Acta resumida de la 1568ª sesión (Sala B)
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 23 de septiembre de 2010 a las 10.00 horas
Presidente:Sr. Zermatten (Vicepresidente)
Sumario
Examen de los informes de los estados partes (continuación)
Cuarto informe periódico de Nicaragua sobre la aplicación de la convención sobre los derechos del niño
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
Examen de los informes de los Estados partes (tema 4 del programa) (continuación)
Cuarto informe periódico de Nicaragua sobre la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño (CRC/C/NIC/4; CRC/C/NIC/Q/4; CRC/C/NIC/Q/4/ADD.1)
Por invitación del Presidente, la delegación de Nicaragua toma asiento como participante a la mesa del Comité.
El Sr. González (Nicaragua) señala que Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina y presenta numerosos problemas estructurales. Por ese motivo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se ha fijado como principal objetivo la reducción de la pobreza, por medio, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2009-2012, cuya finalidad es erradicar la pobreza, promover los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. El país presenta una elevada dependencia de la cooperación exterior, que ha disminuido a lo largo de los últimos años. Pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar respuesta a las necesidades de la población, los problemas estructurales son de tal magnitud que no será posible resolverlos a corto o mediano plazo. Es preciso continuar con la reforma social, política, cultural, económica e institucional del país.
La Constitución Política de la República reconoce un amplio abanico de derechos a todos los grupos de la población, así como diversos instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nicaragua ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y sus Protocolos facultativos en 2003. También ha ratificado otros instrumentos relativos a la infancia, en particular el Protocolo de Palermo, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales.
En lo que respecta a la legislación nacional, Nicaragua ha adoptado un nuevo Código Procesal Penal y un nuevo Código Penal y ha emprendido la revisión del Código del Trabajo. Los textos que se aplican de forma más concreta a la familia son la Ley de responsabilidad paterna y materna, la Ley de alimentos, la Ley de adopción y el proyecto de Código de la Familia.
Esos textos garantizan la protección y el fortalecimiento de los derechos de los niños y los adolescentes, en particular de los niños indígenas, los de ascendencia africana o los niños con discapacidad, instauran un sistema de justicia penal para los adolescentes basado en la justicia restitutiva y tipifican como delito toda forma de violencia y de explotación de los niños y los adolescentes, incluida la violencia física y sexual, la explotación sexual y laboral y la trata de personas.
La privatización de los programas sociales que se llevó a cabo durante la década de 1980 trajo consigo la pobreza y la exclusión. El nuevo Gobierno ha establecido un modelo institucional centrado en la persona, la familia y la comunidad, que garantiza a todos los niños el acceso a una enseñanza y a una atención sanitaria gratuitas y de calidad. Las medidas adoptadas por el Estado son coherentes y están adecuadamente coordinadas, y se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo Humano.
El sistema nacional de protección social permite coordinar las políticas sociales del Gobierno. Dicho sistema reúne al Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA) y a todas las instituciones nacionales competentes, con el fin de ejecutar proyectos y programas sociales a escala nacional, regional y municipal, así como en las regiones autónomas de la costa del Caribe. El Programa Amor y la Estrategia Educativa “Amor para los más Chiquitos”, cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales de los niños y los adolescentes más vulnerables y mejorar sus condiciones de vida, forman parte de las iniciativas adoptadas por el sistema nacional de protección social. A fin de reforzar dichas iniciativas, el presidente Daniel Ortega Saavedra ha restaurado el Premio Internacional de Derechos Humanos creado por el Gobierno de Libia, que está dotado con 2.250.000 dólares de los Estados Unidos y beneficiará a 5.000 niños, además de los 6.000 que ya reciben ayuda en el marco del Programa Amor.
De conformidad con las recomendaciones del Comité, el Estado parte ha instaurado la gratuidad de la enseñanza y de la atención sanitaria, ha prohibido los castigos corporales en las escuelas, ha eliminado la discriminación basada en la orientación sexual en los puntos de prestación de servicios de salud y ha fortalecido las instituciones encargadas de luchar contra la trata de personas, entre otras medidas. El Estado parte está poniendo a punto un Sistema de Información de la Niñez y Adolescencia que en el futuro deberá contribuir a la elaboración de las políticas pertinentes. El porcentaje de niños no inscritos en los registros civiles ha disminuido de un 40% a un 20%. Con respecto a los niños con discapacidad, se ha puesto en marcha una encuesta nacional que permitirá conocer mejor cuál es su situación. Por último, para luchar contra el trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo ha fortalecido la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, así como la Inspección Laboral.
La Corte Suprema de Justicia ha instituido un sistema de justicia penal para los adolescentes que hace hincapié en la justicia restitutiva y en el que participan el servicio de la Defensoría Pública, el ministerio público, la policía nacional y el sistema penitenciario. Se han creado tribunales de asuntos de la familia, así como una red benéfica de 75.000 animadores sociales.
Se ha reforzado el seguimiento independiente de la aplicación de la Convención gracias a la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) pregunta por qué razón el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez se va a encargar a partir de ahora de coordinar la política nacional de atención y de protección reforzada de la niñez y la adolescencia, una función que en el pasado correspondía al CONAPINA.
De las palabras del jefe de la delegación se desprende que el sistema nacional de protección social no se concentra únicamente en los grupos tradicionalmente excluidos, sino que, al parecer, también ejerce funciones de coordinación y concentración de los recursos destinados a todos los niños; sería útil explicar al Comité cómo se coordina la política multisectorial aplicada en el sector de la infancia, sobre todo habida cuenta de que el orador no ha mencionado el papel que desempeña el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez en ese ámbito y solamente se ha referido a la función del sistema nacional de protección social. La oradora desearía saber, asimismo, cómo se articula el papel de las comisiones municipales de la niñez y la adolescencia con respecto al de las dos estructuras citadas y si cuentan con recursos propios y con personal especializado en la esfera de los derechos del niño.
La oradora pide detalles sobre el modo en que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Humano integra los objetivos y los programas relativos a la infancia, así como los nuevos programas especializados, como el Programa Amor y la Estrategia Educativa “Amor para los más Chiquitos”.
Señalando que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez está llevando a cabo una evaluación del Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2002-2011, la oradora pregunta si está previsto adoptar un nuevo plan decenal.
La oradora solicita información adicional sobre el Programa Amor, en particular sobre la instancia de la que depende y la procedencia de sus recursos.
Con respecto al seguimiento independiente de la Convención, la oradora pregunta quién nombra al Procurador de Derechos Humanos, bajo qué modalidades y cómo se asignan los fondos destinados al funcionamiento de su servicio.
También le gustaría conocer las medidas adoptadas o previstas por el Estado parte con el fin de lograr que las empresas asuman sus responsabilidades sociales y ambientales y respondan de las violaciones de los derechos del niño que puedan cometer.
Tomando nota de que el Procurador de Derechos Humanos ha considerado en un informe que el Estado debería asegurarse de que el sector privado participe en actividades de información y capacitación sobre los derechos del niño, la oradora solicita información complementaria al respecto. En esa misma línea, le gustaría saber si el Estado parte tiene intención de introducir la Convención y sus Protocolos facultativos en el plan de estudios de todos los niveles de enseñanza, traducirlos a diversas lenguas, difundirlos en las regiones más alejadas y colaborar a tal fin con los medios de comunicación.
En lo tocante a los derechos del niño, la oradora desearía conocer el funcionamiento de los “consejos sociales ciudadanos” y pregunta si tienen alguna relación con las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia, si hay niños que participen en esos consejos, si siguen existiendo consejos municipales en los que se permita la libre participación de niños y adolescentes y si estos últimos, así como los consejos sociales, participan en las labores de coordinación del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. La oradora desearía saber, asimismo, si en los procedimientos jurídicos se garantiza la protección de la identidad y la dignidad de los niños y los adolescentes, y si estos cuentan con la asistencia de defensores especializados.
La oradora lamenta que, pese a la revisión del Código Penal, se haya mantenido el derecho de los progenitores a corregir a sus hijos. Pregunta qué tiene previsto hacer Nicaragua al respecto y si el nuevo Código de la Familia que se está examinando incluirá disposiciones sobre esa cuestión. Por último, desearía saber si la idea antes mencionada de elaborar un plan de acción contra los castigos corporales y de nombrar un coordinador en ese ámbito tiene visos de prosperar.
En lo referente a la violencia en general, el Ombudsman (PRONIÑEZ) ha observado que el grado de impunidad y de victimización secundaria es elevado en los diez municipios que ha visitado, y ha recomendado la adopción de un nuevo plan de prevención de la violencia contra los niños y los adolescentes, de atención a las víctimas y de reparación. Habida cuenta de la recomendación formulada en 2007 por el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que alentó al Estado parte a adoptar un enfoque global e integrado en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, la oradora pregunta si se han producido avances en ese ámbito y, en particular, si se han llevado a cabo estudios sobre los elementos culturales y de otro tipo que sean causa de la violencia. La oradora acoge con satisfacción los trabajos de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, así como la adopción en 2008 de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. También toma nota de las labores realizadas por PRONIÑEZ en relación con el establecimiento del Grupo Promotor por el Buen Trato a la Niñez y la Adolescencia, y pregunta si este último cuenta con el apoyo y los recursos económicos necesarios.
PRONIÑEZ ha detectado casos de malos tratos en 28 centros de protección gestionados por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MINFAN). El Gobierno tiene previsto llevar a cabo planes de lucha contra los malos tratos; sería necesario conocer el funcionamiento de dichos planes y si se establecerán sistemas de control periódicos y de carácter público. La oradora desearía recibir información complementaria a ese respecto.
El Sr. Koompraphant pregunta si se ha previsto algún mecanismo para la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia, quiénes son las personas y cuáles los servicios habilitados para prestar asistencia a los niños y a las familias, qué organismo es el encargado de coordinar la aplicación de dicho Código, qué servicios se prevé prestar en favor de los progenitores para alentarlos a asumir sus responsabilidades con respecto a los niños, qué personas están facultadas para adoptar medidas relativas a la protección y la seguridad del niño y en qué circunstancias, y qué responsabilidades tienen las autoridades locales a ese respecto. El orador señala que también sería necesario conocer la relación que existe entre el Código de la Niñez y la Adolescencia con el Código Penal y la legislación relativa a la familia, y si, en caso de malos tratos, existe la posibilidad de separar al niño de su familia. Pregunta si se han previsto medidas alternativas a la condena, como la mediación, el tratamiento obligatorio, conferencias familiares o la realización de servicios comunitarios.
El Sr. Krappmann dice que, en el momento del examen del tercer informe periódico del Estado parte, en 2005, se estaba creando un sistema global de recogida de datos, en particular sobre los niños de los pueblos indígenas y de los grupos minoritarios. Al orador le sorprende que dicho sistema aún no se encuentre operativo y desea saber si el retraso se debe a una falta de recursos y de competencias. Asimismo, pregunta si los datos recientemente reunidos contienen información detallada sobre los niños indígenas y los que presentan necesidades especiales de protección, en qué medida ha avanzado la reunión de datos en los últimos años, si se han llevado a cabo análisis a partir de los datos reunidos y si existe un plan de desarrollo de los servicios de recopilación de datos.
El orador toma nota de que, de acuerdo con las respuestas por escrito del Estado parte, si bien los gastos en educación y salud han aumentado en los últimos años, los fondos asignados al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez están disminuyendo. Desearía conocer los motivos de esa tendencia negativa y pregunta qué actividades dependientes del Ministerio se están viendo afectadas por la reducción de los recursos. Al orador le extraña que las cifras presentadas en el cuadro que figura en las páginas 33 y 34 de las respuestas por escrito, referidas a los créditos presupuestarios desglosados por ministerios, no puedan compararse con las relativas al presupuesto asignado a los niños y los adolescentes (cuadro de la página 34), y pregunta si el segundo cuadro resume todo el gasto público dedicado a los niños y los adolescentes. Convendría establecer un sistema de seguimiento presupuestario para controlar los gastos destinados a la niñez y la adolescencia. El orador agradecería al Estado parte que se pronunciase sobre ese particular.
Por último, señalando a la atención de los asistentes que sería deseable que el presupuesto asignado al capítulo de la salud alcanzase el 5% del producto interno bruto y que el de la educación representase el 7% de dicha variable, el orador pregunta qué objetivos se ha fijado el Gobierno de Nicaragua en el ámbito del desarrollo presupuestario.
El Sr. Filali dice que, de acuerdo con la información de la que dispone, pese a que la actividad legislativa es intensa en el Estado parte, los fondos destinados a la aplicación de las leyes adoptadas resultan insuficientes, y son muy pocas las leyes que realmente llegan a aplicarse sobre el terreno. Así sucede, en particular, en el caso de la Ley General de Educación y de la legislación relativa a la lucha contra la violencia infantil.
El orador pregunta si se conocen casos en que los jueces basen sus sentencias en las disposiciones de la Convención y si existe jurisprudencia al respecto. Asimismo, desea saber si el nuevo Código Procesal Penal contiene un capítulo dedicado a los niños, si el niño está considerado como sujeto de derechos, si el Código prevé medidas de justicia restitutiva o medidas alternativas a la condena, y si permite al niño expresarse y ser defendido por un abogado debidamente instruido.
El orador desearía saber, asimismo, si se ha evaluado el Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2002-2011), qué problemas se han detectado durante su ejecución y si se ha asignado al Plan un presupuesto suficiente. El orador pregunta, además, qué medidas se han adoptado para luchar contra la pobreza, si las familias pobres tienen acceso a créditos bancarios, si existe una política de vivienda social, qué ayudas se ofrecen a los padres que tienen hijos escolarizados y qué asistencia reciben los niños de la calle.
El orador pregunta, además, cómo se lleva a cabo la coordinación entre las autoridades centrales y las provincias y municipios en el ámbito de la información y la ejecución de las directrices, y cómo se coordinan los diferentes ministerios y direcciones encargadas de la infancia.
El orador pregunta si los agentes de policía reciben capacitación para detectar y calificar los actos de violencia sexual cometidos contra niños, con el fin de que se puedan iniciar las acciones pertinentes contra los autores, y si los errores policiales que perjudican a los niños dan lugar a la instrucción de investigaciones y acciones judiciales. Tomando nota de que los castigos corporales están prohibidos por ley, pregunta si realmente ha cesado esa práctica, en particular en las escuelas y en la familia; también desea saber qué curso se da a las denuncias interpuestas en ese ámbito y si se alienta a los progenitores a recurrir a métodos educativos no violentos.
Sería necesario saber, además, si los medios de comunicación contribuyen de algún modo a la lucha contra la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas o de origen africano y al cambio de la mentalidad en ese ámbito. Por último, refiriéndose a la cuestión de los embarazos precoces, el orador pregunta si el Estado parte tiene previsto adoptar una ley que autorice el aborto.
El Sr. Pollar pregunta qué recursos se han asignado a la lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas y si los programas escolares están adaptados a las necesidades de los niños indígenas, en particular en lo tocante a la enseñanza de su idioma materno.
Asimismo, el orador desearía recibir información complementaria sobre la legislación relativa al estado civil y a la inscripción de los nacimientos.
La Sra. Varmah, tomando nota de que la edad mínima para el matrimonio se ha fijado en 14 años para las niñas y en 15 años para los niños y de que la legislación sobre la familia establece la mayoría de edad en 21 años, pregunta si, conforme a la Convención, está previsto fijar la edad mínima para el matrimonio en 18 años para ambos sexos. Desearía saber si los jóvenes menores de 18 años necesitan únicamente el consentimiento de sus progenitores para casarse, o si también deben recibir la autorización de un tribunal. Por último, pregunta cuándo se adoptará el proyecto de Código de la Familia.
El Presidente, señalando que, al parecer, el CONAPINA, que es un organismo compuesto de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil activas en el ámbito de la niñez, ha dejado de estar operativo, pregunta en qué medida ha podido participar la sociedad civil en la elaboración del informe y en las respuestas a la lista de cuestiones, y qué papel otorga el Estado parte a dicho organismo en la formulación de políticas. Según la información de la que dispone, las organizaciones no gubernamentales no gozan de plena independencia y están sometidas a presiones.
El orador pregunta qué es un promotor social solidario. Asimismo, desearía saber si los menores de 18 años tienen derecho a constituir asociaciones, si pueden expresarse a través de los medios de comunicación y si se toma en consideración su palabra, si se respeta el derecho de los niños a ser escuchados en los procedimientos judiciales que les conciernen y, en caso afirmativo, a partir de qué edad; si se garantiza al niño el derecho al respeto de la privacidad en los procedimientos judiciales, si existe un código ético del periodismo y qué medidas podrían adoptarse contra los periodistas que divulguen la identidad de un niño que haya sido víctima de algún tipo de violación de dicho código, en especial en los casos de violencia sexual. También sería necesario saber si existen normas que busquen proteger al niño contra la información y las tecnologías que sean perjudiciales para su bienestar.
Habida cuenta de los numerosos casos de malos tratos cometidos contra menores detenidos, el orador pide a la delegación información complementaria sobre la situación en las prisiones, en particular en la de Bluefields; asimismo, le gustaría saber qué medidas se están adoptando para remediar esa situación y garantizar unas condiciones dignas para los niños que deban permanecer detenidos.
Al parecer, el 30% de los casos de suicidio que se producen en el Estado parte afectan a adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. El orador agradecería a la delegación que se pronunciase sobre esa cuestión.
El Presidente desearía saber si el Procurador Especial encargado de promover y defender los derechos de los niños y los adolescentes actúa también en el plano local, si cuenta con recursos económicos y humanos suficientes, cuál es su grado de independencia y qué relaciones mantiene con los Procuradores Especiales para los pueblos indígenas.
Por último, pregunta si los jueces basan sus sentencias en el principio del interés superior del niño, sobre todo en lo referente a separaciones, divorcios y justicia penal.
Se suspende la sesión a las 11.15 horas y se reanuda a las 11.40 horas.
El Sr. López (Nicaragua) dice que en los últimos años se han adoptado diferentes leyes y disposiciones administrativas que prohíben toda forma de violencia contra los niños y los adolescentes, inclusive en la escuela. Las sanciones impuestas a un docente o a cualquier otro miembro de la administración que emplee la violencia contra un alumno van desde la advertencia escrita hasta la instrucción de acciones penales, en función de la gravedad del acto. El nuevo Código de la Familia, que debería adoptarse a más tardar a finales de 2010, prohibirá expresamente todos los castigos corporales o las agresiones físicas en la familia. Por otra parte, un equipo interinstitucional de lucha contra los castigos corporales está preparando un proyecto de reforma del Código Penal con objeto de eliminar la disposición que permite a los padres corregir a sus hijos, que es la única que puede interpretarse como una autorización de los castigos corporales en Nicaragua.
El Sr. Filali pregunta si el Código Penal de 2008 contiene una definición de la tortura.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país), considerando que las medidas legislativas no bastarán para erradicar la violencia contra las mujeres y los niños y que para conseguir ese objetivo será necesario lograr un cambio de mentalidad, pregunta si se está llevando a cabo alguna reflexión sobre la adopción de enfoques menos rígidos y más positivos acerca de la disciplina en las escuelas.
El Sr. López (Nicaragua) dice que la prevención y la represión de la violencia, así como la atención a las víctimas, no atañen únicamente a la esfera jurídica. Así, el Ministerio de Educación ha creado consejos escolares encargados de sensibilizar al conjunto de la comunidad educativa, a los alumnos, a los padres y a las personalidades locales sobre la prohibición de todas las formas de violencia contra los niños. El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez promueve formas nuevas de educar a los niños en el marco del Programa Amor y ha creado “escuelas de padres y madres” con la finalidad de difundir modalidades educativas basadas en el afecto y el diálogo. La Policía Nacional, además de sus actividades de represión y de asistencia a las víctimas, dispone de una red de voluntarios que trabajan en las comunidades para fomentar la adopción de modelos educativos basados en el afecto.
La Sra. Herczog pregunta por las medidas adoptadas para evitar que se culpe a las víctimas de las agresiones que sufren.
El Sr. López (Nicaragua) explica que la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Defensoría Pública siguen protocolos de atención a las víctimas de la violencia familiar y sexual. Dichos protocolos se fundamentan en los principios de la no victimización secundaria y de la confianza en las declaraciones de las víctimas, que deben tomarse en locales adecuados. Se protege la identidad de las víctimas y se imponen medidas de protección en caso necesario.
Por lo que respecta a la edad legal para el matrimonio, el orador coincide en que el Código Civil, que ya cuenta con más de un siglo de antigüedad, entra en contradicción con la Convención, ya que autoriza a las niñas de 14 años y a los niños de 15 a casarse con el consentimiento de sus progenitores. En la actualidad, se está elaborando un nuevo Código Civil que elevará la edad mínima para el matrimonio en 18 años.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) hace hincapié en la existencia de otras incoherencias, como, por ejemplo, entre la edad mínima exigida para trabajar, la edad para votar o incluso la edad de responsabilidad penal, y pregunta si el nuevo Código Civil subsanará esas discrepancias.
El Sr. López (Nicaragua) explica que esas incoherencias reflejan las diferentes épocas en las que se promulgaron las leyes correspondientes. El nuevo Código Civil homogeneizará la legislación y la adaptará a los instrumentos internacionales pertinentes.
Los jóvenes de 14 a 18 años pueden trabajar, pero solamente en determinadas condiciones. Desde el punto de vista penal, no es posible instruir acciones judiciales hasta los 13 años de edad, mientras que a los adolescentes de 14 a 18 años se les puede considerar penalmente responsables de sus actos. Si bien es cierto que esas disposiciones contravienen las establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los servicios policiales y judiciales existen unidades e instancias específicas que se ocupan de los adolescentes en todos los niveles, así como equipos interdisciplinares encargados de la evaluación biopsicosocial de los adolescentes condenados que velan por la adecuación de las penas. Las condenas previstas para los adolescentes son más leves que las establecidas para los adultos, y existen numerosas medidas de sustitución; la detención es una medida de último recurso y únicamente se aplica en el caso de los delitos más graves.
El Sr. Filali pregunta si existe una cultura sobre los derechos del niño y la justicia de menores entre los agentes de policía y los magistrados.
El Presidente aclara que la distinción que se hace en Nicaragua entre niños y adolescentes, que el Estado parte está en su perfecto derecho de aplicar, no figura en la Convención. El orador desearía saber si el Gobierno de Nicaragua tiene previsto elevar la edad de responsabilidad penal.
El Sr. López (Nicaragua) destaca que durante cerca de cinco años se han celebrado consultas con especialistas de todos los ámbitos a fin de garantizar la coherencia del Código de la Niñez con la Convención, pero también con todas las realidades de la sociedad nicaragüense. El Código Penal distingue entre los adolescentes menores de 15 años, que no pueden ir a prisión, y los mayores de 15 años, que pueden ser detenidos si cometen un delito grave o son reincidentes.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país), señalando que, de acuerdo con determinadas informaciones, al parecer se ha sometido a malos tratos a niños detenidos, plantea la cuestión de la aplicación concreta de las leyes que prohíben la tortura.
El Sr. López (Nicaragua) declara que la violencia está fuertemente arraigada en la sociedad nicaragüense desde la época de la colonización. Todavía hoy sigue presente en los sistemas policial y penitenciario, aunque las leyes que rigen la policía y el sistema penitenciario prohíban los malos tratos. Los agentes de policía o los funcionarios de prisiones que cometen actos de violencia son despedidos por falta grave. Conviene señalar que la definición de tortura que figura en el Código Penal va más allá que la recogida en la Convención, puesto que los agentes del Estado no son considerados como los únicos autores potenciales.
El Sr. Krappmann pregunta si el Gobierno de Nicaragua se ha apoyado en el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.
El Sr. Filali pregunta si, aparte del despido, que es una medida de carácter administrativo, cabe la posibilidad de instruir acciones penales contra los agentes de policía o los funcionarios de prisiones que sean culpables de actos de violencia.
El Presidente desearía recibir información sobre el número de investigaciones y de condenas relativas a casos de malos tratos.
El Sr. López (Nicaragua) dice que el Gobierno de Nicaragua tiene en cuenta el estudio de las Naciones Unidas y las recomendaciones que figuran en él. Nicaragua recibió la visita de la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, que se reunió con numerosos responsables y formuló una serie de recomendaciones cuyo seguimiento se ha encomendado al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. El objetivo es que todas las autoridades competentes aborden la prevención de la violencia contra los niños y la atención a las víctimas de forma transversal. De ese modo, las sanciones administrativas que puedan imponerse a los autores no suponen obstáculo alguno para la instrucción de acciones penales.
Con respecto al estado civil, el orador dice que el Gobierno de Nicaragua está encontrando numerosas dificultades para inscribir a todos los niños. Entre otras medidas adoptadas a ese respecto, el Consejo Supremo Electoral ha emprendido una modernización de su censo electoral con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de otros organismos de las Naciones Unidas. Asimismo, se han creado unidades móviles del registro civil a fin de acercar ese servicio a las zonas rurales y a la población indígena. Está prevista la adopción en fechas próximas de un proyecto de ley sobre el estado civil.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) señala a la atención de los presentes que la situación no es igual para los recién nacidos que para los adolescentes sin papeles. Agradecería recibir información adicional sobre las medidas dirigidas a estos últimos.
El Sr. López (Nicaragua) explica que, por lo que respecta al estado civil, Nicaragua dispone de un Código de la Niñez moderno y de un Código Civil obsoleto. La nueva ley sobre el estado civil tendrá en cuenta los principios que figuran en el Código de la Niñez, como la rapidez y la gratuidad de la expedición del primer certificado de nacimiento y la inscripción inmediata de los recién nacidos, con el fin de que dichos principios encuentren una aplicación concreta.
Las leyes relativas a la familia también son incoherentes y proceden de épocas distintas. El nuevo Código de la Familia armonizará el conjunto de las disposiciones legislativas y, en particular, impondrá el principio de audiencia de los niños en todo procedimiento administrativo o judicial que les afecte, de conformidad con lo dispuesto en la Convención. En particular, los adolescentes que sean objeto de acciones penales tienen derecho a ser escuchados.
Los niños son escuchados a partir de los 7 años de edad. Sin embargo, está previsto escuchar también a los niños menores de 7 años utilizando técnicas innovadoras, como el dibujo, y bajo la supervisión de equipos interdisciplinares.
El Sr. González (Nicaragua) destaca que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y considera útil recordar los motivos que han llevado a esa situación. A consecuencia de las terribles dificultades que sufrió Nicaragua durante la década de 1980, la economía del país se vio prácticamente destruida, lo que dio lugar a importantes movimientos de la población. A partir de los años noventa, el establecimiento del modelo neoliberal y la apertura a la competencia de los mercados mundiales causaron la destrucción de gran parte de la economía nacional, lo que tuvo gravísimas consecuencias sobre la sociedad en su conjunto, especialmente en los ámbitos de la educación y la sanidad. En aquella época, el Gobierno privatizó los servicios básicos, como la salud, la educación y la protección social, y se produjo la externalización de numerosas políticas públicas. Ese modelo neoliberal trajo consigo la exclusión y el avance de la pobreza.
El Gobierno actual se ha fijado como prioridad la lucha contra la pobreza y ha abandonado el modelo de desarrollo neoliberal en beneficio de una política centrada en la persona, en particular en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano. En la actualidad, los servicios de salud y de educación vuelven a ser gratuitos. Ha resultado difícil lograrlo, debido a motivos económicos y a que el país no disponía de recursos humanos capacitados en esos sectores, pero el Estado tiene la voluntad de volver a asumir su función en ese ámbito. Por consiguiente, ha decidido redefinir el papel de las instituciones y reestructurarlas para hacer frente a las nuevas realidades. De forma paralela, ha emprendido un proceso de reorganización social a fin de sentar los cimientos para la reconstrucción de la sociedad civil y de identificar los retos relacionados con la sanidad, la educación y la lucha contra la pobreza. Así, el Gobierno ha establecido un modelo centrado en la justicia social, la democracia y la participación de todos los ciudadanos en el logro de objetivos comunes.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) acoge con beneplácito la reciente adopción de la ley sobre la protección de los refugiados, que establece un marco normativo para dar respuesta a la situación de los refugiados, en especial de los niños. La oradora pregunta quiénes han sido los beneficiarios de dicha ley y qué cambios concretos ha supuesto para su situación. Asimismo, desearía recibir más información sobre el Programa Amor destinado a los niños. Tomando nota de que el abandono escolar es muy elevado entre los niños indígenas, la oradora pregunta cuáles son las causas de esa situación. La oradora observa que las estadísticas no están desglosadas por categorías de población ni mencionan las especificidades lingüísticas, y pregunta cuándo está previsto adoptar la nueva ley sobre el estado civil.
La Sra. El - Ashmawy observa que el Gobierno se ha esforzado por facilitar el acceso de los grupos más vulnerables a los servicios de salud, y pide a la delegación que aporte información más detallada sobre los resultados obtenidos, en particular en lo que atañe a la calidad de la atención, los servicios a los recién nacidos y a las madres jóvenes, la estrategia relativa a la lactancia materna y los servicios de concienciación dirigidos a los niños, sobre todo en los grupos indígenas. La oradora desea saber qué medidas se han adoptado para reestructurar el sistema de salud, si el Gobierno prevé ampliar la financiación destinada a ese sector con el fin de aumentar los ingresos de los proveedores de servicios de salud, si existen diferencias entre el ámbito urbano y el rural y si existe algún sistema de reclamaciones en caso de negligencia o error médico.
Con respecto a la salud de los adolescentes, la oradora solicita más información sobre los programas de prevención del VIH/SIDA, sobre el aborto y sobre la tasa de embarazo de menores.
El Sr. Koompraphant expresa su profunda preocupación por la violencia sexual, especialmente en las familias, y pregunta qué medidas se han adoptado para luchar contra ese fenómeno, para evitar los embarazos, para proteger a los niños —sobre todo, en los casos en que el autor es un miembro de la propia familia— y para evitar su victimización por parte de la sociedad.
En lo que respecta a la explotación económica de los niños, el orador pregunta si el Estado parte dispone de un número suficiente de inspectores para vigilar los centros de trabajo, si existen normas mínimas relativas a las condiciones de trabajo, higiene y acogida de los niños, si la ley prohíbe el trabajo infantil y si se puede actuar contra los empleadores en caso de que cometan una infracción.
Además, el orador desea saber si existen programas en los ámbitos de la educación y el ocio y si se ha tomado alguna medida para garantizar la gratuidad de la educación y su carácter obligatorio hasta los 14 años de edad a fin de evitar el trabajo infantil. Por último, pregunta si se han adoptado medidas encaminadas a ayudar a los niños de la calle y devolverlos a sus familias o a sus comunidades, y si existe alguna ley que sancione a los progenitores que abandonen o maltraten a sus hijos.
El Sr. Krappmann acoge con satisfacción los progresos realizados en los últimos años por el Estado parte en el ámbito de la educación, pero sigue preocupado por las disparidades existentes entre las diversas regiones, y pregunta por qué motivo los programas dirigidos a mejorar la tasa de escolarización en determinadas regiones no funcionan mejor. Señalando que el abandono escolar sigue registrando niveles elevados en la enseñanza primaria, pregunta qué se puede hacer para conseguir que los niños no abandonen la escuela, si podrían adoptarse medidas de fomento como la gratuidad de los comedores escolares y si la calidad de la educación y su utilidad concreta en la vida cotidiana no podrían contribuir a favorecer una mayor asistencia a la escuela. Por otra parte, el orador desearía saber si el desarrollo de la formación profesional ha permitido que incremente el número de jóvenes que acuden a las escuelas. Señalando que las guarderías y los jardines de infancia acogen a un mayor número de niños, pero que se trata sobre todo de centros privados poco accesibles a las familias pobres, pregunta si el Estado parte podría desempeñar un papel más activo con el fin de mejorar esa situación.
La Sra. Varmah acoge con agrado el hecho de que el Estado parte haya nombrado un Ombudsman encargado especialmente de los niños con discapacidad, pero cree que es posible que esa medida no baste para garantizar la integración social de esos niños, y pregunta si tienen acceso a servicios de ayuda y de atención, así como a información sobre sus derechos. Señalando que la discriminación de las personas con discapacidad constituye un problema que sigue estando ampliamente extendido, en particular en los sectores de la educación y la sanidad, y que no siempre se respeta la ley relativa a la protección de los niños con discapacidad, la oradora pregunta qué medidas se han adoptado en lo referente a la prevención de la discapacidad y a la integración y la protección de los niños con discapacidad. La oradora desea saber, asimismo, si existen docentes especializados en la educación de los niños con discapacidad, si el sistema educativo cumple las normas mínimas relativas a la educación de esos niños, si existe un mecanismo de ayuda a las familias, si hay suficientes servicios de salud especializados y si está previsto llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre el respeto de los derechos de los niños con discapacidad.
La Sra. Herczog acoge con beneplácito el hecho de que la política relativa a los malos tratos en la familia haga hincapié en la responsabilidad de los progenitores y en los derechos de los niños, y pregunta cómo se aplica esa política en la práctica, especialmente en lo que respecta al presupuesto y los recursos humanos, y si las personas que trabajan con niños conocen las nuevas leyes promulgadas en ese ámbito. Señalando que las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad de tres meses y que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) preconizan la lactancia durante seis meses, la oradora pregunta qué ocurre con los recién nacidos cuando las madres deben regresar al trabajo y qué función desempeña el padre en la educación de los hijos. Pregunta qué medidas de prevención y de sensibilización se han tomado para luchar contra la violencia familiar y los castigos corporales. Desea saber si se imparten cursos de educación sexual en las escuelas. Señalando que son muchos los niños colocados en hogares e instituciones de acogida, la oradora pregunta cuál es la duración media del régimen de acogida.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.