno que dispusiera el retorno del autor a Noruega en condiciones de seguridad. En el momento de la presentación del Estado Parte, no se había dictado ningún fallo.

8.5.Con respecto a la solicitud hecha por el Comité de que se adoptaran medidas provisionales, el Estado Parte declara que no se procedió a la expulsión del autor hasta que los tribunales hubieron realizado un examen a fondo de su caso, incluido un contacto directo con el propio autor. Éste no demostró, antes de que se procediera a su expulsión, que corriera un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura, en el sentido del artículo 3 de la Convención, si era devuelto al Pakistán.

8.6.El Estado Parte concluye que, habida cuenta del amplio examen judicial y administrativo que se ha realizado del caso durante 18 meses a partir de la fecha de la presentación de la queja ante el Comité por el autor hasta la fecha de expulsión, el hecho de que fuera expulsado antes de que el Comité hubiera adoptado una decisión sobre la admisibilidad no constituye un incumplimiento de esa decisión. El Estado Parte recuerda que, cuando el Comité formuló su petición de que se adoptaran medidas provisionales a tenor del artículo 108 de su reglamento en abril de 2004, el autor no había agotado todos los recursos internos disponibles, y que, cuando acabó haciéndolo, el Estado Parte convino en suspender su expulsión.

Comentarios de la abogada sobre cuestiones relacionadas con las medidas provisionales

9.1.El 9 de marzo de 2006, la abogada formuló comentarios sobre la exposición del Estado Parte relativa a la cuestión de las medidas provisionales y facilitó una versión actualizada de los hechos. Sostiene que el Estado Parte, al expulsar al autor los días 21 y 22 de septiembre de 2005, desestimó la petición hecha el 2 de abril de 2004 por el Comité de que se adoptaran medidas provisionales. El autor y su familia han sufrido a raíz de la expulsión de aquél. El Estado Parte tampoco mejoró realmente la situación del autor, en el sentido del apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, al especular sobre los hechos sin las debidas garantías procesales y no proporcionar asistencia letrada al autor.

9.2.La abogada presenta una versión detallada de los hechos en torno a la deportación, que tuvo lugar el 21 y 22 de septiembre de 2005, y los procedimientos subsiguientes. Observa que el autor fue obligado a viajar con un pasaporte caducado que tenía una fotografía suya en uniforme. A su llegada al Pakistán, fue detenido por las autoridades de inmigración a causa de las irregularidades que presentaban sus documentos de viaje, aunque más tarde fue puesto en libertad.

9.3.La abogada también se refiere a las alegaciones del Fiscal General y del autor acerca de la interpretación de la obligación de cooperar de buena fe con el Comité cuando éste solicite medidas provisionales. Cita un alegato del Fiscal General, de 20 de enero de 2006, en el que se sostiene que no es la propia Convención, sino simplemente el reglamento del Comité (art. 108) el que autoriza a presentar peticiones de suspensión de la ejecución de decisiones y que, de acuerdo con el derecho internacional, esas peticiones no son vinculantes. En cuanto a la obligación del Estado de cooperar de buena fe con el Comité, el Fiscal General se refirió a la presunta frecuencia con que el Comité se remitía al artículo 108 y sostuvo que la obligación del Estado consiste en evaluar a fondo y con rigor la petición del Comité y atenderla en la medida de lo posible.

9.4.Con respecto a los procedimientos, la abogada informó al Comité de que el 27 de febrero de 2006 el Tribunal de Apelación, al examinar la petición de que revocara su decisión de 24 de febrero de 2005, había decidido no pronunciarse sobre la cuestión de las medidas provisionales hasta que se celebrara la audiencia principal. Ésta todavía no había tenido lugar en la fecha de presentación de estos comentarios.

9.5.La abogada afirma que el Estado Parte incumplió su obligación de cooperar de buena fe con el Comité, ya que deportó al autor al Pakistán a pesar de que el 2 de abril de 2004 el Comité había pedido que no lo hiciera. La negativa del Estado Parte a permitir que el autor de la queja volviera a entrar en el país a raíz de la decisión del Comité sobre la admisibilidad y su invitación a que atendiera su petición de medidas provisionales suponía un nuevo incumplimiento por el Estado Parte de su obligación de cooperar de buena fe con el Comité.

9.6.La abogada basa sus afirmaciones en cuatro argumentos. En primer lugar, la petición de medidas provisionales era formalmente correcta, ya que estaba demostrado que los recursos internos no mejoraban realmente la situación del autor y porque la decisión de expulsión era ejecutoria. En segundo lugar, sostiene que el Comité tiene competencia exclusiva para interpretar un acto con arreglo a sus propias normas, y que las peticiones previstas en el artículo 108 son especialmente importantes para proteger el objeto y el propósito de un procedimiento de presentación de quejas individuales. En tercer lugar, afirma que el hecho de que el Estado Parte no atendiera la petición del Comité ni se pusiera en contacto con éste antes de proceder a la expulsión del autor son actos de mala fe. La abogada recuerda la negativa del Estado Parte a atender la petición y que la suspensión de la expulsión se ordenó después de que el autor hubiera interpuesto una acción y no como consecuencia de la solicitud del Comité. Sostiene además que el artículo 108 invita a los Estados Partes a informar al Comité del seguimiento dado a su solicitud, y que el Estado Parte no hizo nada al respecto. En cuarto lugar, la abogada afirma que los hechos más arriba mencionados y la manera en que se deportó al autor muestran una vulneración persistente de derechos por el Estado Parte, en particular porque el autor fue obligado a viajar con un pasaporte sin validez, que tenía una fotografía de él con uniforme militar. Sostiene que esos hechos, que contradicen un acuerdo entre la policía noruega y la Embajada pakistaní, constituyen un delito con arreglo a la Ley de inmigración del Pakistán.

9.7.La abogada afirma que el Estado Parte puede tener la obligación de restablecer la situación en la medida de lo posible sin violar la soberanía del Pakistán, y que la obligación de restablecimiento es un principio reconocido del derecho internacional.

9.8.Por último, la abogada sostiene que se debería conceder una indemnización al autor por la negativa del Estado Parte a atender la solicitud de medidas provisionales, por los padecimientos vividos por el autor y su familia durante el proceso de deportación, y por no haber recibido del Estado Parte asistencia letrada.

Observaciones del Estado Parte en cuanto al fondo

10.1. El 28 de marzo de 2006, el Estado Parte presentó sus observaciones en cuanto al fondo de la queja. Recuerda los hechos y señala que el Tribunal de Apelación, que aún no había fallado el recurso cuando el Estado Parte presentó sus observaciones, tuvo en cuenta que el Comité seguía examinando el caso. El Estado Parte facilita una copia de las alegaciones formuladas el 20 de enero de 2006 con respecto a las obligaciones que incumben a las autoridades noruegas en virtud de la Convención. El Estado Parte hace referencia a los documentos presentados por la abogada sobre la apertura de una causa por blasfemia contra el autor en el Pakistán, e informa de que, en consecuencia, ha iniciado una investigación por conducto de la Embajada de Noruega en Islamabad, que deberá finalizar antes de la vista de la causa en el Tribunal de Apelación.

10.2. El Estado Parte recuerda que la solicitud de asilo se evaluó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de inmigración de Noruega, que ofrece una protección no menor que la Convención contra la Tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas contra el envío a regiones donde se corra el riesgo de persecución. El Estado Parte sostiene que el autor no ha demostrado que correría un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura si fuese devuelto al Pakistán. El autor ha cambiado muchas veces las razones aducidas para reclamar protección, y en sus declaraciones ante las autoridades se han registrado contradicciones. Por tanto, el Estado Parte pone en duda su credibilidad.

10.3. El Estado Parte observa que, hasta la fecha de la presentación de sus observaciones, el argumento más importante del autor es que las autoridades paquistaníes lo reclaman porque está acusado de blasfemia. Este hecho no se mencionó en la solicitud de asilo, y la información presentada posteriormente era contradictoria y poco fidedigna. En particular, el Estado Parte indica que esta cuestión sólo se mencionó después de que la UNE hubiera adoptado su decisión final el 8 de enero de 2004, y contradice la información que el autor facilitó en la entrevista mantenida en relación con la solicitud de asilo. Además, el Estado Parte no podía deducir de los documentos presentados por el autor que se hubiera iniciado una investigación penal contra él. Asimismo, y como observación general, es muy frecuente que las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos paquistaníes vayan acompañadas de documentos falsos o comprados.

10.4. No obstante, el Estado Parte se refiere a los documentos presentados recientemente por el autor con información detallada sobre la presunta acusación de blasfemia, y admite que no puede descartar que haya una causa abierta contra él.

10.5. Respecto al temor del autor de ser objeto de represalias por el MQM, el Estado Parte sostiene que ese movimiento ha participado en muy pocos actos violentos desde 1998/99 y que la situación actual es muy diferente de la de principios del decenio de 1990. Aunque es consciente de que extremistas del MQM han participado hasta cierto punto en actos de violencia política, considera que el autor no corre riesgo de ser sometido a tortura por el MQM. Aduce que no hay motivo para creer que los oficiales del ejército retirados, en particular el autor, corran un riesgo especial por la posible reacción de extremistas del MQM. El Estado Parte se refiere al hecho de que las actividades militares del autor contra el MQM se remontan a varios años (1990-1994) y que no parece que haya tenido ningún problema con ese movimiento desde hace varios años. Con respecto al incendio de su casa y su retiro forzoso en 1999, el Estado Parte estima que esos incidentes no suponen que el autor tenga motivos para temer ser objeto de persecución o tortura.

10.6. En cuanto al temor del autor de represalias de la JM, el Estado Parte pone en duda la función desempeñada por el autor en la ilegalización de la organización e indica que no ha presentado ninguna documentación que justifique esa pretensión, aunque se le pidió que lo hiciera. Además, no ha aportado ninguna documentación que justifique su alegación respecto del atentado perpetrado contra su casa o del secuestro de su sobrino. Por último, el Estado Parte considera que el autor puede establecerse en cualquier parte del Pakistán, sobre todo en zonas que no sean el lugar principal de actuación del MQM y la JM.

10.7. En cuanto a la causa por blasfemia, el Estado Parte explica el contenido de la legislación paquistaní al respecto, en particular los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal, relativos a los delitos contra la religión. Según el Estado Parte, nadie ha sido ejecutado en el Pakistán en virtud de esas disposiciones. Sin embargo, algunas personas han sido condenadas a muerte o han muerto cuando estaban detenidas. El Estado Parte es consciente de que las denuncias por blasfemia se han utilizado como actos de venganza. También se han utilizado para acosar a minorías religiosas o a musulmanes reformistas. No obstante, la mayoría de las denuncias por blasfemia se presentan contra la comunidad de la mayoría sunita (309 denuncias entre 1986 y 2004, frente a 236 contra ahmadíes en el mismo período), y casi todas acaban siendo desestimadas en apelación. Sin embargo, es frecuente que los acusados permanezcan en prisión durante años en espera de una sentencia definitiva.

10.8. Por lo que se refiere a la afirmación del autor de que sus problemas en el Pakistán están motivados y agravados en parte por el hecho de ser de confesión ahmadí, el Estado Parte reconoce que la libertad de religión de los ahmadíes es objeto de restricciones en el Pakistán y que los ahmadíes pueden sufrir discriminación en el empleo y en el acceso a la educación. No obstante, el Estado Parte señala que el autor desempeñó pese a ello un alto cargo en el ejército paquistaní.

10.9. El Estado Parte señala también que es consciente de que los ahmadíes son objeto de restricciones legales concretas, y se refiere al párrafo c) del artículo 298 del Código Penal, que prohíbe que los ahmadíes se definan como musulmanes, declaren su religión musulmana, prediquen y propaguen su fe, inviten a otros a aceptar la religión ahmadí y atenten contra los sentimientos religiosos de los musulmanes. La conculcación de estas disposiciones se castiga con una pena de hasta tres años de prisión y el pago de una multa. El Estado Parte subraya que ha tomado muy en consideración el hecho de que el autor sea ahmadí. Aunque en el Pakistán hay obstáculos legales a la práctica de la religión ahmadí y las relaciones entre las comunidades religiosas en algunas regiones pueden ser tensas, el Estado Parte considera que el autor no tiene motivos para temer ser objeto de persecución, en el sentido de la Convención, a su regreso al Pakistán.

10.10. En cuanto a la afirmación de que el autor no recibió asistencia letrada, el Estado Parte observa que cuando el autor solicitó asilo en Noruega declaró que poseía tierras en el Pakistán y que la pensión militar le daba derecho a recibir una casa en Lahore en 2005. Además, ha estado y sigue estando representado, tanto ante el Comité como en la causa pendiente en el país, por una abogada de gran competencia y dedicación.

10.11. En conclusión, el Estado Parte invoca la jurisprudencia del Comité, según la cual debe concederse la debida importancia a las conclusiones a que lleguen las autoridades gubernamentales respecto de los hechos. El Estado Parte se refiere al párrafo 8 de la Observación general Nº 1 del Comité, en el sentido de que las cuestiones relativas a la credibilidad del autor de una queja y la existencia de contradicciones fácticas en ella son pertinentes para las deliberaciones del Comité sobre el riesgo de ser sometido a tortura si se procede a la devolución.

Regreso del autor al Estado Parte

11.1. El 5 de abril de 2006, el Estado Parte presentó información adicional sobre el fondo. Se refiere al inicio de una investigación adicional por el Gobierno a raíz de los nuevos documentos presentados por el autor. Informa al Comité de que la investigación concluyó el 21 de marzo, y presenta una copia del informe. A raíz de éste, el Estado Parte concedió al autor un permiso de residencia, previa decisión de la UNE de 30 de marzo de 2006, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 8 de la Ley de extranjería, en relación con la primera oración del párrafo 1 del artículo 15 de la ley. La decisión se basa en la información derivada de la investigación sobre la acusación de blasfemia. La UNE sostuvo que, de acuerdo con esa información, no podía descartarse que el autor pudiese ser sometido a un proceso penal ilegal en el Pakistán, y determinó que se cumplían los requisitos de la primera oración del primer párrafo del artículo 15. Le concedió un permiso de residencia de tres años. Sin embargo, la UNE consideró que el riesgo de persecución en el Pakistán era demasiado bajo para que el autor cumpliera los requisitos necesarios para que se le concediera el estatuto de refugiado.

11.2. El Estado Parte considera que, como resultado de la decisión de la UNE, el artículo 3 de la Convención ya no representa un asunto litigioso ante el Comité, y pide al Comité que resuelva el caso en consecuencia.

12.1. El 21 de abril de 2006, la abogada presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte de 5 de abril. Informa al Comité de que se ofreció al autor la oportunidad de regresar en condiciones seguras a Noruega el 31 de marzo de 2006. De conformidad con el informe preparado por la Embajada de Noruega en Islamabad a raíz de la misión de investigación, el autor ha sido efectivamente acusado de blasfemia, y la policía ha tratado activamente de detenerlo. El autor afirma que ha vivido oculto en una choza de adobe los últimos meses y que ha estado muy enfermo.

12.2. La abogada se remite a la decisión de la UNE de 30 de marzo de 2006 y señala que en ella se insinúa que el propio autor había interpuesto la demanda por blasfemia, y que la suspensión sólo se otorgó con grandes dudas. Esta afirmación no encuentra sustento en el informe de la Embajada ni en ningún otro documento, y en el informe se afirma que no existe indicación alguna de que el proceso no sea auténtico o de que se hayan adoptado medidas para influir en el resultado del proceso de verificación.

12.3. La abogada recuerda que la decisión de revocación de la UNE se basa en el informe de la Embajada, en el que se llega a la conclusión de que el demandante en la causa por blasfemia había tratado de iniciar una causa penal contra el autor de la queja desde 2002, lo cual coincide con la información proporcionada por el autor a las autoridades noruegas. La abogada sostiene que, aunque el Estado Parte conocía este hecho, hizo caso omiso de él y se negó a investigar, hasta que se organizó una misión de investigación que tuvo como resultado el informe de la Embajada. En dicho informe se confirma que las declaraciones del autor eran ciertas.

12.4. Para justificar sus afirmaciones sobre la persistente vulneración de derechos, la abogada presenta nuevos documentos, en particular una carta de la Embajada del Pakistán de 10 de febrero de 2006, en la que se confirma la existencia de un entendimiento entre el Estado Parte y el Pakistán, en el sentido de que los ciudadanos paquistaníes sólo deberán ser embarcados en un medio de transporte cuando estén en posesión de un pasaporte válido.

Queja modificada

13.1. A raíz de la decisión de la UNE de 30 de marzo de 2006, la abogada admite que el autor de la queja ya no tiene ningún interés jurídico en que se adopte una decisión sobre la obligación del Estado Parte, conforme al artículo 3 de la Convención, de otorgarle protección, ya que se le ha autorizado a permanecer en Noruega. Así pues, la abogada retira esta parte de la queja.

13.2. No obstante, la abogada sostiene que sigue habiendo interés en determinar si el Estado Parte vulneró el artículo 3 al expulsar al autor de la queja los días 21 y 22 de septiembre de 2005 y al negarse a atender la solicitud de medidas provisionales en virtud del artículo 108. Solicita una indemnización por el sufrimiento que experimentó el autor.

13.3. La abogada se refiere al artículo 22 de la Convención y mantiene su afirmación de que el Estado Parte no actuó de buena fe en relación con la solicitud del Comité en virtud del artículo 108 cuando expulsó al autor de la queja al Pakistán.

Comentarios adicionales del Estado Parte y del autor

14.El 10 de mayo de 2006, el Estado Parte ofreció nueva información fáctica derivada de los resultados de una investigación, dirigida a la Ahmadiya Foreign Missions Office en Rabwah (Oficina Ahmadiya). En un escrito de fecha 6 de abril de 2006 dirigido a la Embajada de Noruega en Islamabad, la Oficina Ahmadiya indicó que, según ciertos informes recibidos de Islamabad y del distrito de Sheikhupura, el caso por blasfemias abierto contre el denunciante no era genuino, y que en realidad había sido maquinado por el mismo denunciante. De resultas de ello, el denunciante había sido expulsado de la comunidad ahmadiya. Como consecuencia de esa carta, la UNE pidió a la UDI que considerase si el permiso de residencia concedido en virtud de la decisión de la UNE de 30 de marzo de 2006 debería ser revocado. El Estado Parte concluye impugnando la admisibilidad de la comunicación a tenor del párrafo 2 del artículo 22, relativo al abuso del derecho a presentar comunicaciones.

15.1. Los días 11 y 18 de mayo de 2006, la letrada comentó la nueva comunicación del Estado Parte y pidió medidas provisionales de protección. La abogada alega que la carta a la que se refiere el Estado Parte no tiene valor probatorio en los tribunales noruegos, porque la Embajada noruega en Islamabad concluyó, en su informe, que el caso era auténtico. Añade además que no existía base para invocar el párrafo 2 del artículo 22, ya que la solicitud de retirada de la denuncia carece de base en el derecho administrativo noruego, que exige que sólo la información nueva puede motivar dicha solicitud. La decisión de la UNE de 30 de marzo de 2006, que permitió al autor regresar al Estado Parte, se basaba en la "elevada probabilidad de que la denuncia hubiera sido urdida por el propio denunciante". La letrada alega por lo tanto que cualquier motivación para creer que el autor ha urdido su propio caso de blasfemia no equivale a nueva información.

15.2. La abogada alega que la carta de la Oficina Ahmadiya no refleja la realidad en relación con el caso abierto contra el autor. Indica que el denunciante ha mantenido un conflicto con el dirigente de la misión de Sheikuphura y que la carta puede haber sido escrita por otros motivos. Presenta copia de una carta que envió a la Oficina Ahmadiya el 18 de mayo de 2006, solicitando las pruebas que llevaban a creer que el mismo denunciante había inventado el caso de blasfemias. Recuerda además que se dictó una orden de arresto contra el denunciante, y que el caso por blasfemias es sólo uno de los muchos indicios de que su vida habría estado en peligro en el Pakistán. Presenta copia de una declaración jurada firmada por el coronel (Ret.) Muhammad Akram, según la cual el autor, quien, cuando estaba en ejército tomó parte en muchas operaciones antiterroristas en Karachi, corre peligro de ser asesinado por terroristas.

15.3. La abogada indica que el caso de asilo del autor sigue siendo examinado por el tribunal regional de Borgarting, y que al autor todavía no se le ha concedido asistencia letrada gratuita. El proceso pendiente se refiere a la apelación interpuesta por el autor en relación con la decisión de 30 de marzo de 2006, alegando que debería concedérsele la condición de refugiado.

15.4. El 31 de julio de 2006, el autor hizo llegar observaciones adicionales sobre la comunicación del Estado Parte. Indica que el 5 de julio de 2006, la UDI se pronunció en su favor ordenando que se le emitiera un pasaporte de residente. En relación con la carta escrita por la Oficina Ahmadiya, alega que él no inventó el caso de blasfemias y que dicho caso se tradujo en un mandamiento de 23 de diciembre de 2005, dictado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de Sheikhupura, que había examinado la demanda interpuesta contra el autor. Alega además que la Oficina Ahmadiya no puede investigar casos de esta naturaleza, y que ofrecieron su opinión, antes que una relación de los hechos. Presenta copia de una carta enviada por su letrada el 2 de junio de 2006 a la comunidad ahmadiya en Noruega, de la que se desprende que la carta cursada el 18 de mayo había quedado sin respuesta. En dicha carta, se queja además de que no se concedió la oportunidad de refutar las alegaciones dirigidas contra él, y que no se había informado directamente de que había sido expulsado de la comunidad. Finalmente, formula una serie de preguntas en relación con la investigación y la carta de la Oficina Ahmadiya.

15.5. El 16 de agosto de 2006, la letrada realizó nuevos comentarios sobre la comunicación del Estado Parte, indicando que no tenía conocimiento de si la UDI había abierto un caso de retirada tras la petición de la UNE en tal sentido. También indicó que la comunidad ahmadiya en Noruega no sabía cómo la Oficina Ahmadiya de Rabwah llegó a la conclusión de que el autor había inventado su propio caso de blasfemias, ni sobre la decisión de dicha comunidad de expulsarle de la misma.

15.6. El 24 de agosto de 2006, la secretaría pidió al Estado Parte que informase al Comité de los resultados de la solicitud de la UNE a la UDI de considerar la posibilidad de reabrir el caso. No se ha recibido del Estado Parte información al respecto.

15.7. El 7 de noviembre de 2006 y el 25 de enero de 2007, el autor y la abogada presentaron información adicional con respecto al recurso presentado contra la decisión de la UNE de 30 de marzo de 2006 con miras a obtener la condición de refugiado para el autor. El 21 de noviembre de 2006, el Borgarting Lagmannsrett confirmó la decisión de la UNE de no conceder al autor la condición de refugiado.

Examen en cuanto al fondo

16.1. El Comité toma nota de que el autor ha retirado libremente la parte de la queja relativa al artículo 3 y a su protección por el Estado Parte, es decir, la cuestión de si su deportación al Pakistán en el futuro constituiría una violación del artículo 3 de la Convención. Observa asimismo que la retirada de esa reclamación guarda relación con el hecho de que se le haya concedido un permiso de residencia y que la cuestión de la duración de dicho permiso sigue pendiente ante los tribunales nacionales. Por último, el Comité toma nota de que no se ejerció presión alguna sobre el autor, y acepta la retirada de esa reclamación.

16.2. El Comité debe determinar, pues, si la devolución del autor al Pakistán, pese a la petición del Comité de medidas provisionales, vulneró sus derechos en virtud de los artículos 3 ó 22 de la Convención. El Comité señala que el 2 de abril de 2004 su Relator Especial para las quejas nuevas solicitó que se adoptaran medidas provisionales de protección. El 1º de junio de 2004, el Estado Parte informó al Comité de que había desestimado la petición del Comité. Sin embargo, en ningún momento pidió al Comité que la retirase.

16.3. El autor fue expulsado los días 21 y 22 de septiembre de 2005, cuando todavía estaba vigente la solicitud de medidas provisionales del Comité. Éste señala que la nueva abogada del autor no le envió información alguna sobre la deportación hasta el 16 de enero de 2006, es decir, después de que el Comité hubiera adoptado su decisión sobre la admisibilidad de 14 de noviembre de 2005. El Comité recuerda que el Estado Parte, al ratificar la Convención y aceptar voluntariamente la competencia del Comité prevista en el artículo 22, se comprometió a cooperar de buena fe con éste aplicando y haciendo plenamente efectivo el procedimiento de quejas individuales allí previsto. El Comité también toma nota de que la Convención (el art. 18) lo faculta para establecer su propio reglamento, que formará una unidad con la Convención en la medida en que no esté reñido con ella. En el presente caso, el propósito específico del artículo 108 del reglamento es dar significado y alcance a los artículos 3 y 22 de la Convención, que de otro modo sólo otorgarían una mera protección hipotética a los solicitantes de asilo que afirmaran que existe un grave peligro de tortura. Al no atender la solicitud de medidas provisionales que se le formuló y no informar al Comité de la deportación del autor de la queja, el Estado Parte incumplió sus obligaciones de cooperar de buena fe con el Comité, a tenor del artículo 22 de la Convención.

16.4. Sin embargo, en el presente caso, el Comité observa que el Estado Parte facilitó el regreso del autor a Noruega en condiciones de seguridad el 31 de marzo de 2006, y que informó al Comité poco después, el 5 de abril. Además, el Comité toma nota de que el Estado Parte ha concedido un permiso de residencia por tres años al autor de la queja. Con ello, ha rectificado el incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al artículo 22 de la Convención.

16.5. En vista de que el autor, que no fue torturado durante su estancia en el Pakistán, ha regresado al Estado Parte, donde ha recibido un permiso de residencia de tres años, el Comité considera que la cuestión de si su deportación al Pakistán constituyó una violación del artículo 3 es intrascendente.

17.El Comité contra la Tortura, actuando de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la deportación del autor de la queja al Pakistán, no obstante las medidas provisionales adoptadas, constituye una violación del artículo 22 de la Convención, por cuanto el autor estuvo sometido a la jurisdicción del Pakistán del 22 de septiembre de 2005 al 31 de marzo de 2006.

18.A la luz de lo que antecede, el Estado Parte ya ha rectificado esa violación.

Notas

Comunicación Nº 251/ 2004

Presentada por:A. A. (no representado por abogado)

Presunta víctima:El autor de la queja

Estado Parte:Suiza

Fecha de la queja:19 de julio de 2004 (comunicación inicial)

Fecha de la presente decisión :17 de noviembre de 2006

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 17 de noviembre de 2006,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 251/2004, presentada por A. A. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja y el Estado Parte,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura.

1.El autor de la queja, A. A., ciudadano iraní nacido en 1973, es objeto de una orden de expulsión de Suiza. Aunque no invoca ningún artículo concreto de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sus alegaciones parecen plantear cuestiones en relación con el artículo 3 de la Convención. No esta representado por abogado. La Convención entró en vigor para Suiza el 2 de marzo de 1987.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.Según el autor de la queja, aunque no haya llevado a cabo ninguna actividad política en la República Islámica del Irán, ha sido objeto de persecuciones por las autoridades iraníes en varias ocasiones debido a la militancia política de su familia en contra del gobierno del ayatolá Jomeini, en particular apoyando a los Muyahidin del Pueblo. En 1990, el autor y su primo, en su condición de miembros de una familia de presos políticos, se entrevistaron, según se afirma, con el representante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante la visita de éste a la República Islámica del Irán. El autor afirma que en abril y mayo de 1991 fue detenido por haber distribuido octavillas. Afirma asimismo que pasó dos años en la cárcel, donde permaneció esposado y con los ojos vendados, siendo "maltratado con una hoja de afeitar". Según el autor, su primo fue asesinado por el régimen entonces en el poder.

2.2.El autor afirma que en 1993 fue puesto en libertad y a continuación cumplió el servicio militar obligatorio hasta 1995. Sostiene que los tribunales revolucionarios siguieron acosándolo y lo convocaron reiteradamente por las actividades políticas realizadas por algunos de sus familiares. Añade que durante su servicio militar se le asignó a la sección de ideología política.

2.3.El 15 de febrero de 1996, el autor afirma haber obtenido un pasaporte y algunos días después haberse dirigido al puesto fronterizo de Sero para pasar a Turquía. Durante los trámites aduaneros los funcionarios le comunicaron que su pasaporte adolecía de ciertos defectos y que no podía salir del país.

2.4.En estas circunstancias, el autor regresó a Teherán y, a principios de abril de 1996, según se afirma, fue convocado por el Tribunal Revolucionario, donde se le interrogó sobre su servicio militar, los motivos de su frustrada salida del país, sus antecedentes y los miembros de su familia.

2.5.El 21 de mayo de 1996, el autor respondió a una segunda convocatoria del mismo tribunal, y fue condenado a una pena de seis meses de cárcel suspendida por dos años, a 60 azotes y al depósito de una garantía inmobiliaria durante tres años.

2.6.El 17 de julio de 1996, según se afirma, compareció por tercera vez ante los tribunales, acompañado de su padre, que tuvo que pagar una garantía. Tras esta tercera audiencia, se adoptó una decisión por la que se condenaba al autor a tres meses de prisión y 60 azotes, así como al pago de una multa. Su padre tuvo que declarar por escrito que no realizaba actividad política alguna para que no se le confiscara la vivienda. El autor afirma que, a partir de ese momento, fue objeto de una estrecha vigilancia y que las autoridades intentaron constantemente imputarle nuevos delitos.

2.7.El 30 de septiembre de 1999, el autor salió de la República Islámica del Irán oculto en un contenedor transportado por un camión. Llegó a Suiza en julio de 2000, donde se reunió con otros ciudadanos iraníes que militaban contra el gobierno entonces en el poder en la República Islámica del Irán. El autor afirma haber participado en manifestaciones organizadas por refugiados iraníes. Sostiene que las autoridades iraníes estaban al corriente de sus actividades en Suiza.

2.8.Por decisión de 10 de julio de 2000, la Oficina Federal del Refugiado (ODR), -actual Oficina Federal de Migraciones (ODM)-, rechazó la solicitud de asilo del autor por considerar que sus afirmaciones adolecían de incoherencias y que su perfil político era poco destacado, y ordenó su expulsión del territorio suizo.

2.9.El 10 de junio de 2004, la Comisión Federal de Recurso en materia de Asilo (CRA) desestimó el recurso de apelación del autor, por considerar que sus afirmaciones contenían numerosas incongruencias fácticas y contradicciones y que su exposición de los hechos era inverosímil. Con base a estas consideraciones, confirmó la decisión de la Oficina Federal del Refugiado, ordenando su expulsión.

La queja

3.1.Según el autor, las autoridades suizas en materia de asilo han considerado erróneamente que sus alegaciones no eran fidedignas, porque existen motivos graves para creer que sería sometido a tortura en caso de ser devuelto a la República Islámica del Irán, lo que constituiría una violación por Suiza del artículo 3 de la Convención. Recuerda que ya ha sido detenido y torturado en dicho país y que su primo fue asesinado por el gobierno del ayatolá Jomeini debido a la implicación de su familia en actividades políticas contrarias al gobierno entonces en el poder.

3.2.El autor afirma asimismo que su participación en manifestaciones y eventos políticos en el extranjero, así como su huida ilegal de la República Islámica del Irán, constituyen factores determinantes para que se suspenda su expulsión.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1.Mediante nota verbal de 6 de septiembre de 2004, el Estado Parte declaró que no se oponía a la admisibilidad de la solicitud y que se pronunciaría sobre el fondo. El 19 de enero de 2005, presentó observaciones sobre el fondo de la cuestión. Tras recordar la jurisprudencia del Comité y su Observación general Nº 1, sobre la aplicación del artículo 3, el Estado Parte hace suyos los motivos expuestos por la Comisión de Recurso en materia de Asilo en apoyo de su decisión de rechazar la solicitud de asilo del autor y de confirmar su devolución. Recuerda la jurisprudencia del Comité según la cual la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituye un motivo suficiente para llegar a la conclusión de que una persona corre el riesgo de ser víctima de torturas a su regreso a su país, y que deben existir motivos suplementarios para que el riesgo de tortura sea calificado, a efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3, como "previsible, real y personal".

4.2.El Estado Parte subraya que el autor no aporta ningún elemento nuevo pertinente para revisar la decisión de la Comisión de Recurso en materia de Asilo de 10 de junio de 2004. Recuerda las incoherencias fácticas y las contradicciones en las afirmaciones del autor, subrayadas por las instancias internas en materia de asilo. En este sentido, el autor alegó que fue maltratado en prisión entre 1991 y 1993 y que, tras ser puesto en libertad, cumplió su servicio militar en la sección de ideología política del ejército. Según el Estado Parte, al ser la selección para dicha sección notoriamente severa, no es creíble que el autor haya podido cumplir en ella su servicio militar, habida cuenta de su encarcelamiento anterior y de las presuntas actividades políticas de su familia. Su explicación de que la confusión se debió a un error de transcripción de su apellido no es convincente.

4.3.Después del primer intento del autor de abandonar el país, se inició un procedimiento en su contra ante el Tribunal Revolucionario de Teherán. El Estado Parte hace notar, sin embargo, que contrariamente a lo que pretende, no se infiere de los documentos presentados que la eventual sanción impuesta fuera más allá de la obligación de depositar un título de propiedad. Además, esos documentos no contienen ninguna indicación concreta relativa a los motivos de la eventual condena del autor por el Tribunal Revolucionario. Por lo tanto, las instancias internas han llegado a la conclusión de que la condena del autor se habría basado en motivos distintos al de haber ocultado a las autoridades militares su detención.

4.4.En cada una de las tres vistas del procedimiento de asilo, el autor presentó una versión diferente de las razones principales que, al parecer, lo condujeron a abandonar su país, y no fue capaz de explicar esas divergencias de manera plausible. En una primera fase del procedimiento, el autor pretendió que su huida se debía esencialmente, por una parte, al acoso de que era objeto por los basidjis y, por otra parte, a las actividades políticas de algunos miembros de su familia. En una fase ulterior del procedimiento, alegó que su huida se debió al asesinato de un miembro de los basidjis, precisamente uno de los que lo habrían acosado.

4.5.Las alegaciones del autor en relación con los malos tratos de que presuntamente fue objeto y su asignación a la sección de ideología política del ejército tampoco son dignas de crédito. La explicación proporcionada (confusión a raíz de un error en la transcripción de su apellido) no es convincente. Tanto menos habida cuenta de la alegación según la cual el apellido del autor, que habría recibido su pasaporte tras cumplir su servicio militar, figura, al parecer, en una lista de personas impedidas de salir del país, prohibición que se le impuso en el puesto fronterizo. En estas circunstancias, los errores de ortografía o la mención del apellido del autor en esa lista habrían constituido un obstáculo para la emisión del pasaporte en primer lugar.

4.6.El Estado Parte declara ignorar si el hecho de que el autor haya salido de su país de origen ilegalmente lo expondría al riesgo de ser detenido a su regreso. Se remite a la jurisprudencia del Comité según la cual la Convención no ofrece protección alguna al autor que alegue simplemente temer ser detenido al regresar a su país.

4.7.En cuanto a los problemas físicos y psíquicos del autor, el Estado Parte estima que están vinculados a los abusos sexuales que, según afirma, sufrió durante la infancia.

4.8.Por lo que se refiere a las actividades políticas realizadas por el autor en la República Islámica del Irán, el Estado Parte estima que éstas serían muy limitadas: tendrían que ver con su participación en una reunión con un representante de las Naciones Unidas en 1990 y la distribución de octavillas con su primo en Semnán en 1991. En cuanto a las actividades políticas realizadas por el autor en Suiza, el Estado Parte recuerda que la Comisión Federal de Recurso en materia de Asilo estudió detalladamente si existía ese riesgo, llegando a la conclusión de que los elementos de prueba presentados por el autor no permitían concluir que las autoridades iraníes fueran conscientes de dichas actividades en Suiza. Las autoridades iraníes fijarían sobre todo su atención en personas que presentaran un perfil particular en razón de actividades que rebasaran el comportamiento habitual, o que representaran un peligro para el gobierno iraquí. De los documentos presentados por el autor no se infiere que sus actividades en Suiza le hayan merecido ese perfil. El Estado Parte no tiene conocimiento de casos en los que las autoridades iraníes hayan iniciado una acción penal contra personas que hayan realizado actividades comparables a las del autor de la queja.

4.9.El Estado Parte llega a la conclusión de que nada indica que existan motivos serios para temer que el autor quedaría expuesto concreta y personalmente a tortura a su regreso a su país.

Información adicional proporcionada por el autor de la queja

5.Mediante carta de fecha 25 de abril de 2005, el autor de la queja informó al Comité de que, tras haber presentado un recurso de reconsideración sobre la base de documentos adicionales, la Oficina Federal de Migraciones (ODM) estaba examinando nuevamente su caso.

Observaciones adicionales del Estado Parte

6.1.El 9 de mayo de 2005 el Estado Parte informó a su vez al Comité de que el autor había presentado, con fecha 15 de septiembre de 2004, una solicitud de reconsideración a la Oficina Federal de Migraciones e invitó al Comité a que suspendiera el examen de la comunicación hasta que se conociera la decisión de la ODM en el marco del procedimiento.

6.2.El 9 de mayo de 2006 el Estado Parte informó al Comité de que la Oficina Federal de Migraciones había rechazado el recurso de reconsideración mediante decisión de 28 de diciembre de 2005. Esta decisión fue confirmada el 24 de abril de 2006 por la Comisión Federal de Recurso en materia de Asilo. El Estado Parte señala que su solicitud de suspensión no tiene ya objeto y declara mantener sus conclusiones del 19 de enero de 2005.

Deliberaciones del Comité

7.1.Antes de examinar una reclamación contenida en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. A este respecto, el Comité se ha cerciorado, como se exige en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacionales. En el presente caso, el Comité toma nota asimismo de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y de que el Estado Parte no ha impugnado la admisibilidad de la comunicación. Por consiguiente, el Comité declara admisible la queja y procede a su examen en cuanto a fondo.

7.2.El Comité debe determinar si, al devolver al autor a la República Islámica del Irán, el Estado Parte faltaría a la obligación que le incumbe en virtud del artículo 3 de la Convención, de no devolver ni expulsar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

7.3.A los efectos de determinar si existen razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto a la República Islámica del Irán, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. No obstante, el objeto de ese análisis es determinar si el interesado correría un riesgo personal de ser torturado en el país al que regresaría. Cabe señalar que la existencia en un país de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos, no constituye por sí sola motivo suficiente para determinar que una persona determinada estaría en peligro de ser sometida a tortura a su regreso a ese país. Deben existir también otros motivos que hagan pensar que el interesado correría personalmente ese peligro. A la inversa, la ausencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que una persona no pueda ser sometida a tortura en su caso particular.

7.4.El Comité recuerda su Observación general sobre la aplicación del artículo 3, en la que declara que la existencia de un riesgo de tortura "debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable" (A/53/44, anexo IX, párr. 6).

7.5.En el presente caso, el Comité observa que las alegaciones del autor de que correría un riesgo de tortura si regresara a la República Islámica del Irán se basan en el hecho de que, según afirma, fue detenido y torturado entre mayo de 1991 y agosto o septiembre de 1993, que fue acosado posteriormente por las autoridades iraníes, principalmente a causa de las actividades políticas de los miembros de su familia, y el hecho de que habría participado en actividades realizadas en Suiza contra el gobierno iraní actual. Al evaluar el riesgo de tortura en el presente caso, el Comité toma nota de la alegación del autor según la cual fue torturado durante su encarcelamiento en la República Islámica del Irán y de que el Estado Parte estima que esta alegación no resulta creíble.

7.6.El Comité toma nota asimismo de las alegaciones del autor de que fue acosado constantemente por las autoridades en la República Islámica del Irán a causa de las actividades políticas de su familia y de que correría el riesgo de ser sometido a tortura debido también a sus actividades políticas realizadas en Suiza en contra del gobierno iraní. No obstante, en opinión del Comité, el autor no ha podido justificar que las actividades políticas realizadas por su familia contra el gobierno del ayatolá Jomeini fueran de una importancia tal que aún hoy podrían ser de interés para las autoridades iraníes. Tampoco ha aportado elementos probatorios suficientes que le permitan confirmar que su participación en manifestaciones organizadas por refugiados iraníes en Suiza o su huida ilegal de la República Islámica del Irán constituirían factores determinantes para concluir que correría un riesgo personal de ser torturado si regresara a ese país.

7.7.En consecuencia, habida cuenta del tiempo transcurrido (más de 13 años) desde los acontecimientos descritos por el autor, además de la naturaleza de las incoherencias de su versión de los hechos, incoherencias que no ha sabido aclarar suficientemente, el Comité estima que los hechos expuestos por el autor, en particular el hecho de que no haya realizado actividades políticas relevantes ni en la República Islámica del Irán ni en Suiza, no son suficientes para apoyar la alegación de que correría un grave riesgo de ser sometido a tortura en caso de ser devuelto efectivamente a la República Islámica del Irán el día de hoy.

7.8.El Comité estima que, sobre la base de todos los datos presentados, el autor no ha aportado suficientes elementos probatorios que le permitan considerar que corre actualmente un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a torturas en caso de ser expulsado a su país de origen.

7.9.Teniendo presente todo lo que antecede, el Comité contra la Tortura, actuando de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, concluye que la devolución del autor de la queja a la República Islámica del Irán por el Estado Parte no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Notas

Comunicación Nº 259/2004

Presentada por:M. N. (representado por un abogado)

Presunta víctima:El autor de la queja

Estado Parte:Suiza

Fecha de la queja:10 de diciembre de 2004 (comunicación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 17 de noviembre de 2006,

Habiendo concluido el examen de la comunicación 259/2004, presentada por M. N. en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta todas las informaciones que le han sido comunicadas por el autor y el Estado Parte,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura.

1.1.El autor es M. N., ciudadano de Bangladesh nacido el 2 de junio de 1967, que se encuentra actualmente en Suiza esperando su expulsión. Afirma que su devolución a Bangladesh constituiría una violación por Suiza del artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Está representado por un abogado. La Convención entró en vigor para Suiza el 2 de marzo de 1987.

1.2.Conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la comunicación a la atención del Estado Parte el 17 de diciembre de 2004. Al mismo tiempo, el Comité, actuando en virtud del párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento, decidió que no se justificaban, en las presentes circunstancias, las medidas provisionales de protección solicitadas por el autor.

Antecedentes de hecho

2.1.El autor afirma que era miembro del Partido Jatiya (JP) en Bangladesh desde abril de 1988, para el cual ejerció la función de Organising Secretary for ward Nº 29 (Secretario Ejecutivo de la célula Nº 29). Alega haber sido detenido en diferentes ocasiones, en 1991, 1993 y 1995, tras haber participado en manifestaciones de protesta organizadas por su partido.

2.2.El autor explica que en 1992 obtuvo una licencia para la explotación de una piscifactoría. Cada año debía renovarse la concesión, que se adjudicaba al mejor postor. El 20 de enero de 2000, el autor obtuvo la concesión frente a otro aspirante, denominado E. S., miembro de la Liga Awami (AL), otro partido político de Bangladesh. El 15 ó 16 de marzo de 2000, el autor declara haber recibido una carta de E. S. instándole a pagar un impuesto de protección. Ocho o nueve días más tarde, A., J. y C., partidarios de la Liga Awami a sueldo de E. S., irrumpieron en su tienda y, como se negaba a pagar, lo molieron a golpes. El 10 u 11 de abril de 2000, el autor constató que todos sus peces estaban muertos. Tras haber realizado su propia investigación, llegó a la conclusión de que A., J. y C. habían envenenado el agua. Trató de denunciar estos hechos a la policía, pero ésta se negó a escucharlo, supuestamente por su pertenencia al JP.

2.3.En mayo de 2000, de regreso a casa tras una reunión del JP en su oficina regional de Mugda, el autor afirma haber sido detenido por la policía, acusado de posesión de armas ilícitas, pretendidamente descubiertas en el primer piso de la oficina del JP de Mugda por E. S., A., J., C. y la policía. Sostiene que permaneció encarcelado del 5 de mayo al 6 de junio de 2000 en la prisión central de Dhaka. Durante su encarcelamiento, alega haber sido torturado en tres o cuatro ocasiones. Lo golpearon con un palo y le inyectaron agua hirviendo en la nariz y los oídos. Afirma presentar diversas secuelas físicas y psicológicas, confirmadas por certificados médicos: uno de los tímpanos está perforado, sufre de otitis crónica, parte de sus huesos auditivos están destruidos, tiene graves problemas con sus cuerdas vocales, mastica con dolor, sufre depresión y presenta síntomas de estrés postraumático. Señala que gracias a la intervención de su hermano y de otros miembros del JP, fue puesto en libertad bajo fianza.

2.4.El 10 de junio de 2000, el JP al parecer organizó una manifestación de protesta en la cual el autor tomó parte. En el camino de regreso, su grupo fue atacado al parecer por un grupo de partidarios de la AL, entre los que se encontraba E. S. En este incidente, el autor presuntamente consiguió huir, pero uno de sus amigos fue muerto y otro resultó herido. Al día siguiente, se enteró de que E. S. había presentado una denuncia contra él por el asesinato de su amigo y de que la policía lo buscaba. Por esta razón abandonó Dhaka y se refugió en casa de un amigo en Gazipur.

2.5.El autor informa que el 19 de junio de 2000 la policía, acompañada de partidarios de la AL, se presentó en la casa del autor en Dhaka. Querían saber dónde se encontraba. Según se informa, amenazaron y golpearon a su hermano, hiriéndolo gravemente hasta el punto de perder un brazo. También robaron dinero y joyas. Tras ese hecho, el autor se trasladó a la casa de una prima en Silhet. Su hermano y el dirigente del JP trataron de obtener un sobreseimiento del caso contra el autor, pero sin éxito. Su propio abogado confesó que estaba seguro de que el autor sería declarado culpable y que sería mejor que abandonase el país. Un segundo abogado, contratado por el hermano del autor y el dirigente del JP, consideró igualmente que sería preferible que el autor no regresase a Bangladesh antes de que acabase el proceso judicial.

2.6.El 13 de septiembre de 2000 el autor abandonó Bangladesh y llegó a Suiza el 21 de septiembre de 2000. El mismo día de su llegada presentó una solicitud de asilo. Por decisión de 23 de octubre de 2002, la Oficina Federal de Refugiados (ODR) -actualmente Oficina Federal de Migraciones (ODM)- rechazó dicha solicitud y ordenó su expulsión del territorio suizo. El 4 de agosto de 2004, la Comisión de Recursos en materia de Asilo (CRA) desestimó la apelación del autor, confirmando la decisión de expulsión de la ODR.

2.7.El autor expone que la CRA justifica esencialmente su decisión de 4 de agosto de 2004 por considerar faltos de credibilidad los hechos alegados, ya que no pudieron ser confirmados por las investigaciones de la Embajada de Suiza en Bangladesh. El autor rechaza este razonamiento, afirmando que las numerosas pruebas presentadas han sido declaradas auténticas por un notario, son muy detalladas y apoyan su exposición de los hechos punto por punto. Se extraña de la falta de detalles sobre la investigación de la Embajada de Suiza, así como de la ausencia de explicaciones sobre el procedimiento seguido y las fuentes interrogadas, y llega a la conclusión de que el resultado de dicha investigación es incompleto. Expone igualmente que la CRA consideró contradictorio que presentase declaraciones de dos abogados, siendo que no había mencionada más que uno, y explica que, simplemente, no estaba al corriente, en el momento de presentar su solicitud de asilo en Suiza, de que su hermano había contratado a un segundo abogado para representarlo, cuando él había convencido al primero de que continuase representándolo. Estima que ese hecho no quita nada a la credibilidad de sus alegaciones. En lo que respecta a la afirmación de la CRA según la cual el autor y su grupo no fueron jamás atacados por un grupo de la AL al regresar de la manifestación del 10 de junio, sino que los dos grupos se atacaron mutuamente, el autor precisa que era difícil, una vez comenzado el enfrentamiento, decir quién había atacado a quién y quién se había defendido, pero que ello tampoco restaba ninguna credibilidad a su relato.

2.8.El autor observa que la CRA consideró que era imposible que los miembros del JP estuvieran todavía perseguidos, ya que el JP se encontraba ahora representado en el Gobierno, y que, aunque fuera así, los tribunales superiores dispondrían de la independencia necesaria para castigar tales persecuciones. Rechaza ese argumento, afirmando que, incluso representados en el Gobierno, los miembros del JP pueden ser perseguidos puesto que continúan constituyendo una minoría política. Añade que los dos procesos penales entablados contra él están muy probablemente ligados a sus actividades políticas. En respuesta al argumento de la CRA de que, incluso si las cosas hubieran sucedido de la forma señalada por el autor, no habría debido abandonar el país, sino buscar ayuda ante las autoridades de Bangladesh, indica que trató de presentar una denuncia, pero que la policía no quiso escuchar su caso. Por último, expone que, aun en el caso de que los tribunales superiores sean independientes en Bangladesh, como afirma la CRA, debería penar largos años en prisión, con grave riesgo de ser torturado, antes de poder tener acceso a las instancias judiciales superiores.

La queja

3.1.El autor afirma que existen razones serias para creer que será sometido a torturas si fuese devuelto a Bangladesh y que su expulsión a ese país constituiría una violación por Suiza del artículo 3 de la Convención.

3.2.Habida cuenta de los dos procesos penales interpuestos contra él, teme ser detenido a su regreso a Bangladesh y ser sometido a torturas, tanto más esto último cuanto que ya fue torturado cuando se encontraba en la prisión de Dhaka. Hace valer que las autoridades suizas no han puesto en duda sus actividades políticas y añade que los miembros del JP son todavía perseguidos, a pesar de la presencia de su partido en el Gobierno de coalición.

3.3.Por último, el autor sostiene que en Bangladesh la tortura es todavía utilizada corrientemente por la policía. Se afirma además, que numerosas personas han muerto en prisión de resultas de torturas sin que las autoridades de Bangladesh emprendiesen ninguna investigación ni actuasen para poner remedio a este problema. Tampoco se toman medidas para prevenir la tortura. A ello se añade el problema de la falta de independencia de los tribunales, en particular de los inferiores.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la queja

4.1.Mediante nota verbal de 15 de febrero de 2005, el Estado Parte declara no tener nada que objetar a la admisibilidad de la queja. Habiéndose concedido un plazo suplementario para la presentación de sus observaciones, el 5 de julio de 2005, el Estado Parte formula observaciones sobre el fondo de la queja.

4.2.El Estado Parte examina el fundamento de la decisión de la CRA a la luz del artículo 3 de la Convención, de la jurisprudencia del Comité y de sus observaciones generales. Señala que el autor se limita a recordar al Comité los motivos invocados ante las autoridades suizas y no aporta ningún elemento nuevo que permita volver a poner en cuestión la decisión de la CRA de 4 de agosto de 2004. Señala igualmente que el autor no explica al Comité las incoherencias y contradicciones que figuran en sus alegaciones y que fueron señaladas por las autoridades suizas, sino que, por el contrario, las confirma.

4.3.El Estado Parte recuerda la jurisprudencia del Comité según la cual la existencia de un cuadro de violaciones sistemáticas de los derechos humanos graves, flagrantes o masivas no constituye un motivo suficiente para concluir que una persona correría el riesgo de ser víctima de torturas a su regreso a su país, y que deben, en consecuencia, existir motivos adicionales para que el riesgo de tortura sea calificado, a los efectos del párrafo 1 del artículo 3, de "previsible, real y personal". El Estado Parte señala que el autor se refiere vagamente "a los diferentes informes anuales de diversas organizaciones de derechos humanos" para ilustrar la situación de los derechos humanos en Bangladesh, y en particular la utilización frecuente y no reprimida de la tortura por las fuerzas de seguridad. El Estado Parte recuerda que, con ocasión del examen de diversas comunicaciones de autores que invocaban el riesgo de ser torturados en caso de ser devueltos a Bangladesh, el Comité tuvo en cuenta la situación general de los derechos humanos en Bangladesh, y en particular los casos reiterados de violencia policial contra prisioneros y opositores políticos, así como la existencia de actos de tortura imputados a la policía y de enfrentamientos violentos entre opositores políticos. El Estado Parte observa que para apreciar el riesgo personal de ser torturado en caso de retorno, especialmente en lo relativo a autores opuestos a la AL, el Comité, entre otras cosas, calificó de pertinentes el cambio de gobierno tras las elecciones de 2001, el hecho de que la AL se encuentre actualmente en la oposición, el hecho de que no exista ya un gran riesgo de que alguien sea acosado por las autoridades por instigación de miembros de este partido y el hecho de que los miembros de uno de los partidos de la coalición en el poder no tengan nada que temer de las formaciones políticas que la componen .

4.4.En lo que se refiere al riesgo del autor de ser detenido en razón de acciones penales de las que podría ser objeto, así como a la alegación del autor según la cual sería inevitablemente sometido a torturas si se le encarcelaba, el Estado Parte recuerda la jurisprudencia constante del Comité según la cual el hecho de que la tortura sea practicada en los lugares de detención no permite, por sí solo, concluir que existe una violación del artículo 3 mientras el autor no haya demostrado que corre riesgo personal de ser víctima de torturas. El Estado Parte considera que la situación en Bangladesh, según la describe el autor, no puede por sí sola constituir un motivo suficiente para concluir que correría el riesgo de ser víctima de torturas a su regreso a este país.

4.5.El Estado Parte recuerda la jurisprudencia del Comité según la cual la tortura o los malos tratos que habría sufrido el autor en el pasado constituyen uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para apreciar el riesgo que corre el autor de ser sometido a tortura o a malos tratos en caso de regresar a su país. El Estado Parte observa que las autoridades suizas no han cuestionado en ningún momento del proceso los graves trastornos físicos y psíquicos que sufre el autor y sobre los que aporta certificados médicos. Dichas autoridades consideraron no obstante que esos trastornos están vinculados a otras razones que las expuestas, ya que las alegaciones del autor en lo relativo a los malos tratos sufridos en su pretendido encarcelamiento en mayo y junio de 2000 en la prisión central de Dhaka no son creíbles. El Estado Parte añade que, incluso si las alegaciones del autor fuesen dignas de crédito, éste último no aporta ningún elemento que permita concluir que todavía correría riesgo de ser torturado en caso de regresar.

4.6.El Estado Parte no ignora la existencia de fuertes rivalidades entre las dirigentes de los dos partidos políticos dominantes, es decir, la AL y el Partido Nacional de Bangladesh (actualmente apoyado, entre otros, por el JP). Observa que las autoridades suizas no han puesto en cuestión ni la pertenencia del autor al JP, ni sus actividades dentro de este partido. No obstante, considera que el autor no corre riesgo de ser sometido a tratos contrarios al artículo 3 de la Convención en razón de sus actividades políticas. Además, observa que el autor no ha presentado ningún argumento basado en actividades políticas que pueda haber realizado fuera de su Estado de origen.

4.7.El Estado Parte señala las numerosas incoherencias de que adolece el relato del autor, que habían sido ya señaladas en la decisión de la CRA. Efectivamente, subraya que el autor no explica en qué medida las supuestas detenciones en los años 1991, 1993 y 1995 contribuirían hoy a exponerle al riesgo de ser torturado. Igualmente, no se ofrece ninguna explicación que justifique que el autor corra un riesgo especial de ser perseguido, siendo como es miembro de un partido político legal que ha participado en las elecciones y que está representado en el Gobierno. El Estado Parte añade que el autor no aporta ningún elemento que permita poner en duda los resultados de las investigaciones efectuadas por la Embajada de Suiza en Dhaka. Considera que el hecho de que un notario presuntamente haya confirmado la autenticidad de los documentos aportados no puede considerarse como determinante, ya que el autor no aclara las contradicciones existentes entre sus alegaciones relativas a los acontecimientos de junio de 2000 y el informe de la policía; según este último, fue un policía quien presentó la denuncia penal, en tanto que el autor pretende que fue E. S.

4.8.El Estado Parte se extraña de que las investigaciones de la Embajada de Suiza en Dhaka no hayan permitido recabar indicios sobre un eventual procedimiento penal abierto contra el autor, aun cuando, según el autor, en mayo de 2000 se emprendieron acciones penales contra él por posesión ilícita de armas, permaneció detenido del 5 de mayo al 6 de junio de 2000, fue puesto en libertad bajo fianza en junio de 2000, e incluso fue denunciado a la policía por asesinato en junio de 2000. Observa igualmente que las circunstancias de la defensa del autor no están claras, y que el autor no explica las contradicciones observadas por la CRA. El Estado Parte hace constar que el segundo abogado no es otro que el notario que confirmó la autenticidad de determinados elementos de prueba, y que declara datos personales diferentes según la función que desempeñe. El Estado Parte recuerda que las autoridades suizas concluyeron que las alegaciones sobre la existencia de una investigación penal pendiente contra el autor no eran creíbles. Precisa que, en el supuesto de que esas alegaciones fueran creíbles, según la jurisprudencia del Comité, el artículo 3 de la Convención no ofrece ninguna protección al autor que alegue simplemente temer ser detenido al regresar a su país.

4.9.En conclusión, si bien no pone en duda de ninguna forma la existencia de secuelas en el autor, el Estado Parte hace suyas las conclusiones de la CRA, considerando que, habida cuenta de las numerosas contradicciones sobre los puntos esenciales del relato del autor, es altamente probable que sus secuelas no hayan sido causadas por actos de tortura, sino que sean más bien consecuencias de un accidente o de conflictos personales. El Estado Parte concluye que nada indica la existencia de motivos serios para temer que el autor se vea expuesto concreta y personalmente a ser torturado a su regreso a Bangladesh.

Comentarios del autor

5.1.Mediante carta de 29 de septiembre de 2005, el autor reitera que, contrariamente a la opinión del Estado Parte, existe para él un riesgo personal, presente y serio de ser sometido a tortura en caso de expulsión a Bangladesh. Explica que la descripción en la comunicación de la situación general de los derechos humanos en Bangladesh no tenía por objeto establecer un motivo suficiente para concluir que correría el riesgo de ser víctima de torturas a su regreso a su país, sino aclarar el contexto en el cual se sitúan los acontecimientos que lo ponen personalmente en peligro.

5.2.El autor subraya que el cambio de gobierno tras las elecciones de 2001 y su pertinencia para la evaluación del riesgo de ser perseguido políticamente no se aplican a su situación. Así, afirma haber trabajado para la facción "Ershad" del JP, que sigue en la oposición al actual Gobierno, y cuyos miembros al parecer siguen expuestos a ser detenidos por la policía y a sufrir torturas. Afirma que este hecho ha sido confirmado por el Comité en su decisión de 21 de mayo de 2005. Además, alega que es todavía buscado por la policía y que, a pesar de que abandonó el país hace cinco años, sus hijos y hermanos siguen amenazados por sus adversarios. Añade que su hermano, que se había ocupado de sus hijos, recibió amenazas tales que debió huir dejando a los niños bajo la custodia de un tío, y que desde entonces nadie ha sabido nada de él. Dice que su tío está a su vez amenazado y que la policía se niega a proteger a su familia porque ésta le sigue buscando. Adjunta una carta de su tío que confirma sus declaraciones. Recuerda que el Estado Parte no puso en cuestión sus actividades políticas y que, contrariamente a lo que pretende el Estado Parte, no alega simplemente temer ser detenido a su regreso, sino que tiene serios motivos para creer que será torturado.

5.3.El autor recuerda que está buscado por asesinato y que, por ello, será detenido y encarcelado a su regreso a Bangladesh, ya que se dio a la fuga encontrándose en libertad bajo fianza. Considera que, habida cuenta de que fue torturado en su primera detención, lo será de nuevo, porque la situación se ha agravado desde entonces. Además, duda de que los jueces celebren un proceso equitativo en su caso, puesto que la facción de su partido se encuentra todavía en la oposición, y dice que deberá hacer frente a acusaciones por el hecho de haber comenzado por huir. El autor recuerda que, según lo dispuesto en el párrafo 6 de la Observación general Nº 1 del Comité, el riego de tortura no es necesario que sea muy probable, pero debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha.

5.4.El autor adjunta un nuevo certificado médico que confirma que su estado físico se corresponde con sus alegaciones de torturas. Al igual que el resto de los certificados médicos ya presentados, el autor reconoce que este certificado no prueba que haya sido torturado, sino que hace la alegación más verosímil. Recuerda que el Estado Parte no pone en duda los graves trastornos físicos y psíquicos que sufre, pero impugna el hecho de que los atribuya a razones distintas de las torturas alegadas. En cuanto a las conclusiones de las investigaciones de la Embajada de Suiza en Dhaka, el autor subraya que no ofrecen respuestas a todas las preguntas planteadas y que no contienen indicación alguna en relación con las investigaciones en las que se basan los resultados. El autor constata que, según el Estado Parte, el único defecto de los documentos que presentó certificados ante notario, y que no han sido considerados falsos por el Estado Parte, es que no se corresponden con los resultados de las investigaciones de la Embajada.

5.5.El autor explica la aparente contradicción en relación con el autor de la denuncia por asesinato presentada en junio de 2000. Tenía entendido que E. S. había presentado la mencionada denuncia contra él pero, como nunca llegó a ver dicha denuncia, es posible que no fuera registrada a nombre de E. S., sino de un policía, para dar un carácter más oficial al asunto.

5.6.El autor considera que, en lo que respecta a las circunstancias de su defensa, no existen contradicciones. El hecho de que su primer abogado escriba en noviembre de 2002 que por razones políticas no puede llevar su defensa y le aconseje abandonar el país no excluye que lo haya representado más tarde. En cuanto a su segundo abogado, el hecho de que no presente sus datos personales de manera idéntica en tanto que notario y en tanto que abogado no socava la credibilidad de las alegaciones del autor. Por último, para apoyar la credibilidad de sus declaraciones, el autor presenta una foto de su hermano, en la que se ve claramente que ha perdido un brazo. Concluye que no es aceptable que el Estado Parte se concentre en algunas contradicciones que no afectan a puntos esenciales y que no tienen nada que ver con las otras alegaciones formuladas. Reitera que, en vista de las torturas sufridas en el pasado y de sus actividades políticas, es altamente probable que vaya a ser torturado de nuevo a su regreso a Bangladesh, lo que constituiría una violación del artículo 3 de la Convención por el Estado Parte.

Deliberaciones del Comité

6.1.Antes de examinar una reclamación incluida en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si la comunicación es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, como se exige en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada por otro procedimiento de investigación o solución internacionales. En el presente caso, el Comité observa también que se han agotado todos los recursos internos y que el Estado Parte no ha puesto en cuestión la admisibilidad de la queja. Considera, pues, que la comunicación es admisible, y procede a su examen en cuanto al fondo.

6.2.El Comité debe determinar si, al devolver al autor a Bangladesh, el Estado Parte faltaría a la obligación contraída en virtud del artículo 3 de la Convención de no expulsar o devolver a una persona a otro Estado donde haya motivos serios para creer que corre el riesgo de ser sometido a torturas.

6.3.Para determinar si existen motivos serios para creer que el autor correría el riesgo de ser sometido a torturas si fuese devuelto a Bangladesh, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. No obstante, el objeto de ese análisis es determinar si el interesado correría un riesgo personal de ser torturado en el país al que regresaría. De ello se infiere que la existencia en un país de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituye por sí sola motivo suficiente para establecer que una persona determinada estaría en peligro de ser sometida a tortura a su regreso a ese país. Deben existir otros motivos que hagan pensar que el interesado correría personalmente peligro. A la inversa, la ausencia de un cuadro de violaciones manifiestas y sistemáticas de los derechos humanos no quiere decir que no puede considerarse que una persona corra riesgo de ser sometida a torturas en circunstancias particulares.

6.4.El Comité recuerda su observación general sobre la aplicación del artículo 3, según la cual "el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable". (A/53/44, anexo IX, párr. 6.)

6.5.En el presente caso, el Comité observa que la principal razón por la cual el autor teme ser torturado si regresa a Bangladesh es que presuntamente ya lo fue durante su encarcelamiento en la prisión de Dhaka en mayo y junio de 2000 y que corre el riesgo de ser detenido a su regreso en razón de los cargos penales que pesan contra él. El Comité señala que el Estado Parte no ha puesto en cuestión las actividades políticas del autor en Bangladesh. Sin embargo, en lo que concierne a las secuelas físicas y psicológicas que presenta el autor, el Estado Parte considera que han sido causadas por otros acontecimientos -accidentes, conflictos personales- y no por los actos de tortura descritos por el autor. El Comité ha tomado nota de los informes médicos aportados por el autor en los que se certifican los diversos males que sufre, pero considera que no permiten llegar a la conclusión de que las secuelas descritas hayan sido causadas por actos de tortura. Considera asimismo, como sostiene el Estado Parte, que el autor no ha probado de manera irrefutable que las lesiones sufridas resulten de actos del Estado.

6.6.El Comité toma igualmente nota del argumento del Estado Parte de que, por cuanto que la Liga Awami se encuentra actualmente en la oposición, ya no existe un gran riesgo de que el autor sea acosado por las autoridades, instigadas por miembros de ese partido. El Estado Parte sostiene además que el autor no tiene nada que temer de las formaciones políticas actualmente en el poder ya que es miembro de uno de los partidos de la coalición. Teniendo presentes las informaciones del autor, que explica que pertenece a una fracción del Partido Jatiya, opuesta a la que actualmente forma parte del Gobierno, el Comité no considera que ese hecho permita por sí solo concluir que el autor corre el riesgo de ser perseguido y torturado por partidarios de la fracción del Partido Jatiya que forma parte actualmente del Gobierno, o del BNP.

6.7.Por último, en lo que respecta a la alegación del autor, que sostiene que corre el riesgo de ser detenido a causa de las acciones penales entabladas en su contra y que, una vez detenido, será inevitablemente sometido a torturas, el Comité señala que el hecho de que la tortura se practique en los lugares de detención no permite, por sí solo, concluir que hay una violación del artículo 3 al no haber demostrado el autor que corre riesgo personal de ser víctima de torturas. El Comité recuerda que, con arreglo a su Observación general Nº 1, incumbe al autor presentar argumentos convincentes y demostrar que se encuentra en peligro de ser torturado, que la existencia de ese peligro es fundada de la manera en que el Comité ha señalado y que el peligro es personal y presente. En este caso, el Comité toma nota del argumento del Estado Parte de que, tras realizar una investigación, su embajada en Dakha no encontró ningún rastro de procedimiento penal pendiente contra el autor. El Comité considera además que el autor no ha fundamentado suficientemente sus alegaciones según las cuales existen dos procesos penales abiertos contra él. Sea como fuere, no procede invocar una detención al regresar a Bangladesh por delitos de derecho común que se le imputaran. El Comité considera además que el autor no ha indicado los motivos por los cuales al parecer intentó presentar una denuncia a las autoridades de Bangladesh y se vio obligado a abandonar el país.

6.8.Habida cuenta de lo que antecede, el Comité considera que el autor no ha demostrado la existencia de motivos serios que permitan considerar que su devolución a Bangladesh lo expondría a un riesgo real, concreto y personal de tortura, a los efectos del artículo 3 de la Convención.

6.9.Por consiguiente, el Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, considera que la devolución del autor a Bangladesh no pondría de manifiesto ninguna violación por el Estado Parte del artículo 3 de la Convención.

Notas

Comunicación Nº 262/2005

Presentada por:V. L. (no representada por abogado)

Presunta víctima:La autora de la queja

Estado Parte:Suiza

Fecha de la queja:12 de enero de 2005 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 20 de noviembre de 2006,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 262/2005, presentada al Comité contra la Tortura por V. L. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le ha presentado la autora de la queja,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura.

1.1.La autora de la queja es V. L., ciudadana belarusa nacida en 1946, que actualmente vive en Suiza en espera de su regreso a Belarús. No invoca ninguna disposición concreta de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero su denuncia parece plantear cuestiones relacionadas con el artículo 3 de la Convención. No está representada por un abogado.

1.2.El 14 de enero de 2005, el Comité, por conducto de su Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, transmitió la queja al Estado Parte y le pidió, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento, que no devolviera a la autora a Belarús mientras el Comité estuviera estudiando su caso. El Relator señaló que esta petición podría revisarse a la luz de los nuevos argumentos que presentase el Estado Parte. El Estado Parte accedió a esta petición mediante nota de 25 de febrero de 2005.

Antecedentes de hecho

2.1.El esposo de la autora fue candidato en elecciones locales celebradas en Belarús en 1995 y en 2000. En una carta al director de un diario, criticó al Presidente del país, por lo que el órgano de seguridad y la policía lo sometieron varias veces a interrogatorio. Asimismo fue atacado por cuatro desconocidos en abril de 2000. La policía le aconsejó abandonar su actividad política. Partió de Minsk y se fue a vivir con unos parientes entre julio de 2000 y junio de 2001. El 7 de junio de 2001 salió del país rumbo a Bélgica, donde solicitó asilo. Su solicitud fue rechazada y el 18 de diciembre de 2002 partió para Suiza. Entretanto, la autora había permanecido en Belarús, donde fue interrogada a menudo sobre el paradero de su marido. El 12 de septiembre de 2002 le retiraron el pasaporte. El 16 de diciembre de 2002 abandonó el país y se reunió con su marido en Suiza el 18 de ese mismo mes.

2.2.La autora y su marido solicitaron asilo en Suiza el 19 de diciembre de 2002. Ambos basaron su solicitud en las presuntas persecuciones políticas del marido por las autoridades belorusas. La Oficina Federal de los Refugiados (OFR) de Suiza no dio crédito a las denuncias, alegando que los documentos presentados por los interesados no eran auténticos. Por consiguiente, se rechazaron las solicitudes el 14 de agosto de 2003 y se dio a la autora y a su esposo la orden de abandonar el país a más tardar el 9 de octubre de 2003.

2.3.El 11 de septiembre de 2003, la autora y su marido apelaron ante la Comisión Federal de Recurso en materia de Asilo (ARK), la cual desestimó la apelación el 15 de septiembre de 2004. El 11 de octubre de 2004, la autora solicitó una revisión de la decisión, mencionando por primera vez que había sido objeto de agresiones sexuales por parte de agentes de la policía (Miliz). Instó a las autoridades suizas a que volviesen a examinar su solicitud de asilo por derecho propio y no ya como parte de la solicitud de su marido, explicando que para entonces ya vivían separados. La autora no había informado a su esposo de las agresiones sexuales sufridas hasta después de la llegada de la pareja a Suiza, y él había reaccionado con insultos y comentarios humillantes, prohibiéndole que mencionase esos hechos a las autoridades suizas. Por carta de 15 de octubre de 2004, la ARK pidió más información sobre la solicitud de revisión, ya que las causas invocadas para la revisión de la decisión sobre el recurso de apelación no eran suficientes. El 21 de octubre de 2004, la autora dio más detalles sobre los motivos invocados en favor de la revisión. Afirmó entonces que antes de salir de Belarús, tres agentes de la policía que querían que les diera información sobre el paradero de su marido la habían interrogado y violado. Los agentes también la habían golpeado y penetrado con objetos. Un examen médico realizado posteriormente en un hospital había confirmado la presencia de hematomas y lesiones en sus órganos sexuales. La autora había sido sometida a un tratamiento médico y no había podido regresar a su lugar de trabajo hasta transcurridas más de tres semanas.

2.4.Tras este incidente, la autora presentó una denuncia al oficial a cargo del departamento al que pertenecían los agentes que la habían agredido. A partir de ese momento fue objeto de amenazas por varios agentes del mismo departamento. Uno de ellos la siguió hasta su casa y le pidió que retirase su denuncia. Se produjeron numerosas visitas nocturnas a su domicilio y allanamientos de la policía. Un día, los mismos agentes que la habían violado la secuestraron frente a su oficina y la llevaron a un lugar alejado, donde la violaron nuevamente. Los agentes amenazaron con mutilarla y matarla. El 12 de septiembre de 2002, la convocaron a las dependencias policiales y le retiraron el pasaporte. Con posterioridad a estos hechos, la autora cayó en depresión y pasó a la clandestinidad. Las amenazas y las intimidaciones, unidas a las agresiones sexuales de las que había sido víctima, la impulsaron a huir de Belarús.

2.5.La autora sostiene que no mencionó las violaciones en su entrevista inicial con la OFR debido a que lo consideraba humillante y una afrenta a su dignidad personal. Además, la presión psicológica de su marido le había impedido mencionar las agresiones sexuales. Explicó que su marido había desaparecido en octubre de 2004 y que desconocía su paradero. Ahora que había abandonado el país, estaba dispuesta a dar pormenores de los hechos antes descritos y a presentar un certificado médico.

2.6.En su decisión de 1º de diciembre de 2004, la ARK reconoció que, en principio, la violación era un factor importante que debía tenerse en cuenta en un procedimiento de concesión de asilo, aunque se denunciase de forma tardía, y que la víctima podía tener razones psicológicas para no haberla mencionado en la primera entrevista. No obstante, la ARK consideró que las denuncias de la autora no eran plausibles ya que nunca había fundamentado ni demostrado la existencia de obstáculos psicológicos que le impidiesen por lo menos mencionar la violación en la entrevista inicial. Además, ni su historia ni su conducta habían sido de otro modo convincentes. La ARK también expresó sus sospechas acerca de la "repentina capacidad de la autora de dar pormenores sobre la presunta violación". Dijo que no estaba convencida de que la autora correría peligro de ser perseguida o sometida a tratos inhumanos cuando regresase y llegó a la conclusión de que no había ningún obstáculo que se opusiese a su regreso a Belarús.

2.7.El 7 de diciembre de 2004, la autora envió a la ARK un informe médico que demostraba que había padecido agresiones sexuales antes de salir de Belarús. Por carta de 14 de diciembre de 2004, la ARK contestó que el caso estaba cerrado. La autora volvió a escribir a ese órgano el 7 de enero de 2005, explicándole por qué no estaba de acuerdo con su decisión de 1º de diciembre de 2004. El 11 de enero de 2005 se le informó que la expulsarían del país el 20 de enero de 2005.

La queja

3.1.La autora afirma que los documentos que presentó demuestran que tiene motivos suficientes para temer la persecución de la policía en Belarús. No invoca ninguna disposición de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en particular, pero su queja parece plantear cuestiones amparadas por el artículo 3 de la Convención.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad de la queja

4.1.Por nota verbal de 25 de febrero de 2005, el Estado Parte objeta la admisibilidad de la queja. Afirma que la carta de la autora de fecha 12 de enero de 2005 no puede considerarse queja según los términos del artículo 22 de la Convención. Recuerda que, en virtud del apartado a) del artículo 107 del reglamento del Comité, el autor de la queja debe alegar ser víctima de una violación por el Estado Parte interesado de cualquiera de las disposiciones de la Convención. Según lo estipulado en el apartado c), el Comité tiene que determinar que la queja no constituye un abuso del procedimiento permitido por el Comité ni es manifiestamente infundada. El Estado Parte señala que la autora se limita a presentar los documentos relativos a su solicitud de asilo y pide al Comité "que me proporcione ayuda y asistencia en [...] la decisión sobre la cuestión de mi protección", en lugar de señalar errores que pudiesen haber cometido las autoridades nacionales al confirmar la decisión de expulsión. Sostiene que la autora no ha demostrado suficientemente que correría el peligro de ser torturada si regresase a Belarús. Ante la falta de una denuncia de violación de ciertas disposiciones de la Convención, el Estado Parte estima que es imposible hacer observaciones sobre la denuncia de la autora.

4.2.El Estado Parte llega a la conclusión de que la carta de la autora no puede considerarse una comunicación en el sentido del artículo 22 de la Convención. En caso de que, a pesar de ello, se la considerase como tal, invita al Comité a que la declare inadmisible por no demostrar que se han producido violaciones de la Convención o por constituir un abuso del derecho a presentar comunicaciones o por ser manifiestamente infundada a tenor del apartado b) del artículo 107 del reglamento.

Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado Parte

5.Por carta de fecha 12 de marzo de 2005, la autora formula sus comentarios acerca de las observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad de la comunicación. Proporciona más detalles sobre la secuencia de los hechos que motivaron su partida de Belarús. También envía un certificado médico de fecha 4 de julio de 2002 emitido por la 7ª policlínica urbana de Minsk. En el certificado se indica que la autora había padecido un trauma y sufrido lesiones en sus órganos sexuales.

Observaciones del Estado Parte sobre el fondo de la cuestión

6.1.Por nota verbal de 24 de junio de 2005, el Estado Parte reafirma sus objeciones a la admisibilidad de la comunicación; como complemento, presenta los siguientes argumentos sobre el fondo de la cuestión. El Estado Parte recuerda en primer lugar sus obligaciones en virtud del artículo 3 de la Convención, y también indica que el Comité ha especificado las condiciones de aplicación de esta disposición en su jurisprudencia y en su Observación general Nº 1, de 21 de noviembre de 1997.

6.2.De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. El Estado Parte afirma que debe determinarse si la persona correría un riesgo personal de ser sometida a tortura en el país al que regresase. De ahí que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos en un país no constituye como tal motivo suficiente para determinar que esa persona estaría en peligro de ser sometida a tortura al regresar a ese país. Por consiguiente, deben aducirse otros motivos para demostrar que el riesgo de tortura puede calificarse de "previsible, real y personal". El Estado Parte observa que la situación en Belarús no puede por sí sola constituir un motivo suficiente para llegar a la conclusión de que la autora correría el peligro de ser sometida a torturas al regresar a ese país. El Estado Parte sostiene que la autora no ha demostrado que correría un riesgo "previsible, real y personal" de ser torturada a su regreso a Belarús.

6.3.A tenor de lo dispuesto en la Observación general Nº 1, cabe tener en cuenta si la autora ha sido torturada o maltratada en el pasado a fin de evaluar el riesgo de que sufra torturas al regresar a su país. La autora afirma que fue violada varias veces en 2002, la primera vez por tres agentes policiales en el marco de un interrogatorio acerca del paradero de su marido, y la segunda por haber denunciado la primera violación a las autoridades.Teme que la policía se entere enseguida de su regreso y que se la someta nuevamente a malos tratos e incluso a violaciones. Con objeto de avalar sus denuncias de que fue violada en 2002, envió al Comité un certificado médico de fecha 4 de julio de 2002 emitido por la 7ª policlínica urbana de Minsk. Para el Estado Parte, es sorprendente que la autora no haya presentado esta prueba esencial en el procedimiento ordinario o en el procedimiento de revisión ante la ARK. Según la autora, como esperaba que la convocasen a una nueva entrevista, envió este certificado médico tan sólo tras haber tomado conocimiento de la decisión de la ARK de 1º de diciembre de 2004. El Estado Parte no considera convincente esta explicación. Observa que, por una parte, la ARK pidió a la autora que especificase su solicitud de revisión de la decisión y que la fundamentase aún más, y por otra, la propia autora contestó que estimaba necesario proporcionar la información solicitada por escrito. Dadas las circunstancias, el Estado Parte recuerda que la autora y su marido presentaron pruebas falsas y/o falsificadas durante el procedimiento ordinario de concesión de asilo y que las autoridades nacionales no consideraron creíble la denuncia del marido de que era víctima de persecuciones. El Estado Parte estima que el certificado médico no puede servir para respaldar la denuncia de que fue violada.

6.4.Tal como se establece en la Observación general Nº 1, deben tenerse en cuenta las actividades políticas desplegadas en el pasado por la autora en el país de origen a fin de evaluar el riesgo de que pueda verse sometida a torturas al regresar a su país. El Estado Parte observa que la autora no ha tenido actividades políticas en Belarús. Las únicas actividades de esa índole que se invocaron fueron las del marido, quien presuntamente fue candidato en elecciones locales en 1995 y 2000, y criticó al Jefe de Estado. El Estado Parte llega a la conclusión de que la autora no ha demostrado que correría el riesgo de ser torturada debido a sus propias actividades políticas.

6.5.Con respecto a la credibilidad de las afirmaciones de la autora, el Estado Parte observa que ésta menciona motivos no invocados ante las autoridades nacionales durante el procedimiento de concesión de asilo y que hace referencia a las agresiones sexuales por la policía tan sólo en su solicitud de revisión de 11 de octubre de 2004. Por petición expresa de la ARK, la autora completó la solicitud de revisión el 21 de octubre de 2004. Sólo en esta ocasión aclaró que agentes de la policía la habían violado varias veces en 2002 y que con posterioridad había recibido graves amenazas de la policía, especialmente porque denunció el delito. La autora nunca presentó pruebas para respaldar sus denuncias. Según afirma, no se atrevió a mencionar las violaciones durante el proceso ordinario porque su marido le había prohibido hablar de ello. El Estado Parte sostiene que, aun cuando pudiese aceptarse esta explicación para el período anterior a la separación de la pareja, no se puede considerar convincente para el período ulterior. En particular, no se explica por qué la autora no proporcionó prueba alguna a la ARK durante el procedimiento de revisión. Además, las pruebas presentadas por la autora y su esposo para respaldar sus denuncias durante el procedimiento de concesión de asilo eran esencialmente falsas y/o estaban falsificadas. En vista de ello, el Estado Parte duda de la autenticidad del certificado médico presentado en el procedimiento actual tan sólo el 12 de marzo de 2005.

6.6.Por último, el Estado Parte afirma que las denuncias de la autora rebozan de datos contradictorios, lo que socava su credibilidad. Según ella, las violaciones que sufrió en 2002 guardan un vínculo directo con las actividades políticas de su esposo, pero las autoridades nacionales estimaron que las denuncias sobre las persecuciones de que era objeto su marido no eran creíbles. Dado que la autora siempre afirmó que las actividades de su marido eran el único motivo de la persecución de que ella era objeto, estas denuncias no tienen fundamento alguno.

6.7.El Estado Parte llega a la conclusión de que nada indica que existan motivos graves para temer que la autora correría un riesgo grave y personal de ser sometida a torturas a su regreso a Belarús.

Comentarios adicionales de la autora sobre las observaciones del Estado Parte

7.1.Por carta de 28 de julio de 2005, la autora responde que, aunque no era una figura política activa, respaldaba las actividades políticas de su marido y que el hecho de pertenecer a una familia opositora al Gobierno la convierte en persona políticamente activa. Respondiendo a la afirmación del Estado Parte de que en la solicitud de asilo inicial no mencionó el riesgo de que la pudiesen detener al regresar a Belarús, afirma que mencionó ese riesgo en su primera entrevista al llegar a Suiza, el 14 de febrero de 2003, pero también en muchas ocasiones más. Añade que estos comentarios se enviaron al Comité en los anexos de su comunicación inicial.

7.2.La autora sostiene que existe un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en Belarús y que, por consiguiente, tiene miedo de que la persigan cuando regrese. Dice que en Minsk y Vitebsk periódicamente desaparecen opositores y que mucha gente es injustamente encarcelada. Respecto de la cuestión de si existe un riesgo real y personal de sufrir torturas a su regreso, recuerda que en varias ocasiones recibió amenazas concretas de encarcelamiento e incluso de muerte. Agrega que al regresar a Belarús, tendría que cumplir con la obligación de presentarse ante la policía para registrar sus documentos personales. Por consiguiente, los agentes de la policía tendrían conocimiento de su regreso de inmediato. A fin de demostrar que corre un verdadero peligro de sufrir malos tratos, recuerda que se han producido numerosas visitas nocturnas de la policía a su domicilio, allanamientos, interrogatorios y actos de violencia en su contra confirmados por un certificado médico, y que su actividad política consistía en distribuir material de propaganda preelectoral.

7.3.Con respecto a la demora en presentar el certificado médico a las autoridades nacionales del Estado Parte, la autora afirma que dicho certificado se encontraba aún en Belarús. Cuando se revisó su caso, su hija encontró el certificado en el hogar de la autora en Belarús y se lo envió por fax el 17 de noviembre de 2004.

7.4.En cuanto a la afirmación de que el marido de la autora no es objeto de persecuciones, la autora sostiene que el Estado Parte se equivoca y que, si no pesaran amenazas en su contra, su marido habría regresado a Belarús en lugar de permanecer, como lo hace, en Bélgica.

7.5.Sobre la cuestión de la credibilidad de sus afirmaciones, la autora explica que, en su solicitud de revisión de 11 de octubre de 2004, sólo mencionó brevemente las agresiones sexuales de las que había sido víctima porque esperaba que la convocasen a una nueva entrevista. Respecto de la existencia de pruebas para respaldar sus acusaciones, recuerda que la denuncia que presentó a la policía había quedado en suspenso porque ella salió del país. Los documentos relacionados con la denuncia son confidenciales y no puede tener acceso a ellos desde Suiza.

Deliberaciones del Comité

8.1.Antes de examinar cualquier denuncia formulada en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si es admisible o no con arreglo al artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, como se exige en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. En el presente caso, el Comité también observa que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que la autora ha fundamentado suficientemente los hechos y sus alegaciones a efectos de la admisibilidad. Con respecto al argumento del Estado Parte de que la carta de la autora no constituye una comunicación en el sentido del artículo 22 de la Convención, el Comité considera que la autora, si bien no mencionó específicamente el artículo 3 de la Convención en su presentación inicial, sí afirmó claramente que no debía ser devuelta a Belarús dado que existía el riesgo de que los agentes de las milicias en ese país volvieran a violarla. Habida cuenta de que no estaba representada por un abogado y a la luz de la gravedad de la alegación, el Comité recuerda su práctica constante de tratar comunicaciones similares como quejas en el marco del artículo 22 de la Convención.Por consiguiente, el Comité declara admisible la comunicación y procede a examinarla en cuanto a su fondo.

8.2.El Comité debe determinar si la devolución de la autora por la fuerza a Belarús violaría las obligaciones del Estado Parte en virtud del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

8.3.El Comité debe estudiar si existen motivos fundados para creer que la autora correría un riesgo personal de ser sometida a tortura al ser devuelta a Belarús. Al evaluar ese riesgo, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el Comité recuerda que el objetivo es determinar si la persona en cuestión correría un riesgo personal de ser torturada en el país al que regresaría. Se deduce pues que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye en sí motivo suficiente para determinar que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura si regresa a ese país; deben aducirse otras razones que demuestren que esa persona concreta estaría en peligro. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en sus circunstancias particulares.

8.4.El Comité es consciente de la precaria situación de derechos humanos en Belarús. Los agentes de policía que supuestamente acosaron, agredieron sexualmente y violaron a la autora actuaron bajo las órdenes del Ministerio del Interior y han sido responsables de numerosos casos de tortura denunciados en el país, en particular de personas que participaron en campañas electorales alternativas. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús ha observado varios casos de agresiones a opositores políticos. El propio Comité ha mencionado numerosas alegaciones de tortura y malos tratos por las autoridades de Belarús, la falta de un fiscal independiente, el hecho de que no se hagan investigaciones rápidas e imparciales de las denuncias de tortura y la falta de un poder judicial independiente. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer ha observado el aumento del número de denuncias de actos de violencia contra las mujeres, incluida la violación, en Belarús, y las denuncias "bastantes frecuentes" de abusos, incluidas las agresiones sexuales, presentadas por mujeres detenidas. Según datos de 2004 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Belarús, más del 20% de las mujeres informaron de que fueron víctimas de abuso sexual por lo menos una vez. El Ministerio del Interior informó de que en los primeros diez meses de 2005, las denuncias de violación habían aumentado en un 17% con respecto al año anterior.

8.5.El Comité recuerda su observación general sobre el artículo 3, donde se afirma que el Comité debe evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si se procediese a su devolución, y que el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. No es necesario que el riesgo sea muy probable, pero sí ha de ser personal y presente.

8.6.En cuanto a la afirmación hecha anteriormente por el Estado Parte de que algunos de los documentos originales presentados en la solicitud de asilo conjunta estaban falsificados, y que esto resta la credibilidad a las alegaciones de la autora, el Comité considera que el hecho de que era el marido, y no la autora, quien ejercía control sobre qué documento se presentaba como justificación de la solicitud de asilo conjunta original invalida la afirmación de que cabe atribuir responsabilidad a la autora por esos defectos teniendo en cuenta únicamente ese motivo. En cuanto a la alegación del Estado Parte de que el informe médico del hospital en que se resumía y se respaldaba la alegación de violación también estaba falsificado, el Comité observa que el Estado Parte llegó a esta conclusión basándose en el único motivo de que los documentos anteriores presentados por el marido como justificación de la solicitud de asilo conjunta se consideraron falsificados (véase el párrafo 6.5 supra), sin aducir ninguna otra prueba o argumento para justificar su afirmación. El Comité observa que la fecha y la información detallada sobre la lesión grave causada a los órganos sexuales de la autora por introducción de objetos contundentes, que figura en el informe médico de Belarús, concuerdan con la información que figura en sus exposiciones, por lo que no cuestiona la autenticidad de ese documento.

8.7.En cuanto al argumento del Estado Parte de que la autora no ha demostrado que correría un riesgo de tortura debido a sus propias actividades políticas, el Comité observa que el hecho de que la autora actualmente esté separada de su marido no impide que las autoridades le causen un daño. La autora ha explicado que participó en la distribución de propaganda preelectoral cuando estaba en Belarús. Si bien actualmente está separada, aunque no divorciada, de su marido, para las autoridades sigue siendo una fuente de información y una manera de ejercer presiones sobre él. Además, según un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, son conocidos en Belarús los casos de hostigamiento de mujeres divorciadas debido a las actividades de sus ex maridos. En cualquier caso, si bien la autora afirma que fue detenida y violada la primera vez debido a las actividades políticas de su marido en Belarús, el Comité observa que fue violada una segunda vez por haber presentado una denuncia sobre la primera violación. Por consiguiente, a su regreso a Belarús, la autora estaría expuesta a malos tratos independientemente de su relación con el marido. Su denuncia en la que acusaba a la policía de las visitas nocturnas, los allanamientos, los actos de violencia y la violación podrían fácilmente exponer a la autora a las represalias de la policía en cualquier parte de Belarús. Como ha sostenido la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, las defensoras de derechos humanos se enfrentan a formas de hostilidad, hostigamiento y represión que están específicamente relacionadas con el género, como el acoso sexual y la violación. La policía de Belarús funciona dentro de un sistema sumamente uniforme y jerárquico con normas impuestas desde arriba; en la situación política actual es difícil determinar qué lugar es más seguro que otro. Por todos esos motivos, la autora presentaría un interés para la policía local.

8.8.El Estado Parte ha sostenido que la autora no es creíble porque las denuncias de abuso sexual y el informe médico que la respaldaba se presentaron en una etapa tardía del procedimiento interno. Por el contrario, el Comité estima que las alegaciones de la autora son creíbles. Su explicación de la demora en mencionar las violaciones a las autoridades nacionales es totalmente razonable. Es un hecho bien conocido que la pérdida de intimidad, sumado a la perspectiva de sentir humillación sólo porque se revelan determinados actos, puede hacer que tanto mujeres como hombres oculten el hecho de que han sido objeto de violación y/u otras formas de abuso sexual hasta que sea absolutamente necesario revelarlo. En el caso particular de las mujeres, existe el miedo adicional de la vergüenza y el rechazo de su pareja o familiares. A ese respecto, la afirmación de la autora de que su marido reaccionó a la admisión de violación de la autora humillándola y prohibiéndole que lo mencionara en su procedimiento de asilo da más credibilidad a su queja. El Comité observa que si bien el marido la abandonó, la autora, que inmediatamente dejó de estar bajo su influencia, mencionó las violaciones a las autoridades nacionales en su petición de revisión de 11 de octubre de 2004. Son innecesarias las pruebas adicionales acerca de su estado u "obstáculos" psicológicos, como pide el Estado Parte. La afirmación del Estado Parte de que la autora debería haber planteado y fundamentado la cuestión del abuso sexual en una etapa anterior del procedimiento de revisión es un motivo insuficiente para determinar que sus denuncias de abuso sexual carecen de credibilidad, en particular habida cuenta del hecho de que no estaba representada en el procedimiento.

8.9.Con respecto al argumento del Estado Parte de que hay muchas contradicciones en las afirmaciones de la autora, el Comité observa que este argumento no está fundamentado puesto que el Estado Parte no ha especificado en qué consistían las contradicciones.

8.10. En su evaluación del riesgo de tortura en el presente caso, el Comité considera que la autora estaba claramente sometida al control físico de la policía, si bien los actos en cuestión fueron perpetrados fuera de los locales oficiales de detención. Los actos cometidos, entre otras múltiples violaciones, con seguridad han sido causa de dolores y sufrimientos graves causados por varios propósitos no permisibles, en particular la interrogación, la intimidación, el castigo, la represalia, la humillación y la discriminación basada en el género. Por consiguiente, el Comité estima que los abusos sexuales cometidos por la policía en este caso constituyen tortura, aunque hayan sido perpetrados fuera de los locales oficiales de detención. Además, las autoridades de Belarús aparentemente no investigaron el caso ni procesaron o castigaron a los policías por esos actos. La no intervención de las autoridades aumenta el riesgo de malos tratos si la autora regresa a Belarús, puesto que los autores de las violaciones nunca han sido investigados, y pueden maltratar nuevamente a la autora con toda impunidad. De ahí que exista una duda considerable, sobre la base de los hechos particulares del caso, de que las autoridades de Belarús adoptarán las medidas necesarias para proteger a la autora de eventuales agresiones futuras.

8.11. Dadas las circunstancias, el Comité considera que existen razones fundadas para creer que la autora de la queja podría estar en peligro de ser sometida a tortura si fuera devuelta a Belarús.

9.El Comité contra la Tortura, actuando de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, concluye que el retorno de la autora de la comunicación a Belarús constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

10.Con arreglo al párrafo 5 del artículo 112 de su reglamento, el Comité insta al Estado Parte que lo informe, en un plazo de 90 días a partir de la transmisión de la presente decisión, sobre las medidas que haya adoptado en respuesta a la decisión expuesta más arriba.

Notas

Comunicación Nº 265/2005

Presentada por:A. H. (representado por un abogado)

Presunta víctima:El autor de la queja

Estado Parte:Suecia

Fecha de la queja:8 de febrero de 2005 (comunicación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 16 de noviembre de 2006,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 265/2005, presentada al Comité contra la Tortura por A. H. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja, su abogado y el Estado Parte,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura.

1.1.El autor de la queja es A. H., ciudadano azerbaiyano nacido en 1971, actualmente encarcelado en Suecia a la espera de ser expulsado a Azerbaiyán. Afirma que su retorno a Azerbaiyán constituiría una violación del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representado por un abogado. La Convención entró en vigor para Suecia el 26 de junio de 1987.

1.2.De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité transmitió la comunicación al Estado Parte el 8 de febrero de 2006. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 108 del reglamento del Comité, se pidió al Estado Parte que no expulsara al autor de la queja a Azerbaiyán mientras el Comité estudiaba su caso. El Estado Parte accedió a esa petición.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor de la queja pertenece a la minoría talysh de Azerbaiyán. Después de recibirse de ingeniero mecánico en Rusia y cumplir el servicio militar en Alemania, se adhirió al movimiento separatista talysh dirigido por Alakram Hummatov, que luchaba por establecer una república talysh. En 1994 abandonó ese grupo y se trasladó a Bakú, donde residió hasta que huyó a Suecia.

2.2.El autor declara que era activista del Partido Democrático de Azerbaiyán (PDA), partido registrado de oposición al régimen actual. Sostiene que sus actividades políticas se desarrollaban en el distrito de Khatai y comprendían, entre otras cosas, la organización de manifestaciones contra el régimen. Afirma que fue visto en la televisión en varias ocasiones en el marco de esas actividades.

2.3.En 2001 el autor fue convocado en varias ocasiones por la policía e interrogado en relación con el jefe del movimiento separatista talysh, Hummatov. El 15 de junio de 2001, unos policías vestidos de civil registraron el domicilio del autor en Bakú y confiscaron documentos y grabaciones. El autor fue detenido y llevado a locales del Ministerio de Seguridad Nacional en Bakú, donde le propinaron repetidas palizas. Después fue trasladado a una "comisaría" y encerrado en una celda en el sótano, en la que permaneció aproximadamente un año. Sostiene que, durante su detención, recibió golpizas en numerosas ocasiones y no le permitieron salir ni hablar con nadie y que en ningún momento se le comunicó cuánto duraría su detención. Además, afirma que su caso nunca fue juzgado por un tribunal y que no se le nombró un abogado.

2.4.En mayo de 2002 enfermó y fue trasladado a un hospital del KGB, que también trataba a los presos. El autor de la queja dice que, cuando se encontraba en el hospital, su padre y el secretario general del PDA, Sardar Jalaloglu, organizaron su fuga y consiguieron, mediante soborno, una tarjeta de miembro del partido y un permiso de conducir a su nombre. Un visitante entregó esos documentos al autor.

2.5.El 14 de noviembre de 2002 el autor salió del hospital vestido de militar, con la ayuda de un soldado relacionado con Jalaloglu, mientras los guardias estaban ocupados con llamadas telefónicas y visitas. Esa noche atravesó la frontera de Azerbaiyán con la región rusa de Daguestán. Llegó a Suecia vía Kaliningrado el 19 de noviembre de 2002, con un pasaporte neerlandés falso. El día después de llegar solicitó asilo.

2.6.Mediante decisión de 4 de julio de 2003 la Junta de Inmigración de Suecia (Migrationsverket) denegó la solicitud. La Junta negó la existencia de una discriminación pronunciada contra la población talysh de Azerbaiyán y puso en entredicho la credibilidad del autor sobre la forma en que había logrado huir del hospital y obtener el permiso de conducir.

2.7.El 8 de julio de 2003 el autor recurrió ante la Junta de Apelación en asuntos de Extranjería. El 10 de octubre de 2003 la Junta recibió una carta de las autoridades alemanas en respuesta a información solicitada en el marco del Convenio de Dublín, en la que se indicaba que el autor había pedido asilo en Alemania el 25 de julio de 1995.

2.8.El 10 de octubre de 2003 y el 3 de marzo de 2004 el autor presentó alegaciones a la Junta, junto con informes médicos del Centro de Crisis y Traumatología del hospital de Danderyd, fechados los días 18 y 19 de febrero de 2004, respectivamente. Esos informes confirmaban que el autor había sido sometido a actos de tortura como los que describía, en particular golpes sistemáticos, descargas eléctricas y estar forzado a sentarse sobre barras de hierro durante largo tiempo. Se concluía que las cicatrices y lesiones del autor correspondían a actos de tortura sufridos en 2001.

2.9.En una comunicación posterior a la Junta, de 17 de diciembre de 2004, el autor señalaba que su hermano había llegado a Suecia y pedido asilo, que Jalaloglu había sido detenido en Azerbaiyán y que las autoridades azerbaiyanas lo buscaban a él, autor de la queja, entre otras personas. El Departamento de Investigaciones Penales de Bakú, dependiente del Ministerio del Interior, había publicado un aviso de búsqueda, con una foto del autor de la queja, que estaba expuesto en las comisarías de Bakú. Presuntamente, se lo acusaba de "pertenecer al PDA y de haber salido del país e instigado a la rebelión por haber difundido ideas de oposición". Según el autor de la queja, su hermano le había informado de que su padre también había sido detenido en Bakú dos meses después de que él saliera de Azerbaiyán.

2.10. El 4 de febrero de 2005, la Junta de Apelación de Extranjería desestimó el recurso del autor. Si bien aceptaba la afirmación del autor de que había sido encarcelado y sometido a tortura, como lo indicaban los informes médicos, la Junta estimaba que "esos incidentes no podían atribuirse a las autoridades azerbaiyanas, sino que debían considerarse actos delictivos ejecutados por determinados individuos con extralimitación de facultades". También ponía en duda la duración del encarcelamiento del autor y las circunstancias de su fuga y concluía que éste no había probado ni que era buscado por motivos políticos ni que había participado activamente en acciones políticas a un nivel tan elevado como para correr peligro de ser perseguido por las autoridades de Azerbaiyán.

La queja

3.El autor mantiene que, si fuese devuelto a Azerbaiyán, estaría en peligro de ser detenido y sometido a torturas nuevamente, por su estrecha relación con el PDA y especialmente habida cuenta de que se ha expedido y distribuido a las comisarías de Bakú un aviso de búsqueda. Señala que la situación política existente en Azerbaiyán es particularmente tensa debido a las elecciones parlamentarias de 6 de noviembre de 2005. A este respecto, más de 300 activistas de la oposición, incluso del PDA, fueron detenidos el 21 de mayo de 2005 en un intento de acallar a la oposición política. A la luz de los hechos y las pruebas presentados, el autor de la queja pretende que su expulsión a Azerbaiyán constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la queja

4.1.En una carta de 10 de mayo de 2005 el Estado Parte impugna la admisibilidad de la comunicación por entender que no cumple el nivel básico de prueba requerido a efectos de la admisibilidad. Subsidiariamente sostiene que el caso está desprovisto de fundamento. Alega que, si bien siguen denunciándose numerosas violaciones de los derechos humanos, Azerbaiyán ha mejorado algo la situación en la materia desde que ingresó en el Consejo de Europa y firmó los principales tratados internacionales y europeos de derechos humanos. En particular, el Estado Parte observa que algunos presos políticos han sido puestos en libertad, entre ellos Hummatov, jefe del antiguo grupo separatista talysh. Por lo tanto, la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán no proporciona base para concluir que el retorno forzado del autor violaría el artículo 3.

4.2.El Estado Parte sostiene además que las autoridades nacionales son las más indicadas para valorar la credibilidad del autor. La Junta de Inmigración mantuvo dos entrevistas con el autor y concluyó que, aunque la Embajada de Suecia en Ankara había confirmado que eran correctas las declaraciones del autor sobre sus circunstancias personales y su pertenencia a la sección de Khatai del PDA, otras declaraciones del autor no resultaban creíbles. El Estado Parte señala que, aunque la tarjeta de pertenencia del autor al PDA y su permiso de conducir se consideraron válidos, no se estimó verosímil la manera en que esos documentos se habían entregado al autor. El Estado Parte observa que el secretario general del PDA, Jalaloglu, que presuntamente había ayudado al autor a huir del hospital, posteriormente declaró que no conocía al autor. Según el intérprete de la Embajada, el aviso de búsqueda es falso y sólo consiste en una "composición caótica de palabras llena de errores". Añade que, según la información obtenida del Ministerio del Interior, el autor de la queja nunca ha sido objeto de investigaciones penales ni ha estado encarcelado.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte

5.1.En carta de 14 de julio de 2005, el autor de la queja sostiene que tuvo dificultades en las entrevistas con la Junta de Inmigración de Suecia debido a que la primera entrevista se celebró sin la presencia de un intérprete. Por consiguiente, reconoce que pueden haber aparecido algunas pequeñas contradicciones. En particular, no entendió la pregunta de si había pedido anteriormente asilo en un Estado Parte en el Convenio de Dublín. Confirma que pidió asilo en Alemania en 1995, donde permaneció seis meses, y que regresó a Azerbaiyán antes de que las autoridades alemanas adoptaran una decisión.

5.2.Cuestiona la manera en que el Gobierno de Suecia obtuvo las declaraciones de Jalaloglu, especialmente considerando que éste estaba preso cuando se llevaron a cabo las investigaciones. Reitera que conocía a Jalaloglu personalmente y que fue precisamente éste quien lo había ayudado a huir del hospital, gracias a un soldado conocido suyo. Insiste en que el permiso de conducir y la tarjeta de miembro del PDA se obtuvieron mediante soborno, con la ayuda de Jalaloglu. Afirma que Azerbaiyán es un país corrupto y que el soborno es corriente.

5.3.Señala que, como su encarcelamiento fue ilegal, es poco probable que las autoridades de Azerbaiyán reconozcan que estuvo preso. En cuanto al aviso de búsqueda, el autor insiste en que se trata de un documento auténtico del Ministerio del Interior, que lleva su foto, probablemente sacada de un antiguo pasaporte.

5.4.Concluye que, debido a sus estrechos vínculos con el PDA y sus antecedentes de encarcelamiento y tortura, sería encarcelado y sometido a torturas si regresara a Azerbaiyán, especialmente considerando que posee información sobre las personas que lo detuvieron en 2001.

Observaciones adicionales del Estado Parte sobre los comentarios del autor

6.1.Mediante carta de 28 de septiembre de 2005, el Estado Parte señala que la administración azerbaiyana, guiada por un espíritu burocrático, prefiere llevar el registro de las personas encarceladas por cargos falsos antes que mantenerlas en prisión en secreto sin ninguna constancia de su encarcelamiento. A este respecto, afirma que no hay razones para dudar de la información obtenida del Ministerio del Interior de Azerbaiyán.

6.2.Sostiene asimismo que la Embajada de Suecia cuenta con la ayuda, en sus investigaciones, de personas que conocen bien el sistema judicial azerbaiyano y están en contacto con las autoridades competentes y concretamente con el Ministerio del Interior. Al parecer, una de esas personas se reunió personalmente con Jalaloglu, que declaró que no conocía al autor.

6.3.Por carta de 16 de noviembre de 2005, el Estado Parte aduce que, habiéndose creado una nueva vía para obtener el permiso de residencia en el marco de disposiciones legales transitorias, la queja debe declararse inadmisible por no haberse agotado los recursos internos, o al menos quedar en suspenso hasta que se aplique ese nuevo procedimiento. El 9 de noviembre de 2005 se promulgaron enmiendas provisionales a la Ley de extranjería de 1989. Las enmiendas entraron en vigor el 15 de noviembre de 2005 y mantendrán su validez hasta la entrada en vigor de una nueva Ley de extranjería el 31 de marzo de 2006. Dichas enmiendas provisionales amplían las bases para la concesión de un permiso de residencia a los extranjeros contra los cuales se ha dictado una orden definitiva de denegación de admisión o de expulsión. Con arreglo al artículo 5 b) del nuevo capítulo 2 de la Ley de extranjería, si aparecen nuevas circunstancias en relación con la ejecución de una orden de denegación de admisión o de expulsión que es ya efectiva, la Junta de Inmigración de Suecia, a instancia del extranjero o de oficio, puede otorgar un permiso de residencia, en particular si hay motivos para suponer que el país de retorno contemplado no estará dispuesto a aceptar al extranjero o si existen razones médicas que impidan la ejecución de la orden.

6.4.Puede también concederse permiso de residencia si por alguna otra razón median consideraciones humanitarias urgentes. Al evaluar los aspectos humanitarios, se deberá tener particularmente en cuenta si el extranjero ha residido en Suecia durante mucho tiempo y si, a causa de la situación del país receptor no se consideraría posible ejecutar la orden de denegación de admisión o de expulsión aplicando medidas coercitivas. También se atendrá a la situación social de un menor, su período de residencia y sus lazos con el Estado Parte y el riesgo de menoscabar la salud y el desarrollo del menor. Igualmente deberá tenerse en cuenta si el extranjero ha delinquido, así como la posibilidad de denegar el permiso de residencia por razones de seguridad.

6.5.No se ejecutará ninguna orden de expulsión mientras el caso esté siendo examinado por la Junta de Inmigración. Las decisiones adoptadas por ésta en virtud del artículo 5 b) del capítulo 2, en su forma enmendada, son inapelables. Las solicitudes presentadas ante la Junta de Inmigración al amparo de la nueva legislación que no se hayan sustanciado el 30 de marzo de 2006 seguirán tramitándose según las enmiendas provisionales a la Ley de extranjería de 1989. Lo mismo se aplica a los casos que la Junta ha decidido reconsiderar de oficio.

6.6.En carta de 29 de marzo de 2006, el Estado Parte informa al Comité de que, tras haber examinado si el autor de la queja tenía derecho a un permiso de residencia en Suecia al amparo de las enmiendas provisionales mencionadas, la Junta de Inmigración consideró, en decisión fechada el 3 de marzo de 2006, que el autor no tenía derecho al mismo.

Comentarios adicionales del autor sobre las observaciones del Estado Parte

7.Por carta de 11 de abril de 2006, el autor de la queja observa que el Estado Parte no ha facilitado suficiente información sobre la manera en que la Embajada de Suecia en Ankara llevó a cabo su investigación. Señala asimismo que existe el riesgo de que su identidad como solicitante de asilo en Suecia haya sido revelada a las autoridades de Azerbaiyán. Añade que su esposa y sus dos hijos viven humildemente en Bakú y sufren represalias de las autoridades azerbaiyanas.

Observaciones adicionales del Estado Parte

8.El 5 de julio de 2006, el Estado Parte suministró al Comité una traducción del aviso de búsqueda, señalando que el autor había presentado incompleto ese documento a la Junta de Inmigración, por lo que no había podido facilitar una copia completa del mismo.

Comentarios adicionales del autor sobre las observaciones del Estado Parte

9.1.En una carta de 14 de julio de 2006, el autor insiste en que el Estado Parte ha confirmado que él es miembro de la sección de Khatati del PDA. Señala que el Estado Parte también confirmó que la tarjeta de miembro presentada era válida. Sin embargo, esa tarjeta fue expedida cuando él se encontraba en el hospital, con ayuda de Sadar Jalaloglu y su padre. Dice que no fue difícil conseguirla con ayuda de Jalaloglu. El autor recibió la tarjeta justo antes de huir a Suecia. Agrega que conoce bien a Jalaloglu, quien es un buen amigo de su padre. Se reunió con Jalaloglu varias veces gracias a su padre e incluso tiene un libro dedicado por él. Mantiene que ha estado en contacto con Jalaloglu, quien reconoció que había sido interrogado por la policía azerbaiyana y había negado conocerlo porque el propio Jalaloglu tenía problemas con las autoridades y no quería empeorar su situación.

9.2.El autor señala que, según el intérprete de la Embajada sueca en Ankara, el aviso de búsqueda era ininteligible. Sin embargo, en realidad, el aviso ha sido traducido y parece lógico y comprensible.

Observaciones adicionales del Estado Parte

10.El 28 de septiembre de 2006, el Estado Parte señaló que para obtener una traducción del referido aviso había pedido asistencia a la Embajada sueca en Ankara. Ésta informó de que, para investigar asuntos relacionados con Azerbaiyán, solía recurrir a una organización internacional con actividades en Bakú. A su vez, esa organización tiene relación con una serie de asesores letrados, que pueden proporcionar información obtenida de las autoridades azerbaiyanas. Las investigaciones llevadas a cabo por la Embajada con la asistencia de esos asesores letrados permitieron llegar a la conclusión de que el aviso de búsqueda era falso. Reitera que se trata de una "composición de palabras carente de significado" y que no se ha podido obtener de las autoridades nacionales competentes información que corrobore que el autor haya sido acusado de ningún delito. Tampoco ha sido posible encontrar una segunda página del documento porque éste es falso y que, sea como fuere, la carga de la prueba incumbe al autor, quien debe ser el que presente una copia completa del documento. Añade que la traducción al inglés del aviso en cuestión no confirma la alegación del autor de que se lo busca en Azerbaiyán por ser miembro talysh del PDA, por haber salido ilegalmente del país y por instigar a la rebelión.

Deliberaciones del Comité

11.1. Antes de examinar cualquier reclamación que figure en una queja, el Comité contra la Tortura debe decidir si ésta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento del apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que el mismo asunto no ha sido ni está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de investigación o solución internacional. En el presente caso, el Comité observa también que se han agotado los recursos internos, en vista de la decisión tomada por la Junta de Inmigración de Suecia el 3 de marzo de 2006, sobre la base de las enmiendas provisionales, y que el autor de la queja ha fundamentado suficientemente su reclamación a efectos de la admisibilidad. Por consiguiente, el Comité considera que la queja es admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

11.2. El Comité debe determinar si la expulsión del autor a Azerbaiyán supondría un incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado Parte, con arreglo al artículo 3 de la Convención, de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

11.3. Al evaluar si existen razones fundadas para creer que el autor de la queja estaría en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto a Azerbaiyán, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, en particular la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el objetivo es determinar si el autor correría un riesgo personal de ser sometido a tortura en el país al que sería devuelto. Se deduce que la existencia de un cuadro de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye de suyo motivo suficiente para determinar que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura al volver a ese país; deben aducirse otras razones que demuestren que esa persona correría personalmente ese riesgo. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones patentes de los derechos humanos no significa que una persona no pueda estar en peligro de ser sometida a tortura en sus circunstancias particulares.

11.4. El Comité recuerda su Observación general Nº 1, a propósito de la aplicación del artículo 3, en el sentido de que "el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable" (A/53/44, anexo IX, párr. 6).

11.5. El Comité observa que el Estado Parte ha cuestionado la credibilidad del autor con respecto a su situación en el PDA y su detención y a la responsabilidad del Estado Parte por su tortura, basándose en las pruebas periciales obtenidas por sus servicios consulares en Ankara. Esas pruebas incluían un interrogatorio del jefe del PDA, Sadar Jalaloglu, realizado durante su detención, quien había declarado que no conocía al autor. El Estado Parte también ha cuestionado la autenticidad del aviso de búsqueda pretendidamente expedida por el Ministerio del Interior, del que el autor presentó una copia incompleta a la Junta de Inmigración de Suecia.

11.6. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden y a la luz de la información de primera mano de que dispone, el Comité señala que, si bien es indiscutible que el autor de la queja era miembro del PDA, y que fue víctima de actos de tortura en 2001 y 2002, como atestiguan los informes médicos presentados por él, no ha probado que ocupara un alto cargo en la organización ni que realizara una actividad política de importancia tal que le hiciera correr un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura al regresar a Azerbaiyán. El Comité señala asimismo que el autor no ha podido presentar, como había pedido el Comité, una copia completa del aviso de búsqueda presentado a la Junta de Inmigración. Observa igualmente que ese aviso presenta numerosas incoherencias y no pone de manifiesto en ningún caso que el autor esté siendo buscado en Azerbaiyán. El Comité considera que el autor no ha refutado las conclusiones del Estado Parte a este respecto, ni ha probado la autenticidad del documento en cuestión. Recuerda su jurisprudencia de que es el autor el que debe obtener y presentar las pruebas que corroboren los hechos alegados.

11.7. Con respecto a la situación general de los derechos humanos en Azerbaiyán, el Comité toma nota del argumento del Estado Parte de que, si bien se siguen denunciando violaciones de los derechos humanos cometidas en Azerbaiyán, este país ha hecho algunos progresos en esta materia desde que ingresó en el Consejo de Europa y que trabaja de cara a la excarcelación de los presos políticos.

11.8. Por lo tanto, el Comité no está convencido de que el autor correría un riesgo real, personal y previsible de tortura si fuera expulsado a Azerbaiyán.

12.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, llega a la conclusión de que la expulsión del autor de la queja a Azerbaiyán no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Notas

Comunicación Nº 268/2005

Presentada por:A. A. (representado por un abogado)

Presunta víctima:El autor de la queja

Estado Parte:Suiza

Fecha de la queja:2 de febrero de 2005 (comunicación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 1º de mayo de 2007,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 268/2005, presentada por A. A. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja y el Estado Parte,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura.

1.1.El autor de la queja, A. A., es ciudadano pakistaní, reside en Suiza y se ha dictado contra él una orden de expulsión a su país de origen. No invoca ninguna disposición especial de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero su queja parece suscitar cuestiones en relación con el artículo 3. El autor de la queja está representado por un abogado.

1.2.De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la queja a la atención del Estado Parte por nota verbal de fecha 20 de abril de 2005. Al mismo tiempo el Comité, actuando de conformidad con el párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento, pidió al Estado Parte que no expulsase al autor al Pakistán mientras el Comité estuviese examinando su caso.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor de la queja era un jefe local en Sialkot de la sección juvenil de la Liga Musulmana del Pakistán (PML-N), un partido político de la oposición. Asumía esa función desde el 5 de marzo de 2004. El 3 de mayo de 2004 participó en una manifestación contra la construcción de una carretera en Sialkot y fue detenido por la policía, que lo liberó al día siguiente.

2.2.El 6 de agosto de 2004 organizó una marcha de protesta de Sialkot a la ciudad de Attock, en la que participaron unos 3.000 militantes. A la llegada a Attock, la policía utilizó gases lacrimógenos y armas de fuego para dispersar la manifestación y en el tiroteo murió una persona. La policía consideró responsable de esta muerte al autor de la queja.

2.3.Poco después, uno de los tíos del autor, conocido abogado, le pidió que se fuese del país porque se había abierto una investigación penal y la policía había emitido una orden de detención contra él. El autor salió del Pakistán el 12 de agosto de 2004 y llegó a Suiza el 27 de agosto de 2004.

2.4.El autor presentó una solicitud de asilo en Suiza el 28 de agosto de 2004, que la Oficina Federal de Refugiados rechazó el 8 de septiembre de 2004. El 8 de octubre de 2004, el autor apeló contra esta decisión y la Comisión Suiza de Recurso en Materia de Asilo (CRA) rechazó la apelación el 2 de diciembre de 2004. El autor presentó una solicitud de revisión de esta decisión el 21 de enero de 2005. La CRA rechazó la solicitud el 26 de enero de 2005 e invitó al autor a abandonar Suiza.

La queja

3.1.El autor señala que, si se lo devuelve al Pakistán, correría un riesgo grave de tortura y malos tratos en las cárceles pakistaníes a causa del procedimiento penal en curso por un asesinato que no cometió.

3.2.Las autoridades suizas no han refutado los hechos arriba mencionados ni la alegación de que las instancias jerárquicas inferiores de las autoridades penitenciarias y judiciales en el Pakistán son corruptas. A causa de la sobrecarga de los tribunales pakistaníes, el autor permanecería detenido años y sería víctima de actos de tortura y malos tratos a manos de los carceleros y los investigadores. Las autoridades suizas no han refutado que, en caso de regreso al Pakistán, el autor habría de pasar un largo período en prisión preventiva (varios años), ni que las condiciones de detención serían difíciles y crueles (actos de tortura frecuentes, ausencia de atención médica, condiciones sanitarias inadecuadas, violencia sin ninguna protección de las autoridades penitenciarias, celdas abarrotadas y abusos